La Juana de Arco del comunismo…

abril 3, 2010

François Maspero destaca en un ensayo la “propaganda emocional” de la fotógrafa Gerda Taro en la Guerra Civil.

Miliciana republicana recibe instrucción en la playa, en 1936 – © Gerda Taro

P. H. R. – MADRID – 01/04/2010 12:36

Seguirle la pista a la sombra del fotógrafo Robert Capa es una tarea pendiente que François Maspero ha iluminado tenuemente. Su rastro ha quedado desvirtuado por la falta de testimonios que alabaran su trabajo en la Guerra Civil española: toda su familia fue exterminada por los nazis, Capa saltó por los aires al pisar una mina en 1953, en Indochina. Después de la guerra, no quedaba nadie que pudiese presentarse en nombre de Gerda Tardo y preocuparse de su obra fotográfica, como explica François Maspero (París, 1932) en sus conclusiones en el libro Gerda Taro, la sombra de una fotógrafa, que La Fábrica Editorial publicará la semana que viene.

El editor y periodista trabaja desde 1959 con las fotografías de Capa y Taro, de ahí que sea una de las fuentes esenciales para recuperar la historia de la pareja de fotógrafos. A pesar de hacer un repaso biográfico exhaustivo, basado en el libro de la historiadora alemana Irme Schaber, las conclusiones de Maspero añaden más literatura a una vida en el aire. En su caso, la ficción le ha llevado tan lejos que ha construido un arranque inverosímil en el que se imagina una entrevista con una Taro anciana, superviviente a aquel atropello del tanque en Brunete, situada como la mejor fotógrafa de gatos a los noventa años de edad.

Al margen de esta licencia, Maspero se apoya en la autoría de las 300 fotografías para apreciar que la foto es una cuestión de género: “Los hombres hacen las guerras y las mujeres las padecen. Tal vez eso explique por qué en algunas de las últimas fotos de Gerda encontramos menos pudor y control que en las de Capa: vemos cadáveres y sufrimiento, en imágenes que denuncian a gritos la agonía de los pueblos impotentes”.

La cámara, su arma

Ambos, Taro y Capa, tomaron partido desde el principio en la Guerra Civil española, aclara para ir más allá al asegurar que la fotógrafa murió “porque no soportaba lo que ocurría”. Y se explica: “Porque se empeñó en la derrota, porque se obstinó en su deses-perado deseo de una victoria que, en su calidad de testigo visual, deseaba inmortalizar”, piensa Maspero. “Quiso usar su cámara como arma”.

Gerda Taro ofrecía la imagen de pureza revolucionaria definitiva gracias a su muerte, que es la que ha llegado hasta nuestros días, convertida, apunta Maspero, en “una especie de Juana de Arco del comunismo”. Insiste en esta línea para marcar la diferencia entre las fotos que se suponen son de Gerda y no de Capa: indican una tendencia más firme en ella a “amoldarse a las exigencias del realismo socialista”. Es lo que Orwell describiría como “propaganda emocional exagerada”. A pesar de ello, no llega a ser una fotógrafa revolucionaria como Tina Modotti, ni llega a tratar la intimidad de un pueblo que captó Kati Horna.

Entre los testimonios que el editor francés recoge destaca el del comisario político Alfred Kantorowitcz que ya transcribió Fernando Olmeda en su libro Gerda Taro. Fotógrafa de guerra (Debate),quien la describió como alguien a la que le “encantaba creer que una aparición suya en el frente, en los momentos crudos de los contraataques fascistas, tendría sobre nuestros hombres el efecto de un estandarte; que el encanto que poseía, su audacia y su participación les daría valor y convencería a las escasas y reticentes Brigadas Internacionales de hacer otro esfuerzo más”.

Para François Maspero, Gerta Taro, antes Gerda Pohorylle, fue una mujer en un mundo de hombres, que reivindicó su libertad, aunque pusiera su pensamiento a cargo de la política.

