Una década implicados con la memoria histórica

noviembre 17, 2013

A falta de una ley como la navarra, el Gobierno Vasco lleva diez años impulsando proyectos en defensa de las víctimas de Franco, como la excavación de fosas

RAquel Ugarriza – Sábado, 16 de Noviembre

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo.

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo. (FOTOS: ARANZADI-ASOCIACIÓN MONTELLANO)

Bilbao. La aprobación el pasado jueves por el Parlamento navarro de la primera ley de ámbito autonómico para la reparación de las víctimas del franquismo pone el foco en las actuaciones que se están realizando en otros lugares de la península. En concreto, son la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Andalucía y Asturias los territorios que mejores frutos han dado en la recuperación de la memoria histórica. Especialmente relevante es el trabajo realizado desde Euskadi, cuya administración es la única que actúa como agente activo en los proyectos concretos de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, en concreto en la excavación de fosas, acción que logró una mención en el informe que realizó el pasado septiembre el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas.

La Administración vasca lleva una década empeñada en recuperar la memoria histórica y el derecho a la verdad y justicia, aunque en vez de dar rango legislativo a la materia ha actuado en base a sucesivos decretos, planes y convenios de colaboración, que hacen que en la práctica la CAV lleve tiempo trabajando en objetivo que se propone la recién aprobada ley navarra, como es la recuperación de restos de las personas desaparecidas, la señalización y protección de los lugares de enterramiento o la retirada de las menciones y símbolos franquistas.

En concreto, el año 2002 marcó un antes y un después en el compromiso de Euskadi por sacar a la luz algunos de los peores fantasmas del franquismo. El 10 de diciembre de aquel año, el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, realizó una declaración con motivo de la conmemoración del Día los Derechos Humanos que expresaba el compromiso explícito del Gobierno Vasco en materia de memoria histórica. En años anteriores se habían mantenido distintas colaboraciones con asociaciones, pero fue aquella ocasión la que dio pie a un compromiso traducido en iniciativas concretas y en el apoyo real del Ejecutivo en esta materia. Ese mismo año, se aprobó un decreto por el que se compensaba económicamente a las personas que engrosaron las cárceles franquistas por razones políticas, a las que se sumaron a partir de 2006 los que fueron obligados a participar en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

Poderes públicos Desde el año 2003 el Gobierno Vasco investiga la identidad y la ubicación de las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil. Fruto de esta labor, realizada con la intervención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han elaborado, entre otros, informes técnicos sobre lugares en los que existen fosas comunes, algunas de las cuales han sido exhumadas.

La colaboración, formalizada a través de un convenio anual con Aranzadi desde el año 2005, vuelve a tener presencia en el proyecto de los Presupuestos de 2014. La labor del Gobierno no se limita a este proyecto. Y es que apoya distintas iniciativas a través ayudas directas y convocatorias abiertas, cuantías que en 2013 se elevaron a 196.000 euros.

En opinión del Gobierno vasco, la recuperación de la memoria histórica, y el derecho a la verdad y a la justicia “trasciende al ámbito privado”, por lo que considera “necesaria una actuación e implicación de los poderes públicos”, afirma a DEIA Monika Hernando, la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco. Este no solo impulsa la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de las víctimas asesinadas y desaparecidas, proyectos en los que ha marcado el camino al resto de comunidades autónomas, sino que contacta con las familias, a las que envía una carta personalizada con un dossier con toda la información recopilada. Ejemplo de este compromiso es el homenaje celebrado el pasado mes de abril por el Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi a los doce gudaris exhumados en la localidad alavesa de Zigoitia, acto en el que estuvieron presentes el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y la propia Monika Hernando.

“Obligación del estado” La directora de Víctimas añade que esta implicación directa de la Administración vasca fue valorada en el informe preliminar hecho publico el pasado mes de septiembre por el grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Dicho grupo destacó la información detallada que había recibido sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en Euskadi, así como de las leyes y protocolos adoptados por la Administración vasca. En contraposición con estas valoraciones, el grupo de trabajo de la ONU criticó al Estado español por seguir ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia pese a contar con una Ley de Memoria Histórica desde 2007. El informe puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”.

Para Hernando, en Euskadi se están haciendo las cosas “en la buena dirección” pese a carecer de una ley específica. “Es fantástico que se haya aprobado la ley navarra, pero en la práctica estamos aplicando mucho de lo que contiene esa norma, que por otra parte habrá que desarrollar”. Según la directora de Víctimas y Derechos Humanos, el Gobierno vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley similar a la aprobada por el Parlamento de Nafarroa.

Símbolos franquistas Durante el Gobierno socialista de Patxi López también se adoptaron algunas medidas como la elaboración en 2011 del catálogo de vestigios y símbolos franquistas en las diferentes localidades vascas y la aprobación al final de su mandato, en 2012, del dictamen para la retirada de los símbolos franquistas. Esta labor, que debe ser realizada por cada ayuntamiento, no se activó durante el Ejecutivo socialista y es ahora cuando el Gobierno de Iñigo Urkullu está hablando con Eudel para analizar las actuaciones a realizar en cada localidad.

Pero no hay que dormirse en los laureles. Monika Hernando considera que aún quedan muchas cosas por hacer, como seguir con las exhumaciones y la señalización de las fosas, continuar con la recogida de testimonios “porque el tiempo corre en contra”, apoyar las investigaciones que se siguen abordando, y asegurar que todas estas informaciones queden debidamente archivadas para su preservación y conocimiento público, posiblemente en el futuro Instituto de la Memoria. Asimismo, el Gobierno vasco estará atento al recorrido que pueda tener la investigación abierta por la justicia argentina contra el régimen franquista.

las claves

· Compromiso activo. Desde 2002 Euskadi ha impulsado iniciativas concretas para la recuperación de la memoria histórica, mediante diversos decretos, planes y convenios. Se trata de la única administración con una implicación activa en estas labores.

· Reconocimiento. El grupo trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas valoró esta implicación. Por el contrario, criticó la inacción del Gobierno español.

· Fosas. Uno de los proyectos más relevantes es el que realiza con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la excavación de fosas de fusilados y desaparecidos en el franquismo.

Monika Hernando afirma que el Ejecutivo vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley específica

http://www.noticiasdealava.com/2013/11/16/politica/una-decada-implicados-con-la-memoria-historica


Navarra se compromete por ley a pagar la apertura de fosas del franquismo…

noviembre 16, 2013

El Parlamento aprueba una norma que corrige las deficiencias de la ley de memoria histórica…

El partido en el Gobierno, UPN, se abstiene y el PP vota en contra..

La comunidad creará un banco de ADN para identificar a los desaparecidos…

Madrid 14 NOV 2013

Exhumación en 2007 en el fuerte navarro de San Cristóbal, donde 221 presos republicanos fueron abatidos a tiros al intentar una fuga. Dentro de la botella, un papel recogía el nombre de la víctima. / Aranzadi

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con la abstención del partido en el Gobierno (UPN), y el único voto en contra del PP, una ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo que corrige las deficiencias de la ley estatal de Memoria Histórica tantas veces denunciadas por los represaliados. Unas 200 personas, entre ellas muchos familiares de desaparecidos, han seguido el debate y la votación desde la tribuna de invitados del Parlamento y en una sala contigua con una pantalla. Mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reducido a cero la partida para la apertura de fosas y derogado de facto la ley aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma aprobada hoy en Navarra compromete al Gobierno autonómico a asumir en su totalidad el coste de las exhumaciones de fusilados que se soliciten a partir de ahora. De momento, ya tienen 40 solicitudes.

El Gobierno navarro financiará la apertura de las fosas de la Guerra Civil en su territorio y también las que se encuentren fuera de la comunidad siempre que un familiar navarro lo solicite. “No se ha hecho una estimación del gasto que puede suponer, porque sabemos que en Navarra hay cerca de 1.000 desaparecidos, pero desconocemos cuántos familiares quieren recuperar los restos. En cualquier caso, no sería un gasto desorbitado, es una cuestión más de voluntad política, porque además, podemos se puede hacer convenios con las universidades navarras para reducir al máximo el coste”, explica Ioseba Eceolaza, de Batzarre y portavoz de la asociación de familiares de fusilados.

La ley aprobada este jueves en Navarra obliga al Gobierno autonómico a “dar apoyo económico, técnico y acompañamiento psicológico” a los familiares de los desaparecidos durante todo el proceso, también en la fase de investigación y localización de fosas, y a crear un banco de ADN, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, en el que se conserven muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones de forma que cualquier familiar de desaparecido pueda acudir a él para cotejar su perfil genético. Esas pruebas de cotejo deben realizarse, según establece la ley aprobada hoy, en un plazo máximo de tres meses después de la solicitud. 

Además, se habilitará un espacio en el cementerio de Pamplona para inhumar los restos de los fusilados recuperados de fosas comunes que no haya reclamado ningún familiar. Para este fin ya se ha aprobado una partida presupuestaria de 35.000 euros y en unas dos semanas se convocará un concurso público para la construcción de este espacio, que contará con una placa que explique “los hechos acaecidos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo”.

La ley también obliga a las Administraciones públicas de Navarra a “revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista” en el plazo de un año. Por ejemplo, para comprobar que ningún cargo franquista tiene calles o colegios a su nombre o es hijo predilecto de algún Ayuntamiento. Paralelamente, el Gobierno navarro elaborará un censo de vestigios para retirar todos los “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”, algo que ya preveía la ley estatal de memoria histórica de 2007 pero que nunca ha terminado de ejecutarse.

Nulidad de los juicios sumarísimos y revisión de textos escolares

El Gobierno de Navarra se compromete por la ley aprobada este viernes a solicitar al Estado central “la nulidad de todos los juicios a ciudadanos navarros realizados por tribunales militares o civiles por causa de motivos políticos vinculados a la República, la Guerra Civil o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la Transición, incluyendo la anulación de las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la masonería y el comunismo y Tribunal de Orden Público”. El Gobierno navarro no tiene competencias para anular esos juicios, por eso solicitará al Ejecutivo central que dé ese paso más en la ley de memoria histórica de 2007, que declaró ilegítimos los tribunales franquistas, pero no se atrevió a anular las condenas.

La ley obliga al Gobierno navarro a que el departamento competente en materia de educación para a “revisar los textos escolares con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo”.

“Buenos y malos”

Durante el debate de la ley, Javier Caballero, de UPN, ha explicado que su partido había decidido abstenerse por considerar que la norma “sigue hablando de buenos y malos”, “algo que todos debemos superar”, ha añadido, tras insistir en que UPN siente “una especial empatía” por los familiares de las víctimas. 

El PP ha sido el único partido en votar en contra. “Votamos en contra no porque no tengamos la humanidad necesaria”, ha asegurado Eloy Villanueva, “si no porque no vamos a caer en la trampa que plantean de hacer bandera de algo que debería ser motivo de reconciliación y comprensión mutua”. Para Villanueva quienes impulsaban la ley perseguían en realidad “un interés partidista”.

El portavoz del PSOE en Navarra, Roberto Jiménez, ha asegurado que la recuperación de la memoria histórica “siempre ha sido una prioridad” para los socialistas. Jiménez ha defendido el “espíritu de reconciliación” de la Transición y el especial “esfuerzo y generosidad de los partidos de izquierdas”, pero ha admitido que la ley de memoria aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era “una tarea inacabada” que además, se había visto “interrumpida” por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Jiménez ha defendido la necesidad no solo de declarar, como ya hacía la ley estatal, la ilegitimidad de los tribunales franquistas sino de anular también las sentencias que impusieron y ha insistido en que el dinero necesario para reparar a las víctimas del franquismo es una cuantía “asumible y de justicia”.

Desde Bildu, Víctor Rubio ha defendido que esta ley “tiene más vigencia que nunca” porque en muchos hogares navarros “sigue supurando la herida” abierta en la Guerra Civil y la dictadura. “Esta ley, de 18 artículos, está cargada de memoria, de verdad, de reparación y de cariño a las víctimas. ¿Tan difícil es votar a favor de eso?”, ha preguntado dirigiéndose a la bancada del PP.

