Héroes de la República insepultos en el Ebro…

mayo 7, 2010

En nuestro caso los restos mortales de nuestros héroes han quedado ahí tirados, sin más, (…) a lo largo de este ininterrumpido reinado de un mismo monarca que nunca ha mostrado un ápice de esa misma humanidad de Príamo para con nuestros propios vencidos en los últimos 35 años…

NUEVATRIBUNA.ES – 7.5.2010

Por Miguel Ángel Rodríguez Arias

Ni tan siquiera tirados en fosas clandestinas, directamente insepultos, a la intemperie. Fémures y cráneos aquí y allá, apareciendo detrás de cualquier arbusto; en no pocas ocasiones ocupando los mismos lugares en los que fueran destrozados por los obuses alemanes e italianos que auxiliaron a Franco.

Así se encuentran todavía numerosos defensores de la República española en las tierras altas del Ebro, tal y como recogía este fin de semana El País, al informar de excursionistas y vecinos que habían ido reuniendo, en más de 600 trozos distintos, los restos mortales dispersos de “unos 63” combatientes republicanos caídos durante la batalla del Ebro de 1938. En la línea de las terribles, imposibles de creer, imágenes emitidas por Telecinco hace ya más de un año, que tampoco pueden ser olvidadas.

Que estemos hablando de personas que se dejaron la vida en una de las batallas más desesperadas y cruentas que se recuerden en España, que lo hicieran en defensa de la Constitución, de nuestras libertades, de nuestro futuro,…que en cualquier otro lugar civilizado serían honrados como héroes…parece que poco importa.

Llevan más de 70 años allí tirados, directamente a la intemperie; incluida la cuenta de los más de veinte años desde que nuestro “Estado de Derecho” ratificase, en abril de 1989, el Segundo Protocolo a la Convención de Ginebra, cuyo elemental artículo 8 no podría resultar más claro en relación con los ineludibles deberes legales de Estado de búsqueda y trato decoroso de los restos mortales de los combatientes:

Artículo 8 – Búsqueda. Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, se tomarán sin demora todas las medidas posibles (…) para buscar a los muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos.

Medidas “sin demora” para “dar destino decoroso a sus restos”…no cabe duda, los desaparecidos en combate, son los desaparecidos entre los desaparecidos; y en nuestro país más. Sea en los escenarios bélicos del Ebro o en cualesquiera otros.

Las normas internacionales de referencia de los “desaparecidos en combate” podrán no ser las mismas que ante las desapariciones forzadas, pero el dolor y la interminable espera de sus familiares ante la angustia del ser querido desaparecido del que nunca más se supo – la ausencia del lugar de reposo donde recordarles y honrarles – sí que lo es.

Pero – como ante el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Nuremberg y todo lo demás – el Segundo Protocolo a la Convención de Ginebra, el artículo 8 más arriba citado, tampoco vale en España. La Convención de Ginebra…

Qué terrible vivir en un país tan poco serio en el que se hace necesario argumentar y reclamar a nuestras autoridades por qué “sería mejor” – y más decente – cumplir con los tratados absolutamente fundamentales firmados por España…les dé o les quite votos a nuestros gobernantes…

Qué terrible que hasta la derecha democrática de otras naciones civilizadas como la de la Alemania de Ángela Merkel haya entendido que el cumplimiento de tales tratados internacionales en materia de derechos humanos – la nulidad de las “sentencias” del nazismo y todo lo demás – no es algo meramente optativo, no es ni de izquierdas ni de derechas…mientras que los actuales dirigentes de nuestro partido socialista todavía no lo hayan hecho…

Qué terrible la actuación de los ayudantes de la impunidad, aquellos dentro del PSOE siempre dispuestos a justificar, violación tras violación del derecho internacional – vergüenza tras vergüenza –, el trato inhumano a estas personas cuyos derechos se siguen negando de todas las formas posibles… la actuación de aquellos que ponen todos los paños calientes del mundo en nombre del PP que se avecina, de lealtades de partido mal entendidas, de la “responsabilidad de gobierno”, y no sé que más. Y eso que siempre creí que una de las primeras responsabilidades de gobierno, de cualquier gobierno, era justamente la de garantizar los derechos humanos tal y como vienen recogidos en el derecho internacional: tal y como dice el artículo 10.2 de la Constitución española o su artículo 96…ni más ni menos… cumplir nuestra Constitución debe ser también algo gravemente incompatible con la responsabilidad de gobernar, como lo del Convenio Europeo de Derechos Humanos…cosa de izquierdosos o de quienes quieren parecerlo…

¿Qué es lo que pasa en este país cuando se puede incumplir todo el derecho internacional perpetrando comportamientos verdaderamente infames desde nuestras propias instituciones, y el mero hecho de exigir la normal observancia de las leyes de humanidad – como la de no dejar a miles y miles de personas tirados como perros – resulte ser “guerracivilismo”, “ir de rojo”, o lo que se les ocurra?

¿Qué es lo que pasa cuando, ante el frío hecho de los cientos de cuerpos a la intemperie en el Ebro, el gobernante de turno del PSOE se puede ir públicamente de rositas con cualquier chascarrillo feliz como “sentirse absolutamente cercano a las víctimas”, o directamente mintiendo a la ciudadanía de forma descarada diciendo cosas como que la sentencia de Blas Infante ya no existe en virtud de la “ley de la memoria”?.

Y, con todo, esa imagen de esos cientos de cuerpos insepultos en el Ebro no nos habla ya, únicamente, de un Gobierno que será largamente recordado por sus hazañas en materia de justicia universal – que sí que sobrevivió a Aznar, pero que, paradójicamente, no lo hará a Zapatero… – y una impactante cobardía moral que resulta inevitable criticar, sino que nos habla de algo más de fondo, casi antropológico, aún pendiente en nuestra misma sociedad.

Omero lo recrea en el canto XXIV de su Iliada, el titulado Rescate de Héctor, cuando Príamo, Rey de Troya, acude en la noche a suplicarle a Aquiles la restitución de los restos profanados de su heroico hijo, defensor de la ciudad – valiente y digno en la lucha, salvajemente arrastrado después de vencido a los mismos pies de las murallas –, con el único fin de poder honrarlos y darles digna sepultura. En nuestro caso los restos mortales de nuestros héroes han quedado ahí tirados, sin más, sin medio remordimiento de conciencia de ninguna autoridad estatal; no ya únicamente durante toda la dictadura, sino durante todo lo que llevamos de democracia, Gobierno tras Gobierno, a lo largo de este ininterrumpido reinado de un mismo monarca que nunca ha mostrado un ápice de esa misma humanidad de Príamo para con nuestros propios vencidos en los últimos 35 años…

Esos maltratados restos de nuestros propios héroes representan, al mismo tiempo, algo profundo y pendiente en el seno de nuestra propia sociedad postgenocidio, en la decencia de nuestros gobernantes y respecto de cualquier idea de dignidad democrática que nuestras propias instituciones pretendan encarnar, ¿cómo podrían resultar verdaderamente dignas las unas sin los otros, mientras estos últimos continúan tirados a la intemperie?.

En uno de esos votos particulares que le recuerdan a uno por qué y para qué se estudia derecho – el formulado por el magistrado Cançado Trindade en el conocido caso Bámaca Velásquez contra Guatemala en sede de la Corte Interamericana – se nos recuerda:

“La solidaridad humana se manifiesta en una dimensión no sólo espacial – es decir, en el espacio compartido por todos los pueblos del mundo, – sino también en una dimensión temporal – es decir, entre las generaciones que se suceden en el tiempo, tomando el pasado, presente y futuro en conjunto. Es la noción de solidaridad humana, entendida en esta amplia dimensión, y jamás la de soberanía estatal, que se encuentra en la base de todo el pensamiento contemporáneo sobre los derechos inherentes al ser humano”, “lo que concebimos como la especie humana abarca no sólo los seres vivos (titulares de los derechos humanos), sino también los muertos (con su legado espiritual). El respeto a los muertos se debe efectivamente en las personas de los vivos. La solidaridad humana tiene una dimensión más amplia que la solidaridad puramente social, por cuanto se manifiesta también en los lazos de solidaridad entre los muertos y los vivos (…) En definitiva, los vivos y los muertos encuéntranse mucho más vinculados de lo que uno pueda prima facie suponer, y esta realidad no puede seguir siendo ignorada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en evolución”.

No hay rescate de Héctor entre nosotros, yace aún profanado por la furia de Aquiles más allá de las leyes de los hombres o de los dioses.

Seguimos, en este país, sin noticias de Príamo.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro “El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad” y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.

