¿Seremos capaces de hacer una mirada retrospectiva hacia nuestro pasado o sólo somos jueces de los demás?

mayo 10, 2009

Una vez más. Nosotros de adalides de la justica y las verdades mundiales. Señalando con el dedo a todos los demás y escondiendo nuestras vergüenzas pasadas en la desmemoria y el deshonor político y social. Escudándonos siempre en una transición democrática  que no hizo más que instaurar una monarquía avalada por la antigua dictadura. Y que arrancó la misma con una política de borrón y cuenta nueva, para no herir las susceptibilidades de la derecha más casposa y de la cobardía de una izquierda conformista y servil que escogió la opción de “lo menos malo” es lo que vale.

Ahora pasados los años, como si nuestros desaparecidos, represaliados y exiliados no hubieran existido nunca nos dedicasmos a enseñar las vergüenzas de los demás; eso sí, con toda la legitimidad de las leyes internacionales que nosotros mismos somos incapaces de cumplir, obviando las recomendaciones incluso de la ONU. ¿Vamos a mirar algún día hacia atrás y reconoceremos nuestras propias miserias con el fin de pasar la página más negra de nuestra historia, o seguiremos acusando a los demás de nustras propias culpas escondidas en las fosas de carretera y archivos mohosos y polvorientos? Como se decía en los sesenta ¡Spain is diferent…! y tanto que lo es.

Jordi Carreño (La Memoria Viv@)

España es el Gendarme Mundial:

Tras los torturadores de Bush Hay dos causas ligadas a EEUU: una de Garzón por las torturas en Guantánamo, iniciada tas la denuncia de cuatro prisioneros, y otra del juez Velasco, que busca en la CIA y la Administración Bush a los torturadores.

Tras los torturadores de Bush Hay dos causas ligadas a EEUU: una de Garzón por las torturas en Guantánamo, iniciada tas la denuncia de cuatro prisioneros, y otra del juez Velasco, que busca en la CIA y la Administración Bush a los torturadores.

La Audiencia Nacional tiene ahora mismo causas abiertas en nueve países por delitos como la tortura y el genocidio

SARA BARDERAS. MADRID. Desde que en 1998 el juez Baltasar Garzón saltó a los titulares de todo el mundo al procesar por terrorismo, genocidio y torturas a Augusto Pinochet y lograr su detención en Londres, la Audiencia Nacional española ha estado en el ojo del huracán en más de una decena de ocasiones por la persecución de crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España. El debate se ha reabierto estos días y una pregunta lo centra: ¿Puede un país erigirse en el gendarme judicial del mundo? Con doce procedimientos abiertos en el tribunal bajo el principio de jurisdicción universal, la polémica está servida, aunque la respuesta parece clara: España ya es el gendarme mundial.
Nueve países están actualmente afectados por esos procedimientos: China, Guatemala, Estados Unidos, Alemania, Israel, Ruanda, Marruecos, Somalia y El Salvador. Y no a todos los gobiernos les sienta bien la actuación de un tribunal extranjero, menos aún cuando en algunos casos afecta a ministros y altos cargos aún en activo. “Procedimientos legales como los de Madrid son expresión de la doble moral de algunos elementos que han dado la espalda durante años a los ataques continuados contra el Estado de Israel”, aseguró un enfadado Ehud Olmert, entonces primer ministro israelí, cuando el juez Abreu abrió en enero un procedimiento por crímenes contra la humanidad contra siete dirigentes políticos y militares israelíes por la muerte de 14 civiles, nueve de ellos niños, tras el bombardeo en 2002 de la vivienda de un jefe de Hamás en Gaza. Esta semana, Andreu reafirmó la competencia de la Audiencia para investigar los hechos pese a que la fiscalía había solicitado el archivo de la causa. Y visto el precedente, ¿qué saldrá de los casi 2.000 palestinos asesinados en Gaza en la ofensiva israelí de diciembre de 2008?.

