¿Quién prevarica?

abril 9, 2010

CéSAR AVILéS – Murcia – 09/04/2010

El juez Varela, de acuerdo con Falange y un oscuro sindicato de nombre Manos Limpias y en contra del fiscal, de gran número de instituciones y de la opinión autorizada de prestigiosos juristas de todo el mundo, se ha propuesto sentar en el banquillo al juez Garzón y, según todos los indicios, contará también para lograr su fin con la opinión de los jueces de una sala del Tribunal Supremo. Si al final, como parece indudable, se demuestra que Garzón no ha cometido delito y mucho menos ha prevaricado, ¿qué han hecho Varela y los del Supremo? ¿Quién habrá prevaricado? Eso sí, habrán conseguido apartar a Garzón de desempeñar sus funciones.

El País.com


La izquierda judicial achaca al Supremo el resurgir de los valores franquistas al encausar al juez Garzón…

abril 9, 2010

“Cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional no puede ser un delito”, sostiene en un comunicado

MANUEL ALTOZANO – Madrid – 09/04/2010

La asociación judicial progresista Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han difundido un manifiesto entre sus asociados en el que señalan a la Sala Penal del Tribunal Supremo como responsable del “resurgir de los (des)valores” del franquismo al seguir adelante con el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que califican de “hecho doloroso e injustificable”. El comunicado, firmado hasta el momento por una cincuentena de jueces, magistrados y fiscales, sostiene, en contra de lo defendido por el instructor del caso en el alto tribunal, Luciano Varela, que “cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional no puede ser un hecho delictivo”.

“Hoy se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo y los defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos humanos” sostiene el comunicado, que recuerda la trayectoria de Garzón en el campo de la jurisdicción universal y su “lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la comunidad internacional” que “permitió sentar en el banquillo a dictadores y torturadores, genocidas, criminales de guerra y de lesa humanidad, iniciando una nueva etapa en la historia de los derechos humanos y su afianzamiento universal”.

Los firmantes aseguran que la democracia “no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la represión de la dictadura” y señalan que los españoles “convivimos con la vergüenza de miles de personas cuyos restos permanecen indignamente enterrados en fosas comunes o cuya suerte y su paradero es desconocido por sus familiares”. El hecho de que esos crímenes no hayan tenido ninguna respuesta judicial, según la nota, “resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países mientras miraba hacia otro lado respecto de los crímenes cometidos en España”.

Respecto de la ley de memoria histórica -de la que el Supremo afirma que Garzón la trató de orillar en su causa contra los crímenes de Franco- Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales subrayan que “no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, como así fue denunciado por aquellos a los quienes se dirigía”, es decir, las asociaciones de damnificados por estos delitos.

Entre los que lo suscriben se encuentra el magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín y el ex presidente de su Sala Segunda José Jiménez Villarejo; los magistrados de la Audiencia Nacional Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez, José Ricardo de Prada y Fernando Andreu; y los fiscales Carlos Jiménez Villarejo, José María Mena o Carlos Castresana, entre otros.


Más de 50 juristas suscriben un manifiesto de apoyo a Garzón…

abril 9, 2010

Califican de “doloroso e injustificable” que se le quiera sentar en el banquillo de los acusados por investigar los crímenes del franquismo…

Un manifestante protesta, ayer, por la acusación contra Garzón a las puertas de la Audiencia Nacional. FOTO: GABRIEL PECOT

AGENCIAS – Madrid – 09/04/2010 17:16

Más de 50 juristas han suscrito un manifiesto de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que califican de “doloroso e injustificable” que se le quiera sentar en el banquillo del Tribunal Supremo por intentar juzgar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El documento está respaldado por organizaciones del sector como Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades, y la Federación Latinoamericana de Jueces para la Democracia.

Los promotores ensalzan a Garzón por tratar de perseguir a los responsables de miles de asesinatos franquistas y sostienen que cuestionar en su instrucción la Ley de Amnistía “no puede ser un hecho delictivo”.

Los juristas denuncian que “la democracia no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la represión de la dictadura”, hasta el punto de que miles de cuerpos permanecen enterrados “indignamente en fosas comunes”.

