Acto de entrega de la denuncia por prevaricación contra el juez Varela

abril 12, 2010
Querella-Varela-2  La Asociación Memoria de Mallorca (MdM) y la de Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña (ARMHC) han presentado esta mañana, lunes 12 04 2010,una querella por prevaricación contra el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, magistrado que juzgará al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En breve tendremos el comunicado que Llani Álvarez, portavoz de CCVF y portadora de la denuncia, ha leído a los numeroso medios de comunicación allí presentes. (léer en el post anterior) 
 Componentes de varias asociaciones memorialistas hemos arropado y apoyado  con nuestra presencia y pancartas el acto de entrega de la denuncia contra Varela

"Nuestros Abuelos", representando simbolicamente los 130.137 deaparecidos

 A su vez Marisa Hoyos ha depositado en el T.S una carta de Maria Martín (“La dama de negro de la C501″) con la denuncia correspondiente al asesinato de su madre en 1936 en Pedro Bernardo (Ávila).  

 A la espera del comunicado, os adelantamos algunas imágenes del momento a eso de las 13h30.  

Delante el TS, 12 04 2010 Foto La Memoria Viv@ 2

 

Delante el TS, 12 04 2010 Foto La Memoria Viv@ 4
 

 

Numerosos medios de comunicación y Llani Alvarez delante el TS, 12 04 2010 Foto La Memoria Viv@ 2
Llani Alvarez lée el comunicado delante el TS, 12 04 2010 Foto La Memoria Viv@ 5
 
comunicado sigue 2,
Marisa con la carta de María Martín que ha depositado en el TS, 12 04 2010

   

Llani Álvarez leyendo parte del comunicado, portavoz de la CCVF. Foto "La Memoria Viv@"

 Pinchar aquí para leer la denuncia : Querella-Varela-2


Las colectivos de Memoria Histórica se querellan contra el juez que ha procesado a Garzón…

abril 12, 2010

  • Se querellan en el Supremo contra Varela y el juez Saavedra.
  • Frente al tribunal se han concetrado represaliados de la dictadura.
  • Las asociaciones le acusan de un delito de prevaricación.

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ASOCIACIONES MEMORIA HISTÓRICA

Llany Álvarez, abogada en representación de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y Mallorca.EFE/Kote Rodrigo

ASOCIACIONES MEMORIA HISTÓRICA

Miembros de la asociación Memoria Viva, ante la sede del Tribunal Supremo, donde las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y Mallorca presentaron una querella contra el magistrado de este órgano Luciano Varela.EFE/Kote Rodrigo

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Los testigos de Garzón que Varela se niega a escuchar…

abril 12, 2010

Varios de los testigos explican a ‘Público’ por qué la Ley de Amnistía no protege los crímenes del franquismo…

De izquierda a derecha: Hernán Hormazábal, Hugo Relva, Ricard Vinyes, Sergio G Ramírez, C. Jiménez Villarejo y Carla del Ponte.

Son 15 juristas o expertos de primera división mundial que suman décadas estudiando los derechos humanos y la legislación internacional. Han lidiado con los fueros que gracias a variantes diversas de leyes de amnistía protegían a dictadores como Slobodan Milosevic, Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, entre otros. Y fueron citados por Baltasar Garzón como testigos para tratar de demostrar al Tribunal Supremo que no prevaricó al tratar de investigar los crímenes del franquismo.

Pero Luciano Varela, el juez instructor de la causa contra Garzón, los ventiló a todos de un plumazo en el auto del 7 de abril: no es necesario escucharles.

A algunos les rechaza educadamente porque dice que ya han dejado por escrito sus posiciones, pero a otros se los saca de encima sin ocultar el malestar que le genera la sugerencia. Por ejemplo, el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo, reclamado en su condición de miembro del Grupo de Expertos designado en el sumario de Garzón: “No se expone qué tipo de experiencia ha puesto a contribución en la causa en su día tramitada, tampoco resulta útil para hacer visible la intencionalidad del imputado”, sostiene Varela en su auto, que Garzón recurrió el sábado.

