Garzón, en manos de un juez ultra, amigo de Pío Moa, que tilda el golpe franquista de «contrarrevolución…

¿Está el Supremo controlado por la extrema derecha como dice Jiménez Villarejo?

M.M.

El magistrado ultraconservador Adolfo Prego será posiblemente quien juzgue a Garzón por pretender investigar los crímenes del franquismo. Él fue el redactor del auto conocido este jueves en el que ser rechaza la apelación de Garzón para que se archive la causa. En él no entra en el fondo del asunto para no «contaminarse», lo que apunta que será su sala la que juzgaría por prevaricación al magistrado, según asegura el diario El País. Él fue quien admitió las querella de Manos Limpias y Falange Española de las JONS.

Pero quién es Adolfo Prego. El magistrado fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Entre sus hazañas, figura ser patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española (Denaes), presidida por el ex diputado popular, Santiago Abascal -ahora recolocado, no sin polémica, en la Comunidad de Madrid-. Esta organización se ha significado fundamentalmente en cargar contra la reforma del Estatut catalán y la política antiterrorista de Zapatero dos causas en las que ha coincidido con el pseudosindicato Manos Limpias, uno de los querellantes contra Garzón.

Firmó un manifiesto contrario a la memoria histórica
Es conocido por su oposición a la ley de memoria histórica y firmó un manifiesto en contra de la misma impulsado por personas como Pío Moa, Federico Jiménez Losantos o César Vidal, entre otros. En este manifiesto se decía que la ley pretende recordar «como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales” de la historia.

Padrino del «gran historiador» Pío Moa
No es la única vez en la que ha coincidido con Pío Moa a quien ha apoyado en, al menos, dos actos públicos en los que justificó abiertamente el golpe de estado de Franco en 1936, según destapó el diario Público en su momento. En ambos casos (26 de enero de 2005 y 14 de febrero de 2007) el juez se ofreció a presentar obras del revisionista Moa, uno de los historiadores que con más fuerza postula que la Guerra Civil no estalló a causa del “alzamiento” de las tropas franquistas, sino que tuvo su origen en 1934 como consecuencia de los problemas políticos de la República. En estas presentaciones de sus libros, Prego no ahorró en elogios hacia Moa, de quien dijo que es un “gran historiador” con quien comparte “el meollo y la clave” de estas teorías revisionistas.

El golpe franquista, una «contrarrevolución»
En esos actos, Prego, hermano de la subdirectora del diario El Mundo, Victoria Prego, sotuvo que en 1934 se desencadenó en España “un auténtico proceso revolucionario de asalto al poder enemigo de la legalidad” que “fracasó pero que lanzó un segundo zarpazo en 1936”. En este sentido, el juez aseguró que el golpe franquista fue una especie de “contrarrevolución” y defendió que las teorías de Moa se han convertido en “una demostración argumentada, documentada de una realidad que no se quería ver”.

Artículos en la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos
Prego ha escrito artículos para la revista Altar Mayor de la Hermandad del Valle de los Caídos, donde también manifestó opiniones contrarias a la ley de Memoria. También ha participado en conferencias que organiza esta asociación nostálgica del franquismo. Así lo recoge Nacho Escolar en su blog. Altar Mayor entrevistó al magistrado en octubre de 2007 y dijo cosas como éstas:

La nación española
“España es mucho más que su tierra y su geografía… es una entidad histórica, milenaria, que se recibe en depósito y se administra con la obligación de transmitirla a las siguientes generaciones. Ninguna generación de españoles, ninguna, puede tomar decisiones sobre la destrucción de España o sobre su unidad. España no pertenece al patrimonio de los españoles; los españoles pertenecemos a España».

Memoria histórica
«Me parece que la Historia debe estar en los libros de esa materia, y ahí es donde deben surgir los debates y las discusiones. Las leyes no crean la Historia más que en los Estados totalitarios. Por ejemplo, en la Unión Soviética, la Enciclopedia Soviética se reeditaba periódicamente para añadir o eliminar teorías históricas en función de los intereses del Partido Comunista. Pero si nosotros nos vamos a acercar a ese método mal lo tenemos… La ‘memoria histórica’ está en el debate intelectual, no en las leyes. Las leyes son normas sobre el comportamiento y no las verdades del pretérito».

Contra los matrimonios gays y EpC
Prego se ha posicionado en público en contra de leyes como la del matrimonio homosexual, sobre la que dijo estar “totalmente en contra” y aseguró que no cabía en el “sistema jurídico español” desde el “punto de vista constitucional y jurídico”. También se mostró a favor de la objeción de conciencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, por considerarla de “formación ético-moral”, algo que, en su opinión, “pertenece únicamente a la familia”.

No le gusta Zapatero
Del presidente del Gobierno aseguró que “no es quien causa lo que sucede, sino que lo que sucede produce como resultado a Zapatero”. “En un país como Inglaterra, seguramente no existiría. Creo que este señor, dada su concepción de la vida y de las cosas y su formación intelectual y profesional, no está en el lugar que le corresponde. Para ser presidente del gobierno son necesarios una biografía y un currículum un poco más intensos. Yo no creo que sea causa, más bien es consecuencia”, llegó a afirmar.

Villarejo: «La extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo»
A la vista de los datos, no es de extrañar que personalidades como el ex Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, afirme cosas como que «la extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo», como sostuvo en una entrevista publicada en el diario El País el pasado 9 de marzo. Ayer mismo, calificaba de «atropello al juez y a la independencia judicial» el autor de Prego, además de un «signo de debilitamiento grave del sistema democrático». En su opinión, todo esto está alimentado desde el PP y reclamó que se archiven todos los procedimientos contra Garzón porque ninguna de las querellas tiene «fundamento».

