El legado de una familia franquista…

junio 6, 2010

Cultura compra los archivos personales de Severiano y Rafael Martínez Anido.

PEIO H. RIAÑO MADRID 05/06/2010

En el palacio de La Moncloa. Rafael, en noviembre de 1936, entre las ruinas de La Moncloa. El ejército sublevado toma las inmediaciones de Madrid. Desde la Casa de Campo avanza hacia la Ciudad Universitaria.

En el palacio de La Moncloa. Rafael, en noviembre de 1936, entre las ruinas de La Moncloa. El ejército sublevado toma las inmediaciones de Madrid. Desde la Casa de Campo avanza hacia la Ciudad Universitaria.

La confianza es una cuestión de propaganda. Basta con que los enemigos hablen mal de alguien, para ver refrendada la lealtad de sus compañeros. El odio que se sea capaz de despertar también es una forma de definirse. A Severiano Martínez Anido la propaganda le reportó grandes aliados durante su carrera como militar represor. El general fue uno de los cargos más crueles de la dictadura de José Antonio Primo de Rivera y un estorbo en puestos claves con la de Francisco Franco. Las crónicas en la prensa conservadora el día después de su muerte, en la víspera de la Navidad de 1938, hablaron de él como «un excelente militar, gran patriota, político enérgico y austero»; ensalzaron su «lealtad, su honradez, su valía». «Todas sus imponderables virtudes cívicas estaban avaladas por la inquina desesperada, por el odio obsesionante, por los violentos ataques que mereció de todos los enemigos de España», se puede leer en la edición de Sevilla del ABC.

Los herederos han vendido los documentos al Estado por 15.000 euros.

En los próximos días llegará al Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca el archivo personal de la familia Martínez Anido, desde principios de siglo XX hasta nuestros días. La Junta de Calificación del Ministerio de Cultura ha comprado por 15.000 euros a los herederos los documentos, entre los que se encuentra la copia de la carta que Unamuno mandó a Severiano en septiembre de 1936 pidiéndole disculpas por un artículo escrito diez años atrás sobre su proceder como gobernador civil; los mensajes en los que el abogado republicano Alejandro Lerroux, ya exiliado en Portugal, le expresa su «absoluta confianza en el triunfo de la causa nacional»; el borrador de renuncia como ministro de Orden Público de Franco; la correspondencia con Pepe Quiñones de León, diplomático retirado en París, en las que le cuenta los preparativos de la sublevación del ejército; una carta de 1931 en la que su secretario le anima a quedarse con unos fondos sin destino por valor de medio millón de pesetas; y el archivo fotográfico y militar de su hijo, Rafael Martínez Anido, capitán de la Legión durante la guerra civil, entre otros objetos.

Un archivo excepcional

Según fuentes del ministerio, se trata de un archivo excepcional porque no es habitual que el bando sublevado entregue sus papeles. Entre los que se conservan destaca el borrador de renuncia que Severiano Martínez Anido preparaba, unos meses antes de morir, para entregar a Franco. En el escrito demuestra el ocaso de sus días de honores. Por primera vez, como él mismo escribe al generalísimo, ve sus «facultades mediatizadas y sin disponer de la libertad de acción que tanto se necesita». El problema era la nula división y separación de tareas entre los ministerios de Orden Público e Interior, dos órganos con las mismas funciones, enfrentados y carentes de «un margen material que limite las acciones policíacas y administrativas».

El archivo incluye cartas temerosas de Unamuno y Lerroux al general.

Arranca la carta con un «mi querido y respetado general: Constituye para mí un verdadero dolor tener que interrumpir con una preocupación más su cotidiana y gloriosa labor guerrera al frente de nuestras tropas». La retórica de la sumisión, la amenaza y el miedo es otro de los atractivos de este archivo, en los que la trayectoria familiar de los Martínez Anido, como protagonistas de una España golpista y fascista, les hace bailar de un lado a otro del poder, arrastrando rencores y revanchas que se consuman cuando ocupan posiciones desahogadas tanto con Primo de Rivera como con Franco.

El general, anciano y menospreciado, no soporta que ministros más jóvenes no se sometan a sus exigencias. Lo achaca a una falta de «respeto por la edad y el empleo». Incluso se diría que aquel sanguinario militar se vuelve hasta escrupuloso con los métodos del órgano represor rival: «Llegando a castigar en su actuación al extremo de detener a personas respetabilísimas, castigar de una manera cruenta en mi jurisdicción a detenidos para lograr declaraciones y otros excesos, que dejan en muy mal lugar a la policía en general, por ser una de sus funciones el evitarlo y garantizar el amparo y respeto de las personas», escribe sin cinismo.

Unamuno frente al rencor

Aquel Martínez Anido que al caer la Segunda República regresó corriendo de su exilio en Francia para «poner su espada al servicio de la patria», llegó con todos los galones por delante, dispuesto a sembrar orden entre quienes se habían atrevido a cuestionar sus funciones y servicios junto a Primo de Rivera. Fue el caso de Miguel de Unamuno, que escribe una carta llena de disculpas al tiránico personaje, en la que se arrepiente de sus «adjetivas locuciones y
excesos de lenguaje» de unas palabras dichas por el viejo filósofo hacía más de diez años.

Es un caso excepcional: no es habitual que el bando sublevado entregue sus papeles.

Unamuno le demuestra su sometimiento lamentándose por haberle herido con aquellos términos «tan en lo vivo». Dubitativo, amenazado, de un lado a otro, desestimando sus adjetivos, pero confirmando sus juicios, redacta un sobrecogedor pasaje para librarse de la muerte por represalia: «No me doy clara cuenta de que al cabo de este tiempo y de lo que en él ha pasado, y sobre todo lo que está pasando ahora, pueda nadie resucitar viejos agravios casi enterrados, ni con qué fines», escribe.
«Más de todos modos, me siento en el deber de decirle», continúa Unamuno, «y en medio del actual desenfreno patológico de pasiones políticas, que si en aquellos días, mucho más serenos que estos, me pude exceder en la dureza y la rudeza, a las veces cruel, de expresiones en mis juicios, no creo que a la actuación gubernativa y policíaca de ustedes entonces, por perjudicial que me hubiera parecido, le llevó egoísta móvil de lucro personal y que trató usted de dejar a salvo su estricta honradez».