Por Aralar-NaBai, Xabi Lasa ha recordado “la desgarradora realidad de las cunetas” en las que siguen enterrados centenares de fusilados y ha lamentado que la norma no incluyera a algunos colectivos, como las mujeres a las que los falangistas raparon la cabeza o obligaron a tomar aceite de ricino.

Txema Mauleón, de Izquierda-Ezkerra, ha asegurado que la ley, que llegaba “35 años tarde”, iba a ser “un elemento fundamental para la reconciliación” porque “llena un vacío de justicia y rectificar años de olvido y pasividad institucional”. 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/14/actualidad/1384435414_019665.html


La Junta se queja del rechazo de los jueces a investigar las fosas comunes

noviembre 16, 2013

Hallados en Íllora restos de dos mujeres asesinadas en la Guerra Civil

  Granada 12 NOV 2013
 
Arqueólogos en la exhumación de una fosa en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. / javier barbancho

Arqueólogos en la exhumación de una fosa en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. / javier barbancho

 

Los intentos de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta por localizar fosas con víctimas represaliadas de la Guerra Civil y el franquismo no están encontrando respuesta en los jueces para investigar esas muertes. La Junta ha comunicado a los juzgados en los últimos meses evidencias de asesinatos que ha descubierto en distintos lugares, como el barranco de Víznar —donde se hallaron restos óseos y armas de fuego en cinco fosas—, Órgiva o Íllora, en la provincia de Granada. Pero en todos los casos los jueces han eludido abrir una investigación para identificar a las posibles víctimas y esclarecer lo ocurrido, según ha denunciado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

“Están siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, basada en la ley de Amnistía, de que esos posibles delitos están prescritos, pero nosotros lo que pedimos a los jueces es que asuman la jurisprudencia internacional, que dice que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir”, explicó.

Un 33% más para la memoria histórica

La recuperación de la memoria histórica contará con 835.000 euros para 2014, según refleja la ley de Presupuestos andaluza. Es la dotación económica que ha recibido la Dirección General de Memoria Democrática para el próximo ejercicio, que representa un 33% más que los 627.000 euros de este año, frente al recorte general de las cuentas andaluzas.

Con ello la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que depende, gestionada por Izquierda Unida, consolida su apuesta por seguir impulsando el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, una labor en la que Andalucía prácticamente se ha quedado sola tras la falta de aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 por el actual gobierno del Partido Popular, que “ha cerrado el grifo de las subvenciones”, ha recordado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

Uno de los objetivos de la consejería para 2014 pasa por aprobar la ley andaluza de Memoria Democrática y su desarrollo normativo. Y también por continuar con la localización de fosas comunes. Para ello, Memoria Democrática ha fijado como actuaciones prioritarias la zona de Víznar-Alfacar, Órgiva e Íllora, en Granada; el cementerio de San José de Cádiz; Ronda y Cañete la Real, en Málaga, y Camas, en Sevilla, intervenciones que ya ha iniciado este año.

Otra de las metas para el próximo ejercicio es la eliminación de los símbolos franquistas, para lo cual Memoria Democrática pretende firmar convenios con Ayuntamientos, así como desarrollar lugares e itinerarios de la memoria debidamente señalizados a través de acuerdos con las áreas de turismo y medio ambiente.

También está prevista la creación de un mapa de lugares de la memoria en la web de la Consejería de Administración y Relaciones Institucionales y la elaboración de materiales didácticos sobre memoria histórica para los centros de educación secundaria y bachillerato, entre otras líneas de actuación. Además, dentro de los planes de la consejería está construir monumentos en “lugares de especial relevancia”.

Esta actuación de los jueces es común en toda España, pero hay juristas que cuestionen la aplicación de la ley de Amnistía. Además, recientemente, Naciones Unidas pidió que se investigasen judicialmente los casos de desaparecidos del franquismo y que se dejase sin efecto la interpretación de la ley de Amnistía en la que se amparan para no ir a las fosas.

El último hallazgo se produjo hace unos días junto al cementerio de Tocón, un anejo de Íllora. Allí se han encontrado restos de dos mujeres, una de unos 22 años de edad, y la otra de unos 40, con signos “evidentes” de haber sido “torturadas y asesinadas” al inicio de la Guerra Civil, en septiembre de 1936, según el arqueólogo que ha dirigido los trabajos, Juan Luis Castro.

A falta de ser identificadas mediante pruebas de ADN, los investigadores creen conocer el nombre de una de ellas, la más joven, Antonia Márquez, gracias a testimonios de familiares y lugareños, e incluso reconstruir lo que le ocurrió. La chica tenía un novio republicano y los falangistas encontraron en casa de ella una maleta del novio con propaganda. “La sacaron del domicilio, intentaron abusar de ella, se resistió y mordió a uno de ellos, y recibió un fuerte golpe con la culata del arma en la boca”, explica el arqueólogo. El cráneo de la joven presenta la mandíbula destrozada, según las fotos mostradas por la Junta en rueda de prensa. La otra mujer tiene el cráneo partido “probablemente por un disparo en la nuca”, según Castro.

Las dos mujeres, procedentes de Montefrío, una localidad cercana, fueron enterradas por un familiar de la más joven, lo que ha facilitado la investigación de los restos frente a otras fosas en las que los cuerpos son arrojados.

Los arqueólogos hallaron también en el cuello de una de ellas lo que parece ser un alambre con el que “pudo ser arrastrada y torturada”, estima José Luis Castro. Los investigadores avisaron el pasado domingo a la Guardia Civil de Montefrío, que se personó en el lugar y dio cuenta al juzgado de Loja para reclamar la presencia de la Policía Judicial, “pero el juez no la envió”, se queja Luis Naranjo, “pese a las evidencias de que hubo muertes violentas”. Naranjo ha subrayado, no obstante, que la Administración autonómica continuará con su labor de “recuperación de la memoria y reparación de las víctimas”.

Los equipos de investigación están consiguiendo, al menos, que las policías locales de los municipios donde encuentran los restos levanten atestados para que “las pruebas halladas sean válidas” a la espera de que, en el futuro, “cambie la tendencia judicial y se puedan investigar estos hechos”.

Aunque sin la intervención de los jueces “resulta difícil proteger los hallazgos”, como ocurrió en Órgiva, donde las obras del nuevo cementerio han podido dañar unas posibles fosas comunes junto al lugar donde se han encontrado restos óseos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/12/andalucia/1384284990_134559.html


Un historiador localiza 43 enterramientos de fusilados en un cementerio a punto de ser desmantelado

octubre 16, 2013

El historiador José Luis Gutiérrez ha adelantado estos datos a todos los grupos del Ayuntamiento de Cádiz ante la inminente clausura. La Dirección General de Memoria Democrática se compromete a la realización de catas científicas para poder proceder, en su caso, a las exhumaciones…

Olivia Carballar / Sevilla / 10 oct 2013

Certificado de defunción de Carmen Mora.Certificado de defunción de Carmen Mora.

Oficio: su casa. Filiación: Juventudes Socialistas Unificadas. Fecha del consejo de guerra: 3 de abril de 1937. Fecha de su asesinato: 19 de abril de 1937. Fecha de su enterramiento: 20 de abril de 1937. Sepultura: 58, fila 1 patio 5, línea San Lucas. Tenía sólo 22 años. Era hija del alcalde socialista de Tarifa (Cádiz) Amador Mora Rojas, muerto durante la guerra en zona republicana. Su madre y un hermano también fueron asesinados. Se llamaba Carmen Mora. Fue condenada a muerte como autora de un delito de rebelión militar tras asistir uniformada como miembro de las milicias de Juventudes Socialistas Unificadas al mitin que se celebró en Cádiz con la presencia de Largo Caballero por la UGT y Vicente Ballester por la CNT, un acto de demostración de fuerza de la unidad obrera. Su proceso duró 24 días. O lo que es lo mismo: en 24 días se llevaron su vida por delante.

Ella y 42 hombres más están en el cementerio municipal de San José, en Cádiz, según reza en los certificados de enterramiento localizados por el historiador José Luis Gutiérrez. ”Certifico que el cadáver (…) está enterrado en un féretro de madera de pino forrado de paño habiendo ocurrido la defunción a consecuencia de la enfermedad pasado por las armas“, se puede leer en la mayoría de los casos. Son nuevos nombres de desaparecidos de la guerra civil que dejan patente una vez más la importancia de las investigaciones locales para evitar que la historia muera enterrada o destruida por excavadoras en un cementerio. Gutiérrez ha adelantado estos datos de su estudio, que prevé finalizar antes de que acabe el año, a todos los grupos del Ayuntamiento de Cádiz ante el inminente cierre del cementerio municipal. De momento, sólo ha recibido un acuse de recibo de IU.

Según fuentes del consistorio gaditano, que ha llegado a un acuerdo con la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, pondrán todos los medios disponibles para que se puedan realizar las exhumaciones. “Ahora mismo estamos en la fase previa, en la delimitación de fosas y en la realización de catas científicas para verificar la existencia de restos de fusilados. A partir de ahí, pasaríamos a las exhumaciones”, explica el director de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

La investigación de José Luis Gutiérrez, encargada por el Grupo de Trabajo Recuperación de la Memoria Histórica y Social de Andalucía de la CGT y financiada por la Junta, investiga la puesta en marcha de la justicia militar franquista a partir de marzo de 1937: el procedimiento sumarísimo de urgencia, una especie de simulacro de justicia que sustituía a las aplicaciones de los bandos de guerra y que disfrazaba de una supuesta legalidad los fusilamientos. “Llega la denuncia, no se admite ningún recurso, se abre una indagatoria en la que se le pregunta al acusado por sus antecedentes, qué hacía el 18 de julio, qué cargos ocupaba… Luego se piden los informes a la Guardia Civil, Falange, ayuntamientos, juzgado municipal… Se toma declaración a los testigos de cargo y el acusado puede dar tres nombres de testigos de descargo. El juez ordena al ayuntamiento que advierta en un edicto a los vecinos de que tienen la obligación de comparecer ante el instructor y decir lo que sepan. El juez realiza un auto y el último que decide es el general jefe, en este caso Queipo de Llano”, resume Gutiérrez.

Sentencia

Y todo este paripé sostenido por personas con formación jurídica, jueces que incluso luego ocuparon puestos de relevancia en la demoracia. Felipe Rodríguez Franco, por ejemplo, es el ponente de la sentencia de uno de los 43 fusilados en Cádiz, en concreto de Juan Antonio García Rodríguez, albañil de la CNT. “Rodríguez Franco, con solo veintitantos años, ya era teniente fiscal de la Audiencia de Cádiz en 1936. Y en 1978 se convirtió en el primer fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Que un juez que firma sentencias de muerte, miembro de los consejos de guerra franquistas, siguiera en la Audiencia Nacional es un ejemplo de cómo fue la transición”, reflexiona el historiador.

En la provincia de Cádiz existían dos consejos de guerra. Desde que comenzaron sus actuaciones se celebraron, según la investigación de Gutiérrez, un mínimo de 456 vistas en las que comparecieron 1.303 detenidos. “De la instrucción de los expedientes, de la fiscalía, la defensa y la redacción, como ponentes, de las sentencias se encargaron al menos 22 abogados, jueces de instrucción, fiscales y magistrados de la Audiencia Provincial habilitados como miembros “honorarios” de la milicia golpista. El tribunal lo compusieron militares encabezados por quienes ocuparon la presidencia del Consejo de Guerra Permanente”, añade.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/23713/ (A través del Foro por la Memoria)


PP y PSOE impiden el derribo de una cruz franquista en Vigo

septiembre 15, 2013

El PSOE ha reconocido un pacto con el Obispado que incluía el mantenimiento de la cruz

La cruz del monte vigués de O Castro / LALO R. VILLAR

El BNG se ha quedado soloen su pretensión de demoler la gran cruz del monte vigués de O Castro. El rechazo del PP y la abstención del PSOE han impedido que prosperase en el pleno municipal una moción nacionalista que instaba al Gobierno local a derribar la denominada Cruz de los Caídos, inaugurada por Franco en 1961. Socialistas y populares se han referido a una acuerdo del Ayuntamiento de 1981 en el que se decidió que el monumento representara a todos los caídos en la guerra civil para justificar su rechazo a la iniciativa.