O Ricard Vinyes, historiador de la Universitat de Barcelona (UB), el mayor experto en el robo de niños a las madres del bando republicano tras la guerra: “No es pertinente la declaración de don Ricardo Vinyes, al que se pretende convocar para ilustrar a este instructor a fin de que pueda valorar lo horrendo de los crímenes relativos a secuestro de niños, por cuanto que, aún en la hipótesis de que el Instructor careciera de capacidad propia para tal valoración, esa constatación nada añadiría, ni restaría, a las razones de la imputación“, escribe Varela.

Ley de Amnistía

Las normas de amnistía suelen ser derogadas: España es la excepción

La mayoría de los expertos fueron citados para tratar de demostrar que, al igual que ha sucedido en otros países, la ley internacional impide amnistiar los crímenes más graves en derecho internacional, por mucho que así lo decidieron normas nacionales. El haber ignorado supuestamente la Ley de Amnistía -aprobada en 1977, antes que la Constitución- es uno de los argumentos centrales que esgrime Varela para seguir adelante con las querellas presentadas por Manos Limpias y Falange.

Vinyes fue llamado en su momento por Garzón para ratificarse en el contenido de su libro Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas (Temas de Hoy), donde documenta cómo al menos 12.000 niños fueron arrancados de sus madres tras la guerra para extirpar el virus rojo de las nuevas generaciones. Y esta cifra incluye sólo
los casos hasta 1943.

“Las desapariciones infantiles no fueron un azar, sino un sistema muy bien planificado. No es como pasó después en Argentina, donde se hacía a escondidas. Aquí el régimen se enorgullecía. Si tenemos tantos datos es porque lo cuenta el Estado”, explica Vinyes.

La raza y la democracia

Varela sostiene que no necesita que le ilustren sobre horrendos crímenes

“El sistema nació de unos experimentos de Antonio Vallejo-Nájera [jefe de los servicios psiquiátricos militares de Franco] con presas en Málaga, en los que supuestamente demostraba cómo la raza española, que según sus teorías existía con una base más cultural que genética, se había ido deteriorando a medida que avanzaba la democracia”, prosigue el historiador. Y añade: “De aquí salen la propuesta para evitar la transmisión cultural de madres a hijos: la segregación. Es decir, quitarles los hijos”.

En 1949, este “sistema organizado” de robo de niños sigue operativo y se ha ampliado al extranjero, como demuestra un documento del Servicio Exterior de Falange para buscar hijos de republicanos fuera. “Es gravísimo que aún exista impunidad sobre estos crímenes”, concluye Vinyes.

 Uno de los mayores expertos en leyes de amnistía y en qué delitos prescriben según la ley internacional es Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional, que ha seguido muy de cerca todos los debates equiparables en América Latina: Argentina, Chile, Brasil, Perú. Es otro de los testigos solicitados por Garzón.

“En todos los países, este tipo de leyes de amnistía tienen validez durante algunos años, pero siempre acaban cayendo. La única excepción es España”, explica Relva en conversación telefónica desde Buenos Aires. “Lo más incomprensible es que además en España se castiga por poner en tela de juicio la legalidad de la norma, algo que en todos los países con leyes de este tipo se ha hecho sin problema”, agrega.

“Los derechos de las víctimas a ser oídas y a ir a un tribunal para recuperar restos están amparados por todos los tratados de derecho internacional suscritos por España, que además impiden amnistiar crímenes de lesa humanidad, de guerra y de genocidio”, apunta Relva. Y concluye: “¡Qué ironía que esto suceda en España, que llevó a procesos a extranjeros que cometieron crímenes, y que luego no se pueda investigar los crímenes cometidos en el país!”

Los expertos coinciden en que la ley internacional obliga a España

Entre los testigos propuestos también hay varios juristas que, ya sea como jueces o como fiscales, han actuado contra grandes acuerdos políticos que, al firmarse, prometían impunidad y borrón y cuenta nueva: la suiza Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que firmó en 2005 la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida; el chileno Juan Guzmán, que abrió causa contra Augusto Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres de víctimas de la dictadura pese al manto de silencio político, y el mexicano Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuente de jurisprudencia para buena parte de los casos en América Latina equiparables a la causa que instruyó Garzón en España.