El pánico que revelan las cartas refleja el odio sobre el que se levantó el orden franquista.

Un poder sin límites

El militar de méritos en Filipinas y Marruecos, ayudante honorario de Alfonso XIII y director de la Academia de Infantería, se ganó las glorias en 1917 aplicando mano dura como gobernador militar en Barcelona durante las primeras manifestaciones obreras. «Y allí, en Barcelona, en medio de la gran marea, un hombre mantenía firmemente el timón. Acababa de llegar con la misión de volver las aguas a sus cauces y mantener a toda costa la normalidad», Severiano tenía 55 años y una reputación por delante que adornar con un sinfín de atentados, extorsiones y asesinatos. En el primer mes que estuvo al frente del puesto, murieron 22 personas en las represalias. Creó con la ley de fugas una de las páginas más sucias de la historia, y fundó el sindicato libre, que junto con los servicios de la policía, trituraron a la CNT.

Martínez Anido era un peso pesado dentro y fuera de España. Las misivas que le envió el diplomático y golpista Pepe Quiñones de León confirmaban que no había desaparecido ni en el exilio: «La situación militar buena, pero falta de aviones. Se trata por todos los medios de remediar. Situación militar embrollada, pero confío que no irá a mayores. El hecho de que Italia y Alemania hayan admitido acudir a la Conferencia de los Cinco, es decir, con Inglaterra, Francia y Bélgica, me da cierta esperanza», le escribe el antiguo embajador español el 2 de julio de 1936. Incluso llega a proponerle formar parte de la futura Junta Nacional de Defensa.

El general dirigió la brutal represión contra la militancia obrera en la Barcelona de 1920.

Notable también es la carta de agradecimiento que el 23 de septiembre de 1938 le escribe Alfonso XIII desde Lausana. «He recibido tu amable carta y muy de corazón te agradezco la parte que tomas en mi inmenso dolor por la muerte de mi hijo Alfonso ocurrida en las tristes circunstancias que tú conoces. Recibe un fuerte abrazo de tu antiguo y buen amigo».

El léxico del miedo

La palabra se hace de nuevo amenaza con los aterrorizados escritos del cordobés Lerroux, quien, a salvo en Portugal, pretendía garantizarse un retorno a España sin consecuencias, después de haber sido presidente de la República. En una carta con el membrete de su despacho madrileño en O’Donnell, el abogado, en un bochornoso tono, le pide disculpas por no haberle contestado a dos cartas y un telégrafo que Severiano le mandó cuando estaba al frente del Gobierno.

La lectura del archivo permite rememorar la retórica de la sumisión y el miedo.

El general le ha hecho llegar su enfado por un tercero, años después. Lerroux, muerto de miedo, le explica: «Mi cortesía no le hubiese dado por respuesta la grosería del silencio y mucho menos aún mi gratitud, porque si usted en cumplimiento de su deber ordenó dos veces mi prisión -como en su caso hubiese hecho yo- no puedo olvidar, ni olvido, ni olvidaré la atención, benevolencia y caballerosidad con que trató a mi mujer y a mi hijo».

El pánico que se cuela entre las líneas de las cartas de este archivo recuperado para la memoria es la prueba del odio y el rencor con el que se levantó el orden y la tranquilidad que demandaba la familia franquista.

Público.es


El cuarto poder franquista…

junio 6, 2010
Julián Zubieta. Deia, – 6 Junio 2010
Portada del Correo Español

LA historia vivida es muy diferente de la historia escrita. Para los protagonistas de este artículo, la prensa y los periodistas depurados desde 1936, la intrusión de la dictadura franquista resultó ser el inicio de un túnel de más de cuarenta años. Por no hablar de los que fueron vilmente asesinados por narrar con libertad los hechos que ocurrían, las represalias y las conformidades que veían.

Desde el prólogo del régimen totalitario, se incluyó la instalación del terror (Mola quería emplazarlo) como arma preventiva contra la ciudadanía. Entre sus objetivos se encontraba la destrucción de toda cultura anterior. El modelo inquisitorio y reaccionario de la Edad Media perduraba en la mente de los organizadores del golpe de Estado. La Iglesia era uno de los estamentos que sufría con la libertad de expresión y su comunión con los sublevados puso en práctica los dictados de dos encíclicas proclamadas por el Papa León XIII: “…son los sectarios que con los diversos y casi bárbaros nombres se denominan socialistas, comunistas y nihilistas los que en sus reuniones manifiestan públicamente estas monstruosas opiniones, las que exponen en sus folletos y esparcen entre el público por medio de numerosos diarios” (Quod Apostolici Muneris de 28 de diciembre de 1878) y la que induce sobre “…los errores de los intelectuales depravados ejercen sobre las masas una verdadera tiranía y deben ser reprimidos por la ley con la misma energía que cualquier otro delito inferido a los débiles” (Libertas de 20 de junio de 1888).

Uno de los mayores problemas del presente se debe al saqueo que sufrió la alquimia de las palabras, la factoría de la cultura popular, reflejada en la prensa, durante el régimen franquista. Puesto que desde ese negro pasado se han perdido el intercambio de sabidurías y experiencias al igual que la educación de varias generaciones de ciudadanos.

Unamuno ya nos habló de la intrahistoria, de la creación de la historia a partir de los detalles y luego, cuando la distancia nos ofrece la perspectiva del conjunto, de mundos de ellos, podemos percibir una parte de la totalidad. Pero no debemos olvidar que el origen, siempre, se construye desde los detalles, de los cuales forma parte indispensable la prensa. Memoria escrita del tiempo y de su geografía. Crónica de los fragmentos, del comportamiento humano y de su conocimiento.

