La ONU amonestó tres veces a España por la Ley de Amnistía…

abril 19, 2010

Reprobó al Gobierno el año pasado por mantener la norma de 1977, no investigar el franquismo y descuidar a las víctimas.

Rita Barberá prohíbe el himno de Riego en un homenaje a las víctimas de Franco porque “turba” a la gente.

PERE RUSIÑOL – MADRID – 19/04/2010 06:00

La Ley de Amnistía de 1977 se ha convertido en un quebradero de cabeza para la diplomacia española. Tres informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) amonestaron a España en 2009 por escudarse en esta ley para evitar investigar a fondo los crímenes del franquismo y no atender el ruego de las víctimas.

Durante 30 años, la Transición sólo había dado motivos de satisfacción a la diplomacia española ante la cascada de elogios que cosechaba. Pero la imposibilidad del juez Baltasar Garzón de seguir adelante con su causa para investigar los crímenes del franquismo se le negó la competencia a finales de 2008 y el Tribunal Supremo quiere juzgarlo ahora por supuesta prevaricación ha puesto por vez primera la Ley de Amnistía en el punto de mira de la ONU y de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ante la interpretación que se está haciendo de la

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue el primero en amonestar a España y lo hizo en términos muy duros. Su documento, publicado el 5 de enero de 2009, muestra “preocupación” por “el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía” de 1977 y recuerda que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles” y que las amnistías “relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto”.

Comisión de expertos

El comité sugirió “la derogación de la Ley de Amnistía”. Y también “tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales”, crear una comisión de expertos independientes “encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura” y “permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas”.

La ONU recordó que las desapariciones son crímenes “de extrema gravedad”

La diplomacia española contestó indignada el 8 de enero, tan sólo tres días después: lamentó la alusión y la atribuyó al “desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía”: “[El comité] está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia a España. La citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática y fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978”, sostiene el documento remitido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La réplica no tuvo efecto. El 19 de noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a señalar explícitamente la norma porque “el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de prescripción”.

A continuación, la exigencia: “El Estado debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía”.

La última tarjeta amarilla llegó el 21 de diciembre, sólo 44 días antes del auto por el que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela seguía adelante con la querella contra Garzón acusándolo de prevaricar por su interpretación de la Ley de Amnistía.

“No es una ley de punto final”

En sus conclusiones sobre España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU cita expresamente de nuevo la Ley de Amnistía y concluye con dos exigencias al Gobierno socialista: “Que todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito posible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad”. Y que se realizarán “investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada”.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo aplica tesis idénticas

Ni el Comité de Derechos Humanos ni los grupos de trabajo de la ONU tienen valor vinculante, pero sus resoluciones tienen una gran importancia moral y los estados no escatiman esfuerzos diplomáticos para salir bien parados.

España presentó una larga lista de alegaciones, en las que pedía que no se confundiera “la Ley de Amnistía con las denominadas leyes de punto final”, como las de Argentina y Chile, que impidieron iniciar procesos judiciales contra los regímenes dictatoriales anteriores. Es decir, el Ejecutivo precisó que la ley de 1977 no es una ley de impunidad.

Pese a que el 60% de los juzgados que recibieron partes de la causa de Garzón han archivado el caso sin investigar ni citar a las víctimas y el resto está en stand by, el Gobierno replica así a la ONU: “La investigación de las desapariciones forzadas se ha realizado siempre que haya sido instada por los interesados, y no se haya dictado ninguna resolución fundada en la Ley de Amnistía”.

Un frente cada vez más amplio

La comprensión hacia la Ley de Amnistía ha cambiado tanto a nivel internacional que ya forma parte de la agenda de las grandes organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que lleva años exigiendo que se aborde el asunto, y Human Rights Watch. La causa contra Garzón ha actuado como acelerador. El mes pasado, esta última organización, con sede central en EEUU, inició así su comunicado: “Las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”.

El Gobierno arguye que la ley contribuyó al éxito de la Transición

El frente internacional de acoso a la Ley de Amnistía se amplió también a finales de 2009 con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hace referencia a España, sino a Turquía, pero las argumentaciones son tan rotundas que han alimentado las esperanzas de los abogados de derechos humanos en relación con España y han sido incorporadas a la querella presentada en Buenos Aires.

