“Seguimos siendo el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos, tan sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot”…

Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez Arias, investigador de Derecho Penal Internacional, en el Día Internacional de los Desaparecidos

Miguel Ángel Rodríguez Arias (Barcelona, 1977) es investigador de Derecho Penal Internacional de la UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha) y autor de las primeras investigaciones jurídicas en España abordando la cuestión de los desaparecidos del franquismo como “crímenes contra la humanidad” no prescritos y no sólo como cuestión de “memoria”, dando lugar con las mismas a actuaciones de la Audiencia Nacional. Junto a otros tres estudios publicados en la revista Jueces para la Democracia demostrando las actuales violaciones de derechos humanos en nuestro país a la luz de la jurisprudencia internacional1, es autor de El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad (Tirant Lo Blanch, Valencia), investigación en la que se basó el juez B. Garzón para abrir el caso de las desapariciones infantiles durante la dictadura. En la actualidad, Rodríguez Arias cuenta en su haber cuatro premios nacionales e internacionales de investigación.

Si le parece podríamos empezar dando cuenta del significado político-cultural del Día Internacional de los Desaparecidos que celebramos este 30 de agosto de 2009.

El Día Internacional de los Desaparecidos fue impulsado en 1981 por FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos). Día tras día, los familiares de las miles de personas que han “desaparecido” soportan el desgarrador sufrimiento de no saber qué ha sido de sus hijos, sus padres, sus cónyuges, o hermanos y eso es lo que se quiere recordar junto a la denuncia de las políticas pro impunidad que permiten que eso siga siendo así. Y eso es exactamente lo que sucede en el caso español, aunque prácticamente hasta el 30 de agosto del año pasado nada de esto ha sido tenido presente entre nosotros y queda aún mucho camino por recorrer; a pesar de que seguimos siendo el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos, tan sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot y aunque trágicamente sigamos teniendo más desaparecidos en España que en toda hispanoamérica, donde hemos acudido a pretender darles lecciones y son ellos los que deberían dárnoslas a nosotros en este campo.

Usted ha escrito recientemente un artículo que ha titulado “Ciento cincuenta mil muertos en el armario de la Presidencia española de la Unión Europea”. ¿Qué muertos son esos? ¿Por qué están guardados en algún armario?

En realidad se trata de 340.000 víctimas del franquismo, ciento cincuenta mil desaparecidos, y otros 190.000 ejecutados previa escenificación teatral de un juicio-farsa o muertos en circunstancias no esclarecidas en las cárceles de Franco. Lo titulo así porque esa es la cifra, 143.353 desaparecidos del franquismo, oficialmente conocida tras las actuaciones de la Audiencia Nacional, aunque todavía no sepamos a ciencia cierta cuantos miles de niños perdidos siguen desaparecidos en vida y no estén incluidos en el cálculo. Todas esas víctimas son el “muerto en el armario” de unas autoridades que quieren liderar Europa en su próxima Presidencia europea, a partir de 2010, desde la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como si tales decenas de miles de desaparecidos, los cientos de fosas clandestinas y sus familias que les aguardan no existiesen.

Ciento cuenta mil escribe usted, 143.353 puntualiza. ¿Cómo se ha realizado ese cálculo? ¿No es una exageración teniendo en cuenta la población de España en aquellos años y el número de fallecidos durante la contienda y los numerosos republicanos que tuvieron que exiliarse al triunfar el fascismo internacional en nuestro país?

Como bien dice la desproporción de dicha cifra, no sólo en términos absolutos sino relativos de un país menos poblado y que además acaba de salir de una cruenta guerra, es lo que me lleva a hablar de “cifras de genocidio”, el de los defensores de la Segunda República española, del que todavía no se ha tomado ni remotamente conciencia en nuestra sociedad empezando por nuestros propios representantes. Esas cifras resultan de las investigaciones de la Audiencia Nacional, de la propia Condena de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 – citando a su vez, en su punto 642, cifras admitidas por el propio régimen lo que nos debe llevar a pensar que podrían ser incluso superiores – y como digo ni siquiera contabiliza el caso de los niños perdidos del franquismo que algunas fuentes apuntan que podrían ser varios miles (hay quien habla de 30.000) pero todavía sin contrastar.

Se habla y se ha hablado de “los desaparecidos” de las dictaduras militares de Chile, Argentina o Uruguay, entre otros ejemplos, pero poco -o con escasa insistencia e incidencia- de los desaparecidos españoles durante el franquismo, ¿por qué? ¿No es extraño un silencio tan sonoro treinta años después de la muerte del dictador golpista?

