“Madame Carmen’ aún resiste…”

julio 5, 2010

La suecana Virtudes Cuevas, comandante de la Legión de Honor por su lucha en la resistencia francesa, libra su última batalla…

JOSEP BLAY - Sueca – 05/07/2010

El general Charles de Gaulle abraza a Virtudes Cuevas tras imponerle la Orden de la Legión de Honor.-

Virtudes Cuevas (Sueca, 1913) se apaga sobre una cama del hospital público de París que lleva el nombre del histórico socialista francés Paul Brousse. Reconoce a quienes pueden tener acceso a visitarla, aunque no habla. El tiempo que resistirá hasta que le llegue su hora todavía es una incógnita para la medicina. Las miserias vividas en la Guerra Civil española (militó en la Juventudes Socialistas Unificadas), en la resistencia francesa y en el campo de concentración nazi de Ravensbrück, han hecho de ella una mujer extremadamente fuerte.

Pasó cinco años en el campo de concentración de Ravensbrück.

Cedió dos casas en Sueca para difundir el horror del nazismo.

Madame Carmen, como se la conocía cuando colaboraba con los insurgentes frente al ejercito nazi alemán, fue delatada por un compañero de guerrilla en Burdeos. En este grupo hizo todo tipo de tareas: facilitar alimentos, llevar información, repartir propaganda, robar para la resistencia, transportar armas, incluso pasar la frontera para contactar con maquis españoles.

Geneviève de Gaulle, sobrina del general Charles de Gaulle, conoció a Cuevas en una entrega de ejemplares del periódico Défense de la France, que Carmen distribuyó. Ambas estuvieron internadas como prisioneras en Fresnes, en las cercanías de París. La suecana fue golpeada y torturada. “Me dejaron colgada de brazos y pies, me ahogaban en una bañera y me sacaban para volver a interrogarme”, contó en una visita realizada a su localidad natal en 2003. Después se las destinó al mayor campo de concentración para mujeres y niños, situado en Ravensbrück, al norte de Berlín. Allí permaneció durante cinco años hasta el día de la liberación. De Gaulle y Cuevas forjaron una profunda amistad que hasta hoy persiste. La suecana invitó a la francesa a Sueca en 2007 para mostrarle la casa y solar de la calle Magraners, números 18 y 20, sobre los que el Ayuntamiento de Sueca deberá habilitar un museo donde se informe de las barbaries cometidas por el nazismo y el fascismo. Con esa condición legó ambas propiedades en 2003.

Es una mujer muy apreciada en el entorno de quienes sufrieron en sus carnes la represión nazi. Se trata de una de las 1.250 personas que lucen con orgullo la condición de ser comandantes de la Legión de Honor Francesa. Mientras tuvo fuerzas fue abanderada en las conmemoraciones bajo el Arco del Triunfo de París.

Cuando la muerte le gane el pulso, será trasladada a Sueca cubierta con la bandera republicana, como era su deseo. En el nicho 36 del grupo M del cementerio municipal la esperan los restos de su marido, Alberto Codina Pagés (Bagur, 1912-Vitry-sur-Seine, 1991), quien también fue víctima de la represión nazi en el campo de concentración de Mauthausen.

El País.com (Comunidad Valenciana)


El caso Garzón o cómo tomar la parte por el todo…

julio 5, 2010

Conferencia de Orosia Castán en el Ateneo Republicano de Valladolid.

La primavera del año 2010 pasará a los anales, por lo menos de las hemerotecas, por el llamado “caso Garzón”, que ha acaparado el protagonismo en todos los medios de comunicación, independientemente de sus tendencias ideológicas, pasando por encima de otras grandes noticias que en esos días se producían.

El juez Baltasar Garzón en su último acto en la Casa de América de Madrid (Foto propiedad de La Memoria Viv@)

30 de mayo de 2010

De aquellos polvos, estos lodos…

El “caso Garzón” ha movilizado a la ciudadanía y la ha llevado a la calle en medio de una tormenta de reportajes, artículos, tertulias y declaraciones tanto dentro de nuestro país como fuera de él.

Garzón fue imputado por el Tribunal Supremo, que apreció indicios razonables de un delito de prevaricación por varios motivos, entre los que sobresale el intento de juzgar los crímenes franquistas, motivo que ha acabado monopolizando todo el interés del público y los medios.

