REGIONAL
LOS HIJOS DE LOS FUSILADOS PODRÁN PEDIR INDEMNIZACIONES HASTA DE 135.000€
40.000 extremeños también pueden solicitar ya la declaración de reparación por haber sufrido cárcel, violencia o persecución por su ideologías o creencias
CELIA HERRERA
Para no herir sensiblidades hemos obviado añadir fotografías reales de fusilamientos
«Nuestro correo electrónico está que arde», resumió Julián Chaves, director de la investigación del Proyecto de la Memoria Histórica, por la cantidad de peticiones de información que están recibiendo respecto al decreto de declaración de reparación y reconocimiento a los que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura que fue publicado el lunes en el Boletín Oficial del Estado.
Más de 40.000 extremeños, y sus descendientes, podrán acogerse a este decreto de declaración, según estima el equipo de investigación del Proyecto, que ya lleva trabajando cinco años en los archivos de todo el país.
Como resultado de su trabajo, se han excavado una veintena de fosas buscando los restos de represaliados desaparecidos hasta ahora, y se van elaborando diversos trabajos históricos que desvelan los datos de un pasado reciente que aún permanece oculto en la región.
Indemnizaciones
También tienen ya recogidos con todo tipo de detalles los nombres y apellidos de 12.000 fusilados en la comunidad, y la cuestión no es baladí si se tiene en cuenta que los descendientes de los fallecidos también podrían acogerse a otro decreto que regula la concesión de indemnizaciones de hasta 135.000 euros a favor de personas muertas o con lesiones incapacitantes «por su actividad en defensa de la democracia».
Julián Chaves aclaró que sólo tendrán derecho a estas indemnizaciones los «familiares directos», o sea los hijos, no los nietos ni sobrinos que puedan quedar, por lo que, después de 70 años, no se sabe cuántos descendientes podrán y querrán solicitar estas compensaciones.
Hay que tener en cuenta que muchos de los fusilados eran jóvenes, apenas adolescentes, que no dejaron descendencia, o que los hijos directos de los represaliados ya son ancianos, o también han muerto.
Disponibles en la web
Los nombres y datos de los fallecidos serán colgados en internet de «forma inminente», quizás la próxima semana, según adelantó Chaves, aunque la lista puede ir aumentando con el tiempo, ya que se estima que el número de personas fusiladas en Extremadura tras la Guerra Civil asciende a 14.000.
Los interesados podrán consultar, matizar o corregir los datos en la web www.unex.es/historiaex, aunque los investigadores de la Universidad sigan atendiendo de forma permanente numerosas peticiones de información de los descendientes de los represaliados.
El citado decreto apareció publicado en el BOE el sábado pasado, 15 de noviembre, y en él se regulan las condiciones y el procedimiento para el abono de las indemnizaciones reconocidas en la llamada Ley de la Memoria Histórica.
El texto detalla que tendrán derecho a las indemnizaciones los que fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Esta circunstancia concurre «cuando el hecho causante del fallecimiento o de las lesiones tenga una relación directa con actos, reuniones, manifestaciones o acontecimientos en los que la persona fallecida o lesionada hubiera participado en defensa o reivindicación de algunos de los derechos o libertades fundamentales que se contienen en la sección 1º del capítulo II del Título Primero de la Constitución Española».
En este sentido, resultará irrelevante que el fallecimiento se hubiese producido en el curso del hecho de que se trate o en un momento posterior, «siempre que sea a consecuencia del mismo».
Julián Chaves no se atrevió a realizar una estimación de cuántos extremeños podrían acogerse a este decreto porque no se sabe cuántos descendientes quedan, y que podrán demostrar «el nexo causal entre los hechos y circunstancias y el fallecimiento o la lesión», como fija el decreto.
Por tres años de cárcel
No encontrar las pruebas es lo que les ocurrió, por ejemplo, a los que no pudieron acogerse a la Ley de Represaliados Políticos de 1984 que preveía indemnizaciones de un millón de pesetas para los que hubieran pasado más de tres años en la cárcel, recuerda Cayetano Ibarra, coordinador del Proyecto de la Memoria.
En Extremadura pidieron las indemnizaciones 2.521 personas que trataron de demostrar que habían pasado ese tiempo en prisión, de las que se resolvieron 1.472. De ellas, 1.096 obtuvieron una respuesta positiva.
Estas indemnizaciones no sirvieron para cerrar heridas ni compensar injusticias en opinión de Cayetano Ibarra porque, en primer lugar, sólo compensó a los que estuvieron tres largos años en la cárcel, pero no a los que estuvieron menos tiempo, aunque fueran dos años y 11 meses.
En segundo lugar, «como la historia que siguió a la Guerra Civil fue una historia de olvido y ocultación, muchos de los que habían sufrido cárcel no pudieron encontrar la documentación que acreditara que realmente habían padecido la privación de libertad» por cuestiones políticas o ideológicas.
En Extremadura se sigue trabajando para desarrollar protocolos que permitan mejorar y agilizar la investigación de la historia de lo que ocurrió, y se están redactando nuevos decretos para regular aspectos como el método de excavación de las fosas, las expropiaciones forzosas para intervenir en terrenos privados, o la elaboración científica de un mapa de las fosas que se van descubriendo en la región.
COMPLEMENTO Y ACLARACIONES A LA ANTERIOR NOTICIA:
La Declaración de Reparación a los que hayan sufrido cárcel, persecución, o violencia podrán pedirla 40.000 extremeños
25.11.08 – CELIA HERRERA
No para todos. La conocida como Ley de la Memoria Histórica, que reconoce y amplía derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, sólo prevé indemnizaciones de 135.000 euros para los fallecidos durante los últimos años de la Dictadura de Franco, concretamente entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977.
Por tanto, no tendrán derecho a estas indemnizaciones todos los fallecidos por defender la libertad y la democracia durante la represión franquista que siguió a la Guerra Civil, que en Extremadura podrían alcanzar la cifra de 14.000, según aclaró ayer la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ante la expectación creada por la publicación del decreto que desarrolla con un reglamento uno de los aspectos contemplados en la Ley de la Memoria Histórica.
José Manuel Corbacho, presidente de la Asociación para la la Memoria Histórica de Extremadura, lamentó que muchos de los que están en contra de que se haga justicia con las víctimas de la represión estén aprovechando este tema para desprestigiar todo el esfuerzo de recuperación de parte de la historia reciente que aún permanece oculta.
Para la reparación
Ni este equipo de investigación ni la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica conocen con exactitud qué número de extremeños podrían solicitar estas indemnizaciones, aunque se calcula que 40.000 represaliados de los que se tienen datos en la región sí podrán pedir la declaración de reparación personal a quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa.
Esta declaración, que no tendrá efectos económicos, resulta de todos modos de gran importancia para las víctimas de la represión y sus herederos por lo que representa de acto de restitución y rehabilitación para los que fueron tratados y señalados durante años como delincuentes, encarcelados, multados o fusilados.El Estado reconoce así «la ilegitimidad de las condenas y sanciones» y honra también a los que padecieron «la injusticia».
Envíado por Pedro. V. Romero
La Memoria Viva 