Comunicado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

18 Abril 2010

COMUNICADO DE LA FEDERACION ESTATAL DE FOROS POR LA MEMORIA EN RELACION CON EL PROCESO CONTRA BALTASAR GARZON REAL, MAGISTRADO JUEZ TITULAR DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL

En primer lugar, la Federación Estatal de Foros por la Memoria desea expresar que redacta sus propios comunicados y respalda -o se adhiere a- documentos ajenos cuando así lo cree conveniente. Por eso desautoriza el uso de su nombre, sin su autorización en documentos que intentan desunir al movimiento memorialista en momentos como el que estamos viviendo, en los que debe primar la búsqueda de un mínimo denominador común para hacer frente al fascismo español, que se está mostrando más fuerte que nunca, tanto en las instituciones como en la sociedad.

Como continuación a nuestro comunicado de fecha 18 de febrero de 2010, ante una situación que ha dejado al descubierto la completa vigencia del pacto de silencio de la transición y el modelo español de impunidad, y tras la lectura de los autos del 3 de febrero y 7 de abril de 2010 dictados por el Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Luciano Varela Castro, en la causa especial 20048/2009 abierta contra Baltasar Garzón Real, habiendo admitido a trámite la querella presentada por las organizaciones fascistas “Sindicato de Funcionarios Manos Limpias”, “Falange Española” y asociación “Libertad e Identidad”, la Federación Estatal de Foros por la Memoria comunica lo siguiente:…

Leer texto en el enlace : http://www.foroporlamemoria.info/2010/04/comunicado-de-la-federacion-estatal-de-foros-por-la-memoria-2/

 

Punto… y seguido…

Ciudadana, ciudadano,

En primer lugar: muchas gracias por tu participación en las movilizaciones de estos días, reabrir el debate y salir a la calle está bien, pero no olvides que la aspiración republicana no puede limitarse sólo a las efemérides del pasado.

Recordar es necesario, imprescindible, pero no podemos descuidar la responsabilidad de seguir trabajando para lograr hitos democráticos que algún día merezca la pena celebrar. Porque reducir el republicanismo a la nostalgia, sería tanto como resignarnos ante el triunfo de la arbitrariedad.

Hablar de República es hablar de democracia. Tenlo claro. Si no concibes la posibilidad de ver a una o un presidente de la República de un partido político que no sea el tuyo, vete a casa —o mejor a una biblioteca—, pero déjanos trabajar en paz, porque República es democracia y ésta se basa en el pluralismo ideológico.

Por otra parte, hablar de la República Española es hablar de la democracia en España. Si sólo concibes la democracia como un instrumento puntual, dentro de un plan mayor, orientado a atentar contra la integridad del país, no cuentes conmigo. Y si lo piensas bien: no cuentes con la ciudadanía española para acabar con España.

República no sólo implica democratizar la Jefatura del Estado y modificar la simbología del país. Un país no es una persona, y mucho menos una palabra o una combinación de colores.

El ideal republicano pasa por la búsqueda de una sociedad mejor y más democrática, a través de una nueva forma de hacer política: con mayor separación de poderes, menor espacio para la arbitrariedad, mayor transparencia en la gestión pública, separación entre el Estado y las asociaciones religiosas (preservando la libertad de culto), profundizar en los cauces de participación democrática, garantizar el Estado de Derecho, la igualdad ante la Ley y garantizar el Estado del Bienestar, apostando con firmeza por los Derechos Humanos, la paz, la diversidad, los servicios públicos, la cultura y las artes.

Y todo eso, sabiendo que la República es democracia, pero sólo democracia, y no la Utopía.

Me gustaría hacer un llamamiento a la serenidad y realismo: la mejor forma de destruir la próxima República, antes de su nacimiento, es unir la reivindicación republicana a ideas irrealizables, utópicas u opuestas al sentir mayoritario de la ciudadanía española.

No tendremos República mientras odiemos a quienes piensan de otro modo. No es posible cambiar la Constitución de ningún país, ni siquiera a mejor, partiendo de una base de apoyo social inferior al 20%.

Asustar, imponer, restar y dividir no es el camino. El camino pasa por ser capaces de comprender y apelar a la comprensión. El éxito político se basa en sumar y multiplicar.

Queda mucho por hacer. Es preciso hacer mucha pedagogía democrática, tener constancia y evitar el sectarismo. Es necesario superar las barreras ideológicas y saber en todo momento, dónde tenemos los pies y qué realidad nos rodea.

Sólo podemos vencer. Cuándo… depende de ti.

¡Salud y República!

Jaume d’Urgell
http://jau.me

http://www.facebook.com/note.php?note_id=386973666780

¿QUIÉN MATÓ AL ESPÍRITU DE MAYO DEL 68?

Toda una oleada de artículos, opiniones, manifiestos, cartas, adhesiones, disensiones, críticas, concentraciones, manifestaciones, actos, movilizaciones, etcétera, etcétera; se están produciendo a raíz del auto que el juez Varela inició contra el que antaño fuera su amigo y admirado juez. No voy a entrar en posicionarme a favor o en contra, ya que está más que clara cuál es nuestra postura, qué argumentos son los que consideramos obvios para dar soporte a nuestra posición y porqué actuamos en consecuencia.

El motivo de estas líneas viene a colación de una conversación telefónica entre nuestro presidente (Asociación Independiente La Memoria Viv@), Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos y mi persona, en relación a la disparidad de actos de apoyo hacia el juez Baltasar Garzón, de la edad de la gente que se moviliza y de los medios que se utilizan a tal efecto.

Ha quedado más que evidenciado durante todo este tiempo, y no me refiero únicamente al que corresponde al “caso Garzón”, sino también, a todos los actos memorialistas llevados a cabo hasta la fecha, que la edad de los asistentes por regla general, es la plasmación notoria de las políticas llevadas a cabo por los acuerdos de la Transición democrática en temas como la recuperación de la Memoria Histórica, fundamentados en el derecho creado para la injusticia y el olvido, la educación general de nuestros vástagos, que ha sido dirigida hacia una postura de parcialidad imprecisa y que ha obviado una de las partes más importantes de su historia, dejando el período más negro de la misma inconcluso y divagante entre los libros de texto y el sistema de docencia, y como no, la exasperante amnesia provocada por este hecho -y otros que van en la misma línea de los diferentes aspectos y campos de nuestras vidas-, en unas generaciones aborrecidas por una paupérrima vida política, que ha degenerado en el pasotismo genérico de aquellos a los cuales,  se les supone el espíritu de rebeldía, resistencia y movilización capaz de hacer cambiar las cosas, o cuando menos, de hacerlas  visibles ante las sociedades creadas por sus mayores. No es así, el espíritu de mayo del 68 murió cuando nos cortamos el pelo y nos pusimos corbatas, dejando que la Transición durmiera nuestros anhelos y aspiraciones más sublimes, por aquello de que de todos los males, el menor siempre es lo mejor. Nos bastaron unas migajas de libertad a cambio de ninguna.

Todo esto queda testimoniado como he dicho anteriormente, en la edad de aquellos que asistimos a las movilizaciones físicas, es decir, aquellas que no son virtuales y a través de las redes sociales y otras herramientas virtuales. Si todos los que dan soporte y gritan sus proclamas a los cuatro vientos virtuales, asistieran a los actos que se convocan vía internet o telefonía móvil, en las mismas, no veríamos únicamente a un grupo de decrépitos ancianos dándonos ejemplo con sus cuerpos cansados y su dignidad intacta, o a los que somos un grupo de trasnochados ex-rebeldes de entre cuarenta y cincuenta años con ganas  de recobrar parte de nuestra juventud rebelde, y que recogimos el testigo de nuestros callados, asustados y resignados padres, tíos y abuelos, o a nuestras proles juveniles y salpicadas de acné, que son una minoría de entre todas las minorías y que nos acompañan porque “mola ir con tu viejo a una mani” aunque no entiendan todavía las dimensiones y consecuencias de aquello que se demanda. Aunque lo sientan como suyo por mimetismo e influencia educativa.

Por tanto, queda demostrado no sólo con la actuación del juez Varela, de los sectores ultraderechistas de este país, de la cobardía de los gobiernos en democracia (sean del color que sean, ya que han hecho lo mismo y no nos han permitido avanzar en este tema), de las instituciones y sobre todo de nuestros sistemas de educación, donde han primado más los aspectos autonómicos que los intereses generales en las materias humanísticas (sin que fueran éstas un menos cabo a las particularidades y derechos históricos de cada región, que por otra parte, son tan necesarios y de derecho como la Memoria Histórica), que no se ha conseguido únicamente adormecer las mentes de nuestros jóvenes, sino también la de aquellos que deberíamos haber sabido capaces de  transmitir la importancia de ser, estar y participar en la vida activa del país. Entre otras cosas, porque un país sin memoria y sin historia, es un país destinado a no tener futuro, pero eso es otro debate. Ahora la pregunta es otra ¿Quién mató al espíritu de mayo del 68?

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I La Memoria Viv@

Mayo del 68, o cómo una revolución se quedó en nada.

Enlace: El niño que soñaba con la revolución http://sonandolarevolucion.wordpress.com/

KAOSENLARED.NET — Tres pistas para intentar entender Mayo del 68

Enlace: Kaos en la red: http://www.kaosenlared.net/css/images/logokaos.png

Maria Antònia Oliver. Presidenta de Memòria de Mallorca «Garzón es perseguido por los herederos de los que perpetraron los crímenes»…

«Recurrimos al Constitucional que ningún juez nos deje abrir las fosas de los asesinados por el franquismo»

Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, durante la entrevista concedida a DIARIO de MALLORCA. Foto: Lorenzo

MIQUEL ADROVER. PALMA.

Maria Antònia Oliver es la presidenta de Memòria de Mallorca (MdM), la asociación que trabaja para recuperar la memoria histórica de los desaparecidos, fusilados y represaliados durante la guerra civil en nuestra isla. Esta empresaria, casada y con dos hijos, inició junto a un grupo de familiares de víctimas el proceso judicial interponiendo una denuncia ante la Audiencia Nacional para poder iniciar la exhumación de cadáveres en las fosas de Porreres y Calvià, donde se cree puede estar enterrado su abuelo desaparecido en 1937. Dicha denuncia, admitida a trámite por el juez Baltasar Garzón, ha levantado una fuerte polémica en las más altas instancias judiciales de Madrid, llevando al Tribunal Supremo a sentar en el banquillo al famoso juez Garzón a raíz de una demanda contra el magistrado por parte de la Falange Española y el sindicato derechista Manos Limpias. Estas organizaciones consideran que Garzón no tiene competencia para instruir esta causa.
Las asociaciones de memoria Histórica, con la de Mallorca y Catalunya a la cabeza, han reaccionando querellándose contra los magistrados que han encausado a Garzón, Luciano Varela y Juan Saavedra.

–¿Qué le parece el proceso judicial iniciado contra el juez Baltasar Garzón?
–Una auténtica persecución por parte de los herederos ideológicos de los que perpetraron los crímenes del franquismo. Nosotros creíamos que tanto la Falange como Manos Limpias no tenían tanto peso en el Tribunal Supremo. Garzón fue el único juez que nos escuchó y se interesó por nuestra causa. Se lo pensó mucho tiempo antes de abrir diligencia como crímenes de lesa humanidad. Yo estaba allí cuando se presentó la denuncia y Garzón en ningún momento buscó instruirla, se realizaron hasta dos sorteos y tocó a su juzgado. Nosotros nos sentimos tan acusados como Garzón, ya que es nuestra causa la que se está juzgando.

