Memoria histórica. piden la retirada de los títulos nobiliarios otorgados por el franquismo…

marzo 23, 2009

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pidió hoy al Gobierno que retire los títulos nobiliarios otorgados por la dictadura franquista.

La citada entidad hace esta petición después de el Gobierno haya renovado la “Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Mola, con Grandeza de España”. Se trata de la asignación de un título nobiliario al general golpista Emilio Mola, concedido por Francisco Franco en 1948.
“Es incomprensible que una democracia siga renovando un reconocimiento creado en honor de quienes destruyeron y secuestraron la democracia en este país durante cuarenta años y cuyos principales méritos fueron su despiadado e inhumano ejercicio de la represión militar contra civiles”, asegura la asociación en una nota.
Destaca que “Mola fue uno de los militares que alentaron especialmente al ejercicio de la violencia y la dura represión tras el golpe militar del 18 de julio de 1936”.
Finalmente, recuerda que la dictadura franquista otorgó otros títulos nobiliarios: conde de Labajos, a Onésimo Redondo; unión de la Grandeza de España al título de Marqués de Dávila, al general Fidel Dávila; marqués de Queipo de Llano, al general Queipo de Llano, y otros títulos a diferentes responsables de la sublevación militar.
(SERVIMEDIA) 22-MAR-2009 JGB/caa

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Los muertos han aprendido a esperar…

marzo 23, 2009

Se ha cumplido el primer aniversario de la Ley de la Memoria Histórica, publicada casi 30 años después de la instauración de la democracia. Un manto de silencio ha caído sobre la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 5 que abrió diligencias penales para judicializar y esclarecer los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El juez Garzón plantea una cuestión clave: “Los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la justicia española por lo que, hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad”.

La Audiencia Nacional (AN), al resolver el Recurso del Fiscal, declara extinguida la responsabilidad penal, por fallecimiento, de los líderes golpistas y admite, dialécticamente, la existencia de delitos de detención ilegal con desa-parición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad, cometidos por personas fallecidas antes del inicio de la causa.

De forma incongruente se declara incompetente para conocer de estos crímenes, inhibiéndose en favor de los juzgados de instrucción, convirtiendo los hechos en delitos comunes. Para evitar malentendidos añade que esta resolución no afecta al “legítimo derecho de las víctimas de la Guerra Civil -todas- y la dictadura del general Franco de recuperar los restos de sus seres queridos dignificarlos y honrar su memoria”. Al mismo tiempo, declara expresamente excluidas de la resolución las cuestiones relativas a la prescripción o a la aplicación de la Ley de Amnistía. Resulta llamativa la afirmación tajante de que el delito de rebelión nunca ha sido competencia de la AN cuando expresamente se la atribuye la Ley Orgánica 4/1988.

Los argumentos del voto particular, manteniendo que nos encontramos ante un delito contra la forma de gobierno, son abrumadores. El propio fiscal acepta esta hipótesis, pero a continuación hace una finta, señalando que, en todo caso, sería competencia del Tribunal Supremo (TS), dada la condición de jefe de Estado y ministros de los imputados. Debe saber el fiscal que la competencia del TS se extiende solamente a los delitos cometidos por los aforados en el ejercicio de sus cargos. No sabíamos que un general golpista es un alto cargo y que además actúa en el ejercicio de sus funciones.

Si la AN conoce de los crímenes de derecho internacional sujetos a jurisdicción universal cometidos fuera del territorio nacional, resulta absurdo que esta competencia se diluya entre los juzgados de instrucción españoles cuando delitos de esta naturaleza se cometan en España. Siempre se ha dicho que el derecho tiene horror al vacío pero mucho más a la irracionalidad. Si la jurisdicción es universal, el territorio español no puede quedar fuera del universo. Es una contradicción en los términos, insalvable y absurda.