Conflictos diplomáticos

También esta semana el juez Pedraz solicitó a China interrogar a tres de sus ministros, junto a otros responsables políticos y militares, por los sucesos que tuvieron lugar en Tíbet en marzo de 2008, en los que murieron más de 200 personas, más de mil resultaron heridas y cerca de 6.000 desaparecieron. Al gobierno del país asiático ya le sentó mal el inicio de la investigación tres días antes del comienzo de los Juegos de Pekín. Ahora, su Embajada en Madrid ha pedido al gobierno que tome “medidas inmediatas y efectivas” para “evitar posibles daños en las relaciones bilaterales”.
A su vez, el precursor de la Audiencia como gendarme mundial, el juez Garzón, se ha reafirmado en los últimos días en la investigación sobre torturas en Guantánamo. Y en la Audiencia, entre otros, hay asimismo una querella por genocidio en Guatemala en 1980, un procedimiento contra miembros del actual gobierno de Ruanda, otra querella por genocidio contra militares marroquíes por sucesos en el Sahara, otra contra militares salvadoreños… Además, el tribunal debe decidir si admite a trámite una querella contra seis miembros de la administración de George W. Bush que diseñaron el “andamiaje” de Guantánamo.

Al Poder Judicial no le gusta

“No nos podemos convertir en los gendarmes judiciales del mundo”, manifestó a tenor de estos casos el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, que aboga por la reforma de determinados aspectos que regulan la jurisdicción universal española. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Audiencia Nacional es competente de investigar delitos de genocidio cometidos por españoles o extranjeros fuera de España. En 1998 se declaró competente para enjuiciar los crimenes de las dictaduras de Argentina y Chile. Y en 2005, el Constitucional falló la competencia España para juzgar delitos de lesa humanidad cometidos fuera del país, incluso si no afectan a españoles. Pero no sólo personalidades del mundo de la judicatura como Dívar creen que lo mejor sería limitar el poder de actuación de los jueces : el Gobierno ha dado a entender lo mismo, después de que los problemas diplomáticos surgidos.
El debate sobre una reforma que permita una interpretación más restrictiva de la ley está abierto. Quienes defienden la reforma se inclinan por una que vaya en la línea de exigir conexión con intereses españoles. “Es una vuelta atrás inadmisible”, responde el eurodiputado y responsable de Relaciones Internacionales de IU, Willy Meyer. Y es que las víctimas alegan que la Justicia universal es el único instrumento con el que cuentan para defenderse de delitos de lesa humanidad. Pero hasta ahora las causas que ha resuelto la Audiencia han acabado archivadas o sobreseidas.

Enlace a fotografías del artículo:

http://www.diariodemallorca.es/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2009051000_7_462240__Internacional-gendarme-mundial

Fuente: Diario de Mallorca: www.diariodemallorca.es

Aller (Asturias) recuerda con una placa a las víctimas de la fosa de Cabacheros…

mayo 10, 2009

Monumento por la Memoria en Cabacheros

Monumento por la Memoria en Cabacheros

Decenas de personas rindieron ayer homenaje a los represaliados del franquismo enterrados en la fosa común
(Lne.es, 10-05-2009)

Leoncio CAMPORRO

Una placa conmemorativa recuerda desde ayer a las decenas de personas que fueron enterradas en la fosa común de Cabacheros, una de las más importantes del concejo de Aller y de la comarca del Caudal. El acto, organizado por el Ayuntamiento de Aller, reunió a gran cantidad de vecinos, en torno a un centenar, muchos de ellos descendientes de los represaliados por el franquismo que yacen en este enclave allerano.

Al emotivo evento también acudieron representantes de todos los grupos políticos, a excepción del PP. El Alcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta, tuvo unas palabras de recuerdo para las víctimas de la represión del régimen franquista.

El acto dio comienzo con la lectura de las biografías de algunas de las personas que fueron arrojadas a la fosa de Cabacheros e incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa con la que el Ayuntamiento allerano, según fuentes municipales, quiere dignificar el lugar, señalizarlo y rendir homenaje a las personas que dieron su vida por la libertad y la democracia. La fosa de Cabacheros está localizada entre las localidades de Felechosa y Cuevas, justo al lado del corredor del Aller.

La jornada de ayer ante la fosa común de Cabacheros puso colofón a las jornadas municipales sobre la memoria de la Guerra Civil española y la posterior represión franquista, que se celebraron en la Casa de Cultura de Moreda la pasada semana.

