En aplicación de la ley de la memoria histórica, la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo ha proclamado «nulas de pleno derecho» las dos sentencias que condenaron a muerte al presidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado el 15 de octubre de 1940 por las autoridades franquistas. La Generalitat y los familiares del político republicano habían pedido la revisión del caso por parte del Supremo, extremo que hubiera tenido que ser planteado ante la Sala Militar, que tiene una reiterada jurisprudencia según la cual la revisión exige hechos nuevos que desvirtúen el enjuiciamiento realizado en su día. Así las cosas, la Fiscalía no ha querido entrar en un incierto debate sobre lo ocurrido hace más de 70 años y ha preferido, con buen tino, aplicar directamente la ley de la memoria histórica, que establece el carácter ilegítimo de las instancias que juzgaron a Companys y a otros dirigentes republicanos. El sistema usado por la justicia de la España democrática para rehabilitar la figura de Companys es equiparable a los planteamientos de Alemania con respecto a las sentencias de los tribunales nazis. El Govern ha celebrado la noticia, pero ERC, el partido al que perteneció Companys, cree que la demanda se ha cerrado en falso al eludir la revisión de los hechos. Más allá de estos matices, más técnicos que de fondo, la nulidad del proceso al que fue president de Catalunya debe interpretarse como un gesto importante y de gran simbolismo. Debe ser asumido con espíritu de concordia y contribuir a cerrar las heridas de la Guerra Civil y la posterior represión
La Vanguardia
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