A todos estos expertos internacionales los rechaza Varela en un párrafo de su auto de la semana pasada. Lo hace con enfado evidente: “Solamente desde una apriorística desconsideración, no ya del Tribunal enjuiciador, sino de la capacidad técnica de la defensa letrada de las partes, se puede entender necesario, ni siquiera útil, acudir a la opinión de otros juristas para formar el criterio que aquel enjuiciamiento reclama”.

Otros países

Previamente, Varela rechaza cualquier comparación con causas abiertas en otros países: “La relación de causas penales abiertas por Juzgados Centrales de Instrucción contra otros individuos a los que se imputan otros delitos cometidos en otros países tampoco resulta trascendente, en esta fase del procedimiento, para determinar cuál debe ser la subsunción de los hechos imputados al querellado en el ordenamiento jurídico español”.

Varela considera que las sugerencias suponen una “desconsideración”

Sin embargo, la histórica sentencia argentina de junio de 2005 tiene muchos paralelismos con los argumentos de Garzón sobre los que pesa la acusación de prevaricación.

Zaffaroni la fundamentó así: “Que desde ese momento [cuando se aprueban las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida] hasta el presente, el derecho argentino ha sufrido modificaciones fundamentales que imponen la revisión de lo resuelto en esa ocasión. Así, la progresiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos ya no autoriza al Estado a tomar decisiones sobre la base de ponderaciones de esas características, cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de delitos de lesa humanidad, en pos de una convivencia social pacífica apoyada en el olvido”.

Previamente, en 2001, la Corte Interamericana de Derechos humanos había fijado los límites de las leyes de amnistía o perdón con la rúbrica de García Ramírez: “Esas disposiciones de olvido y perdón no pueden poner a cubierto las más severas violaciones a los derechos humanos, que significan un grave menosprecio de la dignidad del ser humano y repugnan a la conciencia de la humanidad”.

Aquel mismo año, 2001, Europa avanzaba en la misma línea con la detención de Slobodan Milosevic, gracias en parte al ímpetu de Del Ponte. La ex fiscal es hoy embajadora de Suiza en Buenos Aires y no está autorizada a hablar públicamente de su etapa en La Haya. Pero tras la detención de Milosevic, que había firmado bajo el auspicio de la comunidad internacional los acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia, declaró: “Nadie está por encima de la ley o fuera del alcance de la justicia internacional. Hoy, la comunidad internacional demuestra con su determinación que las víctimas no serán olvidadas y que su historia será contada”.

Abrir fosas

El auto del Supremo desdeña las aportaciones de 15 expertos

En una entrevista reciente con Radio Holanda Internacional, Juan Guzmán Tapia, el juez chileno que se atrevió con Pinochet, se expresó en términos parecidos a los que a Garzón le ha costado la acusación de prevaricar: “Está muy claro que ni la amnistía del año 1977 ni la prescripción se pueden hacer valer por esas muertes sistemáticas”. Y remachó: “Es una norma de derecho internacional, y la única manera de investigar esto es abriendo las fosas”.

Otro de los testigos rechazados por Varela es Hernán Hormazábal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Girona, uno de los mayores especialistas en España en derecho penal internacional. A su juicio, “no hay ni la más mínima base técnica ni jurídica para procesar a Garzón”.

“Las supuestas resoluciones injustas de Garzón son un trámite procesal formal, de los que se dictan miles cada día”, opina Hormazábal.

El catedrático concluye que no puede existir prevaricación cuando el origen del conflicto es el choque entre “dos posiciones doctrinales diferentes, ambas con fuerte arraigo doctrinal”. “La manifestación de una opinión doctrinal formalizada en una resolución judicial no puede ser nunca prevaricación”, concluye.

