LA CAUSA DE GARZÓN CONTRA EL FRANQUISMO LLEGA A ESTRASBURGO

octubre 19, 2012

Valerico Canales Jorge, padre de Fausto. Foto cedida a La M V por Fausto.

Presentada en el TEDH la denuncia por un caso de desaparición forzada durante la dictadura. Se trata del siguiente paso tras la investigación de Garzón frustrada por el Supremo.

Público.es / PATRICIA CAMPELO / 16-10-2012

Cuando en febrero de este año el Tribunal Supremo cerró la puerta a la investigación penal de los crímenes franquistas en España, abrió al mismo tiempo una ventana. Con la sentencia que absolvió al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de un caso de prevaricación por tratar de investigar los casos de desapariciones forzadas durante la dictadura, el Alto Tribunal fulminó cualquier posibilidad de recabar justicia en los tribunales españoles. Se daba, de este modo, el último paso de un itinerario obligado antes de llamar a las puertas de Europa. Ahora, una de las víctimas que formaba parte del sumario de Garzón acaba de demandar al estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Fausto Canales Bermejo, hijo de un desaparecido en Pajares de Adaja (Ávila) el 20 de agosto de 1936, ha interpuesto la denuncia ante el TEDH “por la falta de investigación en la desaparición forzada de su padre”, según informa Right International Spain (RIS), el colectivo que integra al equipo de juristas que representa a Canales en este proceso.

El escenario en el que llega esta demanda es bien distinto al que existía cuando otras víctimas interpusieron, sin éxito, denuncias similares ante el tribunal europeo. “Se trata de la primera demanda que se presenta después de la sentencia del Supremo de 27 de febrero por la cual Garzón queda absuelto de un delito de prevaricación y, al mismo tiempo, se anula cualquier posibilidad de realizar una investigación judicial en este sentido”, aclara Lydia Vicente, jurista miembro de RIS. Agotada la vía penal en los tribunales españoles, el siguiente y último paso tiene que darse en Estrasburgo. En caso de que el tribunal europeo no admitiese a trámite la demanda y no entrase en el fondo de la cuestión “desaparecerá toda posibilidad de poner fin a las violaciones de derechos y a la obtención de reparación para el demandante”, señala RIS.

Agotada la vía penal en España, el siguiente y último paso tiene que darse en Estrasburgo

Pero la formulación de la demanda, en forma y plazo según los requisitos del TEDH, otorga esperanzas al hijo de Valerico Canales.

La víctima fue sacada a la fuerza de su casa a las dos de la madrugada por un grupo de falangistas y sus restos, según sospecha la familia, podrían estar en la caja 198 de la cripta del Valle de los Caídos. Su hijo Fausto no ha cejado nunca en la búsqueda de la verdad sobre el paradero de su padre y circunstancias de la desaparición. En diciembre de 2007, presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional con la esperanza, al igual que otras víctimas, de “que se aplicaran los mismos principios de derecho internacional utilizados con anterioridad para investigar crímenes y reparar víctimas de otras dictaduras, como la argentina o la chilena”.

Fuente: http://www.publico.es/espana/443938/la-causa-de-garzon-contra-el-franquismo-llega-a-estrasburgo

Nota de La Memoria Viva: en nuestras páginas encontrareís bastante información sobre Fausto y lo ocurrido a su padre Valerico: http://lamemoriaviva.wordpress.com/2008/12/04/fausto-canales-la-dignidad-reflejada-en-un-hombre-sencillo/#comments

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/02/04/vivencias-y-actividad-relacionadas-con-la-desaparicion-forzada-de-mi-padre-valerico-canales-jorge/


Garzón: “No se puede construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres”

septiembre 30, 2012

El exjuez de la Audiencia Nacional ha reclamado la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes del franquismo en un multitudinario acto en Madrid en el que participaron los líderes sindicales, el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, la actriz Pilar Bardem y la abogada laborista Cristina Almeida.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/09/2012

Baltasar Garzón acompañado de Cristina Almeida, izquierda, y Cándido Méndez y Toxo, a la derecha.

Baltasar Garzón acompañado de Cristina Almeida, izquierda, y Cándido Méndez y Toxo, a la derecha.EFE

Verdad, justicia y reparación. Este es el mensaje que el exjuez de la Audiencia Nacional, acompañado de los líderes sindicales y diversas personalidades de la justicia y la cultura, ha repetido hasta la saciedad en un acto organizado por la plataforma Solidarios con Garzón en el que han instado al Gobierno y a los parlamentarios a crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes del franquismo y repare, “de manera integral”, a sus víctimas.