–¿Por qué han decidido querellarse contra los magistrados Varela y Saavedra, jueces que sentarán en el banquillo a Garzón?
–Porque consideramos que han prevaricado. Ellos saben perfectamente que contra los crímenes de lesa humanidad no hay amnistía que valgan, ni tampoco prescriben los delitos. A pesar de ello, se han negado a archivar la denuncia de los sindicatos fascistas y sentar a Garzón en el banquillo. Saben perfectamente que la resolución de investigar estos crímenes se ajusta a derecho y a pesar de ello siguen intentando encauzar a Garzón. Eso, consideramos que es prevaricación y por este motivo hemos presentado la querella contra estos dos magistrados del Supremo

–El ex fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha sido muy duro con sus críticas al Tribunal Supremo en el acto de apoyo a Garzón.
–Estoy en todo a favor de lo que dijo Jiménez Villarejo. Yo pienso, tal y como he dicho en otras ocasiones, que parece como si Franco siguiese paseándose por los tribunales y ahora esta frase está más vigente que nunca con la denuncia de Falange y Manos Limpias contra Garzón.
­–Los tribunales de la isla han desestimado todas sus denuncias. ¿Cuál es el motivo?
–Cuando presentamos la primera denuncia, ya teníamos claro que debía ser ante la Audiencia Nacional. Se trata de crímenes contra la humanidad y así lo empezó a instruir Baltasar Garzón. Los fiscales se opusieron alegando falta de competencia y provocaron una reunión de la Sala de lo Penal para paralizar el proceso. A raíz de todo ello, Baltasar Garzón se inhibió en favor de los tribunales territoriales. Tanto el de Manacor por la fosa de Porreres, como el de Palma por la de Calvià, desestimaron investigar alegando falta de competencia. Lo mismo ocurrió con la Audiencia Provincial.

–¿Cuándo cree qué se abrirán las fosas comunes de Porreres y Calvià?
–En estos momentos es muy complicado vaticinar una fecha, dada la situación judicial que se ha generado. Cuando nosotros empezamos a trabajar las peticiones que teníamos de familiares eran de personas que creíamos podían estar enterradas en estas dos fosas. Al presentar la denuncia ante la Audiencia Nacional para que el Estado se responsabilizara de las exhumaciones, y el juez Garzón la admite a trámite, presentamos toda la documentación que teníamos y que básicamente era de las fosas de Porreres y de Calvià. Ahora, con todo lo que ha pasado con la imputación de Garzón por investigar estos crímenes, no sabemos lo que puede ocurrir. Hemos pasado de la alegría al darnos la orden para abrir las fosas a la decepción cuando el juez se inhibió después de ser encausado por el Supremo.

­–¿Piensan seguir adelante en su cruzada?
–Llegaremos hasta donde haga falta. Estamos preparando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que primero debemos agotar las vías judiciales en España antes de acudir a los tribunales europeos. Pensamos llegar hasta el final. Nosotros creemos que no debemos ser las asociaciones las que investiguen e intenten recuperar la memoria histórica. Debe ser el Estado, pero ante la indefinición de las instituciones no nos queda otro remedio que denunciar ante los tribunales. Nuestra esperanza es conseguir que se pueda investigar en la Audiencia Nacional. A pesar de ello, las víctimas pueden estar tranquilas, seguiremos luchando e investigando para recuperar la memoria de tanta gente que fue asesinada y desapareció de forma forzada.

–¿La nueva Ley de Memoria Històrica puede servir para abrir los procesos de investigación?
–No está sirviendo para asumir el derecho de las víctimas. Nosotros ya advertimos que esta ley no tendría utilidad. Es complicadísimo aplicar esta ley, ya que lo que dice es que las asociaciones pidamos subvenciones para buscar a nuestros desparecidos. ¿Los familiares de víctimas del franquismo no pagamos igual que los otros, como por ejemplo las víctimas del terrorismo? Fue un acto de injusticia, ya que fueron asesinados. Por consiguiente el proceso lo deber iniciar el Estado al tratarse de crímenes contra la Humanidad.

¿Cómo nació la asociación Memòria de Mallorca?
–Nacimos a raíz de la inquietud de familiares desaparecidos, como yo que estoy buscando a mi abuelo, que un día organizamos una reunión y vimos la necesidad que tenía la gente de recuperar la memoria de sus familiares desaparecidos de forma forzada. Fue el año 2003 y allí empezamos a fraguar la denuncia que posteriormente presentamos.

–¿Debieron escuchar historias espeluznantes en este encuentro?
_Quedamos colapsados porque asistieron más de 30 personas, gente mayor que no se conocían entre ellos. Fue muy duro escuchar testimonios como el de una mujer de Llucmajor que fusilaron a sus padres cuando su madre estaba embarazada de 7 meses. Gente que explicaba que a sus abuelos los habían quemado vivos o el caso de una familia que pidió recuperar el cuerpo y la condición que pusieron los falangistas era que antes debían mear encima del cadáver. Así muchos otros casos que nos hicieron comprender que necesitábamos profesionales para evitar que estas familias sigan sufriendo. Una situación que ha marcado y sigue marcando las generaciones futuras de nuestras familias.

–Hay partidarios de no remover las heridas del pasado en base a una Ley de Amnistía y al silencio pactado durante la transición.
–La Ley de Amnistía, a parte de ser una ley preconstitucional, no tiene sentido aplicarla a las victimas de la guerra debido a que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y estos no prescriben. Además, para aplicar una ley se debe haber investigado y condenado y sobre nuestros desaparecidos no se ha investigado nada en absoluto. Es una ley de punto y final. Yo entiendo que en la transición hubiera un pacto de silencio, pero ahora ya no tiene objeto de ser y si se entiende que se cometió un error se debe subsanar. Las personas que piden no remover el pasado que se planteen como actuarían si tuvieran un padre, una madre o un familiar tirado como un animal en una fosa común.

–De todas formas, hubo víctimas en ambos lados.
–Hasta el 18 de julio de 1936 no hubo asesinatos. Fue a raíz del levantamiento en armas contra un gobierno democráticamente elegido cuando empezaron a producirse las desapariciones forzadas y los fusilamientos. En Mallorca básicamente los represaliados fueron del bando republicano, aquí cogieron el mando los nacionales.

–¿Qué le parece la moda de los ayuntamientos de declarar hijos ilustres a los políticos represaliados.
–Es un incongruencia total. Por ejemplo el que fue alcalde de Palma, Emili Darder, y el presidente de la diputación, Jaume Garcias Obrador, están proclamados hijos ilustres, pero a la vez existe una sentencia que los condena por traidores. Esta sentencia continúa hoy vigente. Me parecen bien los nombramientos de hijos ilustres porque al fin y al cabo es un acto de reconciliación, pero siguen estando condenados como traidores. Es el mundo al revés.

–¿Cuántas fosas calculan pueden existir en Mallorca?
–En la mayoría de cementerios puede existir una fosa. Tenemos localizadas las de Porreres, Calvià, Manacor, Montuïri y Palma. Es muy difícil precisar una cifra exacta. También hay que tener en cuenta que utilizaban muchos pozos para arrojar los cadáveres y pueden existir centenares. Tenemos un testimonio de un pastor que cuando era joven pasó junto a un pozo de una finca de Llucmajor y escuchó en su interior sollozos. Su sorpresa fue mayúscula al ver personas agonizando dentro y avisó al propietario de la finca. La respuesta del señor de la finca fue que se callara sino quería que su cuerpo también terminara agonizando en un pozo de Llucmajor.

–¿Tienen contabilizado el número de desaparecidos que se registraron en Mallorca a partir de 1936?
–Es difícil saberlo, pero calculamos que unas 3.000 personas fueron sometidas a desapariciones forzadas. Los falangistas los pusieron en libertad y así consta en los archivos, pero en realidad fueron asesinados minutos después de conseguir su liberación. Muchos desaparecieron físicamente y socialmente. Éste creemos que puede ser el caso de Julià Fullana Monserrat que es uno de los desaparecidos que sus familiares han presentado una denuncia en Argentina. Nosotros pusimos en contacto la familia con los abogados argentinos. Creemos que este señor, que era el gerente de la cooperativa socialista La Hormiga, está enterrado en Porreres.

–¿Qué significaría abrir las fosas para los familiares de las víctimas?
–Sería una reparación bestial. A partir de aquí podríamos empezar a pasar página y hablar de una verdadera conciliación con las víctimas. El hecho que no se haga todo lo posible para encontrar a los desaparecidos de forma forzosa es lo que está haciendo daño a los familiares de las víctimas.

-El president Antich les prometió en 2008 una Ley de Fosas que les permitiría proceder a la exhumación de Cadáveres. ¿En qué proceso está?
–Estamos del todo decepcionados y tristes por la actitud del Govern con las víctimas de los crímenes franquistas. Es cierto, el president Antich nos prometió una Ley de Fosas similar a la de Catalunya y lo único que han hecho ha sido pasarse la pelota de uno a otro. En vez de una ley lo que hicieron en el Parlament fue instar al Gobierno central para que investigue las desapariciones. El Consell de Mallorca si que nos está ayudando en nuestra causa.

–¿Siguen trabajando en las investigaciones?
–Hace unos años pusimos en marcha un banco de ADN, donde tenemos recogidas unas 140 muestras de familiares de la gente que creemos que está en las fosas comunes de Porreres y de Calvià. Lo iniciamos hace bastante tiempo con el objetivo de que cuando podamos abrirlas, con estas muestras, será mucho más fácil identificar a los cadáveres. Quiero agradecer a la UIB su colaboración para la obtención de estas muestras. Tenemos el ADN congelado en los laboratorios de la Universitat.

PERFIL
Maria Antònia Oliver
Maria Antònia Oliver París es empresaria de profesión, está casada y con dos hijos. Desde antes del año 2000 está trabajando e investigando para recuperar la memoria historica de muchos fallecidos durante la Guerra Civil. Inició las investigaciones en busca su abuelo materno desaparecido y asesinado en 1937. Es presidenta de Memòria de Mallorca desde el año 2003.

Diario de Mallorca

Información Impunidad…

Esp – Falange Española de las JONS, reconocida jurídicamente por la «Ley de la Memoria», busca confirmar su legalidad en el Tribunal Supremo mediante la querella contra el juez Garzón.

---

I) Abogado que se opuso a la condena de Adolfo Scilingo y recurrió la sentencia por crímenes contra la humanidad, encabezaría en Buenos Aires una denuncia por los crímenes del franquismo.

Nota Documental del Equipo Nizkor

«Víctimas y organizaciones humanitarias denunciarán los crímenes del franquismo»

La dictadura de Francisco Franco (1939-1975) será denunciada penalmente por el delito de ‘genocidio’, el próximo miércoles 14 en los juzgados de Buenos Aires, por familiares de dos víctimas de aquel régimen de fuerza, con el apoyo de las Abuelas de Plaza de Mayo y el Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros organismos.

Así lo anunció este viernes a elmundo.es el abogado hispano-argentino Carlos Slepoy -Premio Internacional 2008 de la Asociación de Derechos Humanos de España- que actuó de querellante en el proceso que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón llevó adelante contra la dictadura argentina (1976-1983).

«La denuncia se radicará el 14 de abril porque es el aniversario de la Segunda República española y para ello viajarán especialmente desde España varias personalidades, entre ellas, el presidente de la Asociación por la Memoria Histórica, Emilio Silva», confió el letrado.