Varios testigos han encausado a dictadores pese a leyes de amnistía

Su argumento coincide con el de Carlos Jiménez Villarejo, testigo también rechazado por Varela. El ex fiscal subraya que la Ley de Amnistía “es preconstitucional y se acordó en condiciones de desigualdad, en un proceso conducido por franquistas, como muy bien contó en sus memorias Rodolfo Martín Villa [ex ministro de Gobernación de Adolfo Suárez y hoy presidente de Sogecable]”.

“Por más que haya posiciones jurídicas discordantes, no puede impedirse que la causa se abra y menos aún imputar al juez por ello”, recalca Jiménez Villarejo, muy preocupado porque a Garzón “ni siquiera se le permite practicar pruebas”, lo que en su opinión vulnera “el principio básico del derecho a un juicio justo”.

El ex fiscal no sale de su asombro: “A los acusadores, en cambio, se les acepta todo. Salvando las distancias, el proceso se asemeja cada vez más y de forma muy peligrosa a los juicios que se realizaban durante el franquismo”.

Público.es

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Los testigos desdeñados


El “autoprecedente” del juez Varela: El magistrado del Tribunal Supremo sostuvo que la acusación popular por sí sola no puede abrir el juicio oral…

abril 12, 2010

ERNESTO EKÁIZER – 12/04/2010 08:15

El viernes 5 de marzo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a la sede del Tribunal Supremo para participar en una comida que suele reunir, esporádicamente, al presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, al presidente del Congreso, José Bono, y al presidente del Senado, Javier Rojo. Se hizo allí un repaso a la actualidad. El procedimiento que se sigue en el Supremo contra el juez Garzón por prevaricación al instruir el caso de las víctimas del franquismo fue uno de los asuntos.

El juez Dívar explicó que él hacía lo posible para que la sangre no llegase al río. Vamos, que Garzón no se siente en el banquillo. Con todo, veía que el banquillo era inevitable y, en todo caso arguyó Garzón no sería condenado. Días más tarde, el lunes 8 de marzo, Zapatero dijo que era su obligación reconocer la labor del juez en su lucha contra ETA y que ello no suponía una injerencia ya que, si tenía que responder ante la ley como todos los ciudadanos, el juez lo haría.

El instructor aplicó la doctrina Botín al caso de Atutxa, en 2008

El Supremo desestimó el pasado 25 de marzo la petición de sobreseimiento del juez Garzón. El 7 de abril el magistrado instructor, Luciano Varela, transformó las diligencias contra él en procedimiento abreviado. Las partes tienen diez días desde esa fecha para calificar y estimar si cabe o no abrir juicio oral contra el juez. El auto de acomodación admite recurso; el auto de apertura de juicio oral no.

El vaticinio de Dívar, pues, lanzado en confianza durante aquella comida con el presidente del Gobierno el pasado 5 de abril, ¿será realidad en pocos días? ¿Es inevitable que Garzón se siente en el banquillo?

El Supremo ha seguido hasta ahora el adagio atribuido al rey Fernando I de Habsburgo: “Fiat justitia et pereat mundus”. Esto es: “Que se haga justicia, aunque perezca el mundo”. Pero, en este caso, la situación ha colocado al Supremo al borde del abismo. Exagerando, el lema sería: “Fiat justitia et pereas Supremum Tribunal”. Y hay otro principio que no sería pertinente menospreciar. En 1924, el juez inglés Hewart sentenció: “No sólo se debe impartir justicia; también se debe ver que se ha impartido justicia”.

El impulso de la acusación particular no basta para abrir juicio oral

Disfraz de acusación popular

Más allá de los hechos, los errores, conscientes o no, mirando por encima de las campañas o dejándolas atrás, y si en un abrir y cerrar de ojos imaginamos que comienza el juicio oral, ¿quién toma asiento en el estrado de la acusación? La Fiscalía del Supremo no. La acusación particular no. Allí están sólo tres organizaciones con el disfraz de acusación popular, usurpando el papel de gran fiscal de la causa, ante los cinco magistrados del tribunal. ¿No explica sólo esta escena el hecho de que en este país, y fuera de él ni qué decir tiene, casi nadie ve que se está impartiendo justicia?