“El acto de hoy es una reivindicación de las víctimas del franquismo y también una manifestación de que no están siendo atendidas en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Pedimos la creación de una Comisión por la Verdad. La investigación de los crímenes es algo que no debería preocupar a nadie tras 35 años de democracia. Sin embargo, hay una parte del espectro político español que de una forma absurda y negacionista se empeña en no reconocer los hechos del pasado y en no reconocer algo que nos reconciliaría a todos”, ha aseverado el exjuez durante el acto.

El juez, aclamado en todo momento por los centenares de asistentes al acto, ha instado a los asistentes a “no rendirse” y a no poner “punto y final” en su lucha. “Si en Argentina no lo hicieron, nosotros tampoco debemos de cejar en la lucha”, ha añadido Garzón, quien ha señalado que siente “vergüenza” porque no haya una “reparación” para las víctimas del franquismo después de 75 años, 35 de ellos en democracia. “En el único sitio donde se ha permitido hablar a las víctimas fue en el juicio contra mí. Y ese momento fue el único instante de dignidad del juicio”, ha señalado.

Nuevas vías en Argentina y México

“Hay un espectro político que de una forma absurda se empeña en no reconocer los hechos del pasado”

El exjuez, apartado de la carrera judicial tras ser condenado por ordenar escuchas entre imputados y sus abogados de la trama Gürtel, ha asegurado que la vías judiciales para juzgar y condenar el franquismo no están muertas y que “hay muchas opciones, más allá de esta Comisión de la Verdad”. “Hay muchas demandas interpuestas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ONU y el Comité de Derechos Humanos también ha exigido a España que investigue esos crímenes y se anule la Ley de Amnistía de manera que los ciudadanos puedan saber qué es lo que ocurrió”, ha denunciado.

La opción más viable y que más rápido está avanzando es la querella que numerosas asociaciones de memoria histórica y víctimas del franquismo interpusieron en Argentina para que se investigue la dictadura española. Asimismo, las asociaciones de memoria también tratarán de iniciar un proceso judicial en México. A pesar de estas posibles soluciones, Garzón ha aseverado que le “gustaría” que se pudiera juzgar al franquismo en España “sin ningún tipo de confrontación ni discusión”. “Ya ha pasado suficiente tiempo. Los que están en el poder deberían asumir lo que está pasando”, ha afirmado.

Vergüenza

El exjuez de la Audiencia Nacional ha calificado de “vergonzoso” el hecho de que se tenga que organizar un acto como el de la mañana de este domingo para reclamar la creación de una Comisión de la Verdad ya que esta debería constituirse por “unanimidad en el Congreso y en el Senado”. “Deberían de darse cuenta [los políticos] y recapacitar. Hay una deuda enorme con todas las víctimas del franquismo”, ha añadido Garzón, quien se ha definido como “defensor de las víctimas” y ha advertido de que está dispuesto a continuar en este lucha “aquí y fuera, en los tribunales y fuera de ellos”. “En esta batalla todos tenemos que ganar. No se puedo construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres. Necesitamos respuestas y corresponde al Estado darlas”, ha concluido.

Sindicalistas en las fosas

A la petición de la Comisión de la Verdad y el homenaje a Baltasar Garzón por iniciar una investigar contra los crímenes del franquismo, también se han unido los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo en recuerdo de los “sindicalistas y trabajadores que fueron vilmente asesinados por el régimen de Franco por el simple hecho de estar afiliados a un sindicato de trabajadores”.

Una víctima al PSOE, UGT y CCOO: “Os hemos echado de menos mucho tiempo”

En este sentido, Cándido Méndez, líder de UGT, ha avisado a aquellos que creen que el problema de la dictadura acabará con la desaparición de los últimos represaliados que la “lucha por la justicia, la verdad y la reparación” no es “cosa de viejos” sino que continúa viva en las nuevas generaciones. “Los viejos sufrieron tal humillación que pueden permanecer en silencio, pero sus hijos, sus nietos y sus bisnietos no lo harán hasta que no se salde esta deuda que se mantiene con las víctimas”, ha advertido.

“Ley de memoria, insuficiente”

El momento más emotivo del acto lo protagonizó Francisca Maqueda, miembro de la asociación de memoria histórica y justicia de Sevilla y víctima de la dictadura de Franco. “Nadie nos va a parar en nuestra lucha. Avisamos, tenemos todo el tiempo del mundo. No somos sólo nosotros, son también nuestros hijos, nietos y bisnietos los que continuarán esta lucha. Y lucharemos siempre porque sabemos que tenemos razón”, ha exhortado.

