Hoy sí…Asociación Independiente La Memoria Viv@

febrero 23, 2010

Hoy finalmente, ha quedado oficializado el documento que reconoce como asociación de ámbito nacional a  la Asociación  Independiente La Memoria Viva, por lo que hemos  abandonado  de una vez el epígrafe de “Asociación en Constitución”. No es que necesitáramos específicamente el reconocimiento del Ministerio del Interior para poder desarrollar nuestra labor, de hecho, hemos estado trabajando todo este tiempo sin descanso. Pero sí está claro, que a partir de esta fecha , iniciamos otra nueva andadura que nos permitirá ampliar nuestros  horizontes, objetivos, espacio de maniobrabilidad y de representación de víctimas y familiares. Quince meses después de iniciar este proyecto,  y habiendo conseguido desde nuestros escasos medios, apoyos y avances significativos que nos han ido motivando y animando a continuar,  pese a todas las dificultades y trabas que nos hemos ido encontrando, hoy únicamente,  podemos congratularnos e iniciar nuestra nueva andadura, con la segunda fase como asociación.

Desde nuestra página os queríamos hacer partícipes  a todos de nuestra alegría, y sobre todo,  queríamos agradecer a todas aquellas personas que desde un inicio han confiado en nosotros, a todas aquellas que han ido sumando colaboraciones y participación, a todas aquellas que nos han asesorado y ayudado de un modo totalmente desinteresado, pese a ser algunas personajes de renombre dentro del memorialismo; (lo cual era una apuesta arriesgada) y sobre todo, a  aquellas que día a día nos vais siguiendo y que sois verdaderamente los protagonistas de nuestra labor.

Debería dar muchos nombres y la lista sería extensamente larga, pero permitidme la pequeña frivolidad de hacer  mención, sobre todo,  de aquellas que de un modo infatigable siempre han estado y son parte indudable de la misma de sus orígenes primigenios, y algunas que posteriormente se han ido sumando y participando con nosotros. Nuestro agradecimiento personal a Isabel Perera, Leonor Villegas, Rosario Contreras y Fuencisla Benavente, Ana Fuentes, Pilar Castilla Ramos,  Bartolomé Morey, Mª Aurora Ramón Mira, Pedro  José Carreño Ramón  y Aurora Carreño Ramón por su incondicional entrega y trabajo aportado. Lo dicho, no nos olvidamos de nadie y os tenemos a todos en nuestra mente y corazón, pero era de justicia reconocer públicamente la labor de nuestras pioneras(os) y piedras angulares de nuestro trabajo.

Gracias a todos(as), seguiremos por el camino iniciado persiguiendo con más empeño si cabe nuestros objetivos.

¡Salud, Memoria, Reparación y Justicia!

Jordi Carreño Crispín y Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos.

Asociación Independiente La Memoria Viva


El Supremo cree que Garzón no ha sufrido una “indefensión relevante”…

febrero 23, 2010

JULIO M. LÁZARO – Madrid – 23/02/2010

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra la admisión a trámite de la querella de dos abogados que le imputan sendos delitos de prevaricación y cohecho por haber archivado una querella contra el presidente del Santander, Emilio Botín, después de haber organizado en Nueva York unos cursos patrocinados por la entidad bancaria.

El recurso ha sido resuelto por los mismos magistrados que admitieron la querella contra el juez y que lógicamente no creen haberle causado una “indefensión relevante”. El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, se quejó de que se había admitido la querella contra su defendido “después de escuchar en seis ocasiones a los querellantes y ni una sola vez al juez querellado”.

La Sala contesta que el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevé “expresamente” y “con carácter general” la intervención del juez querellado. Aunque la Sala admite que “excepcionalmente” pudiera requerirse su participación, eso, en el caso de Garzón, “no ocurre”.

Volverá a declarar

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado conservador Miguel Colmenero, rechaza las alegaciones del fiscal y del abogado de Garzón en el sentido de que los mismos hechos de Nueva York ya le fueron imputados en una causa especial que fue archivada por la propia Sala. Los magistrados replican que en esta querella se aporta un “hecho nuevo” consistente en la “petición de fondos por parte del querellado”. Así, el Supremo hace caso omiso a las informaciones de la Universidad de Nueva York según las cuales, Garzón “no recibió importe alguno, ni directa, ni indirectamente, ni en efectivo ni en especie, de los dos patrocinios recibidos del BSCH”.

