Garzón culpa a los represores de imponer que no se investigue el pasado…

septiembre 4, 2010

Aborda el tratamiento de los crímenes contra la humanidad en El Escorial.

El juez Baltasar Garzón ayer en El Escorial.EFE

ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID

El juez Baltasar Garzón ha sido fiel a su tradicional cita con los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, más allá de la polémica y las tres causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo una de ellas por el patrocinio de los cursos que dirigió en Nueva York. Su intervención versó sobre la justicia universal, al igual que sus últimas comparecencias y el tema al que ahora se dedica en exclusiva, como asesor de la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Introdujo el curso Derechos humanos, justicia transicional y democracia efectiva planteando las situaciones que se viven en democracias jóvenes, en las que hay quien aboga por olvidar el pasado y quien defiende la necesidad de justicia de las víctimas de la represión del régimen recién terminado.

Duda de que EEUU colabore con el juez Pedraz para aclarar la muerte de Couso

“Quienes han encabezado y ejecutado la represión van a optar porque la mirada hacia adelante sea la que se imponga, no se sabe si porque así interesa al país del que se trate o por la propia seguridad ante la certeza de que pueden ser objeto de enjuiciamiento por unas instituciones ya democráticas”, aseguró el juez.

Advirtió del riesgo que supone en esas etapas de transición que “con demasiada frecuencia” se margine a las víctimas de los crímenes contra la humanidad, y se las considere “responsables de inestabilidades”, en vez de hacerlo con los “victimarios”.

Escasa referencia a España

El curso ayer se centró en El Salvador. También abordará los casos de Colombia, Perú y Guinea Ecuatorial. Los crímenes del franquismo aparecieron de forma anecdótica. Pero fue inevitable no pensar en ellos. “Ninguna sociedad se ha roto” por investigar los crímenes de su pasado, dijo el juez, quien insistió en que la acción de la Justicia “nunca es peligrosa”, porque fortalece “la calidad democrática de un pueblo”, señala Efe.

La particular situación que vive el juez se notó en otro detalle. Detrás de los ponentes no estaba el tradicional panel del patrocinador de los cursos: este año, el Banco Santander. Por si quedan dudas, Garzón destinará su retribución a una ONG que lucha contra la drogadicción.

La única referencia clara a la actualidad española fue el caso Couso, del que dijo albergar dudas sobre que Estados Unidos colabore, porque “por norma no coopera con investigaciones que afecten a sus nacionales”, apuntó.

Público.es


Satisfacción entre las víctimas tras la decisión de la justicia argentina…

septiembre 4, 2010

La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica valora positivamente el inicio de la investigación de los crímenes del franquismo.

PATRICIA CAMPELO Madrid 04/09/2010

Alegría y expectación son los sentimientos que embargan a muchas de las víctimas de la represión franquista en estos momentos. La decisión de la justicia argentina de investigar estos crímenes, reconocidos como de ‘lesa humanidad’, ha dado un giro al proceso que empezó con la determinación de la Audiencia Nacional de declarar al juez Garzón  ‘no competente’ para investigar los delitos de la dictadura.

En el camino de esperanza que se abre hoy para las familias y Asociaciones de víctimas hay un ambiente de expectación sobre las decisiones que llegue a adoptar la justicia argentina.

“Ya se han dado medidas para reparar a los afectados, como una ley de Memoria Histórica insuficiente o la declaración parlamentaria de 2002 (sobre la condena del franquismo) que no sirvió para nada, asíque somos precavidos”, ha declarado Santiago Macías, vicepresidente de laAsociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

“España está obligada a adoptar las decisiones de la justicia argentina en base al Derecho Internacional”

Desde que el pasado 14 de abril , Macías junto con el equipo de abogados argentinos y las asociaciones de derechos humanos de ese país, presentaran la querella que solicitaba la investigación del franquismo, se han sucedido las reacciones al respecto. “José Bono llegó a decir que ‘locos los ha habido en todas partes'”, rememora Macías.

En ese sentido, recuerda cómo en aquellos momentos, los defensores de la decisión de la jueza argentina de archivar el caso apelaban al “respeto por la justicia”. “Ahora nosotros les decimos a los que se oponen a investigar los crímenes de la dictadura que “respeten las decisiones de la justicia internacional”.

