¿Quién era Antonio Vallejo-Nájera?: historia de una calle madrileña…

Tercera Información, 21-11-2009 – 22 Noviembre 2009

Fue Jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares del régimen franquista y se le encargó un estudio que demostrase la inferioridad mental de las personas de ideología marxista.

Dolores Higuera – Tercera Información | 21-11-2009

Debido al deficitario trabajo que el Gobierno de España está realizando en tanto en cuanto a la aplicación de la Ley de memoria histórica se refiere, desde Tercera Información hemos decidido informar acerca de todos aquellos hitos, símbolos o nombres de calles que permanecen en nuestras ciudades homenajeando el régimen dictatorial de Franco en plena democracia.

En este caso nos referiremos a la calle Doctor Vallejo Nájera en Madrid. Este oscuro personaje es bastante desconocido para la ciudadanía en general, por lo que es necesario una tarea pedagógica que informe de lo que este nombre significa. Vallejo Nájera, psiquiatra y padre de un linaje de doctores en esta especialidad, autores de prolíficos libros; fue jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares y fue el que dotó de base científica a la teoría política franquista, ya que afirmó y constató, por ejemplo, que el “marxismo” era una enfermedad, prácticamente, incurable.

Este análisis, además, sirvió, entre otras cosas, para justificar el robo de niños que tantas familias destrozó durante la dictadura, sirviéndose de la Iglesia católica como cómplice. Además de investigar en busca del llamado gen rojo, escribió numerosas páginas que intentaban demostrar la inferioridad de las mujeres, realizando afirmaciones tales como que: “a la mujer se le atrofia la inteligencia como las alas a las mariposas de la isla de Kerguelen, ya que su misión en el mundo no es la de luchar en la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella”.

Esperemos que ningún ciudadano alemán tenga que sufrir el escarnio y la ignominia de vivir o pasear por una calle llamada “Menguele”.

http://tercerainformacion.es/spip.php?article11313

Noticia extraída del Foro por la Memoria:

http://www.foroporlamemoria.info/2009/11/%c2%bfquien-era-antonio-vallejo-najera-historia-de-una-calle-madrilena/

Unas 40 personas se concentran en Sevilla ante Justicia para protestar por el protocolo de exhumaciones…

El Foro defiende que “las fosas en las que se encuentran ilegalmente inhumadas las víctimas de la represión franquista deben ser levantadas de acuerdo con la legislación internacional de derechos humanos”

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) –

Unas 40 personas, según el Foro por la Memoria de Andalucía, se concentraron hoy en Sevilla para mostrar su “rechazo” al protocolo de exhumaciones aprobado por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, “por la privacidad a la que someten las investigaciones en las fosas”.

En este sentido, fuentes de la organización manifestaron a Europa Press que en dicho acto se dejó constancia de que “la Justicia no puede quedarse al margen de las exhumaciones”, por lo que el Foro defiende que “las fosas en las que se encuentran ilegalmente inhumadas las víctimas de la represión franquista deben ser levantadas de acuerdo con la legislación internacional de derechos humanos”, explicaron.

Así, “deben ser lo jueces de Instrucción los que acuerden las medidas oportunas para ese levantamiento, todo ello en el marco de la investigación de los delitos que cometieron las personas que ejecutaron, directa o indirectamente, a los inhumados”, según precisaron las fuentes.

La concentración contó con dos lemas, ‘Sin Justicia no hay memoria. No al protocolo de exhumaciones de la Junta’ y ‘Verdad, Justicia y reparación para las víctimas del franquismo’, “con el cual se continúa la campaña a nivel nacional de concentraciones ante los máximos órganos judiciales para exigir lo que necesitan las víctimas del franquismo y se anule de una vez por todas la Ley de Amnistía de 1977″, indicaron.