La historia de los denunciantes

En la denuncia dos familiares directos de víctimas de Franco, que viven en Argentina, solicitarán ser querellantes: Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei; e Inés García Holgado, sobrina de un desaparecido y nieta sobrina de dos fusilados.

Rivas Cando permaneció como desaparecido hasta que en 2005 fueron encontrados sus restos en una fosa común. «Reclamo algo que me corresponde: Justicia para gente que fue asesinada sin justicia. No estoy reclamando para mí solo, sino por todas las víctimas. Franco dijo que iba a dejar todo bien atado y que iba a seguir gobernando después de muerto y en España se siguen sufriendo los 40 años de dictadura», afirmó su hijo.

Slepoy explicó que la querella de los deudos «solicitará el ejercicio de la jurisdicción universal en los crímenes contra la Humanidad, que es la misma jurisdicción que se aplico en los tribunales españoles para procesar a las dictaduras de Argentina, Chile, Guatemala, y hasta para condenar en Madrid al represor argentino Adolfo Scilingo».

Investigación desde el 17 de julio de 1936

«El período a investigar será desde el 17 julio de 1936, porque ese día el franquismo ya perpetró crímenes, aunque el alzamiento castrense fue un día después, el 18, hasta el 15 de junio de 1977 cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas» , precisó el abogado al salir de la reunión de organismos de Derechos Humanos en que se adoptó esta decisión.

También adelantó que «se solicitará que España remita la lista de todos los ministros que hubo en la dictadura de Franco, así como de los jefes de las Fuerzas Armadas, y de la Falange Española. Y la relación de los que aún están vivos, con el objetivo de desarrollar pruebas en el procedimiento y eventualmente imputar a algunos de ellos».

«Muchos familiares de ejecutados, desaparecidos y torturados que viven en España calculamos que vendrán a Argentina a dar sus testimonios y así se va a producir el mismo efecto, pero en sentido inverso, que existió cuando los argentinos y chilenos viajaban a Madrid a declarar en la Audiencia Nacional», agregó.

Slepoy redondeó su idea en que «pretendemos que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad del franquismo no queden impunes», en referencia a la paralización de la causa que instruía el juez Garzón hasta que ha sido acusado, entre otros, por la Falange de supuesta prevaricación en la interpretació n de la Ley de Memoria Histórica.

[Fuente: Juan Ignacio Irigaray, Diario El Mundo, Madrid, Esp, 10abr10]

---

Nota documental de Equipo Nizkor: Ante éste y otros artículos periodísticos aparecidos en distintos medios, por medio de los cuales se informa que el abogado argentino Carlos Slepoy «denunciará ante la justicia local los crímenes cometidos durante el franquismo en España» (Diario La Jornada, México, 11abr10), y ante el anuncio que según estos medios ha realizado el mencionado abogado en el sentido de que «los familiares de las víctimas de la dictadura de Francisco Franco se presentarán en la Justicia argentina ateniéndose a la jurisdicción universal y abrirán una querella por genocidio en su país», consideramos necesario clarificar algunos extremos en aras de la adecuada información de las víctimas del franquismo y sus familiares, pues se trata de hechos documentados en sede judicial y que afectan al comportamiento tanto ético como profesional de dicho abogado:

Carlos Slepoy Prada, y otros abogados, entre ellos José Luis Galán, se opusieron activamente, en forma pública y dentro del procedimiento, a la detención del capitán de corbeta de la Armada argentina Adolfo Scilingo (como quedó acreditado al inicio de la instrucción y con posterioridad durante el juicio oral), detención que pudo garantizar la posibilidad de juicio oral en el procedimiento que se seguía en España y el llegar a sentencia (como procesalmente sucedió). Esta oposición se basaba en que el abogado Carlos Slepoy pretendía impedir el testimonio de Adolfo Scilingo sobre la actuación de los colaboradores de la ESMA, como Juan Alberto Gasparini y otros, posición que mantuvo activamente hasta el final del procedimiento.

Una vez recaída la sentencia condenatoria contra Adolfo Scilingo por crímenes contra la humanidad, anunció en el marco del procedimiento que recurriría la misma (ver: http://www.derechos .org/nizkor/ espana/juicioral /doc/recursosent 2.html), y efectivamente así sucedió (ver escrito de recurso de casación ante el Tribunal Supremo español, de 12ene06, disponible en: http://www.derechos .org/nizkor/ espana/juicioral /doc/casacion. html).

Este abogado no usó el derecho penal internacional ni el derecho internacional de los derechos humanos en la calificación de los hechos cometidos por el acusado Adolfo Scilingo, ni en la provisional ni en la definitiva, como puede comprobarse en los correspondientes escritos jurídicos. (Ver: http://www.derechos .org/nizkor/ espana/juicioral /doc/provisional .html y http://www.derechos .org/nizkor/ espana/juicioral /doc/def. html). La expresión crímenes contra la humanidad no se emplea en ninguno de los escritos menionados, mucho menos se fundamenta este tipo penal. Tampoco se fundamenta en derecho internacional la meramente alusoria mención a «genocidio». En el proceso oral se debatieron por tanto dos posiciones doctrinales: la representada por todas las acusaciones populares y particulares incluidas las representadas por los letrados Carmen Lamarca Pérez, Manuel Ollé Sese, Jaime Sanz de Bremond y Mayans, José Luis Galán Martín, Juan Puig de la Bellacasa y Carlos Slepoy Prada que defendió el tipo penal de «genocidio y terrorismo» y la no aplicación del derecho internacional, versus, la representada por el letrado Antonio Segura que contaba con el asesoramiento del Equipo Nizkor, y defendía que los hechos probados debían ser calificados como «crímenes contra la humanidad» y debía aplicarse el derecho internacional. Tanto la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como el Pleno Jurisdicional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, confirmaron que los hechos probados se corresponden con el tipo penal de «crímenes contra la humanidad», cerrando así un debate que duró once años y que se pretende nuevamente reavivar respecto de los crímenes del franquismo. Otro aspecto de la estrategia jurídica en que ambas posiciones se diferenciaban, es que el Equipo Nizkor fundamentó y fortaleció la prueba de la existencia de víctimas españolas (desaparecidos) de la dictadura argentina, para así procurar el primer reconocimiento jurídico a las mismas y afianzar la competencia de los tribunales españolas (estrategia que resultó exitosa), frente al enfoque encabezado por Carlos Slepoy Prada contrario a esa estrategia y explicitado en su oposición a la representació n en el juicio de los desaparecidos españoles en Argentina. Durante la fase de investigación del procedimiento seguido en España, el periodista Juan Alberto Gasparini (alias «Gabriel Argento», «Esteban Garrido», «Alejandro Levi»), interpuso demanda por derecho al honor contra Gregorio Díaz Dionis (Presidente del Equipo Nizkor), Isabelo Herreros (Presidente de Izquierda Republicana) y contra José Francisco Pérez Esteban, integrante de la ejecutiva de Izquierda Republicana, y, en ese carácter, ambos integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida.

El juez de lo civil dictó sentencia el 17 de marzo de 1999 desestimatoria de la demanda y condenó en costas a Juan Alberto Gasparini. El juez llegó a esta conclusión tras presentar los demandados pruebas documentales que llevaron a su Señoría a afirmar literalmente que «… fue dirigida la misiva con la finalidad en relación al Sr. Gasparini, que es la cuestión que nos ocupa, de poner de manifiesto la existencia de ‘pruebas’ o ‘testimonios’ que le podrían vincular al actor con el Almirante Massera o con el golpe de estado que tuvo lugar en Bolivia en el año 1980. A estos efectos, como se desprende de la documental aportada con la contestación a la demanda, sí que existirían una serie de documentos o declaraciones incluso, que constan en la causa penal instruída en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de los de la Audiencia Nacional que apoyarían lo que pone de manifiesto la carta en cuestión, lo cual implica que sea el Juzgado correspondiente en el caso de la Jurisdicción Penal, quien debe proceder en la forma que considere en relación a tales cuestiones» (Juzgado de Primera Instancia Núm. 5 de Madrid, Sentencia de 17 de marzo de 1999, Autos 1167/97). Tal misiva consiste en una carta remitida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia Federal de Izquierda Unida a D. Fernando Rueda, Redactor Jefe de la Revista TIEMPO, en la que se comunicaba confidencialmente a este medio, siguiendo lo extractado por el Juez en su sentencia, que «prestigiosos organismos de Derechos Humanos de varios países disponen de suficientes pruebas (algunas obran ya en nuestro poder), con algunos testimonios escritos, que señalan a su corresponsal en Ginebra, Juan Gasparini, como colaborador del Almirante Massera antes de 1978 y cómplice en 1980 en el golpe de estado de García Meza en Bolivia (conocido como el golpe de los narcotraficantes) , hecho que actualmente comienza a investigarse en ese país a causa del asesinato del líder socialista boliviano Quiroga Santa Cruz, asesinado por esbirros de la Escuela Mecánica de la Armada que participaron en aquellos hechos y entre lo que destacaron el oficial de inteligencia naval Pernia, el torturador Alfredo Astiz y varios colaboradores voluntarios del entonces Ministro de Relaciones Exteriores argentino.»

El letrado Carlos Slepoy compareció ante el Juez de lo civil como testigo a favor de Juan Alberto Gasparini y contra quienes en el procedimiento en favor de los desaparecidos españoles durante la dictadura argentina seguido en la Audiencia Nacional promovían la aplicación del derecho penal internacional, entre ellos, Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor.Tal comparecencia está también acreditada en autos (Ref. Autos 1167/97, procedimiento sustanciado ante el Juzgado de Primera Instancia Núm. 5 de Madrid).

Ante estos hechos, todos ellos documentados en sede judicial española, y ante la expectativa que la anunciada iniciativa en Buenos Aires pudiera despertar entre los familiares y asociaciones de víctimas de la represión franquista, nos vemos en la obligación moral de informar a las mismas, más aún cuando el apoyo a la iniciativa por parte de las asociaciones españolas se da precisamente por parte de Emilio Silva, que representa un grupo minoritario de asociaciones que viene promoviendo exhumaciones de fosas del franquismo sin procedimiento judicial alguno, en lo que podríamos calificar, sin duda procesal alguna, como destrucción de las pruebas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, posición que no comparten la mayoría de las asociaciones de víctimas del franquismo, entre ellas, la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo (AfarIIREP), la Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español – AGE (Archivo Guerra y Exilio) y la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

Es de destacar, además, que Emilio Silva apoya la conocida como «Ley de la Memoria», en posición contraria a la defendida por el único diputado que se opuso a la misma en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà i Coma, perteneciente al partido Esquerra Republicana de Catalunya.

Es moralmente reprobable que las víctimas republicanas muertas a manos del franquismo sean tratadas como restos arqueológicos en España a causa de la Ley de la Memoria y que quienes apoyan esa Ley pretendan entablar la demanda contraria en Argentina. Su dignidad merece mejor suerte.

Charleroi, Madrid, y Buenos Aires
12 de abril de 2010
Equipo Nizkor

Más información:
Equipo Nizkor
Móv (Arg): +54 9 11 65089296 [ESL]
Fijo (Bel): +32.71.798634 [FRA/ENG]

---

II) Garzón recurre el auto del Tribunal Supremo por declararse competente para juzgar al franquismo.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recurrido hoy ante el Tribunal Supremo (TS) el auto del magistrado del Alto Tribunal Luciano Varela que anticipa que le abrirá juicio oral por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

El recurso, que el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha presentado ante la sala de lo penal del TS, alega que la doctrina expuesta en el último auto de Varela «es contraria a Derecho e impone un serio riesgo para la independencia judicial».