Hay que pensar que el nivel de exterminio durante, y después, de la guerra contra la población civil española (“guerra civil” se queda corto), exilio forzado, persecución y represión sostenida en el tiempo respecto de los que sobrevivieron a todo ello no tiene parangón; los cuarenta años de dictadura para modelar a su antojo un país desde la más absoluta impunidad tampoco. El franquismo sociológico sigue siendo una realidad entre nosotros, presente de manera difusa y con distinta modalidad en todo el arco político y social y hará falta tiempo y constancia para borrar su huella y desaprenderlo. La transición hacia el reestablecimiento democrático no puede considerarse concluida mientras sigamos siendo el segundo país del mundo con ciento cincuenta mil personas en fosas clandestinas como ya he mencionado, y sigue habiendo temas tabú como el de la devolución de las requisas de bienes y papel moneda y el de las indemnizaciones, imprescriptibles, a los trabajadores forzados por parte de los empresarios de Franco que sacaron buen provecho de la dictadura.

¿Conoce usted un caso similar en la postguerra europea al que ha sucedido en España con estas personas desaparecidas?

El caso de los desaparecidos de la antigua Yugoslavia, de hecho, y como he demostrado en mi última investigación aplicando por primera vez dicha jurisprudencia europea al caso español, la condena por violación de derechos humanos de las autoridades serbias post Milosevic en el caso de las fosas de Srebrenica -por no emprender una investigación oficial efectiva e independiente de cada fosa, y no revelar el paradero a sus seres queridos, incurriendo así en “trato inhumano” y violación del “derecho a la vida familiar”- debería ser un aviso para navegantes en toda regla para nuestro Gobierno.

Me refería a la inmediata postguerra. Estaba pensando en Alemania o en Italia tras la derrota del fascismo.

No, salvo alguna posible excepción, las víctimas de Hitler o Mussolini fueron honradas y reconocidas como luchadores anti fascistas, los responsables juzgados, en ningún caso sería planteable que víctimas como las más de 300 de las matanzas de las fosas ardeatinas en Roma –considerado un lugar para la memoria y el homenaje protegido por el Estado– estuviesen todavía en la fosa clandestina dispuesta por los verdugos, con los familiares clamando para que se los devuelvan, con especuladores inmobiliarios al acecho de los terrenos cuando no simplemente construyendo encima de los cadáveres insepultos de todas estas personas, defensores de nuestra República, ¿qué más se puede decir?. Cuando se reflexiona despacio y mirando a nuestro entorno sobre todo lo que se está haciendo con los desaparecidos de Franco en España no es posible creer que todo esto esté pasando de verdad.

A veces se oye hablar, muy poco desde luego, o se elaboran documentales sobre los niños desaparecidos durante el franquismo. Hablaba usted de ellos hace un momento ¿De quiénes eran esos niños? ¿Qué familias les acogieron? ¿Se tienen cifras aproximadas? ¿Saben ellos ahora quienes fueron sus verdaderos padres?

El caso de los “niños perdidos” del franquismo presenta varias facetas. En un principio las víctimas fueron netamente pertenecientes a familias de defensores de la República, puestos a salvo en el extranjero por las colonias infantiles de Victoria Kent, o fueron robados de los brazos de sus madres ilegalmente detenidas por pura razón de parentesco en centros de detención de distinta índole, así como niños de los entornos maquis, también como forma de represalia ante acciones guerrilleras. Después en los años sesenta -tenemos niños perdidos todavía rondando los cuarenta años de edad, como da pie a pensar el presunto caso de la maternidad de Odonell y otros-, el componente de indefensión social ante el abuso cobró más relevancia. En todo caso el problema de todo este caso es que es de mucha mayor complejidad que el de las fosas al tratarse de desaparecidos en vida, y requerirse instrumentos específicos del Estado para la búsqueda e identificación como una Base Nacional de Datos Genéticos y una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, una unidad policial específica de búsqueda de niños perdidos, etc, como en Argentina y otros países. Pero, para empezar, no tenemos ni tan siquiera una “investigación oficial efectiva e independiente” promovida por nuestras autoridades, como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de nada de esto, por qué centros pasaron los niños, de qué titularidad eran los centros de detención materno-infantil, etc, etc, sin dicha investigación oficial, como he demostrado que es la obligación del Estado en un atento examen de una veintena de sentencias vinculantes para nuestro país, el velo de impunidad todavía existente es completo.

Habla usted del reciente caso de la maternidad de Odonell. ¿Podría explicarlo brevemente?

Se trata de un caso que llegó también a la prensa nacional hace unas semanas, denunciándose la situación de niños presuntamente separados de sus familias al nacer al decírseles que habían fallecido, pero de enfermedades altamente improbables que daría pie a un verdadero estudio de la OMS en su incidencia en dicho centro, y lo más determinante, sin devolver el cuerpo que es lo que en todo caso determina la situación de desaparición. Vivos o muertos debían ser entregados a sus familias, o debería decírseles hoy dónde quedaron enterrados, de ser ello así. Por eso, una vez más, debe ser una investigación oficial efectiva e independiente la que lo esclarezca todo.

