El convoy de los 927. El último tren de españoles a Mauthausen…

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Joaquín Sabina califica de «infamia absoluta» el proceso a Garzón El músico considera que «no puede ser que el primer juicio que se hace sobre el franquismo sea contra él»…

El magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. EFE/Archivo

EFE – México – 09/04/2010 19:32

El músico español Joaquín Sabina calificó como una «infamia absoluta» el proceso abierto en España por el Tribunal Supremo al juez Baltasar Garzón, acusado de prevaricación por declararse competente para investigar crímenes y desapariciones en la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura franquista (1939-1975).

«No puede ser que el primer juicio que se hace sobre algo que tiene que ver con el franquismo sea contra él. Me parece inaudito», declaró Sabina, quien ofrecerá varios conciertos la próxima semana en la capital mexicana, en una entrevista que el diario La Jornada publica hoy.

La próxima decisión del Supremo podría conducir a la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional española, que había autorizado la apertura de una veintena de fosas a petición de familiares de desaparecidos y asociaciones que reclaman la recuperación de la memoria histórica.

Sabina afirmó que Garzón «es el tipo con el que brindamos con champaña el día que detuvo a (Augusto) Pinochet». El juez español procesó al dictador chileno en 1998.

El juicio a Garzón, afirmó el cantautor, «viene de todos lados, es una venganza de la derecha española y de la izquierda también». «Cuando Felipe González estaba en el poder (1982-1996), Garzón destapó todo el caso de los asesinatos de Estado», dijo.

Sabina se refería a la investigación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), organizados clandestinamente por algunos altos cargos del Ministerio del Interior para combatir a ETA y responsables de una veintena de asesinatos.

El cantautor declaró que son los propios magistrados españoles quienes «le hacen pelea» a Garzón, y especificó que si éste se ha convertido en «un juez estrella» se debe a que se ha ocupado «de los casos que nadie se atrevía a juzgar».

«Así se ganó muchos enemigos», insistió. Reconoció que «la cosa está muy fea» para el magistrado. «La gente que lo queremos, o que no lo queremos pero lo respetamos y admiramos, estamos tratando de hacer todo el ruido posible», dijo en la entrevista.

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Garzón, Prego y el Valle de Franco…

Ahora que ante la perplejidad y reprobación de los más cualificados medios de información internacionales tenemos al juez Baltasar Garzón camino del banquillo por haber intentado investigar los crímenes del franquismo, a requerimiento de los familiares de las víctimas enterradas sin sepultura en las fosas comunes y cunetas de España, es momento de recordar al magistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego Olvier, ponente del auto que admitió a trámite la querella de Falange Española contra el juez.

Sabemos, porque se publicó en su día, que Prego fue patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española, que puso a caldo el Estatut de Cataluña y la política antiterrorista de Zapatero durante la primera legislatura. Que Prego firmó asimismo un manifiesto en contra de la Ley de Memoria Histórica, en consonancia con su criterio de que la Guerra Civil no la motivó la sublevación franquista sino la llamada Revolución de Octubre de 1934, por lo que el golpe franquista fue una contrarrevolución.

Pero lo que más nos debe llamar la atención, ahora que una inhabilitación de hasta veinte años puede pesar sobre Baltasar Garzón, son los artículos suscritos por don Adolfo en la revista Altar Mayor de la Hermandad del Valle de los Caídos, en cuyo faraónico escenario, construido por presidarios republicanos en durísimas jornadas de trabajo, están enterrados el general dictador y el máximo dirigente de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.

La Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura cifra en 33.847 los restos documentados de víctimas del conflicto, todos pertenecientes al bando sublevado. Junto a ellos pueden hallarse entre 15.000 y 40.000 víctimas republicanas sin identificar, cuyos huesos fueron trasladados en los años sesenta a Cuelgamuros, sin permiso de sus familiares, después de haber sido desenterrados de las fosas comunes en que se encontraban.

Lo que el juez Baltasar Garzó ha pretendido, y por lo que se le va a sentar en el banquillo, es reparar la dignidad y la memoria de tantos muertos sin nombre, muchos de ellos víctimas de la vesania falangista, a quienes los vencedores propinaron como última y más grave ofensa la de ser enterrados junto a los máximos cabecillas de sus verdugos.

Sobre esa oscura memoria, insólita en el mundo, ¿cómo se puede pregonar, según reza el artículo primero de la Hermandad del Valle de los Caídos, que su fundación obedece al propósito de mantener vivo el mensaje de paz y reconciliación que pregona el grandioso símbolo cristiano erigido en Cuelgamuros? ¿Será porque visitó la basílica el cardenal Joseph Ratzinger en 1989?

