UGT y CCOO preparan un gran acto de apoyo a Garzón. SE CELEBRARÁ EN MADRID

2010-03-26. Libertad Digital

UGT y CCOO se reunieron este viernes en Madrid para coordinar la celebración de un gran acto conjunto en apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El objetivo era decidir cómo organizan esta movilización, cuándo la llevan a cabo y dónde, aunque este último dato ya se conoce, ya que se llevará a cabo en Madrid, según informaciones de la Cadena Ser.

Ambos sindicatos estarían trabajando también en la elaboración de un manifiesto común, que sería leído al finalizar el acto. En ese texto, rechazarían a que el magistrado sea juzgado, aunque mostraría a la vez, si esto es posible, su respeto a la independencia de la Justicia.

Según el diario de Prisa, los sindicalistas no entenderían por qué se juzga a Garzón por la causa del franquismo cuando no ha pasado nada las veces que juzgó crímenes de dictaduras de otros países.

Garzón está pasando sus peores meses desde que fuese elegido magistrado de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite en los últimos meses tres querellas contra el juez, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le tiene abierto un expediente disciplinario

Fuente: http://www.libertaddigital.com/nacional/ugt-y-ccoo-preparan-un-gran-acto-de-apoyo-a-garzon-1276388534/

Comentario de La Memoria Viv@:

Se sientan en el mayor banquillo de acusados del mundo familiares de 140000 victimas del franquismo y su defensor el Juez Garzón.

En Núremberg el banquillo de acusados era inverso: familiares de millones de victimas acusan a unos 40 asesinos.

Los herederos (genéticos e ideológicos) de los asesinos falangistas, que se mancharon las manos con la sangre de miles de españoles, sientan en el banquillo de acusados a las victimas y sus familiares. El Juez Garzón que recibió, vía asociaciones y particulares, el listado de las desapariciones forzosas y una larga lista de represalias cometidas durante 40 años de dictadura tuvo el valor moral de intentar investigar lo que durante 70 años se había quedado en el olvido bajo pretextos variados por miedo a una vuelta atrás, un nuevo golpe de estado. Resultado: directo al banquillo de los acusados.

Las altas instancias jurídicas de este país, contaminadas, digan lo que digan, por su vertiente ideológica leal al franquismo han interpretado las leyes con una opción un tanto rara y la balanza de la Justicia se inclina  hacia el lado del plato que menos peso tiene: Falange y otros pocos se  sienten ofendidos en su honor. El otro plato de la balanza lleno de miles de cadáveres en las cunetas de España, de desaparecidos, de exiliados, de represaliados, de niños robados y de juicios sumarios ilegales (por no decir nulos) bajo una jurisdicción  militar golpista, no tiene peso para los magistrados que no dudan en aceptar una querella contra el Juez que quiere investigar esos crímenes.

Restos de un preso republicano de la prisión de Valdenoceda

Esos magistrados e instancias políticas  cierran el cerco a Garzón para quitarse del medio a un Juez que hurga en las patrañas y corruptelas de alto nivel, y cierran de paso la posibilidad que miles de familiares de victimas de la represión  franquista puedan obtener Verdad, Justicia y Reparación.

Ni el Juez Garzón se rinde, ni nosotros familiares de victimas, arropados por las verdaderas fuerzas democráticas de este país, vamos a dejar pasar tan absurda, increíble e internacionalmente denunciada injusticia.

¡Saldremos a la calle!

Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos.

Presidente de la Asociación Independiente La Memoria Viv@

Amnistía Internacional dice que investigar los crímenes del franquismo «es un deber y no un delito»…

Amnistía Internacional, sorprendida por que «el país con más desapariciones del siglo XX persiga al primer juez que decide investigarlas»

EFE – Madrid – 26/03/2010 14:32

Amnistía Internacional (AI) ha subrayado este viernes que investigar los crímenes del franquismo «es un deber y no un delito» y ha advertido al Tribunal Supremo de que su decisión de enjuiciar a Baltasar Garzón «compromete la responsabilidad internacional del Estado español».

La jurista de AI Julia Tamayo ha asegurado que, con el auto en el que ayer el Supremo confirmó la resolución en la que el instructor de la querella contra Garzón rechazaba el archivo de ésta, «la Justicia del país con mayor número de desapariciones forzadas del siglo XX se acerca más a castigar al único juez que ha intentado investigarlas».