¿Qué actividades realizan las familias de esas personas desaparecidas? ¿Han recibido alguna ayuda pública en su democrático y razonable empeño de búsqueda?

De verdad, lo de que las familias busquen a desaparecidos que se llevó el Estado, es el completo mundo al revés, en cualquier otro lugar del mundo está reconocido que es el Estado el que debe hacerlo, y su único fundamento es que al hacer la ley de la memoria le copiaron a Franco su Orden de primero de mayo de 1940 “sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos”, como también he podido demostrar. No se trata de que el Estado dé subvenciones -Franco daba exenciones fiscales–. El único rol de esas familias es el de ser tratadas con el respeto y consideración que merecen y que la fiscalía las tenga puntualmente informadas de cuantos avances se puedan realizar en la persecución penal de los asesinos de sus seres queridos arrebatados o, de no ser ello posible, del estado de la localización e identificación de sus seres queridos. No sé cuanto tiempo hará falta para explicarle a nuestra ciudadanía y que se alcance una conciencia clara de que hemos vivido, y seguimos viviendo, en la anormalidad jurídica y que a quien hay que copiarle es al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no a Franco como se ha hecho. ¿Es así como se educa además a la ciudadanía en el alcance de sus propios derechos humanos internacionalmente reconocidos, a base de generar confusiones graves en torno a elementos básicos?

¿Por qué cuando se habla de terrorismo en España no se habla de estas situaciones que, sin apenas atisbo de duda, parecen fruto de acciones que pueden ser calificadas de terrorismo de Estado?

Creo que los crímenes del franquismo pueden ser calificados como terrorismo de Estado, como también lo fueron los de la Dictadura argentina, pero que el concepto de crímenes contra la humanidad es mucho más exacto y favorable para las victimas por los efectos que les reconoce el Derecho Penal Internacional desde Nuremberg. De hecho, creo que hay que tratar de avanzar hacia la comprensión de los crímenes del franquismo como un “genocidio” con todas las letras y a pesar de distintos aspectos jurídicos cuestionables surgidos post Nuremberg que lo dificultan, sustancialmente que la Convención de 1948 elimina la figura del genocidio político, aunque antes sí que ésta resultaba reconocible. Creo que ese es el nuevo concepto por revisar en todo este tema, como antes hubo que revisar la cuestión del franquismo como algo mucho más allá de la “memoria histórica”. Lo que hizo el franquismo con los defensores de la República española, desapariciones y todo lo demás –la práctica totalidad de crímenes internacionales que existen–, fue un genocidio. Y todo eso sigue impune y ni siquiera los derechos reparatorios de sus victimas encuentran un normal cumplimiento.

¿Qué opinión le merece la ley de Memoria Histórica y su cumplimiento?

Tengo un artículo pendiente de publicación en prensa nacional en los próximos días titulado «La “ley” de la memoria no es ley: fórmula de Radbruch y objeción de conciencia ante una injusticia insoportable», creo que ello y mis consideraciones previas, ilustra suficientemente mi valoración jurídica de la ley. Mi conciencia me impide reconocer como derecho, ni nada que se parezca, la regulación que hace la “ley” de la “memoria” de temas como la situación de los desaparecidos (copiada-pegada directamente de Franco), o la consideración como derecho “con vicios de forma y fondo” de los fusilamientos. Yo no puedo llamar derecho al asesinato de decenas de miles de personas. Y no puedo entender como alguien pueda hacerlo aunque sólo fuera por motivos estrictamente de humanidad y compasión hacia sus familiares.

Entonces, en su opinión, ¿por qué se ha obrado de esa forma? ¿Por miedo? ¿Por la correlación de fuerzas existentes? ¿Por qué no se ha sabido hacer mejor?

Para mi todo esto es una cuestión de posibilismo político irreflexivo, llevado por su propia inercia, en ausencia de un efectivo freno o control, ni político ni social ni periodístico –algún medio nacional debió haber alzado la voz alto y claro para decir que no era correcto encomendar a los propios familiares octogenarios el desentierro de sus seres queridos asesinados y que había que poner el empeño necesario en buscarles a todos con los medios del Estado, que había que respetar sus derechos humanos y el derecho internacional– hasta representar un caso de “banalidad del mal” tal y como lo definiese Hannah Arendt: se regula irreflexivamente, sin una verdadera toma de conciencia ética de las repercusiones materiales y humanas de la acción política en este campo, el dolor en el que siguen sus familias, etc.