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El Plural.com

MIGUEL HERNANDEZ, FUSILADO EN LA UNIVERSIDAD DE ELCHE…

Ante la nieta y la nuera de Miguel Hernández, el vienes 26 de marzo, en la Universidad “Miguel Hernández” de Elche-Alicante, el genial poeta republicano alicantino Miguel Hernández ha dido fusilado. Formaron parte del piquete el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, el rector Ignacio Jiménez, el escritor y poeta Marcos Ana, y el presidente de la comisión del centenario de Miguel Hernández, Javier Rovira.

Miguel falleció en la cárcel de Alicante el 28 de marzo de 1942, a causa de una enfermedad contraída por las condiciones inhumanas impuestas a los presos republicanos, un calvario mucho más cruel que la pena de muerte, finalmente conmutada por la de treinta años. Una resolución judicial que seguía siendo legalmente válida, en el mismo momento en que se celebró este acto “de reparación y resarcimiento” solicitado y concedido al amparo de la Ley de la Memoria Histórica.

Una de las caras ignominiosas que esta ceremonia representa para la memoria de Miguel Hernández, viene dada por el párrafo de la citada Ley, que contempla la expedición de la mencionada acreditación: “no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional”. Es decir, que el papelito que el ministro Caamaño ha entregado a la nieta y nuera del poeta, respeta los efectos legales pretendidos por los consejos de guerra. Podemos afirmar en consecuencia, que el famoso documento es un documento franquista, puesto que mantiene en plena vigencia las sentencias y reconoce la legalidad del tribunal que condenó a Miquel ,y la de las leyes que le aplicaron.

La denuncia pública realizada por la inmensa mayoría de las asociaciones memorialistas, ha ´dejado al descubierto el objeto perseguido por la Ley de la Memoria con medidas como esta, que no otra cosa que eludir hacer frente a la responsabilidad civil del Estado, frente a los derechos de las víctimas y de sus familiares, tal y como se está haciendo con las del terrorismo, presentando como una salida alternativa al tema de las fosas del franquismo, el reparto de dinero para picos y palas entre asociaciones y familiares, para que sean ellos mismos quiénes se pongan al tajo de buscar los restos de sus padres, abuelos y bisabuelos, incumpliendo a sabiendas las leyes internacionales contra la impunidad en los casos de crímenes contra la humanidad, como los perpetrados por el franquismo, y destruyendo las pruebas de aquellos asesinatos masivos, al no realizarse las exhumaciones bajo jurisdicción judicial.

La Memoria de Miguel Hernández se instrumentaliza así, dentro de una estrategia gubernamental para avalar una ley, que ha sido repudiada por amplios sectores cualificados de la sociedad española y últimamente, hasta por los mismos que la apoyaron en su día, ley de punto final e impunidad, una ley que no soporta el más benévolo contraste con las que han servido para procesar a Pinochet, Videla, Fujimori, Scilingo,  Milosévic y otros conocidos criminales de los dos hemisferios.

La memoria del genial oriolano, se merece mucho más que un papelito sin valor jurídico alguno, por mucho que diga que su proceso fue “injusto e ilegítimo”. Eso ya lo sabía todo el mundo, sin tener que esperar a ver lo que dice el certificado de Caamaño. Y lo sabe también el escritor Marcos Ana, convertido en los últimos tiempos en apóstol de una reconciliación sin Justicia, por lo que no es casualidad encontrarlo en estos eventos glamorosos, al lado de ministros de un gobierno que, por su cobardía política o su falta de convicciones democráticas, ha ratificado con esta ley la impunidad de los crímenes franquistas, que se intentó sellar con la ilegal e ilegítima Ley de Amnistía de 1977 (ilegal, por ser contraria a una ley de rango superior como es la legislación de la ONU contra la impunidad).

El único certificado que exige la digna memoria de Miguel, es una sentencia judicial reconociendo la nulidad de aquella sentencia emitida por tribunales «ilegítimos», pero sobre todo, ilegales. No hace falta cambiar las leyes, solo aplicar los tratados internacionales de obligado cumplimiento.

Tras haber fallecido a causa de la enfermedad hace sesenta y ocho años, la memoria de Miguel Hernández ha sido fusilada en la Universidad de Elche el pasado viernes, por una ley promulgada por los representantes de un gobierno llamado “socialista”, en la universidad alicantina. Dicen los familiares y los de la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante “que impulsarán la petición para lograr la anulación de del consejo sumarísimo 21.001” que lo condenó. Sin embargo, con la aceptación de esa credencial que han solicitado, están apoyando -de forma pública y notoria- el espacio de impunidad que ampara la Ley de la Memoria, porque si el gobierno hubiera querido que se anulasen aquellas sentencias, solo tendría que haber presentado en el Parlamento una iniciativa parlamentaria, …pero no lo hizo. Y sobre la intención de los familiares de pedir anulaciones al Tribunal Supremo, ya sabemos quiénes son los que están sentados en ese alto tribunal.

¡Verdad, Justicia y Reparación para Miguel Hernández y demás víctimas del franquismo!.

¡Leyes internacionales contra la impunidad, ya!

¡Por la anulación de la ley de Amnistía de 1977!

Floren Dimas

Carta de Pablo Torres en apoyo a Baltasar Garzón…

El periodista Pablo Torres, Premio Ortega y Gasset de Periodismo Gráfico 2005, envía esta carta solicitando su máxima difusión en apoyo al juez Baltasar Garzón, haciendo una reflexión sobre la organización del Tribunal Supremo, la persecución a la que está siendo sometido el magistrado de la Audiencia Nacional, los acusadores, la justicia  y la libertad de expresión. No tiene desperdicio.

