Una década implicados con la memoria histórica

noviembre 17, 2013

A falta de una ley como la navarra, el Gobierno Vasco lleva diez años impulsando proyectos en defensa de las víctimas de Franco, como la excavación de fosas

RAquel Ugarriza – Sábado, 16 de Noviembre

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo.

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo. (FOTOS: ARANZADI-ASOCIACIÓN MONTELLANO)

Bilbao. La aprobación el pasado jueves por el Parlamento navarro de la primera ley de ámbito autonómico para la reparación de las víctimas del franquismo pone el foco en las actuaciones que se están realizando en otros lugares de la península. En concreto, son la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Andalucía y Asturias los territorios que mejores frutos han dado en la recuperación de la memoria histórica. Especialmente relevante es el trabajo realizado desde Euskadi, cuya administración es la única que actúa como agente activo en los proyectos concretos de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, en concreto en la excavación de fosas, acción que logró una mención en el informe que realizó el pasado septiembre el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas.

La Administración vasca lleva una década empeñada en recuperar la memoria histórica y el derecho a la verdad y justicia, aunque en vez de dar rango legislativo a la materia ha actuado en base a sucesivos decretos, planes y convenios de colaboración, que hacen que en la práctica la CAV lleve tiempo trabajando en objetivo que se propone la recién aprobada ley navarra, como es la recuperación de restos de las personas desaparecidas, la señalización y protección de los lugares de enterramiento o la retirada de las menciones y símbolos franquistas.

En concreto, el año 2002 marcó un antes y un después en el compromiso de Euskadi por sacar a la luz algunos de los peores fantasmas del franquismo. El 10 de diciembre de aquel año, el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, realizó una declaración con motivo de la conmemoración del Día los Derechos Humanos que expresaba el compromiso explícito del Gobierno Vasco en materia de memoria histórica. En años anteriores se habían mantenido distintas colaboraciones con asociaciones, pero fue aquella ocasión la que dio pie a un compromiso traducido en iniciativas concretas y en el apoyo real del Ejecutivo en esta materia. Ese mismo año, se aprobó un decreto por el que se compensaba económicamente a las personas que engrosaron las cárceles franquistas por razones políticas, a las que se sumaron a partir de 2006 los que fueron obligados a participar en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

Poderes públicos Desde el año 2003 el Gobierno Vasco investiga la identidad y la ubicación de las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil. Fruto de esta labor, realizada con la intervención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han elaborado, entre otros, informes técnicos sobre lugares en los que existen fosas comunes, algunas de las cuales han sido exhumadas.

La colaboración, formalizada a través de un convenio anual con Aranzadi desde el año 2005, vuelve a tener presencia en el proyecto de los Presupuestos de 2014. La labor del Gobierno no se limita a este proyecto. Y es que apoya distintas iniciativas a través ayudas directas y convocatorias abiertas, cuantías que en 2013 se elevaron a 196.000 euros.

En opinión del Gobierno vasco, la recuperación de la memoria histórica, y el derecho a la verdad y a la justicia “trasciende al ámbito privado”, por lo que considera “necesaria una actuación e implicación de los poderes públicos”, afirma a DEIA Monika Hernando, la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco. Este no solo impulsa la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de las víctimas asesinadas y desaparecidas, proyectos en los que ha marcado el camino al resto de comunidades autónomas, sino que contacta con las familias, a las que envía una carta personalizada con un dossier con toda la información recopilada. Ejemplo de este compromiso es el homenaje celebrado el pasado mes de abril por el Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi a los doce gudaris exhumados en la localidad alavesa de Zigoitia, acto en el que estuvieron presentes el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y la propia Monika Hernando.

“Obligación del estado” La directora de Víctimas añade que esta implicación directa de la Administración vasca fue valorada en el informe preliminar hecho publico el pasado mes de septiembre por el grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Dicho grupo destacó la información detallada que había recibido sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en Euskadi, así como de las leyes y protocolos adoptados por la Administración vasca. En contraposición con estas valoraciones, el grupo de trabajo de la ONU criticó al Estado español por seguir ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia pese a contar con una Ley de Memoria Histórica desde 2007. El informe puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”.

