JOSÉ L. GUTIÉRREZ, SANTIAGO MORENO Y FERNANDO ROMERO | HISTORIADORES
Desde hace unas semanas estamos asistiendo a un vergonzante espectáculo que haría reír si no fuera porque es un signo más de la situación de abandono en la que se encuentra el patrimonio cultural de esta ciudad (un seguimiento completo en http://www.todoslosnombres.org). Una de sus fuentes de riqueza, por mucho que algunos piensen que eso de la cultura sólo es cuestión que interese como fuente de ingresos a particulares y gasto improductivo colectivo. Nos referimos a la aparición de una documentación relacionada con el sistema penitenciario franquista. Aunque estaba en manos de la llamada Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica desde hace bastante tiempo, una década quizás, no ha sido sino tras el anuncio de la puesta a disposición del público de los expedientes penitenciarios de los reclusos condenados por las autoridades franquistas del penal de El Puerto de Santa María y la Prisión de Partido de Jerez de la Frontera, cuando se ha decidido a darlo a conocer. Una curiosa coincidencia.
Como extraña resulta la declaración que hacía su presidente de que estaba entregando a los familiares dicha documentación porque la necesitaban para poder reclamar indemnizaciones a la administración y porque, desde su punto de vista, eran quienes debían tenerla. Ciertamente en el movimiento memorialístico existen diferencias en sus objetivos y divergencias en sus métodos de actuación. Incluso prioridades. Pero es la primera vez que oigo decir que la forma de ayudar a los familiares es repartir la documentación, esperamos que de forma altruista, en vez de exigir a la Administración que cumpla con su obligación de ayudarlas. Como también resulta peculiar que un investigador piense que diseminar un patrimonio milagrosamente rescatado sea la mejor manera de conservarlo. Todo muy extraño.
Pero resulta que las sorpresas no acaban aquí. A los pocos días de aparecer la noticia y ante la falta de reacción de las autoridades competentes, medio centenar de historiadores, asociaciones y personas sensibles, no sólo de Cádiz sino también del resto de Andalucía y otras regiones del país, suscribieron un comunicado de denuncia de la situación y pidiendo que la administración actuara de forma inmediata y contundente con los instrumentos que tiene en su mano. Escrito que, por cierto, escasa difusión ha tenido. En paralelo la Delegación de Cultura de Cádiz anunciaba que iba a llegar a un acuerdo con la asociación para la digitalización de la documentación pública que obraba en su poder. Es decir, que aunque aseguraba su presidente que no tenía ningún problema en devolverla, la realidad era que ponía unas condiciones y aunque decía que no se trataba de una cuestión de dinero, éste aparecía de por medio. Pero si rara era la actitud de la asociación, más aún lo era la de la administración que no sólo relegaba a septiembre, «cuando los técnicos volvieran de vacaciones», el tema sino que se avenía a aceptar las condiciones de un particular para recuperar una documentación pública que estaba obligado a devolver. Seguramente los servicios jurídicos sepan la forma más eficaz de llevarlo a cabo.
Así las cosas, al día siguiente los firmantes del manifiesto citado presentaron ante la Delegación del Gobierno en Sevilla un escrito en el que se le pedía su intervención inmediata y decidida en el asunto. Algo debió de moverse porque ese mismo día la delegación gaditana envió al director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, el lugar donde debe estar la documentación, a la sede de la asociación para requerirle su entrega. Así pareció que se iba a hacer el pasado martes 31 de agosto. A cambio de «material de oficina» como compensación por haber mantenido oculta una documentación pública durante años, aunque fuera por la ineptitud administrativa y proceder a su dispersión. Sin embargo el sainete no había llegado a su fin. El Archivo Histórico Provincial no aceptaba la muestra del material que se le entregaba de todo el que dice la asociación poseer. La excusa es que era lo que había podido recopilar de la documentación porque ésta está distribuida entre los miembros de la asociación, muchos de ellos de vacaciones. Si los técnicos de cultura y la delegada estaban de vacaciones por qué no podían estarlo los socios de la asociación.