Asimismo, Maqueda reprochado a los líderes sindicales y al PSOE el “escaso apoyo” que a su juicio han brindado a las asociaciones de memoria histórica y a las víctimas. “Lo digo con todo el respeto del mundo. Gracias por venir hoy aquí, pero PSOE, UGT y CCOO, os hemos echado de menos a lo largo de todo este tiempo”, ha recriminado Maqueda, quien ha criticado la Ley de memoria de 2006 por considerarla “insuficiente”.

El acto también ha contado con la participación de la actriz Pilar Bardem, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y la exdiputada y abogada laboralista Cristina Almedia, quien ha conducido el acto. Villarejo ha criticado que el Supremo se niegue a “anular” las sentencias de los Consejos de Guerra y ha denunciado que existen 2.311 fosas comunes en España en donde yacen miles de desaparecidos.

Por su parte, Cristina Almeida ha ejercido de presentadora y ha afirmado que mientras haya cadáveres enterrados en las cunetas, “siempre habrá heridas abiertas”, y ha animado a la gente a que se unan a la petición de la Comisión.

Garzón: “No se puede construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres” (enlace Público.es)


Claves para entender qué es la Justicia Transicional…

septiembre 23, 2012

Joana Lumbierres. United Explanations, 19/09/2012 – 20 septiembre 2012

¿Qué sucede cuando un Estado se enfrenta un pasado donde se han producido grandes violaciones de derechos humanos?

JOANA LUMBIERRES

Transcurrido más de un año desde la caída de los regímenes autoritarios de Ben Ali y Hosni Mubarak, Túnez y Egipto se encuentran en pleno proceso de transición hacia la democracia. Entre muchas de las cuestiones a las que deben enfrentarse está la de cómo afrontar las vulneraciones de derechos humanos perpetradas por los regímenes anteriores.

Esta cuestión no es particular de Túnez ni de Egipto, sino que surge en todo proceso de transición cuando un Estado se encamina hacia la democracia.

Una aproximación al concepto de Justicia Transicional

¿Qué sucede cuando un Estado se enfrenta a la superación de un conflicto, una revolución o un pasado autocrático donde se han producido grandes violaciones de derechos humanos?

Una primera reacción podría ser no encararse con ese pasado, hacer “tabula rasa” y sólo enfocar el futuro. Sin embargo, parece difícil volver a empezar y alcanzar una reconciliación sin afrontar las causas que llevaron al conflicto y sin que las víctimas se hayan visto reparadas. Los retos que debe afrontar el Estado son enormes y son cruciales cada uno de los pasos hacia la construcción de una democracia sólida. Se trata de una encrucijada donde los equilibrios deberán ser manejados con destreza ya que hay muchos intereses en juego y unas víctimas que buscaran reparación en un contexto institucional muy frágil.

Es en este contexto que entra en juego el concepto de Justicia Transicional. El Centro Internacional de Justicia Transicional, organismo clave en la materia, define la Justicia Transicional como “el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales.”

La variedad de mecanismos que se plantean y las múltiples experiencias a las que han hecho frente los Estados han generado un gran interés entre los expertos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales, quienes han debatido sobre qué es exactamente la Justicia Transicional y cuando empezó.

Las decisiones que tiene que tomar el Estado en el proceso de transición vendrán marcadas, entre otras cosas, por cómo de represivo era el régimen saliente, cómo se ha producido dicho cambio de poder- si el régimen ha sido derrocado de manera violenta o se han producido una salida negociada-, cómo ha conseguido organizarse la sociedad civil y cómo ha sido la respuesta de la Comunidad Internacional.

Los desafíos del Estado en transición

El Estado debe afrontar la reconstrucción de una sociedad que ha quedado dividida, y en la que se ven unos a otros con recelo.

La finalidad de la reconstrucción es que no se vuelvan a repetir las violaciones de derechos humanos cometidas y que el conflicto no vuelva a iniciarse. Para ello, deberán indagar en las causas que dieron lugar al conflicto y reformar aquellas instituciones que se vieron implicadas.

Eso representa un gran desafío si además se tiene en cuenta que un Estado que sale de un conflicto a menudo no cuenta con los recursos económicos, materiales y personales suficientes para atender las necesidades que en ese momento requiere la población: reconstrucción de hospitales y escuelas, acceso a alimentos de primera necesidad y a agua, reintroducción al mundo laboral. Además, sus instituciones y fuerzas de seguridad son frágiles y muchas veces aún controladas, en parte, por aquellos que causaron los abusos.