Para Hernando, en Euskadi se están haciendo las cosas “en la buena dirección” pese a carecer de una ley específica. “Es fantástico que se haya aprobado la ley navarra, pero en la práctica estamos aplicando mucho de lo que contiene esa norma, que por otra parte habrá que desarrollar”. Según la directora de Víctimas y Derechos Humanos, el Gobierno vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley similar a la aprobada por el Parlamento de Nafarroa.

Símbolos franquistas Durante el Gobierno socialista de Patxi López también se adoptaron algunas medidas como la elaboración en 2011 del catálogo de vestigios y símbolos franquistas en las diferentes localidades vascas y la aprobación al final de su mandato, en 2012, del dictamen para la retirada de los símbolos franquistas. Esta labor, que debe ser realizada por cada ayuntamiento, no se activó durante el Ejecutivo socialista y es ahora cuando el Gobierno de Iñigo Urkullu está hablando con Eudel para analizar las actuaciones a realizar en cada localidad.

Pero no hay que dormirse en los laureles. Monika Hernando considera que aún quedan muchas cosas por hacer, como seguir con las exhumaciones y la señalización de las fosas, continuar con la recogida de testimonios “porque el tiempo corre en contra”, apoyar las investigaciones que se siguen abordando, y asegurar que todas estas informaciones queden debidamente archivadas para su preservación y conocimiento público, posiblemente en el futuro Instituto de la Memoria. Asimismo, el Gobierno vasco estará atento al recorrido que pueda tener la investigación abierta por la justicia argentina contra el régimen franquista.

las claves

· Compromiso activo. Desde 2002 Euskadi ha impulsado iniciativas concretas para la recuperación de la memoria histórica, mediante diversos decretos, planes y convenios. Se trata de la única administración con una implicación activa en estas labores.

· Reconocimiento. El grupo trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas valoró esta implicación. Por el contrario, criticó la inacción del Gobierno español.

· Fosas. Uno de los proyectos más relevantes es el que realiza con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la excavación de fosas de fusilados y desaparecidos en el franquismo.

Monika Hernando afirma que el Ejecutivo vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley específica

http://www.noticiasdealava.com/2013/11/16/politica/una-decada-implicados-con-la-memoria-historica


Navarra se compromete por ley a pagar la apertura de fosas del franquismo…

noviembre 16, 2013

El Parlamento aprueba una norma que corrige las deficiencias de la ley de memoria histórica…

El partido en el Gobierno, UPN, se abstiene y el PP vota en contra..

La comunidad creará un banco de ADN para identificar a los desaparecidos…

Madrid 14 NOV 2013

Exhumación en 2007 en el fuerte navarro de San Cristóbal, donde 221 presos republicanos fueron abatidos a tiros al intentar una fuga. Dentro de la botella, un papel recogía el nombre de la víctima. / Aranzadi

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con la abstención del partido en el Gobierno (UPN), y el único voto en contra del PP, una ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo que corrige las deficiencias de la ley estatal de Memoria Histórica tantas veces denunciadas por los represaliados. Unas 200 personas, entre ellas muchos familiares de desaparecidos, han seguido el debate y la votación desde la tribuna de invitados del Parlamento y en una sala contigua con una pantalla. Mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reducido a cero la partida para la apertura de fosas y derogado de facto la ley aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma aprobada hoy en Navarra compromete al Gobierno autonómico a asumir en su totalidad el coste de las exhumaciones de fusilados que se soliciten a partir de ahora. De momento, ya tienen 40 solicitudes.

El Gobierno navarro financiará la apertura de las fosas de la Guerra Civil en su territorio y también las que se encuentren fuera de la comunidad siempre que un familiar navarro lo solicite. “No se ha hecho una estimación del gasto que puede suponer, porque sabemos que en Navarra hay cerca de 1.000 desaparecidos, pero desconocemos cuántos familiares quieren recuperar los restos. En cualquier caso, no sería un gasto desorbitado, es una cuestión más de voluntad política, porque además, podemos se puede hacer convenios con las universidades navarras para reducir al máximo el coste”, explica Ioseba Eceolaza, de Batzarre y portavoz de la asociación de familiares de fusilados.