El magistrado Varela explicó en un voto particular (caso Atutxa, 2008) por qué no puede (mejor dicho: no sería coherente) abrir juicio oral contra Garzón. Entonces evocó a Robert Alexy, catedrático de Derecho Público de la Universidad Christian-Albrecht, y sostuvo que rechazaba el criterio mayoritario de la Sala Segunda de abandonar la doctrina del caso Botín (no se puede abrir juicio oral sólo por el impulso de la acusación popular) en el caso de José María Atutxa.

Casi nadie en este país puede ver que se está impartiendo Justicia

“La sentencia aprobada por mayoría implica una no compartida variación de criterio respecto a la doctrina precedente sobre inaceptabilidad de apertura del juicio oral a la sola instancia de la acusación popular, con quiebra del derecho a la igualdad de trato de los aquí juzgados en relación con quien lo fue en el precedente”, escribe Varela.

Y subraya: “Este principio de universalización constituye el fundamento de la técnica del precedente como fórmula de justificación de las decisiones jurídicas en general y de las resoluciones jurisdiccionales en concreto. Más, si cabe, cuando se trata de autoprecedentes”. Y añade: “Y ello en un doble frente. El primero relacionado con el derecho a la igualdad, el que está recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución Española. El segundo relaciona el respeto al precedente con la exigencia de motivación de su abandono, por lo que su alcance es la exigencia de un plus de racionalidad para tales decisiones innovadoras o abrogantes”.

“Más si cabe cuando se trata de autoprecedentes”, ha dejado escrito Varela. El autoprecedente se lo ha puesto a sí mismo el magistrado Varela. Cabe, pues, en base a este autoprecedente, denegar la apertura de juicio oral y decretar el sobreseimiento.

Público.es


Dos asociaciones de la memoria histórica se querellan contra los magistrados Varela y Saavedra…

abril 12, 2010

Les acusan de prevaricación por procesar a Garzón tras las querellas de la ultraderecha por haber investigado los crímenes del franquismo.- Protesta ante las puertas del Tribunal Supremo

PERE RÍOS – Madrid / Barcelona – 12/04/2010

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y de Mallorca han presentado hoy en el Tribunal Supremo (TS) una querella por prevaricación contra el magistrado de este órgano Luciano Varela y contra el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra. Así lo ha explicado a los periodistas la portavoz de la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo, Llani Álvarez, en declaraciones a las puertas de la sede del tribunal, donde se han concentrado familiares de represaliados por la dictadura con pancartas en apoyo a la actuación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Varela es el magistrado que instruye las querellas que el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las JONS presentaron contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, mientras que Saavedra preside la Sala que hasta ahora ha rechazado todos los recursos presentados por el juez.

Álvarez ha leído un comunicado en el que ha puesto de manifiesto que ambas asociaciones sienten una “profunda indignación” porque el alto tribunal haya abierto este procedimiento contra el juez de la Audiencia Nacional. Según sostienen, Varela habría incurrido en un delito de prevaricación por mantener la imputación contra Garzón “a sabiendas de que sus decisiones son objetivamente sostenibles en el plano jurídico, ya que lo único que ha intentado es interpretar el derecho teniendo en cuenta cuál es el derecho internacional aplicable”. También habría actuado “a sabiendas de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y las Convenciones contra el genocidio y las desapariciones forzadas firmados por España impiden la aplicación de ningún tipo de amnistía a los crímenes de genocidio y lesa humanidad”.

El comunicado añade que también dirigen su querella contra Saavedra porque es el presidente de la Sala de lo Penal, de la que forma parte Varela “y en cuyas decisiones se ha amparado éste para la desestimación de todas las pretensiones de Garzón”, y además, porque ha denegado la personación de las víctimas en el procedimiento. También consideran que Saavedra tendría que haber resuelto la cuestión de competencia en el asunto de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad planteada desde junio de 2009.