Déjeme apuntarle unos ejemplos. Un hospital de Burgos lleva el nombre de un general golpista, amiguísimo y colaborador del general golpista Franco. En Barbastro, a las orillas del Vero, puede verse una Iglesia con una inmensa placa llena de símbolos fascistas. En Artica ha sido destrozada una placa que recordaba a los 17 fusilados en el pueblo. Varios historiadores, y no sólo de una impresentable extrema derecha, no dejan de reconstruir permanentemente el pasado de antiguos dirigentes del franquismo como, por ejemplo, el de José Mª Areilza, conde Motrico. ¿Cómo puede soportarse sin gritos enrabietados una cosa así? ¿Cómo concebir la aceptación de tamaño disparate?

Todo ello forma parte de esa necesidad que apuntaba de terminar de verdad con el franquismo difuso entre nosotros, y más cosas tan solo muy tardíamente rectificadas como el hecho de que el derecho de asociaciones estuviese regido hasta 2002 por una ley de la dictadura del año 1964 mínimamente parcheada. Durante años ese ha sido el modelo de participación democrática que se ha seguido lactando, siendo como es el movimiento asociativo un elemento esencial, una primera escuela. El lastre y la huella de esos cuarenta años debe ser examinado en 360 grados, desde la perseverancia, y el compromiso con lo mejor de los valores democráticos republicanos que nos arrebataron con la imprescindible ayuda de Hitler y Mussolini.

¿Sigue siendo España el país de los niños perdidos? ¿Cómo deberíamos actuar entonces? ¿Qué hacer, si me permite la eterna y necesaria pregunta?

Eso es lo que a mi juicio sigue siendo y de ahí que ese fuese el título de la introducción de mi libro sobre el tema y hasta de mi blog personal. Esa es mi convicción. Es de donde venimos y lo que seguimos siendo. Para cambiar todo esto bastaría con dar normal cumplimiento a unos instrumentos internacionales de sobra conocidos y claros en su significado. Para conseguirlo tenemos un largo camino por delante, sea en denuncia y concienciación dentro de España como de actuación internacional ante distintos tribunales y organismos de derechos humanos.

Dos preguntas finales. La primera, discúlpeme, algo personal. Usted es joven, nació después de la muerte del dictador. ¿Qué le mueve a realizar todas estas investigaciones y denuncias? ¿Su ideal de justicia, tiene acaso familiares afectados…?

Siempre me orienté vocacionalmente hacia el Derecho penal internacional, ya desde mis años de formación en Italia y Alemania, y me parecía claro que, enmascarando toda la cuestión de los crímenes contra la humanidad del franquismo como “memoria histórica”, en España se estaban llevando a cabo políticas pro impunidad incumpliendo Nuremberg, derechos humanos y todo lo que uno se pueda imaginar. Pero, sobre todo, no podía evitar una sentida gratitud, una sensación de que les debemos algo muy importante, a todos aquellos que defendieron nuestra República en unas circunstancias aterradoras y con prácticamente todo en contra. ¿Cómo voy a guardar silencio y no utilizar mi formación permitiendo que gente que debería avergonzarse de las ilegalidades que está cometiendo sigan tratando así a las personas que los defensores de nuestra República dejaron atrás, a sus propias familias y seres queridos, que les sigan negando sus derechos humanos?. La gente de mi generación no hemos podido hacer nada antes por ninguno de ellos, pero a sus familias sí que las podemos defender y hacer lo que pueda estar en nuestra mano para que nuestro Estado respete sus derechos. Y pienso que los defensores de nuestra República habrían querido que hiciésemos lo posible para que sus familias estuviesen bien. ¿Qué menos que eso les debemos? A partir de ahí poco importa el trabajo que tengamos por delante. Ellos enfrentaron algo infinitamente peor por todos nosotros, y el derecho está de nuestra parte, aunque no lo esté todavía en nuestro propio país por la transición inconclusa.

Una última cuestión que creo enlaza consistentemente con algunas de sus consideraciones anteriores. El Gobierno de Aragón, un gobierno PSOE-PAR, no un gobierno del PP o de derechas nacionalistas, estudia multar a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica por la apertura de una fosa. La sanción podría llegar hasta los 300.000 euros. Según creo, la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo, remitió a finales del pasado mes de julio de 2009 una carta a la ARMH con el fin de conocer si el colectivo había cometido una infracción de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, con la exhumación de una fosa común en Calatayud (Zaragoza). La carta solicita a la ARMH un informe de la exhumación llevada a cabo con “el fin de valorar la posible incoación de un expediente sancionador”. El Gobierno aragonés considera que la exhumación se llevó a cabo sin la correspondiente autorización necesaria para realizar, no es una errata, “excavaciones arqueológicas”. Para la ARMH es “lamentable que el Gobierno de Aragón quiera tratar la exhumación de una fosa común, promovida en este caso por la hija de uno de los fusilados, Esther Tabuenca, como si se tratara de un resto arqueológico anónimo que no fuera consecuencia de un delito permanente; uno de los más graves que se recogen en el derecho internacional humanitario”. ¿Cómo puede pensarse políticamente una cosa así? ¿Qué pensar de un agravio de tamaña magnitud?