La ley aprobada este jueves en Navarra obliga al Gobierno autonómico a “dar apoyo económico, técnico y acompañamiento psicológico” a los familiares de los desaparecidos durante todo el proceso, también en la fase de investigación y localización de fosas, y a crear un banco de ADN, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, en el que se conserven muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones de forma que cualquier familiar de desaparecido pueda acudir a él para cotejar su perfil genético. Esas pruebas de cotejo deben realizarse, según establece la ley aprobada hoy, en un plazo máximo de tres meses después de la solicitud. 

Además, se habilitará un espacio en el cementerio de Pamplona para inhumar los restos de los fusilados recuperados de fosas comunes que no haya reclamado ningún familiar. Para este fin ya se ha aprobado una partida presupuestaria de 35.000 euros y en unas dos semanas se convocará un concurso público para la construcción de este espacio, que contará con una placa que explique “los hechos acaecidos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo”.

La ley también obliga a las Administraciones públicas de Navarra a “revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista” en el plazo de un año. Por ejemplo, para comprobar que ningún cargo franquista tiene calles o colegios a su nombre o es hijo predilecto de algún Ayuntamiento. Paralelamente, el Gobierno navarro elaborará un censo de vestigios para retirar todos los “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”, algo que ya preveía la ley estatal de memoria histórica de 2007 pero que nunca ha terminado de ejecutarse.

Nulidad de los juicios sumarísimos y revisión de textos escolares

El Gobierno de Navarra se compromete por la ley aprobada este viernes a solicitar al Estado central “la nulidad de todos los juicios a ciudadanos navarros realizados por tribunales militares o civiles por causa de motivos políticos vinculados a la República, la Guerra Civil o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la Transición, incluyendo la anulación de las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la masonería y el comunismo y Tribunal de Orden Público”. El Gobierno navarro no tiene competencias para anular esos juicios, por eso solicitará al Ejecutivo central que dé ese paso más en la ley de memoria histórica de 2007, que declaró ilegítimos los tribunales franquistas, pero no se atrevió a anular las condenas.

La ley obliga al Gobierno navarro a que el departamento competente en materia de educación para a “revisar los textos escolares con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo”.

“Buenos y malos”

Durante el debate de la ley, Javier Caballero, de UPN, ha explicado que su partido había decidido abstenerse por considerar que la norma “sigue hablando de buenos y malos”, “algo que todos debemos superar”, ha añadido, tras insistir en que UPN siente “una especial empatía” por los familiares de las víctimas. 

El PP ha sido el único partido en votar en contra. “Votamos en contra no porque no tengamos la humanidad necesaria”, ha asegurado Eloy Villanueva, “si no porque no vamos a caer en la trampa que plantean de hacer bandera de algo que debería ser motivo de reconciliación y comprensión mutua”. Para Villanueva quienes impulsaban la ley perseguían en realidad “un interés partidista”.

El portavoz del PSOE en Navarra, Roberto Jiménez, ha asegurado que la recuperación de la memoria histórica “siempre ha sido una prioridad” para los socialistas. Jiménez ha defendido el “espíritu de reconciliación” de la Transición y el especial “esfuerzo y generosidad de los partidos de izquierdas”, pero ha admitido que la ley de memoria aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era “una tarea inacabada” que además, se había visto “interrumpida” por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Jiménez ha defendido la necesidad no solo de declarar, como ya hacía la ley estatal, la ilegitimidad de los tribunales franquistas sino de anular también las sentencias que impusieron y ha insistido en que el dinero necesario para reparar a las víctimas del franquismo es una cuantía “asumible y de justicia”.

Desde Bildu, Víctor Rubio ha defendido que esta ley “tiene más vigencia que nunca” porque en muchos hogares navarros “sigue supurando la herida” abierta en la Guerra Civil y la dictadura. “Esta ley, de 18 artículos, está cargada de memoria, de verdad, de reparación y de cariño a las víctimas. ¿Tan difícil es votar a favor de eso?”, ha preguntado dirigiéndose a la bancada del PP.

Por Aralar-NaBai, Xabi Lasa ha recordado “la desgarradora realidad de las cunetas” en las que siguen enterrados centenares de fusilados y ha lamentado que la norma no incluyera a algunos colectivos, como las mujeres a las que los falangistas raparon la cabeza o obligaron a tomar aceite de ricino.

