Carta abierta a las autoridades judiciales españolas en solidaridad con el juez Baltasar Garzón…

Señores
Magistrados Tribunal Supremo
Sala de lo Penal
Señor Fiscal General del Estado
Cándido Conde-Pumpido Tourón

Los juristas, abogados,  jueces,  académicos y defensores de derechos
humanos de distintas nacionalidades abajo firmantes, nos dirigimos a
ustedes para expresar nuestra perplejidad frente a la decisión del
magistrado instructor del 3 de febrero de 2010, en la causa Nº:
20048/2009, contra el juez Baltasar Garzón, decidiéndole continuar
procesándole  por el presunto delito de prevaricación judicial .

La querella fue abierta en contra del juez Garzón por haber intentado
cumplir con la obligación que tiene pendiente el Estado español de
investigar los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura
franquista, en particular por los crímenes de desaparición forzada. Se
le sindica de desconocer la ley de amnistía de 1977, de violar el
principio de la irretroactividad de la ley penal, el principio de
legalidad y la prescripción de la acción penal.
El 31 de octubre de 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU
manifestó su preocupación por los obstáculos a los que llevan años
enfrentándose las víctimas en España para obtener verdad, justicia y
reparación; e instó a las autoridades españolas a tomar medidas para
derogar la Ley de Amnistía de 1977 y garantizar la imprescriptibilidad
de los crímenes de lesa humanidad. También pidió al Gobierno que
estableciera  una comisión independiente para establecer la verdad
histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la
Guerra Civil y el Franquismo, y que garantizara la localización,
exhumación e identificación de los restos de las víctimas, y su
restitución a los familiares.
La llamada ley “de la Memoria Histórica” de 2007 no contempló las
medidas adecuadas ni suficientes a favor de las víctimas. Contrario a
lo afirmado en su auto por el magistrado instructor en contra del Juez
Garzón, dicha ley le habilita para actuar a favor de las víctimas al
haber ordenado  las exhumaciones, al establecer  la ley que ésta  “es
compatible con el ejercicio de las acciones y el acceso a los
procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en
las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por
España”.
La desaparición forzada se encuentra entre los más graves crímenes,
que no pueden prescribir ni ser amnistiados sin socavar la legalidad
internacional, que forma parte del ordenamiento jurídico español.

Los delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero o
desapariciones forzadas, son un crimen que se sigue cometiendo hasta
que no se establezca el paradero de las víctimas, por lo cual no son
sujetos de prescripción penal . Cuando se han realizado  de manera
sistemática, masiva y generalizada como sucedió durante la guerra
civil y la dictadura franquista, son considerados crímenes de lesa
humanidad por tanto no objeto de amnistía, ni de indulto. Frente a
este tipo de crímenes no se reconoce la irretroactividad de la ley
penal y el principio de legalidad, se complementa entre las
disposiciones internas y el derecho internacional de los derechos
humanos.
Agrega el magistrado instructor en contra del Juez Garzón “Desde luego
los móviles altruistas, como el encomiable deseo de paliar el
sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos
crímenes, no eximen, ni siquiera atenúan, la eventual responsabilidad
penal en que pudiera haberse incurrido”.

Ciertamente el Juez Garzón, actúa en su obligación con la justicia y
con los derechos humanos, el altruismo puede hacer parte de sus
convicciones personales, pero lo que está en discusión es el saldo
pendiente que tiene España  en cumplir con los derechos de las
víctimas de la dictadura franquista y con las obligaciones
internacionales del Estado español en materia de derechos humanos.

El magistrado instructor reprocha al juez Garzón el no considerar como
conexos al delito político los hechos denunciados y no haber asumido
la aplicación de la ley de amnistía de 1977, sin embargo la propia ley
establece en su art. 1 que la misma no se aplicaría a hechos que hayan
“supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las
personas”,

La Convención Internacional para la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas, ratificada por España el 24 de
septiembre de 2009, considera en su art. 13 “el delito de desaparición
forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito
político ni delito inspirado en motivos políticos”.

La Convención reconoce en su art. 24 por "víctima" la persona
desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio
directo como consecuencia de una desaparición forzada y señala que
cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las
circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados
de la investigación y la suerte de la persona desaparecida”. Cada
Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda,
localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de
fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus
restos”.

Por tanto expresamos ante ustedes señores magistrados, nuestra
perplejidad  ante la utilización del tipo de prevaricación judicial en
contra del juez Baltasar Garzón, pues el operador judicial siempre
tiene un margen de interpretación en la aplicación de la ley y si lo
hace a favor de las obligaciones del Estado en derechos humanos, sus
actuaciones no podrían considerarse como irrazonables o antijuridicas
so pena de afectar los principios básicos de la administración de
justicia penal para investigar, sancionar, reparar y prevenir frente a
todo tipo de crímenes y en particular aquellos que revierten el
carácter de internacionales, como es el caso que aquí nos ocupa .

Tambien manifestamos nuestro reconocimiento al juez Baltasar Garzón  l
porque ha llevado sus actuaciones a favor de reivindicar los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, más allá de
las fronteras de España, convirtiéndose en un importante baluarte que
ha hecho evolucionar en los últimos lustros el derecho penal
internacional, haciéndose acreedor de un merecido reconocimiento
mundial.

Esperamos por tanto que la máxima de Quevedo “donde hay poca justicia
es un peligro tener razón” pueda ser por ustedes invertida para que
haya  ¬en España mucha justicia y mucha razón, que permita a las
víctimas ser resarcidas en sus derechos y,  jueces como Baltasar
Garzón ser apoyado en sus actuaciones a favor  del cumplimiento de las
obligaciones de España frente al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, para bien del pueblo español pero de la humanidad en su
conjunto.

De ustedes con mucho respeto,

Alejandro Szarazgat
escritor, DNI 93413823
Alfredo Bauer
medico, escritor, DNI 92761813
Leonardo Fleischmann
DNI 8474632



2 Responses to Carta abierta a las autoridades judiciales españolas en solidaridad con el juez Baltasar Garzón…

  1. Mi adhesion total e incondicional a la CARTA ABIERTA en solidaridad con el Juez Baltasar Garzon y quisiera agregar que leyendo en el dia de hoy el articulo publicado en el periodico EL PAIS escrito por el señor Carlos Jimenez Villarejo aclarando legalmente la NO PREVARICACION DE EL JUEZ GARZON seria un vance extraordinario que este señor Villarejo fuese nombrado PRESIDENTE del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Español para que asi con sus sobrados conocimientos y capacidad de interpretacion de las leyes existentes NUNCA MAS NADIE PUEDA VAPULEAR AUN NINGUN JURISTA CLASIFICADO INJUSTAMENTE como esta ocurriendo actualmente contra el Señor Juez Baltassar Garzon.

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  2. Francisco González de Tena dice:

    Es obligado denunciar a Luciano Varela y a todos los que, en connivencia abierta con su labor de manipulación deliberada de la Ley, han colocado al conjunto de la Justicia española en una situación de ridículo internacional, desoyendo normas y trados internacionales de obligado cumplimiento.
    Por todo ello Luciano Varela y compinches están incurriendo en un delito, esta vez sí flagrante, de prevaricación.

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