Varela impone 6.000 euros de fianza a Falange para acusar al juez Garzón…

Sábado , 20-02-10

N. COLLI

MADRID. Falange Española de las Jons podrá ejercer la acusación popular en la causa de la memoria histórica sin compartir abogado con las dos asociaciones (Manos Limpias y Libertad e Identidad) que ya se encuentran personadas en el procedimiento abierto al juez Baltasar Garzón. Así lo acordó ayer el instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela en una resolución en la que también impone a Falange el depósito de una fianza de 6.000 euros.

En un principio, y tras admitir a trámite la querella, Varela había ordenado a Falange que compartiera representación letrada con las otras dos acusaciones. De ser así, la fianza se habría rebajado de 6.000 a 3.000 euros. Pero Falange se ha negado y ha expresado su voluntad de designar a su propio abogado.

En el auto notificado ayer, el instructor accede a la pretensión de esta formación a la vista, explica, de que en el momento procesal en el que se encuentra la causa, no es previsible que la existencia de acusaciones populares diferenciadas pueda dilatar en exceso su duración.

De hecho, la instrucción se encuentra en su recta final. El propio Varela, en un auto con el que rechazó un recurso de Garzón, ha anunciado de forma muy explícita su intención de sentar al juez de la Audiencia Nacional en el banquillo. Es de imaginar que, a la vista de esa resolución y tras ocho meses de instrucción, Varela ya no tenga que practicar nuevas diligencias de prueba.

Criterios judiciales

A este procedimiento se refirió ayer en «Los Desayunos» de TVE la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo. Expresó su esperanza de que el prestigio internacional de Garzón no influya para que este asunto se resuelva «en base a criterios judiciales y no políticos». Bravo también defendió la decisión del CGPJ de dar diez días al juez para que emita su opinión sobre la suspensión cautelar. «No es excepcional, sino básico», aseguró.

ABC.es

Junta y Diputación firman un convenio para impulsar actuaciones de recuperación de Memoria Histórica…

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) –

La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Begoña Álvarez, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, firmaron hoy un convenio marco de colaboración para trabajar conjuntamente en la coordinación de actuaciones dirigidas a recuperar la Memoria Histórica en la provincia sevillana.

Con este acuerdo «se trata de esclarecer parte de la historia oscura que durante tiempo se ha tenido que esconder», dijo en rueda de prensa Rodríguez Villalobos, para quien de este modo «hay un compromiso con el pasado» con el trabajo de las administraciones, entre ellas 104 Alcaldías de la provincia, y el apoyo dado a la Asociación de Memoria Histórica y Justicia de Andalucía.

De esta manera, se pretende «impulsar el trabajo orientado al reconocimiento social de las personas asesinadas o que sufrieron persecución por motivo de sus ideales durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista», señaló la consejera, que afirmó que espera que el convenio –con tres años de vigencia– contribuya a «la reparación moral y la recuperación de la memoria personal, familiar y colectiva de los andaluces que defendieron los ideales de la libertad y la democracia».

Asimismo, el presidente de la Diputación detalló que hubo en la provincia «8.000 fusilados, 2.000 desaparecidos, 10.000 detenidos, 217 enviados a batallones de trabajo, 27 desterrados, 1.154 sancionados, 21.700 huidos y 487 víctimas del bando nacional», y ante ello, «no se puede mirar para otro lado», justificó.

En este contexto, tanto la Consejería como la Diputación organizarán distintas actividades en pro de la recuperación de la Memoria Histórica en la provincia. Así, se potenciarán actividades de colaboración en la búsqueda, localización, exhumación de fosas comunes. Al respecto, la Consejería ha invitado a la Diputación a colaborar en la futura exhumación de la fosa localizada en el municipio de Gerena, donde se cree que están enterradas unas 17 mujeres, naturales de Guillena y «asesinadas durante la Guerra Civil».

Igualmente, se programarán jornadas especializadas, coloquios temáticos y debates en profundidad al amparo del convenio firmado hoy en Sevilla. También se convocará el próximo otoño un encuentro entre universidades, asociaciones de la Memoria Histórica y Junta de Andalucía para ahondar en los conocimientos de los sucesos acaecidos durante los años de la contienda y la represión.

PLACA CONMEMORATIVA

Además, el ente supramunicipal estudia instalar la colocación de una placa en el patio de su sede en memoria de los sevillanos que estuvieron presos en el campo de concentración de Mauthausen (Austria), un total de 111 de los que 73 murieron.

Al hilo de ello, la consejera destacó que «entre todos se va alcanzar el lugar de encuentro común en el que los niños de Andalucía se conviertan en personas que puedan presumir de una comunidad que supo aprender, perdonar y construir» y añadió que está «convencida» de que «la unión de todos los colectivos con la Junta va a conseguir importantes avances en Memoria Histórica».

La consejera agradeció la colaboración demostrada por la Diputación de Sevilla, la primera de las andaluzas que se suma a este convenio que se hará extensible a todas las corporaciones provinciales de la comunidad autónoma, al tiempo declaró que «los esfuerzos deben encaminarse a preservar la memoria de quienes padecieron violencia y persecución, pues los derechos de las víctimas a ser recordadas no prescriben».

