España debe poner fin a la amnistía por atrocidades cometidas durante la era de Franco…

marzo 20, 2010

Investigar al magistrado que cuestionó la amnistía menoscaba el estado de derecho.

March 19, 2010

La interpretación rigurosamente ajustada al derecho internacional realizada por Garzón ha ayudado a promover la justicia por violaciones graves de derechos humanos cometidas en otros países. Es irónico que España no esté cumpliendo con los estándares que Garzón ayudó a hacer cumplir en el extranjero.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch

(Washington, DC) – Las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de las Naciones Unidas de poner fin a la ley de amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado, señaló hoy Human Rights Watch.

El Magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está siendo investigado penalmente por indagar 22 casos de presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzadas de más de 100.000 víctimas, ocurridas entre 1936 y 1951. Los tribunales españoles han impedido sistemáticamente las investigaciones sobre abusos cometidos durante la guerra civil que sufrió el país (1936-1939) y la dictadura del General Francisco Franco (1939-1975), invocando una ley de amnistía de 1977 que se aplica a todos los delitos “de intencionalidad política” cometidos antes de diciembre de 1976. Uno de los principales argumentos en contra de Garzón es que en su investigación sostuvo que la ley de amnistía no se aplicaba a los delitos de lesa humanidad.

“Los tribunales españoles, que se han distiguido por no investigar denuncias de delitos aberrantes cometidos en el pasado, curiosamente hoy están siendo activos en la investigación de un magistrado que buscó impulsar la rendición de cuentas por esas atrocidades”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El Tribunal Supremo está llevando a cabo una investigación penal para determinar si Garzón incurrió en el delito de prevaricación. Un magistrado del Tribunal Supremo afirmó que Garzón no había aplicado la ley de amnistía de 1977 a los casos de desapariciones forzadas, y que no existen fundamentos de derecho internacional para impedir que estos delitos se beneficien de la ley de amnistía. Garzón apeló esta decisión y la apelación se encuentra pendiente.

Conforme al derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos un recurso efectivo, incluidas la justicia, la verdad y reparaciones adecuadas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PICDP), ratificado por España en 1977, dispone específicamente que los gobiernos tienen la obligación “de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades… hayan sido violados [pueda] interponer un recurso efectivo”.

En 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de supervisar el cumplimiento del PIDCP, instó a España a derogar la ley de amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales nacionales no apliquen plazos de prescripción a los delitos de lesa humanidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2009, como principio general, que las leyes de amnistía son generalmente incompatibles con la obligación de los estados de investigar los actos de tortura o barbarie.

Human Rights Watch ha reconocido la contribución de la labor del Magistrado Garzón para obtener justicia por atrocidades cometidas en todo el mundo. En una iniciativa histórica, Garzón aplicó el principio de jurisdicción universal para acusar al dictador chileno Augusto Pinochet por el homicidio y la tortura de miles de personas, lo cual permitió la detención de Pinochet en Londres en 1998. Su detención fue clave para impulsar que el sistema de justicia chileno juzgara los abusos del pasado. Asimismo, a solicitud de Garzón, fue posible la extradición desde México de Ricardo Miguel Cavallo, un ex militar argentino implicado en la comisión de atrocidades durante la dictadura militar. Cavallo fue extraditado a España en 2003 acusado de genocidio y terrorismo, y finalmente fue enviado a Argentina para ser juzgado por los tribunales de ese país.

“La interpretación rigurosamente ajustada al derecho internacional realizada por Garzón ha ayudado a promover la justicia por violaciones graves de derechos humanos cometidas en otros países”, expresó Vivanco. “Es irónico que España no esté cumpliendo con los estándares que Garzón ayudó a hacer cumplir en el extranjero”.

