Defensa tapará la placa de homenaje a Franco en el Cuartel General del Aire con un escudo constitucional…

enero 5, 2010

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Ministerio de Defensa comenzó ayer las obras para tapar la placa de mármol que homenajea al dictador Francisco Franco en la fachada del Cuartel General del Aire, en el distrito de Moncloa-Aravaca de la capital, cubriéndolo con un escudo constitucional con el objetivo de cumplir el mandato de la Ley de Memoria Histórica.

Según adelantó hoy la Cadena Ser y confirmó en declaraciones a Europa Press un portavoz del departamento que dirige Carme Chacón, las obras comenzaron ayer, tras la instalación del andamio durante el pasado mes de diciembre.

“Lo más complicado era colocar el andamio, porque la placa está muy alta, pero una vez terminada esa fase no se tardará mucho en concluir toda la obra”, aseguraron las mismas fuentes. De hecho, los técnicos esperan haber concluido todo el proceso “en unos quince o veinte días”.

En cualquier caso, la situación de la placa, en lo alto de la fachada del cuartel, ha hecho imposible retirarla, por lo que Defensa ha optado por colocar una lápida encima con el escudo constitucional.

Además, el epitafio ‘Francisco Franco. Caudillo de España’ será borrado, y sólo se respetará la fecha –en cifras romanas– porque es la que señala el año de construcción del edificio.

Asimismo, el Ministerio ha ordenado la eliminación de dos ‘vítores’ franquistas –letras ‘v’ con las que se exaltaban las victorias fascistas– que se encuentran en la fachada del cuartel.

Con esta intervención, el Ministerio de Defensa ha cumplido “el 99,5 por ciento de todas las actuaciones que tenía que hacer con respecto a la Ley de Memoria Histórica en toda España”, superando el millar de retiradas de homenajes al dictador.

Ahora, quedan pendientes tan sólo las actuaciones en algunos Bienes de Interés Cultural (BIC), para las que la propia ley reconoce que “hay que consultar con el Ministerio de Cultura para que su grupo de expertos se pronuncie sobre el futuro de esos elementos”.

Por otra parte, muy cercano al Cuartel General del Aire se encuentra el Arco de la Victoria, que recibe a los conductores que llegan a la capital por la carretera de La Coruña. Este monumento también es una exaltación a los triunfos militares de Franco, pero al ser propiedad del Ayuntamiento deberá ser éste el que decida su futuro.

Europa Press/Google noticias


¿Debe el Estado buscar a García Lorca?

enero 5, 2010

JULIÁN CASANOVA 05/01/2010

La sublevación militar de julio de 1936 inauguró en España un tiempo sin ley. La obediencia a la ley fue sustituida por el lenguaje de las armas, el desprecio a los derechos humanos y el culto a la violencia. Bajo esas circunstancias, sin ley que obedecer, sin miedo al castigo, aparecieron por todas partes bandas de asesinos, amparadas por los militares, por terratenientes y burgueses asustados por la revolución, que organizaban cacerías y ajustes de cuentas.

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¿Quiere o no esta democracia poner los medios necesarios para restituir a las víctimas su identidad?

Esa oleada de terror, que dejaba a los ciudadanos allí donde caían abatidos, en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, en los ríos, en pozos y minas abandonados, acabó con la vida de Federico García Lorca. También con las de otros miles de personas, alcaldes, gobernadores civiles, presidentes de las Diputaciones provinciales, diputados elegidos por la coalición del Frente Popular en febrero de 1936, dirigentes sindicales y políticos, campesinos y trabajadores. Los muertos no cabían en los cementerios y por eso se cavaban grandes fosas comunes,cualquier lugar era bueno para matar y abandonar los cadáveres.

Los asesinos ocultaron los cuerpos porque eso aseguraba su impunidad, borraba las pruebas del crimen. Además, como después ganaron la guerra, nunca tuvieron que dar explicaciones sobre su paradero porque nadie les pidió cuentas. Más de setenta años después, muchos de los familiares de esas víctimas no saben dónde están sus restos, desperdigados por lugares insospechados. Es normal que los busquen, que quieran desenterrarlos, obtener la satisfacción sentimental y simbólica de volver a enterrarlos con dignidad. Mientras no se desvele la suerte de sus antepasados, esa historia traumática seguirá presente entre ellos.

¿Qué puede o debe hacer el Estado democrático, sus principales responsables e instituciones, para gestionar ese pasado de violencia y muerte? Hay opiniones para todos los gustos.

Están los que se ríen de quienes “remueven tierra buscando huesos”, proponen pasar página, negar el recuerdo, cancelar el pasado. Aznar y Rajoy, voces autorizadas para millones de personas que piensan como ellos, lo repiten siempre que sale el tema: el Gobierno no puede dedicarse a tonterías como la memoria histórica o a la investigación sobre miles de desaparecidos en el pasado. Es la sombra alargada del legado ideológico de la dictadura de Franco, un legado pesado que regresa con diferentes significados, que actualizan desde la democracia sus herederos, políticos, periodistas o aficionados a la historia.