Por ello, en muchos de los procesos de transición que conocemos se ha implicado la Comunidad Internacional, que ha suplido las carencias del Estado en cuestión. Por ejemplo, en los casos de Túnez y Egipto las Naciones Unidas está ayudando a las instituciones nacionales en el proceso de redacción de una nueva Constitución, en la organización de nuevas elecciones, en la formación de los nuevos cuerpos de seguridad, fomentando políticas de empleo para los jóvenes, etc.

Cómo reparar a las víctimas, un tema a debate

Y en el centro de todo Proceso de Justicia Transicional: las víctimas, que tienen el derecho a saber la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos, a que se les reparen por el daño sufrido y que los culpables sean procesados y rindan cuentas, para poder así restituirles la dignidad. Y es en este terreno donde se producen los dilemas que más han interesado a los estudiosos del  tema.

Una de las cuestiones que más se ha discutido es si en estos períodos de transición se deben conceder amnistías a los responsables de las violaciones de derechos humanos en aras de no poner en peligro el proceso de paz y la estabilidad del país. Este clásico dilema dio un giro de 180 grados cuando en el año 1998 se aprobó el Estatuto de Roma por el cual se creaba la Corte Penal Internacional que entró en funcionamiento el 1 de julio de 2002.

A partir de ese momento, quedó establecido que los responsables de los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes, deben ser juzgados y sancionados, si es el caso. Las amnistías totales ya no son aceptadas en el Derecho Internacional. La cuestión ahora es valorar si sólo con esta persecución penal los derechos de las víctimas quedan satisfechos y éstas se sienten efectivamente reparadas.

Un destacado caso de amnistía total es el de España, muchas veces puesto como ejemplo de transición exitosa. En 1977 se dictó la famosa ley de amnistía por la cual todos los actos de intencionalidad política y cualquiera que fuera el resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976 eran amnistiados.

Por otra parte, difícilmente un Estado podrá juzgar a todos los responsables de las violaciones de derechos humanos acaecidas. En la mayoría de casos, muchos son los implicados y pocos los recursos que se pueden destinar a su enjuiciamiento. Por ello, hay que buscar formas alternativas de reparación de las víctimas. Entre estas fórmulas destacan, por la importancia que han tenido en diferentes procesos, las Comisiones de la Verdad.

Comisiones de la Verdad

Las Comisiones de la Verdad permiten a las víctimas contar su parte de la historia, descubrir qué pasó con sus seres queridos, quien estuvo implicado y profundizar en las causas que llevaron al estallido del conflicto.

El caso paradigmático de Comisión de la Verdad que contribuyó de forma decisiva a la reconciliación social fue la de Sudáfrica después del apartheid. En ese caso, a los responsables que comparecían frente a la Comisión y relataban lo ocurrido se les garantizaba que no serían perseguidos penalmente.

Muchas de esta Comisiones de la Verdad tienen un efecto catártico en la sociedad ya que permiten la construcción de un pasado común y una comprensión pública de las violaciones de derechos humanos. En algunas ocasiones los Informes que elaboran dichas Comisiones incluyen recomendaciones al Estado o son la base para posteriores persecuciones penales.

La búsqueda del equilibrio: un enfoque holístico de la Justicia Transicional

Visto lo anterior, está claro que existen múltiples instrumentos. No obstante, la Justicia Transicional debe alejarse de las concepciones que sólo abogan por las persecuciones penales o aquellas que sólo dan valor a las Comisiones de la Verdad. Más bien se trata de buscar el equilibrio entre los distintos elementos: acciones penales, las reparaciones de las víctimas – ya sean de tipo económico o simbólico en forma de disculpa pública o memoriales-, las reformas de las instituciones y la destitución de los funcionarios implicados en las violaciones y la creación de Comisiones de la Verdad.

Asimismo, es imprescindible recordar que cada proceso de transición es único y deberá circunscribirse a las particularidades del contexto concreto para poder tener unas mínimas garantías de éxito, no repetición del conflicto y máximo apoyo de los nacionales del país.

Los nuevos retos de la Justicia Transicional

Se podría considerar que hemos entrado en una nueva etapa en la concepción de la Justicia Transicional marcada por la globalización, y los importantes retos de las relaciones internacionales y el Estado de derecho en el siglo XXI: la inmigración, la lucha contra el narcotráfico, el comercio de seres humanos, el crimen organizado, etc. Nuevos actores internacionales como las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y las organizaciones internacionales tienen un papel relevante en la construcción de esta nueva concepción de la Justicia Transicional.