Vídeo de Telecinco sobre “Los restos de la batalla del Ebro”: TOTAL NOTICIA EN EL ENLACE

http://www.nuevatribuna.es/noticia/34305/OPINI%C3%93N/espa%C3%B1a-post-genocidio-iisin-noticias-pr%C3%ADamo-h%C3%A9roes-republica-insepultos-ebro.html

Nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Rodríguez Arias con su libro "El caso de los niños robados por el franquismo"


NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER…

mayo 7, 2010

Nuestro amigo y colaborador habitual Francisco González de Tena (Paco Tena) en la presentación de su libro "Los niños invisibles en el cuarto oscuro" en la feria del libro de Madrid en el año 2009

Por Francisco González de Tena:

A la Justicia la suelen representar ciega. Cada día parece más acertada esa imagen pero no por su simbología de la ecuanimidad, al menos no siempre ni en los casos más clamorosos. En mi tierra existía una frase que ahora parece acertada, aunque para evitar problemas prefiero cambiar algún término, que los conocedores del viejo refranero español pondrán adecuadamente en sus justos términos. Venía a decir: Cuando a un simple lo colocas en un carril, el carril se acaba pero el simple sigue hasta que se mata

Modestamente creo que los magistrados que detentan en estos momentos la máxima responsabilidad en el Tribunal Supremo responden, para su desgracia y la de todos los españoles, a ese lugar común que trata de retratar la frase de la obcecación suicida.

No han sabido interpretar los gritos de los miles de ciudadanos que expresamos en la calle (que nos pertenece por título de ciudadanía, lo mismo que nuestras voces y las  críticas plenamente justificadas), al traducir nuestra rabia impotente como un ataque ciego contra su, al parecer infalible, interpretación del Derecho que no de la Justicia. Por supuesto estas humildes líneas no llegarán a sus taponados oídos, por supuesto nada comparable con su altísima dignidad inmaculada, según pretenden ellos y sus hagiógrafos de las cavernas mediáticas. Pero permítaseme una reflexión que espero que sea oportuna, y podamos esgrimirla cuando pasen estos tiempos increíbles.

Cada paso que se da en este impresentable esperpento judicial coordinado, entre los restos putrefactos del franquismo más rancio y los oportunos instrumentos que se han agenciado los imputados de la basura de la corrupción, es una palada más para enterrar la dignidad de nuestra Justicia. Y los gritos reclamando una justa cordura judicial no trataban de amenazar a nuestros magistrados (porque son nuestros, los pagamos con nuestros impuestos y ocupan esas dignidades no como un Poder Absoluto sino como un Alto Servicio Público) sino que eran gritos de alarma más que justificada ante el bochornoso espectáculo protagonizado por esa, al parecer, procesión de ciegos camino del abismo.

No lo duden ni un segundo. Esto no acaba con el lamentable espectáculo de un juez prestigioso que atendió una demanda plenamente justificada, en Justicia, sino que lo más grave para todos, y en especial para estos magistrados que interpretan el Derecho de forma tan sesgada que hasta lo aprecia un estudiante de primero de carrera, vendrá después, a la luz del Derecho Internacional que atenderá en apelación última ya incontrovertible para tratar de recomponer las piezas del ahora borroso esperpento.

Lo irremediable será que para entonces ya el daño estará hecho. Por un lado estas rencorosas tramas habrán “alcanzado sus últimos objetivos militares”, como anunció con voz chillona un locutor el día 1 de abril de 1939; pero al mismo tiempo la necesaria confianza nacional e internacional en nuestra Justicia habrá quedado hecha añicos.

Francisco González de Tena

Madrid, 7 de mayo, 2010.


El desconocimiento del derecho internacional por parte del estado español tiene como consecuencia el no reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo…

mayo 7, 2010

Equipo Nizkor Información
Impunidad
07may10 -


Esp – El desconocimiento del derecho internacional por parte del estado español tiene como consecuencia el no reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo.

I) El problema de la impunidad en España son sus causas, no sus consecuencias.

English version

Desde que el Equipo Nizkor hiciera público el 14 de abril de 2004 su documento “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas”, que fue el primero después de la promulgación de la Constitución de 1978 en plantear la cuestión de las víctimas del franquismo a la luz del derecho penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos, hemos elaborado y difundido regularmente declaraciones y documentos sobre el denominado “modelo español de impunidad”.

En relación con los hechos ocurridos como consecuencia de las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional, también han sido varios los documentos de análisis que hemos emitido; en los mismos han participado además organizaciones de todo el Estado que, por decisión propia, no tomaron parte en dichas denuncias. En esas declaraciones preveíamos muchos de los hechos que se produjeron después, y, especialmente, el riesgo de archivo de las causas conforme al derecho procesal vigente.

Entre las declaraciones emitidas destacamos:

La “Declaración sobre la situación de las denuncias de víctimas del franquismo ante la Audiencia Nacional”, hecha pública el 30 de septiembre de 2008, a la que siguió otra de fecha 20 de noviembre de 2008 titulada “Declaración sobre el incidente de competencia en la Audiencia Nacional: el crimen no puede ser origen del derecho”. Se trata de dos documentos detallados donde tratábamos de explicar la situación creada a partir de los hechos procesales desencadenados por la actuación instructora del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 de la Audiencia Nacional. Por último, el 21 de febrero de 2010, publicamos el documento titulado “El caso contra el juez Baltasar Garzón muestra las contradicciones estructurales del sistema de impunidad español”.

Con estas declaraciones hemos dejado en claro la posición de todas las organizaciones que, por razones de estrategia jurídica, no participamos en las denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional.

La situación que se está produciendo en la actualidad en el Tribunal Supremo nos lleva a ratificarnos en todas y cada una de las declaraciones reseñadas. No obstante, dadas las circunstancias nos vemos en la obligación de reiterar algunos de los aspectos ya abordados.

Thomas Paine en su obra “Los derechos del hombre”, referencia indispensable para la ética de libertades civiles que emana de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, y que consideramos de especial relevancia en la situación actual, dice: “Conviene a sus propósitos [de aquéllos que se oponen a los valores republicanos y las libertades civiles] el exhibir las consecuencias omitiendo sus causas. En eso consiste uno de los recursos del drama. Si se exhibieran los crímenes de los hombres al mismo tiempo que sus sufrimientos el efecto escénico se destruiría fácilmente y el público se sentiría inclinado a aprobar, cuando no se desea más que su conmiseración.”

Por ello consideramos que, como parte del ejercicio de nuestras libertades, es necesario reflexionar sobre las causas estructurales que llevan a la situación actual, en la cual, las principales afectadas son las víctimas del franquismo que merecen y reclaman justicia y no conmiseración.

En los últimas días se han producido hechos de una esencial importancia en el procedimiento que se sustancia en el Tribunal Supremo a raíz de la querella presentada por el denominado Sindicato “Manos Limpias” – organización de extrema derecha originada en los restos del partido franquista Fuerza Nueva-, la asociación del mismo origen político “Libertad e Identidad” y el partido político Falange Española de las JONS, de la que basta decir que es la única organización que dio origen a, y participó en, un régimen fascista y/o nacionalsocialista en Europa y que en cambio ha sido reconocida por altos tribunales en la Europa surgida de la Segunda Guerra Mundial, la misma Europa cuya historia dio origen al Sistema de Naciones Unidas y al derecho penal internacional reconocido por todos los países que integran esa organización.

Por todo ello nos ratificamos en lo declarado desde 2004 en los siguientes aspectos que afectan a la situación actual:

  • 1) El Tribunal Supremo debe proceder a resolver la cuestión planteada por la querella en contra del Juez Baltasar Garzón de manera acorde al derecho penal internacional y concordante además con la historia de todos los países que han sufrido regímenes fascistas y nacionalsocialistas.
  • 2) El reconocimiento de la legitimidad activa de Falange Española de las JONS coloca a España fuera del derecho europeo y, en la práctica, es un acto propio de lo que podríamos denominar un estado de excepción, en el sentido que el conocido doctrinario nacionalsocialista Carl Schmitt dio al término; ni siquiera la dictadura de los coroneles griegos obtuvo tal reconocimiento en los tribunales.
  • 3) Rechazamos expresamente que sea posible en derecho alegar la representación de un régimen que, según las resoluciones de Naciones Unidas “En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini” y que, por lo tanto, no puede aceptarse su legalidad en sede judicial y, menos aún, en el Tribunal Supremo de un país que pretende cumplir las condiciones formales de un estado de derecho.Por ello, consideramos meros subterfugios jurídicos y manifiestamente insuficiente el que se proceda a rechazar la participación de Falange Española de las JONS en el proceso abierto en contra del Juez Baltasar Garzón por meras formalidades procesales, obviando la resolución de la cuestión de fondo.
  • 4) Tampoco podemos aceptar en derecho el planteamiento del fiscal en su escrito de 22 de abril de 2010 en el que considera que Falange Española de las JONS carecen de “legitimación procesal”, posición que ha sido apoyada públicamente incluso por el Ministro de Justicia del Reino de España por los mismos motivos que ya hemos expuesto.Esta posición de la Fiscalía ha sido utilizada por medios de prensa como “El País” para manipular una vez más los tipos penales y dar así a entender que lo que estaba diciendo la Fiscalía es que Falange Española de las JONS carecía de legitimidad, cuando en ningún momento en este procedimiento, hasta el momento, se ha puesto en cuestión la legitimación de Falange Española de las JONS sobre la base de ser una organización que formó parte de la persecución sistemática de personas por motivos políticos que llevó a cabo el régimen franquista.En realidad, la posición de la Fiscalía ataca directamente la institución de la “acusación popular” reconocida en la Constitución Española y no es más que un grave intento de deslegitimar esta institución y eliminar la posibilidad de que mediante la misma se pueda llevar a alguien ante la justicia y, por supuesto, obvia la discusión de la cuestión de fondo.Es necesario aclarar que existen amplios sectores de la magistratura que llevan al menos 12 años elaborando proyectos de todo tipo para que la institución de la “acusación popular” desaparezca. Por eso no deja de ser asombroso que se aprovechen de una circunstancia excepcional como la presente para esconder estas intenciones de modificación “de facto” de la Constitución, que sin embargo niegan cuando se trata de reconocer los derechos de las víctimas del franquismo.

    Son los jueces quienes con sus decisiones basadas en el derecho aplicable y la jurisprudencia deben poner los límites objetivos a la utilización perversa de la institución de la “acusación popular”. Existen, como en el presente caso, elementos jurisprudenciales y de derecho penal internacional suficientes para resolver este caso sin eliminar el derecho de representación ante los tribunales de justicia.

  • 5) Las causas que han llevado a esta situación que tanto asombra a los países europeos que consideraban que España “había hecho sus deberes” durante la transición democrática, no es la actuación del Juez Baltasar Garzón, sino el desconocimiento palmario del derecho penal internacional, la continuidad de la legalidad de un régimen dictatorial como el franquista y el total abandono de las víctimas del franquismo por parte del Estado, cuestiones todas ellas de las que han hecho gala los diferentes gobiernos democráticos y que han tenido su culmen épico en la aprobación de la denominada “Ley de la Memoria” por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios representados en el Congreso, con la sola excepción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, cuyo diputado Joan Tardà representó esta honorable excepción y, por razones políticas totalmente contrarias a las víctimas del franquismo, el Partido Popular.
  • 6) La denominada “Ley de la Memoria” es una ley de impunidad objetiva y, por lo tanto, de confirmación del modelo de impunidad español, y ello por dos motivos muy claros: primero, porque niega el reconocimiento jurídico de las víctimas al convertirlo en un mero “acto administrativo” y así está siendo aplicado por los juzgados de primera instancia e, incluso, defendido por asociaciones que promueven la “Ley de la Memoria”; y, segundo, porque reconoce la legalidad de las leyes franquistas y ésta es la base jurídica que dio pie a la presentación de Fuerza Nueva y Falange Española de las JONS en una querella ante el Tribunal Supremo, reconociéndoseles así la legitimación activa para defender a integrantes del régimen franquista. [Ver comunicado de 11 de octubre de 2007 titulado "Declaración ante el acuerdo parlamentario para presentar un nuevo proyecto de Ley de la memoria y la apertura de la ponencia en la Comisión constitucional del Congreso" firmado por más de 70 asociaciones y el complementario de 30 de octubre de 2007 titulado "Una ley aberrante"]
  • 7) La cuestión de fondo sigue y seguirá siendo la misma que explicitamos en el punto 2) del documento hecho público el 01 de septiembre de 2006 titulado “Entre la cobardía moral y la ilegalidad”. En el mismo decíamos, junto a más de 60 organizaciones, que: “El Proyecto de Ley no hace ningún reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y, como consecuencia, no recoge ninguna de las demandas de las asociaciones de víctimas, ya que sólo habla de reconocimiento moral y compensaciones económicas, que no de indemnizaciones, y no es concordante con el derecho internacional de los derechos humanos, ni con las normas internacionales de reparación de víctimas. En este sentido, resulta conveniente recordar que los tratados internacionales suscritos por España forman parte del ordenamiento interno, esto es, los pactos y tratados sobre derechos humanos están reconocidos por la Constitución vigente, tratándose además de normas de nivel superior a la propia constitución.”Esta declaración fue ratificada por varias organizaciones el 11 de enero de 2010, en un texto titulado “Ante el segundo aniversario de la “Ley de la memoria” en el que, a raíz del segundo aniversario de la entrada en vigor de la “Ley de la Memoria”, decíamos que esta ley era “insalvablemente ilegal” debido a que “El artículo 3 de la Ley proclama la ‘ilegitimidad’ de los tribunales franquistas aceptando, por ende, su legalidad y, como dijimos en un comunicado de 14 de agosto de 2007, esta postura doctrinal retrotraía la discusión al año 1930 en que los conocidos juristas y abogados D. Felipe Sánchez Román y D. Luis Jiménez de Asúa defendieron en una asamblea del Colegio de Abogados de Madrid la necesidad de dejar sin efecto el Código Penal de 1928, conocido como ‘Código de Primo de Rivera’, que fue aprobado por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928. Su propuesta fue aprobada por mayoría del Colegio de Abogados de Madrid. La ponencia en cuestión afirmaba expresamente que ‘El Código penal gubernativo, impuesto por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928, previo acuerdo del primer Consejo de ministros de la Dictadura, adolece, por esta sola razón, de ilegítima procedencia, del más rotundo vicio de ilegalidad’”.
  • 8) A pesar de las discusiones bizantinas y política e ideológicamente motivadas con relación a la “Ley de Amnistía”, y a pesar de la vacua, irreflexiva, perversa y nula en derecho reforma de dicha ley que ha propuesto el Diputado Gaspar Llamazares, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en una proposición de ley presentada en el registro del Congreso de los Diputados el 20 de abril de 2010, no cabe duda alguna en derecho internacional de que a tenor de la jurisprudencia emanada de los juicios de Nuremberg y de las resoluciones de las Naciones Unidas, la ilegalidad del régimen del General Franco está fuera de toda duda razonable en el derecho penal aplicable en la Europa surgida de la II Guerra Mundial y, por lo tanto, los crímenes cometidos no pueden ser amnistiados al reunir las caracteristícas de “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad”.
  • 9) Desde que hiciéramos público en 2004 nuestro documento “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas”, primero en analizar lo que hemos denominado el “modelo de impunidad español”, hemos pedido la investigación penal de los crímenes del franquismo entre otros aspectos incluidos en el “Plan de Acción” contenido en el mismo. A su vez, tanto el Equipo Nizkor como las asociaciones que nos han apoyado, hemos hecho públicas numerosas declaraciones argumentando esta necesidad. En todas ellas hemos partido de que es necesaria la transparencia procesal y el cumplimiento del derecho a la justicia como única forma de reparación a las víctimas del franquismo. Por eso mismo exigimos que se apliquen en forma escrupulosa todas las normas del debido proceso como única manera de reconocimiento y de respeto a las víctimas y sus familiares.
  • 10) Por último, ratificamos en esta oportunidad la declaración “Entre la cobardía moral y la ilegalidad” que hicimos pública, con el apoyo de la práctica totalidad de las asociaciones de víctimas del franquismo, el 1 de septiembre de 2006El actual estado de cosas no es más que la consecuencia de la falta de responsabilidad ética, moral y legal de los grupos políticos parlamentarios que apoyaron la denominada “Ley de la Memoria Histórica”, la cual no da solución legislativa a los principales aspectos de la cuestión de las víctimas del franquismo, dejando en la indefensión más absoluta a las víctimas y sus familiares y, más aún, pretende alejarles de la historia común europea y especialmente de las soluciones que se adoptaron en la materia en los países que sufrieron regímenes fascistas o nacionalsocialistas.
  • 11) Por todo ello, reiteramos la exigencia de que el Tribunal Supremo archive las actuaciones abiertas a causa de la querella presentada contra el Juez Baltasar Garzón y reiteramos también que las víctimas del franquismo lo que necesitan es justicia y no conmiseración.

El no reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo es, no sólo un acto de injusticia manifiesta, sino también un acto que desconoce la igualdad ante la ley y permite la legalización de facto de un régimen fascista que toda Europa creía finiquitado.