La moción, defendida por la portavoz del BNG, Iolanda Veloso, instaba al gobierno local a eliminar de la ladera del monte de O Castro, enfrente mismo del Ayuntamiento, un símbolo que “no es un monumento religioso ni un homenaje a todos los caídos, sino un emblema fascista”. El BNG pretendía cumplir así la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El concejal del PSOE Carlos López Font ha reivindicado que los socialistas “siempre han estado preocupados por la memoria histórica”, y ha repasado las actuaciones del gobierno local para dar cumplimiento a la citada ley, como la retirada de símbolos de fachadas de edificios institucionales o religiosos. Sin embargo, ha apuntado que “la fijación puede convertir en un símbolo lo que no lo es”, en alusión al acuerdo de 1981. “Hoy, la cruz de O Castro es solo eso, una cruz”, ha sentenciado. En su intervención, Font ha reconocido implícitamente un pacto con el Obispado que incluía el mantenimiento de la cruz en el céntrico monte vigués, en contrapartida por la retirada de los símbolos falangistas de las iglesias. El concejal del PP Roberto Relova, mientras, se ha limitado a precisar que el grupo popular declara “un apoyo total” al acuerdo municipal de 1981.

Veloso ha replicado a PP y PSOE que el acuerdo de junio de 1981 fue un intento de “reescribir la historia”. “Tirar la cruz de O Castro es una cuestión de justicia”, ha reclamado, para lamentar que en Vigo persistan “vestigios” de la dictadura cinco años después de que se promulgara la Ley de Memoria Histórica.

La moción rechazada incluía la eliminación de distintas referencias franquistas del callejero de Vigo y su sustitución por nombres de “personas republicanas luchadoras”. Reclamaba asimismo la colocación de un panel de advertencia próximo a los restos del capitán Carrero, quien en agosto de 1936 mandó el pelotón de ejecución que acabó con la vida del alcalde de Vigo, Emilio Martínez Garrido, y de otros siete socialistas y republicanos, que indique “que fue un criminal fascista”. Otro de los puntos de la iniciativa, que el BNG ha rechazado votar por separado, como le solicitaba el PSOE, consistía en adherirse al proceso judicial en Argentina contra los delitos de genocidios cometidos por la dictadura franquista.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/09/galicia/1378749871_316642.html


Cuelgan un cartel de ‘Avinguda de la República’ frente a los juzgados de Palma

abril 21, 2013

Grupos de memoria histórica reclaman que se cambie el nombre de la vía,  Avenida de Alemania, por ser un país que apoyó a Franco.

EUROPA PRESSPalma de Mallorca12/04/2013

Cartel colgado en la avenida Alemania de Palma de Mallorca, a la altura de los Juzgados.

Cartel colgado en la avenida Alemania de Palma de Mallorca, a la altura de los Juzgados.E.P.

Representantes de la Asociació Memòria de Mallorca (MdM) y la Unitat Cívica per la República (UCXR) han colgado este viernes una placa en la avenida Alemania de Palma, a la altura de los Juzgados, en la que puede leerse “Avinguda de la República” como forma de reclamar que se elimine de la vía el nombre de Alemania, “uno de los países fascistas a los que Franco apoyó durante la Segunda Guerra Mundial”.

La presidenta de MdM, Antònia Oliver, ha recordado que el 12 de abril de 1931 los ciudadanos de Mallorca participaron en unas elecciones municipales que supusieron, dos días después, la proclamación de la II República “de manera democrática y pacífica”, por lo que el próximo domingo, 14 de abril, conmemorarán ese día.

“Más que conmemorar reivindicamos la forma de gobierno de la república“, ha concretado Oliver, que ha anunciado que el próximo domingo su asociación, junto a UCXR, ha programado un acto a las 12.00 horas en la plaza de Cort, donde leerán un manifiesto, al que se han suscrito partidos políticos y entidades sociales, y realizarán conciertos.

 http://www.publico.es/453556

Nacional MDM Y UCXR REIVINDICARÁN LA REPÚBLICA EL PRÓXIMO DOMINGO EN CORT AMP.- Cuelgan un cartel de “Avinguda de la República” en la Avenida Alemania de Palma a la altura de los Juzgados

Foto: EUROPA PRESS PALMA DE MALLORCA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Associació Memòria de Mallorca (MdM) y la Unitat Cívica per la República (UCXR) han colgado este viernes una placa en la avenida Alemania de Palma, a la altura de los Juzgados, en la que puede leerse “Avinguda de la República” para reclamar que se elimine de la vía el nombre de Alemania, “uno de los países fascistas a los que Franco apoyó durante la Segunda Guerra Mundial”.

   La presidenta de MdM, Antònia Oliver, ha recordado que el 12 de abril de 1931 los ciudadanos de Mallorca participaron en unas elecciones municipales que supusieron, dos días después, la proclamación de la II República “de manera democrática y pacífica”, por lo que el próximo domingo, 14 de abril, conmemorarán ese día.

   “Más que conmemorar reivindicamos la forma de gobierno de la república”, ha concretado Oliver, que ha anunciado que el próximo domingo su asociación, junto a UCXR, ha programado un acto a las 12.00 horas en la plaza de Cort, donde leerán un manifiesto, al que se han suscrito partidos políticos y entidades sociales, y realizarán conciertos.

   En opinión de estas asociaciones la legalidad republicana sigue vigente, puesto que durante el pacto de la Constitución se legalizaron partidos políticos y la República, “que era legal, no se legalizó”.

   “La República fue asesinada y no fue derrocada por las urnas, sino con la fuerza de las armas”, ha criticado Oliver, que ha apuntado que estas asociaciones de Mallorca, y otras, reivindican los valores que ésta representaba, están en contra de todas las dictaduras que repriman a sus ciudadanos y apoyan a las víctimas del franquismo.

   La presidenta de MdM ha indicado que el motivo por el que han congregado a los medios frente a los Juzgados de Vía Alemania es que fueron estos Tribunales los que “negaron la exhumación de una fosa común en Calvià” y debido a que “aquí tendría que venir a declarar cualquier persona que presente indicios de haber podido cometer un delito”.

   En ese sentido, Oliver ha celebrado la imputación de la infanta Cristina y se ha mostrado sorprendida por el “hecho insólito” de que el fiscal se haya opuesto a esta imputación, ya que le “hace pensar que la justicia no es igual para todos” y se mantienen “los impuestos franquistas”.

   La presidenta de MdM ha señalado que, haciéndose eco de las peticiones de sus asociados, rechaza la monarquía borbónica, “que surgió directamente de la dictadura” y que a su parecer “ha potenciado que las estructuras de poder dictatoriales pasaran después a la democracia”.

   “En la actualidad nos encontramos con que, si ya fueron impunes los crímenes contra la humanidad franquistas, también lo es la corrupción, que está saliendo por todo porque se ha asentado durante los últimos treinta años”, ha manifestado Oliver.

   Por último, la presidenta de la Associació Memòria de Mallorca ha destacado que el próximo domingo no solo se abogará por “el recuerdo nostálgico de la República y por el homenaje a las victimas, sino que reclamarán justicia”.


El PP propone completar el texto del Mur de la Memòria del cementerio

marzo 23, 2013

El gobierno municipal de Cort intenta llegar a un acuerdo con la oposición

A. Mateos | Palma | 20/03/2013

El grupo municipal del PP propondrá al PSOE y a Més per Palma consensuar un texto que complemente el Mur de la Memòria que se instaló la pasada legislatura en el cementerio, en honor a las víctimas de la Guerra Civil.

El teniente de alcalde de Cultura, Fernando Gilet, explica que han desistido de la idea inicial de realizar un nuevo Mur de la Memòria consensuado ante las críticas que han recibido por parte de la oposición y de Memòria de Mallorca. Además, tras publicar este periódico las intenciones del gobierno municipal, familiares de las víctimas pidieron que se quitasen sus nombres si no estaban los textos de Llorenç y Margalida Capellà.

Gilet argumenta que el objetivo del gobierno de Mateo Isern es alcanzar un acuerdo en este asunto y asegura que harán todo lo posible para lograrlo. Por ello, sostiene que no tienen ninguna idea preconcebida del texto que se debe añadir al ya existente de Llorenç Capellà; texto hacia el que expresa su respeto. No obstante, recuerda que el gobierno de Aina Calvo decidió poner el Mur de la Memòria en el cementerio de Palma sin haberlo consensuado con el PP, que entonces estaba en la oposición y tenía más votos que el equipo de gobierno.

Gilet considera necesario que haya un lugar para recordar a las víctimas de la Guerra Civil, pero entiende que es necesario que esté consensuado entre todas las fuerzas políticas y que sea aprobado por el pleno del Ajuntament de Palma. Además, añade que se intentará consensuar con la sociedad civil y con asociaciones como Memòria de Mallorca.

El titular de Cultura reitera que el objetivo del gobierno municipal es que el Mur de la Memòria se pueda incluir en el recorrido institucional que realizan las autoridades por el cementerio de Palma el día de Tots Sants. Como se recordará, el año pasado el alcalde se negó a ir cuando una ciudadana se lo pidió.

PALMA. CEMENTERIOS.  MUR DE LA MEMORIA  HISTORICA EN EL CEMENTERIO DE PALMA.¶

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/propone-completar-texto-del-mur-memoria-del-cementerio.html


Banderas, agitador de sentimientos

marzo 3, 2013

El actor revive el asesinato de García Caparrós en un emotivo discurso.

 Sevilla 28 FEB 2013 

“El disparo que te mató podría haberse alojado en cualquiera de los que estábamos cerca de ti. Podría haber sido para mí y todo lo que desde entonces me ha acontecido habría sido borrado. Las cosas que he visto, la gente que he amado, la hija que tuve, las batallas que gané y las que perdí no existirían. Eso es lo que te fue robado. Por eso hoy se te hace justicia, tu gente te quiere devolver lo que se te arrebató”. Cuando el actor Antonio Banderas pronunció ayer estas palabras, las lágrimas de casi todos los presentes, hasta ese momento más o menos contenidas, corrieron mejillas abajo sin tapujos.

Revivieron (algunos) o imaginaron (otros) cómo debieron ser esos últimos momentos de la vida del joven sindicalista Manuel José García Caparrós, asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977 en la manifestación que reivindicó la autonomía de Andalucía.

Banderas, García Caparrós y la pintora sevillana Carmen Laffónrecibieron ayer en Sevilla el título de Hijos Predilectos de Andalucía, la máxima distinción que concede la Junta. En el acto, que se celebró en el Teatro de la Maestranza y con la presencia del Gobierno andaluz al completo, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, entregó también las 12 Medallas de Andalucía. El director de cine sevillano Alberto Rodríguez, el cantaor jiennense Manuel Gerena, la bailarina y coreógrafa jiennense María Rosa Orad, el editor catalán José Manuel Lara y el pintor granadino Miguel Rodríguez-Acosta se encuentran entre los galardonados. La lista la completan la doctora Marina Álvarez Benito, el empresario Manuel Barea, el directivo de la ONCE Patricio Cárceles, el deportista José Manuel Sierra, el periodista Enrique García y la empresaria Dolores Ascensión Gómez Ferrón.

Banderas, quien pronunció el discurso de agradecimiento en nombre de los premiados, revivió su experiencia al narrar el trágico suceso y, justamente por eso, sus palabras fueron tan sinceras y emotivas. “García Caparrós había caído abatido por un disparo que hizo diana en el corazón de todos los andaluces”. Tras estas palabras, el actor, director y productor malagueño, casado con la actriz Melanie Griffith y que reside en Hollywood, aseguró que nunca ha perdido el contacto con su tierra. “En estos momentos, Andalucía para mí es una necesidad, por eso vuelvo y nunca me separo del todo”, añadió.

