NATALIA JUNQUERA 30/09/2009
El Congreso debatirá hoy sobre la posibilidad de devolver a sus familiares los restos de los republicanos que fueron enterrados en el Valle de los Caídos. El diputado Joan Herrera presentará esta tarde, a las 16.30 una proposición no de ley que insta a hacer todo lo posible para que los que nunca autorizaron que los suyos fueran enterrados junto a su verdugo, Francisco Franco, puedan recuperar los cuerpos.
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En los festejos del primer aniversario de su victoria, en 1940, cuando Franco explica a sus hombres de confianza y a embajadores de la Alemania nazi y la Italia fascista su gran proyecto, no tenía ninguna intención de incluir en el Valle de los Caídos a los muertos del bando enemigo. Pero tampoco pensaba que fuera a tardar 20 años en construirlo. Muchas viudas de soldados franquistas no autorizaron el traslado de los cuerpos de sus maridos al mausoleo. El régimen necesitaba cuerpos para alimentar aquella enorme cripta y el Ministerio de la Gobernación los pidió por carta a ayuntamientos de toda España, rogando, además, que respondieran «con la mayor brevedad posible». Muchos municipios contestaron que no tenían muertos franquistas, pero sí «fosas del ejército rojo». Así fue como el dictador robó cadáveres para hacer apología de sí mismo.
Es el caso de ocho republicanos (siete hombres y una mujer) que fueron fusilados el 20 de agosto de 1936 por un grupo de falangistas, arrojados a un pozo en desuso en Aldeaseca, y desenterrados 23 años después por un grupo de hombres, que siguiendo órdenes de la misma autoridad que había determinado su muerte, los desenterró y los trasladó al Valle de los Caídos cuando faltaba un mes para inaugurar el monumento. También el de Jaume Colom, un soldado republicano que murió de tifus en Lleida tras caer preso. Su familia descubrió con espanto el año pasado gracias a la historiadora Queralt Solé que no estaba en el lugar al que solían llevarle flores sino enterrado junto al dictador.
El texto de la proposición no de ley recuerda: «El Estado tiene una responsabilidad moral con las personas que defendieron la República de un levantamiento militar y, además, con las familias de las personas enterradas en un emplazamiento como el Valle de Los Caídos, que forma parte del Patrimonio del Estado».
Herrera quiere que el Congreso inste al Gobierno a elaborar en un plazo máximo de seis meses «un censo de todas las personas que se encuentran enterradas las instalaciones que pertenecen al Patrimonio del Estado, como el Valle de Los Caídos y a ponerse en contacto en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del censo, con los familiares de estas personas para comunicarles dónde se encuentran los restos del ser querido con la finalidad de acordar qué se debe hacer con estos restos».
http://www.elpais.com/articulo/espana/Valle/Caidos/Congreso/elpepuesp/20090930elpepunac_1/Tes
La Memoria Viva 