Prueba de ello es que Naciones Unidas en los últimos tiempos ha realizado un amplio trabajo alrededor de la noción de Estado de Derecho y de Justicia Transicional, realizando incluso una terminología común sobre el tema y uniéndolo de manera inseparable a los derechos humanos. Se han superado antiguos dilemas y surgen otros. Veamos si la Comunidad Internacional es capaz de lidiar con ellos y construir una visión holística de la Justicia Transicional que tenga en cuenta todos sus elementos.

http://www.unitedexplanations.org/2012/09/19/claves-para-entender-que-es-la-justicia-transicional/#.UFj8baf_fVE.facebook


La apertura de fosas del franquismo resiste a la crisis y al desdén judicial

agosto 11, 2012
El Periódico, 04-08-2012 – 10 agosto 2012

Los jueces continúan sin hacerse cargo de las exhumaciones pese al mandato del Supremo

Las víctimas de la dictadura temen que el proceso se ralentice en el 2013 por culpa de los recortes

Fosa común del cementerio de Paterna (Valencia) con restos de represaliados fusilados durante la dictadura franquista. MIGUEL LORENZO

Sábado, 4 de agosto del 2012
PATRICIA MARTÍN
MADRID
Gracias a las asociaciones memorialistas, el empeño de los damnificados y la ayuda de un buen número de forenses, la recuperación de los restos de represaliados durante la guerra civil y el franquismo enterrados en fosas comunes sigue abriéndose paso. La crisis no ha conseguido, de momento, ralentizar los trabajos. Sin embargo, los colectivos de afectados temen que, dada la delicada situación económica que atraviesa España, el Gobierno no convoque las ayudas presupuestadas, y la dignificación de los asesinados durante la dictadura se ralentice, por tanto, a partir del próximo año.
Desde el año 2000 se han exhumado 348 fosas y se han recuperado 6.420 víctimas (2.840 en el cementerio de San Rafael, en Málaga), según los datos de Francisco Etxeberria, profesor de medicina forense de la Universidad del País Vasco y uno de los mayores expertos en la apertura de fosas. Aunque la cifra parece abultada, aún faltan muchos restos por recuperar. El cómputo facilitado por los familiares de las víctimas al juez Baltasar Garzón, cuando el extogado de la Audiencia Nacional inició su investigación de los crímenes del franquismo, cifraba en 113.000 el número de represaliados.

LA INICIATIVA / En estos años, la recuperación de restos de las cunetas se ha realizado a iniciativa de los damnificados y los colectivos memorialistas. «Y mucho me temo que así seguirá siendo», lamenta Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), quien subraya que su asociación seguirá adelante con las exhumaciones aunque el Gobierno elimine las subvenciones que instauró José Luis Rodríguez Zapatero.

Los presupuestos para este año recortaron un 60% la partida destinada a memoria histórica, que pasó de 6,2 millones de euros en el 2011 a 2,5 millones. Sin embargo, el PP sacó pecho durante la tramitación parlamentaria y rechazó las enmiendas que exigían más dinero para investigar el franquismo con el argumento de que el dinero presupuestado se destinará íntegramente a exhumaciones, lo que supone 300.000 euros más para estos trabajos. De momento, las convocatoria de ayudas aún no se ha convocado y la ARMH teme que, debido a los recortes, la partida se destine a otros usos.

Etxeberria advierte de que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de marzo, que puso fin a un largo proceso judicial concluyendo que son los juzgados territoriales y no la Audiencia Nacional los encargados de ordenar y supervisar las exhumaciones, obliga al Estado a facilitar la recuperación de restos. «Sin embargo -afirma con resignación este profesor-, con la que está cayendo a nadie le extrañaría que no se convoquen las ayudas, lo que ralentizará los trabajos».

Los damnificados se quejan, además, de la escasa colaboración judicial. El número de jueces que han colaborado en exhumaciones no supera la veintena, aparte de la conocida investigación abierta por Garzón que le llevó hasta el banquillo del Supremo, aunque finalmente fue absuelto por esta causa. «Siempre que aparecen restos -explica el presidente de la ARMH- ponemos la correspondiente denuncia. Pero el 99% de los jueces no hacen nada. Ni antes ni ahora tras la sentencia del Supremo», afirma indignado. Silva carga también contra los gobiernos de uno y otro color: «Si un puñado de asociaciones nos hemos buscado la vida, el Estado podría, de un plumazo, dar a la mayoría de desaparecidos correcta sepultura. Es lo que hacen otros países con democracias infinitamente más jóvenes».