MUESTRA ITINERANTE

Por otra parte, Álvarez y Rodríguez Villalobos, junto con miembros la Asociación de la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía y la Confederación General del Trabajo de Andalucía CGT-A), inauguraron la muestra itinerante ‘Todos… los nombres’, que estará instalada en la Casa de la Provincia del 19 al 28 de febrero y está compuesta por 15 paneles divulgativos que reflejan el proceso de identificación de las víctimas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en el territorio andaluz, según la tipología represiva –desaparecidos, fusilados o exiliados, entre otras–.

La exposición es una iniciativa de la citada asociación y la CGT-A que pretende dar respuesta a «la creciente demanda social de información de represaliados». El montaje que acogerá la Diputación inaugura un nuevo panel, dedicado a la provincia de Sevilla, e irá acompañado de un programa de actos que ilustrará el alcance de la represión en Andalucía.

Europa Press/Google noticias

«El único delito de Miguel Hernández fue escribir versos»…

La familia aplaude la reparación y el reconocimiento del poeta.

EZEQUIEL MOLTÓ – Alicante – 20/02/2010

Primer objetivo cumplido, ahora falta otro mucho más arduo, lento y costoso: que los tribunales revisen y anulen la condena franquista al poeta Miguel Hernández. El Gobierno, que preside el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha confirmado que, a través del Ministerio de Justicia, aprobará «de inmediato» una declaración institucional de «reparación y reconocimiento» al poeta.

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La iniciativa del Ejecutivo está amparada en el artículo 4º de la Ley de la Memoria Histórica, y es «extensible» a otras personas igualmente condenadas por el franquismo. «Es un homenaje no sólo al poeta, Miguel Hernández, sino a los cientos o miles de personas que sufrieron causas similares», dijo ayer el periodista y miembro de la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante, Enrique Cerdán Tato. El gesto del Gobierno tendrá consecuencias, «porque animará a otros a pedir ese documento», auguró el cronista.

La nuera del poeta, Lucía Izquierdo, tildó de «importante y muy rápida» esta resolución que registraron en octubre pasado. La heredera recordó que se trata de un primer paso: «El Gobierno nos ha dado la razón, ahora falta que los jueces anulen su condena». La familia y la Comisión Cívica preparan un recurso ante el Tribunal Supremo para que se revise todo el proceso por el que Hernández fue condenado a muerte y encarcelado. «El único delito del poeta fue escribir versos, no intervino en otros asuntos, se limitó a denunciar lo que pasaba en el frente como periodista republicano», recordó emocionada y satisfecha.

La familia y los amigos de Hernández entienden que el régimen franquista «cometió un asesinato, no le pegaron un tiro, pero le dejaron morir, abandonado a su suerte, en la cárcel», se lamentó Izquierdo, que tildó de «injusta e ilegal» esta pena, «al igual que otras muchas», agregó. Por eso, entiende que es «de justicia» la reparación moral y el reconocimiento del Gobierno a la figura y obra de Hernández. «Es el mejor homenaje que se le puede rendir en el centenario de su nacimiento», apuntó.

Los familiares y la Comisión tenían claro que el Gobierno iba a atender su petición. «Estamos muy satisfechos, y esto nos anima a emprender la batalla en los juzgados», dijo Cerdán Tato, que con el asesoramiento del abogado Carlos Candela, está recabando nuevas pruebas documentales que acrediten la «inocencia del poeta». El objetivo es presentar en los próximos meses ante el Supremo un recurso para anular la condena.

Familiares y amigos agradecieron, además, el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de entregarles en mano y públicamente la delaración institucional.

El País.com

Los represaliados recuperan su nombre…

E. CABRIA – Sevilla – 20/02/2010

Una raya. Ésa es toda la información que aparece en el Registro Mercantil de Sevilla como causa de defunción de Manuel Marín. Este tallista de madera fue fusilado en septiembre de 1936. Militaba en el Partido Comunista. Otras 12.915 personas en la provincia fueron asesinadas durante la Guerra Civil y la dictadura. El franquismo las eliminó también sobre el papel. Ciudadanos cuyos rostros, en algunos casos, integran ahora una exposición en la Casa de la Provincia de la capital andaluza, que permanecerá abierta hasta el próximo día 28, con paneles que explican el proceso de identificación de los represaliados andaluces.

La muestra Todos los Nombres, organizada por la Confederación General del Trabajo y la Asociación Andaluza para la Memoria Histórica, forma parte de un proyecto más amplio cuyo eje es una base de datos en Internet de igual nombre.

«Del 18 de julio de 1936 [fecha del golpe de Estado franquista] al 31 de diciembre, sólo hay 97 personas en el Registro Civil», cuestiona el historiador José María García Márquez, uno de los más de 200 investigadores que trabajan con Todos los Nombres. Según el proyecto, 52.000 asesinados andaluces no existen oficialmente. Por ellos, la Junta y la Diputación de Sevilla acordaron ayer exhumar la fosa de Gerena (Sevilla), donde se cree que están enterradas 14 mujeres.

El País.com (edición Andalucía)