Las víctimas citan en Argentina a los dirigentes del franquismo…

septiembre 30, 2010

Darío Rivas, hijo de fusilado, y Nora Cortinas, de las Madres de Mayo, el día que presentaron la querella.AFP

Reclaman a la jueza que pida al Gobierno español la lista de ministros de Franco aún vivos.

DIEGO BARCALA MADRID 30/09/2010

Si el Estado español, a través de sus diferentes poderes democráticos, ha investigado o está investigando los crímenes del franquismo, lo tendrá que demostrar ante un juzgado argentino. Las víctimas de la dictadura que apelaron el pasado 14 de abril a la justicia universal mediante una denuncia en Argentina contra los crímenes de Franco han solicitado a la jueza encargada del caso que pida al Gobierno español los nombres de los ministros franquistas vivos y muertos, jueces colaboradores, altos mandos de Falange y de las Fuerzas Armadas que cometieron crímenes e incluso el listado de empresas que se beneficiaron económicamente de los trabajos de los presos.

La lista de peticiones de los denunciantes responde a la decisión del pasado 3 de septiembre de la Cámara Federal que obliga a la jueza María Romilda Servini de Cubría a solicitar al Gobierno español un exhorto por vía diplomática para que informe “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.

Respuesta de Caamaño

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró en el Congreso de los Diputados que el Gobierno colaboraría con la solicitud que llegue de Argentina. Para que esa solicitud se ajuste a lo pretendido por las víctimas de los crímenes de Franco, los denunciantes enumeran lo que se debe solicitar. “Ante la posibilidad de que el Gobierno diga que a través de algunos juzgados territoriales se está investigando, queremos dejar claro que los pocos jueces que han continuado con los procesos abiertos por Garzón apenas se han limitado a localizar la fosa e identificar el cuerpo. Nada más. Y eso no puede considerarse cosa juzgada“, explica el abogado demandante, Carlos Slepoy.

Las víctimas reclaman ocho campos de investigación para determinar lo sucedido y su responsabilidad. Una de esas peticiones reclama el número de empresas que operó durante el franquismo con presos obligados a trabajar. “Tanto las compañías como sus directivos tienen que dar explicaciones y en su caso determinar las indemnizaciones”, explica el abogado.

Los querellantes piden que se envíe desde España el proceso abierto en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Además, piden el envío del sumario que abrió el magistrado para demostrar que “en este momento” se está impidiendo a las víctimas de un “genocidio”, denunciar los delitos que han sufrido.

El letrado de las víctimas recuerda que la justicia argentina no tiene que detener su investigación ante una hipotética respuesta del Gobierno en la que se asegure que sí se ha investigado. “En el caso de los niños robados por la dictadura argentina abierto en España por Garzón había juicios abiertos en Argentina, pero eso no impidió a España investigar. Lo mismo ocurrió en Ruanda, por poner otro ejemplo”, explica Slepoy.

La Cámara Federal corrigió la postura del fiscal que recomendó el cierre del caso porque había comprobado “a través de Internet” que en España había ya investigaciones pendientes. Este tribunal ha establecido como periodo a investigar las fechas acotadas por los denunciantes que hablan desde julio de 1936 a junio de 1977. “Los jueces que firmaron las penas de muerte de septiembre de 1975 en juicios sin garantías tienen su responsabilidad”, ejemplifica el letrado.

Los denunciantes equiparan la Ley de Amnistía de 1977 con las leyes de impunidad derogadas en Argentina en los juicios a la dictadura militar. Esta ley exime a “los funcionarios públicos” de posibles delitos cometidos “en el ejercicio de sus cargos”. “Algunos delitos no prescriben y en estos crímenes no existe la obediencia debida como eximente de la culpabilidad”, concluye Slepoy.

Policías, jueces y dirigentes de Falange

Sumario de Garzón

Los denunciantes reclaman a la jueza del Juzgado Federal nº1 de Buenos Aires que pida por vía diplomática el proceso de “investigación interrumpida” abierto por Garzón en la Audiencia Nacional y las resoluciones posteriores contra él como prueba de la impunidad del franquismo en España.

Ministros vivos o muertos

Reclaman a los organismos competentes “información sobre los nombres y último domicilio conocido” de los integrantes de los Consejos de Ministros entre 1936 y 1977. El Gobierno debería informar del domicilio de ex ministros vivos y en activo en la vida pública y privada como el senador Manuel Fraga -en la imagen-, el presidente de Sogecable Rodolfo Martín Villa o el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir.

Funcionarios públicos

Las víctimas piden los nombres de los militares, policías, jueces y dirigentes de Falange que durante el periodo citado pudieron colaborar en los crímenes. Los denunciantes destacan que la ley de Amnistía que exime a los funcionarios público que pudieron cometer delitos “en el ejercicio de su cargo” es una norma inválida como lo eran las de impunidad de la dictadura argentina.

