Varela retrasa su decisión sobre la recusación de Garzón…

abril 27, 2010

El juez de la Audiencia le achaca “tener interés en la causa” y parcialidad.

JOSÉ YOLDI – Madrid – 27/04/2010

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela ha aplazado hoy pronunciarse sobre la recusación que Baltasar Garzón presentó en su contra el pasado viernes. El juez de la Audiencia Nacional achaca a Varela “tener interés directo o indirecto en el pleito” que instruye contra él por investigar los crímenes del franquismo.

La ley no fija ningún plazo para que Varela se pronuncie, pero se supone que debe hacerlo cuanto antes, ya que el artículo 223.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “formulada la recusación, se dará traslado a las demás partes del proceso para que, en el plazo común de tres días, manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusación propuesta o si, en aquel momento, conocen alguna otra causa de recusación”. Y agrega poco después: “El día hábil siguiente a la finalización del plazo previsto en el párrafo anterior, el recusado habrá de pronunciarse sobre si admite o no la causa o causas de recusación formuladas”.

Y Varela no ha dado traslado a las otras partes para que se pronuncien sobre la recusación. Ello podría significar que el juez del Supremo tiene previsto rechazar de plano la recusación. Lo único que ocurre es que esa circunstancia, sólo es posible, de acuerdo con la reforma de la ley en diciembre de 2003, en el caso de que la recusación no contenga los motivos en los que está basada o si no se hubiera acompañado la documentación correspondiente.

Pero ese no es el caso. La recusación de Garzón está fundada en que Varela dio la semana pasada una segunda oportunidad a Falange Española de las JONS y Manos Limpias para que subsanasen los defectos de forma que contenían sus escritos de acusación, en los que se solicitaban 20 años de inhabilitación para Garzón por un delito de prevaricación.

Si el magistrado no les hubiera abierto esa puerta, dándoles además instrucciones para realizar las correcciones pertinentes, hubiera tenido que dar los escritos de acusación por inadmitidos, como en su día ocurrió con la acusación del Partido Popular en el caso Filesa. Eso hubiera supuesto el fin del proceso por falta de acusación, puesto que la fiscalía ha solicitado reiteradas veces el archivo de la causa por estimar que no existe delito.

El País.com


Escaño Cero.- La memoria presente…

abril 27, 2010

MADRID, 27 Abr. (OTR/PRESS) –

Lo he dicho en multitud de ocasiones: si mi abuelo estuviera enterrado en una cuneta querría rescatar sus restos y enterrarle dignamente. De manera que no sólo comprendo, sino que me solidarizo con quienes no sólo perdieron a familiares, sino que, además, estos permanecen perdidos en cunetas u otros lugares.

Se supone que la Ley de Memoria Histórica debía de reparar estas situaciones y prestar todo el apoyo posible tanto a asociarnos como a particulares que quisieran recobrar los restos de sus familiares, así como reivindicar su memoria. Pero hubo quien quiso ir más allá y hacer lo que no se hizo en la Transición, es decir hacer un proceso al franquismo, aunque fuera un proceso moral. Y es en ese momento cuando las asolaciones acuden al juez Garzón, cuando éste se declara competente, cuando Falange Española y Manos Limpias irrumpen presentando una querella contra el juez, y cuando se organiza todo este sin sentido.

Como no soy jurista, no me siento capaz de decir si el juez Garzón actuó de acuerdo a la letra y música de la ley, lo que sí sé es que chirría que se ponga en marcha un proceso contra él a causa de Falange Española y de Manos Limpias. Vaya por delante que a nadie se le oculta que Garzón es un juez muy particular y que muchas de sus actuaciones son más que controvertidas, que ahí está el tema del Santander o el de las escuchas a los abogados de Gürtel u otras muchas actuaciones sorprendentes. Pero estos casos son una cosa, y procesarle a cuenta de Falange es otra. De ahí la indignación de miles de ciudadanos y esas manifestaciones y apoyos, alentados unos y espontáneos otros, tanto da, precisamente porque lo que muchos ciudadanos no han podido digerir es que pueda ser Falange quien le siente en el banquillo. Ahí está el quid de la cuestión.