A partir de ahora, la querella pasa a manos del juez instructor, el conservador Manuel Marchena. Los querellantes reclamarán que se tome declaración al juez imputado y previsiblemente también al presidente del Banco Santander, Emilio Botín.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ha impugnado ante el Tribunal Superior de Madrid los recursos contra las escuchas acordadas por Garzón en el caso Gürtel. El fiscal considera esas escuchas “perfectamente compatibles” con la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El País.com


El juez Garzón no ha prevaricado…

febrero 23, 2010

TRIBUNA: CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO 23/02/2010

En un reciente manifiesto de apoyo al juez Garzón se dice que sólo por “malevolencia” o “razones políticas” puede afirmarse que ha actuado “injustamente” en la causa por los crímenes del franquismo. Resulta obvio que es así: desde que el Tribunal Supremo (TS) admitió a trámite la querella de organizaciones ultraderechistas contra dicho juez, siempre con la oposición de la Fiscalía.

Crímenes contra la humanidad aún en ejecución como las ‘desapariciones’ no son amnistiables

La Ley de Memoria Histórica se declara compatible con acciones judiciales

El TS se limitó a decir que “lo afirmado en la querella no es algo que ab initio pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación”. Criterio que podría aplicarse a multitud de resoluciones judiciales que se apartan, dentro del respeto a la Ley, de los criterios mayoritarios en la interpretación de las normas jurídicas. Pero la resolución del juez Varela del pasado 3 de febrero ha llevado los límites del delito de prevaricación y el concepto de resolución judicial “injusta” mucho más allá de lo permisible.

En primer lugar, hay omisiones inadmisibles en esa resolución. Por ejemplo, no citar la cifra de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y la dictadura, y de las que aún se ignora su paradero. Son 114.266, a las que habría que añadir los miles de menores que fueron arrebatados delictivamente a sus familiares, hecho que al juez Varela no le merece ninguna atención. Ignoramos si sabe, y resulta necesario saberlo para pronunciarse, que en el Valle de los Caídos aún quedan 12.530 restos de personas desaparecidas sin identificar.

Ante las denuncias formuladas por desapariciones forzadas durante aquel periodo, el juez Garzón obró como había que hacerlo, procedió a la “comprobación del hecho denunciado”. Y, desde luego, los hechos, frente al criterio del instructor Varela, tenían una evidente relevancia penal. No hace falta ser jurista para constatarlo. Como no es admisible que discuta si los denunciantes habían calificado delictivamente los hechos, a lo que no estaban legalmente obligados, ni menos aún que les atribuya, en términos que podrían considerarse ofensivos, que han buscado “atajos en el uso indebido del cauce penal”.

El juez Varela va más lejos y afirma que los hechos denunciados “han dejado de tener relevancia penal al tiempo de la denuncia” y que el juez Garzón, en consecuencia, no debería haber admitido aquellas denuncias y mucho menos darles trámite, ya que, además, también era evidente que no eran competencia de la Audiencia Nacional.

Pues no es tan evidente. Y el juez Garzón estaba obligado a otorgar tutela judicial suficiente y efectiva a unos denunciantes que describían, como resulta de los datos anteriores, un plan de exterminio sistemático de grupos sociales por razones ideológicas y políticas. La historia lo ha demostrado sobradamente. Pero el juez Varela, para comprender la magnitud de la masacre colectiva denunciada, debería examinar la moción del Grupo Parlamentario Socialista (Boletín del Congreso de Diputados, 8/9/2003) que se refiere a 150.000 fusilados por el franquismo y 500.000 presos políticos. Estamos ante crímenes contra la humanidad. Pese a dicha evidencia, para el instructor la apertura de las diligencias previas y las diligencias acordadas para la investigación de los hechos eran “objetivamente contrarias a Derecho” porque no estaban justificadas. Naturalmente que lo estaban, por varias razones que mencionaré brevemente.

La desaparición forzada es un delito de ejecución permanente, que sigue cometiéndose mientras se mantenga la detención o desaparición. Así lo entiende la ONU: “Todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero dela persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. Criterio mantenido por un fiscal ante el Tribunal Constitucional, ante un supuesto de desaparición en la provincia de Córdoba, que rebate muy fundadamente las tesis del juez Varela.

Por su carácter de delito permanente, las detenciones ilegales, determinantes de desapariciones, no pudieron quedar comprendidas en la Ley de Amnistía, que sólo alcanzaba a “actos” delictivos “realizados”, es decir, consumados, con anterioridad al 15 de diciembre de 1976. Por tanto, en ningún caso podía incluir hechos delictivos que en esa fecha aún estaban produciéndose, dado que no era conocida la suerte de los desaparecidos.