Enviado por Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Enlace:

http://www.hrw.org/en/news/2010/03/19/espa-debe-poner-fin-la-amnist-por-atrocidades-cometidas-durante-la-era-de-franco


La concesión de títulos nobiliarios en el franquismo…

marzo 20, 2010

Por Eduardo Monteagut Contreras:

23 Mar 2009 – 20 Marzo 2010

Viñeta Vergara 2009-05-02

En un artículo anterior nos hacíamos eco de una protesta por la renovación de un título nobiliario concedido en tiempos de Franco. Convendría que estudiáramos esta cuestión para entenderla.

Según la Ley de Sucesión de 1947 España se constituía en Reino aunque, como bien se sabe, sin rey en ese momento. Un decreto de 4 de junio de 1948 establecía que todas las referencias que en la legislación se hacían al rey y a la Monarquía se atribuían al jefe del Estado. Así pues, Franco decide conceder títulos nobiliarios como habían venido haciendo desde tiempo inmemorial los monarcas. Estos títulos sirven para premiar a personajes leales al franquismo: militares que se hubieran destacado en la guerra, civiles que hubieran realizado servicios a favor de la causa, o personajes fallecidos. También, concedió la Grandeza de España, el máximo honor para un noble en España.

Algunos de los títulos fueron los siguientes:

Duque de Primo de Rivera a José Antonio, a título póstumo.

Duque de Mola al general Emilio Mola, a título póstumo.

Duque de Calvo Sotelo a Emilio Mola, a título póstumo.

Conde del Alcázar de Toledo al general José Moscardó.

Marqués de Queipo de Llano al general Gonzalo Queipo de Llano.

Conde de Arruga al oftalmólogo Hermenigildo Arruga

Conde de Arteche al presidene del Banco de Bilbao, Julio Arteche.

Marqués de Varela de San Fernando al general Enrique Varela.

Marqués de Santa María de la Almudena, al nuncio de Su Santidad en España, cardenal Federicho Tedeschini.

Conde de Fenosa a Pedro Barrié de la Maza, presidente de Fenosa.

Marqués de Suances a Juan Antonio Suances.

Condesa del Castillo de la Mota a Pilar Primo de Rivera.

Marquesado de Ramón y Cajal, al Nobel Santiago Ramón y Cajal, a título póstumo.

Baronesa de Camporredondo a María Samaniego y Martínez-Fortún, suegra de José Antonio Girón, y que había perdido al marido y a tres hijos varones en Madrid durante la guerra, asesinados.

Duque de Cádiz con tratamiento de Alteza Real a Alfonso de Borbón y Dampierre, y a su esposa, la nieta de Franco, Carmen Martínez-Bordiú.

http://lacomunidad.elpais.com/memoria-historica/2009/3/23/la-concesion-titulos-nobiliarios-el-franquismo


AGENDA: GIJÓN. Concentración “Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo”…

marzo 20, 2010


Alaró per la Recuperació de la Memòria Històrica/Alaró por la Recuperación de la Memoria Histórica…

marzo 20, 2010

Cartell invitació als actes Republicans dels mes d’abril, que hem preparat des de el col·lectiu Alaró per a la Recuperació de la Memòria Històrica.

Cartel de invitación a los actos Republicanos del mes de Abril, que hemos preparado desde el colectivo Alaró por la Recuperación de la Memoria Histórica.

Nuestro compañero Marçal Isern, nos solicita difusión de los actos organizados por el colectivo Alaró  (Mallorca) por la recuperación de la Memoria Histórica, por tanto os invitamos a todos aquellos residentes en la isla a los mismos y a todos los compañeros(as) de la Península a que difundáis el mensaje. Muchas gracias a todos…¡Salud, Memoria, Reparación y Justicia!

El nostre company Marçal Isern, ens sol·licita difusió dels actes organitzats pel col·lectiu Alaró (Mallorca) per la recuperació de la Memòria Històrica, per tant us convidem a tots aquells residents a l’illa als mateixos i a tots els companys (as) de la Península a la qual difongueu el missatge. Moltes gràcies a todos…¡Salud, Memòria, Reparació i Justícia!

