La memoria histórica de la cárcel…

La prisión de Alhaurín de la Torre deposita en el Archivo Histórico Provincial más de 17.000 antiguos expedientes de presos que cumplieron sus condenas entre los años 1929 y 1958.

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La cárcel también tiene pasado. El director del centro penitenciario de Málaga, Antonio Guerrero, entregó ayer al delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Manuel Jesús García, un nuevo lote de antiguos expedientes de presos que serán custodiados por el Archivo Histórico Provincial. En total, fueron 17.000 los archivos que la prisión le ha hecho llegar a la Administración autonómica. Ésta es la cuarta transferencia de documentación que la cárcel ha realizado, con lo que el número de expedientes supera los 60.000.
Los archivos se refieren a presos que cumplieron sus condenas entre 1929 y 1958, el periodo más convulso de la historia reciente de Málaga: el final de la Monarquía, la II República, la Guerra Civil y la más dura posguerra, épocas marcadas por el hambre y el aislamiento. Estas carpetas constituyen una auténtica radiografía de la evolución delictiva de Málaga: en ellas se recoge desde la historia de desertores de la Guerra de Civil, a simples personas sospechosas de tener ideología republicana. Incluso, se muestra el caso de algunos internos que robaron gallinas para aliviar el hambre, problema endémico de nuestro país.
Cada uno de los expedientes contiene una anotación a lápiz que indica la fecha de liberación del preso; en algunos casos, se escribió junto a la fecha de salida un conjunto de siglas que muestran el trágico desenlace de la vida del reo: ´L. N.´, o ´Libertad Negra´, como se denominaba a la salida del presidio de los reos para ser fusilados.
Además del historial penitenciario, el expediente contiene la llamada ´hoja de filiación´, con la fotografía y las huellas dactilares del interno, explicó Antonio Guerrero. Más allá de esta primera página, se incluyen todas las instancias remitidas a los juzgados, las salidas del recluso para ir a juicios, reconocimientos forenses y recomendaciones del párroco para dar fe de la buena conducta del preso en cuestión.
Lo ideológico predomina en estos expedientes, sobre todo en los que se hicieron a partir de 1936. En ellos se puede observar la evolución de algunos movimientos como el anarquista, o la feroz depuración que se llevó a cabo contra las personas de ideología republicana por parte de las tropas rebeldes. Así, permitirán ahondar en la recuperación de la memoria histórica.
Manuel Jesús García afirmó que «estos expedientes pueden proporcionar numerosos datos de interés a investigadores y particulares preocupados por la suerte que corrieron sus familiares encarcelados». De estos expedientes se puede extraer información sobre posibles fallecidos en fosas comunes o facilitar la obtención de certificados para probar la nacionalidad de los descendientes de exiliados.

Origen. Todos ellos proceden de la prisión provincial de Málaga, de la Central de Mujeres y de los partidos de Antequera y Ronda. García destacó además el trabajo de organización, ordenación y descripción que se realiza en el Archivo Histórico Provincial, lo que permite encontrar reseñas entre cientos de miles de documentos.

La Opinión de Málaga

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«Más de la mitad de los magistrados del Supremo juraron fidelidad a Franco»

Asociaciones de víctimas del franquismo aseguran que quienes prevarican son los jueces que no han investigado la aparición de restos humanos con signos de muerte violenta

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 04/02/2010

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), con representación en todas las comunidades autónomas, lamenta el auto del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, que ve motivos para juzgar a Baltasar Garzón por querer investigar los crímenes franquistas. «Se trata de una persecución que recuerda la aplicación de la ley de responsabilidades políticas con la que las autoridades de la dictadura franquista juzgaron y condenaron a miles de opositores», aseguran en un comunicado. Y añaden: «Mienrtas el magistrado Luciano Varela continúa con su particular caza de brujas, miles de familiares de desaparecidos buscan ayuda en voluntarios».

La ARMH cree que el Supremo puede estar a punto de causar «un gran daño a la justicia del Estado español y proyectando internacionalmente la persecución de un juez que junto a unos pocos ha tratado de investigar los crímenes de mayor gravedad que se han cometido en la historia reciente de España». Y añaden: «Más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los principios del movimiento y fidelidad al general Franco».

