En Casavieja (Ávila): solo el vandalismo y la estupidez, por no decir otra palabra mal sonante, se ceban con “El Roble de la Memoria”.

Cráneo y restos óseos de origen desconocido, agresión a "El Roble de la Memoria"

Delante de las tapias del cementerio de Casavieja, en el lugar donde los familiares de las victimas del franquismo plantaron el 3 de octubre 2009, en un acto de memoria, un roble para que la fosa común allí exhumada quedase patente y rendir homenaje a sus seres desaparecidos, hoy 28 de febrero 2010 he podido comprobar que mentes torcidas y morbosas han agredido ese lugar y a la vez la memoria de los que allí fueron vilmente asesinados.

La degradación de ese espacio ha sido puesta en conocimiento de la Guardia Civil local que tomará las medidas oportunas entre hoy y mañana informando al Ayuntamiento de lo ocurrido.

La imagen  demuestra la falta de respeto que ciertos individuos demuestran tener hacia los familiares y hacia las propias victimas. Esos mismos individuos dan por manifiesto la ausencia del más mínimo pudor y de paso insultan también a los fallecidos cuyos restos óseos han sido de esa manera sacados de la tierra y abandonados a la luz del día.

Vergüenza no tienen, dos dedos de frente tampoco. Me imagino que sus cerebros puedan estar tan vacíos de materia gris como el pobre cráneo que ilustra  su fechoría.

Para ellos mi más profundo desprecio.

Si los hechos llegan a ser considerados legalmente como delictivos y los autores identificados, espero que el peso de la ley caiga sobre ellos con firmeza.

Para los familiares de las victimas de Casavieja reitero mi solidaridad.

Un saludo fraternal. Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos

La mina de los horrores…

El Arzobispado de Toledo financia una excavación en una fosa común de la Guerra Civil donde hay 300 cadáveres.

Algunas víctimas podrían haber sido enterradas vivas. : J. V. M.

28.02.10 – 02:37 – J. V. MUÑOZ-LACUNA | TOLEDO.

‘Las Cabezuelas’ es una antigua mina romana de plata situada a las afueras de Camuñas (Toledo). Una gran cruz y una lápida dan algunas pistas de su tétrico uso en los primeros meses de Guerra Civil: fosa común de sacerdotes, obreros, propietarios, industriales y agricultores sospechosos de simpatizar con el bando franquista.

En el marco del furor excavador que ha propiciado la Ley de la Memoria Histórica, pero sin reclamar subvención alguna, el Arzobispado de Toledo ha financiado un exhaustivo análisis de esta mina. Se han localizado restos de 41 personas, en su mayoría varones. Sin embargo, todas las hipótesis apuntan que en lo más profundo hay enterradas al menos 300 personas más.

La intención de la Iglesia no ha sido remover viejas rencillas ni rencores, sino identificar a un grupo de sacerdotes que acabaron sus días en la mina y cuyo proceso de su beatificación se inició en 2002. Su localización ha sido posible porque sus nombres estaban inventariados en la Causa General que Franco abrió en 1939 para honrar su memoria. «Nosotros consideramos que sus cuerpos son reliquias y sólo queríamos saber dónde estaban», explica el sacerdote Jorge López Teulón, postulador de las causas de los mártires de Toledo y Ávila.

Balas, rosarios y peines

La Sociedad de Ciencias Aranzadi se ha encargado de la dura excavación en esta mina bajo la dirección de Francisco Etxeberria, profesor de Medicina Forense de la Universidad del País Vasco, con amplia experiencia en esta ingrata tarea en fosas de víctimas republicanas y en países como Argentina, Chile, y Afganistán. Cerca de 30 toneladas de tierra han sido retiradas con la ayuda de una carretilla desde una profundidad de 27 metros.

Lo que se ha encontrado no deja lugar a las dudas: restos óseos con orificios de bala, proyectiles, rosarios, peines, horquillas y fragmentos de largas telas negras que en su día fueron sotanas. «Son personas que nunca empuñaron un arma», añade Jorge López. «Las familias de estas víctimas piden que haya justicia pero también un perdón cristiano», apunta.