Mis queridos amigos:

Asistimos paralizados al linchamiento que se hace desde el Tribunal Supremo contra el juez Garzón, por el tremendo delito de investigar los crímenes del franquismo (la otra causa también había sido antes desestimada). El director del linchamiento es el juez Varela, perteneciente a la asociación Jueces para la Democracia. (¿A qué esperan para expulsar a ese infiltrado?).

Para linchar a Garzón utilizan las «contundentes pruebas» de un seudosindicato de extrema derecha, ¿Manos Sucias?, y de Falange Española y de las JONS, partido político muy conocido por sus actividades democráticas durante el franquismo más criminal (Ver fosas comunes repartidas por todo el territorio español, a partir de 1939). La Fiscalía está en contra de los procesamientos. Las no «pruebas» dan risa.

Al linchamiento ahora se ha sumado el Consejo General del Poder Judicial. Ya sabemos que Margarita Robles, amiga del juez Varela, también quiere acabar con Garzón, antes incluso de estar formalmente sentado en el banquillo (la realidad es que el Tribunal Supremo ya le ha condenado). La manifiesta enemistad de Margarita Robles hacia Garzón es antigua. El juez Varela y Margarita Robles están dando auténticas lecciones de franquismo: justicia al revés, o no justicia. investigar los crímenes del franquismo.

Para ver una actuación judicial tan calamitosa, parcial,  malintencionada y soez, hay que retrotraernos al franquismo, con Franco. Las causas que de forma inquisitorial se siguen contra Garzón no tienen el menor sentido, salvo escarmentarle y dar un serio aviso a los demócratas: aquí todo sigue atado y bien atado, como dijo Franco. Ya se hizo una ley de punto final. El franquismo y sus crímenes fueron amnistiados. Los criminales pueden moverse libremente por donde quieran. Y el que no lo acepte. Procesado. Como en los mejores tiempos de los Tribunales de Orden Público, de la dictadura.

Recurro a mi libertad de expresión, sin saber si acabaré procesado por este escrito, ante la falta de intelectuales de verdad que, al modo de Zola, denuncien las aberraciones jurídicas que se siguen contra Garzón. Aquí no hay intelectuales: aquí sólo hay arbanceros al servicio de los que mejor paguen.

No tienen pruebas contra Garzón: investigar el franquismo es una necesidad  democrática, para reparar de una vez a las víctimas del franquismo. Procesar a Garzón es procesar a los demócratas, es procesar a la democracia.

El espectáculo que nos ofrece el juez Varela, con la complicidad del juez Prego y todos esos jueces franquistas que han colonizado el Tribunal Supremo y Consejo General del poder Judicial, es bochornoso.

España vuelve a ser una vergüenza en el extranjero, porque sus jueces parecen más atentos a perpetrar venganzas personales que a cumplir con las leyes democráticas (ni siquiera se puede entrar en el tema de las sentencias: sería mucho peor).

Espantado, asustado, me manifiesto, por tanto, contra el linchamiento del juez Garzón. Me manifiesto contra esos jueces presuntamente democráticos que, con métodos franquistas, quieren acabar con la investigación de los crímenes de la dictadura. Me manifiesto para pedir la investigación de los crímenes del franquismo.

Me manifiesto contra las leyes de punto y final que amnistían a criminales de guerra.

Pablo Torres (Periodista).

Premio Ortega y Gasset de Periodismo Gráfico 2005.

Nota: solicito que reenvíes este escrito a todas las personas que  puedas. Si estos jueces actúan así contra un juez de prestigio  internacional, de solvencia jurídica contrastada, ¿qué barbaridades no  podrán hacer contra cualquier ciudadano anónimo?

REPORTAJE: PENSAMIENTO La sabiduría portátil del desterrado…

JAVIER RODRIGUEZ MARCOS 27/03/2010

Los apuntes que Gregorio Marañón escribió en el exilio trazan su retrato intelectual durante la Guerra Civil.

Gregorio Marañón y la esposa del político francés Édouard Herriot, por las calles de Toledo el 2 de noviembre de 1932.- ALFONSO (ARCHIVO GREGORIO MARAÑÓN Y BERTRÁN DE LIS)

Es absurdo que en la política se considere como fracaso el principio fundamental de la experimentación: el retirarse cuando se fracasa». En algún momento entre 1937 y 1942 Gregorio Marañón, de cuya muerte se cumple hoy medio siglo, anotó esta frase con letra microscópica en la libreta que llevaba siempre en el bolsillo. En ella fue consignando una serie de apuntes inéditos que ven ahora la luz con motivo de la exposición Marañón. 1887-1960. Médico, humanista y liberal, que puede verse en la Biblioteca Nacional y que luego viajará a Santander y Toledo.

«Ser historiador no es saber la Historia pasada sino comprender la Historia presente», escribió en sus cuadernos el médico humanista.

Oscurecidas por el tiempo, esas hojas contienen tanto la sabiduría portátil de un intelectual poliédrico como las reflexiones de un exiliado. La primera tiene la chispa de los mejores aforismos («El único medio de tener tiempo para hacer muchas cosas es tener muchas cosas que hacer». «Las grandes fortunas se hacen aprovechando los céntimos. Las obras copiosas, aprovechando los minutos»). Las segundas son una mezcla de autorretrato y lamento de un miembro, con matices, de la tercera España que se instaló en París para evitar que alguna de las otras dos, como avisó Machado, le helara el corazón. «La revolución es el momento de los fracasados, de los anormales y de los genios. Los hombres normales tienen poco que hacer en ella», escribió.