“Aunque el transcurso de más de 34 años sin noticias de las personas desaparecidas puede constituir un fuerte elemento de prueba circunstancial de que estas han muerto durante este lapso, ello no suprime la obligación procesal de investigar”, sostiene el Tribunal de Estrasburgo. Y tras recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben, concluye que “ha habido una violación continua del artículo 2 [del Estatuto de Roma] por el hecho de que el Estado demandado no procedió a realizar una investigación efectiva destinada a aclarar el destino de los nueve hombres que desaparecieron en 1974”.

Los compromisos de España que obligan a investigar

Las querellas se apoyan en la jurisprudencia internacional

Las querellas presentadas por asociaciones de víctimas contra Luciano Varela -en el Tribunal Supremo- y contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo -en Buenos Aires- coinciden en subrayar que España ignora varios convenios que ha firmado y que le obligan a investigar, pese a la Ley de Amnistía de 1977. El magistrado Baltasar Garzón incluyó en su auto el balance provisional de víctimas de la dictadura que hicieron los peritos designados para la causa: entre 136.062 y 152.237 muertos.

Los principios del Convenio Europeo de derechos humanos
En 1950, en Roma, el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que España firmó el 4 de octubre de 1979. En su artículo 7. 2, se explicita que “no se impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”.

Castigo para los responsables de los crímenes
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en 1998 (y que España ratificó ese año), establece ya en su preámbulo que los delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Se afirma que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional (…) no deben quedar sin castigo (…). Y se recuerda “que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.

El Estado debe proteger a las víctimas
La Asamblea General del 16 de diciembre de 2005 de la ONU aprobó los llamados ‘Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos’. El texto reconoce a las víctimas el derecho al “acceso igual y efectivo a la Justicia, reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido” y a la información “sobre las violaciones y los mecanismos de reparación”. Tales obligaciones “deberán reflejarse” en el derecho de cada país. La resolución obliga a los estados a “establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener reparación”.

No cabe anmistía para una desaparición
La Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, suscrita por España, estipula que “el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos”.

Público.es

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El CGPJ aplaza su pronunciamiento sobre la suspensión de Garzón…

abril 19, 2010

El Supremo aún no ha remitido el auto en el que se anticipa su decisión de sentar al magistrado en el banquillo.

El juez Baltasar Garzón. – DANI POZO

EFE – Madrid – 19/04/2010 19:01

El Consejo General del Poder Judicial no estudiará en su pleno del próximo jueves la suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón, ya que el Tribunal Supremo aún no le ha remitido el auto en el que el magistrado de este órgano Luciano Varela anticipaba su decisión de sentarle en el banquillo.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han informado de que, a las 18:30 horas de hoy, cuando cerraba el registro del CGPJ, la resolución dictada por Varela en la causa abierta a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo no había llegado al Consejo, por lo que la suspensión del juez de la Audiencia Nacional no se incluirá en el orden del día.

Si el auto llegara al CGPJ mañana o pasado, el asunto aún podría verse en el pleno si todos los vocales dan su conformidad para ello, pero otras fuentes consultadas en el Consejo han señalado que ya hay algunos que han anunciado que no son partidarios de que este órgano se pronuncie sobre la suspensión de Garzón de manera tan precipitada. Fue el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, quien acordó recientemente que fuera el pleno de este órgano y no la Comisión Permanente el que decidiera sobre la sanción cautelar del juez.

Orden del día

El Consejo veía probable que el presidente de la sala de lo penal del Supremo, Juan Saavedra, remitiera dicho auto al CGPJ a tiempo de incluirlo en el orden del día de la reunión del próximo jueves, ya que así lo había venido haciendo con ocasión de las resoluciones anteriores dictadas por Varela, aún no siendo firmes, pero en este caso no ha sido así. De hecho, una de las cuestiones que iba a tener que valorar el pleno era la de si es necesario que el auto de Varela sea firme para acordar la medida cautelar.

No obstante, antes de resolver sobre el fondo de esta cuestión tendrá que pronunciarse también sobre la recusación de la vocal Gemma Gallego planteada por Garzón para que no interviniera en la tramitación de su suspensión y sobre la abstención que el vocal José Manuel Gómez Benítez planteó en la sesión plenaria del pasado 24 de marzo.

El Consejo tendrá que pronunciarse sobre la recusación de la vocal Gemma Gallego

Gómez Benítez ha ejercido como abogado de Garzón, por lo que siempre se abstiene de decidir sobre asuntos relacionados con el juez de la Audiencia Nacional, mientras que Gallego ha rechazado abstenerse al considerar que no tiene una “enemistad manifiesta” hacia el juez.