Según esta asociación, a la que los familiares de víctimas de la Guerra Civil acuden para que les ayuden a localizar a sus desaparecidos, los delitos del franquismo «no pueden considerarse amnistiados, entre otras cosas, porque antes de que se aprobara la Ley de Amnistía de 1977, el Gobierno español había ratificado el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que reconoce como derecho fundamental el acceso a la justicia para víctimas de delitos de tal gravedad» (desapariciones forzosas, torturas, ejecuciones…).

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició hace 10 años la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sus familiares llevaron al juez Garzón más de 130.000 nombres para pedirles que investigara las circunstancias de su muerte. A lo largo de la última década, explica la ARMB, «han sido numerosos los jueces que con evidencias han prevaricado en España al no abrir diligencia ante la aparición de restos humanos con signos de violencia», a lo que, recuerdan, les obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «En decenas de juzgados de distintas comunidades autónomas han incumplido conscientemente uno de sus deberes fundamentales sin que ello haya supuesto ningún tipo de sanción de los órganos de gobierno de los jueces».

El País.com

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La ARMH entrega los restos de tres asesinados de Puente de Domingo Flórez…

MEMORIA HISTÓRICA / En un acto público mañana a las 17 horas

Una imagen de la exhumación realizada en Toral de Merayo.

F. Labarga / Ponferrada

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ARMH, los restos de tres asesinados el 30 de septiembre de 1936.
Se trata de José García López, Serafín Blanco Rodríguez y José León Fernández, cuyos cuerpos fueron exhumados en Toral de Merayo entre los días 8 y 10 del pasado mes de mayo. La identificación de los restoscorrió a cargo de la antropóloga forense Roxana Ferllini, habitual colaboradora de la asociación, y se llevó a cabo en los meses posteriores a la exhumación en el laboratorio que la ARMH tiene en Ponferrada.
La ARMH hace un llamamiento a todas las personas que quieran honrar a los tres hombres para que acudan al acto público que se celebrará en el cementerio de Puente de Domingo Flórezmañana sábado 6 de febrero a las 17:00 horas.

La Crónica de León

El Parlamento descarta crear una Comisión de la Verdad sobre el franquismo…

EL PAÍS – Bilbao – 05/02/2010

Socialistas, populares y UPyD unieron ayer sus votos en el Parlamento con el objetivo de mantener e intensificar las acciones dirigidas a recuperar y honrar la memoria de quienes padecieron la dictadura franquista. Por contra, rechazaron la creación de una Comisión de la Verdad dirigida al esclarecimiento de los sucesos ocurridos durante la dictadura, según solicitaba EA en una moción que recibió el apoyo de Aralar y del PNV.

Las fuerzas no nacionalistas acordaron una enmienda transaccional que reclama al Gobierno central que mantenga el convenio «que permita completar el mapa de fosas en Euskadi», que realice la convocatoria de subvenciones para investigaciones sobre la memoria histórica y que habilite «los fondos necesarios para el pago de indemnizaciones» a quienes sufrieron privación de su libertad durante la dictadura. El texto insta además al Ejecutivo a impulsar, con motivo del 75º aniversario del golpe de Estado franquista y del bombardeo de Gernika, «actos de homenaje y recuerdo de las víctimas de aquellos sucesos».

Estas propuestas resultaron insuficientes para el arco nacionalista. El parlamentario de EA, Jesús María Larrazabal, insistió en la necesidad de crear una Comisión de la Verdad que aclare las «violaciones de derechos humanos acaecidas» para que «las víctimas y sus descendientes conozcan los terribles hechos ocurridos», se corrija la «injusticia histórica» y «vean pagada la deuda no abonada en la Transición». En su opinión, la opción del PSE sólo pretende «echar cal viva» sobre agresiones «contra Euskal Herria que pasarán a la historia como crímenes contra la humanidad, por no decir genocidio».

En una línea muy similar se pronunció el representante peneuvista Iñigo Iturrate, quien aseguró que «ha llegado el momento de la reparación, de llenar el vacío histórico».

Recuperar la memoria

La respuesta llegó de la mano del parlamentario socialista Mikel Unzalu, quien advirtió de que la creación de la comisión planteada por EA supondría «reconocer que la Transición no ha acabado». «Tenemos un marco en el que se puede hacer justicia y con nuestra enmienda pretendemos intensificar las acciones para recuperar la memoria, no retrotraernos en el tiempo para dar marcha atrás en lo avanzado», argumentó.

El único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, insistió en la necesidad de «dejar de contaminar» la cuestión por «intereses partidistas». Por su parte, el popular Carlos Urquijo recordó que la Ley de Memoria Histórica ya «atiende las solicitudes» planteadas por EA.