Obligaciones universales

Por su parte, Rafael Escudero, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, ha explicado a Público.es que el Gobierno español tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en todos los requerimientos que ésta le solicite. De no hacerlo, “el Estado español estaría incumpliendo con las responsabilidades que adoptó al suscribir los tratados en Cooperación Judicial”, aclara.

En esa línea, Escudero recuerda que en base al principio de Justicia Universal, las autoridades españolas están obligadas a “adoptar” las decisiones que tomen los tribunales argentinos, y aunque no existan medidas coercitivas que fuercen la voluntad del Gobierno español a asumir sus compromisos internacionales, éste podría incurrir en un grave ejercicio de “iresponsabilidad”, si elude sus tareas.

Tan sólo se aplica la ley, pero no hay  investigaciones de los delitos”

“El Estado español no reconoce los delitos de ‘lesa humanidad’ que provocó el franquismo” declara Escudero, por ello, “es importante destacar cómo la justicia argentina le está recordando a la española la negación de esa situación y por ello, la falta de una investigación” que lleve a hacer justicia a las víctimas.

“No se investiga”

“Siempre hemos comunicado la aparición de restos en las exhumaciones de fosas de la dictadura, pero tan sólo en tres ocasiones se han interesado los jueces”, aclara Macías interrogado sobre la motivación de la jueza argentina que no admitió la querella aludiendo a que en España ya había en marcha una investigación. “No se hace ninguna investigación, han sido casos concretos y tan sólo en el juzgado de Benavente (Zamora), hubo intervención judicial”.

La forma de proceder, según Macías, es la de “aplicar la ley de ‘Memoria Histórica’, pero en ningún caso se puede hablar de “investigaciones oficiales”.

Por su parte, voluntarios de las asociaciones de memoria que colaboran activamente en los trabajos de exhumaciones de fosas del franquismo, tienen claro que esto es una “pequeña gran batalla”, pero que “hay que seguir luchando para que el Estado asuma sus obligaciones con las víctimas”.

En esa línea se ha expresado Carolina Aragüetes, arqueóloga que ha trabajado en varias fosas desde hace 3 años y que coordina, en la ARMH, labores de investigación de desaparecidos. “Es una cuestión de estado que el Gobierno se encargue de las víctimas”, ha añadido para terminar lamentando “que sea la justicia extranjera” la que resuelva “lo que deberían haber asumido hace tiempo las autoridades españolas”.

Público.es


“Un fallo correcto”…

septiembre 4, 2010

“La jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad es una regla reconocida internacionalmente y nuestra Constitución, en el artículo 118, tiene una norma muy generosa en materia de jurisdicción frente a crímenes internacionales o delitos contra el ‘derecho de gentes’”, destacó Pablo Parenti, profesor de derecho penal internacional. “En este sentido, el fallo de Cámara es correcto, en tanto exige analizar fehacientemente si se dan o no los presupuestos para ejercer la jurisdicción universal en el caso de los delitos del régimen franquista”, agregó. A diferencia de lo dictaminado por el fiscal Federo Delgado, el coordinador de la Unidad Especial de la Procuración General que interviene en causas por delitos durante la dictadura consideró que “realmente nada indica que España esté investigando estos hechos; por el contrario, existe un proceso para remover al juez Garzón, suspendido por pretender investigar estos delitos”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/152581-49014-2010-09-04.html



“En España hay mucho retraso”

septiembre 4, 2010

El abogado argentino Carlos Slepoy, impulsor de la causa por los crímenes del franquismo, está feliz por partida doble. La resolución de la Cámara Federal implica no sólo reconocer la competencia de la Justicia argentina para investigar delitos de lesa humanidad en España, sino también aceptar el criterio de los querellantes de extender la investigación hasta el retorno de la democracia, en 1977, con lo cual se amplía el universo de potenciales imputados que tarde o temprano perderán su impunidad.

CARLOS SLEPOY, ABOGADO IMPULSOR DEL PROCESO

Por Diego Martínez

–¿Cómo recibió la resolución?

–Es muy importante. La resolución no sólo le ordena a la jueza iniciar la investigación, también le dice que envíe un exhorto a España a efectos de determinar si existen investigaciones y más importante aún, acepta que debe investigarse el período que propusimos, desde 1936 hasta 1977, toda la dictadura franquista, que ni siquiera consideraba el juez Garzón, que llegaba hasta 1952.

–¿Cuál era el criterio de Garzón?