Txema Mauleón, de Izquierda-Ezkerra, ha asegurado que la ley, que llegaba “35 años tarde”, iba a ser “un elemento fundamental para la reconciliación” porque “llena un vacío de justicia y rectificar años de olvido y pasividad institucional”. 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/14/actualidad/1384435414_019665.html


La Junta se queja del rechazo de los jueces a investigar las fosas comunes

noviembre 16, 2013

Hallados en Íllora restos de dos mujeres asesinadas en la Guerra Civil

  Granada 12 NOV 2013
 
Arqueólogos en la exhumación de una fosa en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. / javier barbancho

Arqueólogos en la exhumación de una fosa en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. / javier barbancho

 

Los intentos de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta por localizar fosas con víctimas represaliadas de la Guerra Civil y el franquismo no están encontrando respuesta en los jueces para investigar esas muertes. La Junta ha comunicado a los juzgados en los últimos meses evidencias de asesinatos que ha descubierto en distintos lugares, como el barranco de Víznar —donde se hallaron restos óseos y armas de fuego en cinco fosas—, Órgiva o Íllora, en la provincia de Granada. Pero en todos los casos los jueces han eludido abrir una investigación para identificar a las posibles víctimas y esclarecer lo ocurrido, según ha denunciado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

“Están siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, basada en la ley de Amnistía, de que esos posibles delitos están prescritos, pero nosotros lo que pedimos a los jueces es que asuman la jurisprudencia internacional, que dice que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir”, explicó.

Un 33% más para la memoria histórica

La recuperación de la memoria histórica contará con 835.000 euros para 2014, según refleja la ley de Presupuestos andaluza. Es la dotación económica que ha recibido la Dirección General de Memoria Democrática para el próximo ejercicio, que representa un 33% más que los 627.000 euros de este año, frente al recorte general de las cuentas andaluzas.

Con ello la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que depende, gestionada por Izquierda Unida, consolida su apuesta por seguir impulsando el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, una labor en la que Andalucía prácticamente se ha quedado sola tras la falta de aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 por el actual gobierno del Partido Popular, que “ha cerrado el grifo de las subvenciones”, ha recordado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

Uno de los objetivos de la consejería para 2014 pasa por aprobar la ley andaluza de Memoria Democrática y su desarrollo normativo. Y también por continuar con la localización de fosas comunes. Para ello, Memoria Democrática ha fijado como actuaciones prioritarias la zona de Víznar-Alfacar, Órgiva e Íllora, en Granada; el cementerio de San José de Cádiz; Ronda y Cañete la Real, en Málaga, y Camas, en Sevilla, intervenciones que ya ha iniciado este año.

Otra de las metas para el próximo ejercicio es la eliminación de los símbolos franquistas, para lo cual Memoria Democrática pretende firmar convenios con Ayuntamientos, así como desarrollar lugares e itinerarios de la memoria debidamente señalizados a través de acuerdos con las áreas de turismo y medio ambiente.

También está prevista la creación de un mapa de lugares de la memoria en la web de la Consejería de Administración y Relaciones Institucionales y la elaboración de materiales didácticos sobre memoria histórica para los centros de educación secundaria y bachillerato, entre otras líneas de actuación. Además, dentro de los planes de la consejería está construir monumentos en “lugares de especial relevancia”.

Esta actuación de los jueces es común en toda España, pero hay juristas que cuestionen la aplicación de la ley de Amnistía. Además, recientemente, Naciones Unidas pidió que se investigasen judicialmente los casos de desaparecidos del franquismo y que se dejase sin efecto la interpretación de la ley de Amnistía en la que se amparan para no ir a las fosas.

El último hallazgo se produjo hace unos días junto al cementerio de Tocón, un anejo de Íllora. Allí se han encontrado restos de dos mujeres, una de unos 22 años de edad, y la otra de unos 40, con signos “evidentes” de haber sido “torturadas y asesinadas” al inicio de la Guerra Civil, en septiembre de 1936, según el arqueólogo que ha dirigido los trabajos, Juan Luis Castro.

A falta de ser identificadas mediante pruebas de ADN, los investigadores creen conocer el nombre de una de ellas, la más joven, Antonia Márquez, gracias a testimonios de familiares y lugareños, e incluso reconstruir lo que le ocurrió. La chica tenía un novio republicano y los falangistas encontraron en casa de ella una maleta del novio con propaganda. “La sacaron del domicilio, intentaron abusar de ella, se resistió y mordió a uno de ellos, y recibió un fuerte golpe con la culata del arma en la boca”, explica el arqueólogo. El cráneo de la joven presenta la mandíbula destrozada, según las fotos mostradas por la Junta en rueda de prensa. La otra mujer tiene el cráneo partido “probablemente por un disparo en la nuca”, según Castro.