Público.es

La Fiscalía en el ‘caso Companys’…

RAFAEL ESCUDERO ALDAY

La fiscalía ha decidido no plantear recurso de revisión ante el Tribunal Supremo de las sentencias del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Consejo de Guerra que condenaron a muerte a quien fue president de la Generalitat desde 1934 hasta su muerte en 1940. Mediante un acuerdo entre la Generalitat y la familia de Companys se instó al fiscal general del Estado a presentar el citado recurso, al ser este el mecanismo previsto para impugnar sentencias firmes basadas en un error judicial o –como es el caso– contrarias a valores constitucionales. Con la legislación actual, es la única vía posible para anular no sólo las sentencias de Companys, sino todas aquellas emitidas por tribunales franquistas con el más absoluto desprecio a los derechos humanos.
La fiscalía arguye que no cabe presentar recurso “por falta de objeto”, dado que estas sentencias ya han sido expulsadas del ordenamiento jurídico y son, por tanto, nulas de pleno derecho.
Dos son las posibles interpretaciones de esta decisión. La primera, que la fiscalía demuestra un inquietante desconocimiento del texto de la llamada Ley de Memoria Histórica. Esta ley declara la injusticia de tales sentencias y la ilegitimidad de los órganos que las dictaron, pero no su nulidad. En vano buscará quien quiera encontrar tal afirmación en ella. Precisamente fue este uno de los grandes caballos de batalla en el debate parlamentario, y ahí la posición del Gobierno y del grupo socialista fue inflexible: la anulación de tales sentencias supondría la ruptura del ordenamiento jurídico, del principio de continuidad del Estado y de la seguridad jurídica.
Poco importó la experiencia de Alemania, donde hasta en dos ocasiones se declaró por ley la nulidad de ciertas sentencias: en 1992, mediante la Ley de Rehabilitación e Indemnización de resoluciones penales contrarias al Estado de Derecho dictada por los tribunales de la RDA; y en 1998, por la ley para la eliminación de las sentencias nacionalsocialistas injustas. Este ejemplo pone de manifiesto cómo resulta posible adoptar estas medidas sin que tiemblen los cimientos –ni la “sacrosanta” seguridad jurídica– de sociedades democráticas. El legislador español antepuso la seguridad jurídica a otros valores y se limitó a establecer una declaración general de ilegitimidad e injusticia, acompañada del derecho a obtener otra –de carácter personal– de reparación a las víctimas de aquellas sentencias; mecanismo este de carácter simbólico que en nada se parece a la nulidad que proclama la fiscalía.
Una segunda interpretación destacaría la audacia de la fiscalía. Quién sabe si, al afirmar con tanta rotundidad que sentencias como las que condenaron a Companys son inexistentes, la fiscalía no está abriendo una nueva vía en este difícil proceso de verdad, justicia y reparación para con las víctimas de la dictadura. Porque si tales sentencias carecen incluso de “una mera apariencia de legalidad o validez”, entonces la calificación de los hechos derivados de las mismas ha de variar. Al no existir título jurídico que las ampare, en vez de penas de reclusión o condenas a muerte, estaríamos realmente ante privaciones ilegales de libertad o ejecuciones extrajudiciales, es decir, secuestros o asesinatos. No sólo eso, sino que además las incautaciones de bienes llevadas a cabo por el Tribunal de Responsabilidades Políticas fueron, simple y llanamente, robos.
Asimismo, de esta decisión de la fiscalía podría derivarse una grave consecuencia para quienes firmaron o ejecutaron tales sentencias. Si no existen, no pueden ser alegadas en caso de que un tribunal les pida cuentas por su actuación. En suma, la fiscalía estaría ofreciendo un nuevo argumento para quienes insisten en la necesidad de juzgar los crímenes del franquismo. Sólo desde esta interpretación cabe entender la complacencia con que han acogido esta decisión el Govern catalán y los dirigentes de PSC, CiU e ICV; las fuerzas políticas que –junto con ERC– solicitaron la intervención del fiscal. Precisamente ha sido esta última formación la única que ha mostrado su rechazo a tal resolución de la fiscalía.
No es difícil presumir que esta línea de interpretación no se corresponde con la voluntad real de la fiscalía. Resultaría a todas luces incoherente con el papel que ha jugado en este proceso. Recuérdese que sus miembros dan la callada por respuesta cuando se solicita su actuación ante las fosas en que aparecen restos humanos con apariencia de muerte violenta; y que fue la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que recurrió el ya famoso auto del juez Garzón en el caso de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.
El informe de la fiscalía parece un mero subterfugio para salir del paso sin intervenir, una vez más, en defensa de las víctimas. Los fiscales saben –o deberían saber– que las sentencias siguen existiendo aunque hayan producido sus efectos; que si no se anulan, los condenados no son inocentes; que la inexistencia de una sentencia es un efecto que sólo puede producir una declaración de nulidad; y que esta sólo puede realizarse por otro tribunal; en este caso, por el Tribunal Supremo. Afirmar que la nulidad de las sentencias del franquismo se produce gracias y por la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica no sólo es un error, sino que puede suponer un caso de utilización de una ley para fines distintos de los que esta prevé. Y esto en el derecho español tiene un nombre: fraude de ley.