Andalucía para mí es una necesidad, por eso vuelvo”

afirma el cineasta

El actor hilvanó un relato para pasar, casi con un lenguaje cinematográfico, por la vida y la obra de todos los premiados. Pero fue el último de la lista, García Caparrós, para quien reservó los mejores planos de esta especie de travelling.

Banderas contó lo que pasó aquel 4 de diciembre en primera persona, porque él también participó en esa manifestación cuando tenía 17 años y estaba ensayando una obra con el grupo independiente Dintel. Dejaron el ensayo y se sumaron a la multitud, a una movilización que comenzó con “sonrisas en las caras de todos” y terminó con “el reflejo del miedo”. “No lo supe entonces, pero a muy pocos metros de donde yo me encontraba, la vida de Caparrós había pasado del blanco y verde de la mañana, al negro eterno de lo irreversible”.

El actor aseguró que el discurso lo había escrito él mismo, “sobre todo en los aviones”, y que la parte de García Caparrós “fluyó de manera natural con una escritura casi automática”. Banderas hizo también referencia a la “maldita crisis” que asuela Andalucía pero, a pesar de ello, afirmó estar “lleno de esperanza”. Aunque comenzó diciendo que “el ‘yo’ es feo”, trufó su discurso con algunas referencias personales que arrancaron el aplauso del público en varias ocasiones, especialmente cuando se referían al asesinato de García Caparrós, cuya medalla recogió su hermana pequeña, Dolores, una mujer luchadora que siempre lleva consigo el DNI de Manuel José. “Lo he oído con mucha emoción, como si estuviera viendo todo lo que ocurrió”, afirmó Dolores después de la ceremonia. “Ha sido el mejor discurso del 28-F que he oído nunca”, comentaron varios asistentes al acto. Y es que Banderas hizo uso de su profesión para dotar su intervención de momentos de tensión y otros en los que dio pie a la risa.

Carmen Laffón, García Caparrós y Banderas, nuevos Hijos Predilectos

Lo hizo especialmente al citar los méritos de la capitana de corbeta Esther Yáñez, de San Fernando, la primera mujer en ingresar en la Armada española y en dirigir un barco de guerra. “Si alguien me la hubiese presentado fuera de este contexto, yo le habría preguntado:

—¿Cómo se llama?

—Esther.

—Bonito nombre.

—¿Y de dónde es?

—De Cádiz

—Bonita tierra.

—¿Y a qué se dedica?

—Soy capitán de corbeta.

—En ese momento se me habría escapado un ‘¡Ole! Con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones…”

Aunque la mayor parte de su intervención tuvo un tono serio y emotivo. “Yo no tendría vergüenza ni agallas para mirarme mañana al espejo, si solo dedicara este momento a lanzar alabanzas y piropos a la tierra a la que todos los que aquí estamos amamos profundamente”, dijo Banderas tras hacer referencia a la crisis que azota especialmente a esta comunidad.

Tras los discursos, el actor dijo que compartía la impotencia que sentían los que, paralelamente a la celebración del acto, se manifestaban en la calle. “Las cosas están pasando de castaño oscuro, se están poniendo muy agrias. Pero quiero ser optimista y espero que algún día podamos mirar atrás y ver esto como algo de lo que aprender. Tenemos que tener claro que no vamos a volver al lugar en el que estábamos: la especulación del ladrillo”.

En este sentido, Banderas aclaró que las obras en su casa de Marbella no tienen nada que ver con el procedimiento judicial abierto. Lo que se está haciendo es retranquear un muro del chalé para construir un paseo. “Pase lo que pase con la casa, no voy a protestar, aunque me la quemaran. No voy a hacer daño a mi tierra para que The Times publique que las inversiones en Andalucía no son fiables”, prometió.

A una tierra a la que Banderas siente “palpitar” y se conmueve. “En la que entiendo el ritmo de la vida y acepto la certeza de la muerte”, confesó a un público completamente entregado.

video:


Los (discutidos) nobles de Franco…

diciembre 29, 2012

El dictador nombró duques, marqueses, condes y barones

Los titulares tropiezan ahora con dificultades para ser reconocidos como los demás aristócratas

 

Una breve nota en el BOE, cuya lectura, normalmente, no levanta pasiones, provocó este mes un duro comunicado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Se trataba de una orden ministerial con la que se daba luz verde a la sucesión del marqués de Dávila, título con el que el anterior jefe del Estado recompensó en 1949 a Fidel Dávila, uno de los militares que le secundaron en la sublevación que dio inicio a la Guerra Civil en 1936. “Un acto reprochable desde cualquier punto de vista democrático, además de una forma de maltrato por parte del Estado hacia las víctimas de la dictadura”, clamó la ARMH.

Era el sexto título de nobleza, de los creados por Francisco Franco,cuya sucesión tramitaba Alberto Ruiz Gallardón desde que se hizo cargo del Departamento de Justicia, hace un año. Cuatro de los expedientes llevaban guardados en un cajón varios años, paralizados por su antecesor, el socialista Francisco Caamaño, ante las protestas de los sectores que los consideran símbolos del franquismo, condenados a desaparecer por la Ley de Memoria Histórica de finales de 2007.

Las tramitaciones congeladas eran, además de la renovación de una grandeza de España, las del duque de Mola, concedida por Franco al general Emilio Mola en 1948 (el ministro Mariano Fernández Bermejo llegó a firmar la orden previa, pero no se le expidió carta de sucesión); la del conde de El Abra, título con el que fue recompensado el empresario Alfonso Churruca Calbetón en 1969, y, sobre todo, la del marqués de Queipo de Llano, solicitada por Gonzalo Queipo de Llano Mencos, nieto del militar más denostado del bando nacional, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, que lo recibió en 1950. Ya con menor polémica, Gallardón ha tramitado este año la sucesión del conde de Pallasar, creado también por Franco.

El Ministerio de Justicia alega que no ha hecho más que cumplir la ley. “Consultamos a los técnicos del Ministerio y a la Abogacía del Estado, que hicieron un estudio exhaustivo y llegaron a la conclusión de que no había base jurídica para paralizar esas sucesiones”, explica el subsecretario de Justicia responsable de la materia, Juan Bravo. “Todos los Gobiernos de la Transición las han tramitado sin problemas”, añade.

“Los técnicos llegaron a la conclusión de que no había base jurídica para paralizar esas sucesiones”, explica el subsecretario de Justicia responsable de la materia, Juan Bravo

Ha pasado sin la menor oposición, en cambio, en 2011 la sucesión del conde de Fenosa, otro título concedido por Franco, pero que, debido a la modificación de la cabeza de línea, aprobada por el rey Juan Carlos I en 2001, ha pasado a engrosar los títulos creados por el Rey. No ha tenido la misma suerte el marqués de Queipo de Llano, pese a que el título, poco apreciado por el militar que lo recibió, quedó en desuso y fue rehabilitado en 1981. La iniciativa partió de su hijo, Gonzalo Queipo de Llano Martí, y se la concedió el rey Juan Carlos.

Más allá de la polémica política, sorprende que el dictador se atribuyera la capacidad de crear aristócratas, una prerrogativa asociada a los reyes. Aunque “la concesión de títulos nobiliarios es inherente al ejercicio de potestades soberanas”, explica un portavoz de la Diputación de la Grandeza, organismo experto en nobleza que asesora al Ministerio de Justicia. Y Franco ejerció durante casi 40 años esas potestades.

Una vez aprobada la ley de sucesión que definía a España como reino, el dictador hizo uso de esa potestad con notable frecuencia. Entre 1948 y 1974, un año antes de su muerte, concedió 40 títulos nobiliarios. Dieciséis fueron para militares que le secundaron en la cruzada. Las primeras dignidades, del 18 de julio de 1948, recompensaron a título póstumo a José Antonio Primo de Rivera (duque de Primo de Rivera); José Calvo Sotelo, político asesinado en vísperas de la Guerra Civil (duque de Calvo Sotelo), y Emilio Mola y Vidal (duque de Mola), además de una cuarta para el capitán general José Moscardó Ituarte, convertido en conde del Alcázar de Toledo. Más tarde les llegaría el turno a otros colaboradores en la guerra. El dictador reconoció también cerca de 200 títulos carlistas como recompensa por el apoyo del carlismo a lacruzada. Uno de ellos, el de vizconde de Barrionuevo, lo rehabilitó en 1982 el padre del exministro del Interior socialista José Barrionuevo, y la titular es ahora su hermana, Matilde Barrionuevo Peña.

Antes que Franco, Napoleón otorgó unos 3.000 títulos nobiliarios en Francia. Y en España, señala la Diputación de la Grandeza, “durante la ocupación francesa, en 1808, la Junta de Extremadura concedió el primer título no otorgado por el rey”. Más adelante, el general Serrano, regente entre 1868 y 1870; el Consejo de Regencia de España e Indias (1810-1814), y el general Espartero, regente entre 1840 y 1843, harían lo propio.

Regencias breves, nada comparables a los más de 37 años de franquismo. Un régimen asentado sobre los escombros de una guerra que dejó centenares de miles de muertos, algunos de los cuales (113.000 según la ARMH) siguen enterrados en fosas comunes. “Son títulos que tienen un matiz desagradable, es cierto”, dice Enrique Soria Mesa, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba y uno de los máximos expertos españoles en títulos nobiliarios. “La guerra está todavía muy reciente en la memoria de la gente. Los generales de Franco son vistos además como advenedizos por los nobles antiguos”.

Pero el tiempo cicatriza las heridas y proporciona una pátina de honorabilidad a todas las cosas. “La nobleza ha sido capaz de crear una conciencia de eternidad, como si esos títulos fueran la recompensa de grandes y nobles gestos, cuando no siempre ha sido así”, añade Soria. “Si uno estudia la genealogía de los grandes apellidos de la nobleza española, los Álvarez de Toledo o los Fernández de Córdoba, por poner un ejemplo, se encuentra con que son grupos de vencedores que apoyaron al bando correcto en grandes contiendas sucesorias. Pero esos mismos nobles, en su tiempo, eran advenedizos para la vieja nobleza de Castilla y León que estaba desapareciendo”.

Por no hablar de la relación entre nobleza y finanzas. “Noventa y uno de los 318 títulos nobiliarios que Felipe V otorgó en Castilla, Navarra y Aragón fueron venales, es decir, se entregaron a cambio de dinero”, dice María del Mar Felices, investigadora de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Almería, que ha realizado un trabajo sobre el tema. Su adversario, el archiduque Carlos de Austria, creó más de un centenar de nobles también para recompensar a sus sostenedores, que Felipe V convalidó. Era el mejor modo de congraciarse con los que le habían combatido.

http://elpais.com/elpais/2012/12/28/gente/1356714563_151916.html


El Tribunal de Estrasburgo inadmite en tres párrafos la extensa demanda interpuesta por Fausto Canales, hijo de un desaparecido en el verano de 1936

diciembre 4, 2012

Enero 2012 delante del TS

Fausto en medio de compañeros portando fotos de  Nuestros desaparecidos delante del TS

Fausto con la foto de su padre Valerico, en medio de compañeros portando fotos de Nuestros desaparecidos,  delante del TS en enero 2012. Foto LMV.

 

PATRICIA CAMPELOMadrid04/12/2012

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recibió el pasado 5 de octubre una demanda que no dejaba ningún cabo suelto. Fausto Canales, hijo de Valerico Canales-desaparecido el 20 de agosto de 1936 en Pajares de Adaja (Ávila)- demandó al Estado español ante el TEDH por la falta de investigación en la desaparición de su padre.

La formulación de la demanda corrió a cargo del equipo de juristas de Right International Spain (RIS) que asimismo incluyó informes periciales de expertos como Carlos Castresana -fiscal del Tribunal Supremo-. A pesar de cumplir con la línea argumental básica de haber agotado la vía judicial en España, el TEHD ha fulminado toda esperanza para las víctimas del franquismo al no admitir a trámite la denuncia y no permitir la posibilidad de interponer más recursos.