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051000_39_754784__Caudal-Aller-recuerda-placa-victimas-fosa-Cabacheros
Fuente: Foro por la Memoria :

www.foroporlamemoria.info


“La intervención del Juez de Instrucción en las diligencias de investigación seguidas por desapariciones forzadas en la dictadura franquista”…

mayo 10, 2009
Fosa de Santaella

Fosa de Santaella

Jueces para la Democracia Nº 63. Artículo completo en PDF
Amaya Olivas Díaz (Jueces para la Democracia, noviembre 2008): Enlace al documento:

http://www.foroporlamemoria.info/media/2004/426_1_Amaya_Olivas-Jueces_para_.pdf

Fuente: Foro por La Memoria : www.foroporlamemoria.info


La Audiencia Universal: El poder ilimitado para investigar crímenes en el extranjero crea conflictos diplomáticos. ¿Pueden juzgarse los crímenes del Tíbet y no nuestra propia historia?

mayo 10, 2009

(El País, 10-05-2009)

MÓNICA CEBERIO BELAZA / MANUEL ALTOZANO 10/05/2009

Juicios sobre Guantánamo, Tíbet, Guatemala, El Salvador, Chile, Israel, Ruanda… La Audiencia Nacional tiene en estos momentos 13 causas abiertas por delitos de lesa humanidad producidos en distintos puntos del planeta. Un lector cuestionaba si, con el caos de la justicia española, la Audiencia tiene el deber de preocuparse por los delitos mundiales.

Juicios sobre Guantánamo, Tíbet, Guatemala, El Salvador, Chile, Israel, Ruanda… La Audiencia Nacional tiene en estos momentos 13 causas abiertas por delitos de lesa humanidad producidos en distintos puntos del planeta. Un lector cuestionaba ayer en las páginas de este diario si, con el caos de la justicia española, la Audiencia tiene el deber de preocuparse por los delitos mundiales donde no hay ciudadanos españoles implicados. “¿No es más bien una obsesión egocéntrica de algunos jueces por acaparar titulares?”, se preguntaba. Y recogía una inquietud repetida: los perjuicios diplomáticos que podrían causar a España estos procesos. Frente a este punto de vista, los defensores de la justicia universal apelan a un argumento ético: si nos creemos los derechos humanos, los crímenes más atroces deben perseguirse en cualquier lugar para evitar la impunidad. Los poderosos no pueden quedar impunes. Es una cuestión de democracia.

Los jueces españoles -egocéntricos o no-, no hacen sino aplicar la ley cuando abren estos procesos. La legislación española contempla desde 1985 la posibilidad de que se juzguen en España determinados delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional: genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, falsificación de moneda extranjera, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores o incapaces, tráfico de drogas, tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, mutilación genital femenina -siempre que los responsables se encuentren en España- y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España. Y la competencia corresponde a la Audiencia Nacional.

Hasta 2005, hubo dudas sobre cómo debía interpretarse este artículo y si las víctimas o perjudicados debían ser españoles para que pudiera abrirse el proceso. Pero ese año habló el Tribunal Constitucional. Dio amparo a la activista guatemalteca Rigoberta Menchú y dijo claramente -en contra del criterio del Tribunal Supremo- que estos delitos podían investigarse aunque no hubiera conexiones con España. La Audiencia adquiría así la jurisdicción universal pura y absoluta.

La legitimidad para abrir este tipo de procesos no sólo deriva de la ley, sino también de un buen número de tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España -Convenciones de Ginebra, Convención contra el Genocidio, contra la Tortura…- y que son, por tanto, de obligado cumplimiento. Otros países europeos que también los han firmado, como Francia, Alemania, Holanda o Italia, tienen también procesos de justicia universal abiertos, pero en un número muy reducido ¿Cuáles son las diferencias con España?

Son esencialmente dos: la primera es la exigencia de algunos países de que el delito tenga relación con el Estado que va a juzgar. La segunda, la posibilidad o no de ejercer la “acción popular”, que implica que cualquier interesado puede presentar una denuncia aunque no le afecte de forma directa y que permite a las organizaciones de derechos humanos sostener una acusación aunque el fiscal se oponga. España no exige que el delito, víctima o delincuente tengan ninguna relación con el país y permite, sin restricciones, la acción popular, que está recogida en la Constitución, lo que no ocurre en países vecinos.