Rafael Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid

Ilustración de Javier Jaén

Público.es

Homenaje a las víctimas de la represión franquista en Madrid

El homenaje ha tenido lugar este sábado, 10 de abril de 2010 a las 12:00h, frente a la Tapia del Cementerio del Este en la Avenida de las Trece Rosas de Madrid.

 

Más un centenar de personas procedentes de varias asociaciones memorialistas han respondido a la llamada del colectivo MemoriayLibertad para rendir, como todos los años, un emotivo homenaje a las víctimas del franquismo en Madrid. En este digno y bello acto también han tenido cabida referencias al Juez Garzón por la voz de Martín Pallín magistrado emérito del T.S, citando la reacción internacional en favor del Juez.

Con estas imágenes  pretendemos mantener activo nuestro compromiso por la Verdad , Justicia y Reparación de las Victimas del franquismo y agradecer a nuestros amigos del colectivo (http://www.memoriaylibertad.org/)  su admirable labor de Memoria. Gracias por habernos invitado a un acto que en el fondo también rinde homenaje a TODAS las Víctimas .  

10 04 2010, Cementerio del Este, Madrid. Foto "La Memoria Viv@"

10 04 2010, Cementerio del Este, Madrid. Foto "La Memoria Viv@"

10 04 2010, Cementerio del Este, Madrid. Foto "La Memoria Viv@"

El Magistrado Martín Pallín durante su intervención. Foto "La Memoria Viv@"

Paquita Martín, recitando "Rosario la dinamitera"10 04 2010, Cementerio del Este, Madrid. Foto "La Memoria Viv@"

10 04 2010, Cementerio del Este, Madrid. Foto «La Memoria Viv@»

 

10 04 2010, Cementerio del Este, Madrid. Foto "La Memoria Viv@"

Paloma, con su tía abuela.10 04 2010, Cementerio del Este, Madrid. Foto «La Memoria Viv@»

 

10 04 2010, Cementerio del Este, Madrid. Foto «La Memoria Viv@»

 

Para Todos los ausentes. 10 04 2010, Cementerio del Este, Madrid. Foto «La Memoria Viv@»

 

«Las 13 Rosas». 10 04 2010, Cementerio del Este, Madrid. Foto «La Memoria Viv@»

Homenaje a 3.000 republicanos fusilados en Madrid…

La asociación Memoria y Libertad organiza un acto en recuerdo de las víctimas en el que afirma que es «imprescindible juzgar el genocidio franquista».

Una mujer coloca flores cerca de la fotografía de su familiar fallecido en la tapia del antiguo cementerio del Este en Madrid. – EFE

EFE – Madrid – 10/04/2010 17:01

Varios centenares de personas han homenajeado este sábado a los cerca de 3.000 republicanos fusilados entre 1939 y 1943 en las tapias del antiguo Cementerio del Este, en Madrid, en un acto organizado por la asociación Memoria y Libertad.

En lo que hoy es el cementerio de La Almudena los asistentes han guardado un minuto de silencio después de que un portavoz de Memoria y Libertad leyera un manifiesto en recuerdo de las víctimas de la represión franquista, en el que se ha elogiado el trabajo del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Además, las personas que han acudido al cementerio, entre ellos familiares de los fusilados, han llevado claveles rojos a la tapia.

El manifiesto indica que «nuestra presencia, nuestros claveles y nuestro compromiso sirven para recordarle a esta sociedad que tiene una deuda pendiente con quienes defendieron sus valores más grandes».

Defensa de Garzón

«Nos sirve la confianza y la mirada generosa y firme de jueces como Garzón», ha añadido, momento en el que los participantes han roto en aplausos.

El manifiesto también indica que «resulta imprescindible juzgar el genocidio franquista para conquistar nuestro futuro, que debe ser un presente libre».

El homenaje continuará esta tarde en el Centro Abogados de Atocha de CC.OO. en Madrid con la proyección del documental de Tino Calabuig De Porlier a La Almudena.

Público.es

Garzón recurre ante el Supremo su procesamiento por investigar los crímenes del franquismo…

Alega que «han sido motivaciones ideológicas las que han movido a ciertas organizaciones y grupúsculos marginales a ejercer una acción penal».