En el último pleno, el CGPJ sí aceptó por unanimidad las abstenciones planteadas por el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa y la vocal Margarita Robles -que se apartaron tras conocer que Garzón también les había recusado- “para salvaguardar la apariencia de objetividad”.

Según establece el artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la suspensión de los jueces y magistrados tendrá lugar, entre otros casos, “cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”

Público.es

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Convocan para el jueves cuatro concentraciones simultáneas en la provincia de Cuenca en apoyo al juez…

abril 19, 2010

CUENCA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca convoca el próximo jueves 22 de abril cuatro concentraciones simultáneas en la provincia en apoyo del juez Baltasar Garzón.

En un comunicado, la asociacion dice realizar esta iniciativa “desde la perplejidad que nos produce la posibilidad que sea la única persona que se pueda sentar en el banquillo en relación con los crímenes del franquismo, denunciado por Falange partido único de la dictadura, y en muchas ocasiones responsable directo o cómplice de buena parte de estos crímenes”.

Las concentraciones tendrán lugar entre las 11.30 y las 12.00 horas en Cuenca en la Plaza de la Hispanidad, en Tarancón en la ronda de San Isidoro, en la entrada a la explanada de Santa Quiteria donde tiene lugar el mercado los jueves, en San Clemente en la Plaza del Mayor, y en Motilla del Palancar en Plaza de España, junto al Ayuntamiento.

Convocan para el jueves cuatro concentraciones simultáneas en la Europa Press


TRIBUNA: JOSÉ LUIS FUERTES. El derecho como indagación de la verdad objetiva…

abril 19, 2010

JOSÉ LUIS FUERTES 19/04/2010

El propósito de este artículo es explicar y justificar desde el punto de vista estrictamente jurídico y constitucional la instrucción del magistrado Baltasar Garzón sometida hoy a la sospecha de la prevaricación. Y el principio básico de tal justificación es señalar que la actuación instructora cuestionada responde a un fin esencial del Derecho, según la obra de Michel Fou-cault: la indagación de la verdad objetiva, como auténtica forma de verdad y conocimiento. Por el contrario, la instrucción del Tribunal Supremo, recientemente culminada en el auto del alto tribunal de 7 de abril de 2010, se ha arrogado facultades de enjuiciamiento excesivas y además, yerra por completo en su interpretación de la Ley de Amnistía, error que es paradójicamente lo que se imputa al magistrado Baltasar Garzón, considerando además el tribunal tal error como presuntamente delictivo, con gravísimo peligro para la independencia judicial en la que se asienta nuestro Estado de Derecho.

El Supremo incurre en un error: la Ley de Amnistía no impide investigar crímenes de lesa humanidad

Los autos del Tribunal Supremo y la Ley de Amnistía de 1977. Los dos autos del Tribunal Supremo se asientan fundamentalmente en una presunta beligerancia del magistrado querellado para reconocer los efectos de la Ley de Amnistía de 1977, de cuya legitimidad nadie debe dudar; así resulta muy claramente de la parte final del auto del alto tribunal de fecha 3 de febrero de 2010, cuando dice que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España.

Pues bien, ocurre que a mi juicio se incurre en un muy grave error que, contra lo que parece pensarse por algunos, es excesivamente “progresista”: el Tribunal Supremo parece pensar que sin la Ley de Amnistía el ordenamiento y la justicia preconstitucionales serían ilegítimas intrínsecamente, siendo tal ilegitimidad el fundamento de la investigación del magistrado querellado. Esta posición estimo que es totalmente equivocada, aunque ello no tiene por qué obedecer a designio oscurantista o conspirativo alguno; obedece simplemente a un absoluto desenfoque histórico y jurídico, ya que nada obstaculiza a esa investigación ni la Ley de Amnistía, ni la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica.