En el recurso, al que ha tenido acceso Efe, Garzón alega que «han sido motivaciones ideológicas las que han movido a ciertas organizaciones y grupúsculos marginales a ejercer una acción penal» contra él y añade que esperaba que el Supremo «valorase estas espurias motivaciones a la hora de no prestar crédito a tal persecución ideológica».

[Fuente: Diario El Confidencial/ EFE, Madrid, Esp, 10abr10]

---

III) An Injustice in Spain.

Spain’s best-known investigative magistrate, Baltasar Garzón, is now being prosecuted in a politically driven case that should have been thrown out of court.

Judge Garzón is charged with ignoring a 1977 amnesty law when he decided to investigate the disappearances of more than 100,000 people during Spain’s 1930s civil war and the decade of Francoist repression that followed. The charges were brought by two far-right groups who fear an open investigation of the Franco-era record. Unfortunately, one of Mr. Garzón’s fellow magistrates sustained the complaint and brought formal charges this week.

As a result, he will now be suspended from his duties pending trial. If convicted, he could be barred from the bench for up to 20 years, effectively ending a career dedicated to holding terrorists and dictators accountable for their crimes. That would please his political enemies, but it would be a travesty of justice.

The real crimes in this case are the disappearances, not Mr. Garzón’s investigation. If, as seems likely, these were crimes against humanity under international law, Spain’s 1977 amnesty could not legally absolve them. The suspected perpetrators are all dead, and Mr. Garzón long ago halted his investigation, passing jurisdiction to local Spanish courts in the areas where the victims were exhumed.

Mr. Garzón is a fearless and controversial prosecutor who has made many enemies over the years. He has brought cases against Basque and Al Qaeda terrorists, powerful Spanish politicians, Latin American dictators and Russian mafia thugs.

High-profile cases, like his bid to try the former Chilean dictator Augusto Pinochet, appeal to him, and sometimes he overreaches. But his consistent goal has been to deny impunity to the powerful and expand the scope of international human rights law.

Mr. Garzón should be allowed to resume that work at the earliest possible date. Spain needs an honest accounting of its troubled past, not prosecution of those who have the courage to demand it.

[Source: New York Times Editorial, New York, 09Apr10]

---

IV) La caída de Garzón redobla la presión internacional para derogar la ley de Amnistía.

Baltasar Garzón se dispone a agotar su último recurso ante el Tribunal Supremo para evitar sentarse en el banquillo por prevaricación. Dentro de ocho días, el instructor Luciano Varela dictará auto de apertura de juicio oral, y el próximo 22 de abril el Consejo General del Poder Judicial le apartará de la Audiencia Nacional. Esta inminente caída del juez estrella ha despertado un movimiento de protesta entre la izquierda todavía muy disperso en España. Partidos políticos, sindicatos, asociaciones de derechos humanos, y plataformas ciudadanas en internet tratan de presionar al Alto Tribunal, pero en el ámbito internacional las demandas van más allá: el objetivo ya no es salvar al magistrado, sino poner fin a la ley de Amnistía de 1977.

Varela impidió que la defensa del juez internacionalizara la investigación llamando a declarar a un grupo de apóstoles de la justicia universal. El instructor del Supremo alegó que se trataba de una «desconsideració n» a la Sala Penal del Alto Tribunal el tener que recurrir a opiniones foráneas como las de Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal de Derecho Penal Internacional de Naciones Unidas; Juan Guzmán, juez chileno de la causa contra Augusto Pinochet; o Eugenio Raúl Zaffaroni, magistrado argentino que participó en la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia.

Sin embargo, el caso Garzón no ha pasado desapercibido en el exterior, y organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional (AI) o la Comisión Internacional de Juristas han aprovechado para dirigir sus exigencias hacia la derogación de la ley de Amnistía acordada durante la Transición. En un comunicado emitido ayer, AI recordaba que este tipo de leyes «no pueden entrar en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos, y éstas dicen claramente que el crimen de la desaparición forzada no es amnistiable, es imprescriptible, y que entorpecer su investigación es un delito».

Asimismo, esta organización señala la contradicción de que la Audiencia Nacional haya asumido la competencia para perseguir crímenes en Chile o Argentina, pero no pueda hacerlo para investigar en su propio país. Fuentes de AI España aseguraron que están siguiendo con preocupación el caso, y que no se descarta una movilización de la organización en todo el mundo si no se detiene el proceso contra el juez.

Muy similar es la posición de Human Rights Watch, que en marzo ya advirtió a las autoridades españolas que deben cumplir la recomendación de Naciones Unidas para poner fin a la ley de Amnistía. Esta organización reconoció «la contribución de la labor del magistrado Garzón para obtener justicia por atrocidades cometidas en todo el mundo», y denunció que la Justicia española ha impedido «sistemáticamente» las investigaciones sobre los abusos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura.

Los sindicatos lideran la movilización en España

Por otra parte, fuentes de la Comisión Internacional de Juristas subrayaron a este diario que, más allá de su respaldo a Garzón, su preocupación se centra en el posible menoscabo a la independencia de los jueces en España, si pueden ser perseguidos penalmente por las decisiones que tomen en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que la decisión de sentar en el banquillo al juez estrella está generando un efecto que va más allá del debate en torno a su figura, y que ni siquiera se planteó durante la elaboración de la ley de Memoria Histórica. Las organizaciones internacionales han resucitado la vieja demanda de poner fin a la amnistía, y pueden poner en tela de juicio el funcionamiento de la Justicia española.

Este discurso ha calado en las crónicas de los medios internacionales que se han ocupado del caso Garzón. The New York Times, The Guardian, BBC o Los Angeles Times han dado voz a las citadas organizaciones, y planteado el problema en torno al juez de la Audiencia Nacional como una respuesta del Estado a su interés por los crímenes del franquismo, en lugar de analizar la controvertida carrera del magistrado.

Mientras, en España sigue sin aglutinarse una respuesta única a favor del juez imputado. Ya se han producido manifestaciones minoritarias ante la Audiencia Nacional, y el 13 de abril UGT y CCOO celebrarán un acto conjunto de respaldo en Madrid. Desde el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero o Manuel Chaves han tenido palabras de apoyo a Garzón, e Izquierda Unida ha advertido de la contestación social que puede provocar su condena. Además, han surgido diversos grupos en Facebook, tanto en castellano como en inglés, por lo que la presión nacional e internacional sobre el Tribunal Supremo no ha hecho sino comenzar.

[Fuente: Alberto Mendoza, El Confidencia, Madrid, Esp, 09abr10]

---

V) Spanish judge Garzon may face trial for abuse of power.

The Spanish judge who won fame for his attempt to extradite former Chilean dictator Augusto Pinochet could go on trial himself after Spain’s Supreme Court ruled he had likely abused his powers.

Spain’s highest court ruled on Wednesday that Judge Baltasar Garzon likely abused his judicial powers in improperly investigating alleged human rights crimes carried out during the dictatorship of Francisco Franco in Spain.

The judge who made headlines around the world could go on trial himself.

In 2008, Garzon ordered an investigation into an estimated 100,000 people who were shot and buried during Spain’s 1936-39 civil war and under Franco’s ensuing rule.

The investigation was later dropped by Garzon.

However, several right-wing groups complained he had knowingly exceeded his official remit during the investigation. On Wednesday a magistrate upheld the complaint, saying Garzon had acted without jurisdiction.

«Aware of his lack of jurisdiction and that the crimes reported lacked penal relevance when the proceedings began, (Garzon) built a contrived argument to justify his control of the proceedings he initiated,» Luciano Varela, an investigating magistrate on the Supreme Court said in the ruling.

Garzon faces up to ten years in prison and a ban on working as a judge if found guilty. He has strongly denied that he broke the law.

Hero or fame-seeker?

Garzon is a divisive figure in Spain. Seen as a hero by leftists and international human rights groups, he is accused by Spanish conservatives of harboring grudges and seeking the media limelight with his pursuit of high-profile cases.

He made headlines around the world in October 1998 when he ordered the arrest of former Chilean dictator Augusto Pinochet in London under the principle of «universal jurisdiction. «

Universal jurisdiction holds that heinous crimes like torture or terrorism can be tried in Spain even if they had no direct link to the country.

Garzon has also been active in Spain’s crackdown against the Basque separatist group ETA and is reported to be on their list of assassination targets.

[Source: Deutsche Welle, cb/Reuters/AFP, 08Apr10]

---

VI) Las asociaciones de jueces creen que el auto de Varela es el paso definitivo para la suspensión.

Las asociaciones de jueces creen que la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de proceder penalmente contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar, sin ser competente para ello, las desapariciones durante el franquismo es el paso definitivo para la suspensión de Garzón.

En declaraciones a Europa Press, los portavoces de Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) coincidieron en señalar que el último paso dado por el magistrado del Supremo significa, «sin lugar a dudas», que el alto tribunal considera que hay indicios suficientes para «proceder» contra Garzón, con lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) procederá a apartarle de sus funciones.

Según Antonio García, de la APM, el auto de Varela es una resolución «en la que material y formalmente se contiene una imputación por un eventual delito de prevaricación» , es decir, «es un auto de imputación desde el punto de vista formal y material en el que se ha declarado haber lugar a proceder contra Garzón». Por ello, y dado que esto supone una de los supuestos que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para suspender de sus funciones a un magistrado, «lo que cabe esperar es que el CGPJ suspenda» al juez.

El portavoz de JpD, Ignacio Espinosa, también cree que la eventual suspensión de Garzón podría ser inminente, ya que si antes «había dudas» de que la apertura de diligencias previas se ajustaba a los supuestos de la LOPJ –que contempla la suspensión de un juez «cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder» contra él– con el último paso de Varela «ya sí» estamos ante un procedimiento judicial. «Es un paso más para sentarlo en el banquillo, con lo cual es seguro que la Comisión Permanente (del CGPJ) lo va a suspender», estimó Espinosa, que se mostró convencido de que esta será la decisión del máximo órgano de gobierno de los jueces.

«Situación anómala» sin fiscal

Por su parte, el portavoz de la AJFV, Marcelino Sexmero, también coincidió en considerar que esta «imputación formal» de Garzón «podría dar lugar» a su suspensión, aunque apuntó que habrá que «ver qué hace el CGPJ», porque «el criterio siempre ha sido que si el fiscal no está en la querella no hay suspensión».

Sexmero aseguró que «nunca se había dado un caso similar a éste», en el que una denuncia contra un juez sin el apoyo del fiscal llegara tan lejos. «Como es un caso novedoso, vamos a ver qué decide», insistió. Conrado Gallardo, del FJI, también apuntó que la ausencia de acusación del Ministerio Público ha creado una «situación muy anómala», ya que «normalmente en un asunto tan grave» la denuncia a un juez «debería tener el resplado de la acusación del fiscal».

En cualquier caso, en su opinión, ahora «la única duda» es ver si el Consejo va a actuar ya o va a esperar a que las partes formulen sus acusaciones, ya que el auto de apertura de juicio oral (el siguiente que cabría esperar) sería «algo automático». A su juicio, una vez formulada la acusación «sería grave que no se procediese a la suspensión».

[Fuente: Diario La Vanguardia, Europa Press, Barcelona, 07abr10]

---

VII) El ‘caso Garzón’ propicia una nueva mayoría en el CGPJ al margen de los grandes partidos.