Asimismo, la vigencia de la Ley 46/1977 de Amnistía no puede impedir un debate, ya asumido por la ONU, sobre su constitucionalidad y sus efectos.

En primer lugar, porque cuando esta ley se aprobó ya estaban vigentes en España los Pactos de Nueva York que establecían la retroactividad de las leyes penales ante “actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del Derecho, reconocidos por la comunidad internacional”, es decir, los crímenes contra la humanidad. Y, además, por más que se empeñe el juez Varela en lo contrario, es cuestionable que la Ley de Amnistía pudiese alcanzar a delitos de aquella naturaleza que, en modo alguno, podían entenderse comprendidos entre “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”, que fueron los específicamente amnistiados.

El juez Varela fundamenta erróneamente la voluntad prevaricadora del juez Garzón en el incumplimiento de la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica. Afirma que la investigación de los desaparecidos y las exhumaciones de sus restos “viene atribuida a las Administraciones Públicas” y, en consecuencia, el juez Garzón ha “asumido tareas cuya competencia ha sido legalmente establecida en el ámbito administrativo”. Craso error. En primer lugar, porque ninguna ley administrativa puede vedar a un juez de instrucción investigar una conducta aparentemente delictiva. Pero, sobre todo, el juez Varela ignora que la disposición adicional segunda de dicha Ley dispone que “las previsiones contenidas en la presente Ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las Leyes o en los Tratados y Convenios internacionales suscritos por España”. Por tanto, juez Varela, los denunciantes y el juez Garzón obraron en el marco de la más estricta legalidad.

El instructor Varela considera “artificiosa” la incoación del proceso por Garzón porque, afirma, la “extensa inhibición judicial” ante los crímenes franquistas estaba justificada. Afirmación de suma gravedad. Para llegar luego a preguntarse que “no es razonable pensar que nos encontráramos ante una especie de conspiración de silencio” frente al franquismo. Pues, efectivamente, así ocurrió. Basta repasar, además del silencio cómplice de la magistratura ante dichos crímenes, las escasas y tardías iniciativas parlamentarias para reparar a las víctimas, que hasta la Ley 24/2006 no se prestara “homenaje y reconocimiento” a aquéllas y a los luchadores por las libertades y, sobre todo, que hasta la Ley de 2007 no se condenara formalmente el franquismo y su aparato represor y se adoptaran mayores compromisos, todavía insuficientes, con las víctimas de la represión.

En definitiva, ante una actuación tan acertada y ajustada a la legalidad como las decisiones jurisdiccionales del juez Garzón, los esfuerzos jurídicos del juez Varela, con evidentes errores de valoración y lagunas inexplicables, no podrán acreditar nunca que dichas decisiones fueran injustas.

Carlos Jiménez Villarejo es fiscal de Sala jubilado.

El País.com


Carta abierta a las autoridades judiciales españolas en solidaridad con el juez Baltasar Garzón…

febrero 23, 2010
Señores
Magistrados Tribunal Supremo
Sala de lo Penal
Señor Fiscal General del Estado
Cándido Conde-Pumpido Tourón

Los juristas, abogados,  jueces,  académicos y defensores de derechos
humanos de distintas nacionalidades abajo firmantes, nos dirigimos a
ustedes para expresar nuestra perplejidad frente a la decisión del
magistrado instructor del 3 de febrero de 2010, en la causa Nº:
20048/2009, contra el juez Baltasar Garzón, decidiéndole continuar
procesándole  por el presunto delito de prevaricación judicial .

La querella fue abierta en contra del juez Garzón por haber intentado
cumplir con la obligación que tiene pendiente el Estado español de
investigar los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura
franquista, en particular por los crímenes de desaparición forzada. Se
le sindica de desconocer la ley de amnistía de 1977, de violar el
principio de la irretroactividad de la ley penal, el principio de
legalidad y la prescripción de la acción penal.
El 31 de octubre de 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU
manifestó su preocupación por los obstáculos a los que llevan años
enfrentándose las víctimas en España para obtener verdad, justicia y
reparación; e instó a las autoridades españolas a tomar medidas para
derogar la Ley de Amnistía de 1977 y garantizar la imprescriptibilidad
de los crímenes de lesa humanidad. También pidió al Gobierno que
estableciera  una comisión independiente para establecer la verdad
histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la
Guerra Civil y el Franquismo, y que garantizara la localización,
exhumación e identificación de los restos de las víctimas, y su
restitución a los familiares.
La llamada ley “de la Memoria Histórica” de 2007 no contempló las
medidas adecuadas ni suficientes a favor de las víctimas. Contrario a
lo afirmado en su auto por el magistrado instructor en contra del Juez
Garzón, dicha ley le habilita para actuar a favor de las víctimas al
haber ordenado  las exhumaciones, al establecer  la ley que ésta  “es
compatible con el ejercicio de las acciones y el acceso a los
procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en
las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por
España”.
La desaparición forzada se encuentra entre los más graves crímenes,
que no pueden prescribir ni ser amnistiados sin socavar la legalidad
internacional, que forma parte del ordenamiento jurídico español.