Por fin, el juez Garzón se sentará en el banquillo, por lo que ha sido suspendido de su cargo, que ocupaba desde hace una veintena de años. Los familiares de las víctimas, las asociaciones memorialistas y los ciudadanos de izquierdas han levantado la voz por lo que consideran un atropello escandaloso, que se agrava más si cabe al encabezar la denuncia el sindicato fantasma “Manos Limpias”, de carácter abiertamente ultraderechista y representado por un histórico militante de Fuerza Nueva; denuncia a la que se añadía la de Falange Española de las JONS que, aunque parezca increíble, es una organización legal.

La reacción se ha producido de inmediato, articulándose un movimiento de apoyo a Garzón cuyos dirigentes convocaron manifestaciones en muchas ciudades bajo lemas como “Todos somos Garzón”.

Sin embargo, muchas personas de izquierdas, grupos memorialistas y familiares de víctimas no quisimos manifestarnos bajo ese tipo de lema, y lo hicimos bajo el de “No a la Impunidad de los crímenes franquistas” y “Derogación de la Ley de Amnistía”.

Acto memorialista "Contra la Impunidad del Franquismo" en la Puerta del Sol de Madrid (Foto: Propiedad de La Memoria Viv@)

Esto fue así porque en el origen del conflicto no está Garzón como víctima de un aparato judicial más o menos reaccionario o profranquista (tanto el juez Varela como otros jueces que apoyan el enjuiciamiento de Garzón pertenecen a las alas progresistas del Tribunal Supremo), sino la existencia de esa Ley de Amnistía que se pactó en 1977 y que fue uno de los pilares de la Transición.

En 2008, cuando el Juez Garzón decidió acometer los crímenes franquistas, llevaba décadas en la judicatura española y se había llegado a encuadrar en un partido, el socialista, que llegó al poder y detentó la mayoría parlamentaria. A este partido pertenecía la mayor parte de las víctimas de la represión franquista, pero ni el PSOE, ni el propio Garzón abordaron la cuestión, limitándose el partido socialista a conceder unas indemnizaciones monetarias mal fundamentadas y peor resueltas que no resolvían el auténtico problema: que tras 30 años de dictadura, era necesario desfranquistizar el país; condenar la sublevación y la dictadura; limpiar las instituciones (entre las que se encontraba la judicatura); depurar las responsabilidades de lo ocurrido y hacer frente al problema de las desapariciones forzadas, que es la denominación que la Justicia Internacional asigna a casos como los de nuestros asesinados en las cunetas.

Pero en la Transición, las fuerzas políticas de izquierdas claudicaron vergonzantemente optando por una vía (la Reforma) más cómoda, menos problemática y más garantista para sus líderes, frente a otra vía (la Ruptura) que, desde luego era más coherente, más correcta y mucho más decente.

Los dirigentes pactaron por arriba, traicionando en muchos casos a sus propias bases, y siempre a sus antecesores, cuyos cuerpos iban a seguir desaparecidos, y la memoria de sus hechos, e incluso de sus nombres, borrada.

En nombre de una “convivencia pacífica”, en la que estos líderes ocuparían parcelas de poder, se firmó la transacción. Los franquistas obtuvieron impunidad y continuismo; el Jefe de Estado fue el designado por el Dictador; se impuso la monarquía y se lanzó a los cuatro vientos la buena nueva: una Transición modélica abría las puertas a una nueva era que olvidaba el pasado con todas sus podredumbres y fijaba su vista en el futuro y solo en el futuro.

Los padres de la Constitución de 1978: Tres de ellos pertenecían a la UCD (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y José Pedro Pérez Llorca). Alianza Popular participaría de la mano de Manuel Fraga Iribarne, mientras que el PSOE mandaría a Gregorio Peces-Barba, y el Partido Comunista de España a Jordi Solé Tura. Finalmente, Miguel Roca Junyent, perteneciente a Convergència i Unió, representaría a los nacionalistas catalanes. (enlace: http://jordicarreno.wordpress.com)

Cerrado en falso el problema, su sino era reaparecer, como así ha venido sucediendo y sucederá hasta que sea verdaderamente resuelto.

