Asociación republicana irunesa | Para Kaos en la Red | 4-8-2009 |
Hoy, 5 de agosto de 2009, se cumplen 70 años del asesinato de Estado de Ana López Gallego, Victoria Muñoz García, Martina Barroso García, Virtudes González García, Luisa Rodríguez de la Fuente , Elena Gil Olaya, Dionisia Manzanero Sala, Joaquina López Laffite, Carmen Barrero Aguado, Pilar Bueno Ibáñez, Blanca Brisac Vázquez, Adelina García Casillas y Julia Conesa Conesa, conocidas como las 13 rosas, varias de ellas menores de edad, y de otros 43 miembros más de las Juventudes Socialistas Unificadas.
Como las trece rosas otras más de 190.000 personas fueron sistemáticamente asesinadas por el franquismo bajo el intento de enmascaramiento y legitimación como juicios-farsa, o murieron en circunstancias aún no esclarecidas en prisión como parte de la persecución de los defensores de la República española. Y al igual que en el caso de los más de 150.000 desaparecidos de las fosas, y los miles de “niños perdidos”, tanto ellos como sus familias continúan privados hoy, tras treinta años de Estado constitucional, de sus derechos a la “verdad, justicia y reparación”.
Por todo ello los abajo firmantes instamos en esta fecha al Gobierno de España
a) Impulsar la apertura de los juicios penales contra estos “crímenes contra la humanidad”, como tales no prescritos, en observancia de su deber de cumplir con una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento de la verdad, y la depuración de las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a que se pudiera dar lugar.
b) Otorgar a estas víctimas, y muy especialmente a sus familias, el pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, dando cumplimiento a las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes.
1) La nulidad de todas las “sentencias” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos de lesa humanidad; nulidad ésta como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las victimas y de sus familiares. Las ejecuciones fueron crímenes de lesa humanidad, parte del exterminio de los defensores de la Segunda República llevado a cabo por el franquismo, y no pueden ser consideradas ni tan siquiera “derecho”.
2) Una disculpa pública por parte del Estado español por los asesinatos de Estado y por los precedentes 30 años de abandono de las familias tras la democracia, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.
3) La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a los ejecutados del franquismo y a sus familias, así como la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con sus nombres como forma de permanente homenaje y recuerdo, siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4) La inclusión de una exposición precisa de todas estas violaciones manifiestas de los derechos humanos y crímenes de Estado en la enseñanza de las normas internacionales y en el material didáctico a todos los niveles.
5) La derogación de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria, que otorga el rango de resolución jurídica con defectos de forma y fondo a lo que fueron meros asesinatos.
Nuestra ley de la “memoria histórica” es la ley de una “vergüenza histórica”.
El modelo de búsqueda, localización y exhumación de los desaparecidos del franquismo vigente hoy en España es el de la Orden de Franco de Mayo de 1940 – que nuestra ley “de la memoria” copia – no el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el de Naciones Unidas.
Por ello, como si España estuviese fuera de Europa, o de las Naciones Unidas, en vez de una “investigación oficial efectiva e independiente”, sin tardanza, y por iniciativa de nuestras autoridades nacionales – no de las familias –, como exige el Tribunal Europeo, tenemos una ley que es un laberinto jurídico, que no recoge ni una sola de las obligaciones internacionales del Estado en materia de “verdad, justicia y reparación” y que no garantiza, en modo alguno, los derechos fundamentales de los familiares de los desaparecidos.
Tras treinta años de democracia y Estado de Derecho España no ha cumplido, todavía, ni una sola de sus obligaciones en la materia, a pesar de seguir siendo en la actualidad el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos, tan sólo superadas las 150.000 víctimas de nuestras fosas clandestinas – y el indeterminado número de niños robados por la dictadura – por las cifras del régimen de Pol Pot en Camboya.
Lamentamos que en la elaboración de la ley nuestras autoridades hayan preferido seguir el sistema de garantía de derechos y libertades previsto por Franco al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, negando con ello, de forma contraria a la legalidad internacional, la normal aplicación en nuestro territorio de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a todas estas víctimas. Sentimos también que España no haya recogido las exigencias de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Res. 47/133 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1992) ni se haya hecho eco de las contundentes observaciones finales adoptadas por el Comité de Derechos Humanos del pasado 30 de octubre de 2008,
Lamentamos que, con ello mismo, nuestras autoridades democráticas – no ya la sangrienta dictadura franquista precedente – vengan haciéndose responsables de la prolongación de la incertidumbre y el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, lo que es constitutivo de un trato cruel e inhumano prohibido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3), por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7) y por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículos 1 y 16); todo ello mientras se continúan desatendiendo obligaciones esenciales, recientemente reiteradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos. Las necesidades específicas de colectivos de familiares de desaparecidos en grandes fosas deben ser igualmente reconocidas.
Lamentamos que nuestro Gobierno no haya emprendido, todavía, medida alguna ante el caso de los “niños perdidos” del franquismo – que la llamada ley “de la memoria” ni siquiera menciona – a pesar de tratarse de desaparecidos aún en vida, buscados por sus familias y para los que cada día que sigue pasando sin actuación de nuestras autoridades resulta, además, en una adicional privación de su “derecho a la vida familiar” conforme el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 8), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23), obstruyéndose así la reagrupación de estas familias desgarradas por la dictadura.