Ello es un claro ejemplo ilustrativo de esa “banalidad” de la que hablaba antes, junto con algún otro igualmente claro relativo a la negativa a que el Estado sea el que busque a los desaparecidos como es debido, para no generar un conflicto de competencia en materia de salubridad mortuoria, competencia de las Comunidades Autónomas, no del Estado Central… Como decía Hannah Arendt, en el juicio de Eichmann en Jerusalén, son argumentos y actitudes burocráticas, por completo desconexas del referente humano de fondo, que le sobrecogen a uno y le dejan sin palabras. La banalización del dolor ajeno llevada a la práctica del poder puede amparar cualquier cosa; ése es su peligro.

Notas:

1. Véase http://segurquetomba.wordpress.com/category/investigaciones-juridicas

2. El punto 64 de la condena dice así: “64. En 1944, un portavoz del ministerio de justicia franquista reconoció que más de 190.000 detenidos habían sido ejecutados o habían muerto en prisión (…)”. El texto íntegro de cien puntos traducido al castellano, señala M. A. Rodríguez Arias, puede verse en http://segurquetomba.wordpress.com/2009/08/11/condena-de-la-asamblea-parlamentaria-del-consejo-de-europa-a-la-dictadura-franquista-de-17-de-marzo-de-2006/

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=90703

Fuente de la noticia: Foro por la Memoria

http://www.foroporlamemoria.info/2009/08/%e2%80%9cseguimos-siendo-el-segundo-pais-del-mundo-en-cifras-de-desaparecidos-tan-solo-por-detras-de-la-camboya-de-pol-pot/

Los niños que perdió España entre guerras y dictaduras…

El término se generaliza y no siempre se usa con corrección. A veces, con él se etiqueta el destino de algunos niños que sufrieron la Guerra Civil española y el franquismo. Pero, ¿hubo menores desaparecidos en España?Fue la presión popular la que obligó al Gobierno británico a aceptar a los niños españoles. Era 1937 y la parte hispana de la Península Ibérica llevaba un año sumida en un terrible conflicto fraternal. Muchos republicanos quisieron ahorrarles a sus hijos el hambre, el miedo y las calamidades de la Guerra Civil. Menores, algunos de muy corta edad, partían solos y entre lágrimas hacia países desconocidos. Algunos no regresaron nunca. Otros se perdieron a su vuelta en la maraña del régimen franquista.

Finalizada la lucha en el frente vinieron la dictadura y la represión para continuar sesgando familias. En noviembre de 2008, el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón dictó un auto con el que denunciaba las “sustracciones sistemáticas de niños a las presas republicanas”, hijos que, según el conocido magistrado, “jamás fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó”.

Existe, además, una placa conmemorativa en el cementerio de la Almudena de Madrid. Recuerda a las “13 Rosas”: 13 jóvenes españolas, miembros de la Juventud Socialista Unificada, que fueron fusiladas el 5 de agosto de 1939 frente a la tapia de este camposanto. Ocho de ellas no habían cumplido por aquel entonces los 21 años, la mayoría de edad en la época.

Sin embargo, con los calificativos hay que tener cuidado, advierte Gregorio Dionis, del Equipo Nizkor, la única organización que ha tratado estos casos desde una perspectiva jurídica. “Mucha gente desconoce el significado exacto del delito de desaparición forzada y lo usa arbitrariamente hasta que, al final, pierde su valor denominativo.”

Los “niños de la guerra”

A veces se les llama “niños de Moscú”, pero el título es una inexactitud histórica. No todos los menores evacuados durante la Guerra Civil española fueron a parar a la Unión Soviética. Tampoco la mayoría. Marie Trappiel enumera en un trabajo realizado para la Universidad Humboldt de Berlín, y al que remite el Servicio Internacional de Búsqueda (ITS), que Francia se hizo cargo de unos 9.000 pequeños, Gran Bretaña de 4.000, Bélgica de 3.500 y la Unión Soviética de 3.000. Además, México acogió a 500, Suiza a 245, Holanda a 195 y otros países europeos a algunos pocos, como los dos a los que dio cobijo Dinamarca.

El Comité Internacional de la Cruz Roja calcula que entre 1937 y 1939 organizó el refugio en el extranjero de 32.000 “niños de la guerra” españoles. Del país salían identificados y habiéndose elaborado detallados listados de datos. Era una marcha provisional con intenciones de reencuentro. Pero mantener el contacto con las familias fue difícil.

Primero, porque la censura franquista lo truncó cuanto pudo. “La correspondencia casi nunca llegaba. Hace unos cinco o seis años, se descubrieron en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca montones de cartas de estos pequeños sin abrir”, dice Dolores Cabra, directora de AGE, una organización que agrupa a todas las asociaciones de los “niños de la guerra” que fueron surgiendo en los diferentes países de acogida. Segundo, porque los republicanos perdieron la última batalla y la documentación respectiva a estos menores quedó bajo potestad del régimen dictatorial.