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a su salida el jueves de la Audiencia. EFE/Archivo – EFE

EFE – Madrid – 10/04/2010 16:15

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recurrido este sábado ante el Tribunal Supremo (TS) el auto del magistrado del Alto Tribunal Luciano Varela que anticipa que le abrirá juicio oral por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo .

El recurso, que el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha presentado ante la sala de lo penal del TS, alega que la doctrina expuesta en el último auto de Varela «es contraria a Derecho e impone un serio riesgo para la independencia judicial».

El juez Baltasar Garzón cree que han sido motivaciones ideológicas las que han movido a ciertas organizaciones y «grupúsculos marginales» a ejercer una acción penal contra él y esperaba que el Supremo «valorase estas espurias motivaciones a la hora de no prestar crédito a tal persecución ideológica».

El juez de la Audiencia Nacional califica este auto de «exorbitante» y «de notable extravagancia» y explica que la doctrina expuesta en él es «contraria a Derecho» e impone un serio riesgo para la independencia judicial.

El recurso fue presentado este sábado por la mañana en el juzgado de guardia por el abogado del juez de la Audiencia Nacional, Gonzalo Martínez-Fresneda, ya que, según explica el plazo finalizaba hoy, extremo sobre el que se queja ante la Sala por haber contado únicamente con tres días para recurrir.

Garzón está muy cerca de ser suspendido cautelarmente después de que Varela dictara la semana pasada un auto, en el que le recuerda que un juez depende «sólo, pero siempre, de la ley» y que él ignoró la de Amnistía al investigar el franquismo. En esta resolución Varela transformó en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón y ha dado diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa.

Varela dice que la actuación del juez puede ser constitutiva del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, castigado «con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años».

«No perjudicó a nadie»

Garzón recuerda que la independencia judicial impone respetar en cada juez o magistrado la capacidad de decidir de forma «no interferida» la interpretación que ha de dar a cada norma del ordenamiento, según el espíritu de los principios constitucionales. Según explica, «muy lejos de ello, el espíritu del auto tiene más que ver con el intento de imponer a unos subordinados jerárquicos una determinada interpretación normativa (…) que con un Poder Judicial que respete la independencia y libertad de criterio de todos y cada uno de sus miembros». «Un juez en el ejercicio de su potestad no puede ser interferido cuando conforma su criterio jurídico motivadamente, sin que pueda imponérsele el riesgo de que algún día un superior jerárquico pueda valorar su expulsión de la carrera judicial al repudiar la interpretación jurídica con la que haya resuelto un caso particular», añade.

También argumenta que no hay ningún precepto en la Ley de Amnistía que impida investigar ningún hecho delictivo y concluye que el proceso incoado por él «no perjudicó a nadie». Varela en su auto también consideró innecesaria la práctica de más pruebas para esclarecer los hechos —que fueron denunciados por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS— y denegó todas las solicitadas por Garzón, lo que éste cree que le genera un «daño irreparable». Lo más probable es que la Sala de lo Penal rechace este recurso, ya que el pasado 25 de marzo ya mostró su respaldo a la instrucción de Varela y decidió que la causa siguiera adelante.

Público.es

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ENLACE AL DOCUMENTO PDF DEL RECURSO REALIZADO POR EL JUEZ BALTASAR GARZÓN. (Fuente: El País.com)

DOCUMENTO PDF- RECURSO DE B. GARZÓN

Familiares de víctimas piden a la justicia argentina que juzgue los crímenes de Franco…

Presentarán una querella por genocidio en un tribunal de Buenos Aires.- Asociaciones de memoria se querellarán el lunes contra el juez Varela por prevaricación

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 09/04/2010

No se conforman. Paralizada su causa en la Audiencia Nacional y procesado por prevaricación el juez que la abrió, Baltasar Garzón, los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo están dispuestos a pedir justicia en Argentina. Esta tarde se reunirán con asociaciones de defensa de los derechos humanos, como las Abuelas de la Plaza de Mayo, y con abogados en Buenos Aires para perfilar la querella que presentarán el próximo miércoles en los juzgados federales de Argentina por genocidio y crímenes contra la humanidad.

• «Los crímenes reales son las desapariciones, no la investigación de Garzón»
• El Poder Judicial estudiará suspender a Garzón el día 22
• «¡España al revés: corruptos y fascistas juzgan al juez!»
• La izquierda judicial achaca al Supremo el resurgir de los valores franquistas al encausar al juez Garzón
• «El mundo necesita jueces como Garzón, que se enfrenten al poder»

Baltasar Garzón Real

«Nos basamos en los mismos principios por los que Garzón juzgó desde España la dictadura argentina y la chilena: la jurisdicción universal», ha explicado a EL PAÍS Carlos Slepoy, abogado argentino, especialista en temas de Justicia Universal y premio internacional de Derechos Humanos 2008. «En España se han paralizado las investigaciones sobre los crímenes del franquismo y los tribunales argentinos pueden intervenir para frenar esa impunidad».