Además, lamentan que juzgar a Garzón “significa el resurgir de (des)valores” propios de tiempos pasados en España, “además de quebrar con nuestra cultura de la legalidad y de la posición del juez en el Estado Constitucional de derecho”.

13 de abril: acto por Garzón

Mientras tanto, los sindicatos CCOO y UGT ultiman el acto de apoyo a Garzón del próximo martes, 13 de abril, a las 11:30 horas, en el Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

Ambos sindicatos han vuelto a defender la actuación del juez y consideran un “escándalo” y un “descrédito” para la democracia española que el Supremo admita querellas de asociaciones y fuerzas políticas “herederas del ideario de los asesinos”, como Falange Española.

Hasta la fecha, se han sumado al acto diputados como Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CCOO, Manuel de la Rocha, diputado del Partido Socialista Obrero Español; el senador Joan Josep Nuet, el embajador especial para proyectos de la UE Carlos Carnero, actrices como Verónica Forqué o Marylynn Cox.

Público.es

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Querella contra Luciano Varela por prevaricación…

abril 9, 2010

Asociaciones por la memoria presentarán el escrito el lunes.

El proceso contra Baltasar Garzón por querer investigar el franquismo vivirá el lunes un capítulo imprevisto que aspira a alterar el final anunciado: varias asociaciones de víctimas presentarán ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el juez instructor, Luciano Varela. El escrito se basa en buena parte en la propia doctrina del magistrado.

Las asociaciones de víctimas habían explorado ya varias vías para tratar de influir en una causa que, de prosperar, no sólo supondría un mazazo para Garzón, sino sobre todo para sus aspiraciones de justicia y reparación.

Las víctimas han presentado ya recusaciones de magistrados como Adolfo Prego ponente del auto de admisión a trámite de la causa contra Garzón y firmante de un manifiesto contra la memoria histórica, han denunciado al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra y han acudido al Tribunal Constitucional pidiendo ampara para que se les acepte en la causa y la paralice mientras delibera al respecto. Pero todavía no habían ido contra el elemento central del proceso que ha armado todo el argumentario de la causa: el mismo juez instructor.

El lunes, sin embargo, las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y Mallorca, presididas por Manuel Perona y Maria Antònia Oliver, respectivamente, tienen previsto registrar en el Tribunal Supremo una querella contra Varela por prevaricación. El escrito, de 40 folios, toma como base el auto del 3 de febrero redactado por el magistrado en el que mantiene abierta la causa contra Garzón y, aplicando los criterios definidos por el propio Varela en una sentencia de 2009, deduce que el magistrado ha prevaricado.

“Creemos que se está prevaricando y los efectos son terribles para nosotros: el proceso dejaría desamparados a las víctimas y a sus familiares”, advierte Perona. Y añade: “Estamos aterrorizados ante la posibilidad de que quiera cerrarse el periodo cuando aún hay miles de desaparecidos. Da la impresión terrible de que las víctimas vuelven a ser juzgadas”.

Errores en el auto

La querella, que quedará abierta a adhesiones de otras entidades, subraya algunos errores del auto de Varela que le sirvieron a éste para argumentar jurídicamente su decisión: por ejemplo, recalca que Garzón respondió a las quejas del Consejo General del Poder Judicial en una fecha distinta a lo que señala el auto. O insiste en que Garzón no firmó una providencia clave que en cambio el auto sí le atribuye.

El documento trata de demostrar que el juez instructor ya tenía tomada la decisión de ir adelante con el caso y que toda su argumentación sería consecuencia de esta determinación inicial. Por eso le atribuyen prevaricación: por desdeñar todo lo que no facilite su supuesto objetivo y amplificar lo que lo facilite, por irrelevante que sea desde el punto de vista jurídico.

En el primer caso se enumeran todos los tratados internacionales que España ha suscrito y que le obligan a investigar los crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio por mucho que aprobara en 1977 la Ley de Amnistía, además de interpretaciones sobre esta norma del propio Constitucional.

En el segundo, se señala entre otros el absurdo de basar parte de la argumentación contra Garzón en su disonancia con la fiscalía cuando ésta se opone igualmente.