Tamayo ha destacado que el Supremo ha hecho suya la apreciación del instructor, Luciano Varela, de que no es absurdo calificar de prevaricadora la actuación de Garzón al considerar «como hecho probable» que éste ignoró conscientemente lo dispuesto en la Ley de Amnistía al abrir una causa para investigar las desapariciones durante el franquismo y la Guerra Civil.

«Considerar que la impunidad puede ser convalidada por una Ley de Amnistía se aparta de la doctrina de los tribunales internacionales y de tratados que vinculan a España», ha dicho la representante de AI, que ha añadido que el Supremo debería tenerlo en cuenta ante el riesgo de «comprometer la responsabilidad internacional del Estado español».

«España no es una excepción»

Tamayo ha recordado que los países que se han negado a juzgar este tipo de crímenes han acabado anulando las leyes de Amnistía o siendo considerados por los tribunales internacionales «responsables de haber contravenido la legislación internacional».

«Más temprano que tarde van a tener que aceptar que era un deber investigar, porque España no es una excepción», ha dicho Tamayo, que ha agregado que la causa abierta a Garzón «sólo causa daño a las víctimas» y al juez y es «un aviso a navegantes» a cualquier otro que quisiera investigar los crímenes del franquismo.

Público.es



«Falange mató al 98% de los exhumados», dice la asociación de víctimas…

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 26/03/2010

«Francisco Correa y Falange. El acusado denuncia al investigador. Quien va a sentar a Garzón en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo mató al 98% de las víctimas que hemos exhumado», asegura Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). «Todo esto es muy triste. Hay familiares deprimidos por lo que le están haciendo a Garzón». Otros, recuerda, han muerto esperando.

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La asociación acusa de prevaricación a todos los jueces de primera instancia que, al ser alertados del hallazgo de restos humanos con signos de violencia (impactos de bala, huesos rotos…), no han visitado la fosa, «incumpliendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal» y entregará al Consejo General del Poder Judicial un informe con sus nombres.

Daños colaterales

«Desde que se admitió a trámite la querella contra Garzón, presentamos 10 denuncias por hallazgos de restos humanos en distintas localidades. En siete ni nos contestaron. Los jueces territoriales ven lo que le han hecho a Garzón y no quieren líos. Pasará lo mismo con el PP. A ver qué juez se atreve a investigarles después de esto», dice Silva.

Los familiares están deshechos y las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, perplejas. «Es curioso, la indignación es mayor fuera que dentro de España», añade el presidente de la ARMH. La Asociación declaró ayer que el día que Garzón sea juzgado por abrir una causa contra el franquismo, su banquillo estará lleno de gente. «Nos sentaremos con él miles de hombres y mujeres que llevan décadas esperando justicia». Están decididos a seguir luchando. «Llegaremos a Estrasburgo».

El País.com

La Junta quiere abrir la fosa de Cádiz e identificar los cadáveres…

Ha ofrecido al Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PP, su apoyo para abrir la fosa común.

ÁNGEL MUNÁRRIZ – SEVILLA – 26/03/2010 08:30

La Junta de Andalucía ha ofrecido al Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PP, su apoyo para abrir la fosa común del antiguo cementerio de San José e intentar identificar los cadáveres que sea posible.

El Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica pretende repetir el esquema de Málaga también con alcalde del PP, donde se han exhumado 2.838 cuerpos gracias a la colaboración de las administraciones nacional, regional y local, informan a Público fuentes de la Junta. La fosa gaditana es mucho menor que la de Málaga. Entre 300 y 700 represaliados yacen hoy bajo el antiguo cementerio de Cádiz, según la Plataforma por la Memoria Histórica de esta provincia. Esta asociación nació por el temor a que las obras del parque municipal que se va a construir no respeten los restos humanos del subsuelo.

Consultada por este diario, una portavoz del concejal de Medio Ambiente, Santiago Posada, aseguró que tal cosa no ocurrirá. Los restos serán exhumados y trasladados al cementerio de Chiclana, donde se erigirá «algún elemento en su memoria». Medio Ambiente ya conoce la propuesta de la Junta, pero rechaza la aplicación del convenio de Málaga en Cádiz, por considerar que no contempla las particularidades de la fosa gaditana, donde los fusilados de 1936 se apilan junto a muertos del siglo XIX.

El Ayuntamiento ha recibido hasta la fecha seis peticiones de identificación de familiares de víctimas, pero sólo ha sido posible recuperar los restos de una.