La querella abarca el periodo comprendido entre la Guerra Civil y el último día de la dictadura de Franco. De ser admitida a trámite, los querellantes solicitarían un listado completo de todos los dirigentes de Falange -uno de los grupos que ha sentado a Garzón en el banquillo-, la Guardia Civil, el Ejército y los Gobiernos franquistas que continúan vivos para depurar responsabilidades. Además, pedirían a modo de pruebas el censo de víctimas y desaparecidos, el mapa de fosas comunes halladas en España y toda la documentación recabada por el juez Baltasar Garzón cuando decidió investigar los crímenes del franquismo.

De momento acuden a los tribunales argentinos Darío Rivas, un gallego exiliado en Buenos Aires, hijo de fusilado durante el franquismo, a modo particular, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica o las Abuelas de la Plaza de Mayo, entre otros, pero Slepoy cree que la presentación de la querella el miércoles será una especie de convocatoria «para que se sumen muchas personas más».

En Argentina hay muchos familiares de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, hijos de exiliados, que pueden sumarse a esta iniciativa, aunque asociaciones argentinas de defensa de derechos humanos están dispuestas a presentarla aunque no los hubiera, como acusación particular, porque la legislación argentina permite esta fórmula.

«Creemos que tenemos muchas posibilidades de que esta querella sea admitida a trámite, porque se basa en los mismos principios que permitieron juzgar la dictadura argentina. Muchos familiares de desaparecidos, fusilados y torturados podrían venir a declarar ante el juez», ha añadido Slepoy.

Querella contra el juez Varela

Por otra parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y la de Baleares han anunciado que el lunes presentarán una querella criminal por prevaricación contra el magistrado Luciano Varela, instructor del proceso contra el juez Garzón. Basándose en las resoluciones de Varela denuncian su «falta de imparcialidad», su «animadversión a Garzón» y «la vulneración de leyes internacionales basándose en la Ley de Amnistía», según ha explicado Manuel Perona, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña.

El País.com

Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez Arias…

Puntos clave y asuntos que desconocemos sobre el caso Garzón, el «pez en la pecera».

Las manifestaciones de hoy a favor del juez Garzón, con más de quinientas personas, y los más de mil comentarios publicados en El País en tan sólo un día, las campañas de recogidas de firmaso como la de Avaaz, http://www.congarzon.com/, o el impulso de visitas recibido en Tercera Información me empujan aún más si cabe a preguntarme (e intentar aclarar) numerosos aspectos de este asunto sin precedentes en la historia de España, en el que se tocan las sensibilidades de todos los umbrales políticos y morales.

Para ello, el jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias me ha ayudado a poner en cuarentena numerosos aspectos, y a visualizar otros con mayor perspectiva. Miguel es experto en Derecho Penal Internacional,

3i: Han imputado al Juez Garzón, ¿qué implicación cree usted que puede tener la opinión pública española sobre un escándalo judicial de estas características?

Miguel Ángel: Creo que deja en evidencia de forma clara y de forma entendible por muchos el alcance real como Estado de Derecho de nuestro Estado monárquico. Es el cristal de la pecera. Sobre el papel parece normal y que pudiera llegarse un normal cumplimiento como en cualquier otro lugar del mundo de los derechos humanos y entonces te das de cara. Con los represaliados del franquismo no hay derechos humanos que valga, solo gestos de buen rollo de cara a la galería. De igual modo que se pretende que tengamos un Estado democrático, pero al Jefe del Estado tampoco se nos ha dejado votar con normalidad, por si quisiéramos recuperar nuestra República o seguir con la restauración monárquica impuesta a la fuerza por Franco.

He estado acabando un artículo sobre ello. Creo que el caso Garzón puede hacer de un modo inquietantemente visible para demasiada gente el definitivo agotamiento de dicho Estado monárquico. Más allá de ese invisible cristal de la pecera no se puede avanzar por narices, porque no, y si todos los tratados de derechos humanos y jurisprudencia internacional dicen lo contrario, da igual. Ahora es importante explicarle a la ciudadanía que viven en un pseudo Estado Social y Democrático de pseudo Derecho y que se puede y se debe ir más allá. Qué curioso, o qué lógico, que el silencio de las fosas clandestinas de los miles de los defensores de la República asesinados – fosas que parece que han pasado a un segundo plano en toda esta batalla judicial – sea el origen de lo que tiene visos de crisis de modelo de Estado que se hace visible para mucha gente que no se había parado hasta ahora a tomar conciencia de todo ello.

