TRIBUNA: JOSÉ LUIS FUERTES. El derecho como indagación de la verdad objetiva…

JOSÉ LUIS FUERTES 19/04/2010

El propósito de este artículo es explicar y justificar desde el punto de vista estrictamente jurídico y constitucional la instrucción del magistrado Baltasar Garzón sometida hoy a la sospecha de la prevaricación. Y el principio básico de tal justificación es señalar que la actuación instructora cuestionada responde a un fin esencial del Derecho, según la obra de Michel Fou-cault: la indagación de la verdad objetiva, como auténtica forma de verdad y conocimiento. Por el contrario, la instrucción del Tribunal Supremo, recientemente culminada en el auto del alto tribunal de 7 de abril de 2010, se ha arrogado facultades de enjuiciamiento excesivas y además, yerra por completo en su interpretación de la Ley de Amnistía, error que es paradójicamente lo que se imputa al magistrado Baltasar Garzón, considerando además el tribunal tal error como presuntamente delictivo, con gravísimo peligro para la independencia judicial en la que se asienta nuestro Estado de Derecho.

El Supremo incurre en un error: la Ley de Amnistía no impide investigar crímenes de lesa humanidad

Los autos del Tribunal Supremo y la Ley de Amnistía de 1977. Los dos autos del Tribunal Supremo se asientan fundamentalmente en una presunta beligerancia del magistrado querellado para reconocer los efectos de la Ley de Amnistía de 1977, de cuya legitimidad nadie debe dudar; así resulta muy claramente de la parte final del auto del alto tribunal de fecha 3 de febrero de 2010, cuando dice que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España.

Pues bien, ocurre que a mi juicio se incurre en un muy grave error que, contra lo que parece pensarse por algunos, es excesivamente «progresista»: el Tribunal Supremo parece pensar que sin la Ley de Amnistía el ordenamiento y la justicia preconstitucionales serían ilegítimas intrínsecamente, siendo tal ilegitimidad el fundamento de la investigación del magistrado querellado. Esta posición estimo que es totalmente equivocada, aunque ello no tiene por qué obedecer a designio oscurantista o conspirativo alguno; obedece simplemente a un absoluto desenfoque histórico y jurídico, ya que nada obstaculiza a esa investigación ni la Ley de Amnistía, ni la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica.

El respeto a la Ley de Amnistía no puede suponer la negación y la ceguera sobre el pasado, y esa ley nunca pretendió tal cosa. El nuevo Parlamento democrático español nunca quiso ni se propuso renunciar a todo esclarecimiento sobre la verdad de la historia, no quiso clausurar los archivos, destruir u ocultar los documentos, ni silenciar a lostestigos; pero nunca pretendió tampoco desautorizar o abolir la legitimidad jurídica del ordenamiento preconstitucional, ni restablecer la legalidad de las normas republicanas, como aclaró inmediatamente nuestro Tribunal Constitucional, ya que nunca se produjo una ruptura del orden jurídico. Pretendió, guiado por un designio de justicia, amparar y justificar actos castigados bajo el sistema político anterior, ya que su castigo era contrario a los principios esenciales de la democracia, que debían considerarse retroactivos en grado máximo en todo lo favorable.

Y la misma, pero más amplia y explícita, es la finalidad de la Ley de Memoria Histórica, que deroga algunas leyes del ordenamiento anterior, por considerarlas especialmente injustas, a los efectos de que no puedan ser nunca aplicadas o invocadas, como dice con claridad la exposición de motivos de la misma; y no con ningún designio criminalizador retroactivo del régimen anterior.

Por ello justamente, la investigación de la verdad sobre nuestro pasado preconstitucional, si hay en casos determinados causas razonables para ello en el ejercicio de la legítima e independiente apreciación judicial, no tiene nada que ver con una supuesta negación de la legitimidad del ordenamiento y la justicia preconstitucionales en su conjunto. La Ley de Amnistía no pretendió «sanar» tal ilegitimidad, ya que nunca hubo ruptura del ordenamiento, sino la de aplicar retroactivamente todas las consecuencias favorables de la trascendental reforma del sistema político decidida pacíficamente por el pueblo español en 1977 y consumada en 1978.

Foucault: el Derecho como indagación de la verdad. Michel Foucault explica y elogia la indagación jurídica como forma auténtica y válida de obtener la verdad; la indagación equipara el Derecho a la investigación filosófica y científica, en lo más alto del conocimiento humano, siendo el establecimiento de la verdad objetiva imprescindible para la aplicación del Derecho y la justicia.