Frente a la cancelación ideológica de ese pasado, hay quienes proponen su recuperación, también ideológica, basada en la memoria testimonial, de grupo, partido o asociación, en el recuerdo del acontecimiento contado por los contemporáneos y sus descendientes. Detrás de esa explosión de recuerdos, que muchos llaman memoria histórica, hay básicamente dos supuestos que la legitiman y le dan fuerza frente a la historia más profesional y científica: por un lado, que esos recuerdos cuentan cosas que la historia oficial, académica o salida de los documentos, nunca registró; por otro, que lo que hacen los recuerdos es colmar una necesidad irresuelta de justicia y retribución después de tantos años de silencio y olvido. Y nada mejor para ello que buscar los restos, localizar fosas, desenterrar a los muertos y volver a enterrarlos.

Si se atiende a esa corriente de “recuperación de la memoria histórica”, la búsqueda de los restos de Federico García Lorca no debería ser más importante o primordial que la de miles de campesinos o trabajadores que nadie recuerda o la de autoridades que sirvieron a la República y lo pagaron con sus vidas. Además, por lo que respecta a las víctimas de la Guerra Civil, una política pública de memoria y educación, decidida desde la democracia, debería tener en cuenta a todos los asesinados sin procedimientos judiciales ni garantías previas que hubo en las dos zonas, aunque sabemos, y hay que seguir recordándolo, que fueron los golpistas de julio de 1936 quienes provocaron la guerra, la ganaron e impusieron después una cruel dictadura en la que varias decenas de miles de vencidos, perdedores, acabaron también con sus cuerpos bajo tierra.

El conocimiento histórico tiene que ir más allá de la memoria testimonial. Necesitamos una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de la muerte y el paradero de todas esas víctimas de un tiempo sin ley, una agenda de investigación sobre los hechos todavía inexplorados y las personas sin localizar. Una parte de esa labor estaría ya resuelta si el Gobierno hubiera prestado la debida atención al requerimiento del juez Baltasar Garzón y hubiera creado una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas por la violencia política durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Los intereses políticos y judiciales del presente han dominado, sin embargo, sobre la necesaria comprensión y explicación de lo que ocurrió. La pregunta es si este Estado democrático que tenemos quiere o no poner los medios necesarios para restituir a las víctimas su identidad. Y no sólo a Federico García Lorca.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

El País.com /Google noticias

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CÁDIZ: La memoria histórica despierta pocos recuerdos en la ciudad…

enero 5, 2010
Una imagen de archivo muestra a varias personas visitando las instalaciones del cementerio de san José.

Una imagen de archivo muestra a varias personas visitando las instalaciones del cementerio de san José.

04/01 · 19:41 · Antonio Muñoz de la Vega

El cementerio de San José tiene sus días contados. Eso se sabe desde hace tiempo. El problema es que parece que nadie sabe cuántos son esos días en realidad, lo único en lo que todos coinciden es en que el derribo del camposanto “va para largo”.
El temporal de lluvia de las últimas semanas ha impedido a los operarios que están desmantelando lo poco que queda del antiguo cementerio de San José continuar con su trabajo, ya que la lluvia hace “muy peligroso” trabajar allí, según apuntan fuentes municipales.
Aunque ya se han trasladado al Mancomunado de Chiclana casi todos los restos que aún permanecían en San José, aún está pendiente el derribo de las cuarteladas que aún siguen en pie y el traslado de los últimos panteones.

Cuarteladas
Precisamente la lluvia ha obligado a retrasar los restos de don Rosendo, que es uno de los pocos cuyos restos permanecen en una de las cuarteladas pendientes de derribo.
La importancia de que este traslado se haga cuanto antes es muy grande, puesto que hasta que esto no se produzca no se podrá derribar la estructura bajo la cual están enterrados los restos de uno de los represaliados durante la Guerra Civil española que han sido reclamados por sus familiares.
Según indican desde el Ayuntamiento de Cádiz, tan sólo cinco familias han decidido ejercer su derecho de reclamar los restos de sus antepasados. Cuatro de ellas ya los han recuperado, mientras que la quinta permanece a la espera.
Los responsables del cementerio de San José establecieron un período considerable de tiempo para acoger las peticiones de todos aquellos que quisieran recuperar los restos de sus familiares tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, pero han sido pocos los que han presentado su solicitud en la capital.
Una vez derribadas o trasladas todas las estructuras que aún permanecen en el cementerio, se procederá a desenterrar los restos sepultados en fosas del subsuelo del mismo. Los restos de estas personas, que se cuentan por millares, serán trasladados a una gran fosa común del cementerio chiclanero.
Se trata de un trabajo complicado y laborioso, teniendo en cuenta que el cementerio de San José data de principios del siglo XIX.
Una vez que el cementerio sea derribado por completo, su lugar será ocupado por una gran zona ajardinada, además de albergar diversos equipamientos culturales y deportivos. Con este proyecto municipal, se trata de dotar de unos espacios para el ocio largamente demandados en la zona de extramuros.