La situación actual es paradójica, insostenible e incluso puede devenir en delictiva. La AN se ha desprendido de su competencia y algunos juzgados de instrucción tampoco quieren saber nada de la investigación de hechos que tienen una incuestionable apariencia delictiva. Hace tiempo, EL PAÍS publicó la fotografía de una fosa común repleta de cadáveres con las manos atadas a la espalda y orificios de bala. Evidentemente, nos encontramos ante una muerte violenta o sospechosa de criminalidad que obliga al juez de instrucción a personarse en el lugar de los hechos, describirlo, identificar los cadáveres e incluso preguntar a los testigos que pudieran dar alguna luz sobre el hecho criminal. Esto ha sucedido en Málaga y ningún juzgado ni la fiscalía han solicitado que se abran unas diligencias penales.

Si alguna autoridad judicial o el ministerio fiscal tratan de justificar su escandalosa pasividad refugiándose en el texto de la Ley de la Memoria Histórica demuestra una preocupante ignorancia, al confundir la apertura de fosas con la persecución de delitos. La ley advierte que sus previsiones son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales establecidos en las leyes y en los tratados internacionales sucritos por España.

Los historiadores futuros comprobarán asombrados que hubo una Causa General contra los vencidos y ni un solo procedimiento penal contra los que recibieron el apoyo de Hitler y Mussolini.

Tampoco me parece solución abrir una oficina para facilitar la apertura de fosas como si se tratase de agilizar una licencia administrativa o de autorizar una excavación arqueológica. El Senado, en reciente decisión, ha privatizado la tragedia histórica, negando subvenciones para buscar la verdad.

Ésta es la paradójica situación actual. Miles de cadáveres a la búsqueda de un juez que les ampare. Los muertos están en las cunetas y fosas por crímenes contra sus personas y toda la humanidad. Los muertos saben esperar y conocen la verdad. Es posible que algún juzgado se considere incompetente por estimar que los hechos que está investigando son verdaderos crímenes contra la humanidad y devuelva la causa a la Audiencia Nacional. Habríamos perdido innecesariamente un tiempo que se dilata demasiado para la mayoría de las víctimas.

José Antonio Martín Pallín, magistrado, es comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

Fuente: El País.com


Barrancos, los héroes anónimos de la guerra…

marzo 23, 2009

1.500 EXTREMEÑOS SE SALVARON EN SUS CAMPOS:

El río Ardila discurre a lo largo de la frontera con Portugal. Sirvió de guía para llegar a Barrancos./ CASIMIRO

El río Ardila discurre a lo largo de la frontera con Portugal. Sirvió de guía para llegar a Barrancos./ CASIMIRO

Un destello de horror y pena se le escapa de la mirada cuando su memoria vuelve a la infancia. Es la herida que lleva en el alma desde que era niño. Con apenas 12 años vio cómo madres desesperadas corrían de la muerte con sus hijos en brazos mientras eran perseguidas por militares sin piedad. Había oído que España estaba en guerra, pero jamás imaginó semejante crueldad.

Sostiene con dignidad el peso de los 85 años. Las arrugas de su frente delatan una vida dedicada al campo y su rostro se ilumina cuando su mujer, con la que ha cumplido las bodas de oro, le regala una mueca de cariño.

Manuel Agudo dos Santos, o el Tío Marujo, como es conocido en Barrancos, su pueblo -localidad portuguesa situada a pocos kilómetros de la frontera-, es de los pocos supervivientes que fueron testigos de uno de los episodios más bárbaros, y a la vez humanitarios, que sufrieron los extremeños durante la Guerra Civil española.

Las tropas franquistas habían entrado por el sur en la provincia de Badajoz y arrasaron con todo lo que se encontraron a su paso. Los pacenses vieron en la frontera un destino de fuga para huir del miedo y la violencia del conflicto armado y no dudaron en pedir ayuda a sus vecinos lusos. Siguiendo el curso del río Ardila, que discurre a lo largo de La Raya, llegaron a Barrancos, un municipio muy pobre en aquella época y con unos 4.000 habitantes, que los acogió como si fueran sus hermanos y creó para ellos dos campos de refugiados a los que diariamente llevaban víveres. Además, muchas familias escondieron en su propia casa a varios de los perseguidos para evitar que los militares españoles los detuvieran y, muy probablemente, los fusilaran.