Las dos mujeres, procedentes de Montefrío, una localidad cercana, fueron enterradas por un familiar de la más joven, lo que ha facilitado la investigación de los restos frente a otras fosas en las que los cuerpos son arrojados.

Los arqueólogos hallaron también en el cuello de una de ellas lo que parece ser un alambre con el que “pudo ser arrastrada y torturada”, estima José Luis Castro. Los investigadores avisaron el pasado domingo a la Guardia Civil de Montefrío, que se personó en el lugar y dio cuenta al juzgado de Loja para reclamar la presencia de la Policía Judicial, “pero el juez no la envió”, se queja Luis Naranjo, “pese a las evidencias de que hubo muertes violentas”. Naranjo ha subrayado, no obstante, que la Administración autonómica continuará con su labor de “recuperación de la memoria y reparación de las víctimas”.

Los equipos de investigación están consiguiendo, al menos, que las policías locales de los municipios donde encuentran los restos levanten atestados para que “las pruebas halladas sean válidas” a la espera de que, en el futuro, “cambie la tendencia judicial y se puedan investigar estos hechos”.

Aunque sin la intervención de los jueces “resulta difícil proteger los hallazgos”, como ocurrió en Órgiva, donde las obras del nuevo cementerio han podido dañar unas posibles fosas comunes junto al lugar donde se han encontrado restos óseos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/12/andalucia/1384284990_134559.html


Un historiador localiza 43 enterramientos de fusilados en un cementerio a punto de ser desmantelado

octubre 16, 2013

El historiador José Luis Gutiérrez ha adelantado estos datos a todos los grupos del Ayuntamiento de Cádiz ante la inminente clausura. La Dirección General de Memoria Democrática se compromete a la realización de catas científicas para poder proceder, en su caso, a las exhumaciones…

Olivia Carballar / Sevilla / 10 oct 2013

Certificado de defunción de Carmen Mora.Certificado de defunción de Carmen Mora.

Oficio: su casa. Filiación: Juventudes Socialistas Unificadas. Fecha del consejo de guerra: 3 de abril de 1937. Fecha de su asesinato: 19 de abril de 1937. Fecha de su enterramiento: 20 de abril de 1937. Sepultura: 58, fila 1 patio 5, línea San Lucas. Tenía sólo 22 años. Era hija del alcalde socialista de Tarifa (Cádiz) Amador Mora Rojas, muerto durante la guerra en zona republicana. Su madre y un hermano también fueron asesinados. Se llamaba Carmen Mora. Fue condenada a muerte como autora de un delito de rebelión militar tras asistir uniformada como miembro de las milicias de Juventudes Socialistas Unificadas al mitin que se celebró en Cádiz con la presencia de Largo Caballero por la UGT y Vicente Ballester por la CNT, un acto de demostración de fuerza de la unidad obrera. Su proceso duró 24 días. O lo que es lo mismo: en 24 días se llevaron su vida por delante.

Ella y 42 hombres más están en el cementerio municipal de San José, en Cádiz, según reza en los certificados de enterramiento localizados por el historiador José Luis Gutiérrez. ”Certifico que el cadáver (…) está enterrado en un féretro de madera de pino forrado de paño habiendo ocurrido la defunción a consecuencia de la enfermedad pasado por las armas“, se puede leer en la mayoría de los casos. Son nuevos nombres de desaparecidos de la guerra civil que dejan patente una vez más la importancia de las investigaciones locales para evitar que la historia muera enterrada o destruida por excavadoras en un cementerio. Gutiérrez ha adelantado estos datos de su estudio, que prevé finalizar antes de que acabe el año, a todos los grupos del Ayuntamiento de Cádiz ante el inminente cierre del cementerio municipal. De momento, sólo ha recibido un acuse de recibo de IU.