Público.es

La familia de uno de los ´ocho de Benagéber´ denunciará la exhumación

El alcalde destaca que las acciones judiciales «no conducirán a nada porque se ha cumplido la ley»

RAFEL MONTANER VALENCIA ?
Sebastiana Ortega Torres, sobrina de uno de los ocho de Benagéber, ha remitido una carta al alcalde de este municipio, el socialista Rafael Darijo, y al coordinador del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH), Matías Alonso, en la que lamenta la exhumación de los restos de la primera fosa de la dictadura que se abre en la Comunitat Valenciana porque con ella «se le ha robado toda la dignidad que se merecen los últimos luchadores contra la dictadura y se han violado leyes internacionales».
La familia del guerrillero Manuel Torres, Practicante, y sus representantes legales del Equipo Nizkor -una organización internacional de Defensa de los Derechos Humanos-, así como la Asociación Guerra y Exilio (AGE) a la que pertenece Sebastiana, exigían que la excavación se hiciera bajo tutela judicial. A su entender, las ejecuciones extrajudiciales de los ocho de Benagéber son crímenes contra la humanidad que, según la ONU, no prescriben. Por tanto, reclamaban que la fosa se abriera a través de una investigación judicial que identificara a los responsables de estos asesinatos cometidos hace 63 años durante una operación de castigo de la Guardia Civil contra el maquis

«Se ha ayudado a tapar la verdad»
Dolores Cabra, secretaria general de AGE, anunció ayer que están ultimando la denuncia contra la exhumación «porque no se ha hecho ante la presencia de un juez, como exige la legislación internacional de Derechos Humanos, que es de rango superior a la Ley de la Memoria». Cabra destaca que la excavación «ha destruido la cadena de pruebas y por tanto ha contribuido a ocultar la verdad».
Mientras, Darijo, que ha autorizado la intervención a partir de las peticiones de los hijos y descendientes de cuatro de las víctimas, ha explicado que lo único que ha hecho es «aplicar la Ley de Memoria Histórica», por lo que considera que la denuncia «no conducirá a nada». «Pido a Sebastiana que piense en las familias que si quieren recuperar los restos antes de empezar cualquier acción judicial».
El alcalde y las asociaciones memorialistas que apoyan a los familiares que reclaman la exhumación, el GRMH y La Gavilla Verde, coinciden en señalar que una vez identificados todos los restos, proceso que durará todo un año, los cuerpos que no han sido reclamados volverán a ser enterrados en la fosa «de manera digna, señalizando el lugar con una lápida con sus nombres», apunta Darijo. Pedro Peinado, presidente de La Gavilla, recalca que denunciar la exhumación de los ocho de Benagéber «es un despropósito, ya que no ayudará a hacer justicia». «No podemos entender que una familia pueda oponerse a que otras cuatro recuperen los restos de sus allegados», dice.

Urgencia de las excavaciones
Los hijos de tres de estas víctimas de la dictadura han manifestado su deseo de inhumar los restos de sus padres en los cementerios de sus poblaciones de origen, para que descansen junto a sus esposas. En este sentido, Adolfo Pastor, secretario de Desaparecidos de La Gavilla, recuerda que se trata de «un acto humano, muy humano, de familiares que buscan a desaparecidos». «Claro que el Estado debería excavar las fosas, pero si esperamos que eso pase, antes se morirán todos los que pretenden encontrar a sus seres queridos, puesto que no hay que olvidar que muchos de ellos ya tienen 90 años», concluye.

Al coordinador del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica y al alcalde de Benagéber

Me dirijo, desde mi tristeza e indignación, a Matías Alonso y al alcalde de Benagéber, Rafael Darijo, por su falta de ética moral y la manera de llevar la exhumación de esas ocho víctimas del franquismo, entre las que se encuentra mi tío, Manuel Torres Hervás.
Pudieron hacerlo bien, pero no les interesó, tenían que trabajar rápido y de incógnito, puesto que ya habían recibido el dinero de la subvención.
A mi, desde el principio, me han eludido por pensar de otra manera y como yo lo vi, no les interesaba. ¿A quién? A muchos. Pero somos más los que creemos que, en una España democrática y perteneciente a la Europa de los Veintisiete, no se puede tratar a los últimos luchadores contra la dictadura de esta manera. Les habéis robado toda la dignidad que se merecen.
Todo lo que digo y hago es en defensa de un joven republicano que fue mi tío Manuel, que su ausencia fue lo más terrible que le pudo pasar a mi abuela y a mi madre. Nadie muere del todo mientras se le recuerde, y a él no se le olvidó.
Sebastiana Ortega Torres.