“En Francia, por ejemplo, se limita la justicia universal a casos en los que la víctima es nacional o hay intereses franceses en juego”, explica el catedrático de Derecho Procesal Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Víctor Moreno Catena. “En Alemania no se exigen estos requisitos pero el monopolio de la acción penal lo tiene el fiscal. Una asociación no puede, sin más, sin el apoyo del Ministerio Público, presentar una querella. En ambos países hay algún filtro. En España, ninguno. Es lo que nos ha convertido en gendarmes universales”, añade.

Tampoco hubo filtros en Bélgica desde 1993 a 2003. Durante estos 10 años se acogió de forma amplia el principio de jurisdicción universal y se procesó, entre otros, a un ex ministro de Ruanda y al ministro de Asuntos Exteriores de Congo. También se abrieron causas contra el ex primer ministro de Israel Ariel Sharon por las matanzas de Sabra y Chatila y contra el Gobierno estadounidense por la guerra del Golfo y la guerra de Irak. “Al final se modificó la ley por los conflictos diplomáticos que se estaban generando y que se volvieron insostenibles”, señala Moreno Catena. “Ahora España está sola como defensora de la jurisdicción universal pura”.

Uno de los problemas es que no existe una Corte Penal Internacional en la que puedan presentarse querellas como las que están llegando a la Audiencia. El Tribunal de La Haya tiene muchas limitaciones, de forma que la gran mayoría de estos delitos quedarían impunes. “Y estamos hablando de los crímenes más atroces, de crímenes contra la humanidad”, opina Manuel Ollé, letrado encargado, entre otros asuntos, de la matanza de jesuitas en El Salvador en 1989, entre los que estaba Ignacio Ellacuría. “Mientras los Gobiernos no tengan la voluntad política de crear un tribunal eficaz y efectivo, la única vía es la justicia universal implantada en el mayor número de países posible. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad con los derechos humanos”.

¿Son eficaces los procesos? Sólo uno ha terminado con juicio y condena en España: el del ex capitán de corbeta argentino Adolfo Scilingo, penado por un delito de lesa humanidad. Se le consideró responsable de la muerte de 30 personas entre 1976 y 1977 -durante la dictadura militar en su país- y de la detención ilegal y torturas de otra. Y uno de los momentos de mayor protagonismo de la jurisdicción universal española fue la detención, en octubre de 1998, del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres tras una petición del juez Garzón. Nunca llegó a Madrid, pero fue después juzgado en su país. Las órdenes internacionales de detención que se suelen dictar en estos procesos limitan la libertad de movimientos de los implicados, que se ven obligados a tomar cautelas para no ser detenidos en cualquier aeropuerto extranjero.

Pero incluso sin condena ni juicio, la apertura del proceso tiene consecuencias. La principal, remover a la opinión pública del país en el que se cometieron los hechos. Si es una dictadura, será imposible que se juzguen a sí mismos. Pero cuando se trata de una democracia, las cosas cambian. “Algunas de estas causas han tenido una eficacia simbólica importantísima y han generado procesos internos que han terminado con juicios en los países en los que se cometieron los crímenes”, defiende Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional. Las causas abiertas recientemente por Guantánamo han tenido un gran impacto mediático en EE UU -la noticia fue portada de The New York Times- y han sido celebradas por las asociaciones de derechos humanos, que creen que puede facilitar que se abra un procedimiento judicial en EE UU. La noticia adquirió tales dimensiones que incluso el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, el demócrata John Conyers Jr., emitió un comunicado aplaudiendo la querella criminal española.

Es esa influencia la que hace incómodos estos procesos desde el punto de vista diplomático. El pasado jueves, el Gobierno chino advirtió de que sus relaciones con España podrían verse dañadas si la querella contra tres de sus ministros sigue adelante. La ex ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, llegó a pedir a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos una reforma legal tras la apertura de una investigación por un bombardeo en Gaza que mató a varios niños. Los jueces de la Audiencia repiten: “Estamos obligados a investigar; si el Gobierno no quiere que lo hagamos, que reforme la ley”.

“Es cierto que la ley les permite abrir estos procesos por lo que nosotros, lo único que podemos hacer es limitar los daños que producen en nuestras relaciones con otros países y preservar los intereses españoles”, afirma Elena Valenciano, portavoz de Exteriores del PSOE. La diputada socialista considera que estos asuntos no tienen mucho sentido en el contexto de colapso en el que se encuentra la justicia española. “Creemos que la ley debe modificarse para que las investigaciones tengan necesariamente conexión con intereses o ciudadanos españoles”, para dejar el resto de los casos “a los tribunales internacionales”.