Fundador con Ortega y Gasset y Pérez de Ayala de la Agrupación al Servicio de la República, que impulsó la llegada del régimen republicano, Marañón acogió el 14 de abril de 1931 en su despacho de Serrano 43 la mítica reunión en la que el conde de Romanones y Alcalá-Zamora modelaron la transición entre Monarquía y República. Todo se torció para él con la sublevación franquista y con los desordenes que vivió en el Madrid leal en agosto y septiembre de 1936. El asesinato de alguno de sus colaboradores, su paso por las checas y, paradójicamente, la presión para que firmara -sin «gran satisfacción interior»- un manifiesto de adhesión republicana le distanciaron del régimen por el que tanto había luchado y le pusieron en el camino del destierro. «En los que hacen la revolución está el alma ciega de los resentidos; pero en los que se defienden de la revolución ¿no está el alma ciega de los egoístas?», se lee en una de las notas de su libreta. Y también: «En las luchas sociales, el pueblo no siempre tiene razón; pero es siempre el que tiene más razón para no tenerla».

Gregorio Marañón era una eminencia en Francia y no tuvo problemas para ejercer la medicina. Desde 1932 era doctor honoris causa por la Sorbona. En 1956 sería nombrado académico el mismo día que Churchill y Eisenhower. En París pudo por tanto vivir sin opulencia pero con la tranquilidad suficiente para trabajar en obras clave como el Manual de diagnóstico etiológico, un clásico de la medicina contemporánea, o su Historia de las emigraciones y destierros políticos en España, que no pasó de proyecto pero que daría lugar a multitud de monografías, entre ellas la mítica Antonio Pérez (el hombre, el drama, la época), su gran aportación a la historiografía española.

Pero también en París cometió un error de apreciación impropio de alguien que un día sacó su cuadernito del bolsillo para apuntar esto: «Ser historiador no es saber la Historia pasada sino comprender la Historia presente». Como explica Antonio López Vega, director de la Fundación Gregorio Marañón, comisario junto a Juan Pablo Fusi de la exposición de la Biblioteca Nacional y autor de una biografía del médico humanista que verá la luz en septiembre, «Marañón minimizó el peligro que suponía Franco. Pensó que la suya sería una dictadura transitoria como la de Primo de Rivera, a la que él se había opuesto. Por eso, entre 1937 y 1939, y sólo entre esos años, apoyó al bando nacional como mal menor para una España en la que, decía, luchaban dos bandos antidemocráticos: uno que llevaba a una dictadura bolchevique permanente y otro que conducía a la dictadura franquista, que él creía efímera». Más apuntes del cuadernito parisino. Uno: «El triunfo no es un regalo sino un préstamo que hay que devolver, con intereses usurarios, en forma de generosidad». Otro: «En la oposición de los hombres frente a los cargos públicos hay una absoluta oposición entre el querer y el deber. El que quiere un puesto es que no debe ocuparlo. El que lo ocupa y lo quiere conservar es que se debe ir (las dictaduras, por ejemplo). El que quiere irse, debe quedarse. Por la magnitud del deseo de irse se mide la necesidad de quedarse».

El autor de Ensayos liberales, que se consideraba católico de religión pero no de profesión, volvió a España en 1942, año en que se detienen sus anotaciones inéditas. Su ideario estaba ya hecho. Y de él formaba parte fundamental la reivindicación de los exiliados: «Cada mañana, del corazón de cada desterrado, aun del más hostil, nace una oración por su patria. Sin destierro, la Patria perdería sus súbditos más puros». Además, si su defensa del liberalismo le llevó en 1958 a hacer una declaración contundente a un periódico mexicano -«el actual régimen le viene chico a España»- ya en París, con contundencia similar, había escrito: «Hay hombres que sólo viven a gusto en la oposición. Yo soy uno de ellos. Es como un (masoquismo) social. Pero creo que fecundo. La vida oficial mata toda la iniciativa profunda de los hombres». Unas hojas antes puede leerse: «Si hay hombres que no tienen la conciencia de que algunas horas de su vida debieran borrarse a toda costa, quisiera conocerlos… para no fiarme de ellos».

Consciente de que el liberalismo no consiste en carecer de criterio sino en no imponer violentamente el propio, Gregorio Marañón, que lo fue todo en la ciencia y en la cultura, fue también consciente de sus limitaciones: «Los grandes políticos son sólo aquellos que tienen o una fe ilimitada en los hombres o un profundo desprecio por ellos. Esta es la razón por la cual los hombres liberales y humanistas no serán nunca grandes políticos: para ellos, el hombre no merece ni la confianza ni el desprecio, sino simpatía, piedad y comprensión». –

Gregorio Marañón 1887-1960. Médico, humanista y liberal. Biblioteca Nacional. Madrid. Hasta el 6 de junio. http://www.bne.es.

Babelia (El País.com)