“La decisión es definitiva y no puede ser objeto de recurso alguno ante el tribunal, ante la Gran Sala ni ante otro órgano”, sentencia Estrasburgo en la respuesta dirigida a Canales. Con este cerrojazo, el tribunal europeo pone fin, sin justificación concreta alguna, a la búsqueda de justicia en instancias europeas en el caso de los delitos de la dictadura militar de Francisco Franco.

En tan solo dos semanas, el TEHD ha dado carpetazo al caso de la desaparición de Valerico Canales y, al mismo tiempo, ha sentado jurisprudencia en ese sentido al contabilizar ya más de una decena los casos similares inadmitidos por el tribunal de Estrasburgo. Entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre, el TEDH deliberó sobre si admitía la demanda interpuesta por Fausto Canales. El último día, el único juez encargado de estudiar el caso optó por la inadmisión, comunicándosela al demandante mediante un escrito de cinco párrafos con el que contestaba a una extensa y argumentada demanda de cerca de 200 páginas (incluidos los informes de expertos).

Valerico Canales Jorge, padre de Fausto. Foto cedida a La M V por Fausto.

Valerico Canales Jorge, padre de Fausto. Foto cedida a La M V por Fausto.

“A las víctimas nos exigen diligencia para denunciar y hacia el Estado español no hacen ninguna consideración”

“A la luz del conjunto de elementos en su posesión y en la medida en que es competente para decidir sobre las quejas formuladas, el Tribunal ha considerado que su demanda no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 35 del Convenio”, según consta en el escrito de respuesta del TEDH. Es decir, el tribunal remite a Canales a un caso recientemente inadmitido, el del diputado socialista en 1936 Luís Dorado Luque, en el que se alegaba “falta de diligencia debida”. En ese caso, la respuesta calificó como “tardía” la demanda de los familiares de Dorado Luque por considerar que hasta la década del 2000 no habían comenzado a emprender acciones legales. “Tanto en ese caso como en las demandas presentas por la Unión General de Trabajadores y por la nieta de Juan Negrín, el tribunal utiliza los mismos tres párrafos en todas”, denuncia Lydia Vicente, miembro de RIS.

Para anteponerse a la posibilidad de que Estrasburgo se decantara por el argumento de la falta de “diligencia debida”, el equipo de juristas redactó un extenso informe y contó con pruebas periciales que explican el contexto español. “Ni siquiera han entrado a leerlo, eso es lo que deducimos”, lamenta Fausto Canales en conversaciones con Público. “A las víctimas nos exigen prontitud y diligencia a la hora de denunciar estos crímenes y hacia el Estado español, que no ha hecho nada, no hacen ninguna consideración”.

“El TEDH ampara al Estado en sus violaciones graves de derechos humanos, y a nosotros nos maltrata”, añade Fausto, cuyo padre, Valerico, fue sacado de su casa de madrugada por un grupo de falangistas y nunca más volvieron a saber de él. La familia cree que su cuerpo pudiera encontrarse en la cripta del Valle de los caídos.

Canales, que rechaza la respuesta de Estrasburgo, recuerda que lleva toda su vida investigando el paradero de su padre pero “nadie nos atendía”. El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sí se hizo eco de su caso y lo incluyó en el auto por el que se declaró competente para investigar los delitos del franquismo, circunstancia por la cual fue acusado por un grupo ultraderechista de prevaricar y afrontó un juicio el pasado enero por ello. “Me siento profundamente decepcionado e indignado, y rechazo esta decisión”, enfatiza Canales, a la vez que anuncia que seguirá luchando.

“Estrasburgo ampara al Estado en sus violaciones graves de derechos humanos, y a nosotros nos maltrata”

El equipo de RIS también pone en evidencia la actuación del tribunal de Estrasburgo y subraya el desamparo en el que se quedan las víctimas del franquismo, que tras esta última respuesta tendrán “muy difícil” el aprovechamiento de esta senda para ver satisfechas sus demandas de justicia y reparación. “Para Fausto ha quedado ya cerrada la vía del TEDH y, al haber acudido a este tribunal, también se cierran otras vías internacionales, como llevar una comunicación individual al Comité de derechos humanos”, aclara Vicente.

“La querella contra el franquismo que sigue su curso desde Buenos Aires es ahora el último cartucho que le queda”, apunta la abogada.

La indignación y el rechazo no paralizan a Canales que, la semana que viene, acude a una reunión en la oficina de derechos humanos del ministerio de Exteriores en el marco del primer informe periódico que España está redactando para el Comité de desapariciones forzadas de la ONU.

Miembros de este Comité llegarán a España a lo largo del próximo año, y los esfuerzos de Canales se centran en que dicho informe contemple a los desaparecidos durante el franquismo. “Aún está por resolver el asunto de los más de 113.000 desaparecidos documentados en el auto de Garzón; el Gobierno no se ha ocupado en absoluto y la justicia ha rechazado cualquier intento de investigación”, recuerda.

RIS fue invitado por Exteriores para participar en el proceso de consultas para elaborar el informe y ayudar en la coordinación con asociaciones de memoria, pero el colectivo de juristas acusa “el escaso plazo” que les ha dado el ministerio para que participen estas asociaciones.

España ratificó la Convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas el 23 de diciembre de 2010 y se comprometió a cumplirla contra los delitos posteriores a esa fecha. “Pero una desaparición es un delito que permanece hasta que aparece el cuerpo, por lo que no se pueden obviar los desaparecidos por el franquismo”, apunta Fausto Canales.

http://www.publico.es/espana/446811/europa-cierra-la-ultima-puerta-a-las-victimas-del-franquismo#5

Foto de 1959 (aprox) de EFE: En ella se vé claramente la caja 198.

Foto de 1959 (aprox) de EFE: En ella se vé claramente la caja 198.

En nuestro blog podéis consultar:

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2011/05/05/%c2%a1-el-valle-de-los-caidos-atrapados-estamos/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/05/22/los-restos-de-133-personas-sacados-del-valle-de-los-caidos-en-febrero-de-1980/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/07/06/el-valle-de-los-caidos-en-cnn/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/07/09/dos-jueces-devuelven-a-garzon-la-causa-contra-franquismo/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/09/03/en-pajares-de-adaja-avila-homenaje-a-diez-asesinados-por-la-barbarie-fascista-un-encuentro-lleno-de-emocion/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/10/01/el-gobierno-elaborara-un-censo-de-los-republicanos-enterrados-en-el-valle-de-los-caidos/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/12/11/fausto-canales-galardonado-v-distinciones-pablo-iglesias-de-la-ugtavila/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/02/04/vivencias-y-actividad-relacionadas-con-la-desaparicion-forzada-de-mi-padre-valerico-canales-jorge/

http://jordicarreno.wordpress.com/2008/12/04/fausto-canales-y-la-lucha-interminable/

http://lamemoriaviva.wordpress.com/?s=Fausto+Canales


Del Valle de los Caídos al Ibex 35

noviembre 18, 2012

37 años después de la muerte de Franco, las empresas que se enriquecieron con la construcción de su mausoleo están entre las más poderosas e influyentes del país…

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 18/11/2012

El Valle de los Caídos durante su construcción

El Valle de los Caídos durante su construcción

El régimen les dio poder, patrimonio y mano de obra casi esclava. La transición y la democracia, benevolente como con un hijo pródigo, no les pidió explicaciones por su pasado ni por el origen de sus riquezas. Su pasado se diluyó en el presente de la España democrática como un azucarillo en agua hirviendo y el futuro quedó a sus pies. Son las grandes empresas que apoyaron a Franco ensu cruzada, se beneficiaron de las concesiones estatales, utilizaron mano de obra casi esclava de presos republicanos y sentaron en sus consejos de administración a los exministros del régimen. Esta es la historia de los que una vez que el caudillo de España murió se autodefinieron como “demócratas de toda la vida”.

En agosto de 1936, el diario británico The Sunday Express publicó: “Franco se mantiene en la lucha. Pero, ¿cuál es el poder que lo dirige desde detrás de las sombras? Cuando un hombre levanta la mano, Franco obedece.Ese hombre es Juan March”.

Nadie puede imaginar que un golpe de Estado puede triunfar sin el apoyo de los grandes empresarios y Franco, juntos al resto de golpistas, encontró en Juan March al mecenas de su cruzada. March aseguró la vida de los familiares de los militares rebeldes, financió los aviones que trasladó a Franco al norte de África con la inestimable ayuda de varios responsables del diario ABC y negoció con alemanes e italianos la compra de armamento. ¿A cambio de qué?

“A cambio, en plena guerra civil, desde el cuartel general de Burgos, obtuvieron el control del sector bancario, su statu quo, las claves de la economía, el monopolio del sector financiero”, escribe Mariano Sánchez en la obra publicada en 2005 ‘Los banqueros de Franco’.

Nadie puede imaginar que un golpe de Estado puede triunfar sin el apoyo de los grandes empresariosEste pacto de Franco con March y el resto de banqueros significó la primera gran traición del general a los principios de Falange: la Banca no sería nacionalizada. Lo importante para el Generalísimo no era mantener su integridad ideológica. Franco no tenía ideología. El caudillo tenía poder político, adquirido mediante las armas, y no lo iba a perder bajo ningún concepto y mucho menos por programas políticos.

Al amparo de la dictadura franquista, Juan March realizó diversas operaciones financieras de gran calibre, como la compra de la Barcelona Traction, tras la que fundó Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A (FECSA), quien se hizo con la práctica totalidad de la producción eléctrica en Cataluña.  FECSA construyó centrales térmicas y entró en el campo de la energía nuclear, motivado por las crisis del petróleo de los años 70.

Así, participó, junto con Électricité de France, Hidroeléctrica de Cataluña y ENHER en la construcción de la central nuclear de Vandellós, puesta en servicio en 1972. En 1983, FECSA instaló en solitario la central nuclear de Ascó, que comenzó a funcionar en 1983.

El rastro de March en el presente

 Todas estas operaciones convierten a FECSA en una empresa al alza, que comienza a cotizar en el IBEX 35 de la Bolsa española. Su camino en solitario llega hasta 1996 cuando el Grupo Endesa se hace con el 75% de las acciones de la compañía y su control absoluto.

Juan March falleció en 1962 pero sus nietos han sabido cumplir su legado. En 1988 la revista Forbes sitúa a los March entre las tres fortunas más importantes de España, junto a Ramón Arces, creador de El Corte Inglés, y los Botín. Su notoriedad en la democracia española y en las finanzas internacionales es ya indiscutible.

“La Fundación March, creada en 1955, cuenta con un patrimonio superior a los 15.000 millones de pesetras y recibe una inversión anual que rebasa los 1.000 millones. En la actualidad el patrimonio de los March se sitúa entre en el medio billón de pesetas, participan en el accionariado de 150 empresas y comandan un grupo empresarial que ha sido vanguardia en España en cuanto a bancos de negocios y que goza de una gran liquidez”, escribe Mariano Sánchez en su obra Los banqueros de Franco.

Entre la larga lista de empresas en las que la familia March está presente en el accionariado hay algunas muy reconocibles para el gran público como la constructora ACS (18,3%), presidida por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; Acerinox (24,2%), una de las compañías líder a nivel mundial en la fabricación de acero inoxidable o la empresa de seguridad Prosegur (10,0%).

La construcción del Valle de los Caídos

Ningún otro símbolo como el Valle de los Caídos refleja el funcionamiento de la oligarquía empresarial que rodeaba el régimen. Una obra faraónica que costó a las arcas públicas a lo largo de sus veinte años de construcción 2.421 millones de pesetas de la época, según datos de Mariano Sánchez. “Para entender la magnitud de la obra conviene comparar el coste con otras partidas de los Presupuestos. Así, hasta 1970 el Estado había dedicado 2.339 millones de pesetas para Educación, explica Mariano Sánchez, autor de obras como Los Franco S.A. o Los banqueros de Franco a Público.