Según Alvarez, el proceso contra Garzón “es un ataque frontal contra las víctimas españolas de esas graves violaciones de los derechos humanos que esperaban que por primera vez los poderes del Estado cumplieran con su obligación de investigar los crímenes contra la Humanidad cometidos por el fascismo durante la Guerra Civil y la dictadura posterior”. “No entendemos cómo es posible que un pseudosindicato de extrema derecha y una organización, Falange -representantes ideológicos de aquellos que perpetraron la mayoría de los crímenes contra la Humanidad cometidos entre 17 de julio 1936 y el 20 de noviembre de 1975-, puedan tener todavía representación legal ante las administraciones democráticas”, ha añadido. Según ha explicado, las actuaciones de Varela y de Saavedra “no son acordes al derecho”. Por su parte, el presidente de la asociación Memoria Viva, Pedro Vicente Romero de Castilla, ha dicho que el hecho de que se juzgue a Garzón le recuerda “un juicio en Nuremberg donde estaban sentados en el banquillo unos cuantos generales asesinos y había seis millones de víctimas reclamando justicia”.

http://www.elpais.com/articulo/espana/asociaciones/memoria/historica/querellan/magistrados/Varela/Saavedra/elpepuesp/20100412elpepunac_12/Tes

Dos asociaciones se querellan contra Varela por prevaricar contra Garzón…

También se querellan contra el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra.

EUROPA PRESS – Madrid – 12/04/2010 14:31

Enlace total a la noticia con el video incluido (pinchar sobre el mismo)

La Asociación Memoria de Mallorca (MdM) y la de Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña (ARMHC) presentaron hoy una querella por prevaricación contra el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela y contra el presidente de la Sala de lo Penal de este órgano, Juan Saavedra, al considerar que ambos cometieron prevaricación en las resoluciones que llevarán al banquillo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con su investigación de los crímenes franquistas.

La representante de la Coordinadora de Colectivos de Víctimas Franquistas, Llani Alvarez, fue la encargada de presentar la querella y leyó un comunicado a las puertas del alto tribunal señalando que ambos magistrados han vulnerado el derecho con el fin de sentar a Garzón en el banquillo, lo que supone “un ataque frontal contra las víctimas” de la represión franquista, a las que dejan en un “total desamparo”.

Respecto a Varela, que ha sido el instructor de la querella contra el juez, las asociaciones consideran que prevaricó al mantener la imputación a Garzón a sabiendas de que los argumentos empleados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 para investigar el franquismo son defendibles jurídicamente, suponen la aplicación de pactos y convenciones internacionales y estaban dirigidos a perseguir delitos contra los derechos humanos.

Por lo que se refiere al presidente de la Sala de lo Penal, los querellantes consideran que también ha dictado resoluciones injustas al desestimar todos los recursos interpuestos por Garzón en su defensa, denegar la personación de las asociaciones de memoria en esta causa y no haber resuelto todavía sobre quien tiene la competencia para investigar las fosas, tal y como le han planteado juzgados como el de Granada y El Escorial (Madrid).

A preguntas de los periodistas Alvarez dijo desconocer las razones que han llevado al magistrado Varela a perseguir a Garzón y si éstas son o no personales, y que lo que importa a los querellantes es saber si sus decisiones se han tomado vulnerando el derecho.

Coincidiendo con la presentación de la querella se personaron a las puertas del alto tribunal una decena de miembros de otras asociaciones de la memoria histórica para apoyar la iniciativa de las organizaciones catalana y balear. Portaban pancartas alusivas al caso en las que se podía leer, entre otras consignas “¿Por quién vela el juez Varela?”.