La Iglesia y las familias no quieren exhumar los 41 cuerpos encontrados porque, entre otros motivos, un análisis de los restos con la prueba del ADN resultaría carísimo. Además, es muy posible que estos cadáveres son sólo una pequeña muestra de lo que en realidad esconde ‘Las Cabezuelas’. Esta sospecha se basa en el testimonio de ancianos del pueblo que eran niños en 1936 y que cuentan cómo algunos camiones perdidos por Camuñas preguntaban por la ubicación exacta de la mina. Bajo sus lonas, varios pudieron ver decenas de cadáveres apilados que acabaron arrojados al fondo del pozo. Incluso otros aseguran que algunas víctimas fueron lanzadas vivas y enterradas con cal y arena. Los camiones procedían de Toledo y Ciudad Real y, tal vez, también de Madrid. El Arzobispado de Toledo calcula que varios centenares de personas podrían estar enterradas en esta fosa común. Su único delito fue no simpatizar con el Frente Popular, haber sido visto en misa o vestir una sotana.

La mina de los horroresEl Correo Digital (Vizcaya)

NOTA DEL EDITOR:

» HAY FOSAS y FOSAS…»

Está más que claro. Aunque la derecha de este país clame al cielo por la labor que realizamos las asociaciones que trabajamos para la «Recuperación de la Memoria Histórica«,  con argumentos tan peregrinos como la fragmentación del país,  abrir las viejas heridas cerradas por la Transición, que es una recuperación parcial,  porque siempre nos olvidamos de Paracuellos y similares, etc. Queda patente con la actuación del Arzobispado de Toledo que precisamente los argumentos que ellos esgrimen, son precisamente los que  utilizan para que así sea. Nosotros todavía esperamos la colaboración de la Iglesia, y no en forma de subvenciones, bastaría con que nos facilitasen las documentaciones que muchas veces nos niegan de los registros,  documentando enterramientos,  exhumaciones, etc. Ya está que en su día pidieron perdón – eso sí, con la boca chica, como se dice comúnmente-. Pero no es suficiente si después no ejercen equitativamente. y por ahora no han demostrado que lo sientan.

Es un agravio comparativo el que ellos puedan abrir, exhumar fosas, manifestarse y hacer cuanto les plazca, sin que  jueces prevaricadores o no,  se inmiscuyan por  medio, sin que alcaldes, ediles y gobernantes en general, afines a esconder las vergüenzas históricas  debajo de la alfombra de la piel de toro, callen y otorguen por el foro , con sus mutis hipócritas. Y es más vergonzoso, que eso encima se haga con el mismo dinero público que mantiene un estamento eclesiástico, en contra del sentido común de un Estado moderno y aconfesional, y que es el mismo dinero que pagamos todos, y que se nos niega a los republicanos, amén de las migajas que aportan las subvenciones estatales a algunas asociaciones, lo cual después de setenta y tantos años no parece demasiado esfuerzo.

Esta bien para las familias de aquellos que serán recuperados, y  que tampoco podemos obviar que fueron víctimas, pero el rasero de medir debería ser el mismo para todos. Es una vergüenza, máxime cuando al menos estos estaban enterrados y localizados, y los nuestros siguen en cunetas olvidados.

Como siempre queda la evidencia de que siempre ha habido y habrá clases, y el dicho,  de que la muerte nos iguala a todos, no deja de ser un eufemismo y una falacia más. Lo demuestra que todavía hasta en la barbarie de la muerte en caso de guerra,  y para muestra un botón…, hay fosas y fosas. La del halo de los vencedores y las de la deshonra de los vencidos.

Luego nos acusarán a nosotros de hacer precisamente lo que ellos hacen. Nosotros al menos no vetamos y somos partidistas con la información, la proporcionamos toda, nos sea favorable o no, y después que cada uno opine lo que quiera. ellos nunca dieron esa oportunidad. ¿Y ahora quién fragmenta y abre heridas?

Jordi Carreño

Vivepresidente de la Asociación Independiente La Memoria Viv@

Qué fue de la exhumacion de la fosa común de curro…

El laboratorio confirma que son ellos

Memoria Histórica entregará en breve a las familias los restos ya identificados de los arousanos Castor Cordal y Ramón Barreiro,fusilados en 1936 en Barro

Los cadáveres estaban colocados en línea dentro de la fosa y bien diferenciados, lo que facilitó la exhumación

Autor: Elena Larriba  Fecha de publicación: 28/2/2010

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ya ha concluido los trabajos de identificación forense de los cadáveres de los dos arousanos exhumados el pasado 22 de octubre en una fosa común localizada en Curro (Barro) y, a falta de la elaboración del informe antropológico, serán entregados a sus familias en el plazo aproximado de un mes para que puedan enterrarlos dignamente en los cementerios de Cambados y Ribadumia.El vicepresidente de la ARMH, Santiago Macías, explicó que los análisis de los huesos llevados a cabo en el laboratorio que la asociación tiene en Ponferrada, han confirmado que dichos restos pertenecen efectivamente a Ramón Barreiro Rodríguez y Castor Alonso Garrido, fusilados por falangistas el 15 de septiembre de 1936 y enterrados juntos en una fosa pegada al muro de la iglesia de Barro. «Son ellos, está claro».