Algunos juristas sostienen que no habría problema en limitar el ejercicio de la acción popular para impedir que las asociaciones de derechos humanos actúen por su cuenta y contra el criterio del fiscal. Es lo que está ocurriendo en estos momentos en la causa que el juez Eloy Velasco sigue contra varios asesores jurídicos de la Administración de George W. Bush por diseñar el entramado legal de Guantánamo. Entre ellos, el ex fiscal general -ministro de Justicia- Alberto Gonzales.

Otros aseguran, sin embargo, que “jurídicamente el Gobierno tiene poco margen de maniobra para limitar la justicia universal porque, aparte de la ley, están todos los tratados internacionales firmados y ratificados por España”, como sostiene Gonzalo Boyé, abogado y encargado de los casos de Guantánamo e Israel. Y, en cuanto a la acción popular, el abogado Manuel Ollé opina que “limitarla supondría vulnerar la Constitución”, que la recoge en el artículo 125. “Su anulación sería un paso atrás. Muchas víctimas han desaparecido o están muertas o no tienen capacidad ni medios para actuar”. “Por otro lado, si todo dependiera de la Fiscalía, en cualquier conflicto con un país difícil sería en última instancia el Gobierno el que dirigiría el proceso, impulsándolo o parándolo según intereses políticos, no jurídicos”, añade Boyé. “Al final sólo hay problemas con los poderosos. Los procesos que tienen como protagonistas a países pobres no han sido polémicos”.

La otra cara de la moneda es el franquismo. La Audiencia Nacional rechazó ser competente para investigar las desapariciones de personas y sustracciones de niños durante la Guerra Civil y el franquismo. ¿Pueden juzgarse los crímenes del Tíbet y no nuestra propia historia? El argumento fue que, al ser crímenes cometidos en España, no era la Audiencia el tribunal competente, sino los juzgados de instrucción de cada localidad. “Es cierto que es paradójico y que debería haberse investigado, al menos”, opina el magistrado Sáez Valcárcel. “Estábamos hablando de al menos 30.000 detenidos o desaparecidos a manos del Estado o paramilitares. Pero es un crimen internacional. En virtud de la justicia universal podría enjuiciarse en cualquier sitio”.

En cuanto al coste y los medios dedicados a estos procesos sólo un ejemplo para tranquilizar a nuestro lector Manuel Cañedo. De las más de 500 causas abiertas en el Juzgado Central 4 -el que investiga a Israel o a Ruanda- sólo tres son de justicia universal. De los 2,5 millones de casos pendientes que hay en España, sólo el 0,0005 persiguen a estos presuntos delincuentes. Los más protegidos.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Audiencia/Universal/elpepisoc/20090510elpepisoc_2/Tes?print=1

Bandera republicana


Francia reconoce el maltrato al exilio del 39 …

mayo 10, 2009

El Gobierno de Sarkozy apoyará la creación de un centro de memoria en el sur del país

Francia

D. BARCALA / A. PÉREZ – MADRID / RIVESALTES (FRANCIA) – 08/05/2009 08:00
Fuente: Público.es

“Debemos recordar que esos mismos hombres y mujeres, recibidos en Francia con tanto recelo y con tan poca consideración, se implicaron unos meses más tarde en la defensa de la República y de sus valores”. Son las palabras del secretario de Estado de Defensa francés, Jean-Marie Bockel, expresadas ayer en el cementerio de Fuencarral (Madrid) por el embajador de Francia en España, Bruno Delaye. Y es que las principales embajadas europeas reconocieron ayer la lucha por la libertad de los brigadistas internacionales y de los republicanos un día antes de que se conmemore en toda Europa el 64 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Los veteranos españoles presentes en este acto lucieron sus medallas al mérito militar. Ninguna era del ejército español al que pertenecieron. Supervivientes como Emilio Caballero recordaron sus penurias en el campo de concentración y exterminio nazi de Mauthausen. “Un día, los alemanes nos llevaron como perros sólo por defender la libertad. Nos liberaron los americanos después de cinco años allí metidos”, recordó ahora, a sus más de 90 años.