Público.es


Desde la Universidad de California-San Diego, en apoyo a Garzón

abril 12, 2010

Estimados todos,
Os re-envío el mensaje de abajo, del profesor Luis Martín-Cabrera y Scott Boehm, profesor y estudiante de la Universidad de California-San Diego, para que lo leáis y lo difundáis si queréis.
Muchas gracias,
Un abrazo,
Kathy,  (Re) Generando memorias: http://seminario485.blogspot.com/

Como profesores e investigadores de la Guerra Civil y la dictadura  franquista de distintas universidades norteamericanas queremos expresar nuestro más profundo desacuerdo con la reciente decisión del  Tribunal  Supremo de procesar al juez Baltasar Garzón. Independientemente de la opinión que nos merezcan las actuaciones del Juez Garzón en otros ámbitos, estamos convencidos de que la decisión y los argumentos del Juez Luciano Varela contribuyen decisivamente a consolidar y ampliar la situación de impunidad  y desamparo que sufren las víctimas de la represión franquista. Los sobrevivientes de la violencia exterminadora del franquismo y sus familiares llevan décadas esperando que la justicia española esclarezca y castigue a quienes sean responsables de delitos tan graves como la desaparición forzada, la tortura o el secuestro de niños.

La causa abierta contra el franquismo  por el Juez Garzón era un primer paso para revertir una situación de impunidad y desamparo establecida durante la dictadura y consolidada durante la transición a la democracia. Por ello, invocar la ley de amnistía de 1977 como fundamento para procesar al Juez Garzón por carecer de competencias no es más que una fórmula legal para seguir perpetuando la impunidad dictada por el aparato legal del franquismo. El propio Juez Garzón en su auto de procesamiento contra Pinochet y otros jueces de la Audiencia nacional  en casos similares, han revocado leyes de amnistía por entender que el delito de desaparición forzada no prescribe y por considerar que el exterminio planificado y sistemático de un grupo (i.e. los rojos) constituye un delito de crímenes contra la humanidad y/o genocidio que, como tal, puede ser perseguido en  cualquier juzgado del mundo. En este sentido, cabe señalar que estos argumentos legales aplicados a otros países (Chile, Argentina) se llevaron a cabo sin que ningún juez fuera procesado por ello y con el apoyo mayoritario de la sociedad civil española. Por tanto, exigimos al Tribunal Superior de Justicia y a la judicatura española que sea coherente con sus propias decisiones legales y que aplique en España las leyes del derecho internacional que con tanta vehemencia ha aplicado en otros países que han sufrido episodios similares de violencia política y exterminio.

Asimismo, observamos con suma preocupación que se admita a trámite una denuncia presentada por un grupo, Manos Limpias, que es heredero directo de Falange Española y del más rancio fascismo español. En la mayoría de otros países Europeos (Alemania, Italia) estos grupos son simplemente ilegales, como lo son también las expresiones de exaltación y glorificación del pasado fascista.  Admitir como legítimos participantes del Estado de Derecho a quiénes participaron en la destrucción violenta del primer período enteramente democrático que hubo en España –la II República—es una cruel ironía del destino y un sinsentido político.

Por todo ello,  pedimos al Juez Varela que desista en su intento de juzgar al Juez Garzón o que, al menos, considere los testimonios y pruebas aducidos por especialistas en derecho internacional y por  historiadores de la represión franquista como parte del proceso. Sin embargo, aún más importante que el proceso abierto contra Garzón es entender que en España las víctimas de la represión franquista siguen viviendo en una situación de impunidad sin parangón en el mundo. A pesar de la Ley de Memoria Histórica y de otras medidas reparatorias en España la mayoría de las fosas comunes se exhuman sin la presencia de un juez y sin que se establezca ninguna responsabilidad penal por los presuntos delitos evidenciados en la exhumación. Ninguna democracia digna de ese nombre puede dejar en las cunetas a miles de ciudadanos e ignorar las posibles responsabilidades legales que se deriven de tan ignominiosos hallazgos. Si finalmente se condena al Juez Garzón y se le aparta de la judicatura, España tendrá el triste privilegio de ser el único país en el que los vencedores de la guerra civil seguirán imponiendo su victoria sobre los vencidos; no sólo no habrá habido reparación y justicia para las víctimas de la dictadura, sino que éstas además seguirán siendo silenciadas y juzgadas por sus verdugos. Queremos, finalmente, expresar nuestra más absoluta solidaridad a todas las asociaciones cívicas que trabajan por la recuperación de la memoria histórica y exigir con ellas el fin de la impunidad y la reapertura de los procesos legales que sean necesarios para dar un decisivo paso adelante hacia el establecimiento de la justicia.