Baltasar Garzón, o el caso del juez de la Audiencia Nacional sobre el que pesan tres querellas admitidas a trámite por el Tribunal Supremo (TS), ha provocado un notable corrimiento de fuerzas en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al margen de la tradicional división derecha-izquierda existente en el órgano de gobierno de los jueces. Una parte de los nueve vocales «progresistas» (nombrados por el PSOE) han hecho causa común con el bloque «conservador» y parecen dispuestos a votar a favor de la suspensión cautelar del polémico magistrado.

Fuentes cercanas al Consejo consultadas por este diario aseguran que la eventual suspensión del juez de la Audiencia Nacional se producirá «a lo largo de mayo», y no antes de que el Supremo decida sobre la apertura de juicio oral o, en su caso, el archivo de la causa. De las tres querellas admitidas a trámite, la más avanzada y sobre la que el TS podría decidir de inmediato es la relativa a la Memoria Histórica o «causa general contra el franquismo» abierta por el juez, procesalmente pendiente ya de un último recurso planteado por el propio Garzón.

Aunque la decisión de inhabilitarlo debería ser tomada por la Comisión Permanente del CGPJ como órgano que actúa por delegación del Pleno, la importancia del asunto a dilucidar ha convencido al presidente, Carlos Dívar (nombrado por acuerdo entre Zapatero y Rajoy), y a la práctica totalidad de los vocales de que el asunto se trate en Pleno. El Consejo está compuesto por 21 vocales, presidente incluido, nueve nombrados a propuesta del PSOE, otros nueve por el PP y dos por los partidos nacionalistas catalán y vasco.

Lo llamativo del «corrimiento de tierra» operado por el caso Garzón, un asunto que ha puesto en vilo a la cúpula judicial y a la propia sociedad española, es que el llamado bloque progresista se ha partido en prácticamente dos mitades, una de las cuales estaría dispuesta a votar junto al bloque «conservador» para conformar una nueva mayoría que, trascendiendo a la tradicional división en bloques izquierda-derecha, podría consolidarse hasta representar una auténtica revolución en el órgano de gobierno de los jueces.

Se trata de los vocales «progresistas» Félix Azón, Inmaculada Montalbán, Carles Cruz y Margarita Robles, magistrados puros y duros, partidarios de la suspensión del juez en cualquier caso, dada la gravedad de las tres querellas que pesan contra él. Particular relevancia tiene el caso de Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior con Felipe González, miembro de Jueces para la Democracia (JpD), que, sin embargo, ha decidido abstenerse en la votación de marras después de ser recusada por Garzón dada la «enemistad manifiesta» que, según el propio juez, le profesa.

¿Qué quedaría en el cogollo más pro PSOE de entre los «progresistas» ? Pues el cuarteto formado por los vocales Gabriela Bravo (de la carrera fiscal y portavoz del CGPJ), Almudena Lastra (también fiscal), Miguel Carmona y José Manuel Gómez Benítez, abogado e íntimo amigo de Baltasar Garzón, además de hombre de confianza del Gobierno para cuestiones sensibles relacionadas con ETA y su entorno. Con este cuarteto suele votar la vocal Margarita Uría, ex diputada del PNV y propuesta por esa formación para formar parte del CGPJ. El representante de CiU en el CGPJ es Ramón Camp, ex vicepresidente segundo del Parlamento catalán y ex diputado de dicha formación.

División también en el bloque conservador

Pero tampoco se puede hablar de que el bloque conservador sea monolítico. En dicho bloque, en efecto, figuran los vocales Claro José Fernández-Carnicero, letrado de las Cortes, y Concepción Concha Espejel, presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, conocidos con cierto deje irónico como los enfant terribles del grupo conservador, que suele hacer sus pinitos la margen del grupo.

Teniendo en cuenta los tres vocales que han anunciado su abstención en la correspondiente votación (los ya citados Robles, Gómez Benítez, y el vocal vinculado al PP Fernando de la Rosa -ex conseller de la Generalitat valenciana-, también recusado por Garzón), serían 18 los vocales del CGPJ sobre los que recaería la tarea de decidir la suspensión de Garzón, por lo que el voto favorable a la misma de 9 de ellos, mayoría simple, sería más que suficiente para apartar al juez cautelarmente de la carrera.

Un objetivo, el de los 9 votos, fácilmente alcanzable con la suma de los 7 vocales conservadores partidarios sin remilgos de suspender al juez, más los 3 ó 4 -dependiendo de la decisión final que adopte Inmaculada Montalbán- del bloque progresista. En total, 10 votos seguros -11, en su caso- a favor de la suspensión de titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Y ello sin contar con la decisión que adopten los dos mencionados vocales terribles de adscripción PP.

«En realidad, el CGPJ podría sacar ahora mismo adelante la suspensión cautelar del magistrado», aseguran las fuentes, «porque el artículo 383 de la LOPJ es taxativo a la hora de calificar la situación de un juez con tres causas abiertas, pero sería una victoria ajustada a pesar de todo. El Consejo, a sabiendas de las críticas que está recibiendo por ello, ha decidido esperar a que el instructor Luciano Varela, del TS, dicte la apertura de juicio oral, porque en ese caso la decisión del CJPJ podrá presumiblemente adoptarse por unanimidad».

[Fuente: Diario El Confidencial, Madrid, Esp, 07abr10]

---

viii) Garzón se sentará en el banquillo por prevaricación en la causa que abrió contra el franquismo.

La querella fue interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias | Se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y Falange Española y de las JONS | Garzón se enfrenta a una posible condena de multa e inhabilitació n.

Madrid. (Europa Press).- El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha transformado las diligencias contra el juez Garzón por abrir una causa contra el franquismo en un procedimiento abreviado, por lo que el magistrado de la Audiencia Nacional deberá sentarse en el banquillo. Esta decisión conllevará según la Ley, conllevará su suspensión provisional, que será decidida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) previsiblemente el próximo 22 de abril.

[Fuente: Diario La Vanguardia/Europa Press, Barcelona, 07abr10]

---

Más Información:
http://www.derechos .org/nizkor/ espana/impu/

Texto del Auto del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela disponiendo
proceder contra el Juez Baltasar Garzón por delito de prevaricación.
http://www.derechos .org/nizkor/ espana/doc/ garzon86. html

El Supremo sienta a Garzón en el banquillo a la espera de que el CGPJ le suspenda
http://www.derechos .org/nizkor/ espana/doc/ garzon87. html

El caso contra el juez Baltasar Garzón muestra las contradicciones
estructurales del sistema de impunidad español.
http://www.derechos .org/nizkor/ espana/doc/ garzon47. html

Nota de Derechos Human Rights sobre las acusaciones
contra el Juez Garzón.
http://www.derechos .org/nizkor/ espana/doc/ garzon46es. html

On the charges faced by Judge Garzon in Spain.
http://www.derechos .org/nizkor/ espana/doc/ garzon46. html

Jueces para la Democracia vaticina que Garzón será
absuelto por su causa contra el franquismo.
http://www.derechos .org/nizkor/ espana/doc/ garzon91. html

Dos abogados de provincias dejan noqueado al ‘superjuez’ Garzón
http://www.derechos .org/nizkor/ espana/doc/ garzon83. html

La Fiscalía no apoyará la suspensión de funciones
de Garzón.
http://www.derechos .org/nizkor/ espana/doc/ garzon45. html

Recurso de Apelación del Juez Baltazar Garzón en contra
del Auto de procesamiento por prevaricación en su contra.
http://www.derechos .org/nizkor/ espana/doc/ garzon43. html

Auto acusatorio en contra del Juez Baltasar Garzón a causa de su declaración
de competencia sobrevenida en el caso de víctimas del franquismo.
http://www.derechos .org/nizkor/ espana/doc/ garzon42. html

Auto de admisión a trámite de la querella contra Baltasar
Garzón por los cobros del Banco Santander en New York.
http://www.derechos .org/nizkor/ espana/doc/ garzon41. html

Página especializada sobre impunidad en España

This information has been disseminated on 12Apr10 by the Equipo Nizkor, Derechos Human Rights and Radio Nizkor. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Información es un servicio editado por el Equipo Nizkor. Esta información se envía desde California (USA), está sujeta a la legislación de ese país y tiene carácter gratuito y no comercial. Si no desean recibir mensajes de Información, envíe un mensaje a unsubscribe@ derechos. org. Si desea darse de alta, envíe un mensaje a subscribe@derechos. org. No responda a este mensaje; las respuestas a esta dirección electrónica no se atienden. Para ponerse en contacto con el Equipo Nizkor escriba a: nizkor@derechos. org

El Acoso al juez Garzón…Todos los enlaces de ELPAIS.com

Luciano Varela, en el centro, flanqueado por sus padrinos Adolfo Prego (izquierda) y Juan Carlos Campo, actual secretario de Estado de Justicia, el día de su toma de posesión como magistrado del Tribunal Supremo.- TRIBUNAL SUPREMO

Todos los enlaces de

• El destino de ‘dios’ en manos del juez Garzón

• «Es un escarmiento para no investigar el franquismo»

• AP sostuvo que la amnistía no era «buena medicina»

• Falange, el partido que no cree en los partidos

• La Justicia como dolencia, por JOSÉ JUAN TOHARIA
  

• Un golpe tras otro

• «Es un escarmiento para que ningún juez se atreva a investigar el franquismo»

• La Justicia como dolencia, el ‘caso Garzón’ como síntoma

REPORTAJE: El acoso al juez Garzón Los jueces del punto final…

Los mismos magistrados que admitieron la querella contra Garzón son los que han rechazado todos sus recursos y lo juzgarán por investigar el franquismo

JULIO M. LÁZARO – Madrid – 18/04/2010

Los jueces del punto final- SCIAMMARELLA

La querella del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón por su investigación del franquismo, a la que se ha sumado Falange Española de las JONS, ha permitido al juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela sentar en el banquillo a Garzón por un supuesto delito de prevaricación, castigado con inhabilitación para ejercer como juez por un periodo de 10 a 20 años. La apertura del juicio, la suspensión de funciones, el destierro de su despacho en la Audiencia y la foto del magistrado en el banquillo pondrán fin a la carrera de Garzón, antes incluso de que recaiga la previsible condena de inhabilitación.

A última hora, en plena lluvia de adhesiones a Garzón procedentes de todo el mundo, Varela ha conseguido el apoyo de los mismos magistrados que admitieron la querella, para que se corresponsabilicen con él del caso. Estos jueces han sido también los que denegaron a Garzón su último recurso y los que previsiblemente le juzgarán y dictarán sentencia.

– Juan Saavedra Ruiz, presidente de la Sala Penal del Supremo. El 20 de diciembre de 1999, Saavedra concedió una entrevista a este periódico después de ser elegido magistrado del alto tribunal:

Pregunta. «¿Qué opina usted sobre el nuevo tipo judicial que se ha denominado juez estrella, como podría ser Baltasar Garzón?».

Respuesta. «Soy totalmente contrario. Quizá tengo una concepción demasiado ortodoxa del ejercicio de la función judicial, y el juez estrella está jugando siempre con el principio de oportunidad».

La opinión «totalmente contraria» al «juez estrella» Baltasar Garzón que cultivaba en 1999 el hoy presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo no le ha impedido presidir las tres salas de admisión que han aceptado a trámite las tres querellas interpuestas contra el juez y que hasta ahora han rechazado todos sus recursos y denegado todas las peticiones de prueba.

Cofundador de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Saavedra pasó 13 años al frente de la Audiencia Provincial de Vitoria en los años difíciles del terrorismo aunque, según dijo él mismo entonces, nunca se había sentido «presionado por la situación».