Conocida es la fama de Cádiz por lo graciosos y cachondos que son sus habitantes. Se cachondean de todo y todos/as. En carnaval y fuera de él. Así que, aprovechando los carnavales de agosto, Delegación de Cultura y Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica han decidido aportar su grano de arena. Menos mal que el director del Archivo Histórico Provincial decidió no participar y ha vuelto a poner las cosas en su sitio: toda la documentación debe ser entregada y de forma inmediata. La cuestión no es si la Delegación de Cultura tiene medios o no para hacerlo, que no cabe duda de que los tiene, sino por qué no los pone en práctica.
Hace unos años alguien tuvo acceso al sumario, o a parte del sumario, del proceso del capitán Rojas. El homicida de Casas Viejas. Lo quiso vender en Sevilla y la actuación de las autoridades y la policía fue inmediata y contundente. Quizás Cádiz forme parte de otra administración -¿será cantón independiente?- y en asuntos como éste llueve sobre mojado. Conocido es en el mundillo de los que trabajamos la edad contemporánea en Cádiz, y el golpe de estado y la represión franquista el estupor que nos supuso que tras la muerte del jefe del Estado Mayor del Gobierno Militar de Cádiz, José Pettenghi Estrada, autor entre 1963 y 1977 de numerosos artículos en la prensa local, muchos de ellos sobre el golpe de estado de julio de 1936, no apareciera en la documentación entregada al Archivo Histórico ninguna de las fuentes que habitualmente utilizaba -procedentes del Gobierno Militar pero citadas como archivo particular del autor- y sobre las que había decidido que no se pudieran consultar hasta no recuerdo qué año después de su muerte. Seguramente, como en el caso de la documentación de la que ahora tratamos, la encontrara en la basura y a ella volviera a su fallecimiento.
Qué.es a través de La Voz Digital.es (Cádiz) vía google noticias
NOTA DEL EDITOR y VICEPRESIDENTE DE LA MEMORIA VIV@
Aunque el apunte de esta nota pudiera parecer más un apoyo a ultranza y corporativo memorialístico hacia nuestros compañeros de «Todos los nombres», que una comunicación crítica y reflexiva hacia lo escrito por este grupo de historiadores, el que lo escribe, quiere dejar claro que no es ni una cosa ni la otra al menos en su totalidad, me explico. Siguiendo la política habitual de estas páginas en intentar ofrecer el máximo de información relativa a todo lo que pueda ser de interés en el mundo memorialista, en su práctica habitual de abrir el debate y la reflexión sobre todo lo que acontece en el mismo, editamos el artículo aparecido en «La Voz digital.es» de Cádiz con estas premisas. Pero dada nuestra experiencia quisiéramos al menos apuntar unas cuantas puntualizaciones y dejar claro que sin tener una base que nos permita opinar con garantías y certeza al menos invitar a reflexionar y opinar sobre el escrito:
1ª. Nuestra total confianza en el proceder de nuestros compañeros de «Todos los nombres» como así nos demuestra la experiencia y su línea de trabajo hasta la fecha, así como la colaboración que prestan tanto a otras organizaciones como estamentos y sobre todo a los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. Y que si el apunte de estos científicos pudiera tener base, seguramente, y antes de dejar caer la duda sobre el trabajo que realizan de modo casi altruista, se debería documentar bien y demostrar la mala fe con datos irrefutables, mientras tanto se debería dar ante todo el beneplácito de la duda y la presunción de inocencia evitando acusaciones subliminares que perjudican seriamente tanto a nuestros compañeros como a la propia causa.