El respeto a la Ley de Amnistía no puede suponer la negación y la ceguera sobre el pasado, y esa ley nunca pretendió tal cosa. El nuevo Parlamento democrático español nunca quiso ni se propuso renunciar a todo esclarecimiento sobre la verdad de la historia, no quiso clausurar los archivos, destruir u ocultar los documentos, ni silenciar a lostestigos; pero nunca pretendió tampoco desautorizar o abolir la legitimidad jurídica del ordenamiento preconstitucional, ni restablecer la legalidad de las normas republicanas, como aclaró inmediatamente nuestro Tribunal Constitucional, ya que nunca se produjo una ruptura del orden jurídico. Pretendió, guiado por un designio de justicia, amparar y justificar actos castigados bajo el sistema político anterior, ya que su castigo era contrario a los principios esenciales de la democracia, que debían considerarse retroactivos en grado máximo en todo lo favorable.

Y la misma, pero más amplia y explícita, es la finalidad de la Ley de Memoria Histórica, que deroga algunas leyes del ordenamiento anterior, por considerarlas especialmente injustas, a los efectos de que no puedan ser nunca aplicadas o invocadas, como dice con claridad la exposición de motivos de la misma; y no con ningún designio criminalizador retroactivo del régimen anterior.

Por ello justamente, la investigación de la verdad sobre nuestro pasado preconstitucional, si hay en casos determinados causas razonables para ello en el ejercicio de la legítima e independiente apreciación judicial, no tiene nada que ver con una supuesta negación de la legitimidad del ordenamiento y la justicia preconstitucionales en su conjunto. La Ley de Amnistía no pretendió “sanar” tal ilegitimidad, ya que nunca hubo ruptura del ordenamiento, sino la de aplicar retroactivamente todas las consecuencias favorables de la trascendental reforma del sistema político decidida pacíficamente por el pueblo español en 1977 y consumada en 1978.

Foucault: el Derecho como indagación de la verdad. Michel Foucault explica y elogia la indagación jurídica como forma auténtica y válida de obtener la verdad; la indagación equipara el Derecho a la investigación filosófica y científica, en lo más alto del conocimiento humano, siendo el establecimiento de la verdad objetiva imprescindible para la aplicación del Derecho y la justicia.

En nuestro caso, se trataba en la instrucción del magistrado Baltasar Garzón de posibles hechos contrarios a las más elementales exigencias de la justicia (como dice la Ley de Memoria Histórica) y de los derechos humanos. Y los hechos que se indagaban no eran los “horrendos crímenes del franquismo”, como dice el Tribunal Supremo, haciendo supuesto de la cuestión investigada por el magistrado Baltasar Garzón, sino los crímenes de lesa humanidad que hubieran podido cometerse, crímenes por naturaleza contrarios a los derechos humanos y a toda ley, y no justificables ni por el ordenamiento preconstitucional, que nunca los permitió ni amnistió, ni por finalidades políticas de ninguna índole, que nunca los pueden consentir, ni antes ni ahora.

La independencia judicial: el ‘caso López Ortega, Cezón y Ollero’. Foucault considera precisamente que lo más difícil de conseguir para garantizar la indagación de la verdad es la independencia judicial; y en el cuestionamiento criminal de la actuación del magistrado querellado, lo más grave del error es que el mismo es frontalmente contrario a las exigencias de la independencia judicial, presupuesto básico en el Estado democrático para conseguir la indagación de la verdad, y por tanto, la auténtica justicia.

En los autos del Tribunal Supremo lo que aparece es una criminalización de la posición jurídica contraria a la del instructor, una interpretación normativa que creemos que es equivocada por parte del alto tribunal, justamente en lo esencial: en la determinación de la finalidad de la norma interpretada (la Ley de Amnistía); lo que, a su vez, según la doctrina de estos mismos autos, sería la auténtica prevaricación, que nos llevaría a una espiral de prevaricaciones sin fin, lo cual es un sinsentido completamente ajeno a las garantías jurídicas de nuestro sistema judicial.

En este sentido, los autos del Tribunal Supremo no corresponden a la indagación de la verdad, sino al puro control de lo que decide otro; ello es legítimo en el sistema de recursos contra las decisiones de todo magistrado instructor, cuyo fin es permitir corregir los errores en que pueda haber incurrido éste, pero nunca para criminalizar -prohibir, reprimir- su actuación. Esto también se intentó en el caso de los magistrados López Ortega, Cezón y Ollero de la Audiencia Nacional, que por una resolución judicial fueron objeto de querella y luego de grave sanción disciplinaria por parte del Consejo General del Poder Judicial; la querella fue archivada por un auto del magistrado del Tribunal Supremo Sánchez Melgar, y la sanción disciplinaria fue anulada por una paradigmática sentencia del Tribunal Supremo, de 2004, que estableció que no se podía sancionar a los magistrados por tener un criterio jurídico diferente al del Consejo General del Poder Judicial.