Los delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero o
desapariciones forzadas, son un crimen que se sigue cometiendo hasta
que no se establezca el paradero de las víctimas, por lo cual no son
sujetos de prescripción penal . Cuando se han realizado  de manera
sistemática, masiva y generalizada como sucedió durante la guerra
civil y la dictadura franquista, son considerados crímenes de lesa
humanidad por tanto no objeto de amnistía, ni de indulto. Frente a
este tipo de crímenes no se reconoce la irretroactividad de la ley
penal y el principio de legalidad, se complementa entre las
disposiciones internas y el derecho internacional de los derechos
humanos.
Agrega el magistrado instructor en contra del Juez Garzón “Desde luego
los móviles altruistas, como el encomiable deseo de paliar el
sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos
crímenes, no eximen, ni siquiera atenúan, la eventual responsabilidad
penal en que pudiera haberse incurrido”.

Ciertamente el Juez Garzón, actúa en su obligación con la justicia y
con los derechos humanos, el altruismo puede hacer parte de sus
convicciones personales, pero lo que está en discusión es el saldo
pendiente que tiene España  en cumplir con los derechos de las
víctimas de la dictadura franquista y con las obligaciones
internacionales del Estado español en materia de derechos humanos.

El magistrado instructor reprocha al juez Garzón el no considerar como
conexos al delito político los hechos denunciados y no haber asumido
la aplicación de la ley de amnistía de 1977, sin embargo la propia ley
establece en su art. 1 que la misma no se aplicaría a hechos que hayan
“supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las
personas”,

La Convención Internacional para la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas, ratificada por España el 24 de
septiembre de 2009, considera en su art. 13 “el delito de desaparición
forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito
político ni delito inspirado en motivos políticos”.

La Convención reconoce en su art. 24 por "víctima" la persona
desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio
directo como consecuencia de una desaparición forzada y señala que
cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las
circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados
de la investigación y la suerte de la persona desaparecida”. Cada
Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda,
localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de
fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus
restos”.

Por tanto expresamos ante ustedes señores magistrados, nuestra
perplejidad  ante la utilización del tipo de prevaricación judicial en
contra del juez Baltasar Garzón, pues el operador judicial siempre
tiene un margen de interpretación en la aplicación de la ley y si lo
hace a favor de las obligaciones del Estado en derechos humanos, sus
actuaciones no podrían considerarse como irrazonables o antijuridicas
so pena de afectar los principios básicos de la administración de
justicia penal para investigar, sancionar, reparar y prevenir frente a
todo tipo de crímenes y en particular aquellos que revierten el
carácter de internacionales, como es el caso que aquí nos ocupa .

Tambien manifestamos nuestro reconocimiento al juez Baltasar Garzón  l
porque ha llevado sus actuaciones a favor de reivindicar los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, más allá de
las fronteras de España, convirtiéndose en un importante baluarte que
ha hecho evolucionar en los últimos lustros el derecho penal
internacional, haciéndose acreedor de un merecido reconocimiento
mundial.

Esperamos por tanto que la máxima de Quevedo “donde hay poca justicia
es un peligro tener razón” pueda ser por ustedes invertida para que
haya  ¬en España mucha justicia y mucha razón, que permita a las
víctimas ser resarcidas en sus derechos y,  jueces como Baltasar
Garzón ser apoyado en sus actuaciones a favor  del cumplimiento de las
obligaciones de España frente al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, para bien del pueblo español pero de la humanidad en su
conjunto.

De ustedes con mucho respeto,

Alejandro Szarazgat
escritor, DNI 93413823
Alfredo Bauer
medico, escritor, DNI 92761813
Leonardo Fleischmann
DNI 8474632