A la vista de todo ello, los firmantes del presente comunicado pedimos al Gobierno de España que cumpla con su obligación de dar normal aplicación en el país al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y a todas las normas internacionales que le obligan, y atienda a su deber, moral y jurídico, de ofrecer “verdad, justicia y reparación” respecto los desaparecidos del franquismo y sus familiares, comenzando por modificar la vigente ley y articulando un sistema de búsqueda, exhumación e identificación de los casos de las fosas – y de localización de los “niños perdidos” – mediante una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos participada por representantes de la fiscalía y la judicatura, del Gobierno de la nación, de los cuerpos policiales y las instituciones de derechos humanos así como de las asociaciones, entre otros, conforme los estándares internacionales.
Listado de organizaciones que han respaldado el comunicado, por orden alfabético.
1- Agrupación de familiares y amigos de los republicanos muertos y represaliados en la prisión de Valdenoceda.
2-Agrupación de familiares de las personas asesinadas en los montes de la Pedraja. (Burgos)
3- Ahaztuak 1936-1977.
4-Asamblea Republicana de Vigo
5-Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.
6- Asociación Catalana de Juristas Demócratas
7-Asociación Comarcal de MH del Condado de Huelva
8-Asociación contra el Silencio y el Olvido y Por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.
9- Associació Cultural Memòria i Justicia d’Elx i Comarca».
10-Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra
11-Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña (AFECO).
12-Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra
13-Asociación de familiares la barranca, rioja
14-Asociación Dignidad y Memoria. Marchena (Sevilla)
15-Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)
16-Asociación Memoria Histórica de Cádiz PCE-A.
17-Asociació Memoria Histórica Baix llobregat
18-Asociación Pablo Iglesias de Almansa
19-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
20-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.
21-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA).
22-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas.
23-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya.
24-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX)
25-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Mérida.
26-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia.
27-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.
28-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca.
29-Asociación pola Memoria Histórica de O Grove
30-Asociación por la Memoria Histórica de Miranda de Ebro
31-Asociacion por la Recuperacion de la Memoria Historica Social y Politica de Puerto Real (Cádiz)
32-Asoicación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca.
33-Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido, Aragón (A.R.I.C.O.)
34-Asociacion Republicana Irunesa «Nicolas Guerendiain»
35-Asociación Viguesa Pola Memoria do 36
36-Colectivo Republicano de Redondela
37-Collectiu Republicà del Baix Llobregat
38-Comisión pola Memoria Histórica do 36 de Ponteareas.
39-Associació pro-memòria als immolats per la llibertat a catalunya
40-Confederación General del Trabajo.
41-Familiares y Amigos de víctimas de los fusilamientos franquistas en Madrid
42- Federación de Foros por la Memoria de España.
43-Foro por la Memoria de Andalucía
44-Foro por la Memoria de Argentina
45-Foro por la Memoria de Cádiz
46-Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid
47-Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar
48-Foro por la Memoria de Granada
49-Foro por la Memoria de Guadalajara
50-Foro por la Memoria de Huelva
51-Foro por la Memoria de Jaen
52-Foro por la Memoria de La Rioja
53-Foro por la Memoria del Oriente de Asturias (Federación Asturiana)
54-Foro por la Memoria de Santaella
55-Foro por la Memoria de Segovia
56-Foro por la Memoria de Toledo
57-Foro por la Memoria del Valle del Tietar y la Vera
58-Foro por la Memoria Histórica de Málaga
59- Fòrum per la Memòria del País Valencià
60-Foro por La Recuperación de La Memoria, Puerto de Santa María (Cádiz)
61- La Gavilla Verde
62- Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucia (CGT.A).
63- Grup per la Recerca de la Memoria Històrica de Castelló.
64-Grupo pro revisión del caso Granado-Delgado.
65- Héroes de la República y la Libertad.
66- Izquierda Anticapitalista.
67-Memòria i Justícia d’Elx i Comarca
68- Memoria, Libertad y Cultura Democrática (Sevilla)
69- Mémoires partagées.
70- Mémoire de l’Espagne républicaine 82
71- Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo).
72- RadioBCN, Estación Mediterránea ABF, Difusión de Noticias sobre Memoria Histórica.
73- Salamanca Memoria y Justicia.
74- Todos los rostros.
75- Unidad Cívica por la República.
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Tras el acto en recuerdo de las jóvenes represaliadas por el franquismo, Tomás Gomez carga contra el PP por pedir la dimisión de De la Vega.
Varias mujeres durante el acto conmemorativo del 70 aniversario del fusilamiento de las militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas conocidas como las Trece Rosas- EFE
Tras la victoria del bando franquista en la Guerra Civil, las 13 jóvenes fueron recluidas en la cárcel de Las Ventas junto a otros militantes de sus formaciones políticas. Después del asesinato de un comandante de la Guardia Civil y su hija el 29 de julio de 1939 en Talavera de la Reina, las autoridades sacaron de la cárcel a 56 jóvenes militantes del PCE y las JSU, 43 de ellos varones y las 13 Rosas. El 3 de agosto, un tribunal militar les condenó a muerte por «adhesión a la rebelión», por tratar de recomponer el PCE y las JSU y por atentar contra el «orden social y jurídico de la nueva España».
Al acto han acudido la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, y el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, quien ha se ha referido al archivo del caso Gurtel en Valencia y ha considerado «fuera de lugar» que el PP pida la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, por anunciar que la fiscalía recurriría la decisión del tribunal valenciano.
Que mi nombre no se borre en la historia…
Escrito por jordicarreno 
La Memoria Viva 