Unos 1.500 extremeños procedentes de pueblos como Oliva de la Frontera, Jerez de los Caballeros, Villanueva del Fresno, Valencia del Mombuey y Fregenal de la Sierra salvaron su vida gracias a esta muestra de solidaridad tanto del pueblo de Barrancos como de los guardias portugueses que tenían la misión de vigilar la frontera.

Al frente estaba el teniente António Augusto de Seixas, que se enfrentó a sus superiores y se jugó su puesto al considerar una injusticia la situación de los refugiados que llegaban del otro lado.

Este capítulo de la contienda española vive en la memoria de los que estuvieron allí, pero es casi desconocido para las nuevas generaciones de ambos lados de La Raya.

Por ello, tanto el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera como la delegación extremeña de la Asociación de la Memoria Histórica han pedido que se le conceda a Barrancos la Medalla de Extremadura «por el apoyo humanitario que prestó a los refugiados extremeños» y que así su hazaña tenga reconocimiento oficial.

En aquella época el Tío Marujo vivía en un chozo y ayudaba a su padre en las labores del campo. «Desde lo alto del cerro lo vi todo. Recuerdo una vez que un teniente, en un caballo negro, se enfrentó a un militar español que perseguía a una mujer que ya había cruzado la frontera. Le dijo que se fuera de allí, que ese era su territorio y que no volviera. El español se dio la vuelta y no dijo ni pío. La mujer besó los pies del teniente», cuenta este barranqueño. Se trataba de Augusto de Seixas y, desde ese momento, se convirtió en leyenda.

Su mujer, María Remedios, toma la palabra para subrayar que «la Guerra de España», como ellos la llaman, fue «muy mala». Ella tenía nueve añitos, vivía en el pueblo y también guarda en su memoria sucesos de aquellos tiempos. Recuerda que una mañana su madre la despertó para ir a ver a «los españoles que venían entre los árboles, porque antes no había carreteras».

«Debajo de mi casa habitaba un matrimonio que tenía recogidos a cinco. Nos daban mucha pena», cuenta esta señora con un acento casi idéntico al de Olivenza. Habla español perfectamente, al igual que todas las personas mayores y muchas de mediana edad de este municipio luso -los jóvenes lo tienen más olvidado-. «Lo aprendí en mi casa porque mis padres lo hablaban, era una necesidad por lo del contrabando. El portugués lo estudié cuando pude ir a la escuela». De hecho, Remedios habla con sus hermanos y amigos en español, pero cuando se dirige a su marido lo hace en portugués, o en barranqueño, como llaman a su dialecto, «una ‘mistura’ de las dos lenguas».

Barrancos organizó a mediados del año 36, cuando empezó la guerra, dos campos de refugiados para acoger a los exiliados extremeños: Coitadinha y Russiana. Ambos se ubican en un paraje de singular belleza y que, paradójicamente, ha sido proclamado Parque Nacional. El primero era ‘legal’ y conocido por las autoridades portuguesas, mientras que el segundo fue un invento del teniente Seixas para seguir dando cobijo a los españoles sin que el Gobierno del dictador Salazar, que apoyaba a Franco, tuviera conocimiento.

Los campos de acogida se hallaban en un valle y la única estructura que tenían era una especie de casa de baño, construida con chapas de cinc y trozos de encina, dividida en dos partes para separar a mujeres y hombres.