Además, al conflicto español le siguió pronto el mundial, y los niños que habían huido del primero se vieron sumidos en el segundo. En la situación de emergencia bélica provocada por el avance de las tropas nazis, muchos acabaron vagando por las calles de Europa, viéndose obligados a mendigar o a delinquir para poder sobrevivir. De los republicanos adultos que cayeron en manos del ejército alemán, Madrid no quiso responsabilizarse y fueron en consecuencia internados en campos de concentración. Pero, “cuando la Wehrmacht capturaba a un menor, éste era entregado a España e ingresaba en el Auxilio Social”, cuenta Cabra.

El Auxilio Social era una institución fascista española creada a imagen de la hitleriana “Winterhilfe” (“Auxilio de Invierno”), “un lugar horrible, en el que a los niños se les decía, literalmente, que sus padres eran unos rojos de porquería y que tenían que redimir los pecados de sus progenitores a través de la religión”, explica la directora de AGE. El Estado se hacía cargo de estos pequeños porque muchos eran huérfanos, sus padres estaban exiliados o no los consideraba facultados para ocuparse de sus hijos por ser republicanos.

“Finalizada la II Guerra Mundial, Franco hizo algún intento por recuperar a los ‘niños de la guerra’ e integrarlos en el sistema falangista, pero los Aliados y la Cruz Roja consideraron que era mejor que los menores no volvieran a España”, narra Dionis, del Equipo Nizkor. Entonces, el dictador les retiró la nacionalidad por medio de un decreto que todavía sigue hoy vigente.

“Hay niños que acabaron en los Gulag de los que nunca se volvió a saber nada”

El regreso a España se le permitió a la mayoría de los “niños de la guerra” a partir de 1949. Según el ITS, retornaron 20.266, aunque no todos se quedaron. Sin embargo, “a los menores que estaban en la Unión Soviética no se les dejó volver”, lamenta Cabra, “el Partido Comunista Español quería encargarse de su formación: se convirtieron en rehenes de la lucha ideológica entre el PCE y el régimen de Franco”. Los que fueron educados por el Partido aún tuvieron suerte. Los pequeños a los que la segunda Gran Guerra había dejado desamparados formaron en muchos casos bandas que recurrían al delito para la supervivencia. En la URSS, los mayores de 12 años podían ser deportados a los campos de trabajos forzados.

“Hay niños que acaban en los Gulag, hay niños que acaban en la cárcel, y hay niños desaparecidos de los que nunca se volvió a saber nada”, dice Cabra. Cuántos, se desconoce. “El archivo de la Cruz Roja de la Unión Soviética fue purgado y se quemaron todas las actas que no le interesaban al régimen comunista”, cuenta Cabra. “Tampoco el Gobierno español ha hecho ningún esfuerzo por elaborar y hacer pública una lista con los nombres de los ‘niños de la guerra’, y la información la tiene”, critica Dionis.

Ha sido exclusivamente la labor de las asociaciones y de los mismos menores, hoy ya ancianos, la que ha logrado ir reconstruyendo estas historias y evitando que caigan en el olvido. La recientemente aprobada Ley de la Memoria Histórica ni siquiera menciona a los “niños de la guerra”, que “continúan sin recibir reconocimiento jurídico de ningún tipo”, dice Dionis. “Además, nadie se ha dedicado a estudiar estos casos”, añade, “hay montones de libros sobre la Guerra Civil, pero no hay trabajos sobre cuestiones concretas como, por ejemplo, ¿qué pasó con los ‘niños de la guerra’?”.

Los “niños perdidos”

Según el juez español Baltasar Garzón, se trata de un delito que puede ser tipificado como detención ilegal con desaparición forzada y según el magistrado fue una práctica sistemática y repetitiva durante el franquismo: los hurtos de niños, hijos de republicanas encarceladas. En la mayoría de los casos, los menores eran entregados a las órdenes religiosas o a las instituciones del régimen y, en ocasiones, a familias afines al mismo. Su pista se pierde fácilmente, sobre todo cuando por uno de estos tres caminos a los pequeños se les cambia el nombre.

Fueron en primer lugar un documental emitido por la televisión pública catalana TV3, titulado Los niños perdidos del franquismo y realizado por Montserrat Armengou y Ricard Belis, y un libro del mismo nombre, escrito por ambos junto a Ricard Vinyes, los que levantaron la polémica en torno a estas prácticas, sobre cuyo ejercicio en España hasta el momento sólo se había hablado en círculos extremadamente reducidos. Después, Garzón presentó su auto y otro de los muchos temas que del pasado histórico español se han ignorado quedó definitivamente listo para el debate.