Enviado por AREMIHISA


The Shame of Spain and the Ghost of Fascism/La vergüenza de España y el fantasma del fascismo…

abril 9, 2010

Os paso un artículo que publiqué ayer en EEUU sobre lo de Garzón y el Tribunal Supremo: (texto traducido)

http://www.commondreams.org/view/2010/04/08-3

The Shame of Spain and the Ghost of Fascism

by Scott Boehm

When Spain is mentioned in the English-speaking world, romanticized images of Mediterranean landscapes quickly come to mind.  They are usually set to a passionate flamenco-inspired soundtrack and mingle with the fantasy of tantalizingly fresh paella, golden olive oil and ruby red wine.  This is the Spain most outsiders imagine and experience, and it is largely what the Spanish economy has depended upon since the 1960s when the dictatorship of General Francisco Franco launched a massive tourist campaign to stimulate a struggling economy.  The campaign was the stuff of economic miracles.  Spain rapidly became one of the world’s premier vacation destinations.

But all the sun in the world couldn’t hide the horror lying in the shadows of a country haunted by a recent war that touched every aspect of Spanish life.  At least not forever.

In 2000, twenty-five years after Franco’s death, Emilio Silva, a journalist searching for answers to questions about that war and his family’s relation to it accidentally discovered and exhumed the mass grave where his grandfather’s remains were located.  Silva’s grandfather, a humble shop owner and supporter of the democratic state established in 1931, was summarily executed by members of the Falange—the Spanish fascist party—along with twelve other people from his village in the north of Spain shortly after Franco and a handful of generals launched a coup against the Spanish Republic in July 1936.  Hitler, Mussolini, and the Catholic Church backed the conspirators while the United States, England and France turned a blind eye to the massacre that ensued.

While the events of 1936-1939 are popularly referred to as ‘the Spanish Civil War,” the term misrepresents what actually occurred.  More than a war between two more or less equally prepared and similarly matched sides, it was the mass extermination of “los rojos”—anyone considered part of “the anti-Spain” by the self-proclaimed, and well-armed, guardians of national identity and patriotic spirit.  The “reds” put up a long fight, but ultimately they were killed, tortured, raped, imprisoned, kidnapped, used as slave labor and/or driven into exile for four decades.

Like Emilio Silva’s grandfather, hundreds of thousands of the victims of such repression—continued by the Francoist state at the conclusion of the war—continue to lie prostrate in mass graves.  Since the exhumation in 2000, their descendents and sympathizers have formed a growing historical memory movement.  Like Antigone, they have repeatedly asked for one thing from the Spanish state: nothing more than the possibility of exercising their desire to properly bury their dead.  Like Creon, the Spanish state has consistently responded with statements, actions and laws that laugh in the face of their ethical claim.

In 2008, Spanish judge Baltasar Garzón, internationally famous for having put Chilean dictator Augusto Pinochet on trial for genocide in 1998, admitted a series of lawsuits filed by several historical memory organizations and individuals seeking assistance with the location and exhumation of the remains of family members.  Garzón subsequently opened the first criminal case into the 1936 coup and the Francoist dictatorship.  He concluded that the generals who launched the war were guilty of crimes against humanity, and ordered the exhumation of nineteen mass graves.  A few weeks later, Garzón was forced to close his case under pressure from fellow judges of the National Court and the Attorney General’s office. Once again, the hopes of family members were crushed by the weight of law and the callousness of the Spanish state.

(For a brief description of Garzón’s case, see my article “On Human Rights, Spain is Different” published on Common Dreams December 10, 2008: http://www.commondreams.org/view/2008/12/10).

If the story ended here, it would be yet another sad lament in a long litany of historical wrongs for the victims of Francoist repression.  But this story, unfortunately, is not over.

Shortly after Garzón withdrew his case, a far-right lobby and the Falange—the same Spanish fascist party that killed Emilio Silva’s grandfather and dumped his body in a ditch like hundreds of thousands of others—filed lawsuits against Garzón for opening the historic case.  To the surprise of many international law and human rights organizations, the Supreme Court admitted the suits last May.  Yesterday Judge Luciano Varela ruled that Garzón must stand trial.  He faces removal from the National Court and banishment from the bench for twelve to twenty years, which would mean the sudden end of Garzón’s illustrious, if controversial, legal career.