Víctimas y verdugos…

FRANCISCO MORENO SÁEZ En relación con la colocación, en la Plaza del Mercado, del monumento a las más de 300 víctimas civiles del bombardeo sufrido por Alicante el 25 de mayo de 1938, la Comisión Cívica de Alicante por la Recuperación de la Memoria Histórica quiere hacer constar lo siguiente: Que con fecha cinco de febrero se dirigió por carta a la alcaldesa de Alicante -que no ha accedido a reunirse nunca con nosotros, a pesar de nuestras peticiones en ese sentido- para manifestarle nuestra posición, ante la noticia de que la colocación de ese monumento estaba pendiente de ciertas reticencias suyas sobre la palabra «fascistas» aplicada a los aviones que dejaron caer su mortífera carga sobre muchos ciudadanos y ciudadanas de Alicante inermes. Le recordábamos a Sonia Castedo que quienes queremos rescatar la verdadera historia de nuestro pasado más reciente no podemos admitir que se falte deliberadamente a la verdad histórica, ya que los aparatos que en repetidas ocasiones bombardearon Alicante formaban parte de la Aviación Legionaria fascista, como han demostrado muchos historiadores, y en los archivos italianos se conservan -y algunos de ellos han sido recientemente publicados- fotografías y documentos sobre las distintas agresiones sufridas por la población civil de nuestra ciudad y de otras localidades de la España republicana. Además, le decíamos que no era verosímil que a quienes pilotaban dichos aviones, como a las tropas integrantes de la División Littorio que fueron las primeras en entrar en Alicante en marzo de 1939, les resultase insultante que se les denominase «fascistas», pues tal denominación era para ellos un orgullo. Y le preguntábamos que, si no era insultante para ellos, ¿para quiénes puede serlo ahora?
Consideramos, pues, que nuestra actitud coincide plenamente con la verdad histórica, como reconocen Pérez Oca y la Plataforma Alicante Vivo, que califican la redacción de «definición rigurosamente histórica», y estamos de acuerdo con las condiciones que ponen para aceptar una inscripción consensuada por todos: «que recuerde y honre a las víctimas y mencione de forma clara y concisa a los agresores y al bando al que pertenecían, ilustrando así, a los que lo lean, de las circunstancias históricas del luctuoso suceso». No creemos que se nos pueda acusar de terquedad y, en todo caso, habría que lanzar esa acusación contra los propios hechos históricos.
De todos modos, estaríamos dispuestos a estudiar otra redacción, siempre y cuando quedase en ella clara la adscripción política de los atacantes y la de las víctimas. En definitiva, y como le decíamos a Sonia Castedo, entendemos que la alcaldesa de la ciudad ha de ponerse al lado de las víctimas, alicantinas, de esos bombardeos, a los que, al parecer, no teme ofender al impedir que se recuerde su muerte, y no al lado de los que lanzaron sus bombas sobre el Mercado, a los que, al parecer, teme ofender.
Por supuesto, estamos de acuerdo en que el texto esté también en valenciano y en que el tema se resuelva de manera urgente, para que el monumento se inaugure el próximo 25 de mayo, cosa que depende exclusivamente de la alcaldesa.

información.es

La nieta de Companys no se da por satisfecha con el informe de la fiscalía…

La nieta de Companys y juristas e historiadores claman por la nulidad del juicio

À. PIÑOL / M. ROGER – Barcelona – 27/03/2010

La euforia que mostraron el jueves el presidente José Montilla y del consejero de Interior, Joan Saura, por el informe de la fiscalía que considera «nulo» el juicio a Lluís Companys no es compartida, ni de lejos, por la nieta del presidente de la Generalitat republicano asesinado en 1940, Maria Lluïsa Gally. «Esto es un informe técnico, no una declaración oficial», aclaró ayer Gally desde su residencia en México. Avanzó que la familia «está contenta porque cada vez hay más luz y se ha dado un paso adelante», aunque ilustró: «No queremos que se quede ahí». Gally exige un paso adelante de la Generalitat para lograr lo que quiere: una declaración oficial que repare la figura de su abuelo.

La Recuperación de la Memoria Histórica

«La Generalitat me ha dicho que está muy contenta, pero yo les he dicho que no quiero que quede así, quiero que todo el mundo sepa oficialmente lo que le pasó a mi abuelo», pidió Gally. La nieta de Companys recibió la noticia de Saura, que le remitió el informe de la fiscalía. Gally le respondió que quiere un paso más. De momento, espera respuesta.La fiscalía quiso dar por cerrado el caso de la condena de muerte del presidente Companys declarando el juicio ilegítimo al acogerse a la Ley de la Memoria Histórica. Pero el asunto está lejos de quedar archivado. Lo dejó claro la nieta de Companys, Maria Lluïsa Gally: ‘Quiero una declaración oficial que diga que mi abuelo fue secuestrado y asesinado cobardemente por ser el presidente de la Generalitat’. La nieta del que fuera presidente durante la República, fusilado el 15 de octubre de 1940, pide ‘la dignificación de la figura de Companys’, es decir, la nulidad de los dos juicios que lo condenaron a muerte. Juristas e historiadores relacionados con el Memorial Democrático, impulsado por el tripartito, en la misma línea que el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, mostraron su decepción por la decisión adoptada por los fiscales de no apelar la condena ante el Supremo al alegar que la sentencia sólo la puede declarar nula un tribunal. La mayoría confesó, sin embargo, que no les sorprendía la resolución de los fiscales porque viene precedida de un problema político mal resuelto. Pero algo sí les dejó atónitos: que la mayoría de la clase política, salvo Esquerra, haya aplaudido el informe de la fiscalía. El tripartito pidió con solemnidad en octubre instar al ministerio público a presentar el recurso, ahora desestimado. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, José Montilla, calificó esa decisión en positivo -‘un hecho sin precedentes’- y el consejero de Interior, Joan Saura, de Iniciativa, de ‘gran día para Cataluña’. ERC seguirá batallando. Joan Ridao, secretario general, lo comunicó el jueves a Montilla y Miquel Caminal, presidente de Memorial, la institución que planeó en otoño iniciar una campaña internacional en favor de la nulidad. La Comisión de la Dignidad debate las medidas que tomar. Su presidente, el jurista Josep Cruanyes, también asesor del Memorial, señaló que se plantean pedir al Supremo una confirmación de la nulidad de la sentencia y de los antecedentes penales de Companys. ‘La prueba del algodón será si el Consejo del Poder Judicial incluye en su repertorio de sentencias la anulación del proceso’, apuntó incrédulo, tras sentirse ‘avergonzado’ por las ‘barbaridades jurídicas’. Cruanyes lamentó que el tripartito se haya conformado y vio inaceptable que la fiscalía no haya dado el paso quizá por miedo a un precedente: «Todo el mundo, sean tres o 3.000 personas, tiene derecho a la nulidad. Alemania dio miles de indemnizaciones a familiares víctimas de los nazis».

