Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad"
Miguel Ángel Rodríguez Arias.
Zapatero y Conde-Pumpido juegan al scattergoris con el dolor de las familias de los fusilados y seguimos sin aplicar la doctrina de los tiradores del muro de Berlín a “jueces” y a integrantes de los pelotones de fusilamiento.
NUEVATRIBUNA.ES – 7.7.2010
Los prodigios de ZP no tienen límite, y ahora resulta que el nuestro es un Gobierno, capaz de haber establecido en 2007 la plena nulidad jurídica de las “sentencias” franquistas sin mencionar siquiera la palabra “nulidad” – reclamada una y otra vez por las familias, completamente proscrita durante la elaboración de su ley –. Según parece haber declarado esa misma nulidad llamándolas, sin más, “nulas” en su articulado hubiese resultado demasiado poco original y aburrido, había que esforzarse en llamarlas otra cosa, usar cualquier palabra menos “nulidad”…O eso se desprende de lo que acaba de decirnos nada menos que Candido Conde-Pumpido, su Fiscal General del Estado, de oficiante de la milagrosa liturgia de la transmutación del agua en vino, de la mera “ilegitimidad” adjetiva en la categoría jurídica de la “nulidad de pleno derecho” que en ningún sitio se reconoce en el texto publicado en el BOE. Y Amén. Si no se puede decir ahora que uno y otro se están comportando de forma indecorosa, mintiendo descaradamente a la ciudadanía, jugando a las palabras con las víctimas y robándoles sus derechos, no sé cuando se podrá.
Sorprenden y avergüenzan – y no precisamente a partes iguales a estas alturas – las últimas manifestaciones del Sr. Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en relación a la “sentencia” de Blas Infante que, tal y como recogió este viernes pasado Europapress, éste calificó como ya completamente anulada en virtud de la ley “de la memoria histórica”.
Con ello el Sr Fiscal General del Estado – al que más le valiera velar por el respeto de la legalidad y los derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y negados en España a las víctimas del franquismo –, está mintiendo al conjunto de la ciudadanía, al tiempo que se toma el pelo y se ofende – una vez más – a las familias de los fusilados del franquismo; familias ya sobradamente olvidadas y pisoteadas en sus derechos durante décadas de esta democracia sui generis nuestra con todas sus hipotecas, sin necesidad de semejante nueva aparición estelar de nuestro Ministerio Público jerárquicamente sujeto a Moncloa….
Y todo por intentar lavar la cara a toda una lamentable política del Gobierno plagada de ilegalidades y decir que una mala ley sí que dice en realidad lo que en su día omitió pero que debió haber dicho…
Por supuesto y como bien sabe el Sr. Conde-Pumpido, porque sin duda lo sabe perfectamente, – él y cualquiera que se haya licenciado en Derecho y haya dedicado un mínimo tiempo a leerse la malhadada ley de impunidad en cuestión – lejos de declarar la nulidad de nada, dicha norma tan sólo se limita a adjetivar, las que aún reconoce como “sentencias” vigentes franquistas, como “ilegítimas”; actos de derecho, en todo caso, pero con defectos de forma y fondo y no como actos criminales claramente definidos como tales por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que en su artículo 8.2.c) iv, define expresamente como uno de los tipos de crimen de guerra “Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.
Es que en España estamos tan atrás en todo esto que ni se habla de enjuiciar penalmente a los “jueces”-asesinos de los Consejos de Guerra autores principales de tales crímenes de guerra, ni a los soldados ejecutores que participaron en los pelotones de fusilamiento- Todo ello a diferencia de lo que sí que se hizo con los tiradores del muro de Berlín (246 procesados en Berlín y en Postdam, de ellos 80 soldados tiradores condenados y otras autoridades implicadas en dar tales órdenes…); procesos que, dicho sea de paso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respaldó entendiendo en su histórico pronunciamiento de marzo de 2001 que tales ejecuciones suponía una tal violación del derecho a la vida que una incompleta invocación del principio de legalidad penal o de una irretroactividad inexistente en realidad, no podía determinar la impunidad y la ausencia de responsabilidades penales ex artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Porque a juicio del Alto Tribunal el hecho de que tales conductas fuesen legales dentro del sistema jurídico de la antigua RDA no lo justifica ni lo convierte en legal a la luz de los derechos humanos violentados, sin obediencia debida que valga.