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-40-personas-concentran-sevilla-justicia-protestar-protocolo-exhumaciones-20091121133742.html

FAMYR pedirá al Fiscal Superior que «judicialice» la exhumación de las fosas comunes asturianas…

Miembros de la directiva de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) y del colectivo ‘Todos los nombres’ se reunirán en las próximas semanas por primera vez con el Fiscal Superior del Principado, Gerardo Herrero, para pedirle que «judicialice» el proceso de investigación y exhumación de las fosas vinculadas a los crímenes del franquismo.

Mapa de fosas sin ecaavr (Imagen de archivo)

El vicepresidente de FAMYR, Rafael Velasco, explicó en declaraciones a Europa Press que en dicho encuentro trasladarán a Herrero su «preocupación y desacuerdo» por la postura de la Fiscalía de no facilitar la intervención judicial penal en el descubrimiento de fosas comunes y de no cumplir con los mandatos del juez Garzón a las Audiencias Provinciales.

El pasado 20 de octubre, el Fiscal Superior consideró que, pese a que es justo reparar a las víctimas de la represión política, no resulta apropiado recurrir al proceso penal puesto que éste no puede esclarecer los hechos ni exigir responsabilidades a los partícipes.

El Ministerio Público consideraba que la reparación moral que se pretende mediante el reconocimiento de la injusticia sufrida, así como la identificación y entrega de los restos a sus familiares » se enmarca dentro de la Justicia reparadora y no legitima en absoluto la intervención del juez penal».

Para estos colectivos, se trata de crímenes de lesa humanidad, equiparables al genocidio, que, según las legislación internacional vigente, pueden ser investigados en cualquier momento y lugar, «principalmente cuando no se han hallado los restos».

Asimismo, defienden que las fosas sean abiertas por miembros de la Administración de Justicia y no por asociaciones privadas «que no pueden aportar las suficientes garantías y se ven obligadas a excavar sin protocolos reglados ni cualificación».

«Pedimos que se siga el mismo cauce que se utiliza en el caso de otras muertes violentas recientes. Con todos los medios que tiene el Estado dejarlo en manos privadas puede convertirse en un negocio o en algo difícil y precario», subrayó Velasco.

En este sentido, lamentó el «profundo desorden» que se agudiza aún más cuando las fosas se ubican en fincas privadas en las que el propietario puede no autorizar a realizar la exhumación, «un obstáculo que no existiría si interviniese la justicia», puntualiza.

FAMYR ve «imprescindible» la colaboración judicial para que se averigüe quiénes son los responsables de los crímenes y la identidad de los enterrados. Piden además que se investiguen las órdenes políticas que ampararon los fusilamientos porque algunos de los responsables «podrían estar vivos».

Además de la colaboración del Fiscal, esperan que el Gobierno de Asturias redacte una ley que permita intervenir a las asociaciones que trabajan por la recuperación de la memoria histórica asturiana. Por el momento, -explican- el Principado está trabajando en la elaboración de un catálogo de las fosas asturianas «que no irá más allá de su señalización y dignificación mediante la construcción de monumentos conmemorativos».

En este sentido, lamentan la «disparidad absoluta de criterios» entre autonomías y aplauden el elevado compromiso de comunidades como Cataluña, con una ley de memoria histórica que incluye protocolos de actuación y que cuenta con numerosos apoyos.

En el ámbito local, ensalzan la labor desarrollada en las últimas décadas por el consistorio de Oviedo, que, «bajo distintos colores políticos» y con la colaboración de los familiares, «ha sabido cuidar» la fosa común anexa al cementerio.

Según datos que maneja la Federación, en Asturias existen 78 fosas con centenares de cadáveres de represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Europa Press via Yahoo! España Noticias

Asociación de Coria inaugura un monumento en homenaje a represaliados, desaparecidos y asesinados…

El 28 de Noviembre de 2009 se inaugurará el monumento dedicado a los Represaliados durante la Dictadura de Franco.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la localidad sevillana de Coria del Río (Asremehco), junto al Ayuntamiento coriano, inauguran el próximo día 28 de noviembre a partir de las 12,00 horas, en el Paseo de la Constitución de la localidad ribereña, un monumento en «honor a la II República Española» y en «homenaje a los corianos represaliados, desaparecidos y asesinados por la dictadura del general Francisco Franco».