No fue el único que citó el ejemplo alemán. El historiador y catedrático Joan B. Culla, miembro también de la junta de gobierno del Memorial, explicó que una nulidad se puede conseguir de dos formas: a través de una ley, como hizo el Bundestag declarando nulos todos los juicios durante el nazismo o bien a través de un tribunal. «La ley de la Memoria Histórica sólo considera ilegítimos los juicios franquistas. No los anula, por lo que lo tiene que hacer un tribunal. La fiscalía ha hecho un juego de manos para ocultar la realidad», dijo Culla, «atónito» ante la reacción de parte del tripartito. «Si todo estaba ya estipulado en la ley, ¿por qué han perdido tanto tiempo en pedir la revisión y buscar certificados?».

El historiador Borja de Riquer abundó que la Ley de la Memoria debía de haber incorporado la nulidad. «Se perdió una oportunidad al dejarlo para la vía judicial», apuntó De Riquer, que recordó que por eso no prosperó la nulidad del caso de Puig Antich. Josep Fontana, catedrático de Historia Económica, afirmó: «El de Companys no fue un proceso más y es de una gravedad especial. Puedo entender que ahora hay problemas más graves e inminentes pero reparar el crimen merece algo más que una solución formal, como la ley que anulaba el proceso».

El País.com

El nombre de Miguel Hernández, oficialmente limpio: El Gobierno reconoce la injusticia de la condena del franquismo al poeta.- La familia pide que anule la sentencia de muerte…

Modelo de la declaración de reparación y reconocimiento personal que concede el Ministerio de Justicia a los represaliados del franquismo-

Modelo de la declaración de reparación y reconocimiento personal que concede el Ministerio de Justicia a los represaliados del franquismo-(Pinchar para ampliar la imagen del documento en el enlace).

EZEQUIEL MOLTÓ – Alicante – 26/03/2010

Escucha aquí ‘Hijo de la luz y de la sombra’, el nuevo álbum de Serrat sobre Miguel Hernández

Al inicio del año del centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández el Gobierno declara oficialmente la reparación y su reconocimiento personal. Y lo hizo este viernes en la Universidad de Alicante. Ha sido un acto «breve y transcendente», en palabras del poeta Marcos Ana, que compartió cárcel con el poeta, en el que han querido estar presentes la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y los ministros de Justicia y la de Cultura.

• Miguel Hernández y 567 represaliados más
• Miguel Hernández más a la luz

Miguel Hernández: La vida breve de una leyenda

FOTOS – FOTOGRAFÍAS DE HEREDEROS DE MIGUEL HERNÁNDEZ – 02-03-2010

Sol mediterráneo. El poeta Miguel Hernández, en una fotografía tomada en Cartagena (Murcia) en el año 1933- FOTOGRAFÍAS DE HEREDEROS DE MIGUEL HERNÁNDEZ

• Miguel Hernández: La vida breve de una leyenda – Sol mediterráneo
• Miguel Hernández: La vida breve de una leyenda – París y la radio
• Miguel Hernández: La vida breve de una leyenda – Frente andaluz
• Miguel Hernández: La vida breve de una leyenda – Milicianos
• Miguel Hernández: La vida breve de una leyenda – La familia
• Miguel Hernández: La vida breve de una leyenda – Adolescente

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Otras fotografías

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Pero es sólo el primer paso. Lucía Izquierdo, nuera del poeta y heredera legal, aprovechando la presencia del ministro, Francisco Caamaño, ha recordado que pretenden conseguir «que se anule la injusta condena a muerte que está vigente, y pesa como una losa». Y confía en que esta nulidad, que debe validar el Tribunal Supremo, se produzca antes de que concluya el año del centenario.

Acto seguido, De la Vega entregó la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal a los familiares del poeta Miguel Hernández, en virtud de la Ley de Memoria Histórica. La nuera y la nieta del poeta, María José Hernández, se emocionaron por la ovación y el reconocimiento que llega justo dos días antes del aniversario de su fallecimiento en prisión, el 28 de marzo de 1942.

La declaración del Gobierno destaca que Miguel Hernández, poeta de la generación de 1936, fue un «defensor de la libertad y de los valores democráticos en momentos dolorosos de nuestra historia». En este contexto, el poeta padeció persecución y privación de libertad por razones políticas e ideológicas. Así, tal y como recoge el documento, «ingresó injustamente en prisión el 4 de mayo de 1939 y fue condenado a muerte en virtud de una sentencia dictada, sin las debidas garantías por el ilegítimo Consejo de Guerra». Esta pena fue finalmente conmutada por la de reclusión mayor. No obstante, el literato falleció por la precaria salud derivada de las infrahumanas condiciones de la celda en que se encontraba recluido.

«Un genio artístico»

En su intervención, la vicepresidenta primera puso en valor la figura de Miguel Hernández a quien se refirió como «un genio artístico que supo levantarse contra generaciones de prejuicios, que siempre entendió que la propia libertad se construye desde el compromiso y que amó como pocos a su tierra y a los que habitan en ella».

Por este motivo señaló la necesidad de reconocer y rehabilitar su memoria, a través de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Según la vicepresidenta, aunque «hay quienes dicen, muy fríamente, que no es algo necesario», esta norma «se hacía más necesaria, era más urgente, porque demasiada gente, durante demasiado tiempo ha visto relegada, cuando no olvidada, su memoria».