Según contaron los familiares cuando se recuperaron los cadáveres, Castor Cordal, tenía 27 años cuando lo mataron, estaba casado y no tenía hijos. Trabajaba como electricista y era miembro de la CNT. Se dio cuenta de que iban a por él y se escondió en diferentes lugares, hasta que un delator lo descubrió. Una vez detenido se lo llevaron al Pazo de Fefiñáns, donde fue recluido en el patio de armas junto a otras personas. Su padre quiso visitarlo y no le dejaron, incluso llegaron a amenazarlo con meterlo a él también preso. Al tercer día le dijeron que no volviese porque su hijo se había escapado a Portugal. Pero unos vecinos de Corbillón que iban a la feria a Pontevedra de madrugada, vieron al pasar por Barro a dos muertos cuando eran llevados a enterrar en una escalera a modo de camilla. Reconocieron a Castor y se lo contaron a la familia.

El otro cadáver que transportaban era el de Ramón Barreiro Rodríguez, de 19 años, vecino de Sisán (Ribadumia). Además de poeta, escribía en gacetillas locales y era conocido por la acidez de sus escritos. Pertenecía a una familia de tradición republicana. Su hermano había sido movilizado para combatir en la Guerra Civil por las tropas golpistas, pero se pasó al lado republicano, y al término de la contienda fue detenido y estuvo ocho años preso. Ramón estuvo escondido por los montes de Armenteira y, aunque su familia nunca supo de su paradero, torturaron a los padres para que cantasen donde estaba oculto su hijo. La madre fue violada y rapada al cero y no tardó en morir. Al parecer, lo delató un cuñado de su madre y antes de enterrarlo sus verdugos le cortaron un dedo para robarle el anillo de oro que portaba.

Localización

La familia de Castor Cordal supo poco después que había sido fusilado junto con otro hombre en un eucaliptal de Barro, cercano a la actual carretera que une Vilagarcía con Pontevedra, más o menos a la altura del lugar donde hoy está ubicado el mesón El Abuelo Pintos. Y sabían también por vecinos de la zona que había sido enterrado 800 metros más allá, detrás del atrio de la iglesia de Curro.

Un sobrino de Cordal puso todos estos detalles en conocimiento de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para localizar la fosa y, paralelamente, un hombre mayor de Barro, que murió uno o dos meses antes de exhumar los cadáveres, se puso también en contacto con un colaborador de la ARMH en Vilagarcía para contarles que él sabía exactamente donde estaba esa fosa pero no quienes eran los enterrados en ella. Según relató, él y su padre, junto con dos vecinos más del pueblo, fueron obligados a recoger los cadáveres de los fusilados aquel 15 de septiembre de 1936 para darles sepultura. Y confirmó que efectivamente los transportaron hasta las inmediaciones de la iglesia de Curro utilizando una escalera.

En un principio, no había ninguna constancia de la identidad de la otra persona que fue fusilada y enterrada con Castor Cordal, pero la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica consiguió averiguar por el Registro de la localidad que era Ramón Barreiro y se lo comunicó a la familia, que hasta ese momento no tenía ni idea de su paradero. Para ellos fue un gran descubrimiento saber donde estaba enterrado.

La Voz de Galicia

Los cadáveres tenían balas alojadas en el cráneo y fémur La Voz de Galicia

REPORTAJE: Papeles para la inocencia del poeta. Seguidores de Miguel Hernández recaban pruebas para la nulidad de su pena…

EZEQUIEL MOLTÓ – Alicante – 28/02/2010

La condena a muerte de Miguel Hernández, dictada por el régimen franquista, sigue vigente siete décadas después. El centenario del nacimiento del poeta más universal que dio Alicante se celebrará este año con este pesado lastre judicial. Salvo que el Tribunal Supremo admita un recurso de revisión y nulidad de la condena.

• Recuperar la dignidad

Miguel Hernández

«El fiscal general debería valorar el caso y presentar un recurso de nulidad»

«El tema no es fácil, no hay precedentes. La ley es muy estricta para abrir paso a la revisión de condenas, pero con Miguel Hernández tenemos esperanzas fundadas y puntos a favor», apunta Carlos Candela, el abogado que asesora a la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica, colectivo que apoya a los familiares en esta ardua batalla jurídica.