3i: Es, mediante este tipo de mecanismos de control y censura, el poder judicial un instrumento al servicio del poder? Este debate lleva ya muchos años… ¿hasta cuándo?

Miguel Ángel: El caso Garzón y todo su entorno representa en si mismo una instantánea de la clase de país en el que en realidad vivimos y deja las convicciones en torno a los derechos humanos de un inusitadamente amplio colectivo de ciudadanos fuera del sistema que muestra su incapacidad para asimilarlos. El caso Garzón es un punto de ruptura visualizable por muchos y a distintos niveles como no he visto otro en mucho tiempo, y llega en un momento en el que la corrupción está comenzando a ser percibida como un mal endémico del sistema monárquico-tardo franquista, en el que la monarquía se encuentra cada vez más contestada como han revelado varias recientes encuestas y cada vez más gente se pregunta por qué de muchas cosas que antes no se preguntaban. Creo que es un momento de actuación desde la reflexión y de intentar sumar sabiendo que la reacción sistémica visceral, como digo del sistema, en contra de los derechos humanos de estas personas y sus familias estos quedan del lado democrático y republicano; desde mi punto de vista el concepto clave es el de los derechos humanos de los perseguidos de Franco: o el sistema los asume y efectivamente se transforma y cerramos la perenne transición inconclusa, o los rechaza y le desbordan, entrando en crisis de legitimación y legalidad si se me permite simplificar un poco el argumento. Parece que se ha optado por la segunda opción dada la imposibilidad de asumir las consecuencias que se desprenderían para los propios verdugos y sus beneficiarios de la primera. Eso deja los derechos humanos de nuestro lado y al sistema tardo-franquista descolocado, ante líneas de acción nacional e internacional en materia de derechos humanos, judicial, legislativa, etc, etc, con las próximas elecciones generales a la vista y con las distintas preguntas que las izquierdas del país deben volver a formularse ahora así mismas ante todo esto. Creo que puede ser un momento de cambio intenso y apasionante.

3i: ¿Qué significa, para que un ciudadano medio sin conocimientos en derecho “prevaricación contra la causa general del franquismo”? ¿Se puede “prevaricar” contra un régimen que en todo momento fue y es considerado ilegal, ilegitimo y ya inexistente? ¿Le estoy buscando la lógica gramatical a un titular cuando es probable que ni la causa judicial no la tenga (la lógica)?

Miguel Ángel: La prevaricación es el dictado de resoluciones falsas a sabiendas. Es la concreta forma adoptada por ese “por narices” del que trataba de hablar antes al toparnos con el cristal de la pecera antes imperceptible. Porque obviamente emprender una investigación judicial efectiva e independiente para restituir los desaparecidos y enjuiciar penalmente a los responsables de crímenes contra la humanidad es un deber incontestable que emana de Nuremberg y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero se retuerce el derecho, se da la espalda a la justicia, al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a todo el legado de Nuremberg y el Derecho penal internacional como si este se detuviese extrañamente en los Pirineos, a lo que haga falta.

3i: ¿Qué relevancia real tiene hoy la Ley de Amnistía del 77? ¿Cuál es su mayor error?

Miguel Ángel: Legalmente… ninguna validez, dada la debida persecución penal de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra y su inaplicabilidad ante estos, mucho más aún ante el crimen contra la humanidad de desaparición forzada de personas; se está haciendo un último intento aplicativo – ilegal – a la desesperada de este instrumento de seguridad de cierre entre el sistema franquista y el tardofranquista a modo de contención de lo que poco a poco cada vez es más incontenible. El “por narices” no se puede sostener sin más, tiene que tener alguna apariencia de juridicidad que permita algún tipo de contra-argumentación a la reciente sed de verdad justicia y reparación.

3i: Público, mediante su citación común de las fuentes “dicen que…” afirma de este modo que el juez Varela es enemigo de Garzón y que se autoconsidera un Dios ¿qué opina al respecto?

Miguel Ángel: Sin duda los factores de la psicología humana como dice mi amigo José Luis Pitarch deben tener también su parte en todo esto como en casi cualquier cosa, pero creo que al margen de los nombres y apellidos concretos entiendo que el caso Garzón toca más los aspectos de sistema que he esbozado sintéticamente antes.

3i: Usted es muy activo por Facebook, difunde su anteproyecto de Ley “Por una Ley de Verdad, Justicia y Reparación, posee varios blogs, entre ellos En el país de los niños perdidos o Ley de la Verdad. ¿Cree que estamos viviendo un nuevo auge del ciberactivismo tras la crisis y más concretamente desde el segundo gobierno socialista? ¿O es sólo una moda propugnada a través de las redes sociales?