Según fuentes del consistorio gaditano, que ha llegado a un acuerdo con la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, pondrán todos los medios disponibles para que se puedan realizar las exhumaciones. “Ahora mismo estamos en la fase previa, en la delimitación de fosas y en la realización de catas científicas para verificar la existencia de restos de fusilados. A partir de ahí, pasaríamos a las exhumaciones”, explica el director de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

La investigación de José Luis Gutiérrez, encargada por el Grupo de Trabajo Recuperación de la Memoria Histórica y Social de Andalucía de la CGT y financiada por la Junta, investiga la puesta en marcha de la justicia militar franquista a partir de marzo de 1937: el procedimiento sumarísimo de urgencia, una especie de simulacro de justicia que sustituía a las aplicaciones de los bandos de guerra y que disfrazaba de una supuesta legalidad los fusilamientos. “Llega la denuncia, no se admite ningún recurso, se abre una indagatoria en la que se le pregunta al acusado por sus antecedentes, qué hacía el 18 de julio, qué cargos ocupaba… Luego se piden los informes a la Guardia Civil, Falange, ayuntamientos, juzgado municipal… Se toma declaración a los testigos de cargo y el acusado puede dar tres nombres de testigos de descargo. El juez ordena al ayuntamiento que advierta en un edicto a los vecinos de que tienen la obligación de comparecer ante el instructor y decir lo que sepan. El juez realiza un auto y el último que decide es el general jefe, en este caso Queipo de Llano”, resume Gutiérrez.

Sentencia

Y todo este paripé sostenido por personas con formación jurídica, jueces que incluso luego ocuparon puestos de relevancia en la demoracia. Felipe Rodríguez Franco, por ejemplo, es el ponente de la sentencia de uno de los 43 fusilados en Cádiz, en concreto de Juan Antonio García Rodríguez, albañil de la CNT. “Rodríguez Franco, con solo veintitantos años, ya era teniente fiscal de la Audiencia de Cádiz en 1936. Y en 1978 se convirtió en el primer fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Que un juez que firma sentencias de muerte, miembro de los consejos de guerra franquistas, siguiera en la Audiencia Nacional es un ejemplo de cómo fue la transición”, reflexiona el historiador.

En la provincia de Cádiz existían dos consejos de guerra. Desde que comenzaron sus actuaciones se celebraron, según la investigación de Gutiérrez, un mínimo de 456 vistas en las que comparecieron 1.303 detenidos. “De la instrucción de los expedientes, de la fiscalía, la defensa y la redacción, como ponentes, de las sentencias se encargaron al menos 22 abogados, jueces de instrucción, fiscales y magistrados de la Audiencia Provincial habilitados como miembros “honorarios” de la milicia golpista. El tribunal lo compusieron militares encabezados por quienes ocuparon la presidencia del Consejo de Guerra Permanente”, añade.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/23713/ (A través del Foro por la Memoria)


PP y PSOE impiden el derribo de una cruz franquista en Vigo

septiembre 15, 2013

El PSOE ha reconocido un pacto con el Obispado que incluía el mantenimiento de la cruz

La cruz del monte vigués de O Castro / LALO R. VILLAR

El BNG se ha quedado soloen su pretensión de demoler la gran cruz del monte vigués de O Castro. El rechazo del PP y la abstención del PSOE han impedido que prosperase en el pleno municipal una moción nacionalista que instaba al Gobierno local a derribar la denominada Cruz de los Caídos, inaugurada por Franco en 1961. Socialistas y populares se han referido a una acuerdo del Ayuntamiento de 1981 en el que se decidió que el monumento representara a todos los caídos en la guerra civil para justificar su rechazo a la iniciativa.

La moción, defendida por la portavoz del BNG, Iolanda Veloso, instaba al gobierno local a eliminar de la ladera del monte de O Castro, enfrente mismo del Ayuntamiento, un símbolo que “no es un monumento religioso ni un homenaje a todos los caídos, sino un emblema fascista”. El BNG pretendía cumplir así la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El concejal del PSOE Carlos López Font ha reivindicado que los socialistas “siempre han estado preocupados por la memoria histórica”, y ha repasado las actuaciones del gobierno local para dar cumplimiento a la citada ley, como la retirada de símbolos de fachadas de edificios institucionales o religiosos. Sin embargo, ha apuntado que “la fijación puede convertir en un símbolo lo que no lo es”, en alusión al acuerdo de 1981. “Hoy, la cruz de O Castro es solo eso, una cruz”, ha sentenciado. En su intervención, Font ha reconocido implícitamente un pacto con el Obispado que incluía el mantenimiento de la cruz en el céntrico monte vigués, en contrapartida por la retirada de los símbolos falangistas de las iglesias. El concejal del PP Roberto Relova, mientras, se ha limitado a precisar que el grupo popular declara “un apoyo total” al acuerdo municipal de 1981.