–Planteó que sólo entre 1936 y 1952 se había acreditado la desaparición forzada de personas y el secuestro de niños. Nosotros planteamos que los delitos de lesa humanidad se prolongaron durante toda la dictadura. La aceptación implica que van a ser investigados los responsables de los distintos fenómenos represivos. Ante el planteo de que la mayor parte de los responsables están muertos, se abre un período amplísimo, con muchos responsables vivos. Paralelamente al exhorto que envíe la jueza vamos a pedir que se soliciten todas las pruebas que pedimos, empezando por la identificación de ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de los dirigentes de la Falange.

–La Cámara le ordenó a la jueza preguntar si efectivamente se están investigando los crímenes del franquismo. ¿Las causas siguen paralizadas o hubo avances en alguna instancia?

–Las causas están paralizadas. La prueba más evidente es que Garzón está procesado, en vías de ser inhabilitado y temporalmente suspendido por su actuación en esta causa. Cuando Garzón se inhibió envió las pruebas (que vamos a pedir que remitan a la Argentina) a cincuenta juzgados provinciales. Ninguno puso en marcha una investigación y sólo unos pocos están supervisando la identificación de fosas comunes. Todo recae en los familiares y las asociaciones para la memoria histórica, que investigan con ayuda de antropólogos forenses, incluso estuvo (Luis) Fondebrider (del Equipo Argentino de Antropología Forense). Pero no hay una causa penal en curso. Por eso queremos que en paralelo al exhorto se produzca la prueba, porque la persecución de estos crímenes no actúa de manera subsidiaria sino concurrente con las actuaciones en otros tribunales.

–Cuando Garzón impulsó la investigación sobre Argentina chocó con la resistencia de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. ¿Qué expectativa tiene sobre la respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero?

–Por los antecedentes no podemos tener ninguna confianza en que colaboren. Sin embargo, esperamos que así sea. Lamentablemente, el gobierno español, a través del fiscal general, dio instrucciones para que los fiscales paralicen los procedimientos. De todas formas, confiamos en que el gobierno sea fiel e informe la real situación de los procesos. La sensación es que van a dar informaciones confusas para tratar de dilatar.

–La Cámara destaca el derecho a conocer la verdad sobre el destino de las víctimas, planteo que en la Argentina, con leyes de impunidad vigentes, derivó en juicios por la verdad. ¿Podría darse un proceso similar si se comprobara que los imputados españoles están muertos?

–El problema no es si están vivos o muertos, aunque muchos están vivos. No olvidemos que aún se está condenando a criminales nazis. La única alternativa es conocer la verdad histórica y en España ni siquiera existe una comisión por la verdad. El retraso es enorme, patético, teniendo en cuenta que fue uno de los mayores genocidios del siglo XX. De todas formas, el proceso se aceleró en los últimos años con las asociaciones por la memoria histórica y el trabajo de los nietos. Es un trabajo subterráneo que en el último tiempo adquirió enorme potencia, incrementada con las actuaciones de Garzón. No olvidemos que mientras el proceso estuvo abierto hubo manifestaciones en toda España y llegaron a movilizarse entre sesenta y cien mil personas reclamando investigar los crímenes del franquismo.

–La causa vuelve a manos de la jueza que para querellantes y camaristas dictó una resolución infundada. ¿Puede afectar ese decisión al impulso de la causa?

–Esperemos que no. La jueza interpretó que como no había impulso del fiscal no podía llevar adelante el procedimiento, pero también dijo que no entraba a considerar las argumentaciones del fiscal. Superado ese obstáculo pensamos que actuará a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/152581-49013-2010-09-04.html


Aquí, allá y en todas partes…

septiembre 4, 2010

La Cámara Federal anuló la decisión de la jueza María Servini de Cubría, que había archivado la denuncia de familiares de víctimas del franquismo. Ordenó que se envíe un exhorto a España para que informe si allí hay alguna causa judicial abierta donde se estén investigando estos hechos.


Los crímenes del franquismo no quedarán impunes. Aun si todos los funcionarios, militares y dirigentes de la Falange estuvieran muertos, los familiares de las miles de víctimas podrán ejercer el derecho a conocer el destino final de sus seres queridos. Si no lo investiga la Justicia de España, lo hará la Justicia argentina. La decisión, un hito en la historia de la aplicación de la jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, la tomaron ayer los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, al declarar la nulidad de la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría que, a instancias del fiscal Federico Delgado, había rechazado un pedido de investigar presentado por descendientes de víctimas y por organismos de derechos humanos de la Argentina.