“Una de las sorpresas que me encontré a la vuelta de un largo exilio fue el ver que mis estudiantes (gente joven, despierta y curiosa intelectualmente, horrorizados por las barbaridades realizadas por las dictaduras chilenas y argentinas -tales como el robo de niños de padres asesinados por aquellas dictaduras-) desconocían que todos aquellos horrores habían ocurrido también en España”, recuerda el catedrático de Ciencias Políticas Vicenç Navarro al comienzo de un artículo publicado por el diario español El País.

Sin embargo, en la actual discusión algunos expertos están emitiendo señales de alarma ante lo ligero de las comparaciones. “Desde el punto de vista jurídico, lo sucedido con los menores en España y lo que pasó en América Latina no es lo mismo. En Chile y en Argentina, a las presas les quitaban los niños en secreto. En España era un acto legal- conforme a la legalidad franquista- y se llevaba a cabo abiertamente”, indica Dionis. “A los padres españoles, el Estado les retiraba oficialmente la patria potestad sobre sus hijos porque, al ser ‘rojos’, consideraba que no estaban capacitados para educarlos”, añade.

El juez Garzón calcula que sólo entre 1944 y 1945 estuvieron bajo tutela del Estado español más de 30.000 niños descendientes de opositores al régimen. Pero, “Garzón ha planteado muy mal su auto”, opina Dionis, “los menores que les fueron sustraídos a las presas republicanas no están desaparecidos. Existen actas y documentos en los que se registraron las entregas de los pequeños a las órdenes religiosas, los procedimientos de adopción y las modificaciones de nombres y apellidos. Bastaría con que el Gobierno reconociera jurídicamente el problema y ordenara la apertura de una investigación en la que se catalogasen e hiciesen públicos todos los archivos”.

Los “niños enterrados”

El grueso de los españoles que desaparecieron durante la Guerra Civil y el régimen franquista se encuentra bajo la tierra de las fosas comunes. 70 años después de que se pusiese fin al conflicto interno hispano y a casi 34 de la muerte de Francisco Franco, una parte del país todavía busca a sus abuelos, sus madres, sus tíos, sus hermanas. En el lento proceso español de reconstrucción del pasado y reconocimiento de las víctimas, el ritmo de las exhumaciones de cadáveres de represaliados se ha acelerado en los últimos años. En el silencio reinante hasta hace algún tiempo, el destino de las 13 Rosas fue llevado en 2007 al cine.

Pero, ¿se sospechan fusilamientos frecuentes de menores, aún hoy desaparecidos? “Se sabe que hubo menores encarcelados; se sabe que hubo actos de violencia indiscriminada contra la población civil e imaginamos que estos seguramente afectaron también a algunos menores, teniendo en cuenta además que la mayoría de edad se situaba en aquella época en los 21 años para las mujeres y los 23 para los hombres”, dice Juli Cuéllar, responsable del departamento de Desaparecidos y Fosas de la Guerra Civil y el Franquismo del Gobierno catalán. “Sin embargo, a nosotros, que trabajamos a partir de las peticiones de búsqueda que nos hacen los ciudadanos, no nos consta ningún caso de este tipo”, puntualiza.

De las alrededor de 3.000 solicitudes que han llegado hasta las oficinas de esta instancia, dos son de menores desaparecidos, cuenta Cuéllar: “una es de un niño cuya pista se pierde durante un bombardeo. La otra nos la ha hecho llegar una madre que dio a luz en la cárcel y tiene constancia de la muerte del bebé, pero quiere saber dónde está enterrado”.

Autora: Luna Bolívar Manaut

Editora: Emilia Rojas

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4608405,00.html

Fuente de la noticia. Foro por la Memoria

http://www.foroporlamemoria.info/2009/09/los-ninos-que-perdio-espana-entre-guerras-y-dictaduras/

Franco, honrado en casa de «don Manuel»…

Fraga durante un acto celebrado en el castillo de Sotomayor (Vigo). - EFE

Este año se recordó con nostalgia en la fiestas de Vilalba a la figura del «generalísimo», a quien el pregonero llamó «don Francisco Franco Bahamonde«.

DANIEL BASTEIRO – 02/09/2009 12:24

Podría ser un pregón más. Es decir, el inicio discreto de las fiestas de San Ramón que Vilalba (Lugo) celebra a caballo entre agosto y septiembre. Podría ser el discurso interminable de casi todos los años, en el moderno auditorio poblado por vecinos vestidos de domingo que cuchichean sobre la idoneidad de tal o cuál dama de honor. Podría ser el discurso lleno de «recuerdo cuando» o «antes, cuando era joven». El homenaje a las tradiciones e historia local que siempre se le encarga a alguien famoso que nació en el pueblo pero emigró, curiosamente sin regresar muy a menudo a su tierra. Siempre con Manuel Fraga, «don Manuel», el alcalde y algún miembro de la Xunta presentes, luchando tanto como los miembros de la sufrida banda de música por permanecer despiertos.