Miguel Ángel: La verdad es que curiosamente nunca antes había estado en Facebook hasta hace unas semanas. Más bien es cosa de Tomás Montero, Iván Aparicio y otros compañeros lo de darle difusión a trabajos y propuestas por esa vía a través de los varios grupos creados, idem con el blog “En el pais de los niños perdidos” al que me animaron en realidad varios amigos…

Lo que sí llevo es tiempo trabajando y tratando de investigar y profundizar en este tema y ello me ha llevado a formular distintas iniciativas y propuestas, la más amplia de todas ellas la referente a la ponencia de dicho anteproyecto por una ley de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, que tengo la suerte de haber encontrado un amplio y nada usual respaldo de 50 juristas que se han integrado en su Comité Jurídico para debatir las distintas propuestas que se reciban y obtener la proposición de ley que se presente en cortes.

Pero el trabajo de difusión, debate y estructuración de la iniciativa que tenemos por delante es grande, lo bueno es que ya desde su planteamiento está generando debate y toma de conciencia social que es en si mismo su primer objetivo al hilo del ejercicio de ese derecho constitucional ciudadano, acabamos de empezar y tenemos más de año y medio de trabajo por delante.

Y sí, me parece [Internet] un instrumento valioso para informar permitiendo saltar la impermeabilidad que pueden presentar otros medios tradicionales…

3i: ¿En qué situación de la nunca acabada etapa de “transición democrática” cree que nos encontramos? ¿O acaso ya la hemos superado en todos los planteamientos posibles?

Miguel Ángel: Como decía antes y como he apuntado en varios artículos creo que donde estamos es precisamente empezando a tomar conciencia de que estamos en una transición inconclusa desde que el fascismo nos arrebatase nuestra República tras pasar por genocidio, dictadura, pretendida dictablanda (el “franquismo ye-ye”, más dictadura en realidad) y tardofranquismo enquistado con tan sólo rascar unos centímetros de superficie en instituciones clave del Estado.

Tras esto, algunas dudas no resueltas, que dejamos a debate de los lectores: ¿Cuántos dirigentes de Manos Limpias se conocen públicamente, o al menos, qué puede opinar al respecto del ocultismo de la asociación, que sólo tiene a la cabeza a Miguel Bernat? ¿qué frentes de acción engloba? ¿Cómo se es un “experto en la elaboración de querellas”? ¿Hay un sistema de rentabilidad detrás de estas autodefensas del poder? ¿qué mecanismos tienen en común las organizaciones de ultraderecha que están participando en el caso Garzón? ¿Habrán servido de algo las manifestaciones de estos días? ¿Es todo esto aprovechado como un Panem et circenses para dejar en segundo plano los verdaderos problemas del país así como las resoluciones que se estén tomando?

Por cierto que Cayo Lara la semana pasada ya anticipó una oleada de prostesta ciudadana ante el caso Garzón esta semana. De momento parece que se está produciendo.

«¡España al revés: corruptos y fascistas juzgan al juez!»
La transición inmodélica y el caso Garzón
Medio millón de firmas apoyan a Garzón
Apoyo de Jaume D`Urgell

Enviado por Miguel Ángel Rodríguez

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article14314

RAZONES PARA OPONERNOS AL GOLPE DE ESTADO JUDICIAL…

Nadie debe escandalizarse cuando se apela a expresiones que pueden parecer, en un primer momento, como excesivas si éstas vienen a su vez avaladas por razones de peso. El escándalo internacional que se está desatando con la causa articulada contra el magistrado juez Baltasar Garzón ha levantado ya voces que claman por una siempre deseable independencia judicial y “hay que dejar que la Ley actúe”. Pero esos aparentes defensores de los procedimientos garantistas legales parecen empeñados en ignorar, se supone que de forma consciente, que al mismo tiempo se están cruzando con total impunidad múltiples líneas rojas legales que cualquiera puede percibir.

A estas alturas parece un principio aceptado que el régimen instaurado por los golpistas de 1936 era un régimen declaradamente totalitario (es una aspiración explícita que se repite de forma reiterada por los propios conmilitones y aceptada por su propia cabeza visible) y que buscó desde su planificación una verdadera limpieza que se disfrazó de étnica al identificar a los leales a la República Española como una raza a exterminar, los llamados rojos. ¿Existe alguna duda, por tanto, para que llamemos a esa limpieza como un genocidio asimilado? Hoy esos comportamientos se denominarían sin lugar a dudas como un régimen de terrorismo de Estado, mírense para esa asimilación semántica vías muchos más próximas y que se siguen utilizando en nuestro propio ordenamiento jurídico para condenar sin paliativos a los “exaltadores del terrorismo” para incluso borrar con todo merecimiento a los simpatizantes de unas siglas del panorama político. En este sentido se está siendo demasiado permisivo con actos y expresiones que entran de lleno en el delito de apología del terrorismo. Calificar como “un período de extraordinaria placidez” el capítulo más largo y negro de nuestra historia del terrorismo patrio es, no ya una ofensa gravísima para un número enorme de ciudadanos, sino directamente un delito de exaltación y encubrimiento cómplice del terrorismo de Estado. Connivencias implícitas e incluso explícitas con ideología fascista y genocida se dan en estamentos muy sensibles de nuestro estado de Derecho, y nadie se puede decir de sí mismo ni del ámbito jurisdiccional al que pertenece impune a estos graves delitos.