Madrid y Charleroi, 23 de abril de 2010

  • Equipo Nizkor, Gregorio Dionis, presidente.
  • AFARIIREP – (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta
  • Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
  • Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos: COLICHE, Lorgroño, La Rioja
  • Derechos Human Rights, Marga Lacabe, Executive Director
  • Grupo Verdad y Justicia de Valladolid, Orosia Castán.
  • Sodepaz Rioja, Logroño, La Rioja

  • Franco logró 4,5 millones de euros en multas a represaliados en Andalucía…

    mayo 7, 2010

    Cerca de 70.000 andaluces sufrieron la asfixia económica de la dictadura.

    EL PLURAL / ANDALUCÍA

    En Andalucía los asesinatos llevados a cabo por el bando franquista durante la Guerra Civil y la postguerra reciente ascienden a cerca de 49.000. Esa es la cara más conocida, la de los fusilamientos, las fosas y la pena máxima. Sin embargo, el castigo no acababa con la muerte, porque los fascistas se encargaron de gravar a los izquierdistas, republicanos y sospechosos varios con multas, embargos y liquidaciones de patrimonio que, hasta bajo tierra, debían abonarse. De ahí que la represión económica fuese una muerte en vida para las familias de los fallecidos.

    Según el estudio que están acabando 30 investigadores de nueve universidades andaluzas, bajo la dirección del profesor de la almeriense, Fernando Martínez López, sólo el volumen de las multas superó los actuales 4,5 millones de euros (unos 700 millones de pesetas de las de entonces) y las incautaciones de casas, terrenos y otras propiedades rozan las 10.000. A propuesta de la Consejería de Gobernación y Justicia , los expertos han indagado hasta encontrar 70.000 expedientes, que ya empiezan a conformar la mayor base de datos de España sobre los tribunales de responsabilidades políticas.

    25 millones le impusieron a Alcalá Zamora
    En la mayoría de los casos, explica el profesor en sus conclusiones, las sanciones impuestas a andaluces oscilaron entre las 150 y las 500 pesetas, cifras que en aquellos años suponían un patrimonio de familias medias -el equivalente a una casa o a una pequeña granja-, las más afectadas. Algunas sanciones, sin embargo, fueron ejemplarizantes, como los 25 millones de pesetas impuestos al cordobés Niceto Alcalá Zamora (primer presidente de la II República), el millón impuesto a la malagueña Victoria Kent (directora general de Prisiones en la etapa de Manuel Azaña) o las 2.000 pesetas que le reclamaron a la viuda de Blas Infante a los cuatro años de su fusilamiento.

    Encausados como socialistas peligrosos
    Esta represión económica -superada la física y las depuraciones profesionales, especialmente dañina con oficios como el de maestro: el 18% de los profesores andaluces fueron expedientados- iba contra los “causantes de los males de España”, una alusión tan vaga como peligrosa; como decía Enrique Suñer, primer presidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas, “había una responsabilidad difusa sobre la guerra de casi todos los españoles”. “Más del diez por mil de la población de Andalucía”, según Martínez, fueron encausados como “socialistas peligrosos” y “empedernidos marxistas”. La provincia de Almería, la más afectada, duplica esta media.

    30 años pagando deudas
    Como la condena no se extinguía con la muerte, hay familias que estuvieron 30 años pagando las deudas, lo que las llevó a una bancarrota total: sin bienes, sin créditos, sin los cabezas de familia para ganar el sustento. Las sanciones -que en toda España acabaron por pagar los gastos de la campaña franquista- se establecían sobre 17 delitos diferentes, no podían ser recurridas, tenían carácter retroactivo, no había presunción de inocencia ni el acusado podía defenderse.

    Colapso del país
    Fue tan gigantesca la “operación quirúrgica” contra los antifascistas que el Banco de España tuvo que alertar de que, si se seguían paralizando cultivos, fábricas y empresas se podría llegar al “colapso” del país. Ese cuello de botella fue tal que en 1945 se sobreseyeron 40.000 expedientes. Lo grave es que los sindicatos y partidos políticos, llegada la democracia, recibieron de vuelta lo que le habían quitado, pero los particulares no recuperaron nada, ni los mulos, ni el aceite, ni el reloj del abuelo.

    Fuente: Getor D_J Andalucía

    andalucia@elplural.com


    El acoso al juez Garzón: Los abogados argentinos contra el franquismo piden más presión social…

    mayo 7, 2010

    Carlos Slepoy Prada, abogado argentino

    “Nuestro objetivo es que esta querella termine juzgándose en España”, afirman

    NATALIA JUNQUERA - Madrid – 07/05/2010

    “Nuestro objetivo al presentar esta querella en Argentina es que el franquismo termine juzgándose en España del mismo modo que Garzón abrió el camino a que se juzgara la dictadura argentina en Argentina. Esperamos que en todo el mundo, los españoles que sufrieron estos crímenes presenten querellas similares en distintos países de forma que se vayan recogiendo pruebas para ese proceso”, aseguró ayer Carlos Slepoy, abogado de la querella por genocidio interpuesta en Buenos Aires por familiares de víctimas del franquismo y una docena de asociaciones de defensa de los derechos humanos.

    La querella sufre en Argentina su primer revés por la oposición del fiscal

    Reunidos en la Casa del Barrio de Carabanchel (Madrid) Slepoy, el abogado de la vía abierta en Argentina, y Fernando Magán, el de la vía cerrada en España, hablaron ayer de sus metas el primero, y de sus frustraciones el segundo. Magán atribuyó la paralización del proceso abierto por Garzón a la vicepresidenta De la Vega, “a través de la Fiscalía General del Estado” y al propio Zapatero, que a su juicio, “poco antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anulara las exhumaciones ordenadas por Garzón, lanzó un mensaje a los jueces al asegurar que “al franquismo ya lo había juzgado la historia”. Slepoy recordó que ya hay 60 condenados y más de 600 procesados por las dictaduras argentina y chilena. “En Argentina ya han sido juzgados todos los torturadores, todos los que apretaron el gatillo, y ahora se empieza a juzgar a los responsables económicos. En España aún hay responsables vivos de los crímenes del franquismo porque fueron crímenes que continuaron hasta las primeras elecciones democráticas en 1977″.

    Silvia Carretero, viuda de José Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados del franquismo, explicó: “He acudido a la justicia argentina porque los guardias civiles que me torturaron estando embarazada de dos meses de mi hija y los miembros del pelotón de voluntarios que fusilaron a mi marido siguen vivos. Durante 35 años he estado callada, nunca presenté una querella aquí porque pensé que no obtendría justicia, pero cuando pedí la indemnización de la Ley de Memoria Histórica por el fusilamiento de mi marido y me la negaron diciéndome que era un terrorista y cuando después vi lo que le ocurrió a Baltasar Garzón, pensé: hasta aquí. Quiero que un juez interrogue a los que me torturaron y a los que fusilaron a mi marido y si decide que son culpables, los encierre”.

    La querella en Argentina acaba de sufrir su primer revés. El fiscal se opone a que los hechos sean juzgados allí porque “aunque piensa que son imprescriptibles y que no se puede aplicar la Ley de Amnistía, están siendo juzgados en España”, aseguró Slepoy. El abogado, pese a todo, cree que la causa puede prosperar. “Este no es un proceso de españoles en Argentina, es un juicio de todo el mundo porque si esta querella sale adelante, Argentina estará lanzando un mensaje a la humanidad: que los crímenes de genocidio tienen castigo”.

    Tanto Magán como Slepoy coincidieron en que en cualquier caso el proceso es imparable por la demanda de la sociedad civil. “En Argentina fueron las abuelas las que buscaban a sus nietos y en España son los nietos los que buscan a sus abuelos”, recordó el argentino.

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    La causa contra Garzón por la investigación del franquismo…

    mayo 7, 2010

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    Las concentraciones de apoyo a Garzón en Almería, Córdoba, Málaga, Jaén y Sevilla- PÉREZ CABO

    EL PAÍS - Madrid – 28/04/2010

    Vídeos: Manifestación en Madrid de apoyo a Garzón | Broche final al encierro simbólico de apoyo al juez Garzón | Dos semanas de encierro en apoyo al juez | Documentos: Ley de Amnistía de 1977 | Auto de Garzón en el que se declara competente para investigar los crímenes del franquismo | Auto en el que Garzón se inhibe en favor de los juzgados territoriales | Recurso de la fiscalía contra la investigación de Garzón | Auto del Supremo en el que admite la querella de Manos Limpias| Recurso de Garzón ante el Supremo contra la admisión a trámite de la querella de Manos Limpias | Escrito de recusación de Garzón contra el juez Varela | Manifesto leído al término de la marcha de Madrid | Otras causas contra el juez: Las escuchas del ‘caso Gürtel’ | Las facturas de Nueva York | ESPECIAL: UN JUEZ ANTE LA JUSTICIA

    Apertura de la investigación

    El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró en octubre de 2008 competente para investigar la desaparición de las víctimas del franquismo. En su auto, el magistrado atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el Gobierno de la República un plan de exterminio sistemático de sus oponentes y de represión que terminó con al menos 114.266 desaparecidos, de los que no se ha dado razón de su paradero, y que se enmarca en un contexto de crímenes contra la humanidad. Garzón añadió que al estar muertos los implicados no existía responsabilidad penal, por lo que los juzgados territoriales correspondientes tendrían que hacerse cargo del caso. Garzón se inhibió un mes después en favor de estos 62 juzgados.