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La fiscalía anula la condena a Companys sin revisar su juicio. El Govern aplaude una medida que rechazan asociaciones y ERC…

Lluís Companys, durante su célebre discurso en la plaza de toros de Madrid en febrero de 1936. – efe

ALBERT MARTÍN VIDAL – BARCELONA – 26/03/2010 01:00

Fue el único presidente democrático europeo fusilado durante el auge del fascismo en Europa. Ayer, cuando han transcurrido casi 70 años desde su asesinato, el nombre de Lluís Companys se escribió de nuevo en las páginas de la historia, esta vez por un motivo muy distinto: abrir la puerta a la anulación de los consejos de guerra franquistas.

La Fiscalía General del Estado avaló ayer un informe que concluye que la Ley de Memoria Histórica de 2007 declara la ilegitimidad de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra de la dictadura, por lo que es improcedente presentar recursos contra las sentencias que dictaron ya que estas son nulas de pleno derecho.

Los fiscales creen que la ley de 2007 ya invalidaba los juicios militares

La Junta de Fiscales de Sala estudió este asunto, a raíz del acuerdo entre la Generalitat de Catalunya y la familia del ex president, para instar a la Fiscalía a plantear ante el Tribunal Supremo (TS) un recurso de revisión, con el fin de obtener la anulación de las sentencias que le condenaron a muerte. La decisión anula el fallo, pero no revisa el proceso, como habían reclamado las asociaciones de defensa de la memoria histórica. Según la Junta de Fiscales, la aplicación de la Ley de la Memoria convierte en «nulas de pleno derecho» las sentencias dictadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Barcelona, del 13 de diciembre de 1939, y del Consejo de Guerra de Oficiales Generales, el 14 de octubre de 1940, previas a la ejecución de Companys.

La dictadura, desacreditada

Según el documento hecho público ayer, la misma norma establece la ilegitimidad de las resoluciones de esos tribunales «y, concretamente, por vicios de forma y fondo, de las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia impuestas durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior». El auto desencadenó una fuerte controversia.

«No se puede cerrar de esta forma un crimen contra la humanidad»

Mientras el Govern y CiU lo aplaudieron, ERC lo calificó de «vergonzoso» y «decepcionante». «No se puede cerrar de esta forma un crimen contra la humanidad del que fue objeto el presidente de un país», lamentaron desde la Comissió per la Dignitat. La Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica calificó el informe de «salida por la tangente».

La Generalitat anunció en su día que pondría los medios para anular los casi 111.000 consejos de guerra que se celebraron en Catalunya los primeros años de posguerra. El caso de Companys se tomó como paradigma y la familia siguió un complejo proceso que arrancó en 2008.

Público.es

El acoso al juez Garzón: Las asociaciones de memoria histórica piden al Constitucional que suspenda la causa contra Garzón…

El Supremo avala que Falange siente en el banquillo al juez por investigar los crímenes del franquismo.

EL PAÍS – Madrid – 26/03/2010

La decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de dar luz verde al juez Luciano Varela para sentar en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y someterle a juicio por investigar los crímenes cometidos durante el franquismo ya tiene respuesta de las asociaciones que representan a las víctimas, quienes han pedido al Tribunal Constitucional que suspenda la causa contra el magistrado mientras no se decide sobre su propia personación, rechazada por el alto tribunal.

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DOCUMENTO (PDF – 87,19Kb) – 26-03-2010

Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que suspenda la causa contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo

Baltasar Garzón Real /TS (Tribunal Supremo)/TC (Tribunal Constitucional)

En el recurso de amparo, el abogado de las víctimas recuerda que son ellas quienes «se encuentran en el origen de las resoluciones adoptadas» por Garzón, por lo que han solicitado al Supremo ser parte en la causa que se sigue contra el magistrado en varias ocasiones, peticiones que fueron rechazada por el alto tribunal, algo que las asociaciones creen que puede causar «perjuicios irreparables» en sus representados.

Además, las vícitmas alegan que el Supremo ha desestimado la recusación de varios de los magistrados de ese órgano e inadmitiendo la querella presentada contra los jueces de la Audiencia Nacional que ordenaron archivar la investigación sobre los crímenes del franquismo.