Verán yo creo que todo este asunto debería de reconducirse. No es posible que este país vuelva a estar dividido en dos mitades, que volvamos a la dialéctica de los buenos y los malos, que borremos de un plumazo treinta años de convivencia pacífica, que de repente parezca que fue ayer cuando se murió Franco.

Insisto en que me parece de justicia enterrar dignamente a los muertos y recuperar su memoria, pero para esto no es necesario barrer de un plumazo todo lo que se ha construido en estos años de democracia, y no sobre el olvido como dicen algunos, sino sobre el perdón y la generosidad de quienes fueron los perdedores de la guerra civil, y también de la sociedad entera que sufrió los cuarenta años de franquismo.

Julia Navarro

Julia Navarro

Escaño Cero.- La memoria presente.

Europa Press


El PSOE defiende el derecho a “enterrar a los muertos” y ve innecesario cambiar la Ley de Amnistía…

abril 27, 2010

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) –

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, defendió el derecho de los familiares de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura a “enterrar dignamente a los muertos”, pero distinguió este asunto, recogido en la Ley de Memoria Histórica, de la investigación penal que pretendió abrir el juez Baltasar Garzón. Sobre este segundo punto, no ve necesidad de reformar la Ley de Amnistía de 1977 al entender que la legislación española ya permite perseguir el genocidio y los crímenes contra la humanidad.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso, el portavoz del PSOE fue preguntado por la polémica suscitada a raíz de las muestras de apoyo al juez Garzón, los intentos de IU-ICV y del BNG para cambiar la Ley de Amnistía para garantizar que se pueda abrir un proceso penal contra el franquismo y las quejas de ERC y otros grupos por el lento desarrollo de la Ley de Memoria Histórica.

Sobre el PP, que acusa al Gobierno de promover una “crisis institucional” por permitir ataques al Tribunal Supremo que juzga a Garzón, Alonso dijo que “la única crisis política” que existe en el país proviene de “los escándalos de corrupción” que afectan a los ‘populares’ y que pretenden “tapar”.

LA ÚNICA CRISIS, LA DE LOS “ESCÁNDALOS” DEL PP

“En nuestro país se ejercen las libertades y se respeta a las instituciones con toda normalidad, y aunque haya fricciones, éstas se resuelven democráticamente”, manifestó el portavoz socialista, para quien es “bastante peligroso e injusto” el discurso que defiende el principal partido de la oposición. “Dejen de perturbar la convivencia en España”, les espetó.

En cuanto a las quejas de los familiares de víctimas de la dictadura franquista, admitió que “hay decenas de miles de personas indignamente enterradas en nuestro país” y que lo que queda por hacer es precisamente ayudarles a “enterrar dignamente a los muertos”.

Agregó que la Ley de Memoria ha empezado a funcionar recientemente y que hay una unidad específica en Moncloa para coordinar todos los esfuerzos, que hay que continuar y que pueden mejorarse.

Ahora bien, quiso dejar claro que la acción del juez Garzón y el espacio de actuación de la Ley de Memoria son distintos porque el magistrado inició un proceso de naturaleza penal, cuando la ley prevé medidas de naturaleza administrativa y política.

¿CÓMO HAN ACTUADO LOS JUECES HASTA AHORA?

En cuanto a las demandas para modificar la Ley de Amnistía de 1977 para excluir los delitos de genocidio y de crímenes contra la humanidad, el dirigente socialista recordó que esos delitos ya son perseguibles con el ordenamiento jurídico nacional e internacional del que disponen nuestros jueces, apuntando que sostener lo contrario es cuestionar las decisiones que sobre estos delitos se han ido adoptado en las últimas décadas por parte de la Audiencia Nacional.

“¿Con qué leyes han estado actuando los jueces a partir de 1977? –se preguntó–. Pretender decir que esos delitos no están en nuestro ordenamiento jurídico es un poco paradójico porque sería presumir que las actuaciones de los jueces en estos años estaban colgadas de la brocha”.

Además, el portavoz socialista insistió en que la Ley de Amnistía de 1977 se hizo para sacar de la cárcel a los luchadores contra el franquismo y evitarles problemas de naturaleza legal con la recuperación de la democracia.

Europa Press vía Google noticias