Por mucho que los negacionistas y los revisionistas quieran pasar página a la dictadura franquista, por muy decididos que estén a eludir las reparaciones de los asesinatos y depuraciones realizadas por los sublevados, las cabeceras de los periódicos, las editoriales, los artículos de opinión, en definitiva, la prensa elaborada en las rotativas de entonces, ha gravado en papel impreso las monstruosidades y truculencias de sus ideólogos. Los historiadores han echado la red al caladero y han obtenido piezas de gran valor. Demostrar la falsedad de esas crónicas es imposible, lo mismo que inventar nuevas verdades. Es verdad, como dijo De la Cierva, que “la historia se confiesa”, pero no del modo que él quiere.

Las arengas contra la cultura vigente, insufladas y cargadas de bilis negra, de brutalidad estomacal, sentenciaron a los portadores de las noticias y a sus creadores. Es como si la historia de otros tiempos siempre estuviese presente. Del mismo modo que los tiranos mandaban ejecutar a los correos que traían noticias que no les gustaba escuchar, Franco y sus acólitos actuaron contra los periodistas y periódicos que les molestaban, asaltando sus rotativas y depurando a sus cronistas.

Uno de los conceptos claves en la ideología fascista -franquista por adopción- era la nacionalización de las masas, haciendo desaparecer el concepto interclasista. Eso sí, existían dos polos evidentes, los vencedores y los vencidos. Dejando a un lado los vencedores, autores de la barbarie dictatorial, el modelo estatal propuesto se decantó por la homogeneización de los vencidos bajo una misma denominación e identidad. De rebote afectó a todos, menos a los jerarcas. Era evidente, hoy lo es, que una nación integrada y asociada aparecía como apuesta a la disgregación producida por los ideales democrático-republicanos; la libertad se asociaba a la disgregación producida por ese tipo de régimen. La República se asociaba al caos. La ciudadanía no necesitaba disponer de derechos individuales, lo que necesitaba era un protector y ése era el Estado totalitario legitimado por las armas contra el pueblo.

Un repaso a la prensa de estos cuarenta años de dictadura culturalmente inquisitorial nos invita a verlos y afrontarlos como un testimonio de la realidad que se vivió durante el antojo del dictador. La prensa argumenta desde sus páginas impresas la violencia y la crueldad de la guerra civil, la desesperada resignación de la posguerra y la prepotencia de los elegidos por la omnipotente gracia divina aconsejada por el fulgor de los fusiles. La prensa nos muestra el compendio y la suma de todas las iniquidades imaginables.

Partimos de un escenario sociodemográfico desalentador, un país escasamente urbanizado (destrozado por la tremenda convulsión bélica), con una altísima cuota de analfabetismo, que soportó el totalitarismo desde la información fundada en la propaganda como medio fundamental para controlar a las masas a través de la información sesgada. Lo que conllevó el control absoluto de los medios de comunicación. Los vencedores sabían que el mantenimiento del sistema, sobre todo, a nivel informativo e ideológico, necesita un modo de operar tajante, sin medias tintas. La prensa se afianza como el cuarto poder, convirtiéndose en una institución pública al servicio del autócrata. Pero la estatalización de la prensa no se produce por medio de la nacionalización de las empresas periodísticas, sino mediante el control del Estado sobre la producción ideológica que tiene la prensa como soporte. La ideología se destila en el laboratorio fascista, respondiendo objetivamente a los intereses de las clases dominantes y vencedoras, legitimando de esta forma el status quo usurpado a la libertad. La prensa tiene que ser creadora de una conciencia nacional, desde sus tribunas ha de cohesionar a la ciudadanía y unirla con el régimen. Gracias a los periódicos se conocen las instituciones, de ahí que la prensa legitime al Estado usurpador. En la identidad de los nuevos españoles debe prevalecer el catolicismo y el franquismo, los dos pilares del régimen. Todo lo que no comulgue con ello equivale a ser conocido como anti-español.

Pronto comenzaron las incautaciones de las rotativas, como ya hemos mencionado. La Voz de Navarra fue asaltada por las tropas franquistas y en su lugar nace Arriba España, cuyo director fue Fermín Yzurdiaga, cura y franquista del que más adelante hablaremos. En Bilbao sufrieron la misma suerte las máquinas del diario Euskadi y las del Excelsior apropiadas por los falangistas, dando origen a El Correo Español-El Correo Pueblo Vasco. En esa misma ciudad nace el vespertino Hierro, que también, al igual que los otros, gustaba de poner en primera plana la buena labor de Franco con editoriales a favor de las limpiezas realizadas por los sublevados. San Sebastián también soportó las confiscaciones de los falangistas y franquistas, Guipúzcoa Obrera y La Voz de Guipúzcoa desaparecieron dando paso a La Voz de España, que también alabó la labor dictatorial durante los años de represión, lo mismo que las rotativas del periódico Día que fueron ocupadas por Unidad. Cuando esos medios de expresión son anegados por el poder, el ciudadano está sometido a una grave presión y la forma de pensar empieza a perder su legitimidad democrática, dando lugar a expresiones reaccionarias, que ya mantenían su estilo en la época republicana, como el Diario de Navarra, El Pensamiento Navarro y La Gaceta del Norte.

Los valores, conocimientos, símbolos o pautas que por medio de diferentes modos y soportes se tratan de inculcar, son siempre, en el marco de los totalitarismos, los que legitiman y permiten la permanencia en el poder de la clase dominante. Los periódicos del franquismo jugaron sin ambages un verdadero adoctrinamiento político e ideológico.