A fecha de 2002, cuando el movimiento memorialista resurge por todo el territorio nacional y pone ante los ojos de la sociedad las fosas comunes, la situación política y legal estaba en el mismo lugar que en 1977:

- el franquismo, sin ser condenado
- los juicios políticos franquistas, sin ilegalizar
- los archivos, sin ley reguladora
- las fosas, olvidadas y sin protocolos para su levantamiento
- las víctimas, sin ser reconocidas
- los franquistas, acogidos a la impunidad que les otorga la ley
- las instituciones, sin ser desfranquistizadas
- los símbolos franquistas, sin ser retirados de las vías públicas
- los investigadores, sorteando obstáculos para realizar sus investigaciones
- los desaparecidos, sin ser inscritos en los Registros Civiles
- las fosas comunes, ignoradas por el Estado

Y todo esto, amparado por la ley, respaldado por los sucesivos gobiernos y suscrito por las fuerzas políticas, que no han sido capaces de combatir semejante estado de cosas.

Así que en el 2002, cuando el problema reapareció, se generó un gran movimiento memorialista; la derecha no podía ya hablar de involución, ni la izquierda apelar a la prudencia y a la negociación para aplacar a la derecha. Fue el momento de plantearse una nueva ley acerca de la Memoria Histórica, cuya redacción se prolongó hasta diciembre de 2007. Durante este proceso salieron a la luz con toda nitidez las distintas posturas ideológicas de los grupos políticos y de las organizaciones afines.

Desde el gobierno socialista se optó por una ley tibia que no hacía frente al problema, cuya raíz, como hemos visto, está entroncada en el pacto de la Transición en forma de Ley de Amnistía, que es en la práctica una ley de punto final.

Además, la ley de MH no recogía los principios que las Leyes Internacionales señalan como de obligado cumplimiento en casos como el nuestro, tipificados como Delitos contra la Humanidad, que no prescriben jamás.

Muchas de las personas y asociaciones implicadas expusimos entonces las bases de las que la Ley debía partir:

Había que asumir que el franquismo nació de una sublevación militar violenta, cuyo objetivo era derrocar un régimen democrático, la República.

Que, para lograr ese objetivo, los sublevados elaboraron un plan sistemático de eliminación física de los representantes de ese régimen, así como de todos aquellos ciudadanos que lo hubieran apoyado, e incluso, simplemente, votado; de los ciudadanos afiliados a sindicatos y otras organizaciones democráticas, de sus simpatizantes y, en fin, de todos aquellos que no se adhiriesen al golpe militar.

Que esta sublevación fue contestada por los ciudadanos leales y defensores de la legalidad, lo que desencadenó una guerra civil de tres años de duración con el resultado de miles de muertos, ruina económica, destrucción de bienes públicos y privados, exilio de miles de personas y daños morales sin posible cuantificación. Además, miles de presos, miles de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales y abundancia de abusos e irregularidades sobre los vencidos, la mayoría población civil.

Todo esto, como decimos, está tipificado y se encuadra dentro de los Crímenes contra la Humanidad, cuya característica principal es que no prescriben.

Pero cuando Garzón decide investigar estos crímenes (por cierto, dejando la investigación a medias, ya que no era competente), se enfrentó con dos problemas que, finalmente han podido con él: su propia incompetencia para juzgar los crímenes, lo que le hizo abandonar el caso en las manos inciertas de los órganos judiciales territorialmente competentes, creando una gran desazón entre los familiares de las víctimas, y la existencia y vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, esgrimida ahora como prueba de la cancelación de las responsabilidades de aquellos crímenes, lo que impediría juzgarlos.

De estos dos motivos, el primero es responsabilidad del mismo Garzón, que sabía que no podría llegar hasta el final, pero asumió el caso para abandonarlo.

El segundo, la vigencia de esa ley de punto final, es responsabilidad del Gobierno, que la mantiene en vigor, y de las fuerzas de izquierda por no denunciarla, por no combatirla y por seguir tolerándola, asumiendo la ley de Memoria Histórica, que ni siquiera la cuestiona.

Por todo ello hay que concluir que el procesamiento de Garzón ha sido una pieza más dentro un proceso que sólo se acabará cuando se acabe la impunidad y se tomen medidas para el restablecimiento de la Verdad, se imparta la Justicia que las víctimas merecen y se establezcan las Reparaciones a que los familiares tienen derecho.

El caso Garzón no debe desviar la atención del verdadero problema: el silencio y la impunidad legal de los crímenes franquistas a través del incumplimiento de la Legislación Internacional. Centrarse en el procedimiento contra Garzón es, simplemente, tomar la parte por el todo.