Y que ni siquiera se hable de nada de esto en nuestro país, es un error. Porque la obediencia debida a la “legalidad” por parte de “jueces” o ejecutores franquistas – ambos asesinos – tampoco evitaría ninguna responsabilidad aquí. Y que el Fiscal General del Estado se dedique a desinformar a la ciudadanía diciendo que tales sentencias han sido anuladas por la ley de la memoria, como digo, es más incomprensible todavía.
De modo que, en nuestra ley de la memoria, ni se sigue la definición de dicho artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional que haría calificar tales “sentencias” en todo caso como crímenes de guerra imprescriptibles, perpetrados contra prisioneros de guerra y población civil protegida, ni se declara su nulidad – lo mínimo de lo mínimo, pero tampoco nos podemos quedar sólo ahí – ni nada: de sentencias “ilegítimas” es de lo que habla y el término jurídico de la “nulidad” simplemente no está presente ni por equivocación en todo su articulado, no digamos ya la expresión de la “nulidad radical” o “nulidad de pleno derecho” muy al contrario de lo que ha tenido a bien desinformar nuestro Sr. Fiscal General del Estado, ay.
Esa “ilegitimidad” sin “nulidad” declarada – rehuida esta palabra como la mismísima peste bubónica en el redactado de la ley – es otra de esas ocurrencias de bombero del Gobierno de Rodríguez Zapatero para el que tanto le gusta jugar con poco rigor con las palabras y los conceptos de cara a la ciudadanía, como bien sabemos por esa crisis que no era crisis, sino “desaceleración de la economía”, “enfriamiento”, “ralentización” y no sé cuantas cosas más… y al final ya sabemos lo que era… y lo mismo pasa con los miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero a los que les pareció bien votar favorablemente la tramitación del proyecto de ley y seguir a pies juntillas la terminología de Franco y llamarlas todavía “sentencias” como él decía – en vez de crímenes de guerra como dice el Estatuto de la Corte Penal Internacional – y lo que fuese en vez de hablar lisa y llanamente de “nulidad”, ay…aunque supongo que cada cual toma como referente lo que le parece más oportuno y con ello mismo queda retratado… más todavía cuando parte de esa misma ley de la memoria se le copia directamente además a una orden del dictador de mayo de 1940…
Es así, pues, como la ley de la memoria eludió mediante un subterfugio lingüistico declarar la llana y normal “nulidad” debida de “condenas”, “normas” y “tribunales” creados sin la más remota legalidad por una banda criminal fascista; completamente de espaldas a la Constitución española de 1931, simplemente porque consiguieron que Hitler y Mussolini les dieran las suficientes armas y suministros – sin que nadie hiciese nada para impedirlo – como para masacrar el país de arriba a abajo. Ese es su único “título” jurídico o constitucional, la capacidad de violencia masiva, – ninguna “legalidad” – , como para emanar cualesquiera “actos jurídicos”…según parece bastante como para que un Gobierno tan perdido como el nuestro le copie nada, como bien se apreciaba en su propia web en estos días al hablar del Presidente del Consejo de Ministros “Francisco Franco”…
Según parece a partir de este momento tendremos en nuestro ordenamiento – en cuanto a la validez y vigencia de normas y actos jurídicos – tendremos lo nulo de pleno derecho, lo anulable, lo ilegítimo (¿?)… y cualquier otro cambalache de conveniencia que se le ocurra a nuestro Gobierno y para el que dispongan de fieles servidores dispuestos a salir a la palestra sin importar su propio descrédito personal y hasta el de las mismas instituciones que ocupan…
¿Para qué vamos a limitarnos a las categorías jurídicas existentes si las podemos retorcer a placer desde el poder, y podemos contar con todo un Señor Fiscal General del Estado que nos siga la corriente despreciando el sufrimiento y los derechos de víctimas y familiares que aún esperan la “nulidad”?
Ellos podrán ser los reyes del Scattergoris pero “pulpo” nunca va a ser de verdad un animal de compañía.
De verdad, ¿qué está pasando en este país cuando la máxima instancia del Ministerio Público garante de la legalidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos puede actuar de semejante manera?