Veloso ha replicado a PP y PSOE que el acuerdo de junio de 1981 fue un intento de “reescribir la historia”. “Tirar la cruz de O Castro es una cuestión de justicia”, ha reclamado, para lamentar que en Vigo persistan “vestigios” de la dictadura cinco años después de que se promulgara la Ley de Memoria Histórica.

La moción rechazada incluía la eliminación de distintas referencias franquistas del callejero de Vigo y su sustitución por nombres de “personas republicanas luchadoras”. Reclamaba asimismo la colocación de un panel de advertencia próximo a los restos del capitán Carrero, quien en agosto de 1936 mandó el pelotón de ejecución que acabó con la vida del alcalde de Vigo, Emilio Martínez Garrido, y de otros siete socialistas y republicanos, que indique “que fue un criminal fascista”. Otro de los puntos de la iniciativa, que el BNG ha rechazado votar por separado, como le solicitaba el PSOE, consistía en adherirse al proceso judicial en Argentina contra los delitos de genocidios cometidos por la dictadura franquista.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/09/galicia/1378749871_316642.html


Cuelgan un cartel de ‘Avinguda de la República’ frente a los juzgados de Palma

abril 21, 2013

Grupos de memoria histórica reclaman que se cambie el nombre de la vía,  Avenida de Alemania, por ser un país que apoyó a Franco.

EUROPA PRESSPalma de Mallorca12/04/2013

Cartel colgado en la avenida Alemania de Palma de Mallorca, a la altura de los Juzgados.

Cartel colgado en la avenida Alemania de Palma de Mallorca, a la altura de los Juzgados.E.P.

Representantes de la Asociació Memòria de Mallorca (MdM) y la Unitat Cívica per la República (UCXR) han colgado este viernes una placa en la avenida Alemania de Palma, a la altura de los Juzgados, en la que puede leerse “Avinguda de la República” como forma de reclamar que se elimine de la vía el nombre de Alemania, “uno de los países fascistas a los que Franco apoyó durante la Segunda Guerra Mundial”.

La presidenta de MdM, Antònia Oliver, ha recordado que el 12 de abril de 1931 los ciudadanos de Mallorca participaron en unas elecciones municipales que supusieron, dos días después, la proclamación de la II República “de manera democrática y pacífica”, por lo que el próximo domingo, 14 de abril, conmemorarán ese día.

“Más que conmemorar reivindicamos la forma de gobierno de la república“, ha concretado Oliver, que ha anunciado que el próximo domingo su asociación, junto a UCXR, ha programado un acto a las 12.00 horas en la plaza de Cort, donde leerán un manifiesto, al que se han suscrito partidos políticos y entidades sociales, y realizarán conciertos.

 http://www.publico.es/453556

Nacional MDM Y UCXR REIVINDICARÁN LA REPÚBLICA EL PRÓXIMO DOMINGO EN CORT AMP.- Cuelgan un cartel de “Avinguda de la República” en la Avenida Alemania de Palma a la altura de los Juzgados

Foto: EUROPA PRESS PALMA DE MALLORCA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Associació Memòria de Mallorca (MdM) y la Unitat Cívica per la República (UCXR) han colgado este viernes una placa en la avenida Alemania de Palma, a la altura de los Juzgados, en la que puede leerse “Avinguda de la República” para reclamar que se elimine de la vía el nombre de Alemania, “uno de los países fascistas a los que Franco apoyó durante la Segunda Guerra Mundial”.

   La presidenta de MdM, Antònia Oliver, ha recordado que el 12 de abril de 1931 los ciudadanos de Mallorca participaron en unas elecciones municipales que supusieron, dos días después, la proclamación de la II República “de manera democrática y pacífica”, por lo que el próximo domingo, 14 de abril, conmemorarán ese día.

   “Más que conmemorar reivindicamos la forma de gobierno de la república”, ha concretado Oliver, que ha anunciado que el próximo domingo su asociación, junto a UCXR, ha programado un acto a las 12.00 horas en la plaza de Cort, donde leerán un manifiesto, al que se han suscrito partidos políticos y entidades sociales, y realizarán conciertos.