Esta es la razón última por la que debemos manifestarnos bajo el lema “No a la impunidad, derogación de la Ley de Amnistía”, en lugar de bajo el de “Todos somos Garzón”.

NOTAS ACERCA DEL CASO GARZÓN

Garzón abrió diligencias de investigación sobre detenciones ilegales y desapariciones forzadas desde la Audiencia Nacional; pero el Estatuto de la Audiencia Nacional excluye explícitamente la investigación de los delitos de este tipo si se han cometido en territorio nacional. Por eso no era competente.

En 2008, cuando Garzón decide investigar, había otro caso en marcha: los asesinatos de ciudadanos en campos de concentración alemanes. El Juez Ismael Moreno asumió este caso, presentado por el Equipo Nízkor, y estaba en pleno desarrollo cuando Garzón se planteó actuar sobre los crímenes franquistas.

Además, el auto de Garzón tenía un recorrido mínimo, con unos límites muy claros a la hora de establecer responsabilidades. Sus actuaciones llegaban únicamente al año 1951, sin llegar a aclarar jamás el motivo. Quizá deseaba dejar fuera de su investigación a personas que a fecha de hoy ostentan cargos en nuestro país; quizá intentaba imputar únicamente a los responsables que, por edad, estaban ya fuera del alcance de la ley por haber fallecido. En cualquier caso, Garzón sabía bien que nadie iba a ser imputado legalmente, por lo que el caso nacía muerto de antemano.

El auto estaba conformado por unas investigaciones que no aportaban datos nuevos, porque estaban realizadas desde hace tiempo ya por investigadores e historiadores; y en la causa, enumeraba a unos imputados a sabiendas de que todos habían fallecido. Una vez certificado el fallecimiento, el proceso llegaba a su final, pues no había responsables a quien juzgar. No imputa a responsables que viven hoy, a gente que firmó penas de muerte. La investigación de Garzón no tenía carácter judicial: en ningún momento se hablaba de la presencia de las autoridades judiciales en las fosas a la hora de levantar los cadáveres; En ningún momento ha intentado reparar el daño cometido.

La Ley de Amnistía es una ley preconstitucional que amnistiaba a quienes hubiesen participado en la comisión de delitos contra la humanidad durante la dictadura. De paso se dejaba en libertad a los presos políticos que estaban en ese momento en las cárceles franquistas sin recurso a la defensa de su inocencia.

Una ley, en definitiva, de punto final, que es nula porque contraviene la Legislación Internacional de Derechos Humanos y sobre los Crímenes contra la Humanidad, firmada por España y de obligado cumplimiento.

La Ley llamada de Memoria Histórica de 2007 es otro de los intentos de tapar todo lo ocurrido. Esta ley pretende convertir un hecho jurídico, el levantamiento de un cadáver, en un procedimiento particular y administrativo. Si aparece un cadáver en una cuneta, el juez debe personarse y abrir diligencias penales acerca del hecho, investigando las circunstancias de la muerte. Así, esta ley no concede entidad jurídica a las víctimas, por lo que los familiares no pueden acudir a los tribunales.

La ley de MH declaraba los juicios franquistas “ilegítimos”, pero no ilegales, por lo que las sentencias pueden ser más o menos reprobables, pero no son ilegales. Esto afecta a los derechos de las víctimas condenadas, que lo son en forma legal.

La ley ratifica la vigencia de la Ley de Amnistía del 77, pues en ningún momento alude a las obligaciones del Estado de aplicar la Ley Penal Internacional.

LA QUERELLA A GARZÓN:

La acción popular de Manos Limpias y de FE contra Garzón se basa en que la Ley de Amnistía impide juzgar los crímenes del franquismo; en que los hechos han prescrito, y en que el Tribunal no es competente. De esta manera se ha puesto en cuestión la Ley de Amnistía, pilar básico de la Transición; un tema que siempre se ha tenido mucho cuidado en dejar de lado. La última vez que este tema se tocó fue en la redacción de la ley de MH, presentada por el Gobierno Socialista y firmada por los grupos políticos de izquierdas, excepto ERC.

El fiscal no apoyó la querella contra Garzón. En un caso normal, esto hubiera sido suficiente para archivar la causa, pero Garzón tiene enemigos entre sus compañeros, y además había otras acusaciones de prevaricación contra él.