De talante conservador moderado, Juan Saavedra había presidido sin apenas tropiezos la siempre conflictiva Sala de lo Penal del Supremo durante los últimos cinco años. Como presidente ha procurado ser un factor de estabilidad y un punto de encuentro entre el bloque conservador y el progresista, en parte porque no ha habido grandes tensiones en estos años, pero sobre todo porque ambos bloques ideológicos han admitido su autoridad como árbitro de casi todas las situaciones.

Pese al desequilibrio en estos últimos años en la Sala Penal a favor del bloque conservador (casi dos tercios de la plantilla de la Sala son ideológicamente afines al PP), Saavedra había sabido conciliar tendencias y actitudes y su mandato gozaba de reconocimiento y prestigio.

Esta situación de equilibrio empezó a cambiar tras la llegada a la Sala de los dos últimos magistrados, Luciano Varela y Manuel Marchena, fruto de las negociaciones que superaron la típica situación de bloqueo en el Poder Judicial, y que propulsaron a la Sala Penal a los dos candidatos más beligerantes de cada sector. Con el regreso al Supremo del magistrado Adolfo Prego al término de su mandato en el Consejo del Poder Judicial en 2007, quedó completada la deriva de la Sala Penal.

En el último año, el liderazgo moderado de Saavedra ha sido arrinconado por las posturas más derechistas y radicales de Prego, que pronto encontró seguidores entre los magistrados nombrados durante su etapa de vocal del Poder Judicial. El presidente ha ido cediendo terreno a remolque de este grupo, eludiendo enfrentamientos en un año en que toca renovar la presidencia de la Sala Penal y Saavedra apunta a repetir cargo.

Desde el inicio del caso Garzón, la etapa de moderación ha saltado por los aires. Sin su beneplácito posiblemente no se hubiese producido el encadenamiento de querellas contra Garzón. Su actitud hacia las asociaciones de víctimas del franquismo, a las que despachó con un destemplado «absténganse de perturbar al Supremo», le ha valido ya una querella por prevaricación. Y el escándalo mundial sin precedentes que ha puesto el foco sobre la Sala Penal del Supremo es, por ahora, el broche final a sus cinco años de presidencia.

– Adolfo Prego de Oliver, ponente de la querella de Manos Limpias. A diferencia del presidente Saavedra y del magistrado Joaquín Jiménez, Adolfo Prego, de 58 años, no se ha curtido como juez en los escenarios duros del País Vasco con su trasfondo de terrorismo, aunque el terrorismo es uno de los temas recurrentes en sus conferencias sobre la desintegración de España. Su imparable ascenso hasta el alto tribunal se ha proyectado desde la Audiencia Provincial de Segovia, uno de los destinos judiciales más cotizados por su proximidad a Madrid y su escaso índice de litigiosidad.

La trayectoria de Prego se ha cimentado sobre todo en sus afinidades ideológicas con el sector más ultraconservador de la Asociación Profesional de la Magistratura y del Partido Popular, que le colocaron en el Tribunal Supremo con 47 años durante la presidencia de José María Aznar.

Hábil, inteligente y muy táctico, Prego se ganó incondicionalmente al izquierdista Luciano Varela al consentir su nombramiento para el Supremo después de tres o cuatro fracasados intentos. Varela, agradecido, incluso le designó como padrino suyo en su toma de posesión. Aunque en el Poder Judicial ya dejó su impronta en estudios y dictámenes, en Internet pueden consultarse las declaraciones de Prego a la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos o en los cursos de verano de la fundación Defensa de la Nación Española (Denaes), en los que sostiene sin tapujos que la Constitución tiene tantos defectos que ha creado «más problemas que los que resuelve».

Asegura que a España la están «asfixiando» a través del BOE y rechaza desde el matrimonio homosexual a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pasando por la «nefasta» ley de violencia de género. La admisión de la querella de Manos Limpias contra Garzón provocó que las asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica denunciasen la condición de Prego como patrono de honor de Denaes y su apoyo a un manifiesto contrario a la Ley de la Memoria Histórica, por el que intentaron, sin éxito, su recusación.

Ahora es el hombre fuerte de la Sala Penal del Supremo y podría disputarle la presidencia de a Saavedra.

– Joaquín Giménez García, magistrado. Para muchos magistrados y juristas progresistas fue una dolorosa sorpresa ver el nombre de Joaquín Giménez, uno de los magistrados más valientes y respetados de toda la jurisdicción, entre los de los que admitieron a trámite la querella contra Garzón por investigar el franquismo. Sin dejar de apuntar al escaso predicamento de que Garzón goza en el País Vasco y entre muchos de los que sirvieron allí, las fuentes consultadas lo achacan a su amistad con Varela.

Joaquín Giménez, de 65 años, se cuenta entre los fundadores de Jueces para la Democracia y fue uno de los magistrados de referencia en el País Vasco, desde mucho antes de que apareciera en papeles intervenidos a los sucesivos comandos Vizcaya de la organización terrorista ETA. Durante los 18 años que estuvo en el País Vasco, presidió las Audiencias de San Sebastián y Bilbao y fue uno de los objetivos recurrentes del radicalismo abertzale. ETA llegó a planear su secuestro y en sus últimos tiempos fue sometido a un estrecho marcaje de un el sindicato de abogados euskaldunes que propugnaba la utilización del euskera en los juicios, rechazando la traducción al castellano.

Jurista solvente y riguroso, le dieron la primera vacante de la Sala Penal del Tribunal Supremo en cuanto la solicitó. En la Sala es frecuente que discrepe de la mayoría a través de votos particulares extensos y respetados, aunque poco apoyados.

– Francisco Monterde, magistrado. Antes de acceder al Supremo desarrolló casi toda su carrera como juez y magistrado en Valencia. Francisco Monterde, de 63 años, conservador, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y magistrado del Supremo por el sector conservador del Poder Judicial.

En el Poder Judicial votó siempre con el bloque conservador sin mayores complicaciones. Por ejemplo, en contra de un informe que criticaba el retroceso en la Ley de Extranjería para privar a los extranjeros en situación irregular de los derechos de asociación, reunión y manifestación, libertad sindical y huelga.

En enero de 1999, como vocal delegado del Poder Judicial para la Comunidad Valenciana, a Monterde le tocó imponer la cruz de San Raimundo de Peñafort a sus compañeros Juan Luis de la Rúa y Francisco Ceres, hoy bien conocidos por el intempestivo archivo que dio carpetazo al caso Gürtel en Valencia, que apuntaba al presidente de la comunidad y «más que amigo» de De la Rúa, Francisco Camps. Ahora, al juez valenciano le ha correspondido la instrucción del caso Gürtel en el Supremo, en la parte que afecta a los aforados nacionales. Desde que el pasado julio imputó en la trama corrupta al senador Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino, ambos del PP, no se ha vuelto a tener noticias del estado de la instrucción, cuyo secreto ha prorrogado ya en siete ocasiones.

– Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, magistrado.Es quizá el magistrado menos significado de toda la Sala Penal y no tiene perfiles relevantes más allá de su pertenencia al ala más pura y dura de la Asociación Profesional de la Magistratura y su adhesión sin fisuras al bloque conservador. Casi toda su carrera -tiene 55 años- ha transcurrido en Córdoba. Accedió al Supremo en 2004 en sustitución de Cándido Conde-Pumpido, al ser designado este fiscal general del Estado.

http://www.elpais.com/articulo/espana/jueces/punto/final/elpepuesp/20100418elpepinac_5/Tes

Es a la democracia a quien pedimos cuentas…

“Estamos hablando del pasado, y los políticos no estamos para dejarnos llevar por la afectividad y los sentimientos.” -Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP-

“Qué manía con remover el pasado”, suelen protestar quienes rechazan las iniciativas por la apertura de fosas comunes, la dignificación de las víctimas de la dictadura franquista, o la retirada de estatuas y calles. Y echan mano del calendario para descalificarlas: setenta y un año transcurridos desde el final de la guerra civil, treinta y cinco desde la muerte de Franco. Muchos años, en efecto.

Sin embargo, los años transcurridos no debilitan esas reivindicaciones. Al contrario, las legitiman, pues esas tres décadas y pico de democracia, en vez de marcar distancia con la dictadura lo que hacen es alargar su sombra sobre la España actual más de lo esperado. De la misma manera, las seis o siete décadas que llevan muertos muchos de los fusilados no hacen menos necesaria la reparación, sino más escandalosa su demora.

Pero sobre todo, la distancia temporal con la dictadura provoca un traspaso de responsabilidades, de la dictadura a la democracia. No es ya al franquismo a quien ahora pedimos cuentas, sino a esta democracia que ha aceptado asumir esas cuentas en vez de liquidarlas, y por eso ahora le toca pagar las deudas.

Así, a los republicanos sepultados en las cunetas los asesinó la dictadura franquista, es cierto. Pero es la democracia quien los ha mantenido en fosas hasta hoy, cuando recuperar unos cadáveres es todavía un esfuerzo enorme para los familiares. Igualmente, los crímenes son imputables a los verdugos fascistas, pero es la democracia la que los hace impunes, aceptando la inconstitucional ley de amnistía, cerrando la vía judicial a las víctimas, y persiguiendo a quien lo intenta.

Es así como la democracia se convierte en encubridora de la dictadura, y la pretendida ruptura entre ambos tiempos realizada durante la Transición se acaba volviendo una línea de continuidad que ya no sólo avanza desde el franquismo hasta la democracia, sino que tiene doble recorrido, y desde la democracia actual regresa a la dictadura para indultarla. Y eso está ocurriendo hoy, no hace setenta años.

• 

  Trabajar cansa

  Por Isaac Rosa

  Es a la democracia a quien pedimos cuentas

Despejando dudas…

El Tribunal Supremo ha suspendido la reunión que tenía prevista con los periodistas extranjeros, en primera convocatoria, y españoles en segunda. El exceso de peticiones de asistencia ha sido la razón. Pensaron que no podrían dar satisfacción informativa a tanto demandante. Los miembros del Tribunal reaccionaron ante las informaciones publicadas en muchos diarios extranjeros que mostraban su sorpresa por el procesamiento de Garzón y querían aclararles las dudas. En una tertulia de televisión habitada por personas del centro español, alguien afirmaba que estos diarios no tenían “ni puta idea” de lo que pasó en España entre los años treinta y la muerte de Franco. No comparto la opinión de este demócrata caballero, ya que los corresponsales que andaban por aquí entonces, no sólo eran conscientes de lo que ocurría, entre otras cosas por las presiones y amenazas que sufrían por parte de la dictadura, sino que, además, tenían acceso a informaciones de las que no disponíamos los nativos.
De todos modos, considero demasiado profiláctica la suspensión de la rueda de prensa. Hubiera bastado con que los jueces hubieran echado mano de un símil relatando que lo que aquí ocurre es como si en Alemania los residuos nazis estuvieran sentando en el banquillo de los acusados a un juez de prestigio por investigar los crímenes cometidos en los hornos crematorios de los campos de concentración del führer. No saldrían de su estupor, pero hubieran entendido perfectamente la situación y ya, “con puta idea”, podrían sentarse en sus respectivos despachos a transmitir la información a sus correspondientes diarios. Vivimos en comunidad.