La agrupación informó en un comunicado que «tras varios años de espera y un largo recorrido en el que se han tenido que sortear diversas dificultades y torcer algunas voluntades», se inaugurará la obra de la escultora sevillana Ángeles de la Torre, un monumento cuyas dimensiones, tanto artísticas como físicas, hacen del mismo «un homenaje difícilmente viable hoy día», con el que se honra «a los que fueron expoliados, represaliados y pagaron con su vida la defensa de la legalidad republicana, la libertad y la democracia», como reza la placa que acompaña la obra.

Con este monumento también se pretende ofrecer «un recuerdo emocionado a todos los que sufrieron la represión, el oprobio y la vergüenza, y a quienes perdieron su libertad al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de las fronteras españolas, por parte de los fascistas y por el simple hecho de defender la legalidad republicana contra la barbarie del fascismo».

«Sólo en Coria del Río, existen datados ya más de 200 ciudadanos que perdieron la vida y son innumerables los que sufrieron la represión». Sin embargo, «más de 70 años después de la rebelión fascista, en España se sigue sin conocer qué pasó, quién ordenó las ejecuciones, quién practicó las detenciones y qué sucedió con los, al menos, 114.266 desaparecidos que se han documentado judicialmente y, entre estos, los corianos que a través de este monumento son homenajeados», criticó la asociación.

Europa Press via Yahoo! España Noticias

CGT se queja ante el Defensor del «silencio» de la Junta a las alegaciones de la exhumación de Alfacar…

El Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía del sindicato CGT de Andalucía ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por el «silencio administrativo» de la Junta de Andalucía a las alegaciones presentadas en su día por el sindicato a la exhumación de las fosas de Alfacar (Granada), proceso en el que pidió personarse para representar al banderillero Joaquín Arcollas, enterrado supuestamente con Federico García Lorca.

RMHSA critica en el escrito formulado que, habiendo presentado la alegación en tiempo y forma, no ha recibido «respuesta formal y razonada» denegando o aceptando su solicitud de personación como «familia ideológica» del banderillero anarquista, y que sólo fue invitado a la rueda de prensa que se celebró en Granada para presentar el proyecto de apertura de la fosa y la firma del convenio entre las instituciones y organizaciones afectadas.

«Ciertamente estaba reservada para nosotros una silla en la fila de familiares de víctimas, pero ni la información transmitida en ese acto, ni el texto del convenio aclaraban la cuestión, es decir: la resolución de la alegación presentada y el tratamiento que, en caso de ser aceptada, se aplicaría durante las distintas fases del proceso», señala el grupo en su queja.

Así, desde el inicio de los primeros trabajos de exhumación el pasado 29 de octubre «en ningún momento» la Consejería de Justicia y Administración Pública, la Oficina del Comisariado de Memoria Histórica o la Asociación granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica se ha dirigido a los alegantes «para nada», según sostienen.

Toda la información conocida, señalan, «lo ha sido a través de los medios de comunicación, y más allá de cualquier información sobre las novedades del proceso, ninguna otra solicitud sobre el futuro tratamiento que deba tener la zona (ya calificada como ‘cementerio’ según la prensa) ni los restos que puedan aparecer».

En un comunicado, CGT-A exigió a la Consejería que «actúe con la misma transparencia que exige cualquier procedimiento de interés público, y en particular con quienes representan los intereses de las víctimas, como en nuestro caso por familia ideológica en caso de ser aceptadas las alegaciones presentadas, como parece ser que así ha sido, y así se nos ha dado a entender de manera informal», y además «cumpla con los principios y pautas del procedimiento administrativo, regulado Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y comunique la resolución de la alegación presentada en tiempo y forma».