Este cuarto poder fue de suma importancia en la configuración del nuevo Estado. Pronto, en plena guerra, se estableció una Ley de Prensa (22 de abril de 1938). Esta ley venía a consagrar la más absoluta supresión de la libertad de expresión y de pensamiento, a través de las publicaciones periódicas. Lo que pretendía, y consiguió, era la absorción por parte del Estado de todos los mecanismos que para ello genera la sociedad civil. El Preámbulo de la citada ley nos posiciona claramente los criterios de adoctrinamiento: “…uno de los viejos conceptos que el Nuevo Estado había de someter más urgentemente a revisión era el de la prensa. Cuando en los campos de batalla se luchaba contra los principios que habían llevado a la patria a un trance de agonía, no podía perdurar un sistema que siguiese tolerando la existencia de ese cuarto poder del que quería hacer una premisa indiscutible… no podía permitirse que el periodismo continuara viviendo al margen del Estado. Esa libertad entendida al estilo democrático había ocasionado una masa de lectores diariamente envenenada por una prensa sectaria y antinacional”. La información, claramente, pasa a un segundo plano. El periódico, dada su influencia, no informa, sino que educa al informar. En consecuencia, corresponderá al Estado hacerse cargo de una misión que afecta al contenido mismo de la educación popular. En el Ideal de Granada podemos leer. “…si el discurso del caudillo sobre la unificación hizo entrar a España en las vías totalitarias, la ley de prensa es su complemento en el orden ideológico”. En definitiva, lo que la ley pedía era: “…transmitir al Estado las voces de la nación y continuar estas órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno, siendo la prensa el órgano decisivo en la formación de la cultura popular y, sobre todo, en la invención de la conciencia colectiva”.

Un país con tan alta tasa de analfabetización necesitaba emplear el fenómeno de la comunicación masiva. Las miradas inmediatas se posaron en el fascismo italiano de Mussolinni y en el nacionalsocialismo de Hitler, grandes expertos en el tema. Los falangistas con Serrano Suñer a la cabeza y en consonancia con la Iglesia (el Jefe Nacional de prensa en 1938 fue el ya citado Fermín Yzurdiaga Lorca, con la doble condición de sacerdote y falangista) reflejan el maridaje entre estas dos instituciones que, en distinta medida y según el momento político, van a suministrar el andamiaje ideológico y organizativo del nuevo régimen. La premisa de actuación, de la llamada Ley Suñer, se inclinaba hacia una prevención contra la divulgación de una ideología (todo lo que estaba en contra de los sublevados) que parecía oponerse a la concepción jerarquizada de la sociedad que se quería construir. Los ideólogos del golpe de Estado consideraban que la libertad de pensamiento y de expresión no era por sí misma un bien sino que, por el contrario, es fuente y origen de muchos males. De manera que en lugar de servir al perfeccionamiento humano abría la posibilidad de adherirse a las opiniones falsas y contrarias a la dignidad y magisterio, tanto del nuevo régimen como de la Iglesia.

El andamiaje para la construcción de la prensa del Movimiento necesitaba materiales higiénicos que evitaran el contagio, de las doctrinas antiespañolas. Inmediatamente, esta nueva perspectiva toma la orientación correcta, programando desde la cúpula del poder el camino que debían de seguir los periódicos por medio de las consignas. La consigna venía a ser una indicación, un precepto obligatorio, de cuál debía de ser la interpretación que los diarios estaban obligados a dar de los acontecimientos, el lugar y la relevancia que los mismos debían de ocupar en la confección del periódico y las líneas directrices de los editoriales. Éstas dependían de la Delegación Nacional de Prensa, que a su vez dependía del Ministro de Información, de forma que anticipaban en un día o dos lo que después habrían de recoger todas las publicaciones del país.

Las directrices de la ley de 1938 se pueden sintetizar en cuatro: regulación del número y extensión de las publicaciones periodísticas; intervención en la designación del personal directivo; reglamentación de la profesión de periodista y la censura.

El régimen de Franco quiso, desde el primer momento, eliminar de los medios de comunicación todo lo que consideró no conveniente a sus planes. Ante esto, un bando dictado por el general Saliquet el 18 de julio de 1936 en Valladolid dejaba claro que se debía “someter a censura militar todas las publicaciones impresas de cualquier clase que fueran”. Con estos presupuestos, la justificación de la censura previa para toda publicación se deducía obviamente. Más que una ley de prensa, nos encontramos con una ley contra la prensa. Desde luego, que el brazo inquisidor del torquemada de turno no ejercía contra la Prensa del Movimiento, pero, por el contrario, no dejaba escapar ningún detalle que pudiera perjudicar a la construcción del nuevo Estado. Ejemplo de ello es que la encíclica de Pío XII, Mit Brennender Sorge ,dictada tras el final de la guerra civil fue cortada. Su mensaje hablaba de solidarizarse con los vencidos tratándoles bien.

El diario Arriba España, impreso en Pamplona, es ejemplar a la hora de informar de las intenciones de los sublevados. “¡Camarada! Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas ¡Camarada! Por Dios y por la Patria”.

Asentado el nuevo régimen y consumada la derrota del eje nazi en Europa, las consignas franquistas cambian. El apoyo al eje, se modifica por la neutralidad y por una política de información a favor de los Estados Unidos. Cara al exterior, el régimen quiere lavarse, maquillarse un poco, pero dentro de sus fronteras nacionales, se aprueba, o mejor se impone, el Fuero de los Españoles en 1945. Es una especie de constitución, que tampoco se olvida de la prensa. El cuarto poder era necesario para la educación del pueblo, su artículo 12 manifiesta: “Todo español podrá expresar libremente sus ideales mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”. La confirmación a este estado de cosas se consuma en 1949, cuando el director general de Prensa, Tomás Cerro, preside la entrega a Franco de su carnet de periodista de honor número uno. Falacias de la historia

La relativa calma que circuló por el país durante la década de los cincuenta, desde luego que debido al temor de los ciudadanos a las represalias del régimen, mantuvo los puntos esenciales respecto a la prensa escrita. Las consignas escribían las cabeceras de los diarios, ejerciendo la censura previa sobre los contenidos: los toros, elevados al altar de la fiesta nacional por antonomasia y los triunfos del Real Madrid en Europa, narcotizaron a la opinión pública. Los diarios que, o bien pertenecían al Estado o bien se encontraban dirigidos por personas afines al Movimiento, se confabulaban para dar lugar a una prensa de contenido uniforme e ideología monocolor al servicio del poder.