Público.es


Perdonen las molestias / Lucía Petisco / Periodista – Memoria histórica

abril 3, 2010
Es una de las contradicciones más dramáticas de la justicia (o mejor dicho de la injusticia). El juez Baltasar Garzón, la única persona que se ha atrevido a investigar la represión del franquismo es ahora el investigado. Y más contradictorio y dramático todavía es que pueda sentarse en el banquillo por una acusación de la extrema derecha, la misma extrema derecha (o parecida) a la que nunca se ha condenado por uno de los periodos más negros de la historia española. Pero mientras nos persiguen las contradicciones, también nos aferramos a ligeras esperanzas, breves alegrías, como el reconocimiento oficial por parte del Gobierno de la injusta condena del franquismo al poeta Miguel Hernández –el nombre de Miguel Hernández, oficialmente limpio–, han titulado los periódicos.

El poeta, del que este año se celebra el centenario de su nacimiento, fue condenado a muerte, su pena conmutada por treinta años de prisión y finalmente murió enfermo en la cárcel de Alicante a los 31 años de edad, en 1942, a causa de las condiciones precarias en las que fue encarcelado. Pequeñas alegrías gracias a la Ley de Memoria Histórica. Pequeñas alegrías también como comprobar que la búsqueda de los muertos no es, o no debería ser, una cuestión de bandos, ni de siglas políticas, ni de ideologías, es sencillamente una cuestión de justicia. En Málaga lo han entendido y el Ayuntamiento gobernado por el PP ha colaborado para reabrir la mayor fosa común excavada en España, donde se han encontrado restos de casi 3000 cuerpos. De momento se ha identificado uno. Miles de familias siguen sin poder enterrar a sus niños –muchos lo eran– a sus muertos. Decía Miguel Hernández en Canción del esposo soldado para el hijo será la paz que estoy forjando/ y al final en un océano de irremediables huesos/ tu corazón y el mío naufragarán, quedando/ una mujer y un hombre gastados por los besos. Confiemos que ese hijo o ese nieto que hoy vive en paz, aunque entre constantes contradicciones, pueda encontrar los restos de su padre o su abuelo. Es cuestión de justicia, de memoria, de construir la historia.

Tribuna de Salamanca/Google noticias


La ley permite a 80.700 hijos y nietos de exiliados adquirir la nacionalidad española…

abril 3, 2010

Niños exiliados tras la Guerra Civil...

Por Agencia EFE –

Madrid, 2 abr (EFE).- Alrededor de 80.700 descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo tienen ya la nacionalidad española gracias a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y una veintena de combatientes de las Brigadas Internacionales se han hecho también españoles.

Otros casi 9.000 hijos y nietos de aquellos que se vieron obligados a abandonar su patria al término de la Guerra Civil y en los años inmediatamente posteriores -un millón y medio según la fundación Pablo Iglesias- tienen aprobado el expediente para adoptar la nacionalidad de sus antepasados.

Estos son algunos de los datos que maneja el Gobierno, a los que ha tenido acceso Efe, en relación con el exilio y cuando ya han transcurrido casi dos años y medio desde que el Congreso aprobó la Ley de la Memoria Histórica, el 31 de octubre de 2007.

También, como resultado de esta ley, el Gobierno ha restituido formalmente el honor de 567 víctimas del franquismo, con la entrega de las correspondientes declaraciones de reparación y reconocimiento personal.

Precisamente, una de las últimas ha sido entregada a los herederos del poeta Miguel Hernández, que murió en la prisión de Alicante tras ser condenado en un juicio sumarísimo.

La identificación de los enterrados en fosas comunes es otro de los frentes en los que está actuando el Ejecutivo -hay entre 30.000 y 35.000 desaparecidos no identificados según las fuentes- y, en concreto, tiene muy avanzado el registro de los que fueron sepultados en el Valle de los Caídos, la mayor tumba común de España.

De acuerdo con los trabajos desarrollados hasta ahora, habría unos 30.000 cadáveres enterrados en el mismo lugar donde yacen los restos del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, de los cuales unos 21.000 ya han sido identificados.

Para elaborar este censo, el Gobierno se está apoyando en los registros que llevaban los monjes de la abadía, en los que constaba las entradas de cadáveres, y en las informaciones de los gobiernos civiles de la época sobre la relación que tenían de los cuerpos que trasladaban al enclave franquista.

Aunque en muchos casos está siendo difícil saber las identidades, en otros consta el nombre completo del fallecido, incluso el de los padres, su lugar de origen, la causa de la muerte y la localización dentro del columbario.