LA PECULIARIDAD CATALANA / Capítulo aparte merece la situación en Catalunya, la única comunidad con una ley de fosas que, sin embargo, solo ha facilitado la investigación de 21 enterramientos comunes. Se han recuperado un total de 67 víctimas, la mayoría de las cuales gracias a que yacían prácticamente en la superficie. La Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya no ha querido actuar de oficio, como sus compañeros del resto de España, porque considera que la justicia o las administraciones públicas son las que deben asumir las exhumaciones. Además, la norma catalana, aprobada en abril del 2008, exige que los trabajos sean coordinados por Govern.

«El problema es que para la Generalitat, dados los aprietos presupuestarios, no es una prioridad», denuncia el presidente del colectivo catalán, Manel Perona. Este se felicita, no obstante, de que el Govern haya nombrado «por fin» al presidente del comité técnico que debe supervisar las exhumaciones y confía que este paso sirva para dar un impulso a la apertura de fosas.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/apertura-fosas-del-franquismo-resiste-crisis-desden-judicial-2178889


18 de Julio: LA BRUTAL INDEFENSIÓN Y OLVIDO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y SUS FAMILIAS EN ESPAÑA

julio 22, 2012

(por Isidro López Miera)

LA MONARQUÍA ESPAÑOLA ES HEDERERA DEL TERRORISMO FRANQUISTA

Existe acuerdo tácito entre algunos organismos internacionales para entender que víctima es toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones que constituyan una violación manifiesta de las normas del Derecho Internacional.

En España, desde 1939 a 1979 existió una dictadura criminal. Desde entonces hasta hoy no ha habido una democracia plena, porque ese sistema se ha utilizado para cubrir todos los crímenes del régimen anterior. No ha sido así, por fortuna, en Argentina.

También, en los casos en que corresponda y de conformidad con el derecho interno de cada país, el término comprende a la familia o personas a cargo de la víctima y que hayan sufrido daños como perseguidos, retenidos, apresados o torturados.

NINGÚN MILITAR FRANQUISTA FUE PROCESADO POR SUS CRÍMENES EN ESPAÑA, COMO VIDELA EN ARGENTINA

Las víctimas, unidas por el dolor y por los daños causados a sus vidas por acción de una dictadura, comparten el mismo origen y como integrantes de la población civil son los que, por tanto, tienen que ser protegidos de la arbitrariedad, tortura y malos tratos de un régimen criminal. Y contra algo aún más miserable: el olvido histórico.

Bajo una dictadura, se violentan los derechos y una vez recuperadas las libertades las víctimas y sus allegados deben tener el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

El ejercicio de estas prerrogativas ha de ser garantizado por el Estado a través de sus instituciones y de los tratados internacionales, asegurando a las víctimas y a sus familias un acceso igual y efectivo a la justicia, una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido y acceso a información pertinente, de manera de que los procedimientos jurídicos y administrativos que ellas deban enfrentar para obtener verdad, justicia o una reparación, no den lugar a un nuevo trauma.

La desinformación general, junto con la ausencia de la protección del Estado desde 1939 en adelante, han llevado a la terrible situación de injusticia en la que se encuentran desde hace décadas las víctimas del terrorismo franquista, que no son reconocidas como tales ni gozan de ningún derecho. Y el Estado español, con gobiernos socialistas y populares, les deniega expresamente su acceso a la justicia.

CIENTOS DE MILES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN FOSAS COMUNES QUE LA MONARQUÍA BORBÓNICA QUIERE IGNORAR

Hoy su dolor se repite nuevamente por los daños sufridos y por la desidia voluntaria de los gobernantes.

Por eso, aplaudimos la valentía, coraje y sentido ético del gobierno argentino en su constante trabajo por reparar el daño causado por los militares asesinos de la dictadura, asi como por la persecución de los culpables de tanto crimen.

En España, desgraciadamente, la transición supuso el silencio sobre los culpables y la desaparición de miles de personas, raptadas,  masacradas, enterradas vivas, fusiladas, a las que ni a ellas ni a sus familiares, 72 años después de la proclamación de la dictadura de Franco, se les ha negado no solo la reparación moral, económica y jurídica, sino la verdad histórica.

Quienes silencian el pasado terrorista de Franco y sus sucesores, serán ante la historia culpables del genocidio al que el pueblo español fue sometido durante más de 40 años. Mientras esas víctimas del terrorismo sigan olvidadas, sumergidas en el ostracismo y la mentira, no habrá otras.

http://tenacarlos.wordpress.com/2012/07/18/18-de-julio-la-brutal-indefension-y-olvido-de-las-victimas-del-terrorismo-y-sus-familias-en-espana-por-isidro-lopez-miera/


La querella argentina contra los crímenes del Franquismo…

julio 22, 2012

Cabecera análisis de Carlos Slepoy

Perturba la pasividad internacional ante la clamorosa impunidad de que gozan los autores y cómplices de uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo XX
| 20/julio/2012
La querella que se interpuso en Argentina el 14 de abril de 2010 para investigar los crímenes cometidos por y durante la dictadura franquista se fundamenta en el principio de justicia o jurisdicción universal. Este principio jurídico se basa en la sencilla noción de que quienes cometen crímenes que ofenden y lesionan a la humanidad deben ser judicialmente perseguidos, por los tribunales de cualquier país, cualquiera sea el tiempo y lugar en que los hubieran perpetrado.