    Posición de la fiscalía

    Contra la decisión de Garzón se pronunció el fiscal jefe de la propia Audiencia, Javier Zaragoza, quien acusó al magistrado de abrir una “causa general” contra el franquismo lo que, en su opinión, violentaba las reglas y límites del proceso penal. El fiscal pidió la nulidad de la investigación, que calificó de “disparate jurídico” al tratar de juzgar unos hechos que, en su opinión, están prescritos y perdonados por la Ley de Amnistía de 1977.

    El Supremo admite la querella

    En mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella presentada contra el magistrado por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, en la que le acusaba de prevaricación por excederse en sus competencias en la investigación del franquismo. Posteriormente, se admitieron otras dos querellas interpuestas por Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. El Supremo incluyó en sus argumentos el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que se oponía a la investigación de Garzón.

    Quién instruye el caso

    El magistrado del Supremo Luciano Varela es el instructor de la causa contra el juez. Aunque este miércoles decidió apartarse del caso mientras se decide su recusación por parte de Garzón. Miembro fundador de Jueces para la Democracia y amigo personal de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y de la juez y vocal del GCPJ por la misma asociación progresista Margarita Robles, Varela ya anticipó su intención de abrir juicio oral contra Garzón y adelantó su predisposición a condenarle. Siempre muy crítico con el magistrado de la Audiencia, a quien despectivamente ha calificado de “juez estrella”, Varela fue también en 2008 ponente de la querella que atribuía a Garzón el supuesto cobro de 1,7 millones de dólares por unos cursos en la Universidad de Nueva York, pero rechazó los delitos de prevaricación y cohecho de los que se le acusaban. Sin embargo, el instructor trasladó al CGPJ que Garzón podía haber incurrido en una “falta muy grave” al no notificar que iba a percibir una nómina.

    Los querellantes

    El pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, liderado por el ex dirigente de Fuerza Nueva Miguel Bernad, consiguió imputar a Garzón después de varios años de intentos. Bernad cuenta con un largo historial justiciero. Desde que denunció a varios cargos del PSOE por la gestión de la Expo de Sevilla ha presentado numerosas querellas, además de contra Garzón, contra el PSOE, el PNV, la plataforma Nunca Mais, el Gobierno catalán, un párroco y un guardia civil que reconocieron ser homosexuales, el programa infantil Los Lunnis o el futbolista Samuel Eto’o. La mayoría de las querellas fueron rechazadas. La asociación Libertad e Identidad, de marcado carácter conservador se sumó a las acusaciones contra el juez con otra querella por supuesta prevaricación. La última acusación contra Garzón vino de Falange Española de las JONS, que la presentó para lavar el “honor” de su “movimiento”. Falange pedía 20 años de inhabilitación para Garzón, por pretender encargarse de una causa para la que sabía que no era competente”. El partido cuenta con unos 3.000 afiliados y en su ideario se critica el “clima totalitario” en España, rechaza la monarquía, el Estado de las autonomías y censura además el sistema de “democracia liberal de partidos”. Sin embargo, el juez expulsó el 23 de abril a Falange por una cuestión formal. De acuerdo con la providencia del instructor, Falange no se limitaba a la descripción de los hechos sino que entraba en valoraciones que dificultaban la veracidad o la falsedad de los aegumentos expuestos.

    Qué se le imputa a Garzón

    Los querellantes consideran que Garzón se excedió de sus funciones al asumir la causa del franquismo y le acusaron de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho, lo que podría suponerle una inhabilitación de 12 a 20 años. El magistrado tachó las acusaciones contra él de “burdas represalias”. “Imputar a altos cargos de la dictadura franquista por un delito contra altos organismos de la nación y la forma de gobierno puede ser discutible, pero en ningún caso constituye un delito de prevaricación”, señalaba en su recurso. La defensa de Garzón esgrimió que el juez no actuó de forma injusta. “Sólo con dificultad puede soportar el papel la afirmación de que Garzón actuó con la intención de ser injusto. ¿Cómo se podrá sostener tal cosa? Habría actuado de forma injusta si hubiera desamparado a las víctimas que reclamaban justicia; si les hubiera denegado su derecho a saber; si se hubiera negado, en fin, a admitir unas denuncias que recogían gravísimos hechos delictivos”. Por otra parte, los fiscales han ofrecido dos visiones distintas. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso contundentemente a que Garzón investigara los crímenes cometidos durante el franquismo. Sin embargo, cuando el Supremo admitió a trámite la querella de Manos Limpias la fiscalía del alto tribunal se posicionó en contra de la denuncia porque consideró que adoptar decisiones “discutibles en derecho” no constituye en caso alguno un delito de prevaricación.

    Garzón recusa a Varela

    Baltasar Garzón recusó al magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela el pasado 24 de abril al considerar “insólito” que el instructor aconsejara a la organización ultraderechista Manos Limpias cómo eliminar de su escrito de acusación algunos argumentos con el fin de que la querella llegara a buen término. La providencia de Varela sugería borrar partes enteras del escrito que afectarían a un total de dos tercios del contenido. En un apartado se plagiaban párrafos completos del auto del 3 de febrero del instructor del Supremo. La defensa de Garzón consideró que de la actuación de Varela se desprendía parcialidad e interés personal.
    A finales de abril, Varela admitió a trámite la recusación. El Supremo ha designado un magistrado para proseguir la causa y otro para estudiar las alegaciones del juez.

    El País.com


    Recordar Mauthausen…

    mayo 7, 2010

    Entrada al acmpo de Mauthansen (Fotografía Google images)

    ROSA TORAN

    Historiadora. Presidenta de Amical de Mauthausen y otros campos

    Una vez más el paso del tiempo nos sorprende, pues no sólo llegamos al 65 aniversario de la liberación de los campos nazis, sino que se cumplen también 70 años de los primeros y masivos internamientos de los republicanos antifascistas en Mauthausen, a los que seguirían otros miles a lo largo de 1941 y, de forma escalonada y hasta 1944, centenares en casi todos los campos del Reich, hasta llegar a una cifra que supera las 9.000 personas. Podría resultar obvio, a estas alturas, recordar la singularidad del colectivo republicano, de unas víctimas que sufrieron su atroz destino por la triple complicidad entre el régimen nacionalsocialista, el Gobierno colaboracionista de Vichy y la dictadura de Franco; sin embargo, la larga etapa de encubrimiento ha dejado sus huellas, y la tentación del olvido sigue viva a pesar de los 35 años transcurridos desde la muerte del dictador. Para el colectivo de los hombres y mujeres deportados, su tragedia fue singular, pero, sin duda, se suman a la interminable lista de víctimas del franquismo, en su condición de exiliados, abandonados a manos de la Gestapo por intervención directa del Gobierno español, de proscritos después de la liberación y de perseguidos en su regreso a España, cuando lo hubo.
    En otros escenarios, y especialmente en Alemania, en el contexto cultural y político de las décadas de los sesenta y setenta acaecieron cambios significativos que superaron el cultivo del olvido y la tentación del año cero que se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Cambios que derivaron en esfuerzos por transmitir y reconocer su pasado nazi y que impulsaron iniciativas desde los ámbitos políticos, académicos, educativos o culturales, sin menoscabo de que las controversias sobre la culpa o la instalación de la memoria del pasado en rituales o ceremonias burocratizadas siguen vivas y merecen reflexiones de largo alcance y de aplicación en geografías distintas.
    En nuestro país, por las razones bien conocidas de las características de la Transición, quedaron no tan sólo descartados el conocimiento, el análisis y la crítica del pasado inmediato, sino también cualquier rendición de cuentas. Pero el precio de aquellas carencias ahora se muestra con toda su crudeza, especialmente porque las servidumbres del régimen dictatorial no sólo tiñen y enturbian los debates, sino porque sigue pendiente la rendición de cuentas sobre lo que se ocultó e incluso negó, con el agravante de que otorgar el perdón siempre parece corresponder sólo a las víctimas. Sigue pendiente, entre muchas cosas y en el caso de los deportados republicanos, hacer público el oscuro papel de algunas instituciones en su tragedia, dar a conocer nombres y trayectorias de responsables de la misma y explicar las políticas de protección a nazis huidos de la justicia que pudieron enriquecerse durante décadas en España a partir de entramados empresariales y ministeriales.
    La llama de la memoria, encendida durante décadas tan sólo por las asociaciones de las víctimas, puede por fin compartirse con representantes públicos (se necesita de las conmemoraciones y de los homenajes, pues con ellos se permite trascender las conciencias individuales a lo público), pero existe además un deber de ciudadanía activa que supere la satisfacción del ritual, y que combine la emoción con el análisis y reflexión de los hechos y que afronte la prueba del conocimiento. Porque es un deber democrático otorgar dignidad a las víctimas, arroparlas de identidad, para que las lecciones de su historia formen parte de la Historia. No bastan los gestos; las víctimas del nazismo y del franquismo son inherentes a nuestro bagaje cultural, en la medida que ningún ciudadano nace en el vacío, sino que se desarrolla y se socializa en un devenir histórico, en un pasado de larga duración.
    En la política criminal del nacionalsocialismo se produjo la más radical ruptura con el humanismo y el universalismo, ante lo cual los supervivientes proclamaron el “nunca más”, fracasado por la multiplicación de exclusiones, agresiones e incluso genocidios desde 1945 hasta la actualidad. Y frente a las tendencias que consideran que el horror absoluto es indecible, cabe buscar la dimensión racional que incite a reflexiones sobre la justicia, la igualdad, la libertad y la violencia desde una perspectiva histórica, porque, en definitiva, aquel pasado de destrucción también fue el nuestro. Y la relación con el pasado, la aproximación crítica a él y los deseos de participar activamente en la asunción y construcción del “nunca más” es lo que nos convierte en ciudadanos, frente a los argumentos del olvido, las conciencias dormidas y las satisfacciones banales.
    Un año más, del 6 al 9 de mayo, viajamos a Mauthausen con un nutrido grupo de estudiantes que comparten emoción y reflexión con deportados, familiares y amigos, y con gentes de todo el mundo, unidos para conmemorar, pero también para asumir conciencia de ciudadanía. En tiempos de desconcierto, hay que proscribir, sin tregua, los insensatos y criminales argumentos de los responsables de la deportación y muerte de millones de hombres y mujeres de todo el mundo, basados en la desigualdad de las personas y en la arrogación de derechos sobre su vida y su muerte, y refrendar los valores por cuya negación las víctimas sufrieron su cruel destino: la igualdad y la libertad.

