Una buena Ley de Fosas…

La Generalitat de Cataluña se ha convertido en la primera Administración española en asumir plenamente la localización e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. La Ley de Fosas catalana, aprobada la pasada semana en el Parlamento de Cataluña, cierra lo que la de Memoria Histórica dejó etéreo e inconcluso: que sea la Administración pública, y en concreto la Generalitat, a petición expresa de los familiares, la que decida si paga las exhumaciones o en su defecto coloca una placa en recuerdo de los asesinados. Es decir, la Generalitat crea un marco jurídico para identificar y localizar los restos.

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Sólo el PP y Ciutadans se apearon de una mayoría conformada por el tripartito y CiU. Y esa actitud es difícil de justificar cuando la ley catalana aplica el mismo rasero a los desaparecidos de ambos bandos. De hecho, se trata de continuar la tradición inaugurada por el Tribunal de Casación de Cataluña, que en 1937 inició las exhumaciones de las fosas siniestramente alimentadas por los incontrolados de la retaguardia republicana.

Ahora, el tripartito y CiU han querido seguir por esa senda y, lógicamente, reparar también la memoria de aquellos que durante 40 años no existieron: los antifranquistas ejecutados. El ex presidente Pasqual Maragall fue precursor de esta idea de reconciliación al afirmar en septiembre de 2004 que en el Fossar de la Pedrera, donde reposan los restos del presidente Lluís Companys, están enterradas muchas víctimas de los paseos republicanos que también deben ser recordadas.

El PP catalán insistió en equiparar en la ley catalana la represión republicana a la de los incontrolados. Pero no es justo. Hubo abusos en ambos bandos, pero los producidos en la España republicana lo fueron contra la legalidad y la voluntad de las autoridades. Mientras que la España franquista organizó la represión desde el vértice del Estado.

Fuente: El País.com 23 de junio de 2009

OPINIÓN:

Dándole el beneplácito de la duda a la Generalitat, esperemos que esta Ley vaya acompañada de todos los medios necesarios, es decir, humanos, jurídicos y económicos que permitan su rápida aplicación. De ser así, estamos de enhorabuena y la actuación de la Generalitat abre las puertas a otras comunidades para que cunda su ejemplo.

Por otra parte es bochornoso contemplar como el PP y Ciutadans rechazan apoyar tal iniciativa, máxime  cuando sus argumentos se basan en la comparación (por otro lado siempre odiosa y nunca buena) de la represión de inicios de la II República (Que sin ser excusable, más bien todo lo contrario) no tiene parangón con la represión franquista después de la Guerra Civil ni en número, ni en forma, más bien, se pudiera considerar genocidio de Estado con las leyes internacionales en la mano. Además de la aberrante coletilla de que la represión franquista fue legítima, al provenir del Estado y sus leyes (Me parece una ofensa no sólo a las víctimas, sino que también a las libertades y el Estado de derecho, del cual se proclaman adalides).

Recordarle a estos señores que además de no condenar ni pedir perdón, que no votaron a favor del sistema democrático absteniéndose, o lo que es lo mismo, lo rechazaron de modo políticamente correcto (por decir algo). Hoy Jaume D’ Urgell, desde su muro en faceboock definía perfectamente con una frase lo que representan estos individuos: «Conocer lo que hicieron los padres y abuelos del Partido Popular ayuda a comprender lo que piensan sus hijos y nietos»

Jordi Carreño Crispín y Pedro V. Romera de Castilla Ramos.

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