While Garzón has been roundly criticized for self-promotion and basking in the spotlight of high-profile cases, such personal faults are irrelevant to the case at hand.  If the Supreme Court rules in favor of the Fascist party and its associates—which appears quite possible—it will be a far-reaching victory for the state of impunity that characterizes contemporary Spain and a devastating loss for those seeking the most minimal act of justice for the dead.  It will also be a significant blow to international criminal law, convert Spain into a legal embarrassment in the eyes of the world and discredit the integrity of Spanish jurists.

This would seem bad enough, but if Garzón is debarred it also means that fascism will be validated as a legitimate and effective political force in democratic Spain.  Not only will the family members of the victims of fascist violence lose the only judge daring enough to challenge the 1977 amnesty law protecting those responsible for mass extermination and state repression—a law considered illegal under international law—they will also be forced to swallow the fact that, in Spain at least, democracy means that fascist complaints carry more weight than the burden of those traumatized by the Spanish state during much of the twentieth century.

Ten years into the twenty-first, the political panorama looks chillingly familiar to those who have survived or studied Francoist “justice.”  Once again, the force of law is being used to discipline those who challenge a deeply unjust social order.  But it is more than simply punishment; it is a threat to those who might follow in the footsteps of Garzón, and an insult to all the Antigones of the world.  It is also the apparition of fascism, alive and well in sunny Spain, rearing its ugly head from behind long, haunting shadows.

In Madrid, you can almost hear its voice echoing throughout the hallowed halls of justice:  “Olé!  Somebody pass the sangría…”

Scott Boehm is a Researcher for the Spanish Civil War Memory Project (http://orpheus.ucsd.edu/speccoll/scwmemory/) at UC San Diego where he is a Ph.D. candidate in Literature.  His dissertation, “Trauma and Transitionism” examines the intersections of culture, memory and justice related to mass extermination and state repression in Spain.  He can be contacted at sboehm@ucsd.edu.

por Scott Boehm

Cuando se menciona a España en el mundo anglosajón, las imágenes románticas de paisajes mediterráneos vienen rápidamente a la mente. Suelen relacionarse con una banda sonora inspirada en el apasionado flamenco y se mezcla fantaseando tentadoramente con la paella, el aceite de oliva y el vino, oro de rojo rubí. Esta es la extraña experiencia de imaginar a España, y es que  en gran medida es de lo que ha dependido la economía española desde 1960, cuando la dictadura de del general Francisco Franco lanzó una masiva campaña para turística para estimular una economía en dificultades. Ésta campaña fue la base del milagro económico. España se convirtió rápidamente en uno de los primeros destinos vacacionales.

Pero ni todo el sol del mundo, puede ocultar la sombra del horror de un país perseguido por una guerra reciente y que ha influido en todos los aspectos de la vida española. Al menos no para siempre.

En el año 2.000, veinticinco años después de la muerte de Franco, Emilio Silva, un periodista en busca de respuestas a las preguntas relacionadas con su familia y la guerra, descubrió accidentalmente la localización de  la fosa común donde estaban los restos de su abuelo y la exhumó. El abuelo de Silva, propietario de una humilde tienda y defensor del estado democrático instaurado en 1931, fue ejecutado sumariamente por miembros de la Falange – grupo fascista español-  junto a doce personas más de su pueblo, sito al norte de España. Poco después Franco y un puñado de generales afines dieron un golpe de Estado contra la II República Española en julio de 1936. Hitler, Mussolini y la Iglesia Católica apoyaron a los conspiradores, mientras Estados Unidos, Inglaterra y Francia hacían la vista gorda a la masacre que lo siguió.

Si bien los acontecimientos sucedidos de 1936-1939 se conocen popularmente como “la Guerra Civil Española”, el término tergiversa lo que realmente ocurrió. Más que una guerra entre dos lados preparados más o menos por igual y parejos, fue el exterminio en masa de “Los Rojos”, o toda persona definida como parte de la “anti-España” por los auto-proclamados, y bien armados, tutores de la identidad nacional y el espíritu patriótico. Los “rojos” lucharon largamente y dieron batalla, pero al final fueron asesinados, torturados, violados, encarcelados, secuestrados, utilizados como esclavos y / o enviados al exilio durante cuatro décadas.