    Público.es

    Franz Ziereis, comandante del KL Mauthausen. (Fotgrafía Google images)

    Presos del campo de concentración de Mauthausen (Fotografía Google images)


    El Supremo rechaza la recusación de Varela planteada por Garzón…

    mayo 7, 2010

    La decisión de Andrés Martínez Arrieta no admite recurso

    SERVIMEDIA 07/05/2010 11:54 Actualizado: 07/05/2010

    El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. EFE/Archivo

    El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. EFE/ArchivoEFE

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      El Tribunal Supremo ha rechazado de plano la recusación presentada por Baltasar Garzón contra Luciano Varela, por lo que este magistrado volverá a hacerse cargo de la instrucción de la causa abierta contra el juez de la Audiencia Nacional por su investigación de los crímenes del franquismo.

      El recientemente nombrado instructor del incidente de recusación, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, decidió este viernes inadmitir a trámite la petición de Garzón , según explicaron fuentes del Alto Tribunal. El juez de la Audiencia Nacional recusó a Varela porque, a su juicio, está ayudando a las acusaciones para que procedan contra él, demostrando “interés indirecto en el procedimiento y parcialidad en el mismo”.

      Garzón entiende que Varela está ayudando a la acusación

      Garzón se refiere al hecho de que Varela pidiese a Falange Española de las JONS -que finalmente fue expulsada del proceso- y a Manos Limpias que presentaran nuevos escritos de acusación subsanando una serie de errores. Tanto la Fiscalía, como Manos Limpias y el propio Varela se opusieron a la recusación interpuesta por Garzón por falta de fundamento.

      Varela, en el informe preceptivo que tuvo que elaborar sobre su recusación, aseguró que no tiene “interés personal” en la causa contra Garzón y explicó que la decisión de pedir a las acusaciones que presentaran nuevos escritos corrigiendo los errores de los primeros se debió a su afán de “garantizar mejor el derecho de defensa del imputado”.

      La decisión de Martínez Arrieta supone que Varela volverá hacerse cargo de la instrucción de la causa abierta contra Garzón por un delito de prevaricación supuestamente cometido cuando se declaró competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco.

      El Supremo cree que no tiene fundamento

      El magistrado Julián Sánchez Melgar, que este miércoles fue nombrado para sustituir a Varela mientras se tramitaba la recusación, ha estado, por lo tanto, tan sólo un día al frente de la causa que investiga a Garzón por la memoria histórica.

      Nulidad y archivo

      Garzón se encuentra a punto de ser llevado a juicio en el marco de esta causa y Varela podría dictar apertura de juicio oral contra él a pesar de los distintos recursos que todavía están pendientes de resolución.

      El recurso de mayor envergadura es en el que Garzón pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que decrete la nulidad de los escritos de acusación presentados contra él por Manos Limpias, la única acusación que queda en la causa y que pide 20 años de inhabilitación para el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

      La nulidad de los escritos, de decretarse, supondría el archivo de la causa abierta contra Garzón por falta de acusación. En cambio, si se rechazase su recurso y se decretase apertura de juicio oral, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vería obligado a suspender cautelarmente a Garzón y apartarlo de la Audiencia Nacional hasta que se celebre juicio y dicte sentencia, condenándolo o absolviéndolo.

      Además de la causa por su investigación de los crímenes del franquismo, Garzón se encuentra imputado en el Tribunal Supremo en otros dos procedimientos: por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del “caso Gürtel” y sus abogados y por no abstenerse en una querella contra los responsable del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.

      Pùblico.es


      Memoria histórica: Jarcha…

      mayo 7, 2010

      Behatokia: Por Josu Montalbán

      “Dicen los viejos que en este país…” Aquella canción era como un diagnóstico de la Transición que ahora revive sus cuitas por el afán de la derecha en impedir que la memoria aflore y forzar al olvido aunque sólo tenga el efecto de recuperar “el rencor de viejas deudas”

      Por Josu Montalbán - Viernes, 7 de Mayo de 2010

      El grupo musical Jarcha ha sido, sin duda, el grupo más importante de la Transición española. Andaluz de origen y enraizado en la más profunda tradición andalusí. Cantadores de jarchas y de moaxajas recogidas del lenguaje popular, quizás porque cuando surgieron era más fácil reivindicar la vida social de los españoles amparándose en la recuperación de las tradiciones y culturas. De algún modo, la elección del propio nombre debió responder a un sencillo acto de rebeldía, como lo fue poner un nombre de origen semítico, fácil de pronunciar incluso por quienes no eran aficionados al lenguaje árabe.

      Jarcha debió crearse con el fin de difundir poemas populares, pero sobre todo para incitar a la reconciliación, no en vano las jarchas mozárabes casi siempre relataban experiencias amatorias y tenían su semejanza en las diferentes tradiciones españolas, en las cantigas de amigo gallegas y en los villancicos castellanos. Poco más se podía hacer en aquel tiempo, a pesar de que Franco llevara agonizando desde varios años antes. De hecho, los últimos coletazos del dictador se sintieron incluso después de su muerte, y los sintió Jarcha precisamente en su canción más importante: el 9 de octubre de 1976, la canción Libertad sin ira, que fue el emblema de la reconciliación e himno de aquel momento inicial de la Transición, fue prohibida cuando el periódico Diario 16 la quiso utilizar como eslogan para su puesta en la calle.

      Ahora, más de treinta años después, tenemos que volver a cantar aquello porque los fachas que aún quedan parecen dispuestos a borrar la memoria y obligar al olvido. La Ley de la Memoria Histórica, que cuidó en exceso no atizar las brasas aún ardientes de las entrañas españolas, quiso devolver la dignidad a quienes se pudieran sentir despojados violentamente de ella. No pretende la Ley provocar nuevas heridas, ni siquiera hurgar en las viejas, pero la derecha española actual -a la que votan una mayoría importante de españoles demócratas-, no parece dispuesta a enmendar la plana a grupos antidemocráticos, como Falange Española y Manos Limpias, que estarían dispuestos a entronizar a otro Franco si surgiera la ocasión. Esa es la vergüenza del PP, no ser capaz de aceptar la Ley de la Memoria Histórica, del mismo modo que su predecesora AP (Alianza Popular) no aceptó la Ley de Amnistía.