   En opinión de estas asociaciones la legalidad republicana sigue vigente, puesto que durante el pacto de la Constitución se legalizaron partidos políticos y la República, “que era legal, no se legalizó”.

   “La República fue asesinada y no fue derrocada por las urnas, sino con la fuerza de las armas”, ha criticado Oliver, que ha apuntado que estas asociaciones de Mallorca, y otras, reivindican los valores que ésta representaba, están en contra de todas las dictaduras que repriman a sus ciudadanos y apoyan a las víctimas del franquismo.

   La presidenta de MdM ha indicado que el motivo por el que han congregado a los medios frente a los Juzgados de Vía Alemania es que fueron estos Tribunales los que “negaron la exhumación de una fosa común en Calvià” y debido a que “aquí tendría que venir a declarar cualquier persona que presente indicios de haber podido cometer un delito”.

   En ese sentido, Oliver ha celebrado la imputación de la infanta Cristina y se ha mostrado sorprendida por el “hecho insólito” de que el fiscal se haya opuesto a esta imputación, ya que le “hace pensar que la justicia no es igual para todos” y se mantienen “los impuestos franquistas”.

   La presidenta de MdM ha señalado que, haciéndose eco de las peticiones de sus asociados, rechaza la monarquía borbónica, “que surgió directamente de la dictadura” y que a su parecer “ha potenciado que las estructuras de poder dictatoriales pasaran después a la democracia”.

   “En la actualidad nos encontramos con que, si ya fueron impunes los crímenes contra la humanidad franquistas, también lo es la corrupción, que está saliendo por todo porque se ha asentado durante los últimos treinta años”, ha manifestado Oliver.

   Por último, la presidenta de la Associació Memòria de Mallorca ha destacado que el próximo domingo no solo se abogará por “el recuerdo nostálgico de la República y por el homenaje a las victimas, sino que reclamarán justicia”.


El PP propone completar el texto del Mur de la Memòria del cementerio

marzo 23, 2013

El gobierno municipal de Cort intenta llegar a un acuerdo con la oposición

A. Mateos | Palma | 20/03/2013

El grupo municipal del PP propondrá al PSOE y a Més per Palma consensuar un texto que complemente el Mur de la Memòria que se instaló la pasada legislatura en el cementerio, en honor a las víctimas de la Guerra Civil.

El teniente de alcalde de Cultura, Fernando Gilet, explica que han desistido de la idea inicial de realizar un nuevo Mur de la Memòria consensuado ante las críticas que han recibido por parte de la oposición y de Memòria de Mallorca. Además, tras publicar este periódico las intenciones del gobierno municipal, familiares de las víctimas pidieron que se quitasen sus nombres si no estaban los textos de Llorenç y Margalida Capellà.

Gilet argumenta que el objetivo del gobierno de Mateo Isern es alcanzar un acuerdo en este asunto y asegura que harán todo lo posible para lograrlo. Por ello, sostiene que no tienen ninguna idea preconcebida del texto que se debe añadir al ya existente de Llorenç Capellà; texto hacia el que expresa su respeto. No obstante, recuerda que el gobierno de Aina Calvo decidió poner el Mur de la Memòria en el cementerio de Palma sin haberlo consensuado con el PP, que entonces estaba en la oposición y tenía más votos que el equipo de gobierno.

Gilet considera necesario que haya un lugar para recordar a las víctimas de la Guerra Civil, pero entiende que es necesario que esté consensuado entre todas las fuerzas políticas y que sea aprobado por el pleno del Ajuntament de Palma. Además, añade que se intentará consensuar con la sociedad civil y con asociaciones como Memòria de Mallorca.

El titular de Cultura reitera que el objetivo del gobierno municipal es que el Mur de la Memòria se pueda incluir en el recorrido institucional que realizan las autoridades por el cementerio de Palma el día de Tots Sants. Como se recordará, el año pasado el alcalde se negó a ir cuando una ciudadana se lo pidió.

PALMA. CEMENTERIOS.  MUR DE LA MEMORIA  HISTORICA EN EL CEMENTERIO DE PALMA.¶

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/propone-completar-texto-del-mur-memoria-del-cementerio.html


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