En aplicación del mismo actuaron en su día, y lo siguen haciendo, los tribunales españoles respecto de crímenes contra la humanidad en distintos lugares del mundo, entre ellos los cometidos por y durante la dictadura argentina. Sus decisiones cumplieron un rol fundamental para poner en evidencia la impunidad entonces reinante en Argentina y fueron determinantes para darle fin.

Paradójicamente, y por razones de todos conocidas, cuando se trató de investigar crímenes de igual tenor cometidos en España, por españoles contra españoles, el Tribunal Supremo español no sólo procesó al juez que pretendió hacerlo sino que ha decidido que dichos crímenes no deben ser investigados penalmente y sus autores no pueden ser sometidos a la justicia.

Asesinatos, torturas y desapariciones
La dictadura franquista no sólo produjo  con su alzamiento contra las instituciones elegidas democráticamente una Guerra Civil, motivo ya suficiente para procesar y juzgar a todos los que formaron parte de la misma mientras duró,  sino que planificó el exterminio de todas aquellas personas y grupos políticos, sociales, culturales, etc., que se oponían a sus dictados y a su concepción de nación. Durante su largo reinado se aplicó en la represión y eliminación de todo tipo de disidencia a través de asesinatos, torturas y desapariciones. Legalizó la práctica del secuestro, apropiación y sustitución de menores de edad. Utilizó como fuerza de trabajo esclavo a miles de presos políticos. Provocó el exilio de cientos de miles de ciudadanos. Sus tribunales juzgaron y condenaron a decenas de miles de personas a penas de muerte o de larguísimos años de prisión.

Ninguna de las víctimas del franquismo en cambio ha recibido hasta hoy el amparo de la justicia.

La equiparación que se pretende desde algunos sectores entre quienes se levantaron contra el orden democrático y quienes lo defendieron y el deliberado intento de soslayar que, durante décadas, los primeros fueron enaltecidos y los segundos perseguidos, juzgados y asesinados, es un oprobio para la justicia española y para la justicia internacional.

Sin embargo, como ha ocurrido en otros procesos históricos en los que la impunidad y el olvido parecían consolidados e inamovibles, la protección de que disfrutan los criminales cesará finalmente.

La infamia de la impunidad
Y esto ha de garantizarlo el vasto y creciente movimiento social que no se resigna a la infamia de la impunidad. Ya ha logrado que se frustrara el propósito de olvido y silencio. Por doquier han ido surgiendo miles de personas y cientos de asociaciones que claman por verdad, justicia y reparación.

La querella argentina es hija de esta magnífica movilización social.

Lo  llamativo no es que un tribunal de justicia de un país distinto a aquel en que se cometieron los crímenes se interese por su investigación y pretenda enjuiciar a sus responsables. Lo que perturba es la pasividad de la comunidad internacional ante la clamorosa impunidad de que gozan los autores y cómplices de uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo XX. Lo que debería asombrar no es que exista una querella en marcha en Argentina, sino que a ella no se sumen los juzgados y tribunales de otros países. Si otros se implicaran, ¡qué distinto sería el futuro de justicia, y qué cercano!

Ha de ocurrir. Dentro y fuera de España se seguirán alzando voces e iniciativas para poner fin al escarnio que constituye la impunidad de los crímenes del franquismo.

La querella argentina es una de ellas. Ya se han sumado a la misma más de cien querellantes y, a diario, son recibidas querellas y denuncias de víctimas, represaliados y asociaciones. La jueza María Servini de Cubría,  a cargo de la misma, tras haber requerido de las autoridades españoles para que le informen acerca de las investigaciones judiciales en curso y haber recibido la falaz contestación de que éstas se estaban realizando, resolvió pedir datos sobre distintos aspectos del plan criminal, la localización de fosas comunes, el número de personas desparecidas, los niños que fueron apropiados y privados de su identidad, los responsables vivos de los crímenes cometidos, las empresas estatales y privadas beneficiarios del trabajo esclavo, etc. Nuevamente las autoridades españolas, a través de la Fiscalía General del Estado, como era de esperar, negaron la información solicitada y hasta tuvieron el inigualable cinismo de solicitarle que remitiera sus actuaciones a España para ser incorporadas a supuestos expedientes judiciales.