2ª Todas las asociaciones memorialistas que llevamos tiempo trabajando, investigando, recopilando datos y documentos no estamos exentas de tener información que pudiera (como seguro que es el caso) ser de interés general. Y que dicha información es causa del esfuerzo personal de todos aquellos que formamos parte de esta labor, tanto económica como de dedicación casi exclusivista en nuestro tiempo libre. Ello no nos da el derecho de poseerla en exclusiva, pero se deben tener en cuenta circunstancias tales como: la falta de ayudas gubernamentales y públicas, los pocos medios disponibles para poder estructurar, compilar y archivar correctamente la misma. Y que ésta es muchas veces es utilizada según las necesidades o circunstancias bajo los propios criterios de aquellos que poseemos la misma. Eso sí, siempre de modo altruista (al menos por parte del porcentaje mayor de los que nos dedicamos a ello) y con la premisa de que pueda ser utilizada por los familiares, ya que la experiencia nos demuestra que precisamente no es a nivel gubernamental y público donde mejor uso se ha hecho de la misma.
3ª Indudablemente si tienen razón cuando remarcan la disparidad de objetivos del memorialismo, y eso es algo de lo que muchos somos conscientes, pero que si nos atenemos al punto anterior, y dado que cada una de las distintas asociaciones o agrupaciones dedicadas a éste menester están formadas de modo diferente y a través de iniciativas personales la mayoría de ellas (excepciones como Cataluña, Extremadura o País Vasco no son ejemplo a seguir en el resto del territorio nacional), y por tanto, cada una con diferentes necesidades, criterios, medios, formación, ayudas y sobre todo, con el abandono más que demostrado del Estado (aún cuando se critiquen los fondos asignados a tal fin – migajas para cubrir el expediente-), el cual, debería ser el promotor y conductor de este proyecto y el que debería marcar directrices a tal fin, proporcionando los medios adecuados (no sólo económicos) para crear un archivo general o un museo de La Guerra Civil y la represión que pudieran aglutinar todas las informaciones y documentos (gráficos o escritos).
4ª Indudablemente personas cualificadas como estos mismos historiadores encontrarán mil defectos en el modo y forma de como se trata la documentación (y razón no les falta), de hecho, antaño (no hace demasiado tiempo) para poder acceder y utilizar según que informaciones y documentos de archivos públicos eran necesarios tener unos conocimientos básicos de uso y utilización de los mismos, y se requería para ello una licencia de «Investigador de Archivos y Patrimonio Histórico» que era accesible a todo el mundo y que se solicitaba en los propios archivos, fondos documentales o Ministerio correspondientes. Pero la falta de organización propia del Estado, su deficiente sistema archivístico y las necesidades sociales abrieron y flexibilizaron estos protocolos para poder hacer que estas informaciones pudieran ser de uso público (como así ha de ser).
Finalmente quisiera apuntar que sin muchos más datos más de como acontece esta denuncia a través de la prensa y de cual ha sido el proceder de unos y otros, si me gustaría recalcar que posiblemente mi exposición pudiera no ajustarse a los hechos que se explicitan en el mismo, pero que no por ello, lo expuesto no deja de ser una realidad diaria en nuestro trabajo; y sobre todo, una vez más dejar claro, que sea como sea, el modo de proceder poniendo y creando la duda gratuita sobre gente que lleva muchos años trabajando para ayudar a las familias de víctimas del franquismo no es un modo de proceder ético. Si hay una mala praxis y se demuestra que además ésta es premeditada, entonces es lógico actuar. Poner la tirita antes de la herida no es serio y menos científico. Nosotros al menos confiamos en nuestros compañeros al menos hasta que se demuestre lo contrario. Porque al menos ellos trabajan por lo que este país no ha querido trabajar desde hace más de treinta y cinco años.
Profesionales de las disciplinas científicas histórica, antropológica, arqueológica, etc., etc. son quizás las personas más adecuadas para conducir este tipo de trabajos, y de hecho, muchos de ellos ya se dedican, por eso cualquier sugerencia, crítica o recomendación debe ser bien acogida y bienvenida, excepto aquellas que como en este caso (sin entrar en si tienen o no razón) se hacen gratuitamente y sin demostración alguna. El memorialismo es con todos sus errores algo muy serio. Un tema de justicia y derecho, tanto histórica como social y penal.
Jordi Carreño Crispín.
Vicepresidente de La A. I. la Memoria Viv@
Escrito por jordicarreno 
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La Memoria Viva 