Sin embargo, este año se recordó con una nostalgia inaudita a la figura del «generalísimo«, a quien el pregonero, el periodista Antonio Domínguez Olano, llama «don Francisco Franco Bahamonde». El encargado de inaugurar las fiestas del pueblo de Fraga o Rouco Varela no tuvo reparos en acordarse públicamente de los «paseos» o de las placas en honor al dictador. Ni se despeinó al referirse al dictador por los términos impuestos por el régimen. Todo ello en un discurso caótico y difícil de seguir que dejó en un segundo plano las anécdotas sobre su juventud en el pueblo.

Los medios locales optaron por silenciar el homenaje público y se limitaron a sumarse a los continuos elogios de Domínguez Olano a Fraga, con quien Vilalba y España están para él en deuda. Tampoco faltaron en el discurso los elogios al antiguo presidente del Parlamento de Galicia (también vilalbés, también del PP), su hijo (concejal de Cultura), el alcalde (que logró otra mayoría absoluta más para el mismo partido en las últimas elecciones) o el cardenal de Madrid.

Algunos de los habituales a la cita pusieron mala cara. «Creo que nunca se hicieron referencias a Franco en estos términos», me comentó a la salida uno de ellos. «Es una pena que se estropee el inicio de las fiestas de esta manera y que no pase nada», lamentaba otro. No obstante, la elección del pregonero, prerrogativa del gobierno municipal, produjo también muchas sonrisas nostálgicas y algún que otro aplauso espontáneo.

Fuente: Público.es

http://www.publico.es/248156/franco/honrado/casa/don/manuel

OPINIÓN:

Cuando alguien se empeña en resucitar a los fantasmas del pasado, no hay mejor manera de hacerlo que recordando precisamente al verdugo que enterró a casi toda una generación de hombres y mujeres, eso sí, hay que clamar al cielo cuando los demás intentamos no resucitarlos, si no todo lo contrario, enterrarlos dignamente. Se nos acusa por ello de no querer cerrar las heridas, de abrirlas. Nos argumentan que hay que dejar en paz a los muertos. ¿Los muertos de quién? me pregunto yo cada vez que leo una noticia como esta o similar.

Parece ser que la demagogia en este asunto de la memoria histórica sigue siendo la tónica habitual de los partidarios del sátrapa caudillo, de los herederos del pensamiento único, que tanta insistencia tienen en que dejemos en paz a  los muertos. Claro que no especifican tampoco el tipo de muertos, porque por lo visto, hasta en esto hay clases y categorías. Se refieren siempre a los muertos que ellos dejaron (que por cierto, no fueron pocos después de la guerra) y no los que ellos padecieron (durante la guerra, – no se si ven la diferencia sin tener en cuenta que la misma estuvo provocada por un Golpe de Estado-); y, si encima es el artífice de tan magna limpieza, entonces hay que recordarlo, homenajearlo y santificarlo si hiciera falta (que ganas a más de uno lo le habrán faltado, máxime  cuando se es paisano y siendo de la población en cuestión, además de estar a la mano derecha del señor) para escarnio de los vencidos, que así podrán cerrar de una vez por todas las heridas causadas por la locura de defender un gobierno legítimo y diferente a sus dogmas arcaicos, inquisidores e inhumanos.

Hay cosas que no pasan en otros países, que nos llevan ventaja en la recuperación de la memoria histórica, es más, en más de uno de ellos este tipo de acto hubiera estado considerado apología de…, y creo que a nadie se le pasa por la cabeza homenajear públicamente en un acto a Hitler, Mussolini, etc. ¡Spain is diferent…!

A nuestros políticos que tanto se llenan la boca con la Ley de la Memoria Histórica, que por cierto no tienen reaños de hacer cumplir en su totalidad, y menos de modificarla y adaptarla a las verdaderas necesidades de las víctimas, le entran ganas a uno de ciscarse en su p… madre (como diría A. Pérez Reverte) cada vez que nos vienen a pedir el voto y nos hablan como si todo estuviese hecho en este asunto, o quieren salir en la foto del trabajo realizado por los familiares de las víctimas. No sé si todavía no han entendido que un asunto de Estado que lleva pendiente más de setenta años los deja en clara evidencia, además de no cumplir con las recomendaciones y las leyes internacionales a tal efecto. Mientras tanto los nietos e hijos de los verdugos se permiten el lujo de restregarnos en la cara sus hazañas, mantener sus símbolos y celebraciones como si nada. Luego dirán que les damos mucha cera cuando no comulgamos con alguno de ellos.

La Memoria es de las familias de las víctimas, el trabajo también y el dolor del olvido por supuesto.

Jordi Carreño.