Bombardeo desde el cielo

Mientras los vecinos portugueses daban ropa y alimento a sus refugiados, la provincia pacense era asolada por el ejército franquista. El historiador Francisco Espinosa Maestre, natural de Villafranca de los Barros y afincado en Sevilla, asegura que «la Guerra Civil ocasionó más fusilamientos en la zona sur de Badajoz que en provincias enteras de toda España».

«Almendralejo y Mérida opusieron más resistencia y fueron bombardeadas por la aviación. Testimonios de la época cuentan que se llevaron tres días recogiendo cadáveres y que los trasladaron de pie en los camiones para acabar antes». Espinosa resalta que la diferencia de la batalla en Badajoz con respecto al resto es que aquí hubo testigos de la masacre, periodistas portugueses -Mário Neves fue el más conocido- que consiguieron burlar la censura del Gobierno luso y llevar las imágenes de la guerra española al resto de Europa.

A día de hoy, Barrancos sigue siendo un pueblo -con 2.000 habitantes- de espíritu libre. Su alcalde, António Pica Tereno, que lleva en el cargo desde 1994 y pertenece a un partido independiente de una coalición de izquierdas, presume de vivir en un municipio que se ha hecho a sí mismo y que tiene casi de todo. Uno de los proyectos más inmediatos es convertir el Castelo de Noudar -desde el que se divisa el río Ardila y el campo de Coitadinha- en un alojamiento rural.

«Para nosotros sería un gran orgullo que nos dieran la Medalla de Extremadura, somos gente humilde y nos haría mucha ilusión porque los españoles son hermanos, las fronteras se las inventaron los gobiernos». Además, reflexiona, «sería una gran oportunidad para recuperar la memoria histórica que se está perdiendo».

«Yo sé muchas cosas porque mi padre me las contaba, pero mis hijos ya no saben ni la mitad, tienen menos interés, pero eso que pasó no se puede olvidar nunca», subraya Carlos Agudo Caçador, de 57 años y otro de los vecinos barranqueños, que habla de los extremeños con mucho cariño.

Sin embargo, la historia de los refugiados marcó un antes y un después en la tranquila existencia de este municipio. La huella de aquel episodio permanece muy viva en la memoria del Tío Marujo y María Remedios. «Una vez vino un español a pedir un trozo de pan a mi casa. Mi madre, que estaba amasando, me dijo: ‘Ay hija, es que no tengo nada, dile que se tiene que esperar a que se cueza’. Fui a decírselo y éste me contestó: ‘Pues bien ha de llegar y ha de sobrar…’ Aquello me llegó al alma. Mi madre hasta lloró. El hombre estaría desesperado y muerto de hambre, pero es que no teníamos nada que darle». A Remedios, más de 70 años después, se le sigue poniendo el vello de punta.

«A mí lo que no se me olvida es una chica soltera con la cabeza rapada que se tiró delante de un camión para que se la llevaran a España. Decía que prefería morir a no volver a su país». Al Tío Marujo se le saltan las lágrimas y tiene que respirar hondo.

Se refiere al acontecimiento que acabó con los campos de refugiados. Se llevaron a los españoles en camión hasta Lisboa y después en barco en dirección al puerto de Tarragona, según un acuerdo al que llegaron ambos países. Desde allí, algunos pudieron escapar y exiliarse en Francia y otros corrieron peor suerte. El teniente Seixas fue castigado por su actuación con dos meses de suspensión y el paso obligatorio a la reserva. Sin embargo, gracias a su humanidad, más de mil extremeños salvaron su vida. Para éstos, los habitantes de Barrancos se convirtieron en los héroes anónimos de la guerra que les tocó vivir.