El País.com

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JAVIER PÉREZ ROYO: Memoria histórica

JAVIER PÉREZ ROYO 05/02/2010

No creo que la transición española a la democracia se edificara sobre el olvido, como se viene repitiendo machaconamente desde hace unos años. En la transición estuvo presente ¡y de qué manera¡ lo que había sido la historia contemporánea de España en general y la de los años treinta en particular. Fue el recuerdo de ese pasado, que en la transición todavía ni siquiera lo era, ya que seguían en pie las instituciones de que se había dotado el régimen del general Franco para administrar la victoria en la guerra civil, el que condujo a la sociedad española en cuanto pudo expresarse en toda su complejidad mediante el ejercicio del derecho de sufragio, a buscar y alcanzar un consenso, que hiciera posible la aprobación de una Constitución primero y el asentamiento de un Estado democrático después. Hubo ejercicio de memoria a lo largo de todo el proceso, antes de que empezara la transición propiamente, durante todo el tiempo que duró la «voladura controlada» de las instituciones del antiguo régimen y durante todo el tiempo de elaboración parlamentaria de la Constitución y de su inicial puesta en marcha. Gracias a ese ejercicio de memoria fue posible pasar de la dictadura a la democracia y construir un sistema político, en el que se ha producido el mayor respeto de los derechos fundamentales de toda nuestra historia así como el más regular ejercicio de los poderes públicos y el reconocimiento del derecho a la autonomía de las diversas nacionalidades y regiones que integran España.

La memoria en la que descansó la tradición fue, pues, extraordinariamente fructífera. Nos ha dado los mejores decenios de la historia contemporánea de España.

Ahora bien, fue una memoria sesgada, sumamente incompleta y, en consecuencia, extraordinariamente injusta con una parte muy considerable de la sociedad española. La extraordinaria generosidad de esa parte fue la que hizo posible en buena medida la transición. En la transición se hizo un cierto ajuste de cuentas con nuestro pasado, pero quedó una parte muy importante de nuestro pasado con el que la democracia española no ajustó cuentas en ese momento y sigue sin haberlas ajustado todavía hoy.

Y tiene que hacerlo. No se puede construir indefinidamente una convivencia pacífica sin que el pasado haya sido asumido en su integridad. Y asumido de manera oficial, es decir, mediante actos del poder del Estado, esto es, de los poderes democráticamente constituidos.

En otros países que han pasado por circunstancias traumáticas similares a las que pasamos en España en los años treinta, bien sea mediante investigaciones en sede parlamentaria, bien sea mediante decisiones del poder judicial, se ha acabado definiendo por parte de dichos poderes la verdad de lo que ocurrió en aquellos años. Y es con base en esa verdad oficial, como se ha construido la convivencia democrática.

Esto queda por hacer en España. Se están dando pasos y en esta semana pasada se ha dado uno significativo en Andalucía con el que ha sido denominado «Primer Pacto para la Memoria Histórica», en un encuentro celebrado en Granada bajo la presidencia de la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, con colectivos que llevan ocupándose de la recuperación íntegra de dicha memoria desde hace años.

Es un paso que va a en la buena dirección, pero que no es suficiente. Hasta que no haya decisiones de los poderes del Estado, bien sea las Cortes Generales, que sería lo más deseable, o del poder judicial, que anule todos los juicios mediante los cuales se practicó la represión de los vencidos en la guerra civil, el problema dejará de estar resuelto y se nos presentará periódicamente enturbiando la convivencia y avergonzándonos como sociedad que se dice democrática.
El País.com

TRIBUNA: RICARDO LEZCANO. Memoria y desmemoria histórica

RICARDO LEZCANO 05/02/2010

Por más que la Memoria Histórica haya sido laureada con una medalla o con una cruz, que en este caso ha sido una ley, tengo la impresión de que en muchas existencias humanas, ricas en años y en experiencias han sucedido hechos memorables que no han sido arropados por ninguna memoria histórica, sino simplemente por la memoria cotidiana y personal.

La Recuperación de la Memoria Histórica

La ‘depuración’, me transformó de sospechoso soldado ‘rojo’ en ex soldado inocente

Personalmente he sido testigo, y a veces víctima, de tormentosos sucesos, especialmente durante nuestra Guerra Civil, sucesos que, inexplicablemente, han pasado desapercibidos para los historiadores de nuestra contienda.