      Que se reabren las heridas, dicen. Que los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil hicieron atrocidades, dicen. Que la modélica Transición española no precisa de ningún tipo de revisión, dicen. ¿De dónde sacan esas consecuencias? Porque la Guerra Civil, como cualquier guerra, generó muertos en los dos bandos, sí, pero no hubiera tenido lugar si no hubiera habido un fascista como Franco decidido a destruir el marco republicano que había sido elegido por todos los españoles de forma democrática. Porque a la Guerra Civil siguió la posguerra y, tras ella, cuarenta años de dictadura que no cejó en ningún momento de perseguir a quienes no mostraron apego por ella, produciendo más muertos y desgarro social que la misma guerra. Porque la Transición se hizo partiendo de una premisa, -el perdón de todos-, que obligaba a los perdedores en la contienda y a los máximos sufridores de la dictadura a perdonar a sus liberticidas, echando en el saco del olvido las afrentas, los recuerdos tristes y los sufrimientos. Se hizo así, y quizás no sería necesario tener que recordarlo tanto, pero el franquismo jamás se ha arrepentido de lo que hizo ni ha pedido perdón. Y sería bueno que lo hicieran, al menos, quienes aún permanecen en activo recordándonos con su presencia en las instituciones democráticas (como, por ejemplo, Fraga Iribarne) que aquella miseria tuvo lugar.

      ¿Cómo es posible que haya gente que ve con malos ojos que los hijos y nietos de los asesinados quieran llevar sus esqueletos de las cunetas de los caminos, de las fosas comunes, a los cementerios? Precisamente a cementerios en cuyos suntuosos panteones reposan los restos de quienes les mataron, o dieron la orden de tal, tras lápidas que ensalzan sus vidas miserables. ¿Cómo es posible que las fachadas de tantas iglesias de España conserven aún el listado de los caídos por Dios y por España, aunque sólo los del bando ganador y, por tanto, del bando asesino por antonomasia? ¿Dónde anida el coraje, la generosidad y el afán de justicia de los clérigos y sacerdotes que aceptan tales ignominias? Da la impresión de que aún persiste lo que denunciaba Jarcha al comienzo de su popular canción: “Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas… Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor”.

      Ahí se han quedado algunos, parecen dispuestos a que las dos Españas continúen, no en guerra, sí en la discusión perpetua que justifique, o al menos encubra, la crueldad ejercida por quienes se sublevaron al orden debidamente constituido. Ciertamente todas fueron muertes, pero no es justo ni ético equiparar las muertes provocadas por los asesinos con las provocadas por quienes tuvieron que defenderse e intentaron preservar la democracia atacada. Cuando Franco murió, los españoles permanecían callados: “Pero yo solo he visto gente que sufre y calla, dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra y su fiesta en paz”. Y por eso todos voceábamos con Jarcha nuestro deseo de que la libertad que íbamos a estrenar no se viera empañada por la rabia o la ira, ni se viera empequeñecida por el miedo. El diagnóstico contenido en la canción de Jarcha era muy certero para aquel tiempo: “Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber Gobierno que gobierne nada… Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel”.

      Ciertamente a aquellos españoles les habían inoculado el miedo a sí mismos, la desconfianza hacia cuanto les rodeaba. La canción de Jarcha intentó que abrieran los ojos, que llenaran de aire sus pulmones, que agilizaran sus mentes y pusieran a revolotear sus manos y sus pies con tanta sencillez como decisión: “Pero yo sólo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan sólo pide vivir su vida, sin más mentiras y en paz”. Querían, pues, empujar a las gentes hacia la vida sencilla, en paz. ¿Qué puede, por tanto, llevar a la actual derecha española a recelar de un proceso sencillo en el que los españoles devuelvan la dignidad a sus muertos extraviados en los campos y caminos de España?

      Hay que recuperar la Memoria colectiva respetando y activando las memorias individuales. La aplicación de la Ley de la Memoria Histórica precisa de la naturalidad que desprende el estribillo de la canción de Jarcha. Sin miedo, sin ira, libremente, sin intentar inhabilitar a Garzón, que es el juez más ostensiblemente comprometido con tal memoria. La derecha española necesita armarse de generosidad y de cordura. Cuando Rajoy advierte del “carácter brutal y antidemocrático” de la campaña en contra del enjuiciamiento de Garzón que, según él, sufre el Tribunal Supremo, está siendo demasiado parcial, porque las manifestaciones que se han producido, están reclamando que la Memoria Histórica aflore, y denuncian que el enjuiciamiento sólo es una componenda para que tal Memoria se oculte tras el miedo. Quienes acuden a las manifestaciones portando carteles denunciadores, o fotos de sus antepasados desaparecidos piden justicia pero, sobre todo, reclaman que les permitan algo tan básico e irrenunciable para ellos como es buscarles, recuperar sus restos y enterrarlos en un lugar en donde, aunque sea en una lápida fría, pueden recuperar sus nombres.

      Lo que está en juego no es solo el futuro de Garzón. Mucho menos el del Tribunal Supremo o el futuro de la Justicia española. Está en juego la reparación del brutal daño que la Guerra Civil y la dictadura franquista infligieron a los españoles. Quienes desde la actual derecha no parecen dispuestos a entenderlo así, están delatándose como franquistas o como meros cómplices de tal condición. Además están conformando una de las “dos Españas” que, según dicen de boquilla, es algo que debemos evitar. Son ellos los que no están por tal labor.

      * Diputado del PSE-EE

      Memoria histórica: Jarcha Deia

      Video de youtube


      La memoria histórica y el juez Garzón…

      mayo 7, 2010

      Este espectáculo bochornoso al que estamos asistiendo recrea una manida frase de Marx: «Cuando un pueblo olvida su historia está obligado a repetirla primero como tragedia y después como comedia»

      07.05.2010 -
      JOSÉ CARLOS RIVERA FERNÁNDEZ
      PROFESOR DE FILOSOFÍA

      La memoria histórica y el juez Garzón

      :: GASPAR MEANA

      Hace setenta años que finalizó la guerra incivil española; sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, sigue estando de rabiosa actualidad. A mi manera de ver, es preciso recordar el pasado como fue -con objetividad siempre que sea posible-, pero sin caer en resentimientos y, por supuesto, no recordando sólo aquello que de manera instrumental pueda ser utilizado por los políticos con fines sectarios, partidistas y propagandísticos. La Ley de la Memoria Histórica debería haber producido reconciliación, si fuese una memoria del sufrimiento de los otros; es decir, las víctimas no deberían desear que los verdugos sufran, sino que comprendan la inmoralidad de sus acciones, asimilen lo que ocurrió, lleguen a desear que no vuelva a ocurrir y se pongan en la piel de los olvidados, asesinados y torturados.
      Lo que ha pasado es que la ley ha sido alentada desde ámbitos políticos, porque la mayoría de la ciudadanía parecía haber superado ese discurso cainita, y se ha manipulado, seleccionando e interpretando los hechos sesgadamente. Decía Hannah Arent, «los manipuladores de los hechos obstaculizan la tarea del historiador; porque la misma historia es destruida y su comprensión se encuentra en peligro siempre que los hechos ya no sean considerados parte del mundo pasado y del actual, y se manipulen para demostrar una u otra opinión». Ahora bien, todo lo que está sucediendo está poniendo de relieve que la transición política no fue tan idílica como nos hicieron creer, sino que hubo un pacto por el olvido y se formó una imagen falsa de nuestro pasado inmediato. Este espectáculo bochornoso al que estamos asistiendo recrea una manida frase de Karl Marx: «Cuando un pueblo olvida su historia está obligado a repetirla primero como tragedia y después como comedia». Hay que ser muy cuidadosos en depurar la verdad de la historia si no queremos caer en políticas coyunturales y en espurios intereses ideológicos. Este tipo de aventuras, consistentes en remover los huesos de los muertos, tienden a agravar los conflictos y, lo que es peor, justifican los comportamientos más irracionales y, por lo tanto, más belicosos.
      Los jueces, para intentar hacer justicia sobre sucesos que ocurrieron hace muchos años, han intentado buscar culpables y procesar a los muertos. Me parece que hasta se pidió el acta de defunción del dictador. De risa. Y en ésas estamos. Asistiendo a la reencarnación de organizaciones que estaban hibernando. Recuerdo una frase que se decía hace tiempo: «estás más acabado que la Falange». Ahora, esta organización se querelló contra el juez Garzón y el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella por prevaricación por no ser competente para investigar los crímenes del franquismo.
      En cuanto a Garzón, desde mi punto de vista, es un juez que merece todos los respaldos populares que está recibiendo, tanto desde la plataforma constituida en su apoyo, como de la reunión que se hizo en su defensa el 13 de abril en la Universidad Complutense. Garzón es un hombre que ha cumplido con su deber, es un juez valiente, ha trabajado duro por la justicia y la verdad. No podemos olvidar que destapó los GAL, puso en jaque a Pinochet, envió a la cárcel a terroristas y nunca le tembló la mano en los sumarios que instruyó. Pero este asunto de la memoria histórica es tan mugriento que no hay forma de que no te manches las manos si lo tocas. Como decía Paco Umbral en un artículo que hablaba de Garzón: «Lo que pasa es que en este país estamos acostumbrados a que nadie cumpla con su deber, sino que lo nuestro es que la gente ande barzoneando por el pluriempleo a la espera del amiguete a quien hacer un favorcillo, y así se van embarneciendo de años, regalos y pereza. Eso de que un tipo fiche a su hora, detenga a los ladrones, termine los edificios que empieza, cumpla con las promesas políticas, es un escándalo, un desorden. El que llega de nuevas dispuesto a cumplir, introduce un desorden en nuestro ordenadísimo sistema de dejar pasar, dejar hacer».
      De la misma manera que defiendo la valentía de este juez, también él está sometido a las leyes, como un ciudadano más. Nadie en un Estado de derecho está por encima de las leyes. No sé si Garzón ha prevaricado al investigar el franquismo; tampoco sé si archivó la querella contra Emilio Botín por un supuesto trato de favor; en cualquier caso, hay que dejar que funcione ese Estado de derecho y esto significa: en primer lugar, que, aunque muchos ciudadanos creamos en el buen hacer del juez, no estamos legitimados para presionar al Tribunal Supremo en una u otra dirección. No podemos estar por encima de la ley (la única vía legitima sería cambiarla si ésta es injusta) ni siquiera cuando una gran parte de la ciudadanía apoye al juez.
      En segundo lugar, un juez tiene que ser juzgado por otros jueces. Y lo juzgarán de acuerdo a unas leyes que no han hecho los jueces, sino el poder legislativo. La división de poderes que defiende nuestro Estado de derecho consiste en eso: los que juzgan, los que legislan y los que ejecutan no pueden ser los mismos. Lo cual parece que está fallando en los últimos tiempos, pues el poder ejecutivo hace uso de argucias legales para intervenir en decisiones judiciales.
      En tercer lugar, si la querella interpuesta contra el juez proviene de la extrema derecha, no por eso hay que rechazarla por no válida. No olvidemos que cualquier ciudadano u organización -sea del color que sea- puede recurrir a los tribunales si sospecha que cualquier persona está cometiendo una ilegalidad. En este caso, hay que dejar trabajar al Tribunal Supremo sin presiones. Estoy convencido de que es bueno que la ley esté siempre por encima de los ciudadanos. La democracia está sujeta a marchar de acuerdo con el Estado de derecho, que funciona cuando se da una auténtica división de poderes.