El primer objetivo del colectivo y de la familia, que es la que debe personarse ante el Supremo, es hacer acopio del mayor número de avales posibles. Los avales eran documentos oficiales de personas influyentes en el franquismo que certificaban ante el régimen la buena conducta de los condenados o de los encarcelados. Documentos que en su día se emitieron pero que no se tuvieron en cuenta en las diligencias de juicio sumarísimo al poeta.

En el juicio contra Miguel Hernández se tiene constancia de un aval presentado por el abogado Juan Bellod, secretario provincial de Milicia y de las Jons de Valencia, en el que se refiere al poeta como «persona de inmejorables antecedentes, generosos sentimientos y honda formación religiosa y humana». Bellod atribuye el contenido de su poesía a «su excesiva sensibilidad y temperamento poético» y a que es «fácilmente influenciable por conocimientos y personas». El abogado garantiza «plenamente su conducta y actuación, así como su fervor patriótico y religioso», y no considera al poeta «capaz de haber intervenido en hecho delictivo alguno». Otro aval, inédito y que se acaba de localizar, lo firma el escritor José María de Cossío, y también se tienen noticias de otro firmado por Luis Almarcha, canónigo de Orihuela y obispo en León. En una carta del 22 de agosto del poeta a su mujer, Josefina Manresa, explica: «He recibido un certificado de Luis Almarcha. No es gran cosa lo que dice, pero servirá a mi abogado defensor probablemente». Y otro testimonio es del cardenal francés Baudrillard, que en un encuentro con Pablo Neruda, según relata en sus propias memorias, le habló de su amigo encarcelado Miguel Hernández. El cardenal se comprometió a escribir a Franco. «No sabemos si se llegó a escribir o dónde está esta carta», admite el periodista Enrique Cerdán Tato, miembro de la Comisión Cívica. «Pero es evidente que habrá más avales que certifiquen la buena actitud del poeta», apunta Candela. Los documentos que servirían para anular la pena al poeta pueden estar en cualquier parte. De momento, han empezado a buscar en los archivos de la Fundación Francisco Franco, en el Museo José María de Cossío (Cantabria), en la catedral de León, en la Fundación Miguel Hernández de Orihuela y en el Archivo Municipal de Elche, donde está su legado pesonal.

El 18 de enero de 1939 el poeta Miguel Hernández fue juzgado y condenado a muerte por un tribunal militar. Su delito, para el régimen franquista, fue escribir versos, convertirse en el poeta del pueblo y ser republicano. Seis meses después y con el peso durante todo ese tiempo de estar condenado a muerte, el 25 de julio, Franco conmutó esta pena por 30 años de cárcel. El poeta jamás confesó a su mujer que fue condenado a muerte; la versión familiar era que estaba encarcelado para 12 años. Miguel Hernández murió cumpliendo esta condena, que está vigente precisamente cuando todas las instituciones se preparan para celebrar por todo lo alto su centenario.

Para evitar que esto suceda, los herederos del poeta, encabezados por Lucía Izquierdo, la nuera y representante legal, y los miembros de la Comisión Cívica de Alicante, han empezado a preparar un recurso que presentarán ante el Supremo, que hasta ahora ha rechazado todas las peticiones de revisión de penas franquistas. «El problema es que se presentaban como apelación. Nosotros intentamos presentar pruebas nuevas que acrediten que los fundamentos de la sentencia no son ciertos», explica Candela respecto a las peticiones que han sido rechazadas.

Sin embargo, en el caso del proceso sumarísimo contra Miguel Hernández hay algunas nuevas pruebas que podrían servir para probar su inocencia. «La ventaja que tenemos es que hay mucha documentación sobre el poeta, se guardaron casi todos los papeles», agrega Candela. «Llevamos cuatro meses buscando cartas, documentos y papeles inéditos que acrediten que el poeta del pueblo no mató a nadie, no hizo daño a nadie, y sólo se dedicó a escribir», explica Cerdán Tato.

Con todo, la Comisión Cívica y la familia ya han ganado una primera batalla en pos de la recuperación de la memoria el escritor. El Ministerio de Justicia aprobará de manera «inminente» el expediente 09-000-785 de «reparación y rehabilitación» de la memoria de Miguel Hernández, que contempla el artículo 4 de la Ley de Memoria Histórica. «Pero esa reparación es insuficiente, debemos conseguir anular una sentencia peregrina e injusta», añade Cerdán Tato. «Es importante que el Gobierno haga pública su complicidad con la inocencia del poeta. El fiscal general del Estado debería estudiar, valorar y presentar un recurso de nulidad», apunta Manuel Parra, también miembro de la Comisión.