El intento de investigar los crímenes del dictador Francisco Franco entre 1936 y 1952 le costó al juez Baltasar Garzón una acusación por prevaricato, la suspensión temporaria en el cargo y un proceso que podría concluir con su inhabilitación. La actuación del magistrado que en los ’90 impulsó la investigación de los crímenes en Sudamérica, sin embargo, fortaleció el reclamo de los descendientes de las víctimas, que comenzaron a organizarse hace quince años, y derivó en movilizaciones masivas en toda España.

Ante la parálisis del proceso y la persecución al juez, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados y organismos de derechos humanos, presentaron en Argentina, el 14 de abril, una denuncia para terminar con más de setenta años de impunidad. La primera negativa corrió por cuenta de Delgado, quien no rechazó el principio de jurisdicción universal, pero consideró que la investigación de Garzón no estaba cerrada, sino “a la espera de que el Tribunal Supremo se expida sobre el punto”. El 7 de mayo, en base al dictamen fiscal, Servini de Cubría sostuvo que no podía investigar de oficio y rechazó el pedido.

Cattani e Irurzun, miembros de la Sala II de la Cámara Federal, consideraron que la resolución de Servini de Cubría “carece de fundamentación y sustento” y cuestionaron la decisión por no controlar la legalidad del dictamen fiscal que la jueza consideró vinculante. También la criticaron (e indirectamente al fiscal) por “no haber evaluado si la información en la que el fiscal basó su postura desestimatoria –obtenida en Internet– representa sustento suficiente” para rechazar la apertura de la investigación.

Además de declarar la nulidad de la resolución, los camaristas le ordenaron a Servini librar exhorto al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que informe “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.

El detalle de las fechas no es menor: Garzón extendió su investigación hasta 1952, cuando terminaron las mayores matanzas del régimen; los abogados encabezados por el argentino Carlos Slepoy pidieron que la investigación alcanzara hasta el fin del régimen en 1977. Extender la indagación un cuarto de siglo implica ampliar el universo de imputados. Mientras España se tome su tiempo para responder, los querellantes le pedirán a la jueza que solicite todas las medidas de pruebas requeridas, comenzando por la identificación de todos los ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y dirigentes de la Falange.

La segunda buena nueva de la Cámara fue su aceptación de un criterio amplio en materia de legitimación para querellar. Servini había aceptado en el rol a Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei, pero había rechazado a Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca. Los jueces destacaron que debe aplicarse el principio general por el cual toda persona ofendida por un delito de acción pública tiene derecho a constituirse como querellante, más allá del grado de parentesco, y recordaron que todos tienen idéntico derecho a la verdad, que es parte de un más amplio derecho a la Justicia.

“Esperemos que la jueza esté a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa”, se esperanzó Slepoy. El abogado recordó especialmente que, igual que las Madres de Plaza de Mayo, entre doscientas y trescientas personas caminan en ronda, todos los jueves, en la Puerta del Sol, en Madrid, con pancartas de sus seres queridos asesinados. “El proceso está naciendo con enorme fuerza. Lo que pueda hacer la Justicia argentina va a ser de enorme trascendencia.”

Página 12

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/index.html


La memoria de la Transición…

septiembre 4, 2010

El decano de los corresponsales, en activo desde 1969, recibe un homenaje.

CHARO NOGUEIRA – Madrid – 04/09/2010

El corresponsal de prensa Walter Haubrich en su despacho.- BERNARDO PÉREZ

No pensaba quedarse tanto tiempo, pero aquí sigue. Y tomando nota. Walter Haubrich (Renania, Alemania, 1935) está considerado como el decano de los corresponsales extranjeros en España. Un oficio en el que debutó en 1969, cuando se afincó en Madrid “en pleno estado de excepción

[una medida tomada por Franco para restringir aún más las libertades]”. A los pocos días, en la Dirección General de Seguridad amenazaron con expulsarle. Nunca se fue. La suya es una memoria de la Transición, ahora a punto de recibir un homenaje.

“No estoy nervioso, pero se hace raro que haya personas que solo hablen bien de ti”, dice el periodista del Frankfurter Allgemeine Zeitung. En la fiesta que reconocerá su mérito, el próximo día 8 bajo los auspicios del Instituto Goethe, le acompañarán muchos de sus amigos -colegas, políticos y artistas, sobre todo-. Entre ellos, el ex presidente Felipe González, a quien Haubrich conoció cuando vivía en Sevilla y el ex presidente utilizaba el alias de Isidoro para moverse en la clandestinidad. Luego en Madrid, el corresponsal le organizó una puesta de largo ante otros colegas en 1974. “Fue en el restaurante Jai Alai”, apunta, uno de los establecimientos donde la oposición era bienvenida y el dueño avisaba si llegaba la policía.