Al igual que el abuelo Emilio Silva, cientos de miles fueron víctimas igualmente por la represión efectuada por el Estado franquista a la conclusión de la guerra, y  siguen postrados en fosas comunes. Desde la exhumación en 2000, sus descendientes y simpatizantes han formado un movimiento creciente de memoria histórica. Al igual que Antígona, han solicitado sólo una cosa al estado español: nada más que la posibilidad de ejercer su  voluntad de enterrar debidamente a sus muertos. Y al  igual que Creonte, el Estado español ha respondido con declaraciones, acciones y leyes que se ríen en la cara de su afirmación ética.

En 2008, el juez español Baltasar Garzón, de fama internacional por haber puesto al dictador chileno Augusto Pinochet ante la justicia por genocidio en 1998, admitió una serie de demandas presentadas por varias organizaciones de la memoria histórica y las personas que buscan ayuda en la localización y exhumación de los restos de miembros de sus familisa . Garzón posteriormente abrió la causa penal por primera vez desde el  golpe de 1936 y la dictadura franquista. Llegó a la conclusión de que los generales que iniciaron la guerra eran culpables de crímenes de lesa humanidad, y ordenó la exhumación de diecinueve fosas comunes. Unas semanas más tarde, Garzón se vio obligado a cerrar su caso bajo la presión de otros jueces de la Audiencia Nacional y la oficina del Procurador General. Una vez más, las esperanzas de los familiares fueron aplastadas por el peso de la ley y la insensibilidad del Estado español.

(Para una breve descripción del caso de Baltasar Garzón, véase mi artículo “Sobre los Derechos Humanos, España es diferente”, publicado en Common Dreams 10 de diciembre 2008: http://www.commondreams.org/view/2008/12/10).

Si la historia termina aquí, sería otro triste lamento entre una larga letanía de agravios históricos para las víctimas de la represión franquista. Pero esta historia, por desgracia, no ha terminado.

Poco después de que Garzón retiró su caso, un grupo de extrema derecha y la Falange, el mismo partido fascista español que mató al  abuelo de Emilio Silva y arrojó su cuerpo en una zanja, al igual que  otros cientos de miles, presentaron sendas demandas contra Garzón y la apertura del proceso histórico. Para sorpresa de muchos, derecho internacional y las organizaciones de derechos humanos, el Tribunal Supremo admitió las demandas en mayo pasado. Ayer el juez Luciano Varela declaró que Garzón debe ser juzgado. Se enfrenta a la salida de la Audiencia Nacional y al destierro desde el banquillo con una condena de doce a veinte años, lo que significaría el final repentino del ilustre juez Garzón, aunque controvertido en la carrera judicial.

Mientras Garzón ha sido fuertemente criticado por la autopromoción y por ser el centro de atención en casos de alto perfil, tales faltas personales, son irrelevantes para el caso que nos ocupa. Si el Tribunal Supremo falla a favor del partido fascista y sus asociados, lo que parece muy posible, será una victoria de gran alcance para el estado de impunidad que caracteriza a la España contemporánea y una pérdida devastadora para aquellos que buscan más mínimo acto de justicia por los muertos. También será un golpe muy importante para la ley penal internacional convertir a España en una vergüenza jurídica a los ojos del mundo, y desacreditar la integridad de los juristas españoles.

Esto parece bastante malo, pero si se excluye a Garzón, también querrá decir que el fascismo se legitimará como una fuerza política y efectiva en la España democrática. No sólo los familiares de las víctimas de la violencia fascista perderán al audaz juez por desafiar la ley de Amnistía de 1977 que protege a los responsables del exterminio en masa y la represión estatal  -una ley considerada ilegal según el derecho internacional-sino que también se verá obligado a tragarse el  hecho de que, en España al menos, la democracia significa que las denuncias fascistas tienen más peso que la carga de aquellos traumatizados por el Estado español durante gran parte del siglo XX.