Pese a que los trabajos de identificación están bastante adelantados, el Gobierno no ha podido cumplir con el plazo fijado para confeccionar este censo, ya que expiraba el 30 de marzo en cumplimiento de una proposición no de ley pactada entre ICV, NaBai y el grupo socialista, a la que únicamente se opuso el PP.

Esta iniciativa parlamentaria incluye igualmente subvenciones para agilizar las exhumaciones y, en su caso, el traslado de los restos cuando así lo soliciten los familiares.

De hecho, esta misma semana, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo: desde la localización e identificación de cadáveres hasta homenajes y reconocimientos.

Según el Ejecutivo, los más de 700 proyectos presentados en las cuatro convocatorias anteriores ponen de relieve “la creciente repercusión e interés social” que ha suscitado la cuestión de la memoria histórica.


La Comisión Cívica acusa a Castedo de censurar la memoria histórica…

abril 3, 2010

Advierte de una “maniobra” para ocultar la autoría del bombardeo al mercado.

SANTIAGO NAVARRO – Alicante – 01/04/2010

“Las bombas no cayeron del cielo, sino que fueron lanzadas por una escuadrilla de aviones con nombre propio. Cualquier intento por ocultar este hecho es censurar la memoria histórica y la libertad de expresión”. La reflexión la realizó ayer Elena Albajar Molera, coautora del monumento para homenajear a las víctimas del bombardeo del mercado central de Alicante, ocurrido el 25 de abril de 1938. El episodio bélico, que costó la vida a cerca de 400 vecinos, fue obra de una escuadrilla de la aviación fascista italiana.

“Las bombas no cayeron del cielo, sino lanzadas por aviones fascistas”

La negativa de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, a incluir el término fascista en la leyenda del memorial ha desencadenado la crítica de la autora del proyecto y de los impulsores del mismo, la Comisión Cívica por la Recuperación de la Memoria Histórica. La entidad, que aglutina a colectivos, partidos de izquierda y sindicatos, acusa a la regidora de “censurar la memoria histórica y la libertad de expresión”.

“Quieren [el PP] deformar la realidad al proponer una redacción en la que se ignoran deliberadamente las causas y los causantes de tales muertes y la historia nos dice que las más de 300 víctimas del bombardeo no fallecieron por causas naturales, sino que fueron asesinadas por las bombas arrojadas desde aviones del Ejército fascista de Mussolini, integrado en el Ejército de Franco”, recoge una nota de la Comisión.

La artista ha diseñado el memorial de acuerdo con las bases del concurso convocado por la Comisión Cívica. El monumento incluye una leyenda con una explícita alusión a la autoría del bombardeo. “Así estaba recogido en las bases del concurso y así se lo comunicamos a Sonia Castedo en la primera y única entrevista que tuvimos con ella para presentarle el proyecto”, señaló Albajar. “En esa reunión, la alcaldesa ya mostró su discrepancia, pero el tema se dejó sobre la mesa en aras de un posible consenso”, añadió. La autora del memorial advirtió de la “ilegalidad de cualquier alteración del monumento y de las consecuencias que puede acarrear la utilización parcial o contraria al mismo en caso de no respetarse el derecho a la propiedad intelectual”.

Fuentes del equipo de gobierno del PP señalaron ayer que Castedo se mantiene fiel a su postura inicial: “Es decir, eliminar toda referencia ideológica, de izquierdas o derechas, en cualquier proyecto en homenaje a las víctimas del mercado central”.

La Comisión Cívica denunció, además, que éste no es el primer boicoteo de Castedo a sus proyectos: “Ha pasado lo mismo con los que queremos poner en memoria de los republicanos fusilados en el campo de los Almendros o en el cementerio”.

El País.com/Google noticias

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Más allá de Garzón. Ximo Bosch (magistrado y portavoz territorial de Jueces para la Democracia)…

abril 3, 2010

Más allá de Garzón
XIMO BOSCH 02/04/2010

Alguien escribió en forma aforística que los casos difíciles generan mal Derecho. La causa instruida por Garzón sobre la Guerra Civil y las posteriores querellas presentadas por supuesta prevaricación representan asuntos de cierta dificultad. Sin embargo, no parece que las resoluciones dictadas en ambos procedimientos presenten una mala calidad jurídica. Más bien dichas actuaciones han desencadenado una intensa polémica por la especial naturaleza de las mismas.