El Valle de los Caídos refleja el funcionamiento de la oligarquía empresarial que rodeaba el régimenFranco eligió el 1 de abril de 1940, primer aniversario de la victoria de la entonces conocida como “Victoria de las armas de España”, para dar a conocer su proyecto. Fernando Olmeda, autor de El Valle de los Caídos. Una memoria de España, recoge en su obra las palabras pronunciadas aquel mismo día por  el coronel Valentín Galarza, subsecretario del a jefatura del Estado, en la lectura al Decreto que dispone la construcción del futuro monumento:

“La dimensión de nuestra cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suele conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia. Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos, que desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que legaron una España mejor”.

La ejecución del gran sueño del generalísimo requirió un enorme financiero, pero sobre todo de personal. En 1942 el régimen se da cuenta de que además de obreros libres será necesario emplear batallones de presos en un país que continúa desangrando tras la cruenta guerra civil. Ese mismo año llega al Valle la Compañía del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores Penados nº 95. Los presos visten gorro a rayas azules y blancas con una P que les identifica como presos. El periodista Rafael Torres, autor de Los esclavos de Franco, cifró en 20.000 los presos republicanos que participaron a precios muy por debajo del mercado y en condiciones de semiesclavitud en la construcción del sueño de Franco.

Los presos “alquilados”

Fernando Olmeda recoge en su obra dos testimonios de presos republicanos que detallan las condiciones de la obra. Trinitario Rubio lo describe de la siguiente manera:”Picábamos un metro cúbico de piedra, cargábamos vagonetas y empujábamos entre varios. Trabajábamos en condiciones difíciles, nos trataban de hijos de puta y rojos, cosa peor que los malos tratos”.

Segundo Fernández, de familia de agricultores de izquierdas, y condenado por tres consejos de guerra, resume en una frase su experiencia en la construcción del Valle de los Caídos: “Raro era el día que no morían uno o dos, y hasta tres, más por el hambre que por accidentes, porque la construcción del túnel casi no había empezado”.

La utilización de presos políticos como mano de obra ahorró al régimen 780 millones de euros

Nicolás Sánchez-Albornoz, director del Instituto Cervantes de 1991 a 1996 y condenado a trabajos forzados por el régimen en 1947, puso cifras al negocio redondo de las empresas y el régimen de Franco con los presos trabajadores. “El Valle era un gran negocio“, explica, “los que estábamos condenados a trabajar allí estábamos alquilados a las empresas que hacían la obra, Huarte y Banús, por 10,50 pesetas al día. A nosotros nos daban 50 céntimos a cada uno. Los patronos tenían obreros a precio de saldo y disciplinados”, según recoge José María Calleja en un artículo publicado en el diario El País. De esta manera, Sánchez-Albornoz, actual miembro de la RAE, confiesa que estuvo “alquilado” a la empresa Huarte y Banús.

El periodista Isaías Lafuente se atrevió a cuantificar en su libro Esclavos por la Patria los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de utilizar presos políticos para la realización de obras: más de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones de euros. Ello se deduce del estudio de las detalladas memorias anuales remitidas a Franco por el Patronato para la Redención de Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. en su libro Esclavos por la patria.

Las empresas adjudicatarias y su beneficio

En sus inicios la obra se adjudica a tres grandes empresas, San Román, filial de Agromán, se encargará de la perforación de la roca para abrir en ella el agujero gigante que albergará la cripta,Estudios y Construcciones Molan se ocupará de la construcción del monasterio y Banús, gestionada por los dos hermanos Juan y José, se responsabilizará de la carretera que unirá la entrada con el Risco de la Nava.

Estas tres empresas, junto a la constructora Huarte y Cía que se uniría a las obras en 1952, dispusieron de mano de obra semiesclava para sus negocios privados por concesión del régimen de Franco. Así, en 1943 Agromán disponía de 250 presos republicanos trabajando en el Monumento, 100 en las obras de el Escorial Aguas y Escorial Arca de Juan y otros 140 en diversas obras repartidas en cuarteles y monasterios.

Banús, por su parte, disponía de 125 presos trabajando en la carretera que da acceso al Valle de los Caídos, 90 presos construyendo la estación de trenes de Chamartín (Madrid) y a 50 más en la base militar de Torrejón. En total llega a haber 141 batallones de presos republicanos repartidos por diferentes obras sólo en 1943, según recoge Olmeda en su obra.

¿Qué ha sido de estas empresas?

En 1943 había 141 batallones de presos republicanos realizando trabajos forzadosLa constructora Huarte, que acumulaba en 1975 un volumen de venta de 16.000 millones de pesetas, se fusionó en 1998 con Obrascón. Un año después, se incorpora al grupo la empresa Lain conformando el gigante constructor Obrascón- Huarte- Laín u OHL, como es más conocido. El grupo está presidido por Juan-Miguel Villar Mir, más conocido por haberse presentado a las elecciones a presidente del Real Madrid de fútbol. Aunque en su currículum figuran otros muchos cargos en la estructura del Estado franquista como haber sido Director General de Empleo en 1964 o presidente del Fondo Nacional de Protección del Trabajo en 1967.

Por su parte, la constructora Agromán fue fundada por José María Aguirre Gonzalo y José San Román en 1926, en tiempos de Primo de Rivera.  Gracias a sus negocios, Aguirre Gonzalo saltó pronto al mundo de la banca y presidió el Banco Guipuzcoano desde 1956 hasta que falleció en 1988. Además, ocupó la presidencia del Banco Español de Crédito desde 1970 hasta 1983 y del Banesto,  desde 1970 a 1984. No obstante, la estirpe familiar no terminó ahí ya que su hijo José María Aguirre González le sustituyó en el cargo de presidente del Banco Guipuzcoano hasta 1999.En 2010, este banco fue absorbido por el Banco Sabadell.  

Tras la construcción de la carretera, los hermanos Banús siguieron caminos diferentes siempre bajo el amparo del régimen. José Banús, conocido como el constructor del régimen, es el artifice de barrios emblemáticos de Madridi como el de la Concepción o el Barrio del Pilar, donde urbanizó una gran extensión de terreno, y de cuyos pisos sacaba un beneficio de unas 115.000 pesetas. De Madrid saltó a la Costa del Sol donde, en el verano de 1970, inauguró su proyecto más ambicioso: Puerto Banús. Su estrecha relación el régimen queda patente no sólo en sus negocios sino en sus distinciones: medalla al Mérito en el Trabajo, la gran cruz del Mérito Civil y la medalla de oro al Mérito Turístico. Sus descendientes heredaron un gran imperio con origen en la construcción del Valle de los Caídos y su amistad con el régimen de Franco.

Por otro lado, su hermano Juan Banús se quedó en Madrid y en su currículum figura la construcción de la lujosa ciudad satélite de Mirasierra, opulentas viviendas rodeadas de comercios y zonas de asueto. Sus hijos Juan y Antonio Banús Ferré tomaron el testigo inmobiliario de su padre y de su tío, especializándose cada uno en diferentes proyectos.

Juan Banús, fallecido en 2000, era el responsable de la lujosa área marbellí de Puerto Banús, lugar de veraneo de la jet set y de la familia real saudí, entre otras personalidades, mientras que Antonio Banús es propietario de un importante número de franquicias de la firma de moda italiana Benetton en España, gestor del hotel de cinco estrellas Mirasierra Suites y dueño de la bodega El Carabal, situada en Cáceres. Además, Antonio Banús posee el 100% del capital del grupo promotor inmobiliario Juban.

No obstante, en la larga lista de empresas que se beneficiaron de la barata mano de obra de presos republicanos figuran otras muchas sociedades que no participaron en la construcción del Valle de los Caídos o que su gran negocio con el régimen fue otro. Es el caso de Dragados y Construcciones, hoy también inversa en ACS, la constructora de Florentino Pérez.

Sin descuidar a amigos y los ministros

Pero no sólo empresarios se beneficiaron de las “bondades del régimen”. La democracia tampoco ha maltratado a los antiguos dirigentes franquistas, sus herederos directos o a los familiares de Franco. Hoy, muchos de estas personas tan cercanas al régimen, ya sea con lazos en el mundo de los negocios, familiares o políticos, siguen disfrutando de un papel importante en nuestra sociedad.

La democracia tampoco ha maltratado a los antiguos dirigentes franquistas, sus herederos directos o a los familiares de Franco

Así, según enumera Mariano Sánchez en su obra Los Franco S.A., las hermanas Alicia y Esther Koplowitz, a través del Imperio de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), poseen un patrimonio que ronda los 1.000 millones de euros; los descendientes de José Meliá Sinisterra, en el sector turístico (Hoteles Meliá), facturan anualmente más de 600 millones de euros, o Carmela Arias Díaz de Rábago, condesa de Fenosa y viuda de Pedro Barrié de la Maza, cuya fortuna personal alcanza los 240 millones de euros.

También llama la atención la puerta giratoria que unía a los ministros de Franco con los Consejos de Administración de las principales empresas españolas. De los 119 ministros de franco, 22 de ellos se sentaron en 29 consejos de administración de importantes entidades bancarias, nueve en bancos oficiales y cuatro en cajas de ahorros. Otros ocho ex ministros fueron presidentes y/o consejeros del Banco de España. En total, 43 ministros se convirtieron en destacados ejecutivos del sector bancario.

Pero no sólo ellos ocuparon esos puestos, también sus hijos. Sirve como ejemplo el reciente nombramiento de Nemesio Fernández Cuesta, hijo del ministro de Comercio en el penúltimo gobierno de Franco de igual nombre, como director General de Negocios de Repsol.

No obstante, no hay que buscar tan lejos para encontrar la alargada sombra del régimen. En la penúltima horneada de políticos de la derecha española se encuentran buenos ejemplos comoRodrigo Rato, hijo de Ramón de Rato, fundador junto a Millán Astray y Dionisio Ridruejo, entre otros, de Radio Nacional de España, así como propietario del Banco del Norte y del Banco Murciano.

José María Aznar, nieto de Manuel Aznar Zubigaray, periodista y político cercano a Falange que  fue director gerente de la agencia de noticias EFE y embajador español ante la ONU, Marruecos, y varios países de América.

http://www.publico.es/espana/446028/del-valle-de-los-caidos-al-ibex-35


PROPUESTA DE CAMBIO DE PARADIGMA EN VIVIENDAS EN ESPAÑA.

noviembre 6, 2012

Autor de la propuesta: Dr. Francisco González de Tena (paco_tena@hotmail.com)

CONCEPTOS GENERALES A TENER EN CUENTA

Placa en un edificio de 1957

Desde la irrupción del falangista y arquitecto José Luis de Arrese al frente del inicial Ministerio de la Vivienda en 1957, por elevación de lo que había sido el Instituto Nacional de Zonas Devastadas (más tarde I.N.Vivienda), se implantó la política de control social que acreditó en las llamadas Cortes franquistas: “Transformar un país de proletarios en un país de propietarios”. De aquellos viejos intereses de la oligarquía especulativa se viene arrastrando un sesgo diferencial que tanto ha influido en la actual situación de callejón sin salida al problema de la vivienda, hipotecada y desahuciada, con la que se enfrentan cientos de miles de familias angustiadas en estos momentos en España. Lo que comenzó siendo una obra para dotar de viviendas a familias, esencialmente las desplazadas a las grandes urbes y con especial impacto sobre el problema del chabolismo, liberando al mismo tiempo miles de metros cuadrados en sitios estratégicos alrededor de las grandes ciudades. No fue causalidad que irrumpieran en esos momentos los especuladores mejor situados junto al Régimen.

José Luis Arrese Magra.

Varios objetivos se unieron en esa estrategia, junto al indudable beneficio privado que se sigue ahora padeciendo. El control social arriba mencionado era, evidentemente, un tema central del franquismo, aunque en este caso además con la estrategia añadida de fijar la población en un espacio urbano más fácilmente controlable, en su doble vertiente de atemperar la movilidad social y lastrar la movilidad geográfica. Las migraciones inevitables desde el campo a las ciudades con mayor dinamismo estaban, por tanto, planificadas en lo que se conocieron como “polos de desarrollo”, forma eufemística para identificar la planificación característica de las dictaduras de economías al servicio de una planificación centralista.