La Memoria Viv@


Barcelona tendrá una ruta de la memoria histórica…

marzo 20, 2010

C. G. – Barcelona – 20/03/2010

El Fossar de la Pedrera y el Camp de la Bota (el 18 de abril se cambiará la placa en un acto institucional); las plazas de Juan Carlos I, Llucmajor y Catalunya; Montjuïc; la cárcel Modelo; la prefectura de Via Laietana; el paseo de Sant Joan (manifestaciones de febrero de 1976); la iglesia de Santa Maria Mitjancera (detención de miembros de la Assemblea de Catalunya); el Turó de la Rovira y el Refugio 307, y la Casa Bloc. Estos 13 lugares estarán en la ruta de la memoria histórica (de la República a la Transición) que, con el Consistorio de Barcelona, el Memorial Democràtic va a promover el próximo curso en la ciudad.

Así lo espera Miquel Caminal, director del espacio Memorial Democràtic, que hoy se inaugura en Via Laietana, 69. “No es archivo ni museo, es un equipamiento cultural donde se impulsará el estudio sobre la memoria democrática”, por lo que habrá aula y programas educativos, banco audiovisual, centro de documentación y auditorio. Será de acceso gratuito y ahora se abren 800 metros cuadrados de los 2.487 que tendrá la primera institución del Estado dedicada al tema. El Memorial Democràtic mueve unas 40 personas y un presupuesto de seis millones de euros.

El País.com


Familiares de dos hombres brutalmente asesinados en 1936 reciben hoy sus restos…

marzo 20, 2010

Castor Cordal, de 27 años y Ramón Barreiro, de 19, fueron exhumados en octubre.- La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Dos familias recibirán hoy los restos de dos hombres brutalmente asesinados el 15 de septiembre de 1936 en el municipio pontevedrés de Barro. Se trata de Castor Cordal Garrido, de 27 años, electricista de la CNT, y Ramón Barreiro, de 19, que escribía en gacetillas locales. Ambos fueron exhumados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica el pasado 22 de octubre y han sido identificados por el forense José Luis Prieto en el laboratorio que la asociación tiene en Ponferrada.

Antes de enterrarlo, un cura mutiló el cuerpo de Barreiro, el más joven, para robarle el anillo que llevaba en un dedo. Y poco antes de matar a Cordal, los asesinos acudieron a su casa para humillar a su familia. Sacaron a sus hermanas y las hicieron bailar desnudas delante de ellos, según relató a este diario Josefina, de 83 años, hermana de Castor.

Ramón Barreiro era soltero y pertenecía a una familia de tradición republicana. Su hermano fue a la guerra y se pasó al lado republicano, lo detuvieron y estuvo ocho años preso. A él le delató un cuñado de su madre, que fue violada y rapada al cero. Murió poco después.

Castor Cordal, electricista de la CNT, estaba casado y no tenía hijos. Supo siempre que irían a por él y se escondió mientras pudo, hasta que le delataron.