Los años sesenta abren una nueva coyuntura político-social, tanto en el interior del país, como de cara al exterior. Las consignas dictadas por los autócratas se renuevan: el milagro económico español, el turismo o Spain is different se introducen en el lenguaje de la calle, por medio de la prensa y otros medios de comunicación. Es un intento de hacer llegar al lector los logros económicos del sistema y, al mismo tiempo, tratar de evitar la contaminación cultural y política que habría de traer el incipiente turismo y los emigrantes españoles en el extranjero. Ante esta perspectiva social y con estos preceptos político-económicos, la Ley del 38 se antoja obsoleta y distante. El ministro de Información y Turismo durante la década de los cincuenta, Gabriel Arias Salgado, fue cesado, sobre todo, por las críticas internacionales que se referían a su campaña de prensa contra los participantes en el llamado Contubernio de Munich en 1962. Las contingencias de la historia humana estaban pasando factura a la dictadura franquista. Desde el politburó del régimen se descubrían muchos intereses (falangistas, monárquicos, el opus dei, franquistas, tradicionalistas, pedían su participación) para salir de esta pequeña crisis. Para zanjar de cuajo la inquietud social interior, Franco tuvo la mejor solución: la ejecución del comunista Julián Grimau en 1963, no por militancia clandestina, sino por rebelión militar dada su actividad en la guerra civil pese a que habían pasado 25 años desde los hechos y el delito había prescrito.

Pero los acontecimientos y la nueva coyuntura socio-política internacional, obligan a la dictadura a suprimir la obsoleta ley de prensa vigente. Estaba claro que la deformación del pasado que realiza toda historia necesitaba su espacio. El régimen necesitaba adaptarse a los tiempos, conformar el pasado desde el presente. Para ello, dispuso una nueva ley de prensa. Corría el año 1966. El bloque monolítico franquista se empieza a fracturar internamente. Las pequeñas rendijas se habían llenado de agua, que con el tiempo se iba helando. Tecnocracia, movimientos religiosos de base, sindicalismo clandestino y las universidades, entre otros movimientos sociales, generaron la inquietud del poder. La Ley de Prensa e Imprenta de 1966, conocida también por Ley Fraga -ministro de Información y Turismo sustituto de Arias Salgado- crea un marco jurídico intermedio entre la restrictiva ley de Serrano Suñer y las libertades democráticas que se respiraban en los países desde donde procedía la mayoría del turismo.

La nueva ley de 1966 abolió la censura previa y las consignas. Sin embargo, esta liberalización fue parcial, ya que se siguieron prohibiendo la publicación de ciertas opiniones, por ejemplo, las que fuesen críticas con el régimen. Además se reforzó el principio de responsabilidad civil e incluso penal de los redactores que infringieran las disposiciones de ley. De esta manera, se pretendió sustituir el sistema de censura previa por un sistema de autocensura en los órganos de prensa. Como vemos, la Ley Fraga intenta, en principio, aclarar el camino de la libertad de prensa. Para ello, además de los objetivos mencionados, propone evitar dos obstáculos fundamentales para conseguir los objetivos de libre opinión, la libertad para designar al director del periódico y la posibilidad de participar en empresas informativas.

En el Preámbulo de la Ley se aprecia la camaleónica potencia del régimen para adaptarse al devenir de los tiempos: “Las actuales aspiraciones de la comunidad española y la situación de los tiempos presentes, justifican (la nueva ley) tal necesidad… el profundo cambio que ha experimentado, en todos los aspectos, la vida nacional, como consecuencia de un cuarto de siglo de paz fecunda…”.

Los objetivos declarados quedan velados por la aplicación de un ambiguo artículo segundo recogido en la misma ley. En él, subyace y permanece la mano inquisitoria del franquismo. Dicho párrafo establece los límites a la libertad de expresión y abre las puertas a interpretaciones arbitrarias, con las consiguientes sanciones a los transgresores. En esta época, a los secuestros de publicaciones les suceden los expedientes y cierres de periódicos y multitud de editores y periodistas son multados e incluso encarcelados. Se había pasado de una situación de censura previa que evitaba cualquier veleidad ideológica, a un estado de autocensura por temor a las represalias.

Pero el paulatino debilitamiento del régimen franquista -atentado de Carrero Blanco y el anuncio de la enfermedad del dictador- envalentonan a la opinión pública, permitiéndose muchos profesionales la osadía de cruzar los límites con mayor asiduidad.

Los últimos coletazos de la dictadura se saldan con una dura represión, sobre todo en los ámbitos laborales y universitarios, entre los que la prensa desempeña un papel de suma importancia. Desde los medios impresos se crítica, cada vez con mayor reiteración y vehemencia, las contradicciones del franquismo, se aboga por la defensa de la democracia y los derechos humanos, asomando desde su tribuna abierta tanto firmas opositoras al régimen en el interior como en el exterior de las fronteras. El germen de los nuevos tiempos trae consigo nuevos proyectos periodísticos que necesitan un hueco de libertad, como es el caso, en Euskadi, de DEIA y Egin. Pero, aquí comienza otra historia.

http://www.deia.com/2010/06/06/opinion/tribuna-abierta/el-cuarto-poder-franquista


TRIBUNA: JAVIER CERCAS La puñetera verdad…

junio 6, 2010

No es cierto que los dos bandos de la Guerra Civil contribuyeran por igual a destruir la democracia. No hubo un bando moralmente bueno y otro malo, pero sí hubo uno políticamente bueno, el que defendió la legalidad.