¿Entenderán alguna vez que el que una ley de la reestablecida democracia española (o más o menos) siga convalidando como “sentencias” esos asesinatos, crímenes de guerra” – respecto los que ninguna inocencia de los asesinados se hace necesario probar – atenta contra el derecho al honor de esas personas y sus familias? …
¿Entenderá el Sr Fiscal General del Estado que en vez de dedicarse a hacerle el caldo gordo a un Gobierno tan autodesprestigiado como éste y mentir descaradamente a la ciudadanía española desde la muy alta dignidad que ocupa debería haberse dedicado, hace tiempo, a emprender una “investigación oficial efectiva e independiente”, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de todos esos crímenes en aplicación de esa misma doctrina de los tiradores del muro de Berlín?
¿Entenderán el deber que supone impulsar el enjuiciamiento penal de los responsables de las desapariciones en las más de dos mil fosas clandestinas que salpican nuestro territorio, de los miles de niños perdidos, de los asesinados y demás condenados a trabajos forzados, etc, víctimas de crímenes de guerra como Blas Infante, Miguel Hernández, Antonio Escobar, o el President Companys, entre tantos y tantos y tantos otros?
¿Entenderá el Sr Fiscal General que hace tiempo que tenía que haber impulsado las actuaciones necesarias para que los fiscales que a él están jerárquicamente subordinados en todo el territorio actúen de oficio en las fosas, en la búsqueda de esos niños, ante el botín de guerra robado, o ante la aplicación de la ley de partidos a cualquier acto falangista que suponga hoy un enaltecimiento de los genocidas?
¿Qué tendrá que decir de esta actuación la Unión Progresista de Fiscales?
Por tanto, como los prodigios de ZP no tienen límite, ahora resulta que el nuestro es un Gobierno, capaz de haber establecido en 2007 la plena nulidad jurídica de las “sentencias” franquistas sin mencionar siquiera la palabra “nulidad” – reclamada una y otra vez por las familias, completamente proscrita durante la elaboración de su ley –. Según parece haber declarado esa misma nulidad llamándolas, sin más, “nulas” en su articulado hubiese resultado demasiado poco original y aburrido, había que esforzarse en llamarlas otra cosa, usar cualquier palabra menos “nulidad”…O eso se desprende de lo que acaba de decirnos nada menos que Candido Conde-Pumpido, su Fiscal General del Estado, de oficiante de la milagrosa liturgia de la transmutación del agua en vino, de la mera “ilegitimidad” adjetiva en la categoría jurídica de la “nulidad de pleno derecho” que en ningún sitio se reconoce en el texto publicado en el BOE. Y Amén.
Si no se puede decir ahora que uno y otro se están comportando de forma indecorosa, mintiendo descaradamente a la ciudadanía, jugando a las palabras con las víctimas y robándoles sus derechos, no sé cuando se podrá.
El Sr Conde-Pumpido debe rectificar de forma inmediata y pedir perdón por la falsedad hecha pública a las familias de los fusilados durante el genocidio franquista en España.
Y el Presidente Zapatero por lo mismo y por unas cuantas cosas más de su ley de la memoria. Nos has fallado ZP. Nos has fallado a todos los que creíamos que tu Gobierno representaría un giro hacia el cumplimiento la legalidad internacional respecto el precedente Gobierno de derechas de José María Aznar. Nos has fallado estrepitosamente en los derechos humanos tomados en serio, y no sólo como palabras vacías con las que llenarse la boca: víctimas del genocidio franquista, justicia universal, minas antipersona y venta de armas a varios Estados de la que tu Secretaria de Estado todavía no sabe que cuentas dar…
Y es hora de que la gente del PSOE empecemos a encajar la decepcionante dimensión de todo esto, como les tocó hacer en su día a muchos que habiendo votado a José María Aznar en el 2000 salían a la calle impotentes contra la guerra de Irak ante un Gobierno endiosado y demasiado alejado de la gente, y de la realidad, como para admitir y rectificar con honradez sus abusos más arbitrarios. ¿Por qué?
Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro «El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad» y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.
Nueva Tribuna.es
Publicado en FB por Mª José Barreiro
Escrito por jordicarreno 
La Memoria Viva 