Número de víctimas

Los denunciantes piden datos de los torturados, los desaparecidos, los asesinados o los perseguidos por la dictadura fascista en España. El objetivo es establecer el número máximo de testimonios y pruebas de que Franco y sus colaboradores establecieron un plan de terror fascista.

Público.es


La US retirará “en cuanto pueda” los símbolos franquistas de sus centros y dice que su postura es “inequívoca”

septiembre 30, 2010

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Joaquín Luque, ha asegurado este jueves que los símbolos franquistas que aún perduran en algunos de sus centros serán eliminados “en cuanto se pueda” y ha recordado que, en lo que a Memoria Histórica se refiere, la postura de la Hispalense es “completamente inequívoca”.

Al respecto, ha recordado que la US ya ha realizado dos “cuestiones significativas” en este ámbito. Una de ellas se produjo en mayo de 2009 cuando el Consejo de Gobierno aprobó una serie de actuaciones para restablecer la dignidad de los represaliados y condenar el golpe –que incluía la retirada de símbolos que homenajearan la dictadura franquista o a alguno de sus personajes– y, la otra, hace justo un año, cuando el Claustro hizo una “declaración solemne para la recuperación moral de los profesores, estudiantes y personal sancionados en su momento”.

“El claustro aprobó por aclamación esta declaración y se hizo hasta de pie, con una ovación unánime, por lo tanto, las postura de la Universidad de Sevilla en este tema no sólo es unánime, sino también inequívoca”, ha puntualizado.

No obstante, Luque ha reconocido que retirar “cuanto antes” los símbolos que aún perviven en algunos de los edificios de la US, como es el caso de la Escuela Politécnica Superior, “no es sencillo” porque existen una serie de “cautelas artísticas” que se deben de respetar.

En ese sentido, ha explicado que aunque hay edificios “que no tienen valor histórico, sí que tienen elementos protegidos patrimonialmente”, por lo que antes de proceder a su retirada la Universidad tiene que tener un informe que dilucide si dicho elemento “debe ser preservado o no”.

Según Luque, la Hispalense ya ha solicitado la valoración de estos símbolos tanto a la conservadora de Patrimonio de la Universidad como, “en otras ocasiones, a la Delegación de Cultura”.

“En cuanto tengamos la valoración, procederemos”, ha recalcado el rector tras insistir en que la voluntad de la US es “clara” en Memoria Histórica.

Europa Press via Yahoo! España Noticia

Universidad de Sevilla


El Ministerio de Defensa retira su último símbolo franquista de BCN…

septiembre 30, 2010

La residencia de estudiantes Muñoz Grandes se llama ahora Mateo Calabro.

La entrada de la residencia de Sarrià-Sant Gervasi, con la nueva denominación, el jueves. JULIO CARBÓ

ROSA MARI SANZ
BARCELONA

El Ministerio de Defensa ya ha hecho los deberes en Barcelona y ha borrado el último vestigio franquista que quedaba en una de sus instalaciones. La pasada semana en la fachada de la residencia de estudiantes de Sarrià-Sant Gervasi Muñoz Grandes, en recuerdo a su fundador, el que fuera comandante en jefe de la División Azul (el cuerpo de voluntarios españoles que se unió a la Alemania nazi en la segunda guerra mundial), se instaló una placa con la nueva denominación del centro: Mateo Calabro, un ingeniero militar que fue el primer director de la Academia de Matemáticas de Barcelona.

Con esta sustitución (desde julio no había ningún cartel en la residencia), y la reciente eliminación de las exaltaciones franquistas del panteón del soldado del cementerio militar de Sant Andreu, levantado en los años 40 para enterrar a los soldados fallecidos cuando sus familias no pudieran asumir los costes, Defensa ha retirado toda la simbología franquista y de exaltación de la guerra civil, en virtud de la ley de memoria histórica del 2007. Estas dos últimas actuaciones vinieron precedidas por la eliminación de los escudos franquistas que figuraban en las fachadas de los cuarteles del Bruc, del palacio de Capitanía General y del Gobierno Militar.

ESTUDIO TÉCNICO / Pero quedará una asignatura pendiente, el desmontaje de la alegoría de la victoria franquista que está en el obelisco de la Diagonal, un trabajo que dada su complejidad aún está en estudio. En este caso la retirada corresponde al Ayuntamiento de Barcelona, al igual que la eliminación que ya llevó a cabo de los símbolos en edificios de titularidad municipal, calles, plazas y parques y jardines. Así, se borraron del mapa barcelonés el monumento a los caídos de Les

Corts, los símbolos del monumento a los caídos del Fossar de Santa Elena en el castillo de Mont-

juïc, el tributo a Primo de Rivera del Eixample y la escultura del Grupo Carlos Trias de Nou Barris. En ese marco también cambiaron el nombre de calles, como la de General Almirante (ahora Juan Gris), Ignasi de Ros (Can Ros), Pirineus Espanyols (por Pirineus), y el pasaje del Duc de la Victòria (por Francesc Pujols).