La población española en régimen de alquiler de viviendas era superior al 60% en esos años, llegando muy cerca del 80% si se tiene en cuenta los

habitáculos y el chabolismo de los extrarradios. Si se contempla ahora el porcentaje de distribución alquiler / propiedad estaríamos justo al revés, muy alejados de los parámetros europeos. Esta situación supone un lastre para las movilidades sociales y geográficas ahora exigibles, lo que se ha demostrado como unas taras muy importantes para relanzar la economía. El argumento utilizado reiteradamente, tanto por los promotores privados como por los planificadores franquistas, era que “por el precio de un alquiler puedes tener una vivienda en propiedad”. Esto se ha evidenciado como una trampa insoportable para unas economías familiares degradadas y sujetas a ataques combinados económico / financieros.

El espíritu de la socialdemocracia, vista como un peligro cierto por parte del franquismo, propugnaba la superación de las fronteras en concordancia con el internacionalismo asumido por las izquierdas. En ese espíritu de futuro la movilidad de los trabajadores era casi una exigencia inherente al horizonte deseable. Se comprenderá la lógica de “una familia / una vivienda en propiedad”, con la secuela inevitable de una hipoteca casi vitalicia, como estrategia alternativa del franquismo frente a su enemiga emergente.

En un ambiente tan manipulable y proclive a la titularidad inmobiliaria, los parámetros estaban dados para una especulación galopante, en manos de los promotores y oportunistas, además de allanar el camino a la gran banca internacional que vio desde el primer momento el campo abonado para inflar al límite una trampa que se ha demostrado cuasi mortal.

Cuando el momento de dar el salto se mostró propicio, el castillo de naipes era perfectamente vulnerable al asalto de los eufemísticamente llamados “mercados”, que no son otros que las redes especulativas financieras de alcance internacional.

Llegados a la situación de un número muy importante de viviendas vacías, entre las promociones inacabadas y entregadas a los bancos y cajas en pago de las deudas impagables y los desahucios producidos por impago de las hipotecas, nos estamos acercando a la pavorosa cifra de medio millón.

UN PLAN DE SUMA CERO

En los años de la locura especulativa en España se ha vivido una dramática y colosal versión del antiguo juego del “baile de la silla”, en el momento en el que la música dejó de sonar cientos de miles de frustrados bailarines se encontraron materialmente sentados en el suelo y sin la ansiada única silla en la que sentar a su familia ante una mesa vacía. Todos miramos furiosos buscando a los culpables sin reparar que han estado todo el tiempo entre nosotros.

A las pocas fechas de aquél sueño rejuvenecedor del 15-M, sin duda también contagiado de la bocanada de aire fresco, aporté mi grano de arena en forma de propuesta para intentar lo que ya era un drama colosal: los desahucios encadenados unos a otros como los chorizos a los que tan reiteradamente se aludían en las algaradas callejeras. Esta propuesta, ya un poco retocada tras meses de intentar ser oído (y que por extraños caminos ha llegado a ser un punto de referencia sin mencionar su origen), es la que vuelvo a presentar de forma sucinta en las próximas líneas.

Primera evidencia: los bancos no son agencias inmobiliarias, aunque ahora se afanen a la fuerza por intentar desprenderse de sus activos tóxicos, es decir la masa inmobiliaria que lastran sus balances, valorados muy por encima del teórico valor real actual de mercado. Esa enorme diferencia tiene un nombre, que nadie quiere pronunciar, se llama riesgo hipotecario intencionadamente asumido en las alocadas tasaciones inmobiliarias. Visto desde esa óptica es indudable que los únicos responsables son los gestores bancarios, por cierto generosamente compensados en lugar de exigírseles responsabilidades patrimoniales e incluso penales. El siguiente error de esos gestores bancarios fue ignorar los repetidos avisos de que la insolvencia no era algo puntual que afectaba a unas cuantas familias con pocas previsiones sobre sus respectivas economías familiares, sino que era la consecuencia lógica derivada de una contaminación económica que venía de mucho antes del fatídico otoño de 2008. La pregunta que vale millones es, ¿no se ha evidenciado suficientemente que los que deben responder de ese monstruoso diferencial son las cúpulas bancarias?

Segunda evidencia: si el Estado acudió con generosos fondos públicos en socorro de los bancos con riesgo de quiebra (incluso sistémico), es lógico preguntarse, ¿no son los ciudadanos contribuyentes, en razón de esas aportaciones al Estado, los verdaderos accionistas de una parte sustantiva de esa banca socorrida in extremis? En otras palabras, la banca en su parte más vulnerable ha sido nacionalizada, para bien y para mal. Y corresponde al Estado, en el ejercicio responsable de esa representatividad, ejercer un control directo y proporcional sobre esa banca; por mucho que moleste a los que huyen como de la peste del anverso de la idea privatizadora, de tan gratas resonancias para los neoliberales.

Tercera evidencia: el derecho a una vivienda digna, no sólo es un principio constitucional casi olvidado bajo la hojarasca leguleya, sino un derecho humano básico. Así parece que lo han entendido, por delante de los políticos, algunos jueces haciendo honor a vieja técnica legal de estar atentos a la realidad social sobre la que deben actuar. La Ley Hipotecaria, promulgada para una sociedad de la que nos separa más de un siglo, no puede ser una norma de hierro a aplicar sin más. Pero cuando se ha producido esa saludable, aunque parcial y tardía reacción de una parte de la judicatura, ya estamos enfilando al parecer sin remedio al medio millón de familias expulsadas o en riesgo de serlo de sus viviendas sin alternativas.

A estas tres evidencias hay que añadir el coste oneroso e irrecuperable que representa, para las entidades financieras (y de paso para erosionar aún más las cuentas de resultados que debemos soportar entre todos) el mantenimiento ocioso y degradado de ese inmenso parque inmobiliario vacío, y además con costes de mantenimiento, y vigilancia para evitar saqueos, a veces en urbanizaciones inacabadas.

Para darle una salida a todo este caótico panorama se pone en marcha lo que se ha venido en llamar “banco malo”, Agencia Estatal de Liquidación de Activos. Lo cierto es que se trata de un atajo que resultará otra ruina añadida. Se pasarán a esta Agencia, procedentes de los balances bancarios, aquellos inmuebles calificados como activos tóxicos. Su valoración, a la baja como ha ocurrido en similares circunstancias en otros países, sólo podrá beneficiar a los inversores oportunistas, nacionales e internacionales. Y de

esa valoración depreciada se derivarán sin duda cuantiosos beneficios, otra vez en manos de los especuladores. Es decir, privatizaremos las ganancias tras haber, una vez más, socializado las pérdidas de unas tramposas y ruinosas gestiones bancarias, y algo más.

Por si todo esto fuese poco los anteriores propietarios de esas viviendas, despojados de todos sus recursos y patrimonio, arrastrarán por mor de esa antigua Ley Hipotecaria, de forma vitalicia y con intereses de demora a nivel de usura, la carga de unas viviendas de las que fueron despojados.

UNA PROPUESTA RAZONABLE

Trataré de simplificar en líneas generales mi propuesta, ya esbozada hace más de un año.

a) Cuando se demuestre que el impago hipotecario ha sido debido a unas circunstancias sobrevenidas, que han superado de forma evidente la buena fe contractual del hipotecado, se articulará la salida prevista en la Ley aunque lo fue de forma excepcional en su origen: la dación en pago del inmueble. Éste pasaría a ser de titularidad de la entidad financiera a todos los efectos legales y la deuda, con este mecanismo, quedaría anulada.

b) En negociación a tres bandas, es decir prestatario, prestamista y el Estado por medio de sus Agencias de mediación (representación del Banco de España, en su calidad de supervisor, o alguna de las instancias de reciente creación como la de Alquiler o la mencionada de Liquidación de Activos), se fijarían una condiciones razonables de alquiler social, en primera instancia a los desahuciados o, como alternativa, a familias en demanda de vivienda en alquiler de los anteriores desalojos. El alquiler debería estar gestionado por la Agencia Estatal de Alquiler para evitar en lo posible los problemas. Como es lógico el importe neto del alquiler se destinaría a la entidad bancaria o a quien detente la titularidad inmobiliaria.

Con este mecanismo se obtienen las siguientes ventajas:

1) Los desahuciados tienen una buena oportunidad, si han actuado de buena fe, de seguir viviendo en su hogar a cambio de un alquiler social razonable. Pierden la propiedad, pero ese era el riesgo menor. En el peor de los casos existiría una oportunidad de reposición para otra familia anterior en similares circunstancias de desalojo.

2) Las entidades financieras, o la Agencia constituida como banco para asumir esos inmuebles (y por lo mismo en su sustitución) reciben un interés por el capital inmobiliario, evitando la subasta. Equivale al riesgo estatal derivado de los fallos en la vigilancia y control bancario.

3) Se cambia de raíz el paradigma de propiedad inmobiliaria, como única forma de vivienda, por la forma extensiva de alquiler, más dinámica, en todos los aspectos, y equiparada al estándar europeo.

4) Se evita el ciclo continuista de especulación inmobiliaria, ahora en manos de muy posibles oportunistas que no garantizan en ningún caso la puesta en circulación en forma de alquiler y menos a precio social. La anunciada sangría fiscal que supone el que los inversores extranjeros del banco malo obtendrán ventajosos beneficios fiscales, puede ser conjurada o al menos controlada en su dimensión.

Hay un peligroso asunto no mencionado en estas notas. Los doscientos millones de metros cuadrados, inicialmente destinados a la especulación urbanística (ahora abortada, al menos temporalmente) que han quedado evidenciados el Exposuelo (foro celebrado en Madrid recientemente) no podrán ser desarrollados nunca, con lo que 50.000 millones ya se pueden dar por perdidos de forma definitiva como inversión especulativa. Ese lastre va a pesar y mucho. Nos podemos legítimamente preguntar ¿se ha abandonado de forma casi definitiva en España la posibilidad de una explotación racional, ecológica, rentable y vital para nuestra economía presente, y sobre todo futura, en energías renovables? Apuntábamos como una verdadera potencia mundial en ese campo vital para la supervivencia de la humanidad y ahora parece que se han enterrado todos los proyectos bajo siete llaves con el signo inevitable de las gaviotas carroñeras.

Nota de la Memoria Viva: Las imagenes son inicitiva de nuestra edición.

Otro analisis de Luis Bilbao Larrondo (Historiador) en : http://www.otxarkoaga.com/afo/2011/10/28/etxebizitza-vivienda/ en cuyas páginas he recogido la fotografía de José Luis de Arrese.


Rita Barberá no quitará la medalla a Franco ni suprimirá honores y calles de franquistas en Valencia…

octubre 25, 2012
Los concejales del PP exige informes al PSOE, caso por caso, y alegan un “enorme gasto para los vecinos” ante lo que consideran contrario al espíritu de la transición.
Rita Barberá no quitará la medalla a Franco ni suprimirá honores y calles de franquistas en Valencia.
Rita Barberá no quitará la medalla a Franco ni suprimirá honores y calles de franquistas en Valencia
Retablo de José Bellver (1942) que preside el altar mayor en la Iglesia del Carmen de Valencia. A la derecha el autor reflejó la corte celestial. A la izquierda el poder terrenal, Jaime I, reyes, emperadores y, arrodillado en primera fila con su capa verde, Francisco Franco.
A. DEL CAMPO | 23/octubre/2012
Franco seguirá ostentando la medalla de honor de Valencia junto a falangistas, miembros de acción católica, mártires de la cruzada, familiares e incondicionales del dictador que también continuarán dando nombre a diversas calles de la ciudad. La moción presentada ayer ante la Comisión de Cultura por el grupo municipal socialista que pretendía su eliminación, fue contrarrestada por otra moción del grupo popular negando la mayor. Saldría muy caro para los vecinos, dicen los de Rita, que exigen que se aporten informes históricos y jurídicos caso por caso para demostrar que la actuación de las personas referidas son contrarias a la Ley de Memoria Histórica. “Rita Barberá quiere a Valencia anclada en el franquismo”, declaró a ELPLURAL.COM Matías Alonso del Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia.