Asuntos & cuestiones

Comentarios de un ser humano con memoria

Con o sin amnistía, al banquillo…

GONZALO BOYE TUSET

Mientras crece el debate en torno a las recientes actuaciones del Tribunal Supremo por los crímenes del franquismo, un elemento esencial de la discusión es la Ley de Amnistía de 1977 y, por odiosa que resulte, parece necesario acercarse a ella de una forma analítica que permita establecer su dimensión y las consecuencias de aplicarla o, por el contrario, las de derogarla. Tanto para lo uno como para lo otro resultaría necesario un análisis de la norma sin apasionamientos, pero sí con criterios jurídicos que permitiesen determinar hasta qué punto es necesaria su derogación o, incluso, cuán lejos podemos llegar con su correcta aplicación, y seguro que podremos establecer quién ha prevaricado y quién no.
Por una parte, es ampliamente aceptado, al menos allende nuestras fronteras, que dicha ley no es de aplicación a los crímenes de lesa humanidad, y que no lo es en virtud de los diversos convenios internacionales suscritos por España antes y después de su promulgación y, por imperativo del artículo 10 de la Constitución, forman parte de nuestro ordenamiento.
De otra, y para quienes no son capaces de entender los convenios internacionales y las obligaciones derivadas de los mismos, habrá que recordarles que dicha norma, amparadora de la impunidad, viene a establecer su ámbito de aplicación –en materia penal– que queda limitado a una serie de delitos: los establecidos en su artículo 2. Pues bien, de acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento, sólo se estará en presencia de un delito cuando una determinada conducta haya sido calificada como tal por un juez o tribunal, es decir, cuando exista una sentencia condenatoria. Así, debe deducirse que no es posible aplicar la Ley de Amnistía antes de enjuiciar y, además, que no es una “ley de punto final”.
Por si ello fuese poco, el artículo 9 de la misma Ley establece que la aplicación de la amnistía corresponderá en exclusiva a los “los jueces, tribunales y autoridades judiciales correspondientes”. Por lo tanto, es evidente que esa medida se tendrá que adoptar dentro de un procedimiento judicial y no como una barrera para acceder al mismo.
Ahora bien, si alguien no es capaz de comprender lo expuesto hasta aquí, bien podemos seguir con el análisis del contenido de la Ley 46/1977 que, en el mismo artículo, preceptúa que: “La amnistía se aplicará de oficio o a instancia de parte con audiencia, en todo caso, del Ministerio Fiscal. La acción para solicitarla será pública”. Esta premisa impone la necesidad de encontrarnos en el seno de un procedimiento y que, a la vista del contenido del mismo, bien por parte del juez o tribunal o a instancia de parte, es decir del imputado o condenado, se apliquen las normas perdonadoras contenidas en dicha nefasta y vigente ley.
Más si cabe, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 666.4, establece como artículo de previo y especial pronunciamiento la concurrencia de “amnistía o indulto”, lo que nos lleva a pensar que el legislador ha considerado que el primer momento procesal, no necesariamente el último, para reclamar la aplicación de sus beneficios sería justo antes del juicio oral y una vez realizada toda la investigación, es decir, cuando se conocen los hechos, los afectados, los presuntos autores y los delitos por los que han sido procesados. El legislador, aquel olvidadizo y generoso de 1977, estableció un mecanismo para evitar las consecuencias penales –cárcel– de unos hechos calificados como delito, pero ni estableció una “ley de punto final” ni una norma que impidiese investigar, enjuiciar e incluso condenar.
Cualquier otra interpretación de las normas contenidas en la Ley de Amnistía no sólo es contraria a derecho, sino que se aparta de la más elemental regla de interpretación jurídica, que es la literal. Este criterio interpretativo, contenido al inicio del Código Civil, suele estudiarse en segundo de carrera y, por ello, es claro que todos los juristas lo debemos conocer.
Establecido lo anterior, y si abandonamos lo previsto en los tratados internacionales y nos centramos en las normas de origen nacional, es evidente que para poder amnistiar o indultar a cualquier responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo lo primero que hay que hacer es abrir un procedimiento penal en cuyo seno, y si se determina alguna responsabilidad criminal, se podrá conceder la amnistía; es decir, quien se quiera beneficiar o a quien quieran beneficiar con dicha norma, primero habrán de someterlo a proceso; lo contrario podría incluso vulnerar el derecho a la presunción de inocencia y el honor del amnistiado. ¿Se imaginan recibir una notificación de haber sido amnistiados por un delito que no han cometido?
En resumidas cuentas, la Ley de Amnistía no es una barrera para el enjuiciamiento de los crímenes más horrendos cometidos por el franquismo ni un impedimento para su investigación y enjuiciamiento sino, simplemente, una fórmula por la cual los culpables no tendrían que ir a la cárcel. Para beneficiarse de la misma tendrán que sentarse en el banquillo, y ese es el precio más barato que pueden pagar por la comisión de delitos que en cualquier otro país les costaría el resto de sus vidas en prisión; aquí, y como somos diferentes, ni se sientan en el banquillo ni se les pide explicaciones, basta con matar al mensajero y preguntarnos, ¿quién prevarica?

Gonzalo Boye Tuset es abogado

Ilustración de Gallardo

www.publico.es

El respeto y la Justicia…

Hay escenas que resultan encantadoras por su ingenuidad. Baudelaire recordaba el escándalo de una prostituta incapaz de ver sin sonrojarse los desnudos de una obra de arte. Era una imagen divertida para aludir a la ingenuidad de algunas personas y al cinismo de algunos escándalos sociales. La soberbia, que es la condición del que se cree superior a los demás, provoca a veces el mismo efecto que la ingenuidad. Un soberbio, sin conciencia de su estado, puede vivir situaciones tan ridículas como una prostituta escandalizada por la amoralidad estética.

Los responsables del Poder Judicial piden respeto. La legitimidad democrática exige respetar las decisiones judiciales. Pero si una institución desea ser respetada, debe observar un comportamiento respetable. Y el malestar generado por las causas que el Tribunal Supremo sigue contra el juez Garzón reúne asuntos de gravedad simbólica e institucional. Algo se ha hecho mal cuando organizaciones de extrema derecha pueden sentar en el banquillo a un juez que intenta investigar los crímenes del franquismo. Sólo el vergonzoso olvido político de la reparación moral de las víctimas de la dictadura (asesinados, torturados, encarcelados y sus familiares), ha permitido llegar a esta situación.

Tampoco podemos olvidar la mala opinión que los ciudadanos tienen de la Justicia. Los ciudadanos no son expertos en leyes, pero viven en la realidad y ven lo que pasa en una sociedad que ha judicializado la política y ha politizado la Justicia. Suelen ser tan bochornosos los tratos partidistas que se dan en cada elección de un órgano judicial, como las inmediatas votaciones en bloque según el origen político de los jueces. Sólo hay unanimidad en los procesos que afectan al orgullo gremial. Por mucho prestigio profesional que se tenga, el partidismo daña la credibilidad del nombramiento. Cuando se trata de jueces estrechamente ligados a los cargos políticos, el daño es mucho mayor. ¡Pobre independencia! Después de la descarada política de nombramientos del PP en las diversas instancias, no basta con que el PSOE diga ahora que no va a hacer lo mismo, porque entonces la Justicia queda escorada de forma preocupante a la derecha. Hay que buscar una solución más profunda.

Los ciudadanos han aprendido a la fuerza que la ley no es un dos y dos son cuatro, sino que permite muchas interpretaciones. Por eso resulta tan raro que irrumpa en este asunto el concepto de prevaricación, que criminaliza las interpretaciones de un juez. Pueden ser erróneas, pero no delictivas, a menos que declaremos delictiva toda interpretación que no se corresponda con las doctrinas movedizas del Tribunal Supremo.

Hemos soportado además el sectarismo de las asociaciones judiciales y la imprudencia de alguna personalidad que se vanagloria de conseguir para los suyos muchos cargos. Creo que sólo la soberbia ha hecho posible, a la hora de pasar factura a Garzón por antiguas o recientes ofensas profesionales, que no se meditara el escándalo internacional y el desprestigio que significa para la Justicia española un procesamiento de este tipo. Si a los jueces conservadores se suman dos o tres jueces progresistas ofendidos, llegamos al disparate histórico de no tener en cuenta lo que supone en la realidad el dolor de las víctimas de una dictadura.

Los españoles saben que la teoría jurídica internacional más renovadora está defendiendo la justicia de los derechos humanos en una ciudadanía global. Ayudó poco al prestigio de nuestro sistema la reciente triquiñuela parlamentaria del PP y el PSOE para recortar el compromiso español en la persecución internacional de los genocidios.

Hay otros asuntos. Hemos reformado más de 20 veces el Código Penal, siempre en nombre del endurecimiento de las penas. Estoy convencido de que eso afecta también al crédito de los jueces, y no por el rencor de los condenados, sino porque la sociedad que entra en esa dinámica, abandonando el ideal democrático de la reinserción, nunca tiene bastante y piensa que cualquier delito es culpa de un juez sin mano dura que deja en la calle al delincuente.

Los jueces piden respeto. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir una Justicia respetable. Pero como no cambien mucho las cosas, seguiremos acordándonos de la amiga de Baudelaire.

Luis García Montero

El respeto y la Justicia

Lo llaman Justicia, pero no lo es…

Un Estado democrático tiene la obligación de eliminar cualquier obstáculo legal y facilitar todos los medios económicos necesarios para que los familiares de las víctimas de una dictadura puedan encontrar a sus muertos, darles sepultura e investigar qué ocurrió para que terminaran en una cuneta. Esta afirmación es tan de sentido común, que parece imposible que genere cualquier tipo de polémica pública. Pero España, en muchas cosas, sigue siendo diferente. Aquí hay una parte de la derecha, que ocupa importantes parcelas del poder político, mediático y judicial, instalada en el sectarismo más cerril. Un sectarismo que le permite defender, impasible el ademán, que no hay necesidad alguna de enterrar dignamente a los muertos. Los muertos de los demás, claro.

España sigue siendo diferente porque aquí no ha existido una comisión de la verdad, aquí no se ha juzgado a quienes cometieron crímenes contra los derechos humanos, aquí no se ha reparado la memoria de las víctimas. Y, para cerrar el círculo del despropósito, cuando a un juez se le ha ocurrido iniciar esa investigación de los crímenes franquistas, resulta que termina en el banquillo acusado por la misma organización falangista que participó en el genocidio. ¡Cómo no van a estar perplejos desde Nueva York hasta Sidney!

El resultado no puede ser más desolador: desactivada la causa iniciada por el magistrado Baltasar Garzón, la mayoría de los jueces locales están archivando las denuncias sin tomarse ni siquiera la molestia de investigar los crímenes. Lo llaman Justicia, pero no lo es.

Gobierno no ve factible la vía argentina

Buzón de voz , por Jesús Maraña

Lo llaman justicia, pero no lo es

El Gobierno no ve factible la vía argentina contra el franquismo…

Fernández de la Vega subraya la calidad y solidez del Estado de derecho en España.

G.L.A – Madrid – 16/04/2010 23:20

Panel de las víctimas del franquismo en la Universidad Complutense. REUTERS

La posibilidad de que sea la Justicia de Argentina la que acabe realizando la investigación sobre los crímenes del franquismo que no ha podido hacer Baltasar Garzón es prácticamente nula, a juicio del Gobierno.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no quiso pronunciarse sobre el efecto que, de prosperar, tendría la querella presentada en Buenos Aires invocando el principio de jurisdicción universal, el mismo que permitió a Baltasar Garzón investigar las desapariciones durante las dictaduras militares en Argentina y Chile.