JAVIER CERCAS 06/06/2010

Es una pena que la discrepancia entre Almudena Grandes y Joaquín Leguina a propósito de un artículo de este último (Enterrar a los muertos, EL PAÍS, 24-5-2010) no haya provocado un debate articulado sino solo un agrio intercambio de acusaciones; también es una pena que la discrepancia radique en un punto sobre el que no hay discrepancia posible, porque hace tiempo que fue zanjado por los historiadores: es imposible equiparar el terror del bando franquista con el terror del bando republicano durante la Guerra Civil, al modo en que lo hace Leguina, porque el segundo duró el tiempo que el Gobierno legítimo tardó en tomar el control de su zona y se practicó sin su aprobación (o al menos sin su aprobación explícita), mientras que el primero duró toda la guerra y fue organizado por las autoridades como parte de una guerra de exterminio; dicho de otro modo: equiparar la España leal con la España rebelde porque en ambas se cometieron crímenes es una aberración similar a equiparar el Estado democrático con ETA porque el Estado democrático creó los GAL. No obstante, hay en el texto de Leguina una analogía aún más inquietante. «¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez?», escribe Leguina, sin duda interpelando a quienes postulan que la nuestra fue una guerra de buenos contra malos. «La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra… Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva revolucionaria». La afirmación no es inquietante por lo que dice, sino por lo que presupone: no solo que en los dos bandos se cometieron atrocidades (cosa obviamente cierta), ni que una parte de los republicanos no creía en la democracia (cosa asimismo cierta), sino que los dos bandos contribuyeron por igual a la destrucción de la democracia y que por tanto comparten por igual la responsabilidad política de la guerra. Si esa es la puñetera verdad que Leguina nos pide que aceptemos, yo puedo decirle por qué no la aceptamos: porque es una puñetera mentira. Y además una mentira peligrosa, dado que atañe a un problema esencial de nuestra relación con el pasado reciente y, en esa medida, también al presente.

Me explicaré contando una historia: la historia del héroe de mi familia. Pónganle ustedes a la palabra héroe todas las comillas que quieran: mi madre, que era una niña cuando todo ocurrió, no le pone ninguna. El protagonista se llama Manuel Mena, era tío carnal de mi madre y pertenecía a una familia católica de pequeños propietarios rurales extremeños. Cuando estalló la guerra, Manuel Mena contaba 16 años. Exaltado por las arengas falangistas, de inmediato intentó alistarse en el ejército de Franco; no lo consiguió, pero en los meses siguientes volvió a intentarlo varias veces. Por fin, al cumplir la edad reglamentaria, pudo incorporarse a filas. Manuel Mena peleó en la Ciudad Universitaria de Madrid y en Teruel, se distinguió por su arrojo en diversos combates, ascendió fulgurantemente, y en octubre de 1938, con apenas 19 años, había alcanzado el grado de alférez. Una mañana de ese mes, cuando estaba a punto de cruzar el Ebro al mando de su unidad, una bala perdida le perforó el estómago; murió el mismo día, mientras lo trasladaban a lomos de un mulo a un hospital de la retaguardia. Siempre que recuerda a Manuel Mena, mi madre lo recuerda de permiso en el pueblo, enfundado en su uniforme blanco de los Tiradores de Ifni, bailando o paseando con sus amigas, aureolado por su prestigio romántico de guerrero, y sobre todo recuerda que, cada vez que partía de nuevo hacia el frente, su madre le despedía entre lágrimas. «Madre, no seas cobarde», eran siempre las palabras de despedida del soldado. «Si me matan, que nadie te vea llorar». Y el día en que le llevaron el cadáver de su hijo, la madre de Manuel Mena no lloró; en medio del silencio de la multitud que rodeaba el féretro, solo alcanzó a hacer un débil saludo fascista y a decir con el hilo de voz que le salió de las entrañas: «¡Arriba España, hijo mío!».

Esa es la historia, o esa es al menos tal y como la recuerda mi madre. Sea como sea, nadie tiene derecho a poner en duda la integridad moral de Manuel Mena, la generosidad de su idealismo y la pureza de sus intenciones: nadie puede dudar de que fue a la guerra porque, cuando todavía era un chaval, le convencieron de que su familia, su patria y su religión estaban en peligro, y de que merecía la pena morir por ellas; nadie, claro está, excepto quienes se resignan a no entender una palabra del funcionamiento de la historia y de los hombres, y por lo tanto no aceptan la evidencia de que el fascismo, igual que el comunismo, fue para muchos una forma subyugante de idealismo, un ensayo de bajar el cielo a la tierra, ni la evidencia complementaria de que los peores infiernos de la historia también se han fabricado con las mejores intenciones. Pero, si desde el punto de vista moral nada indica que Manuel Mena se equivocase, desde el punto de vista político no hay duda de que lo hizo: aunque harto más imperfecta que la actual, la II República era una democracia tan legítima como la actual, y Manuel Mena respaldó con las armas un golpe de Estado contra ella. Esa es la cuestión: Manuel Mena tal vez acertó moralmente, pero no políticamente. Y, como él, tantos otros. Por eso es falso que los dos bandos contribuyeran por igual a la destrucción de la democracia y que compartan por igual la responsabilidad política de la guerra: los responsables políticos de la guerra fueron quienes dieron un golpe de Estado contra la legalidad republicana, no los que la defendieron. Es verdad que muchos de los que defendieron la II República no creían en la democracia, como dice Leguina; pero el hecho es que defendieron un régimen democrático. Todo lo cual significa que desde el punto de vista político la Guerra Civil sí fue, contra lo que predica un cliché tramposamente ecuánime, una guerra de buenos contra malos: como en casi todas las guerras, en la nuestra no hubo un bando moralmente del todo bueno y un bando moralmente del todo malo, pero sí hubo, como en tantas otras guerras, un bando políticamente bueno y un bando políticamente malo, un bando que defendió la legalidad democrática y un bando que la destruyó; salvando las distancias, es algo semejante a lo que ocurre ahora mismo en el País Vasco: si juzgamos allí una aberración la equidistancia política entre los terroristas y los que no lo son y no tenemos ninguna duda de que hay buenos y malos y de que políticamente los buenos son quienes defienden el sistema democrático -aunque crearan los GAL- y los malos son quienes lo atacan -aunque alguno sea tan idealista como Manuel Mena-, ¿por qué en cambio tantos defienden la equidistancia y afirman que no hay buenos y malos cuando se trata de la II República, que es el único precedente posible de la democracia actual?