En 1937 yo vivía en Cataluña y fui movilizado, pero sólo me consideraron apto para servicios auxiliares y este destino afortunado me hizo vivir un extraño suceso. Fui a parar al hermoso edificio de la Comandancia Militar de Cataluña en el paseo de Colón, edificio que todavía hoy sigue mostrando su sobria arquitectura y cuyos robustos muros de granito me sirvieron de amparo a menudo frente a los bombardeos aéreos que golpeaban el cercano puerto de Barcelona. Después de diez meses trabajando allí, estos ataques aéreos no pasaban de meros sustos, porque la Comandancia parecía disfrutar de un salvoconducto bélico.

Pues bien, como la tranquilidad excesiva no parece ser buena para el espíritu, un día del mes de septiembre de 1938, cuando los soldados de servicios auxiliares entramos en la Comandancia Militar como todas las mañanas, descubrimos con asombro y zozobra que no había allí ninguno de los oficiales del Ejército que dirigían los servicios, salvo el general Riquelme, comandante militar de Cataluña.

Enseguida se corrió la voz de que todos los ausentes eran espías y que seguramente habían sido detenidos. Todo esto parecía algo rocambolesco. Es verdad que aquellos oficiales provenían de la selección que se había hecho en 1936 entre los que no habían secundado el golpe de estado franquista, pero pronto tuvimos la prueba de que aquella oficialidad era una especie de quinta columna con galones enquistada en la Comandancia Militar de Cataluña.

Cuando al día siguiente llegamos al edificio, cuál no sería nuestro asombro al ver en su fachada un enorme boquete de ocho metros de diámetro que dejaba al descubierto el despacho del Comandante Militar, el general Riquelme.

Todos los presentes elucubraron sobre un bombardeo nocturno, pero de haber sido así, las bombas no podrían haberse limitado a un impacto en la fachada; lógicamente habrían impactado en lo alto del edificio. El periódico La Vanguardia publicó un lacónico y oscuro parte hablando de una alarma a medianoche por peligro de bombardeo, aunque nadie había oído aquellas sirenas.

Así pues, aquel ataque a la Comandancia quedó en la sombra y sin aclarar, sin que supiéramos relacionarlo con la desaparición de la oficialidad ocurrida el día anterior.

Entre sustos, rumores e incertidumbres fuimos pasando los pocos días que faltaban para el fin de la República.

Unos meses después, el 26 de enero de 1939, vi bajar por la Travesera de Gracia una moto conducida por un solitario marroquí, no exento de valor. Al poco rato aparecieron las tropas ya españolas. Durante toda la noche estuvieron pasando transportes militares, material bélico y combatientes alemanes e italianos.

Después de unos días y bajo el peso de la derrota, sólo aliviada por los contactos postales con mi familia, a la que no veía desde tres años atrás, decidí marcharme para reencontrarme con ellos en mi tierra canaria. Sólo me faltaba el último paso para normalizar mi situación como ex soldado de la zona republicana. Era la famosa depuración, trámite que me intranquilizaba bastante, pues los compañeros de la Comandancia conocían de sobra mis ideas izquierdistas.

Cuando me presenté ante el tribunal de oficiales que tenía que depurarme, me dio un vuelco el corazón. Dos de ellos, se dirigían hacia mí, con gestos amistosos y llamándome por mi apellido. Entonces me di cuenta de que aquellos oficiales formaban parte del grupo de desaparecidos de septiembre de 1938; no los habían detenido, ni fusilado. Simplemente, se habían pasado al enemigo.

En cuanto al trato cordial que me dispensaron se debió a mi puesto de soldado auxiliar: yo era el encargado de repartir los «chuscos» y se los facilitaba con frecuencia, cada vez que me los pedían, especialmente cuando tenían invitados.

Quién iba a pensar que aquellos panes estupendos de 500 gramos de muy buena harina que yo repartía diariamente iban a ser mi afortunado salvoconducto. La depuración, hecha al instante, me transformó de sospechoso soldado rojo en ex soldado inocente.

Queda un punto oscuro que quizá aclarará en su día algún estudioso de la memoria histórica. Sabemos que el general Riquelme fue un combatiente republicano, honesto y valeroso. Pero, ¿quién y cómo derribó una noche la fachada de su despacho en la Comandancia Militar de Cataluña?

Ricardo Lezcano es periodista y escritor.