El CGPJ está compuesto por 21 miembros:

- 9 nombrados por el PSOE
- 9 nombrados por el PP
- 1 representante de los nacionalistas vascos
- 1 representante de los nacionalistas catalanes
- El presidente, consensuado: Carlos Dívar.

El bloque progresista se ha dividido en este caso, y así, cuatro de sus miembros, como Margarita Robles, de Jueces para la Democracia, han votado a favor del procesamiento a Garzón.

La Audiencia Nacional fue continuación del TOP. Es un órgano que no existe en otros países. Los jueces del TOP nunca fueron investigados, ni depurados. Los de la Audiencia, incluido Garzón, nunca condenaron aquellas actuaciones, ni las investigaron. Si se aplicara la legislación internacional, muchos de aquellos jueces se hubieran sentado en el banquillo y hubieran sido condenados por los atropellos cometidos, pero nadie dio jamás un paso en esa dirección.

Tampoco dijeron nada los jueces cuando se propuso la Ley de MH, a pesar de los muchos fallos que presenta y de que no se atenía a la legislación internacional. Hubiera estado bien que Garzón hubiera hablado entonces. Una ley de MH justa, correcta y avenida con las leyes internacionales hubiera impedido, en último caso, el procesamiento actual contra él.

http://represionfranquistavalladolid.org/?el-caso-garzon-o-como-tomar-la

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Los vencidos tienen distinta memoria histórica que los vencedores…

julio 5, 2010

38x38 Vicenç Navarro

VICENÇ NAVARRO  05/07/2010

No existe pleno conocimiento en grandes sectores de la población española de las atrocidades cometidas por el golpe militar del 1936 y la dictadura que estableció. Sólo los vencidos y sus descendientes conocieron en carne propia los fusilamientos, los encarcelamientos, las torturas, el exilio y sobre todo, la constante humillación con la que el régimen establecido por el golpe militar de 1936 intentó la destrucción psicológica del bando vencido, presentándolo como un bando antiespañol, criminal y asesino, perteneciente a una raza y/o cultura inferior (ver mi artículo El racismo del nacional-catolicismo, Público, 14.01.10). Y lo que es incluso más doloroso es que los vencidos no podían defenderse ni siquiera frente a sus hijos, pues hablar con ellos y transmitirles este conocimiento era ponerlos en peligro. Los vencidos y sus descendientes sufrieron una humillación y un terror constante que nunca experimentaron los hijos de los vencedores. Y la expresión más clara de ello es lo que ha ocurrido con las más de 150.000 personas asesinadas (cuyos cuerpos han desaparecido) y sus familiares. Hasta hace poco estaban prácticamente olvidados y abandonados, treinta y dos años después de haber terminado la dictadura.

Tales horribles experiencias no las conocen los descendientes de los vencedores. A esto me referí cuando, en un artículo reciente, critiqué a Javier Pradera, columnista de El Pais, por su animosidad hacia el intento del Juez Baltasar Garzón de llevar a los tribunales a los asesinos implicados en aquel régimen (animosidad expresada con gran cantidad de insultos hacia los que criticaban tal enjuiciamiento) (ver mi artículo Javier Pradera, la amnistía y la transición, El Plural, 17.05.10). Definí a Javier Pradera como “hijo de vencedores”, lo cual, no significaba (como se malinterpretó en algunas notas que recibí) que cuestionara su compromiso democrático (expresado en su pertenencia durante su juventud a la resistencia hacia la dictadura), sino que señalaba la falta de conocimiento que Pradera tuvo de lo que fue aquella dictadura, experiencia sentida sólo por los vencidos y sus descendientes, entre los cuales Pradera no se encontraba. Los descendientes de los vencidos tenemos un conocimiento y una memoria muy distinta a la de los vencedores. Y queremos que se conozca y que se denuncie lo ocurrido, pues es nuestro deseo que el régimen democrático actual sea continuador y heredero de aquel que España tuvo y por el cual lucharon nuestros padres, ya que estamos orgullosos de lo que nuestros padres hicieron y exigimos al Estado español que lo reconozca y los honre, lo cual no se ha estado haciendo. Es más, creemos que el Estado democrático español no debe considerarse una síntesis de dos sensibilidades, una heredera de la dictadura y la otra mitad heredera de la República. Este sentido de la equidistancia moral y política de lo que erróneamente se llaman los dos bandos (postura promovida por los vencedores y por sus descendientes), no puede ser aceptada en un estado democrático. Éste, para sostener y reproducir una cultura democrática, necesita condenar la dictadura y reconocer el carácter democrático de la República. El franquismo no puede tener ningún reconocimiento en España como propone otro vencedor, Gregorio Marañon, en su artículo en El País “La insobornable verdad” (28.06.10). Sería impensable que en Alemania, que padeció un régimen nazi (semejante al régimen fascista español), un periódico publicara un artículo que defendiera el reconocimiento moral y político de aquellos que impusieron el nazismo.