Estas medidas son apenas el comienzo del proceso. La próxima e inmediata, prevista para el mes de septiembre, será el traslado de la jueza a España para tomar declaraciones a aquellos que deseen prestarlas y su participación en distintas actividades relacionadas con la causa.

Víctimas reparadas, criminales castigados
Para un futuro próximo, y en atención a la numerosa prueba ya colectada en el procedimiento y a la que cotidianamente se va incorporando,  se prevé la imputación de numerosos represores vivos: ministros, jueces, asesinos, torturadores, etc., el librado de órdenes internacionales de detención contra los mismos a efectos de que sean aprehendidos donde se los encuentre y la solicitud de su extradición para ser juzgados en Argentina.

La previsible negativa de las autoridades españolas a extraditar a quienes se encuentren en España pondrá de manifiesto que el único lugar del mundo en el que tienen refugio seguro es aquél en que cometieron los crímenes, revelará quiénes los protegen y encubren, se convertirá en un formidable alegato contra la impunidad y estimulará a las víctimas y a quienes sin serlo en forma directa con ellas se solidarizan, dentro y fuera de las fronteras españolas.

Cada avance que se produzca en el procedimiento permitirá que se profundice en la investigación de la verdad, acercará y ensanchará el camino de la justicia y agrietará, hasta romperlo, el muro de impunidad.

Si así ocurre, y ocurrirá, las víctimas serán reparadas y los criminales recibirán el castigo que merecen en la medida que la justicia humana puede hacerlo, se fortalecerá el principio fundamental para el futuro de los seres humanos de que los responsables de crímenes contra la humanidad no pueden ni deben quedar impunes y, también, se respirará mejor en el mundo.

Carlos Slepoy Prada  es abogado integrante del equipo jurídico que impulsa la querella argentina

(Para mayor información y formas de participación en las distintas modalidades en la querella, tanto de personas individuales como de asociaciones, puede consultarse la documentación de la “Campaña de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo” que está siendo distribuida por la recientemente creada “Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo”  en http://www.lacomunapresxsdelfranquismo.org/2012/06/14/campana-de-apoyo-a-la-querella-argentina-contra-los-crimenes-del-franquismo/)

http://www.elplural.com/2012/07/20/la-querella-argentina-contra-los-crimenes-del-franquismo/


Amnistía Internacional presentará en Argentina un informe sobre víctimas del franquismo en España…

mayo 8, 2012
Amnistía Internacional entregará a un juzgado argentino un informe que “muestra la forma en que se han venido denegando los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España”.

nuevatribuna.es

La jueza federal argentina María Servini de Cubría

La jueza federal argentina María Servini de Cubría

Una delegación de Amnistía Internacional (AI) entregará en un juzgado argentino una copia de un informe sobre casos de víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y el franquismo, ha anunciado la organización no gubernamental en Madrid.

La copia del informe “Casos cerrados, heridas abiertas: el desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España“, será presentado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, que tramita la única investigación abierta sobre esos crímenes en aplicación de la jurisdicción universal.

El alto tribunal consideró la decisión de Garzón “errónea” pero no prevaricadora, pero el magistrado había sido inhabilitado como juez días antes, el 9 de febrero, en otra causa, por haber ordenado escuchas entre los acusados de una red de corrupción y sus abogados.

AI afirma que el informe que presentará el próximo miércoles en el juzgado de Buenos Aires “muestra la forma en que se han venido denegando los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España“.

Un grupo de ex presos del franquismo viajó a la capital argentina el pasado 21 de abril para testificar ante la jueza Servini en la querella abierta por genocidio o delitos de lesa humanidad cometidos durante esa etapa en España.

La querella, presentada en abril de 2010 por “delitos de genocidio y/o de lesa humanidad” cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco, abarca el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.

La causa fue abierta en Buenos Aires en virtud del principio de justicia universal, y muchas víctimas del franquismo se han ido sumando a la querella en Argentina después de que el juez Garzón fuera suspendido de sus funciones en 2010 y luego inhabilitado en febrero de este año por el caso de las escuchas.

La delegación de Amnistía Internacional estará integrada por el director de AI en España, Esteban Beltrán; la directora de la organización en Argentina, Mariela Belski, y el consejero jurídico del Secretariado Internacional de AI con sede en Londres, Hugo Relva.

http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/2012-05-07/ai-presentara-en-argentina-un-informe-sobre-victimas-del-franquismo-en-espana/2012050715553900472.html


Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 278 seguidores