El País.com

El TS ve delito en la causa de Garzón por el franquismo

El juez Baltasar Garzón al abandonar, ayer, la Audiencia Nacional tras conocer el auto del Supremo. - MÓNICA PATXOT

El instructor, que busca el respaldo de la Sala de lo Penal, dicta un auto demoledor para juzgar al magistrado por prevaricación

El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela considera que Baltasar Garzón prevaricó al abrir la primera causa penal contra los crímenes del franquismo. Y lo dice en un auto que cierra cualquier vía a la defensa del juez de la Audiencia Nacional, negándo incluso su principal argumento: que admitió a trámite las denuncias de las víctimas del franquismo para darles la justicia que les había sido negada. Pero Varela todavía no da el paso definitivo para juzgarlo, porque entiende que debe darlo la Sala que admitió la primera querella presentada contra el juez de la Audiencia Nacional.

Es decir, Varela se reserva la transformación del procedimiento, imprescindible para sentar en el banquillo a Garzón, a que la Sala confirme su auto de ayer. De esta forma, deja en manos de cinco de sus compañeros de la Sala de lo Penal la decisión definitiva sobre Garzón, si es que este decide seguirle el juego y recurre la resolución. Se ocupará el presidente de la Sala, Juan Saavedra, y los magistrados Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Joaquín Giménez y Adolfo Prego. Este último fue ponente del auto de admisión a trámite y las acusaciones intentaron apartarlo del caso, tras saber que había firmado un manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica que culpa a los partidos de izquierdas de la Guerra Civil y que es patrono de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES).

El instructor niega que el juez actuara movido por las víctimas de Franco

Para saltarse la ley

Y paradojas de la vida, la supuesta finalidad de Garzón de eludir la Ley de la Memoria Histórica es uno de los argumentos utilizados por Varela para entender prevaricadora su conducta. «El examen de las actuaciones ha revelado, como hecho probable, que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, erigidos en aparente objeto del procedimiento, sabiendo que estos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar», asegura el auto que rechaza la petición de Garzón de que se archivara el procedimiento.

La resolución añade que «los móviles altruistas, como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos crímenes, no eximen, ni siquiera atenúan, la eventual responsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido».

Lo acusa de ignorar las leyes para abrir la causa de forma «artificiosa»

Es más, el instructor pone en duda que Garzón actuara movido por ese sentimiento. Por eso insiste en que «hasta año y medio después de incoar el procedimiento [la primera causa penal contra los crímenes franquistas] no se adoptó ninguna decisión que redundara en la protección interesada de las víctimas». Es decir, imputa un retraso injustificado en la causa del que hasta ahora no se había acusado al juez de la Audiencia.

Para Varela, el objetivo era «asumir el control de las exhumaciones que le habían sido solicitadas en la medida y conforme a los criterios que estimó oportunos», algo que han achacado a Garzón todos los detractores de investigar el franquismo, que acusaban al juez de solo importarle la fosa del poeta García Lorca.

A lo largo de 56 páginas, Varela repasa las resoluciones dictadas por Garzón para investigar los crímenes franquistas. Llega a la conclusión de que, «una vez aprobada la Ley de la Memoria Histórica, pese al informe contrario del ministerio fiscal exactamente igual que lo que ha pasado en el Supremo con Garzón, porque en los procedimientos que tiene abiertos, la fiscalía pidió reiteradamente el archivo, decide superar la limitación que dicha ley imponía a la colaboración de los poderes públicos en la localización e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que le siguió».

Para ello abrió un proceso penal, «cuya artificiosa incoación suponía desconocer principios esenciales del Estado del Derecho, como los de legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable, además de implicar el desconocimiento objetivo de las leyes democráticamente aprobadas, como la de amnistía».

Según Varela, Garzón actuó «consciente de su falta de competencia y de que los hechos denunciados carecían de relevancia penal». Y para ocultarlo «construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento». Además, lo acusa de obstaculizar el que la Audiencia Nacional pudiera ordenarle archivar el procedimiento. El instructor resta importancia al hecho de que Garzón se inhibiera a favor de los juzgados territoriales antes de que la Sala cerrara la causa, porque, a su juicio, solo lo hizo, una que vez que la Sala de lo Penal le privó de «toda posibilidad control de las exhumaciones». Tampoco da crédito al argumento de la defensa de que no puede ser prevaricadora la conducta de un juez cuando es compartida por otros magistrados, como los cuatro de la Sala de lo Penal que discreparon de la decisión de archivar la causa.