En nuestro caso, se trataba en la instrucción del magistrado Baltasar Garzón de posibles hechos contrarios a las más elementales exigencias de la justicia (como dice la Ley de Memoria Histórica) y de los derechos humanos. Y los hechos que se indagaban no eran los «horrendos crímenes del franquismo», como dice el Tribunal Supremo, haciendo supuesto de la cuestión investigada por el magistrado Baltasar Garzón, sino los crímenes de lesa humanidad que hubieran podido cometerse, crímenes por naturaleza contrarios a los derechos humanos y a toda ley, y no justificables ni por el ordenamiento preconstitucional, que nunca los permitió ni amnistió, ni por finalidades políticas de ninguna índole, que nunca los pueden consentir, ni antes ni ahora.

La independencia judicial: el ‘caso López Ortega, Cezón y Ollero’. Foucault considera precisamente que lo más difícil de conseguir para garantizar la indagación de la verdad es la independencia judicial; y en el cuestionamiento criminal de la actuación del magistrado querellado, lo más grave del error es que el mismo es frontalmente contrario a las exigencias de la independencia judicial, presupuesto básico en el Estado democrático para conseguir la indagación de la verdad, y por tanto, la auténtica justicia.

En los autos del Tribunal Supremo lo que aparece es una criminalización de la posición jurídica contraria a la del instructor, una interpretación normativa que creemos que es equivocada por parte del alto tribunal, justamente en lo esencial: en la determinación de la finalidad de la norma interpretada (la Ley de Amnistía); lo que, a su vez, según la doctrina de estos mismos autos, sería la auténtica prevaricación, que nos llevaría a una espiral de prevaricaciones sin fin, lo cual es un sinsentido completamente ajeno a las garantías jurídicas de nuestro sistema judicial.

En este sentido, los autos del Tribunal Supremo no corresponden a la indagación de la verdad, sino al puro control de lo que decide otro; ello es legítimo en el sistema de recursos contra las decisiones de todo magistrado instructor, cuyo fin es permitir corregir los errores en que pueda haber incurrido éste, pero nunca para criminalizar -prohibir, reprimir- su actuación. Esto también se intentó en el caso de los magistrados López Ortega, Cezón y Ollero de la Audiencia Nacional, que por una resolución judicial fueron objeto de querella y luego de grave sanción disciplinaria por parte del Consejo General del Poder Judicial; la querella fue archivada por un auto del magistrado del Tribunal Supremo Sánchez Melgar, y la sanción disciplinaria fue anulada por una paradigmática sentencia del Tribunal Supremo, de 2004, que estableció que no se podía sancionar a los magistrados por tener un criterio jurídico diferente al del Consejo General del Poder Judicial.

Por tanto, es manifiesto que en la instrucción del magistrado Baltasar Garzón no hay sombra alguna de prevaricación; entiendo que nunca pretendió desconocer la legitimidad de la Ley de Amnistía, ni aplicar un concepto subjetivo de la justicia: pretendía algo más sencillo y necesario para toda justicia: la averiguación de la verdad -con las consecuencias jurídicas que luego procedan- y la verdad en hechos que contradicen las irrenunciables exigencias de los derechos humanos, cuya protección jurídica trasciende al propio legislador ordinario. Y esta verdad debe ser aceptada por una sociedad que pretenda ser plenamente respetuosa con la dignidad humana, aunque nos señale con el dedo a unos y otros.

José Luis Fuertes Suárez es abogado del Estado excedente.

El País.com

One Response to TRIBUNA: JOSÉ LUIS FUERTES. El derecho como indagación de la verdad objetiva…

  1. ANTICONSTITUCIONALIDAD DE SANCIONES Y PENAS PERPETUAS FRANQUISTAS DEL 23 F dice:

    Se cumplen 31 años del golpe de estado del 23 F de 1981 sin haberse aclarado las penas y sanciones perpetuas militares franquistas que se impusieron , claramente anticonstitucionales, al ser propias tipicas y unicas de TRIBUNALES DE HONOR, al no ser reinsertadoras ni rehabilitadoras, y significar la MUERTE CIVIL DE LOS CONDENADOS

    I-SANCIONES Y PENAS PERPETUAS MILITARES DEL 23 F :

    PERDIDA DE EMPLEO Y SEPARACION DEL SERVICIO

    http://elpais.com/diario/1982/06/04/espana/391989603_850215.html

    EXPULSADOS DEL EJERCITO

    http://elpais.com/diario/1982/06/04/portada/391989602_850215.html

    TREINTA AÑOS DE CARCEL Y EXPULSION DEL EJERCITO PARA LOS REBELDES MILANS Y TEJERO

    http://elpais.com/diario/1982/06/04/portada/391989601_850215.html

    LOS PRINCIPALES JUICIOS MILITARES DE LA TRANSICION ESPAÑOLA

    http://elpais.com/diario/1982/06/04/espana/391989622_850215.html

    II-EL PENULTIMO SEPARADO DEL SERVICIO ESPAÑOL : UN INTERVENTOR ACCIDENTAL LOCAL DE EL EJIDO

    http://www.elejido.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1722:separacion-del-servicio-del-ex-interventor-accidental-jose-aleman-por-falta-administrativa-muy-grave&catid=36:ultimas-noticias&Itemid=60

    SEPARACIÓN DEL SERVICIO DEL EX INTERVENTOR ACCIDENTAL XXX POR FALTA ADMINISTRATIVA MUY GRAVE (???)