En realidad, esta resistencia a conocer el pasado, está en parte explicada, no sólo por el enorme dominio que las derechas tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, sino también por la resistencia de los hijos de los vencedores a que se conozca lo que hicieron sus antecesores, bien por activa o por pasiva, colaborando con el odiado régimen. El miedo a molestar a los descendientes de los vencedores y la excesiva timidez en recuperar y, con ello, corregir la memoria histórica, es indigno del enorme sacrificio de aquellos que lucharon por la democracia y sufrieron por ello. Es vergonzoso, por ejemplo, que la sede del gobierno socialista español, La Moncloa, defina en su web al dictador Franco sólo como político y militar sin nunca citar su componente golpista y dictatorial.

Las consecuencias de una transición inmodélica
La transición, claramente inmodélica -pues dio lugar a una democracia muy incompleta, con gran dominio de las fuerzas conservadoras en los aparatos del estado- dio pie a un abanico electoral claramente sesgado a la derecha. Los partidos homologables a la derecha española en la Unión Europea, no son los partidos de derecha sino los de ultraderecha. Ejemplos de ello hay muchos. Uno de los más recientes es la respuesta de las derechas al caso del Juez Baltasar Garzón (llevado al Tribunal Supremo por el partido fascista) por su intento de enjuiciamiento al fascismo. El público español debe saber que la gran mayoría de medios informativos de derechas en Europa condenaron aquel enjuiciamiento. No así en España. Tanto las derechas españolas (los dirigentes del PP) como las catalanas, Artur Mas, dirigente de CiU y Juan José López Burniol (autor muy promocionado por la televisión pública catalana, TV3) se opusieron a ello. En realidad este último ha escrito varios artículos en El Periódico y, más recientemente, en La Vanguardia (“Razón moral y razón política”, 19.06.10), en el que sostiene que lo que él denomina ambos bandos tenían igual derecho moral y político, defendiendo así a los golpistas de 1936, con el argumento de que eran buenas personas y creían que luchaban por España. Tal argumento, con su relativismo moral, justifica toda serie de atrocidades pues raramente el que las realiza tiene conciencia que haga algo mal. Incluso Hitler y Franco, dos de los asesinos mayores que ha tenido Europa, creían que salvaban su país. Bajo este criterio, que a una persona se la juzgue viene determinado por sus propias intenciones o valores, independientemente del contexto donde se realizan sus acciones.

Esta equidistancia aparece también en Joaquín Leguina en un artículo en el que, partiendo de que muchos fascistas eran buenas personas y muchos republicanos eran asesinos, concluye que los dos bandos eran responsables o, como dijo Pérez-Reverte, todos “somos hijos de puta”, insulto gratuito a todos los que lucharon por la democracia, justificando tal insulto por la existencia de comportamientos censurables también en el lado republicano, ignorando que, mientras la represión era política de estado en la dictadura, no lo fue en el lado de la República. Según el criterio de equidistancia, sostenido por tales autores (todos ellos descendientes de vencedores) tampoco hubo ni buenos ni malos en la II Guerra Mundial, pues los aliados bombardearon Dresden destruyendo toda una ciudad alemana. Este relativismo lleva a una parálisis moral y política.
No pueden evaluarse las atrocidades, sin embargo, sin ver el contexto en el que ocurren. De ahí que no todos los muertos sean iguales. Los curas y monjas asesinados, por ejemplo, eran parte de una institución beligerante en la Guerra, pues la Iglesia clamaba por un golpe militar antes de que éste tuviese lugar y la población era conocedora de tal provocación. Es comprensible, pues, que las clases populares odiaran a la Iglesia (hecho que la Iglesia, en su arrogancia, nunca se ha preguntado el porqué la odiaban). Decir esto no es justificar la expresión de tal odio, sino entenderlo. El hecho de que los curas y las monjas fueran buenas personas (es decir que seguían las pautas del comportamiento convencional) no las convirtió en inocentes. En realidad, en mi juventud conocí a muchos fascistas que eran también muy buenas personas, iban a misa, amaban a sus familias, ayudaban a sus vecinos pero que cuando veían sus intereses en peligro, colaboraban con la policía, que asesinaba, torturaba y exiliaba a aquellos que amenazaban sus intereses, lo cual ocurría con pleno conocimiento y aprobación de los fascistas buenas personas. En realidad, la perfecta novela o película antifascista todavía no se ha hecho. Tal novela tendría que explicar la vida de esta buena gente de la que habla Burniol, que cuando veían sus intereses en peligro apoyaron las crueldades más duras que los seres humanos han visto ocurrir en España.