En su alegación, RMHSA de CGT-A se posicionó a favor de la localización, exhumación e identificanción –por exclusión– de los restos de Joaquín Arcollas Cabezas y felicitó personalmente a los responsables de la Consejería de Justicia por la decisión tomada. Se solicitaba entonces ser parte personada en el proceso en representación de los intereses de Arcollas puesto que, al no tener descendencia ni familia conocida, la suerte de sus restos quedaría en una situación de «incertidumbre» y los objetivos de la recuperación de la memoria de las víctimas de la represión franquista «diluidos o incumplidos».

Dada la conocida militancia de Arcollas en el movimiento libertario (al igual que el otro banderillero, Francisco Galadí), CGT-A se postuló como «familia ideológica» para representar y defender sus intereses en tanto que víctima que, como tal, reclama «verdad, justicia y reparación» en la medida que sea posible.

Europa press/Yahoo.noticas

La prensa también quiere hacer memoria…

Portada del Heraldo de Madrid el 18 de julio de 1936.

CiU propone en el Congreso que se compense a los medios expoliados por el franquismo.

EFE – Madrid – 23/11/2009 11:33

El Congreso debatirá esta semana una iniciativa de CiU con la que este grupo pretende conseguir la restitución o compensación a los periodistas y las empresas editoras perjudicadas por la incautación de bienes y derechos vinculados a los medios de comunicación durante el franquismo.

El Heraldo de Madrid , El Liberal, El Defensor o La Moda práctica son algunas de las cabeceras de la Sociedad Editora Universal que durante la posguerra experimentaron el decomiso de su maquinaria, su material y sus enseres y que el grupo catalán pone como ejemplo de las prácticas llevadas a cabo en la Dictadura.

La proposición no de ley del grupo catalán, que se discutirá el miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso, emplaza al Gobierno a elaborar, en el plazo de seis meses, un informe que contenga el censo de los medios periodísticos cuyos bienes fueron incautados en base a una ley aprobada el 13 julio de 1940.

Propone CiU que, una vez culminado este censo, se restituya a los perjudicados, o a sus herederos, el importe de los bienes de los que fueron desprovistos, actualizando las cantidades en razón del tiempo transcurrido.

Los nacionalistas catalanes recuerdan que tanto durante la Guerra Civil como a su término se produjeron incautaciones que afectaron a publicaciones de todos los partidos políticos, asociaciones sindicales y empresas periodísticas.

Acabada la guerra, los editores considerados por los vencedores como afines al Movimiento Nacional recuperaron sus bienes, mientras que quedaron definitivamente expoliadas aquellas cabeceras que habían tenido una trayectoria democrática y liberal.

«También resultaron víctimas de la expoliación los periodistas y trabajadores de las empresas editoriales, a los que no sólo no les fueron respetados sus derechos laborales, sino que muchos de ellos fueron perseguidos y privados del ejercicio de la profesión bajo la simple acusación de sus anteriores vínculos», remarca la proposición.

Además, CiU hace hincapié en que en la etapa democrática tampoco se ha dado solución a las reclamaciones de estas empresas pese a la aprobación en 2007 de la llamada «Ley de Memoria Histórica».

Retirada de símbolos franquistas

Precisamente, la misma Comisión Constitucional debatirá en la sesión del miércoles otra proposición no de ley relativa a esta norma, en la que se insta al Gobierno a fijar un plazo máximo de un año para la retirada de los símbolos franquistas que todavía quedan en dependencias de la Administración y en los entes públicos.

Promovida por el diputado de ICV Joan Herrera, la iniciativa recuerda que aunque han transcurrido 30 años de democracia aún existen «numerosos símbolos y menciones franquistas en edificios públicos de titularidad estatal», y ello cuando la Ley de Memoria Histórica obligaba a la Administración a retirarlos.

Como muestra, en la propuesta tramitada por el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV se recuerda el águila franquista de gran tamaño que preside la sede de la Capitanía General situada en Barcelona, elemento que «de acuerdo con la ley debería ser retirado cuanto antes», apuntan sus autores.

Público.es

http://www.publico.es/espana/272065/prensa/expoliada