«Hace apenas 48 horas que se ha presentado esa querella y no tenemos conocimiento de que se haya admitido a trámite. Es muy prematuro entrar en evaluaciones. No sería riguroso», alegó Fernández de la Vega para justificar el despeje.

El Ejecutivo recuerda que existe la Ley de la Memoria Histórica

Pero acto seguido hizo un denso alegato sobre la calidad del sistema de derechos español: «En España contamos con un Estado de derecho sólido y muy consolidado, tenemos una Constitución muy avanzada, hay una clara separación de poderes, y la ley se cumple y se aplica». Esta argumentación de la vicepresidenta no es gratuita porque la falta de calidad democrática del sistema institucional es una de las razones que dan soporte al criterio de la jurisdicción universal.

Además, el proceso abierto contra Garzón a raíz de la querella presentada por Falange traería a colación el principio de subsidiariedad. Este principio es el que invocó esta semana el Tribunal Supremo para confirmar el archivo de una querella por un ataque de Israel sobre Gaza, al estar abierta una investigación por las autoridades israelíes. Y, según recordaron ayer fuentes gubernamentales, existe la Ley de la Memoria Histórica.

La vicepresidenta pide «serenar» el debate sobre el juez Garzón

Tres debates cruzados

La vicepresidenta primera pidió «serenidad» y «ponderación» porque, en su opinión, «se están mezclando diferentes planos: el debate social, el jurídico y el judicial». A su juicio, el primero «despierta muchas sensibilidades» el segundo es «enormemente complejo» y el tercero requiere del respeto a la presunción de inocencia del acusado y al desarrollo de la instrucción judicial. «Querer mezclarlo todo es querer desviar la atención de asuntos propios, los que afectan al Partido Popular. Es un debate interesado», sentenció la portavoz.

La presunción de inocencia

Fernández de la Vega se aferró a la tesis de que el Gobierno no debe interferir para dejar sin respuesta cuestiones como si debería ilegalizarse a Falange o, como ha sugerido el fiscal general del Estado, limitar por ley la posibilidad de la acusación particular.

Acusa al PP de «mezclar todo para desviar la atención de sus asuntos»

Y rechazó que sean interferencias manifestaciones «a título personal» como la participación de Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Política Territorial y miembro de la ejecutiva del PSOE, en un acto de apoyo a Garzón o las declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, expresando su asombro por que una organización de ideario fascista como Falange pueda sentar en el banquillo de un sistema democrático a un juez.

De la Vega enmarcó esas manifestaciones en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y concluyó: «Apoyar la presunción de inocencia de un juez no es comparable con atacar la independencia de los tribunales». En opinión de la vicepresidenta primera, el ejercicio de la libertad de expresión «debe ser compatible con el respeto necesario a los tribunales».

http://www.publico.es/espana/306338/gobierno/ve/factible/via/argentina/franquismo

La ‘doctrina Varela’ se usa ya como jurisprudencia. Los autos del juez del TS sirven para justificar archivos de casos de memoria…

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en una imagen de esta semana. – DANI POZO

P. R. – MADRID – 18/04/2010 09:15

Los autos del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela aún no han abierto formalmente el juicio oral contra Baltasar Garzón por presunta prevaricación al querer investigar los crímenes del franquismo. En la práctica se han usado como jurisprudencia en juzgados que instruyen casos de memoria histórica: ya sirven para justificar archivos.

El 3 de febrero de 2010, Varela firmó el auto con el que decidía seguir adelante con la instrucción contra Garzón al observar indicios de prevaricación y dos días después admitía la querella presentada por Falange.

Sus argumentos han aparecido en diferentes autos judiciales

Justo una semana después, sus argumentos ya aparecían en un auto de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid que rechazaba el recurso presentado por los familiares de Pedro Corcho, fusilado en 1940, y Beatriz Soriano, dada por muerta en 1964 en un confuso episodio que hace sospechar a su familia que el certificado de defunción encubre en realidad el robo del bebé.

Arremeter contra Garzón

El auto de los magistrados Pilar de Prada, Carlos Martín y Alberto Molinari, que ejerció de ponente, está fechado el 8 de febrero de 2010 y no sólo desestima el recurso de los familiares de las víctimas, que pedían que se investigaran sus casos, sino que cita a Varela para arremeter contra todo el proceso iniciado por Garzón en la Audiencia Nacional.

Se han desestimado dos recursos, uno en Madrid y otro en Burgos

«Resulta procedente señalar que el Auto de 03/02/10 dictado por el Excmo. Sr. Magistrado del Tribunal Supremo D. Luciano Varela Castro sobre la admisión a trámite de la querella interpuesta contra el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 con motivo de la incoación de la causa de la que proceden las presentes actuaciones deja bien claro en su resolución que se trata de un procedimiento penal que nunca debió ser incoado por referirse a un delito prescrito y amnistiado», se recoge en el citado auto, antes de concluir, justo en el siguiente párrafo: «Por lo expuesto procede denegar la admisión a trámite del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto».

Iguales argumentos

El mismo día, 8 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero (Burgos) sobreseyó otro de los procedimientos que tenían su origen en la instrucciónde Garzón. El auto, que ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial de Burgos, no citaba a Varela, pero seguía punto por punto sus argumentaciones.

Público.es

Los juzgados no investigan los crímenes de Franco…

El 60% de los magistrados que recibieron partes de la causa de Garzón ya ha dado carpetazo a su caso sin instruir. Los expedientes se han ido cerrando sin haber citado a los familiares de las víctimas.

Imagen de un homenaje en 2007 a los republicanos fusilados en Valencia. – M. MURCIA

PERE RUSIÑOL – MADRID – 18/04/2010 09:30

Cuando a finales de 2008 el juez Baltasar Garzón se inhibió en la causa contra los crímenes del franquismo y remitió los expedientes a los 46 juzgados territoriales más cercanos a las fosas y al lugar de las desapariciones, advirtió en el auto de que el crimen a investigar era el mismo. Y muy grave: «Detención ilegal con desaparición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad».

También les recordó la estimación de los peritos sobre el número de víctimas: entre 136.062 y 152.237.

Las víctimas ven cómo se va a juzgar al único juez que las ha escuchado

Pero pese a la gravedad de los hechos y al aterrador cálculo de los peritos, la mayoría de los juzgados que recibió su parte del caso le ha dado carpetazo con gran celeridad: más del 60% de los juzgados ya lo ha archivado, según el cálculo de las asociaciones de víctimas que rastrean la causa juzgado por juzgado. Y la mayoría sin ni siquiera investigar ni citar a los familiares de las víctimas que buscan los restos y piden justicia.

«Después de que Garzón dejara el caso, todo ha quedado parado, en el limbo o directamente archivado», lamenta Manuel Perona, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Catalunya, que se muestra «indignado» por la causa abierta en el Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional. «Las víctimas estamos en una situación de indefensión total y encima se quiere juzgar al único juez que nos ha escuchado».

En su opinión, el mensaje del Tribunal Supremo no va sólo ni principalmente dirigido a Garzón, sino que sobre todo va destinado a los jueces que recibieron su causa: «Con la actitud que ha tomado el Supremo y el juez Luciano Varela [instructor de la causa contra Garzón por los crímenes franquistas], nadie se atreverá a investigar. Este es probablemente el objetivo. Un auténtico desastre», concluye Perona.

«La causa contra Garzón ha frenado las investigaciones», afirma un abogado

Freno a la investigación

«Es una evidencia que el proceso a Garzón ha frenado la investigación», apunta Fernando Magán, abogado de varias de las asociaciones que impulsaron la causa que empezó a instruir la Audiencia Nacional. Y añade: «En lo que va de año, no ha habido ni una providencia para investigar y en cambio se han sucedido los archivos, incluso en lugares donde previamente el juez había mostrado interés. Estamos ante una dejación de los jueces en el ejercicio de sus funciones».

Villarcayo (Burgos) es un ejemplo de ello: el juzgado se metió inicialmente a fondo en el caso hablando primero de crímenes de lesa humanidad. Pero la intensidad fue decayendo en paralelo a la ofensiva del Supremo. Ya está archivado. O Ponferrada: la jueza que ya investigaba los crímenes en 2002 esquivó el sumario de Garzón. Las exhumaciones se suspendieron. Ya está todo archivado.

«En muchos lugares, la estructura social de la dictadura se ha mantenido intacta. Las redes caciquiles de entonces siguen operando. Por esto es realmente muy difícil avanzar en los juzgados locales», opina Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

«La ofensiva de la derecha ha sido bestial y las consecuencias las han pagado Garzón y las víctimas», agrega el historiador Francisco Espinosa, uno de los expertos que colaboró con Garzón e impulsó el proyecto Todos los Nombres, que lucha contra el olvido en Andalucía.

«La derecha no ha encajado que un auto judicial reprodujera los términos que utilizamos desde hace tiempo los historiadores, como criminal de guerra, plan de exterminio y otros. La reacción ha sido tratar de aplastar a Garzón y frenar cualquier investigación», sostiene Espinosa.

La derecha no encaja que un auto judicial hable de crímenes de guerra

La consecuencia, opina el historiador, ha sido el goteo de archivos: al menos 28 de los 46 juzgados que asumieron el encargo de la Audiencia de investigar los crímenes del franquismo ya han cerrado la carpeta sin ni siquiera citar a nadie a declarar.

Esta cadena de carpetazos ha tenido siempre el apoyo de la fiscalía, que se opuso desde el principio a la causa de Garzón. «El ministerio público ha mostrado una falta de autonomía clamorosa. No le ha interesado examinar hechos, sólo aplicar una directriz única», recalca Magán.

En la Audiencia Provincial

Sin embargo, varios de estos archivos han sido impugnados, con lo que el caso está ya en la Audiencia Provincial de varios lugares: como mínimo en Burgos, por las fosas de Aranda de Duero; Pontevedra, por O Porriño; Soria, por Almazán; Alicante, por Orihuela; Illes Balears, por la fosa Porreres, en Manacor, y la de Calvià; en Las Palmas, por Arucas, y en Valencia.

El Supremo, por su parte, tiene aún pendiente decidir sobre el dossier de Granada y San Lorenzo de El Escorial (Madrid), los dos únicos juzgados que rechazaron el encargo que les pasaba Garzón. Son dos carpetas especialmente sensibles: en la primera está Federico García Lorca. En la segunda, el Valle de los Caídos.

«En muchos lugares, la estructura social de la dictadura está intacta», dice Silva

La inmensa mayoría de causas que continúan vivas en los juzgados territoriales está en una especie de stand by: allí siguen, sin que pase nada, aunque en algunos lugares las asociaciones de víctimas mantienen esperanzas de que se activen en cualquier momento.

Expectativas mínimas

Las expectativas se concentran sobre todo en Barcelona, Córdoba, Málaga, Pamplona y Aguilar de la Frontera (Córdoba). Salvo en Pamplona, donde sí ha habido diligencias significativas, estas expectativas tienen más que ver con impresiones difusas que con actuaciones tangibles del juzgado, por lo general mínimas.

La mayor excepción a esta tónica general de inactividad salvo para archivar entre los que asumieron partes de la causa de Garzón ha sido Benavente (Zamora): es el único de entre los 46 juzgados que ha recogido testimonios y que ha identificado cadáveres.

Los forenses han sido llamados también en al menos dos juzgados más, aunque no forman parte del listado inicial: en Palencia, al que las víctimas acudieron esgrimiendo cooperación judicial, y San Sebastián, por un caso que inicialmente nada tenía que ver con la represión franquista.

Público.es