Fuente: Hoy.es


En Tenerife parece haber resquemor por ayudar a la Asociación de la Memoria Histórica en la búsqueda de desaparecidos del franquismo. Su responsable sigue esperando que el presidente del Gobierno canario cumpla con la promesa dada hace medio año…

marzo 23, 2009

DANIEL MILLET SANTA CRUZ DE TENERIFE

El 16 de octubre del año pasado, el mismo día que el juez Baltasar Garzón se declaraba competente para investigar el paradero de los desaparecidos del franquismo, el Parlamento de Canarias aprobaba por unanimidad una proposición no de ley para impulsar la Ley de la Memoria Histórica y el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, prometía a Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, la creación de una comisión -que dirigiría la consejería de Presidencia y Justicia- con el objeto de supervisar el censo de las fosas y las pruebas de identificación. Medio año después de aquel encuentro privado con Rivero, Pérez Schwartz dice no haber recibido ni una sola llamada de Presidencia, mientras la Asociación acelera por su cuenta el proceso para que se inicien los primeros rastreos en Tenerife, después de que sí se haya avanzado en Arucas (Gran Canaria) y Fuencaliente (La Palma).

“No notamos ninguna predisposición de las administraciones, sobre todo de las gobernadas por PP y CC, para emprender el proceso en Tenerife. Es como si hubiera mala conciencia”. Así lo entiende Schwartz, nieta de uno de los desaparecidos cuyos restos la Asociación cree se hallan en una cueva volcánica de Bucio de Maja, a 2.500 metros de altura, en el municipio de La Orotava.

El hecho de que esta cavidad, donde habrían sido arrojados los cuerpos asesinados de José Carlos Schwart -último alcalde republicano de Santa Cruz- y previsiblemente de otras diez personas más, se encuentre dentro del límite del Parque Nacional de las Cañadas del Teide ha obligado al colectivo a unir el Patronato del Parque a las instituciones a las que ha pedido permiso para empezar los sondeos. Ya lo había hecho antes con el Ayuntamiento de La Orotava. “Estamos pendientes de recibir los pertinentes permisos y la ayuda institucional prometida para que Tenerife por fin se sume a las tareas”, añadió la que fuera senadora y consejera socialista.

En realidad, el apoyo del Gobierno sería obligado con la Ley de la Memoria Histórica en la mano. Sin las administraciones, a la de Tenerife como a las otras dos asociaciones canarias -la de Arucas y la de Fuencaliente- les sería imposible sufragar el elevado coste de los trabajos de búsqueda, exhumación de cuerpos e identificación. Por lo pronto, de los 210 casos de desaparecidos de los que se tiene más o menos constancia en el Archipiélago y que en su momento fueron elevados a Garzón, sólo cinco han completado todo el proceso. Los restos fueron desenterrados en mayo de 1994 de una fosa en medio del monte en el Pino del Consuelo, Fuencaliente, La Palma. El primero de ellos fue el alcalde socialista de Los Llanos de Aridane, el grancanario Francisco Rodríguez Betancor. Había sido asesinado pocos meses después del estallido del golpe de Estado de Francisco Franco, en 1936.Al mismo tiempo, un equipo de expertos estudia los restos óseos, ropas y objetos de 19 personas hallados en la segunda fosa descubierta de Canarias. Se trata de los llamados pozos del olvido de Arucas, en Gran Canaria. De esos 19 asesinados, diez permanecen aún en el fondo del pozo a la espera de financiación para seguir con los trabajos. En Tenerife, por contra, ni siquiera se sabe con certeza si en el Bucio de Maja están José Carlos Schwartz y otros desaparecidos como Luis Rodríguez Figueroa -diputado-, Antonio Camejo Francisco -alcalde de Buenavista del Norte-, anarquistas de la CNT, concejales, miembros del Ayuntamiento de Santa Cruz… “Lo que hemos sabido es gracias a noticias que se han ido recibiendo de personas que dicen saber dónde fueron depositados los cuerpos. Pero la única posibilidad de confirmar o desmentir los enterramientos es a través de una excavación reglada y a cargo de profesionales con la tecnología apropiada”, explica Mercedes Pérez.

