Política pública y memoria histórica (Y el lugar de las víctimas en la misma)…

por Joxe Iriarte, «Bikila» – Miércoles, 13 de Enero de 2010 –

El 17 de noviembre la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en colaboración con la asociación Lau Haizetara Gogoan, responsable de la edición del libro Comisión de la verdad de Euskal Herria, nos ofreció a los partidos políticos, sindicatos, asociaciones y personas interesadas en la recuperación de la memoria historia la posibilidad de escuchar y debatir sobre distintos aspectos del tema: el de las fosas y exhumación de cadáveres, el análisis de las políticas estándar en materia de memoria histórica y su aplicación al caso vasco, los casos latinoamericanos y el papel de los movimientos sociales y, por último, el análisis de la Ley de la Memoria Histórica.

Retuve particularmente:

– La historia de las inhumaciones. El comienzo en los albores de la Transición (1976-77) y el parón posterior (1982, año del Tejerazo que a muchos les hizo temblar), para retomar impulso hacia el 2002, y el espectacular salto posterior. Los ímprobos esfuerzos por parte de familiares y asociaciones y los no pocos obstáculos por parte de la propia Administración de Justicia (por ejemplo, del juzgado de Gernika) para lograr los permisos de exhumación y comprobación de la identidad de los cadáveres. Y las presiones y amenazas («¿queréis abrir viejas heridas?», se les espeta aún hoy), allá donde el peso de los conservadores y filofranquistas sigue siendo determinante.

– Los cambios de actitud de determinados gobiernos sudamericanos, los cuales una vez pasados los primeros años de transición, y presionados por familiares, movimientos populares y organismos de justicia, han derogado leyes de amnistía y llevado ante la justicia a torturadores, asesinos y represores, y sectores de la trama económica que les acompañaba.

– La confirmación de que el Reino de España firma todos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, pero apenas los cumple posteriormente. Y, sobre todo, la constatación de que la Transición española no cumplió con ninguno de dichos preceptos que internacionalmente son considerados como básicos en materia de reconstrucción de la verdad, reparación de las víctimas y justicia para casos de genocidio, dictaduras y demás regímenes represivos… La Ley de Amnistía de 1976 y la posterior de 1977 ocultaron la verdad, burlaron la justicia con un autoamnistía y muchas menos reparaciones. Ni una peseta incautada se devolvió a particulares.

– La afirmación de que, desde el punto de vista jurídico, el Estado español es responsable subsidiario (en cuanto Estado continuador) y que, sin embargo, según la Comisión de la Verdad de Euskal Herria, «privó de recursos efectivos para alcanzar la verdad, justicia y reparación a numerosas víctimas de la guerra civil y del franquismo, lo que constituye una segunda vulneración de derechos internacionalmente reconocidos, situación que se ha prolongado en el tiempo, más allá de la transición hasta la actualidad».

El concepto de Estado continuador es un concepto clave, pues retrotrae a la ausencia de ruptura democrática, y al falseamiento presente en la historiografía oficial que, a pesar de alabar el tránsito mediante consenso, en realidad nos presenta al Reino de España o Estado de las Autonomías como un nuevo Estado (nacional), sin pasado colonial, sin su complicidad con la Iglesia más conservadora y las clases más reaccionarias, sin que haya roto un plato en materia de asimilación forzada de lenguas, culturas y nacionalidades. Y, sobre todo, sin ninguna responsabilidad con su reciente y sanguinario pasado, si el bien el traumático recuerdo de éste ha sido utilizado profusamente en los momentos precisos.

– Pacto de silencio. Lo dijimos hace 30 años, y hay que volver a reafirmarlo: la Transición española estableció un verdadero pacto de silencio en torno a los verdugos, presentes en los más altos estamentos del Estado y de los poderes económicos.

Como señala con toda justeza Ariel Jerez, profesor de Ciencia Política de la UCM, «algunos intelectuales orgánicos del nuevo régimen niegan que haya habido pacto de olvido. Pero cuando desde los poderes del Estado se reafirma, una y otra vez, un espíritu de la Transición, no podemos dejar de interrogarnos sobre esta prolongada operación de manipulación simbólica y discursiva, orientada a contrarrestar la emergencia pública y política de los discursos de quienes cuestionan unos consensos nítidamente conservadores sobre diversos aspectos de nuestra vida en común.[…] Mientras tanto, en nuestras ciudades y pueblos agonizaban en silencio, sin reconocimiento público, los hombres y las mujeres que deberían ser el espejo ciudadanista en el que se mirase nuestra sociedad. Estigmatizados por el miedo del se había significado políticamente, caían de nuevo en las cunetas de la historia».

Política pública y memoria histórica (Y el lugar de las víctimas Noticias de Gipuzkoa –

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