Don Rosendo tiene que esperar por culpa de la lluvia
Don Rosendo es de los pocos que aún quedan enterrados en el cementerio municipal de San José. Y esto es así por culpa del temporal de las últimas semanas, puesto que el traslado de sus restos ha tenido ya que ser suspendido en dos ocasiones por las fuertes lluvias. Desde el Ayuntamiento de Cádiz no se aventuran a dar una fecha exacta para llevar a cabo el esperado traslado de los restos a la capilla del propio cementerio, ya que la inestabilidad del tiempo impide programarlo con antelación. Lo que sí se confirma es que se llevará a cabo “en breve”. El motivo por el que los técnicos no se atreven a trasladar los restos con mal tiempo es que los trabajos en el cementerio son “muy complicados” en estas condiciones y, sobre todo, porque la figura de este ilustre gaditano atraería a muchos admiradores a un acto que debe contar con todas las medidas de seguridad.

Capilla
A partir del día de su traslado, sus restos descansarán frente a los del alcalde de Cádiz Fermín Salvochea. Rosendo de Vicente y Vicente, era un gaditano anónimo, fallecido en 1876, y al que se le atribuyen favores y buenas obras a aquellos que le rezan. Este comerciante gaditano se distinguió por ser un hombre generoso, que fiaba a las personas que menos tenían o repartía comida entre aquellos que pasaban hambre. En un principio se pensó en trasladar sus restos a Chiclana, pero finalmente descansarán en la capilla de San José. De esta forma, los gaditanos seguirán teniéndolo cerca para acudir a él cada vez que tengan algo que contarle o pedirle, y a lo mejor hasta lo concede.

Andalucía Información / Google noticias


Ley y consenso…

enero 5, 2010

El responsable de la Comisión para el Estudio y Aplicación de la Ley de la Memoria Histórica explica los primeros pasos para la aplicación de la norma en la ciudad de Logroño.

05.01.10 –

CARLOS NAVAJAS CONCEJAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
El 29 de diciembre, el Pleno del Ayuntamiento de Logroño aprobó sin ningún voto en contra la creación de una Comisión para el Estudio y Aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura en la ciudad de Logroño. Dicha Ley, conocida popularmente como la Ley de Memoria Histórica, a pesar de que es más una disposición de reconocimiento o reparación que propiamente de memoria histórica, obliga en especial en su artículo 15, titulado «Símbolos y monumentos públicos», a las administraciones públicas, «en el ejercicio de sus competencias», a tomar «las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación [concepto a mi modo de ver clave], personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura». Además de dicho imperativo legal, habría que recordar que ya en el programa electoral con el que se presentó el Partido Socialista a las elecciones municipales del 2007, previas como es obvio a la aprobación de la Ley antedicha, figuraba el compromiso, legitimado posteriormente por las urnas, de revisar el callejero logroñés para limpiarlo de referencias al franquismo.
El procedimiento para aplicar dicha norma en el ámbito de la ciudad de Logroño estará basado en el consenso, tal y como se subrayó más de una vez durante el pleno citado. Un consenso de carácter político, que se refleja en el hecho de que en la comisión estarán representados los tres grupos municipales -el popular, el socialista y el riojano-, y social, que se vuelve a evidenciar en la circunstancia de que en el citado órgano colectivo estará presente también la sociedad civil logroñesa -desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja hasta los agentes económicos y sociales (UGT, CCOO y FER), pasando por la Asociación La Barranca, la Universidad de La Rioja, el Ateneo Riojano y la Asociación de Amigos de La Rioja-, además de tres funcionarios municipales, que terminarán de completar la plural composición de la comisión. Sin embargo, dicho consenso no sólo se va a dar en el plano político-social, sino también en el procesal -o, como dicen algunos, procesal-, pues desde el Gobierno municipal queremos que afecte en particular no sólo a la retirada de determinados nombres de calles que exalten el golpe de Estado y la dictadura de Franco, sino al siguiente paso, consistente en la búsqueda de otras denominaciones alternativas que terminen configurando una memoria pública democrática plena.
En efecto, tras treinta años de ayuntamientos democráticos en la ciudad de Logroño ya es hora de que la memoria pública dictatorial residual todavía existente en la misma sea sustituida definitivamente por una memoria pública democrática que pueda ser compartida por todos y cada uno de los ciudadanos capitalinos o al menos por la inmensa mayoría de ellos durante las próximas décadas, de forma que no vuelva a repetirse nunca más la imposición de los unos sobre los otros de una memoria colectiva partidista y, mucho menos, golpista y totalitaria.

La Rioja (Comunicado de prensa) (blog)