El auto dictado ayer por el Supremo, redactado por el magistrado ultraconservador Adolfo Prego, rechaza entrar en el fondo del asunto para no «contaminarse», lo que apunta a que será la misma sala que admitió las querellas de Manos Limpias y Falange Española de las JONS la que juzgaría por prevaricación a Garzón.

Si el auto del juez Luciano Varela tenía ya los tintes de una sentencia anticipada, el dictado ayer por la Sala Penal casi viene a anticipar la condena del juez por delito de prevaricación. Prego enaltece con entusiasmo «la muy técnica y bien construida motivación» del instructor, su «acertado» razonamiento, su «precisión» al recoger la jurisprudencia de la Sala, o la «razonable motivación» del auto de Varela contra Garzón.

Por el contrario, las alegaciones de Garzón son «prematuras» y sus resoluciones, según la valoración del instructor Luciano Varela, aparecen como «intencionadamente contrarias a las leyes e incompatibles con cualquier interpretación razonable de ellas».

El auto de la Sala dice que «no prejuzga la existencia o no del delito», pero aprecia que «no hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación».

La Sala que respalda el «control de legalidad» del juez Varela está integrada por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, el ponente Adolfo Prego y los magistrados Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. En uno de sus fundamentos señalan que si se ocuparan ellos de la función valorativa del instructor, incurrirían en un «prejuicio contaminante».

Fuentes del Supremo señalaron que este párrafo evidencia la intención de Prego y los otros magistrados de ser ellos mismos los que juzguen a Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Es decir, que sería la misma sala que admitió las querellas de Manos Limpias y Falange Española de las JONS la que juzgase al juez querellado, contrariamente a lo que sucede en las demás jurisdicciones y en lo que ha venido sucediendo hasta ahora en el Supremo.

Sin embargo, las fuentes consultadas señalaron que un reciente acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo, de 11 de enero de 2010 (BOE de 1 de marzo), cuando ya estaba admitida la querella contra Garzón, establece esa posibilidad, al especificar que «el Tribunal que habrá de conocer las causas especiales resolverá sobre su admisión a trámite y, en su caso, las enjuiciará». Eso no sucede con los recursos de casación ordinarios, en los que, según el mismo acuerdo, se reasigna a los ponentes, ni en los de revisión, de cuya tramitación se excluye expresamente a la sala de admisión.

En definitiva, parece que será la misma sala que ahora ha revisado y avalado la legalidad del auto de Luciano Varela la que se reserva para juzgar a Garzón, y el magistrado Adolfo Prego, patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española (Denaes), el que redactará la sentencia sobre si Garzón prevaricó al investigar los crímenes del franquismo.

Fuentes judiciales significaron que el auto del Supremo podría haber incurrido en «incongruencia omisiva», al no resolver ninguna de las peticiones formuladas por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda. En efecto, el auto no contesta a la petición de pruebas de la defensa más allá de que los argumentos de impugnación que pudieran «cuestionar una hipotética condena por prevaricación» no desvirtúan los que bastan para justificar el proceso. El auto, según las fuentes consultadas, serviría tanto para el proceso a Garzón como para cualquier otro. A partir de ahora, el instructor Luciano Varela tendrá que decidir si acepta o no las pruebas solicitadas por la defensa de Garzón o si, en su caso, transforma el procedimiento para abrir el juicio oral y sentar a Garzón en el banquillo.

El País.com

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DE CÓMPLICES Y ENCUBRIDORES…

Paco González de Tena colaborador y amigo de estas páginas, con Aurora Carreño Ramón de La Memoria Viv@ en la comida fraternal de Casavieja.

Embarcados en esta locura judicial, inimaginable fuera de los ámbitos de las dictaduras arbitrarias, asistimos impotentes al bochornoso espectáculo de comprobar cómo un selecto grupo de nuestros jueces más señeros se afanan por destrozarnos la casa común, que tan sólida creíamos.

Intentamos consolarnos pensando que esto no acaba aquí. No se nos asuste el personal, que en absoluto nadie osa amenazar a nadie; los amenazados somos los ciudadanos que, al toque de las trompetas de lo que parece el Juicio Final, vemos cómo hay cooperantes necesarios en derribar las murallas de la Justicia fiable (de la otra, ni hablamos).