Porque eso es lo puñetero y lo peligroso de este asunto: que no estamos hablando del pasado, sino de la relación del presente con el pasado; es decir, del fundamento histórico de nuestro sistema democrático. Por supuesto, solo quien no sabe lo que fue el franquismo puede decir que la actual derecha española es franquista; pero esa derecha comete un serio error al no cortar del todo el cordón umbilical que todavía la une al franquismo y no buscar sus raíces y las raíces de la democracia en la democracia que destruyó el franquismo.

No hay democracia sólida que no esté basada en un acuerdo mínimo acerca de su origen histórico; la nuestra no lo está, sobre todo porque gran parte de la derecha -y al parecer ahora también una parte de la izquierda- no acaba de asumir que sus orígenes no pueden hallarse en ninguna mistificación justificatoria de una dictadura. Me pregunto si no lo asume porque está atrapada en un malentendido: porque cree que lo que se le exige es que renuncie moral y políticamente a los suyos, es decir, porque cree que, además de reconocer que los suyos estaban políticamente equivocados, debe reconocer que todos eran moralmente abyectos. No es así: lo único que se le debe exigir a la derecha es que en este caso distinga entre moral y política, y que, sin quitarles necesariamente la razón moral a sus antepasados, les quite la razón política.

En cuanto a mí, no sé si, como mi madre cree, Manuel Mena fue un héroe, quiero decir un héroe moral, pero lo cierto es que yo nunca me he avergonzado de él; ahora bien, estoy seguro de que políticamente fue un villano. Esa es la verdad, mamá. La puñetera verdad.

El País.com


Fiscales piden una agencia para las víctimas de Franco…

junio 6, 2010

La UPF denuncian la «inactividad del Gobierno»

PÚBLICO MÁLAGA 05/06/2010

El líder de la UPF, Emilio Sánchez, Caamaño y el fiscal general, Conde-Pumpido. EFE

El líder de la UPF, Emilio Sánchez, Caamaño y el fiscal general, Conde-Pumpido. EFE

A estas alturas, ha calado el consenso en la izquierda de las insuficiencias de la Ley de Memoria Histórica, tanto en el Congreso como extramuros. Hoy emergió un nuevo ejemplo. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) reclamó la creación de una Agencia Nacional de Reparación de los crímenes del franquismo. Fue una de las conclusiones del congreso del 25º aniversario de la asociación, celebrado en Málaga.

La UPF advierte en su documento de la «inactividad del Gobierno en la tarea de memoria histórica». Censura el escaso compromiso del Ejecutivo con la reparación de los damnificados por la dictadura. «Lejos de protagonizar ese capítulo histórico, lo dejó en manos de los familiares y asociaciones de voluntarios», informa Efe. De aquí que los fiscales progresistas pidan una agencia nacional, encargada de recuperar los cuerpos de las víctimas y de crear una base de datos de ADN. En ese nuevo organismo se integraría un fiscal «a fin de remover los obstáculos que surjan en los procedimientos judiciales a favor de las víctimas».

Caamaño y la nueva ley penal

La idea de crear una fiscalía especializada en delitos del franquismo no es nueva. IU-ICV lo ha propuesto en varias ocasiones. Sin embargo, esa iniciativa quedó fuera del pacto que cerraron el mes pasado ambos partidos con el PSOE. En la moción que aprobó todo el Congreso salvo el PP se acordó reforzar la protección de las víctimas y «garantizar la responsabilidad pública e institucional» en la exhumación de los cadáveres.

Es «imprescindible» una Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva

El congreso de la UPF también contó con la intervención del ministro de Justicia. Francisco Caamaño insistió en una reforma legal que el PP siempre ha rechazado: otorgarle más poder al ministerio público, desplazando la responsabilidad de la instrucción en los procesos penales del juez al fiscal.

Es «imprescindible» una Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva, subrayó, que confiera a la Fiscalía las funciones «que han de corresponderle, como ocurre en otros países europeos». Caamaño recordó que se ha creado un «grupo de trabajo» que estudia cómo modificar no sólo la ley, sino el proceso penal, «que es algo más serio».

Público.es

NOTA DEL EDITOR:


UNA BUENA PROPUESTA LEGASLITIVA, JURÍDICA E

HISTÓRICA:

Una vez más queda patente la ineficacia de la tan mentada «Ley de la Memoria Histórica» y la desidia gubernamental para afrontar un deber histórico, de derecho y de justicia para con «todas» las víctimas de la represión franquista: Desaparecidos, asesinados sumariamente, secuestrados (sobre todo los niños del franquismo), encarcelados y forzados en campos de trabajo, exiliados, violentados y reprimidos socialmente, expropiados, abandonados a su suerte en las instituciones estatales de la época, readoctrinados, depurados, etc., etc. Y digo que una vez más queda evidenciado, cuando la Unión Progresita de Fiscales (UPF) en su 25º Congreso concluye una posibilidad como ésta, que ya es hora de crear una «Agencia Nacional de Reparación de los crímenes del franquismo» (más vale tarde que nunca).

Seguramente deducida ante todo el folletín mediático, alarma social y reivindicaciones que se han generado con el caso Baltasar Garzón. Y como no, ante la presión social que ejercemos los familiares de las víctimas del franquismo y las asociaciones memorialistas.

No es que sea un hecho, pero sí es un gran paso y avance para todos nosotros que dentro del poder judicial se haya creado conciencia del problema y que la reflexión del mismo haya llevado a una conclusión tan evidente, y que por otra parte, en su día ya había sido considerada por IU-ICV aunque sin repercusión y menos con un mínimo éxito.