      El Comercio Digital (Asturias)


      Crónica: Otro tipo de memoria histórica

      mayo 7, 2010

      La censura no existía y la revista «España» aludía con descaro a la oligarquía. Ortega y Gasset o Azaña fueron sus directores. Hoy un resumen está expuesto en Ribeira.

      Autor: Javier Romero / Localidad: ribeira/la voz. Fecha de publicación: 7/5/2010

      José Ortega Gasset

      Bien podía ser el equivalente a la actual y controvertida publicación El Jueves. El semanario de la vida nacional España publicó 415 números entre enero de 1915 y marzo de 1924, siendo el contenido de la colección que estará vigente hasta el 30 de marzo en el Museo del Grabado de Artes ribeirense de sus primeros cuatro años de existencia.

      La muestra -que ocupa la sala del segundo piso- incluye 73 estampas realizadas por artistas como Bagaría, Noma o Martolozzi, nombres todos ellos de la talla del contemporáneo Mingote en el ámbito nacional o de Siro López en tierras gallegas.

      España fue la más señera publicación ibérica de las dos primeras décadas del siglo. Recogió en sus páginas todas las direcciones del pensamiento literario, político y filosófico que se desarrolló en líneas independientes durante la II República de España. La publicación tuvo tres diferentes directores durante su existencia que dieron cuerpo a tres corrientes culturales y políticas durante los años 20 y 30: José Ortega y Gasset (1915-1916), Luis Araquistain (1916-1923) y por último Manuel Azaña.

      Sus contribuciones y colaboradores son del más sobresaliente valor en la cultura española de la época: socialistas como Pablo Iglesias o Fernando de los Ríos, escritores como Miguel de Unamuno o Pío Baroja, ilustradores como un joven Dalí o la voz de Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez, además de la primera poesía de Pedro Salinas y Jorge Guillén, entre otros muchos personajes de la época.

      En su nacimiento el precio de cada ejemplar de España era de 10 céntimos de rubia. La suscripción para el resto del Estado era de 3,75 pesetas al semestre, siendo al año de 7,50. Para el extranjero ascendía a 18 pesetas.

      La Voz de Galicia vía google noticias


      Trapiello: “Edgar Neville sentó las bases de la ley de Memoria Histórica”…

      mayo 7, 2010

      – Madrid, 5 may (EFE).-

      Trapiello: “Edgar Neville sentó las bases de la ley de Memoria Histórica

      “Edgar Neville sentó las bases de la Ley de Memoria Histórica hace 50 años”. Con esas palabras subrayó hoy Andrés Trapiello la importancia de la carta en la que el escritor y cineasta madrileño hablaba del asesinato de García Lorca y que constituye una de las novedades del libro “Las armas y las letras”.

      “Neville no soportaba que los asesinos de Lorca quedaran impunes”, decía hoy Trapiello en una entrevista con Efe, en la que aludía a algunas de las importantes novedades que contiene la nueva edición de esta obra, ampliada con más de 400 páginas de texto y numerosas fotografías.

      En 1967, Neville envió a un periodista de ABC unas páginas sobre la muerte de Lorca, con motivo del suplemento que este diario iba a publicar sobre García Lorca. Ese texto ha permanecido inédito hasta ahora.

      En esa carta, titulada “Otra vez Lorca”, Neville daba a entender que los detalles del asesinato de Lorca eran conocidos por mucha gente, aunque “no es el momento oportuno de lanzarlos al vuelo”.

      “Todos saben o creen saber quién denunció el refugio en que se hallaba, todos sabían que R.A. (en alusión a Ruiz Alonso, padre de Emma Penella) mandaba el pelotón que lo prendió, el procedimiento que emplearon para sacarlo de la cárcel (…), el nombre del chófer que lo condujo hasta el lugar de la ejecución, quién pudo salvarlo y no quiso, quién recogió su cartera y su reloj y dio aire legal al crimen, se sabe su nombre y señas, pero…”, decía Neville.

      El cineasta afirma también que García Lorca no murió de una “descarga” sino de “un simple tiro de pistola en la nuca” y asegura que “no hay que cejar en la investigación para no caer en posibles injusticias”.

      No es cierto, añade Neville al final de su texto, aquello de que “los españoles lo mataron”. Lo hicieron “unos cuantos miserables cuyo nivel intelectual era lo bastante elevado para saber el valor de su presa y su total inocencia e inocuidad política”.

      Esos miserables se dieron “el gusto de atravesar con un plomo aquella cabeza llena de ideas, de belleza y de bondad”, concluye el cineasta.

      Trapiello cree que tendrán que ser los historiadores los que “deberán determinar si son exactas o no” las afirmaciones de Neville, pero “lo importante” es que las hace “un franquista” que se dio cuenta de “la enorme asimetría que existe entre los culposos de un lado y los indemnes de otro, que pueden circular con total ‘inmunidad’, como dice él en la carta”.

      Una fotografía de Luis Rosales vestido de camisa azul le da pie a Andrés Trapiello a decir que, “probablemente”, el poeta granadino, a cuya familia se le ha asociado injustamente con la muerte de Lorca, “no tuvo que ver con este asesinato”.

      “Lo grave es que después de que asesinaran a Lorca, Rosales siguiera vistiendo la camisa azul durante tantos años. Era la camisa de los asesinos”, dijo Trapiello.

      “En las armas y las letras” se incluye también un inédito de Rafael Sánchez Mazas, que pertenece a un cuaderno de notas de 1941, que está en poder de Trapiello.

      “No hay, no ha habido nunca otra manera de escribir sino en las paredes de una cárcel. Nuestra memoria no es otra cosa sino la pared de una cárcel. No hay otra libertad sino entre las paredes de una cárcel”, escribe Sánchez Mazas, quien durante más de un año se sintió “libre como nunca” en la prisión.

      “Un día te sacaron de la prisión, te sacaron al bosque con otros muchos compañeros y te fusilaron. Te levantaste ileso de entre los muertos y echaste a andar por el bosque”, señala Sánchez Mazas, cuya “muerte” forma parte de la leyenda.

      Por Agencia EFE vía google noticias


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