Una doctrina expansiva sobre la prevaricación podría hacer peligrar la independencia judicial
Al examinarse la labor de Garzón como instructor, resulta obligatorio entender la elevada complejidad del objeto de la investigación sobre la Guerra Civil.

No nos encontramos ante un pronunciamiento incruento como el que llevó a cabo el general Miguel Primo de Rivera, cuando en 1923 dio un golpe de Estado mediante un simple telegrama que remitió a Alfonso XIII.

Al contrario, el plan diseñado por Mola en julio de 1936, y continuado luego por Franco, buscaba derrocar un Gobierno constitucional mediante una amplia insurrección militar, así como usar el terror de forma planificada para exterminar a los adversarios ideológicos y de este modo atemorizar al resto de la población, con el fin de instaurar un nuevo orden político. Además, como señala Preston, el alcance de esta represión no tuvo equivalente en ningún país europeo por su extensión personal y su larga permanencia.

Al calificar penalmente estos hechos, partimos de un delito contra la forma de gobierno, que tuvo como consecuencia decenas de miles de asesinatos, torturas y lesiones. Y multitud de detenciones ilegales y desapariciones forzadas de personas que siguen enterradas en fosas comunes. Y, además, también otros sucesos penosos y poco conocidos, como los numerosos niños que fueron arrebatados a sus madres para ser entregados en adopción a familias del bando vencedor. La magnitud de esta terrible tragedia colectiva resulta difícil de describir. Por ello, la pluralidad de figuras delictivas concurrentes suscita enormes controversias sobre las normas aplicables, sobre los cómputos de la prescripción o sobre las reglas de competencia.

En relación con la causa contra Garzón, cualquier análisis de las resoluciones del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, debe implicar un reconocimiento de su trayectoria y de su acreditada valía profesional.

No obstante, existen importantes voces en la comunidad jurídica que han expresado sus discrepancias al considerar que se está optando de forma discutible por una lectura extensiva del delito de prevaricación. Desde esta perspectiva, Garzón se habría decantado por una alternativa jurídica legítima entre las varias posibles. En consecuencia, no resultaría acertado afirmar que Garzón sabía que no era competente, pues sus decisiones fueron compartidas por diversos magistrados de la Audiencia Nacional al emitir sus votos particulares. Y la misma tesis han sostenido varios jueces de instrucción que han intervenido en las actuaciones.

De hecho, somos cientos los magistrados de este país que habríamos actuado en conciencia del mismo modo en que lo hizo Garzón. Tampoco puede aceptarse que los hechos no pudieran investigarse a causa de la Ley de Amnistía de 1977, que se refiere sólo a delitos políticos, pues los tribunales internacionales han declarado reiteradamente la perseguibilidad en todo caso de los crímenes contra la humanidad y la falta de validez de las normas de punto final.

Más allá de la suerte de Garzón, en este debate están en juego concepciones esenciales del Estado de derecho. La consolidación de una doctrina expansiva sobre la prevaricación nos conduciría a una peligrosa restricción de la independencia judicial. Y a una visión jerarquizada y subordinada de la interpretación de las normas. Ello reduciría la potestad valorativa sobre los principios constitucionales y limitaría el desarrollo de la jurisprudencia, ante el riesgo de que las aportaciones innovadoras pudieran ser criminalizadas.

Por otro lado, en un plano muy distinto, no podemos ignorar una inquietante paradoja. A diferencia de lo que ocurrió en otros países con regímenes totalitarios, en España los autores de gravísimos delitos nunca se han enfrentado a un juicio ni han asumido sus responsabilidades penales. Sin embargo, es probable que quien se siente en el banquillo sea el único magistrado que ha investigado esos crímenes.

Resultaría perturbador que Garzón fuese excluido de la judicatura y finalizara su vida profesional impartiendo clases en universidades norteamericanas, argentinas o chilenas, como les ocurrió a Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Luis Cernuda y tantos otros de nuestros exiliados de la guerra.

Sin duda, ambas situaciones no serían literalmente comparables. Y los juristas siempre podríamos explicar lo sucedido con abundantes tecnicismos. Pero, ciertamente, no creo que gran parte de nuestra sociedad pudiera conseguir entenderlo.

Ximo Bosch es magistrado y portavoz territorial de Jueces para la Democracia (JpD).