De nada han valido el apoyo de las víctimas del franquismo y de prestigiosos juristas, como los miembros de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra e integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados, que declaró la investigación del TS una «interferencia injustificada» en la labor jurisdiccional de Garzón.

El propio presidente del Santander, Emilio Botín, salió ayer en defensa del juez al asegurar que los 300.000 dólares que aportó la entidad a la Universidad de Nueva York, en la que Garzón impartió varios cursos, es una práctica habitual de la entidad en EEUU. Y es que el juez afronta además otra investigación del TS por estos cobros.

 Los principales argumentos del Tribunal Supremo

¿Qué es la prevaricación?

La prevaricación es dictar una resolución injusta sabiendo que lo es. En este caso se investiga si Garzón prevaricó por haber abierto la primera causa penal por los crímenes franquistas. El auto de ayer del Supremo hace hincapié en explicar que el objeto del proceso no es contra la investigación abierta, sino determinar si las resoluciones que dictó el querellado fueron opuestas al ordenamiento jurídico y, por tanto, prevaricadoras.

¿Por qué Garzón pudo cometer este delito?

Porque el instructor de las querellas presentadas por las entidades ultraderechistas Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS considera que Garzón se declaró competente para investigar las denuncias de las víctimas de Franco, no por ellas, sino para controlar el proceso de las exhumaciones de las fosas. Tras dejar constancia de la queja de Garzón sobre la duración de la instrucción que se ha seguido contra él, Varela le reprocha no haber promovido “la más mínima actuación procesal de investigación” entre diciembre de 2006, cuando se presentó la primera denuncia, a octubre de 2008, cuando la admitió a trámite. El juez del Supremo afirma que en ese tiempo tampoco proporcionó “la más mínima protección a denunciante o víctima alguna”.

¿Queda alguna vía para investigar los crímenes franquistas?

El alto tribunal no deja opción, porque, además de criticar al juez Baltasar Garzón, rechaza los argumentos que utilizaba para considerar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco como crímenes de lesa humanidad. La resolución dice que aplicó mal la sentencia por la que el propio Supremo condenó al ex militar argentino Adolfo Scilingo por los crímenes de la dictadura cometidos en el país suramericano. Además, el auto asegura que los crímenes de lesa humanidad “no autorizan a reavivar una responsabilidad penal ya extinguida por prescripción y por amnistía”. Justifica que los denunciantes intentaron “buscar atajos en el uso indebido del cauce penal” en su “angustiada actitud”. El magistrado instructor se permite el lujo además de decirle a Garzón que el que ningún juez hubiera abierto causas antes “debería sugerirle que esa extensa inhibición judicial, pretendidamente remediada por él, estaba jurídicamente más justificada que su singular iniciativa”. Añade que “no es razonable pensar que nos encontráramos ante una especie de conspiración de silencio de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial”.

¿Se puede entender entonces que los desaparecidos no fueron víctimas de detención ilegal?

La conclusión de Varela es que “en modo alguno es razonable estimar verosímil hoy que las personas privadas de libertad hasta 1952 (periodo acotado por el magistrado querellado) han permanecido y permanecen privadas de libertad después de dicha fecha”. El magistrado del Supremo también critica que Garzón transmutara el delito de desaparición forzada como delito de lesa humanidad, porque “no sólo es jurídicamente inaceptable, sino también irrelevante a efectos de prescripción”.

Fuente: http://www.publico.es/espana/291863/ts/ve/delito/causa/garzon/franquismo

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Más información en los enlaces siguientes:

El juez Varela recaba el respaldo del Supremo para liquidar a Garzón: http://www.elpais.com/articulo/espana/juez/Varela/recaba/respaldo/Supremo/liquidar/Garzon/elpepunac/20100205elpepinac_8/Tes

Botín aclara que sólo pagó a la universidad: http://www.elpais.com/articulo/espana/Botin/aclara/solo/pago/universidad/elpepunac/20100205elpepinac_7/Tes

«Más de la mitad de los magistrados del Supremo juraron fidelidad a Franco»: http://www.elpais.com/articulo/espana/mitad/magistrados/Supremo/juraron/fidelidad/Franco/elpepuesp/20100204elpepunac_42/Tes

Para leer el auto pincha aquí: auto Varela 20100204elpepunac_4_Pes_PDF

Garzón increpado por un franquista el 09 09 2009 a la salida del TS. (Foto La Memoria Viv@)