Faltan, lo que ya va a cuenta de los vecinos, placas que el Ministerio de Vivienda puso en las fincas de protección oficial que promovió en el franquismo. Según un censo del 2005 en Barcelona había unas 4.300. En el 2009 al consistorio le consta que desaparecieron 336: las pocas que se sumaron a una campaña por la cual las retiraba gratis.

El Periódico


Junta de Andalucía dice que decreto de indemnización a mujeres vejadas en el franquismo quiere reparar el daño…

septiembre 30, 2010

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) –

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha asegurado que el decreto de indemnización a mujeres represaliadas durante la postguerra civil y la dictadura tiene por objetivo “reparar el daño que han sufrido y agradecer también su fortaleza y su valentía, porque han jugado un papel muy importante en la construcción de la actual sociedad democrática”.

En respuesta a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento por el PSOE-A, Pizarro ha asegurado que se trata de una medida que pretende ofrecer una “reparación moral” a las humillaciones y vejaciones que sufrieron, muchas por ser simplemente parientes, madres, hermanas o esposas de perseguidos por el franquismo. En este sentido, ha reiterado que el decreto se ha abordado con el único fin de “cerrar heridas”, por tanto, “sin resentimiento ni revancha”.

El titular de Gobernación y Justicia ha señalado que la Junta de Andalucía ha aprobado la indemnización a estas mujeres “en un momento de madurez democrática, tanto de las instituciones como de la sociedad andaluza” para “saldar una deuda y hacer justicia con nuestro pasado más cercano”.

Así, esta medida está dirigida a aquellas mujeres que entre 1936 y 1950 fueron represaliadas, viendo menoscabados su intimidad y su honor con acciones vejatorias como el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escarnio público. Percibirán una cantidad “simbólica” como indemnización, 1.800 euros, la misma cuantía que aquellos que sufrieron penas de cárcel.

Estas mujeres contarán con un plazo de tres meses para solicitar la indemnización y presentar la documentación. Ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la mayoría de estos casos, las solicitantes podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas.

Las pruebas serán revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que formarán parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.

Europa Pres vía google noticias

Fotografía google images


Almudena Grandes y la memoria histórica…

septiembre 30, 2010

Inés y la alegría, la más reciente novela de la escritora, tiene como telón de fondo la fallida Operación Reconquista de los guerrilleros republicanos en 1944.

ALEJANDRO M. GALLO Almudena Grandes sitúa su última novela, Inés y la alegría (Tusquets, 2010), en el fallido intento de la Unión Nacional Española de penetrar en el «cortijo de los Franco» para liberar un terruño en el que asentar el Gobierno provisional de la II República. Lo anterior se conoció como la invasión del Valle de Arán u Operación Reconquista y, sobre ello, no hay versión oficial. Es más, no la habrá jamás.

Como tengo la manía de hablar y escribir para los últimos de la clase, situémonos en los días previos y posteriores a la citada incursión: Montgomery acaba de sufrir la mayor derrota de su historia militar en la Operación Markel Garden; George S. Patton se repliega en las Ardenas; el I Ejército francés, con la II División blindada de Leclerc y la Legión Extranjera en cabeza, apenas contiene a las unidades Waffen-SS en Alsacia; los batallones Libertad y Guernica aún combaten a la Wehrmacht en el estuario del Gironda; el frente soviético lleva semanas estancado; y de lo que ocurre en el Pacífico es mejor ni hablar.

Unido a lo anterior, meses atrás -verano de 1944-, la masacre del Maquis de Vercors, en el que la Wehrmacht mató a cuatro mil guerrilleros, enseñó al más torpe de los estrategas que nunca se pueden utilizar guerrilleros como fuerzas de asalto de infantería, ya sea ligera o mecanizada.

En medio de este contexto militar, alguien ordena en la segunda quincena de 1944 a cuatro mil guerrilleros españoles, que habían combatido a los nazis y liberado el Mediodía, penetrar en España para crear una cabeza de playa. Se produjo lo evidente: el fracaso.

Cuando uno pregunta: ¿por qué naufragó la invasión del Valle de Arán? Siempre surge la voz que justifica la incompetencia: «Los Aliados no nos ayudaron». Pero en el contexto antes dibujado, ¿quién iba a apoyar a los guerrilleros de Arán? Yo se lo diré: ni los dioses. A quien estas líneas escribe siempre le gustó saber a ciencia cierta quién fue el genio militar que diseñó esa operación. No para entregarle una medalla ni elevarle una estatua a título póstumo, más bien para mostrar a las generaciones presentes y futuras cómo no se deben hacer las cosas.