Luis Martín-Cabrera
Assistant Professor
UC, San Diego
Literature
Director, Spanish Civil War Memory Project
http://orpheus.ucsd.edu/speccoll/scwmemory/about-eng.html
lmartincabrera@ucsd.edu
www.rebelion.org


“No entiendo nada. ¿Al final va a volver a ganar Falange?”

abril 12, 2010

N. J. – Madrid – 11/04/2010

En un homenaje frente a la tapia del cementerio de La Almudena (Madrid), donde fueron fusilados 3.000 republicanos, unos 200 familiares de víctimas del franquismo se preguntaban ayer por qué el único juez que quiso investigar los crímenes que muchos de ellos habían denunciado -la tortura, el asesinato y la desaparición de sus seres queridos- está a un paso de sentarse en el banquillo.

10 04 2010. Acto en el cementerio del Este por"Memoria Y Libertad". Foto " La Memoria Viv@"

La mayoría dejaba atrás ya los 70 años. De pie, apoyados sobre bastones y algunos en sillas de ruedas, escucharon durante más de una hora la última carta de un fusilado o los versos de Miguel Hernández que se recitaron en el acto. Al terminar, hablaban de su desilusión y de su desconcierto. “No entiendo nada. Me duele mucho lo que le está pasando a Garzón porque es una injusticia. ¿Al final va a volver a ganar la Falange?”, se preguntaba horrorizada Teófila Herreruela, de 90 años, familiar de ejecutados. “Yo no sé de política, pero creo que Garzón no se merece lo que le están haciendo”, opinaba Mariluz Montero, de 86 años, hija de otro fusilado.

T. Montero. Foto del : http://www.facebook.com/fuencislab

Tomás Montero, coordinador del colectivo Memoria y Libertad, leyó un comunicado en nombre de familiares en el que agradecía a Garzón “la mirada generosa y firme” y afirmaba que resulta “imprescindible juzgar el genocidio franquista para conquistar el futuro”.

Pallín: “Es asombroso”

También intervino el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. “No sé si voy a poder superar la emoción”, advirtió antes de iniciar un discurso dedicado también, aunque no lo citó, a Baltasar Garzón. “Estamos ante un episodio judicial triste, pero pase lo que pase, han conseguido el efecto contrario. Yo viajo mucho: a Bolivia, Ecuador, México, Ginebra, Argentina… y siempre me preguntan: ¿Qué pasa en España? Están asombrados. Y no sólo ellos… editoriales de periódicos de otros países también llaman la atención sobre algo asombroso: cómo los genocidas están tratando de perseguir al juez que pretendió poner en marcha los mecanismos del derecho internacional. Esperemos que lo que ha empezado mal sólo termine regular”, dijo.

Al terminar la ceremonia, los familiares de víctimas se despedían recordándose unos a otros la necesidad de acudir a los actos de apoyo a Garzón. “Estamos muy preocupados”, explicaba Pedro Vicente Romero, que llevó al juez una denuncia por la desaparición de su abuelo. “Me gustaría darle ánimos. Y a Falange, recordarle que son los asesinos del 98% de aquellos a los que hemos exhumado”.

La Tapia como espejo, donde se reflejan los rostros de los desaparecidos.

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/entiendo/nada/final/va/volver/ganar/Falange/elpepunac/20100411elpepinac_10/Tes

Nota de La Memoria Viv@: las fotos que ilustran este artículo son iniciativa de la redacción de este blog y no se encuentran en el texto de Natalia Junquera a quien agradecemos su labor muy atenta a lo que succede relacionado con los actos memorialistas y el enjuiciamiento a Garzón.