El País.com

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Garzón, sólo un síntoma…

marzo 20, 2010

GONZALO BOYE TUSET

Abogado

Desde que se inició la persecución general en contra del juez Garzón, se van sucediendo movimientos, declaraciones y luchas intestinas en las más altas esferas del Poder Judicial que deben hacernos meditar sobre si el problema real es Garzón o si, por el contrario, su acoso no es más que un síntoma de una enfermedad más grave: la politización de la Justicia, que debería ser abordada como un problema de Estado y cuanto antes mejor, a fin de evitar un resquebrajamiento institucional serio y de imprevisibles consecuencias. Porque ningún Estado democrático y de Derecho puede permitirse que uno de sus poderes, amparándose en el principio de independencia judicial, se desvincule del propio Estado del que dice formar parte.
Si la politización de la Justicia consiste en el posicionamiento y actuación política de algunos jueces, casi siempre pertenecientes a las más altas instancias del poder judicial y con la mayor antigüedad en la carrera (algunos incluso preconstitucionales), la otra cara de la moneda la representa la “judicialización de la política”, es decir, el intento pertinaz de los partidos políticos por resolver en vía judicial lo que no han podido ganar en las urnas y, unido a ello, la aparición de una ingente cantidad de casos de corrupción que son, justamente, los que hay que llevar a los tribunales.
Un Estado democrático y de Derecho debe garantizar la independencia individual de sus jueces, pero no la de un poder que se alza incluso en contra de los propios intereses del Estado, llegándose a pronunciamientos tan peligrosos como el del propio presidente del CGPJ, quien afirmó que no tolerará que se diga que algunos magistrados del Supremo prevarican, como si dicha condición profesional impidiese la comisión de tales ilícitos o, peor aún, como si los miembros de las altas esferas de la judicatura estuviesen exentos de responsabilidad alguna. En una democracia todo y todos somos cuestionables, y eso es algo que parecen olvidar cuanto más alto suben en la escala de un poder que, más que independiente, tiene voluntad secesionista.
Cuando existen graves casos de corrupción, en lugar de centrarse en el esclarecimiento de los mismos y la persecución de los corruptos y corruptores, se buscan excusas y víctimas propiciatorias para generar una desconfianza indeseable en las instituciones del Estado; concretamente, se persigue a un juez no por un mal actuar, sino por lo que representan las resoluciones que ha dictado, todas ellas contrarias a los intereses políticos de los grupos controladores de un determinado poder del Estado.
No podemos olvidar que, para encontrarnos ante una tipicidad objetiva, en el delito de prevaricación habrán de cumplirse algunos de los siguientes criterios de actuación punible, como son que el juez se haya inventado un hecho, que se haya inventado una norma o, finalmente, que se haya apartado de las reglas de interpretación de las normas establecidas en el artículo 3 del Código Civil; nada de ello ha hecho Garzón, pero parece ser que otros, con el afán de cuadrar las cuentas políticas, sí están dispuestos a inventarse hechos, a crear Derecho o a alejarse ostensiblemente de las normas aplicables a la interpretación del Derecho. Y eso sí es prevaricación.
Lo lamentable del “caso contra Garzón”, que no del caso Garzón, es que se están cruzando todos los límites inimaginables en una democracia sin siquiera pararse a medir las consecuencias de dicha extralimitación; se están cuestionando políticamente las decisiones judiciales, las políticas y los actos ciudadanos más relevantes, como el votar, y todo ello con el único fin de preparar el escenario electoral para, con la fuerza de la judicatura, modificar la voluntad popular y, si no es así, tiempo al tiempo, porque esta estrategia ya la conocemos.
Este actuar de las altas esferas de la Judicatura está generando daños, quizás, irreparables a la imagen internacional no sólo del sistema judicial español, sino, sobre todo, del sistema político y democrático del Estado. Porque fuera de nuestras fronteras no se comprende que unos pocos en un poder de pocos tengan tanto poder como para hacer lo que están haciendo ni, mucho menos, que ante decisiones discutidas se acuda, sin más, a la quema en hoguera pública del autor de tales opiniones jurídicas, situando al sistema judicial actual en unos parámetros históricos más acordes con Niño de Guevara que con una democracia del siglo actual.
No a todos nos gustan todas las decisiones de Garzón, pero de ahí a la prevaricación existe un trecho importante que viene perfilado por la tipicidad objetiva de la conducta que, en este caso, no se da. Por tanto, forzar la subsunción del hecho en el derecho sí sería incardinable en la conducta a él imputada.
En España existen buenos jueces, que lamentablemente casi nunca llegan alto, y es a ellos a quienes debemos un respeto y un apoyo porque, a diferencia de lo que piensa Dívar, el juez debe tener autoridad de la que deriva su poder y no al revés. Lo triste de todo este proceso, en el cual Garzón no parece más que un síntoma, es que mientras no seamos capaces de diagnosticar la enfermedad real y buscar la medicina adecuada, el Estado seguirá padeciendo un empeoramiento tal que, para cuando decidan aplicarle un tratamiento, puede que nos encontremos ante un paciente en estado terminal.

Público.es