El presidente galo es reacio a recordar el colaboracionismo nazi de Vichy

El mensaje francés recordó la injusticia del trato a los republicanos exiliados pero también reconoció la labor de los 50.000 españoles que sirvieron a la República francesa en las Compañías de Trabajadores y Extranjeros, y de los 8.000 miembros de las Unidades de Combatientes a partir de 1939. “Francia no ha olvidado a los gloriosos combatientes españoles de la Segunda División Blindada que entraron en París el 24 de agosto de 1944, encaramados en lo alto de tanques con nombres como Guernica, Madrid o Don Quijote“, señaló el discurso enviado desde París por Bockel.

El mensaje se transformó en compromiso con el apoyo al proyecto del Museo de Rivesaltes, en el departamento de los Pirineos Orientales (Francia), cuyo fin es “restaurar la memoria y la historia del exilio, del internamiento y de la lucha” de los republicanos desde 1939 a 1944. El embajador francés reconoció que se trata del “primer reconocimiento oficial” de su Gobierno al trato injusto con el casi medio millón de españoles que pidieron refugio en el exilio. Casi 10.000 de ellos acabaron en las cárceles nazis.

Este reconocimiento supone un cambio de actitud del presidente de la República de Francia, Nicolas Sarkozy, siempre dispuesto a citar a los “resistentes españoles” en ceremonias histórico-funerarias puramente formales por televisión, pero que lo es mucho menos cuando se trata de desenterrar el aspecto más tenebroso del colaboracionismo de Vichy con la barbarie nacionalsocialista. Las autoridades regionales que planearon el centro de la memoria siempre han reclamado la implicación de París en el proyecto.

Casi 10.000 refugiados españoles acabaron en campos nazis

En Rivesaltes hoy sólo quedan en pie unas decenas de barracones, alambradas abandonadas, placas conmemorativas y otros murales explicativos en la punta de una carretera comarcal entre esta localidad y Salses, a unos 50 km de la frontera española.

En el Campo Foch se acumularon 20.000 refugiados españoles. Numerosos alcaldes y vecinos de la región conocida como Midi Rouge (Mediodía Rojo) se desplazaron hasta allí en 1939 para pedir su liberación. El Museo abrirá en 2012 para explicar la historia de un campo que ha sido prisión de republicanos, judíos, musulmanes y, hasta 2007, de inmigrantes indocumentados.

El PCF (Partido Comunista Francés) y los gaullistas (seguidores del general Charles De Gaulle) contactaron con los republicanos en campos como el de Rivesaltes. Allí captaron a combatientes como Ángel Álvarez, que a las órdenes del comandante Juan de Ricardo, trató sin éxito de iniciar una reconquista republicana a través del Pirineo en 1940. “Nos masacraron”, recordó ayer este militar cuyos méritos al servicio del ejército de liberación de De Gaulle le valieron la condecoración de Caballero de la Legión de Honor, otorgada por la República francesa.

“Francia no olvida a los combatientes que entraron en París en 1944”

La responsabilidad política de ese episodio histórico que llevó a miles de republicanos a la muerte en campos nazis es ahora investigada por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Una denuncia admitida por este tribunal el pasado 30 de abril trata de demostrar la culpabilidad de las autoridades franquistas en la entrega de los presos a Hitler. Casi 5.000 republicanos murieron en el exterminio.

“No es un juez estrella”

La Asociación de Descendientes del Exilio Español, organizadora del homenaje de ayer en Fuencarral, valoró positivamente esta iniciativa judicial. “Esperamos que en esta ocasión prospere al no tratarse de un juez estrella”, opinó una representante del colectivo. El acto se celebró en el cementerio de Fuencarral ya que aquí están enterrados los brigadistas caídos en la defensa de Madrid durante la Guerra Civil.

La Audiencia investiga la entrega, en 1940, de refugiados a Hitler

Los embajadores de Gran Bretaña, Italia, Rusia, Ucrania, Serbia y representantes diplomáticos de EEUU reconocieron la labor de los brigadistas voluntarios en defensa de la libertad. También estuvieron presentes representantes de varios ministerios del Gobierno español. Andrés Ortega, del Ministerio de Presidencia, recordó que “los brigadistas hicieron lo que debieron hacer sus Gobiernos”.