En la ceremonia, han acudido además de los dos ministros, el Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional del Centenario de Miguel Hernández, José Carlos Rovira y el rector de la universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda y los alcaldes de Elche y la alcaldesa de Orihuela, además de una nutrida representación de la Comisión para la recuperación de la Memoria Histórica de Alicante.

El País.com

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NOTA DEL EDITOR:

Los paños fríos de la recuperación y reparación histórica para las víctimas del franquismo.

Algo por lo que debemos alegrarnos todos los memorialistas, es éste primer paso dado hacia  la reparación y recuperación de la memoria de todas las víctimas del franquismo, sin embargo, y permítanme que sea crítico como es habitual en mi, no deja de ser un paño frío en una herida demasiado  grande. Me explico, la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal no deja de ser meramente eso, una declaración, por tanto, para que la recuperación y la reparación sean completas se deben dar algunos pasos más hacia adelante, tales como: la anulación de todas las sentencias sumarias y faltas de garantías procesales; que por otro lado son la mayoría, por no decir todas; las condenas con carácter retroactivo a los ejecutores y la reparación con el reconocimiento del estatus de víctima de franquismo  y las posibles compensaciones  [sean  éstas económicas o no – a través del propio reconocimiento, de  las costas mínimas derivadas de las actuaciones de dicha reparación(sean excavaciones, procedimientos, etc.)-] . No se trata de cometer escarnio público, simplemente es un acto de justicia legal e histórica, es una deuda del Estado con todas las víctimas y sus familiares por los setenta y cuatro años de olvido, desidia agravio comparativo.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A.I. La memoria Viv@

Los que ganan con el final de Garzón…

La campaña contra el juez Garzón cada día se parece más a un cochinillo. De la matanza salen chorizos, morcillas, buenos jamones, y muchos cortan tajada. Todo se aprovecha. El desenlace final, su salida de la Audiencia Nacional por la puerta de atrás de la “inhabilitación temporal”, parece ya tan inevitable que la única incógnita es la fecha; no sería raro que el Supremo escogiese las vísperas de Semana Santa para su particular pasión. Pero acabar con la carrera de este incómodo juez incontrolable es sólo uno de los trofeos, ni siquiera el más preciado.

Con su casi segura caída ganan los franquistas, que dejan claro que el atado y bien atado no era ninguna metáfora. Gana el PP, que demuestra que la Justicia es suya y que lo suyo no se toca. Gana Jaume Matas, que ya apunta a la nulidad de sus escuchas con la Gürtel como ejemplo. Y por supuesto gana Correa, gana Pablo Crespo, gana el Bigotes, gana Bárcenas y ganan el resto de los imputados en uno de las mayores casos de corrupción de la década, una ciénaga donde hoy ya respiran mucho mejor.

La anulación de las grabaciones entre los abogados y los presos de la trama Gürtel no debería anular todo el proceso. De hecho, esas escuchas -que aprobó Garzón a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción– apenas han aportado datos nuevos a la investigación, que ya contaba con pruebas más que de sobra. No se contamina el árbol, sólo esa rama, y ahí no había muchos frutos. Sin embargo, gracias al agujero dejado por la andanada contra Garzón, los abogados de la Gürtel ya tienen a dónde agarrarse: ahora intentarán anular todo el procedimiento argumentando que en esas conversaciones se ha vulnerado el derecho a la defensa de sus clientes. En otro país, no colaría. Aunque en otros países tampoco pasan estas cosas.

Público.es

ARTÍCULO DE OPINIÓN RELACIONADO:

Garzón, sólo un síntoma

GONZALO BOYE TUSET

Abogado

Desde que se inició la persecución general en contra del juez Garzón, se van sucediendo movimientos, declaraciones y luchas intestinas en las más altas esferas del Poder Judicial que deben hacernos meditar sobre si el problema real es Garzón o si, por el contrario, su acoso no es más que un síntoma de una enfermedad más grave: la politización de la Justicia, que debería ser abordada como un problema de Estado y cuanto antes mejor, a fin de evitar un resquebrajamiento institucional serio y de imprevisibles consecuencias. Porque ningún Estado democrático y de Derecho puede permitirse que uno de sus poderes, amparándose en el principio de independencia judicial, se desvincule del propio Estado del que dice formar parte.
Si la politización de la Justicia consiste en el posicionamiento y actuación política de algunos jueces, casi siempre pertenecientes a las más altas instancias del poder judicial y con la mayor antigüedad en la carrera (algunos incluso preconstitucionales), la otra cara de la moneda la representa la “judicialización de la política”, es decir, el intento pertinaz de los partidos políticos por resolver en vía judicial lo que no han podido ganar en las urnas y, unido a ello, la aparición de una ingente cantidad de casos de corrupción que son, justamente, los que hay que llevar a los tribunales.
Un Estado democrático y de Derecho debe garantizar la independencia individual de sus jueces, pero no la de un poder que se alza incluso en contra de los propios intereses del Estado, llegándose a pronunciamientos tan peligrosos como el del propio presidente del CGPJ, quien afirmó que no tolerará que se diga que algunos magistrados del Supremo prevarican, como si dicha condición profesional impidiese la comisión de tales ilícitos o, peor aún, como si los miembros de las altas esferas de la judicatura estuviesen exentos de responsabilidad alguna. En una democracia todo y todos somos cuestionables, y eso es algo que parecen olvidar cuanto más alto suben en la escala de un poder que, más que independiente, tiene voluntad secesionista.
Cuando existen graves casos de corrupción, en lugar de centrarse en el esclarecimiento de los mismos y la persecución de los corruptos y corruptores, se buscan excusas y víctimas propiciatorias para generar una desconfianza indeseable en las instituciones del Estado; concretamente, se persigue a un juez no por un mal actuar, sino por lo que representan las resoluciones que ha dictado, todas ellas contrarias a los intereses políticos de los grupos controladores de un determinado poder del Estado.
No podemos olvidar que, para encontrarnos ante una tipicidad objetiva, en el delito de prevaricación habrán de cumplirse algunos de los siguientes criterios de actuación punible, como son que el juez se haya inventado un hecho, que se haya inventado una norma o, finalmente, que se haya apartado de las reglas de interpretación de las normas establecidas en el artículo 3 del Código Civil; nada de ello ha hecho Garzón, pero parece ser que otros, con el afán de cuadrar las cuentas políticas, sí están dispuestos a inventarse hechos, a crear Derecho o a alejarse ostensiblemente de las normas aplicables a la interpretación del Derecho. Y eso sí es prevaricación.
Lo lamentable del “caso contra Garzón”, que no del caso Garzón, es que se están cruzando todos los límites inimaginables en una democracia sin siquiera pararse a medir las consecuencias de dicha extralimitación; se están cuestionando políticamente las decisiones judiciales, las políticas y los actos ciudadanos más relevantes, como el votar, y todo ello con el único fin de preparar el escenario electoral para, con la fuerza de la judicatura, modificar la voluntad popular y, si no es así, tiempo al tiempo, porque esta estrategia ya la conocemos.
Este actuar de las altas esferas de la Judicatura está generando daños, quizás, irreparables a la imagen internacional no sólo del sistema judicial español, sino, sobre todo, del sistema político y democrático del Estado. Porque fuera de nuestras fronteras no se comprende que unos pocos en un poder de pocos tengan tanto poder como para hacer lo que están haciendo ni, mucho menos, que ante decisiones discutidas se acuda, sin más, a la quema en hoguera pública del autor de tales opiniones jurídicas, situando al sistema judicial actual en unos parámetros históricos más acordes con Niño de Guevara que con una democracia del siglo actual.
No a todos nos gustan todas las decisiones de Garzón, pero de ahí a la prevaricación existe un trecho importante que viene perfilado por la tipicidad objetiva de la conducta que, en este caso, no se da. Por tanto, forzar la subsunción del hecho en el derecho sí sería incardinable en la conducta a él imputada.
En España existen buenos jueces, que lamentablemente casi nunca llegan alto, y es a ellos a quienes debemos un respeto y un apoyo porque, a diferencia de lo que piensa Dívar, el juez debe tener autoridad de la que deriva su poder y no al revés. Lo triste de todo este proceso, en el cual Garzón no parece más que un síntoma, es que mientras no seamos capaces de diagnosticar la enfermedad real y buscar la medicina adecuada, el Estado seguirá padeciendo un empeoramiento tal que, para cuando decidan aplicarle un tratamiento, puede que nos encontremos ante un paciente en estado terminal.

Público.es

33.832 personas están enterradas con Franco en la mayor fosa común…

El Gobierno termina el censo del Valle de los Caídos previo a la exhumación.

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 27/03/2010

El Gobierno ya sabe cuántas personas hay enterradas en la mayor fosa común de España, el Valle de los Caídos, o al menos cuántas hay registradas: 33.833, incluido el dictador Francisco Franco. Es el equivalente a los habitantes de la ciudad de Teruel. Como el general, sólo 21.423 están identificadas, según fuentes del Ministerio de Justicia. El resto, figuran como desconocidas.

Francisco Franco Bahamonde

La elaboración de este censo es el primer paso para autorizar exhumaciones, el deseo de muchas familias de republicanos cuyos restos fueron sacados de la fosa común donde yacían y trasladados al Valle de los Caídos, es decir, enterrados junto a su verdugo, Franco. IU, ERC e ICV instaron al Gobierno en 2008 a elaborar este censo con el fin de devolver los cuerpos a sus familiares. Un año después, el 30 de septiembre de 2009, el Congreso aprobó la iniciativa, a la que se había sumado otra de Na Bai, para cuantificar los restos y facilitar su traslado. El compromiso era tener el censo listo antes de seis meses. Ese plazo expiraba el 31 de marzo.

Ahora, el paso siguiente es que el Ministerio de la Presidencia abra la línea de subvenciones para proyectos de recuperación de la memoria histórica, el mecanismo a través del cual se canalizarán las peticiones de exhumación de los familiares de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos, según las mismas fuentes. Aunque el procedimiento todavía no está en marcha, ya hay cuatro familias que han pedido sacar del mausoleo los restos de sus parientes.

Como Fausto Canales, de 75 años, hijo de Valerico y sobrino de Fidel, dos de los republicanos cuyos cuerpos robó el régimen franquista para alimentar la descomunal cripta con la que quiso inmortalizar su victoria. Lleva siete años intentando corregir «la aberración» que le supone que su padre, fusilado por falangistas, yazca junto a la autoridad que ordenó darle muerte. Vuelve a estar cerca de cumplir su deseo, como en noviembre de 2008, cuando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -que sustituía a Baltasar Garzón, de baja- autorizó la exhumación. Pero teme que ahora, como entonces, el proceso vuelva a torcerse: «Ya no me fío. Cuando salga la orden de Presidencia, encontrarán una nueva razón para retrasar esto. El Valle de los Caídos es un enorme tabú. La presión del PP y de la Iglesia es muy fuerte».

Canales sabe incluso dónde está su padre, «en el columbario 198, piso primero», porque se lo señaló un benedictino. Si todo sale bien, aún tendría que superar un último obstáculo: algunos expertos creen que el estado de los restos puede impedir su identificación.

El País.com