Y ahora un consejo leal y desinteresado. Como un eminente letrado ha dicho más de una vez (Trillo dixit), en este país “nadie está por encima de la Ley”, aunque a sus espaldas tenga 62 militares muertos por su negligencia dolosa. Y habrá que añadir, ni siquiera los que se consideran impunes al ser detentadores últimos de su Suprema Interpretación. También los abogados pretendidamente defensores de los delincuentes pueden transmitir instrucciones dolosas y cometer delitos en connivencia con sus defendidos; también los máximos jueces pueden cometer prevaricación, interpretar torcida e interesadamente la Ley; y también esos máximos jueces pueden incurrir en los supuestos contemplados en los artículos 17, 22.1ª y 29 del Código Penal, y ser, aunque resulte aparentemente extemporáneo, cómplices y encubridores de delitos de lesa humanidad, de genocidio y de crímenes de guerra, imprescriptibles por muchas leyes de amnistía dictadas (¡ojo al calificativo!) al margen y en contra del Derecho Internacional. A lo peor esos máximos jueces tienen que verse un mal día, para ellos, desprovistos de sus togas por haber incurrido en interpretaciones sesgadas de la Ley. ¡Ojalá eso no ocurra!, porque de ocurrir eso esto se habrá puesto muy feo para todos, empezando por esos máximos jueces que se habrán ido, con todo merecimiento, a hacerse sus propias puñetas.

Paco Tena, Madrid 25/03/2010

CORROBORANDO  A MI AMIGO PACO  Y A LA SINRAZÓN A LA VEZ…

Cierta y tristemente tengo que corroborar las sabias palabras de nuestro amigo Paco, que una vez más exponen con su clarividencia y exquisita prosa, la triste situación que vivimos todos aquellos que pensamos que la justicia es independiente y que nos alcanza a todos por igual. Queda más que patente  entonces, que todos somos iguales ante la ley. Lo que pasa es  que  unos son más iguales que otros, es decir, aquellos que perdimos seguimos perdiendo igualmente ante ella, y aquellos que ganaron siguen ganando igualmente ante ella. En definitiva, todo ha cambiado con la dedocracia de monarquía parlamentaria que tenemos,  para seguir igual de atado y bien atado que lo dejó el Caudillo y valedor de nuestro actual Jefe de Estado.

A excepción del Sr. Rodrigo de Santos (que además de cocainómano y pedófilo las cuentas cantaban por soleares), de los más de veinte imputados del PP en Baleares, todos han salido impunes o condenados con los delitos preescritos (Lo del Sr. Matas clama al cielo), ni que decir tiene de los casos de la Comunidad valenciana con los Sres. Camps, Fabra, etc., o el caso Gürtel donde las evidencias quedaran ocultas por la presunta indefensión de los cometedores de delitos, o el Sr. Trillo y el caso Yakolev, que lo dejó con 62 vidas y conciencias a sus espaladas y ahora anda haciendo de vocero de la judicatura y cantando las alabanzas del sistema judicial (siempre que le sean favorables- sino a las hemerotecas me remito-), etcétera, etcétera. Mientras tanto y de modo equitativo,  un sindicato de tinte mafioso con nombre  eufemístico y una formación política de camisas azules y yugos, desahuciada hasta por el propio sátrapa en su día, consiguen poner en brete a todo el sistema jurídico, con denuncias peregrinas que eviten lo inevitable, que el franquismo pague sus culpas más tarde que pronto; visto lo visto,  por los delitos cometidos en su día. O al menos y como mínimo, que sean reconocidos y reparados los derechos de las víctimas y de la propia historia de este país desmemoriado y adormecido en su propia complacencia. Así que también debo corroborar con total desazón de alma y pensamiento, que la sinrazón puede mucho mas que el derecho, porque ésta yace como concubina de éste, en un estado mal llamado democrático, e impuesto por una dictadura que se disfrazó de democracia, al igual que hizo el lobo cuando se disfrazó de cordero y lo dejó todo atado y bien atado. Sobre todo a las víctimas, que atadas a la impotencia y reminiscencias del pasado, vuelven históricamente a ser ejecutadas por segunda vez con fallos como éstos del TSJM.

Por desgracia Paco, las trompetas del Juicio Final suenan claras y altas  y los visos son de que o apuntalamos bien las murallas de una vez, o se nos desmoronan la Memoria, la justicia y por ende el país. Espero no corroborar la fatídica profecía.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I. La Memoria Viv@