Recuperar la dignidad

El caso del poeta Miguel Hernández no es único. Otros alicantinos que fueron condenados y perseguidos por el franquismo empiezan a recuperar su dignidad gracias a la Ley de la Memoria Histórica. Ese es el caso de Miguel Villalta, fusilado el 18 de diciembre de 1942 en las proximidades del actual cuartel de Rabassa. El juez de instrucción, abogado y diputado socialista entre 1936 y 1939 fue acusado de un delito de adhesión a la rebelión.

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante Glicerio Sánchez, lamenta «el conjunto de maldades» que sus enemigos proyectaron sobre él, y cita como ejemplo la crónica sobre su detención del diario Información del 28 de octubre de 1942: «Miguel Villalta, bien tristemente conocido en Alicante, pertenecía a la Judicatura de la cual fue expulsado, se dedicó a la política, en la cual encontró ancho campo para codicias e inmoralidades… Está acusado de haber controlado diversas brigadillas de milicianos de las que se dedicaban a practicar detenciones y asesinatos…». Su padre, Francisco Villalta, también fue encarcelado, y murió entre rejas a los 70 años. Elisa Villalta se dirigió al Ministerio de Justicia y en julio pasado recibió sendas declaraciones de reparación y reconocimiento personal de su tío carnal y su abuelo. «Ahora ellos recuperan la imagen de honradez que las autoridades y prensa franquista les habían arrebatado», apunta Sánchez.

El comisario del centenario del poeta, el profesor de literatura José Carlos Rovira también padeció «persecución y prisión por razones políticas, siendo injustamente condenado». Y el 9 de junio el ministro de Justicia expedía a su favor una declaración de reparación y reconocimiento personal.

El País.com

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El fiscal cree que la continuidad de Garzón no daña la Justicia Suspenderle ahora sería «contrario a la independencia»…

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes (izda.), habla con el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, en presencia del Secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, en unas jornadas celebradas en Madrid- EFE

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado al Consejo General del Poder Judicial que no procede la suspensión de funciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, porque de adoptarse ahora «sería contraria a las garantías de independencia e inamovilidad necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional».

• Consternados y perplejos por la instrucción del Supremo

El Poder Judicial pidió un informe para «ganar tiempo» en la suspensión

Este informe responde a un escrito instado por la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles para «ganar tiempo» y relevar al juez antes incluso de que el Tribunal Supremo le siente en el banquillo. El informe del fiscal, que no es vinculante para el Poder Judicial, se refiere a los procesos abiertos a Garzón por su investigación del franquismo y por el patrocinio de cursos en Nueva York por el banco Santander, ya que cuando se recabó aún no se había admitido la querella por las escuchas del caso Gürtel.

El teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, afirma en el escrito que la suspensión provisional de funciones de los jueces contra los que se haya admitido a trámite una querella no puede ser aplicada de forma «automática», porque sería «contrario a la lógica jurídica». Según la doctrina del Supremo que recoge el fiscal, el Poder Judicial debe examinar en cada caso concreto si la suspensión se justifica por «el buen gobierno judicial», o si la continuidad del juez querellado podría producir graves daños en la Justicia o comprometer la imagen de ésta ante los ciudadanos.

Estudiados los acuerdos del Consejo sobre suspensión de magistrados, el fiscal concluye que la regla general es suspender al juez en el momento de la apertura del juicio oral en el procedimiento abreviado, o al dictar auto de procesamiento en el procedimiento ordinario. El criterio anterior puede ser modificado si la querella contra el juez la interpone el ministerio fiscal y, excepcionalmente, si la querella de particulares la apoya el fiscal.

El fiscal no cree que la continuidad de Garzón en su juzgado de la Audiencia Nacional produzca daños al funcionamiento de la Justicia ni que por ello peligre la confianza de los ciudadanos, máxime porque las querellas sólo han sido admitidas a trámite, aún no hay apertura de juicio oral y el fiscal ha pedido el archivo por entender que los hechos no son constitutivos de delito.

El vicepresidente del Consejo del Poder Judicial, Fernando de Rosa, aseguró ayer que la decisión que adopte el Consejo sobre la suspensión no tendrá «nada que ver» con la tercera querella contra el magistrado. De Rosa indicó que el Consejo no actúa en función de las querellas ante el Tribunal Supremo y que Garzón será tratado «como cualquier otro juez».

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes (izquierda), habla con el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, en presencia del secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, en unas jornadas celebradas en Madrid.
El País.com