Por tanto, es manifiesto que en la instrucción del magistrado Baltasar Garzón no hay sombra alguna de prevaricación; entiendo que nunca pretendió desconocer la legitimidad de la Ley de Amnistía, ni aplicar un concepto subjetivo de la justicia: pretendía algo más sencillo y necesario para toda justicia: la averiguación de la verdad -con las consecuencias jurídicas que luego procedan- y la verdad en hechos que contradicen las irrenunciables exigencias de los derechos humanos, cuya protección jurídica trasciende al propio legislador ordinario. Y esta verdad debe ser aceptada por una sociedad que pretenda ser plenamente respetuosa con la dignidad humana, aunque nos señale con el dedo a unos y otros.

José Luis Fuertes Suárez es abogado del Estado excedente.

El País.com


Salamanca exhibe los retratos que hicieron en prisión los represaliados franquistas Pedro Antequera y David Álvarez…

abril 19, 2010

El Centro Documental de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca, expone durante los meses de abril y mayo una selección de retratos, esculturas y documentos personales de los artistas Pedro Antequera Azpiri y David Álvarez Flores, que fueron encarcelados, incluso el segundo de ellos fue fusilado, por el bando franquista en 1940.

EUROPA PRESS. 19.04.2010

Entre las piezas de la muestra se encuentran retratos a otros presos de las cárceles con “un realismos profundo”, cartas entre represaliados y no faltan caricaturas que hacían para “escapar en sus pensamientos de la terrible situación que estaban viviendo”.

Así lo destacó el comisario de la exposición titulada ‘Retratos desde la prisión’, Mikel Lertxundi, quien fue el encargado de recopilar los trabajos después de que se encontrase, durante sus investigaciones sobre Antequera Azpiri, con parte de ellos de manera “fortuita”.

En la presentación también estuvieron el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Rogelio Blanco, la directora del Centro Documental de la Memoria Histórica, María José Turrión, y familiares de los dos artistas.

Antequera Azpiri y Álvarez Flores nacieron en Madrid y tuvieron vidas “paralelas en muchos sentidos” puesto que desarrollaron su carrera en Guipúzcoa, viajaron de nuevo a Madrid para completar su trayectoria junto a otros creadores y se toparon con la Guerra Civil, que acabó con ellos en prisión.

A la conclusión del período bélico fueron detenidos en la prisión de Conde de Toreno, en la que coincidieron con otros artistas a los que retrataron. Estos trabajos se pueden ver ahora temporalmente en el Centro Documental de Salamanca.

El comisario de ‘Retratos desde la prisión’ recordó que David Álvarez fue fusilado en julio de 1940 y Antequera Azpiri visitó varias cárceles franquistas en Segovia y Madrid hasta que fuera liberado en 1943.

Esta muestra, junto al trabajo diario del Centro Documental de la Memoria Histórica, sirve para “no permitir bajo ningún concepto el olvido de lo que pasó”, argumentó Rogelio Blanco, quien abogó por “repensar” el drama para que no vuelva a suceder.

20 minutos/ google noticias


El futuro Museo Europeo de la Memoria se construirá en Bruselas…

abril 19, 2010

Así lo ha dado a conocer hoy en Salamanca el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco durante la inauguración de una exposición en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

Blanco ha adelantado que la próxima semana, coincidiendo con la celebración en la capital salmantina del II Congreso Internacional de Centro de la Memoria, el responsable del proyecto del museo, Miguel Ángel Martínez, dará a conocer los pormenores del mismo.

El objetivo de iniciativas de este tipo, ha agregado el director general del Libro, es que “haya una representación de unos hechos que no tenían que haber sucedido”.

Por lo que respecta al II Congreso Internacional, será inaugurado por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y en esta ocasión se centrará en Europa, ya que su celebración coincide con el semestre de presidencia española de la UE.
También, en las próximas semana, Blanco ha anunciado que se inaugurará una exposición “desgarradora” con maquetas a escala de los campos de concentración del franquismo, acompañadas de una serie de esculturas del artista “Hernán” que han sido donadas por su familia.
En este tiempo, además se estrenará la película “Caminos de la memoria” del director hispanobelga José Luis Peñayuela y que está subvencionada por el Ministerio de Cultura y centrada en la construcción de un centro de la memoria.
ABC.es

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