Diez años del XXI, y  el panorama político parece escalofriantemente familiar para aquellos que han sobrevivido  o estudiado la “justicia” del franquismo Una vez más, la fuerza de la ley está siendo utilizada para disciplinar a aquellos que desafían a un orden social profundamente injusta. Pero es más que el castigo simplemente, es una amenaza para aquellos que podrían seguir los pasos de Garzón, y un insulto a todas las Antígonas del mundo. También es la aparición del fascismo, que vive bien en la soleada España, y las crías de su feo rostro que rondan desde las sombras desde hace mucho tiempo.

Madrid, casi se puede oír su voz resonando por todos los sagrados recintos de la justicia: “¡Olé! Alguien pasa la sangría…”

Scott Boehm es un investigador español del proyecto para la memoria de la guerra civil (http://orpheus.ucsd.edu/speccoll / scwmemory /) En UC San Diego, donde es un doctorado candidatos en la literatura. Su tesis, “Trauma y Transitionism” examina las intersecciones de la cultura, la memoria y la justicia en relación con el exterminio en masa y la represión estatal en España. El puede ser contactado en sboehm@ucsd.edu

Traducción por Jordi Carreño:

Este texto ha sido rápidamente traducido, dado que la traducción que nos ha sido remitid, estaba efectuada por el traductor de  google, siendo esta literal, lo que la  hacía ilegible el mismo texto, quizá por ello, no se ajuste totalmente a las expresiones originales, aunque sí a su significado.


Organismos humanitarios argentinos preparan demanda por crímenes franquismo

abril 9, 2010

(Enviado por Tomás Montero via facebook)

Por Agencia EFE – hace 35 minutos

Buenos Aires, 8 abr (EFE).- Organizaciones humanitarias de Argentina preparan una demanda por “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad” cometidos en España durante la dictadura de Francisco Franco, que se presentará la semana próxima en los tribunales de Buenos Aires, dijo hoy a Efe el abogado Carlos Slepoy.

La demanda se fundamentará en que tales delitos “no prescriben” y “en el mismo principio de jurisdicción internacional” que aplicó el Tribunal Supremo español para juzgar a acusados por crímenes de la dictadura militar argentina, explicó Slepoy, quien trabaja con grupos humanitarios locales.

El principio de “jurisdicción internacional” es “el mismo” que se aplicó en el juicio contra el ex aviador naval argentino Adolfo Scilingo, a quien la Justicia española condenó en 2007 a 1.084 años de prisión por crímenes de la dictadura argentina (1976-1983), destacó.

Slepoy indicó que se reclamará a los tribunales federales de Buenos Aires que se investiguen delitos de “genocidio y/o crímenes lesa humanidad” cometidos en España entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de diciembre de 1975.

El lapso que se propone investigar “es el mismo que abarca la amnistía española en beneficio de quienes cometieron delitos con intencionalidad política”, extremo que no comparten los organismos humanitarios, apuntó el abogado.

“El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recomendado anular la amnistía española”, remarcó Slepoy.

Este abogado consideró injusto que el juez español Baltasar Garzón sea sometido a juicio en su país por investigar “crímenes de lesa humanidad del franquismo que son imprescriptibles”.

Garzón será juzgado por un presunto delito de prevaricación, por haberse declarado competente para investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la dictadura (1939-1975).

Mañana viernes será analizado el contenido de la demanda por crímenes del régimen de Franco durante una reunión de asociaciones defensoras de los derechos humanos organizada por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Carlos Slepoy intervino como parte querellante en los juicios que instruyó el juez Garzón contra el dictador Jorge Videla y otros jerarcas de la dictadura argentina por el secuestro y desaparición en ese país de un centenar de españoles y sus descendientes.

También participó en el proceso contra el ex marino Ricardo Cavallo, extraditado desde México a España y desde allí a Buenos Aires, donde es uno de los acusados en el juicio oral que se lleva a cabo por secuestros, torturas y asesinatos de detenidos en la mayor cárcel ilegal de la dictadura argentina.

Cavallo comparte el banquillo de los acusados con el ex marino Alfredo Astiz, apodado “el ángel de la muerte” por crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

Decenas de detenidos en esa antigua dependencia de la Armada de Argentina fueron arrojados al mar desde aviones militares, delito por que la Justicia española dictó la severa condena que cumple Scilingo.