Se ha pretendido igualmente, por parte de esos garantistas de posiciones con las que simpatizan, que no se puede criticar al Tribunal Supremo por las actuaciones que ahora están en marcha, aduciendo que con esa crítica estamos socavando un pilar esencial de nuestra Justicia. Posiblemente se apunta con ese aviso que no son las instituciones y sí sólo las personas las que delinquen. En ese mismo paquete de objeciones se incluye el hecho penal asentado de que, una vez que el criminal ha muerto, el delito desaparece con él. Aquí reside probablemente la falacia sociológica que no está siendo considerada.

Cuando decimos que el franquismo sociológico sigue criminalmente vivo entre nosotros no se está afirmando un hecho sin base real. Falange Española fue una herramienta fundamental en el exterminio sistemático y planificado de cientos de miles de inocentes ciudadanos españoles, y sus botas, correajes y símbolos un referente básico del régimen de terror al que hemos aludido. Ese grupo perfectamente tipificado en su ideología es al que se ha dado amparo en la alta instancia judicial –“libre de toda sospecha” según su presidente el señor Dívar– para erigirse en acusador del magistrado Garzón con el inaceptable argumento de “haber atentado contra el honor de Franco”. ¿Se puede encontrar una prueba más contundente, de vinculación ideológica al terrorismo franquista, que pretender que se está ofendiendo la memoria de un criminal de guerra que debió sentarse con todo merecimiento en el banquillo de los acusados en el juicio de Nüremberg? Además de que ese deleznable grupo de fascistas de camisa azul no tienen vergüenza en seguir exaltando la misma ideología criminal y desfasada que les convirtió en ejecutores convictos y confesos de un crimen imprescriptible de lesa humanidad. Y el magistrado Varela y demás compañeros de procedimiento aceptan entusiasmados la personación de tan cualificados herederos del horror para proceder a una chapuza judicial de la que ahora daremos algunas claves.

Estamos ante un desprecio sistemático de los argumentos legales del Ministerio Público, algo que es esencial en cualquier procedimiento. La voz autorizada de la Fiscalía ha sido ignorada de forma contumaz por la Sala, cuando exigía el archivo de la causa. No se han admitido las pruebas para la defensa del ahora acusado. No se han admitido los testigos cualificados propuestos por la defensa, que  demostraría la extemporaneidad de una Ley de Amnistía (invocada reiteradamente como referente último por tan peculiares acusadores) cuya nulidad ha sido reclamada hasta la saciedad por todas las instancias internacionales con responsabilidad legal en la defensa de los Derechos Humanos, como el Relator de Naciones Unidas. No se le ha dado la relevancia debida a la contaminación ideológica y de animadversión personal de algunos de los integrantes del Tribunal. Y, como resumen de estos graves defectos formales –que invalidarían cualquier otro procedimiento, pero no por lo visto este– no se considera que todo este cúmulo de evidentes irregularidades colocan al magistrado acusado injustamente en una situación de clara indefensión.

La coincidencia de todos elementos ideológicos, de vulneración de garantías procesales, la admisión de denunciantes inhabilitados por la Historia y el Derecho Internacional, unido a la propia vinculación de alguno de los miembros del Tribunal a posiciones claramente en la órbita ideológica del franquismo sociológico, convierten a algunos de los actores aquí mencionados (tanto en el rol de comparsas como de actores principales) en cómplices o encubridores de los crímenes del franquismo. Por estas poderosas razones no estén ustedes tan seguros de que todos los culpables están muertos desde 1975 y de que no habrá posibles acusados tipificados para sentarse en el banquillo de los acusados cuando se sustancien, y se hará sin duda, esos procedimientos de depuración de responsabilidades criminales internacionales que se han puesto en marcha fuera de nuestras fronteras, procedimiento tratados con desprecio por los involucrados en esto que sin duda, y a lo dicho me remito, como un Golpe de Estado Judicial.  Veremos entonces quienes son los prevaricadores.

Madrid, 10 de abril 2010

Francisco González de Tena

Dr. en Sociología e investigador