El hecho de que éste grupo de fiscales apunten a la necesidad de componer una Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva, a la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos del Franquismo, y por lo tanto, a la modificación de la Ley de La Memoria Histórica y en las que en sendas propuestas, se intuye a que apuntan hacia otro objetivo más necesario e imperioso si cabe, como es la anulación de la Ley de Amnistía de 1997 ; y por ende también, a una reforma Constitucional (tan necesaria y urgente para avanzar hacia el futuro inmediato), no deja de ser una esperanza más en este largo camino que llevamos recorrido por conseguir que España cumpla con su obligación de derecho y justicia internacional, y lo más importante, que cumpla con el derecho y justicia históricos propios de un país que se pretende libre, democrático y ejemplo del cumplimiento de los derechos universales de la humanidad. Un paladín de la justicia mundial. El movimiento se demuestra andando; y en éstos casos…, más vale una pequeña acción que una gran intención.

Esta iniciativa lleva a urgar en las entrañas de nuestro poder judical, no sólo en los ámbitos del estrato legislativo, sino que también en el constitutivo de los propios organismos que lo forman, en su funcionamiento interno y lo más importante de todo, en los procedimientos que deben garantizar su buen funcionamiento y la responsabilidad pública e institucional que permitan siempre (tal y como debe de ser) la protección de las víctimas y no la de los infractores de la ley y el derecho. Máxime en los casos de crímenes contra la humanidad como la limpieza étnica, religiosa, ideológica y/o genocidio.

Ahora solo falta que ante un hecho como éste, se sumen a la propuesta miembros del resto de los distintos estamentos que forman el poder judicial español, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores, la Escuela Judicial, el Ministerio Fiscal, los Colegios de Abogados, etc. Y como no, nuestra queridísima e ineficaz clase política que tanto bien ha hecho durante estos 35 años para que nuestros familiares sigan bajo esta tierra sacra, influenciada todavía por sus viejas supersticiones, ocultos también en archivos polvorientos, engañados en el ostracismo de una vida de mentiras o abandonados en la lejanía desarraigada del exiliado. Es una buena oportunidad para arriar velas cuando soplan nuevos vientos, aires que nos pueden llevar hacia nuevos paraisos. Sobre todo si esas tierras prometidas son las de la «Verdad, Reparación y Justicia».

Desde aquí aplaudo esta reflexión e iniciativa de la UPF que nos presenta una nueva y buena propuesta legislativa, jurídica e histórica. Ahora veremos de que somos capaces entre todos, porque esta labor no depende de lo que hagan los demás por nosotros, sino, de los que seamos capaces de hacer entre todos juntos. Y nosotros como afectados tenemos mucho que decir y que hacer.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I. La Memoria Viv@


COMUNICADO DE LA AGRUPACION DE FAMILIARES DE LAS PERSONAS ASESINADAS EN LOS MONTES DE LA PEDRAJA (BURGOS )

junio 6, 2010
Fosa en Montes de la Pedraja.1

A partir de haber obtenido los permisos necesarios y con subvención del Ministerio de Presidencia para actuar en el monte La Pedraja, Burgos, N120, el día 29 de mayo empezamos la excavación para la localización de las fosas donde se encuentran las personas fusiladas en los inicios de la sublevación y posterior guerra civil iniciada por el  general Franco.
Después de varios días de intensa búsqueda en el Monte de la Pedraja, el día 3 de junio localizamos una fosa de gran tamaño, con signos evidentes de la existencia de numerosos desaparecidos en este lugar. Para los trabajos de localización se ha utilizado material de alta tecnología ( georadar, detectores y Gradiometro de protones ) provista por la sociedad Condor Georadar. Hasta el momento han aparecido diversos casquillos y balas de fusil y pistola, huesos humanos en gran cantidad, medallas, zapatos, etc.
La fosa tiene una dimensión de 2,30 m de anchura por 28 m de largo
. se estima que puede contener entre 40 y 80 cuerpos, cifra que será verificada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dirigidos por el prestigioso forense Paco Etxeberria, el cual ha exhumado e identificado mas de 120 fosas en España y Sudamérica.
Los trabajos de campo están previsto continuarlos hasta la total localización, exhumación e identificación de todas las personas que se encuentran en este monte desde el año 1936.

Miguel Angel Martinez Movilla
representante legal de la Agrupacion
movil 619 27 40 76
miguelangelmartinez52@hotmail.com

 Primeros restos y balas en la fosa de Montes de la Pedraja.2

Primeros restos y balas en la fosa de Montes de la Pedraja.3

Primeros restos y balas en la fosa de Montes de la Pedraja.4


La lista de los 29 de Alcaudete de la Jara.

junio 6, 2010

Hoy, 5 de junio 2010, Marisa Hoyos nos envía un documento fechado del 26 de marzo de 1979 que comporta el listado de los 29 asesinados que los familiares buscan en la fosa que se está abriendo en Alcaudete de la Jara. En este documento los familiares de las víctimas reclamaban en 1979 la expropiación en la finca de “La Pradera” de la parte correspondiente a la fosa  y un paso libre para poder rendir homenaje a los que allí yacían.

Para que consten los nombres de las víctimas reproducimos dicho documento.

Nuestro respeto y recuerdo para ellos y nuestra solidaridad con los familiares.

Que  Verdad,  Justicia y Reparación no sean solo palabras.

Nombres de los apararecidos en el listado: 1- Segundo Gregorio; 2- Isidro Sequera; 3- Isidro Arenaza; 4- Alejandro Serrano; 5- Félix Martín; 6-  Simpliciano Jarandilla; 7- José De la Puente; 8- Pablo De la Puente; 9- Eufronio Rico; 10- Victoriano Rico; 11- Segundo López; 12- Isidro Cabañas;  13- Pablo Moreno; 14- Benito Durán, 15- Domingo Madroñal; 16- Hipólito Candelas; 17- Isabelo Montes; 18- Melchor Gómez; 19- Evaristo Gómez; 20- Isidoro García; 21- Luciano Montes; 22- Sinenciano Jarandilla; 23- Pablo Mancebo; 24- Tomás Nieto; 25- Tomás Toledano; 26- Felipe Vergara; 27- Dionisio Escribano; 28- Benedicto Escribano y  29- Nicomedes Morales


Listado de Alcaudete de la Jara 1

Listado de Alcaudete de la Jara 2