“Lo han hecho para ganar tiempo, ha sido una treta”, manifestaba Matías Alonso del GRMHV autor de la solicitud de retirada de honores y nombres de calles de aquellos cuya actuación fuera contraria a la Ley de Memoria Histórica. “No tuvieron más remedio que acatar la sentencia judicial de retirar el título de hijo adoptivo a Franco, pero hasta ahí podíamos llegar. Ahora, si cualquier ciudadano plantea el cambio de un nombre por motivo de ilegalidad, tiene que gastarse el dinero y documentarlo con historiadores y juristas”.

Cumplir con la Ley
Los concejales socialistas del Ayuntamiento valenciano llevaron ayer a la Comisión de Cultura municipal una petición del Grupo de recuperación para la memoria histórica de Valencia planteándolo como propuesta de acuerdo en estos términos: “Para cumplir con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que se dejen sin efecto, los nombramientos referidos en el Cuadro de Honores del Ayuntamiento de Valencia: Hijos Predilectos, Hijos Adoptivos, Medallas de Oro, Medallas de Plata y Concejales Honorarios del anexo I. Para cumplir con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que se cambien los nombres de calles referidas en el documento anexo II”. (Vea aquí relación de nombres presentados por el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia).

Retirar menciones de la sublevación y la represión
La propuesta se argumentaba así: “La Ley 52/2007 dice textualmente, en el punto 1 de su artículo 15, que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Asimismo, por “absoluto respeto a la ley”, en palabras del vicealcalde Alfonso Grau, el Pleno del Ayuntamiento de Valencia del pasado 28 de septiembre de 2012 aprobó una moción por la cual cualquier grupo político o miembro del consistorio, cuando se detecte la presencia en la ciudad de algún símbolo que atente contra la Ley 52/2007, se traslade a la Comisión de Cultura y Educación para que esta tome un acuerdo para que se cumpla la referida ley”.

La moción popular
Frente a esta propuesta de acuerdo, el grupo popular presentó otra moción en la que planteaba “en aras a conseguir un mayor rigor histórico, que siempre debe estar presente en la adopción de los acuerdos municipales se considera procedente que en orden a ejecutar el acuerdo pleno de 28 de septiembre de 2012, de cumplimiento de la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, se aporten al expediente que se instruya los estudios y dictámenes previos, caso por caso, en aras a garantizar al máximo el principio de seguridad jurídica”.

El PP “coherente con el espíritu de la transición”
Sobre el cambio de nombre de calles ahora ligadas a personas pertenecientes al régimen franquista añade la moción popular la necesidad de habilitar crédito. De ahí, el Partido Popular salta a otro tema “este equipo de Gobierno Municipal es coherente con el espíritu de la Transición, en el que todas las partes implicadas aprobaron una Constitución, que resolvía las diferencias y que enterraba las heridas producidas, y que en modo alguno queremos resucitarlas, y tiempo ha habido desde la primera etapa de los ayuntamientos democráticos en abril de 1979, con gobiernos socialistas y comunistas para haber llevado a efecto tales acuerdos y que en ningún caso se plantearon, haciéndolo ahora, en estos momentos, sin ningún rigor histórico y sin aportar la más mínima documentación acreditativa que lo sustente…”

Que el grupo proponente pague la documentación
Después la moción alternativa retrocede al asunto económico de nuevo, “la decisión municipal debe ser ponderada en razón de los intereses generales, por cuanto se estaría afectando a un gran número de ciudadanos (viviendas y comercios) que tendrían la obligación de modificar la totalidad de su documentación personal y comercial (dirección postal, bancaria, etc…) Por lo que concluyen “se aporten a los respectivos expedientes individualizados que se instruyan… los pertinentes informes históricos y jurídicos de Instituciones oficiales y personas con la suficiente relevancia y rigor objetivo, y que se determinen con absoluta claridad e independencia, indicando el artículo de la mencionada Ley en que encaja el supuesto planteado, correspondiendo ello al Grupo proponente…”

Demostrar que Franco era anticonstitucional
“Es decir, que hay que demostrar con informes de expertos a concejales que han jurado la Constitución que Franco era anticonstitucional”, señalaba a este diario Matías Alonso. En cuanto al tema económico, aclaraba “cambiar las placas de unas calles no es un gasto extremado, pero lo que demuestra la tibieza del argumento económico es lo referido al cuadro de honores: No estamos hablando de una enorme placa de mármol con letras impresas, sino de una relación de personas. ¿Cuánto cuesta que un funcionario borre en un listado de ordenador una serie de nombres? ¿Es ese un gasto impactante para el erario municipal?”

“Rita quiere a Valencia anclada en el franquismo”
El Grupo de recuperación de la memoria histórica de Valencia piensa seguir adelante solicitando dictámenes de expertos en derecho e historiadores. “Ya veremos si también lo discuten a los especialistas que documenten estos temas, que todo es posible”, ironizaba Alonso. “Es crucial que los ciudadanos sepas que Rita Barberá, su alcaldesa,  se empeña en mantener lo que debía ser el orgullo de la ciudad, el cuadro de honores, anclado en el franquismo, como pretende que siga Valencia”.

http://www.elplural.com/2012/10/23/rita-barbera-no-quitara-la-medalla-a-franco-ni-suprimira-honores-y-calles-de-franquistas-en-valencia/


LA CAUSA DE GARZÓN CONTRA EL FRANQUISMO LLEGA A ESTRASBURGO

octubre 19, 2012

Valerico Canales Jorge, padre de Fausto. Foto cedida a La M V por Fausto.

Presentada en el TEDH la denuncia por un caso de desaparición forzada durante la dictadura. Se trata del siguiente paso tras la investigación de Garzón frustrada por el Supremo.

Público.es / PATRICIA CAMPELO / 16-10-2012

Cuando en febrero de este año el Tribunal Supremo cerró la puerta a la investigación penal de los crímenes franquistas en España, abrió al mismo tiempo una ventana. Con la sentencia que absolvió al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de un caso de prevaricación por tratar de investigar los casos de desapariciones forzadas durante la dictadura, el Alto Tribunal fulminó cualquier posibilidad de recabar justicia en los tribunales españoles. Se daba, de este modo, el último paso de un itinerario obligado antes de llamar a las puertas de Europa. Ahora, una de las víctimas que formaba parte del sumario de Garzón acaba de demandar al estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Fausto Canales Bermejo, hijo de un desaparecido en Pajares de Adaja (Ávila) el 20 de agosto de 1936, ha interpuesto la denuncia ante el TEDH “por la falta de investigación en la desaparición forzada de su padre”, según informa Right International Spain (RIS), el colectivo que integra al equipo de juristas que representa a Canales en este proceso.

El escenario en el que llega esta demanda es bien distinto al que existía cuando otras víctimas interpusieron, sin éxito, denuncias similares ante el tribunal europeo. “Se trata de la primera demanda que se presenta después de la sentencia del Supremo de 27 de febrero por la cual Garzón queda absuelto de un delito de prevaricación y, al mismo tiempo, se anula cualquier posibilidad de realizar una investigación judicial en este sentido”, aclara Lydia Vicente, jurista miembro de RIS. Agotada la vía penal en los tribunales españoles, el siguiente y último paso tiene que darse en Estrasburgo. En caso de que el tribunal europeo no admitiese a trámite la demanda y no entrase en el fondo de la cuestión “desaparecerá toda posibilidad de poner fin a las violaciones de derechos y a la obtención de reparación para el demandante”, señala RIS.

Agotada la vía penal en España, el siguiente y último paso tiene que darse en Estrasburgo

Pero la formulación de la demanda, en forma y plazo según los requisitos del TEDH, otorga esperanzas al hijo de Valerico Canales.

La víctima fue sacada a la fuerza de su casa a las dos de la madrugada por un grupo de falangistas y sus restos, según sospecha la familia, podrían estar en la caja 198 de la cripta del Valle de los Caídos. Su hijo Fausto no ha cejado nunca en la búsqueda de la verdad sobre el paradero de su padre y circunstancias de la desaparición. En diciembre de 2007, presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional con la esperanza, al igual que otras víctimas, de “que se aplicaran los mismos principios de derecho internacional utilizados con anterioridad para investigar crímenes y reparar víctimas de otras dictaduras, como la argentina o la chilena”.

Fuente: http://www.publico.es/espana/443938/la-causa-de-garzon-contra-el-franquismo-llega-a-estrasburgo

Nota de La Memoria Viva: en nuestras páginas encontrareís bastante información sobre Fausto y lo ocurrido a su padre Valerico: http://lamemoriaviva.wordpress.com/2008/12/04/fausto-canales-la-dignidad-reflejada-en-un-hombre-sencillo/#comments

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/02/04/vivencias-y-actividad-relacionadas-con-la-desaparicion-forzada-de-mi-padre-valerico-canales-jorge/


Aguirre: “La mitad de los encarcelados durante el franquismo lo fueron por orden de Carrillo”

septiembre 16, 2012

La presidenta madrileña vuelve a sorprender por su locuacidad durante el debate del estado de la región.

IÑIGO ADURIZ Madrid 12/09/2012

Esperanza Aguirre atiende a los medios de comunicación tras finalizar la primera sesión del debate sobre el estado de la región.

Esperanza Aguirre atiende a los medios de comunicación tras finalizar la primera sesión del debate sobre el estado de la región.JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a demostrar este miércoles que no tiene pelos en la lengua. Durante el debate del estado de la región, que se ha celebrado entre ayer y hoy, Aguirre, que preside una comunidad que lidera los recortes sociales en España, no ha optado por otra salida que por lanzarse al cuello de sus adversarios, en quienes ha centrado sus críticas más incisivas. A continuación se recogen las frases más llamativas del debate:

-Sobre su ideología: “Siempre el liberalismo acaba sobreviviendo a sus detractores”.

-Sobre la crisis de Bankia: “La fusión entre Caja Madrid y Bancaja fue un matrimonio a punta de pistola”.

-Sobre el Estado autonómico: “Treinta y tres años después, Catalunya y el País Vasco no se sienten mejor integradas en España”.

-A Gregorio Gordo, portavoz de IU en la Asamblea: “No sé si le están moviendo la silla pero hacía tiempo que no le escuchaba un discurso tan demagógico, insensato, mentiroso y, en definitiva, comunista”.

-A Gordo: “El que criminaliza a los gobernantes es un comunista como usted”.

-A Gordo: “Se sienten con la arrogancia de prohibir elegir [a los padres, el colegio de sus hijos]. Es una arrogancia soviética”.

-Sobre las subvenciones a los sindicatos: “El Gobierno ha acabado con la obligación de destinar el dinero de las prestaciones de desempleo a los sindicatos y empresarios, para que se acaben las mamandurrias”.

-A Gordo: “Manténgase moderado, señor Gordo, que sino se va a convertir en el señor Gordillo”.

-Sobre la memoria histórica: “La mitad de los encarcelados en el franquismo lo fueron por orden de Santiago Carrillo”.

-Sobre Gordo: “Ni él se cree su discurso porque no le dejan pronunciarlo ni en Corea del Norte”.

-Sobre Eurovegas: “Si ustedes me tienen que decir un secreto no me lo digan porque no soy de las mejores guardadoras de secretos”.

-A los diputados de la oposición de la Asamblea: “Es una pena que no les den unas nociones de derecho”.

Otras frases de Aguirre, que ya se han convertido en históricas, las ha recogido el PSOE en un vídeo en el que la acusa de ser “una presidenta contra Madrid“. El líder de la oposición madrileña ha intentado mostrarle a la presidenta de la comunidad, durante el debate sobre el estado la región, sus contradicciones respecto a la subida del IVA y sus ataques a diversos grupos sociales. Aquí, el vídeo que, según los socialistas, “Aguirre no ha querido mirar”:

PARA VER VIDEO PINCHAR EN EL ENLACE:

http://www.publico.es/espana/442188/aguirre-la-mitad-de-los-encarcelados-durante-el-franquismo-lo-fueron-por-orden-de-carrillo


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