    Jueves, 02 de Febrero de 2012 15:02

    Síntesis de la sanción de separación del servicio impuesta a D. XXX, decretada pasado el día 30.

    Según resulta probado en la resolución D. XXX como Interventor Accidental del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido imputó a sabiendas de forma continuada como ingresos y derechos a cobrar en los presupuestos de los ejercicios 2007 y 2008,…

    Por ello se ha impuesto:

    – A Don XXX la sanción de separación del servicio como responsable de comisión de falta administrativa disciplinaria continuada y tipificada como muy grave en el artículo 95.2.g) de la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (y 146.1, 147.1 por “el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas” (…) enumeradas en los artículos 136 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, artículos 14, 4 y 6.1 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, y artículos 52, 53 y 54 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, principios de la Orden EHA 4041/2004, de 23 de noviembre y sancionada en el art. 96.1 a) del EBEP y artículo 148.1.e) y apartado 4, del RDL. 781/1986, de 18 de abril y arts. 14 y 15 del RD 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. Teniendo en cuenta el grado de intencionalidad que se revela de la conducta y el daño muy grave al interés público causado conforme a lo dispuesto en el art. 96.3 del EBEP.

    – La sanción disciplinaria será inmediatamente ejecutiva a partir de su notificación (ATS de 13 de junio de 1988). Y se ejecutará según los términos de la presente resolución. Una vez que tuviere el carácter de firme, la sanción disciplinaria de separación del servicio determina la pérdida de la condición de Funcionario de carrera de la Administración Local de D. XXX y tiene carácter definitivo,

    SIN PERJUICIO DE LOS SUPUESTOS DE REHABILITACIÓN (???)

    (arts. 63 d) del EBEP, 138 del RDL 781/1986, y arts 14, y 15 del Reglamento de Régimen Disciplinario).

    Contra esta resolución, Don XXX podrá interponer en vía administrativa recurso de reposición o directamente recurso contencioso-administrativo.

    NOTA: Esta sanción de separación del servicio, carece de rehabilitación en el EBEP para docentes, abogados del estado, policías…. que existe en la LOPJ y en el EOMF para jueces y fiscales, y por ello resulta desproporcionada, inicua y nula .

    III- HOY 23 F EL JUEZ GARZON SERA EL ULTIMO ESPAÑOL SEPARADO DE SERVICIO POR EL PLENO DEL CGPJ , Y SERA EL ULTIMO DE ELLOS QUE, COMO EL PENULTIMO Y OTROS , DEBEN FIGURAR EN SU LISTA DE SEPARADOS DE SERVICIO , DESAPARECIDOS , FUSILADOS, EXILIADOS, TORTURADOS…..CREADA POR EL MISMO JUEZ GARZON POR PROVIDENCIA DE 25-9-2008 PARA REHABILITAR E INDEMNIZAR A MILES DE VICTIMAS INDEFENSAS DE LAS LEYES PRE Y POST CONSTITUCIOBNALES DE DEPURACION TOTALITARIA DE FUNCIONARIOS A EXTERMINAR QUE ESTORBEN AL PODER, CUESTIONANDO LAS LEYES DE MEMORIA 2007, AMNISTIA 1977, OLVIDO 1969, IMPUNIDAD 1939 , …Y POR LO CUAL FUE SUSPENDIDO Y PROCESADO Y CONDENADO EN LA SALA 2ª TS A 11 AÑOS DE INHABILITACION TEMPORAL POR «ESCUCHAS ILICITAS» QUE SE CONVIERTE EN PERPETUA POR CONLLEVAR DICHA PENA LA SANCION PERPETUA DE SEPARACION DEL SERVICIO, QUE POR SER ANTICONSTITUCIONAL Y DESPROPORCIONADA LE ABSUELVE AUTOMATICAMENTE DE LA SANCION Y DE LA PENA SEGUN STC DE LA “MESA DE HERRI BATASUNA”.

    DICHA MESA FUE ABSUELTA DE LA PENA IMPUESTA POR STS SALA 2ª TS POR APOLOGIA DEL TERRORISMO DE UN VIDEO ELECTORAL, MEDIANTE STC CUYO PRIMER PONENTE JIMENEZ DE PARGA CONFIRMÓ LA PENA DE PRISION , SIENDO CAMBIADO POR EL TC POR OTRO PONENTE VIVER QUE LA ANULO POR DESPROPORCIONADA ABSOLVIENDOLES SIN NECESIDAD DE REPETIR EL JUICIO.

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