Antes les dije que nadie ofreció una versión oficial. A lo que añado que los dos grandes pioneros en la recuperación de la gesta del exilio republicano, Antonio Vilanova (Los olvidados, Ruedo Ibérico, 1969) y Eduardo Pons Prades (Los republicanos españoles en la II Guerra Mundial, La Esfera, 1975), pasaron de puntillas sobre este hecho. ¿Las razones? Las disputas internas entre las facciones políticas del exilio.

Dicen que en un principio eran doce mil guerrilleros dispuestos a la toma del Valle de Arán. Alguien ordenó que los extranjeros se replegasen, para que Franco no lo vendiese como una invasión de otra potencia. Quedaron siete mil. A continuación, los anarquistas y los del extinto POUM alegaron que no iban con los comunistas ni a recoger pesetas. El número se redujo a cuatro mil (momento en el que comienza Inés y la alegría). Después de la debacle, los dirigentes del PCE callaron. Y Franco era de los más interesados en silenciarlo.

Así que llegados a este punto, sólo nos quedan investigaciones como las de Secundino Serrano en La última gesta (Aguilar, 2005) o novelas como Siempre quedará París de Ramón Acín (Algaida, 2005) o la versión ofrecida por miembros destacados de la dirección del PCE, como Manuel Azcárate, o testimonios aislados como el de Lluís Montagut en Yo fui soldado de la República, 1936-1945 (Inédita, 2004). Y ahora sumamos a Almudena Grandes con Inés y la alegría. Centrémonos en esta novela.

La autora, a través de cuatro capítulos que intercala en las peripecias de sus dos protagonistas, nos explica las razones por las que se produjo la Operación Reconquista, su finalidad y hasta su fracaso. Nos muestra quienes fueron los artífices de la misma, sus protagonistas directos, los que se subieron al carro a última hora y los que se bajaron de él de inmediato. Todo ello en una versión muy arriesgada, dicho sea de paso.

Desde el primer capítulo, Almudena repite hasta la saciedad: «La Historia inmortal hace cosas raras cuando se cruza con el amor de los cuerpos mortales». Sospecho que es para mostrarnos su posición ante esa visión de la Historia que algunos denominan «La nariz de Cleopatra».

La Nueva España vía google noticias



Aremehisa intentará localizar una fosa con doce represaliados…

septiembre 30, 2010

30/09/2010 JOSE LUIS PIÑOL

La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera comenzará en los próximos meses los trabajos de localización y ubicación de las fosas comunes de la Guerra Civil, existentes en el interior del cementerio municipal de San Sebastián de los Ballesteros, tras recibir ayer, por parte del alcalde, Mateo Luna, la autorización pertinente para realizar esta intervención.

El único suceso de que se tiene constancia de ajusticiados durante la Guerra Civil en San Sebastián de los Ballesteros corresponde a un grupo de doce, entre ellos cuatro mujeres, todos vecinos de La Victoria, que en septiembre de 1936 fueron trasladados a la vecina localidad de San Sebastián de los Ballesteros para, supuestamente, ser interrogados por la Guardia Civil. Sin embargo, al parecer fueron trasladados directamente hasta el cementerio municipal y ante uno de sus muros fueron fusilados y sepultados en una o dos fosas comunes.

Ahora, 74 años después, se pretende encontrar los restos mortales para que sus familiares les puedan rendir el homenaje que se merecen.

Página 32 edición papel

Esta noticia pertenece a la edición en papel.

Ver archivo (pdf)

Diario Córdoba vía google noticias


La tensión y la Ley de Memoria Histórica, aún sin cumplir, regresan al Pleno de La Roda…

septiembre 30, 2010

Tensión en el pleno celebrado ayer en el ayuntamiento de La Roda. Una sesión que terminó con las quejas de la concejala del grupo socialista, Isabel Olivares, después de que el portavoz popular, Constantino Berruga, asegurara que las relaciones entre el consistorio y la Diputación provincial eran mejores desde que ella había dejado de ser diputada. Olivares pidió contestar por alusiones, algo que se le negó. Fue entonces cuando ocurrió esto.

Polémicas aparte, el pleno rechazo de nuevo la propuesta de aplicación de la Ley de memoria histórica, presentada por el grupo socialista. La oposición añadió en esta ocasión algo nuevo: solicitar una consulta al gobierno central para conocer si se va a desarrollar finalmente un reglamento, aspecto que piden los populares para cumplir con esta Ley. La moción fue rechazada de nuevo, aunque será presentada otra vez en el próximo pleno. Escuchamos al concejal socialista, Jesús Javier Perea, y al portavoz del PP, Constantino Berruga.

Radio Azul SER vía google