La mal llamada reconciliación
Una última nota. No es cierto que la transición se basara en una reconciliación. El hecho de que el joven republicano no apretase el gatillo que hubiera matado a Sánchez Mazas, en la novela de Javier Cercas, ha sido interpretado por muchos autores (como Santos Juliá) como el inicio de la reconciliación. No sé cuál es el intento de su autor, Javier Cercas (también hijo de vencedores). Pero me parece absurda tal observación. Aquel joven republicano tendría que haber apretado el gatillo, pues era una guerra contra el fascismo (el cual mató a miles y miles de demócratas) y Sánchez Mazas fue su ideólogo. Millones de hijos de vencidos no se han reconciliado con los vencedores. ¿Cómo puede la hija de un alcalde republicano asesinado por la Falange, cuyo cuerpo está enterrado en un lugar todavía desconocido, reconciliarse con el miembro del Tribunal Supremo que todavía defiende el golpe militar, o con el Sr. Burniol que indica que los golpistas merecen tanto respeto como su padre, el republicano enterrado?
El aceptar que el conflicto civil se lleve a cabo no mediante el conflicto armado, sino a través de unas reglas (sesgadas en el caso español para favorecer a las derechas), como ocurrió en la transición, no quiere decir que hubiera reconciliación, por mucho que líderes de izquierda lo afirmaran durante la transición. Creerse esto es como creerse que la petición de Amnistía por parte de la población movilizada contra la dictadura incluía la petición de perdón a los asesinos, como algunos, incluyendo a Burniol, asumen. Si a una persona le roban su casa sin nunca recuperarla, no se le puede pedir que se reconcilie con el ladrón que continúa viviendo en su propiedad. Esto es lo que ha ocurrido en España. Ponga vencedor en lugar de ladrón y esto es lo que ha estado ocurriendo- los vencedores robaron la memoria histórica, haciendo de la suya, la historia de España. Y ahora se oponen a que se recupere la memoria de los vencidos que fueron los únicos que defendieron la democracia.

En la transición no hubo reconciliación. Hubo un acuerdo de no resolver el conflicto, que continúa existiendo, por vía de las armas. Se decidió hacerlo por reglas que intentaron ser democráticas, en un estado en que las derechas continuaron enraizadas en el aparato del Estado y en el que la competitividad política está sesgada para discriminar a las izquierdas, y ello como consecuencia de la debilidad de las fuerzas democráticas en aquel momento de la Transición. Ni que decir tiene que es más que probable que, considerando la correlación de fuerzas dentro del Estado en aquel periodo 1975-1978, no había otra alternativa. No es pues mi propósito denunciar aquel proceso. Lo que sí creo, sin embargo, es que fue un gran error de las izquierdas definir aquel proceso como modélico, pues el término implica que la democracia que determinó fuera también modélica o que los instrumentos y reglas que la Transición produjo permitan alcanzar tal democracia modélica, lo cual es fácil de mostrar que no es cierto. Es comprensible que las derechas lo definan como modélica. Pero las izquierdas no pueden ni deben considerarla como modélica pues ello implicaría renunciar a conseguir la democracia homologable a la existente en la mayoría de la Unión Europea, que el pueblo español se merece, sin frenos y cortapisas. Y ahí soy optimista. En la medida que el tiempo pasa, las nuevas generaciones no aceptarán este desequilibrio existente en el Estado español. Y las derechas son conscientes de ello. De ahí la enorme resistencia de los vencedores a impedir que se conozca la realidad de lo que pasó en España.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universidad Pompeu Fabra

elplural.com vía google noticias


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