Las sospechas son más precisas sobre la otra fosa con la que ha comenzado a trabajar la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife. Lo reconoce el químico y también historiador Alfredo Mederos, quien agiliza los trámites para cumplir con su deseo de empezar a escabar en el lagunero cementerio de San Juan. “La dificultad en este caso es que no sabemos en qué punto exacto están del cementerio los asesinados y luego enterrados en San Juan. Lo que sí conocemos es que ahí están al menos siete cuerpos de represaliados por el franquismo”, recuerda Mederos.

Pero hay muchos más puntos en Tenerife de este mapa de la vergüenza histórica como Bucio de Maja y el cementerio de San Juan sobre los que apenas se sabe nada: el barranco de Santos, el barranco de El Hierro (Santa Cruz), Los Silos, La Esperanza, Adeje… En estos enterramientos clandestinos y en las profundidades del océano puede haber, según estimaciones de los historiadores, más de 3.000 víctimas de la barbarie franquista en el Archipiélago.

“Las ya escasas personas que pueden dar más detalles siguen teniendo mucho miedo”, indica Mercedes Pérez, que explica que la Asociación tinerfeña sólo ha recibido una llamada desde que se constituyó en octubre de 2007. “Era un señor que nos dijo que había enterrados en una finca particular de Los Silos”. Eso sí, la presidenta agradece el interés de un grupo de estudiantes canarios de Antropología que se ofreció a ayudar en el arduo rastreo. Ocurrió hace unas semanas en unas conferencias sobre la memoria organizadas por el instituto Lucas Martínez Pino, de Icod. Y también la colaboración de Iniciativa por La Orotava, que el 26 de enero organizó una pateada a Bucio de Maja con miembros de la Asociación de la Memoria Histórica. Las flores rojas que depositaron ese día siguen en la cueva, ya marchitas.

Un convenio permitirá abrir la búsqueda en el cementerio de San Juan, en La Laguna
El profesor de Química de la Universidad de La Laguna e historiador, Alfredo Mederos, acaba de enviar a la propia ULL, al Ayuntamiento de La Laguna y a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife un convenio a través del cual pretende iniciar lo antes posible la búsqueda de los al menos siete hombres que fueron asesinados y enterrados en el cementerio de San Juan, en La Laguna. “Ahora las partes estudiarán el texto, harán las valoraciones pertinentes y a partir de ahí se redactará el convenio definitivo para empezar todo el trabajo”, explicó Mederos a La Opinión de Tenerife.

La primera fase se centrará en el hallazgo exacto de la fosa común. “No sabemos exactamente donde están los asesinados. Hemos recibido noticias de que pueden hallarse bajo el suelo de la misma capilla del cementerio lagunero, pero habrá que contar con georadares y otros instrumentos tecnológicos para comprobarlo”, añadió el investigador, quien matizó que uno de los grandes inconvenientes puede estar en la existencia de otras fosas de cuerpos de los accidentes aéreos (hasta tres) que se han producido en el aeropuerto de Los Rodeos. A diferencia de la actitud del Gobierno canario, Mederos aclaró que la del Ayuntamiento de La Laguna ha sido de “predisposición total” por apoyar la tarea de recuperación y respetar los mandatos de la Ley de la Memoria Histórica.

Realmente todo empezó mucho antes, en 2002, cuando Manuel Cruz, un lagunero septuagenario, inició los trámites judiciales para desenterrar los restos de su padre, Domingo Cruz, un campesino que asesinaron los fascistas de Tenerife en 1936. Manuel falleció un tiempo después sin lograr su objetivo, aunque dejó datos de suma relevancia que obtuvo tras años y años de investigar por su cuenta: en San Juan estarían enterrados Domingo Cruz y al menos otros seis desaparecidos más: el pensador Guetón Rodríguez, el obrero Luis Figueredo, el campesino Honorio de Armas, el panadero Domingo García, el otro panadero Alfonso El Chicharrero y Jacinto Silvera, empleado de una imprenta. Mederos sospecha que puede haber varios más.