“No quiero decir nada bueno de la dictadura, pero como escuela de periodismo no estaba mal”, ironiza el corresponsal. “Había que ir en persona a todo y moverse mucho porque no se podía utilizar el teléfono para recibir información…”. Y a menudo, los colegas españoles le suministraban las noticias que ellos no podían publicar. “Los corresponsales teníamos presiones, pero no censura”, relata Haubrich. Cuando sus artículos disgustaban al régimen, le llamaban del Ministerio de Información y Turismo para reñirle. “Fraga era el peor, pero por lo menos leía y sabía distinguir. Sánchez Bella [Alfredo, su sucesor en el ministerio] era un bruto y siempre decía: ‘Sois gentuza pagada por el oro de Moscú. Seguís las consignas de Praga’. Me amenazaron con expulsarme por lo menos 10 veces”. Nunca lo cumplieron. “Todo cambió con Pío Cabanillas. Metió a gente con la que se podía discutir. La peor amenaza era cuando decían: ‘Se ha enfadado el almirante [Carrero Blanco, presidente del Gobierno]’. Y yo contestaba: ‘Lo siento, pero no escribo para el almirante, sino para el millón de lectores de mi periódico”.

En aquel ministerio también había algún cómplice encubierto. “En un homenaje a La Pasionaria o a Rafael Alberti me encontré a un tipo que era censor en el Ministerio de Información. Le pregunté que qué hacía allí. ‘Estoy donde tengo que estar. ¿Quién crees que te enviaba los documentos sobre la censura artística?’, me dijo. Era un comunista que había logrado pasar desapercibido, un funcionario que me había hecho llegar sobres sin remite con papeles con el sello ‘muy confidencial”.

La Transición atrapó a Haubrich. “Me gustaron tanto los esfuerzos para que llegara la democracia que rechacé cambiar de destino”. Cuando en 1976 le mandaron por unos meses a París, “volvía los fines de semana a Madrid para no perderme los primeros contactos de Suárez

[Adolfo, presidente del Gobierno] con la oposición”. Esa pasión la compa-tibilizó con otra, Latinoamérica. Allí el periodista alemán cubrió golpes de Estado (Chile, Perú, Bolivia), la revolución sandinista… Y se libró de la muerte al cambiar de planes a última hora: dejó su sitio a un colega en el avión en el que viajaba el político boliviano Jaime Paz Zamora, que sufrió un accidente sin esclarecer.

Imposible desengancharse cuando se ha estado en primera fila. “La Junta Democrática se proclamó en este despacho”, afirma Haubrich en su sala de trabajo, cuajada de libros y periódicos en equilibrio inestable. “En París se iba a anunciar a una hora concreta que en Madrid se había creado esa unión de fuerzas de la oposición [encabezada por el PCE]. Cuando llegamos al sitio donde se iba a hacer, las Cuevas de Sésamo, estaba la policía en la esquina. El reloj corría y no podía ser que se anunciara en París lo que en realidad no había ocurrido todavía en Madrid, así que ofrecí mi casa”. Corría 1974 y Franco vivo.

Haubrich hace inventario de los acontecimientos que más le han impactado en cuatro décadas de oficio: el proceso de Burgos (en 1970, contra militantes de ETA), la revolución portuguesa (1974), las últimas ejecuciones franquistas en Hoyo de Manzanares (1975), las primeras elecciones democráticas (1977), la primera aparición pública de Santiago Carrillo con peluca… “Fue en un piso de la calle de Santa Catalina, 4”, recuerda Haubrich. Aquella fue una mañana movida de 1976, con citas secretas y muchas vueltas a la manzana para despistar.

Ahora, 7.500 artículos después y con una decena de libros publicados -el último,Spanien, inédito en España-, Haubrich está oficialmente jubilado, pero mata el gusanillo escribiendo crónicas para un diario en alemán de Baleares y devora periódicos en papel al ritmo habitual. “Los medios de comunicación españoles están más politizados que la gente. Los veo irritados y algo sensacionalistas”, observa. Le enfada “la impunidad” en torno a la corrupción.

Ahora, tantos años después, Walter Haubricht, dice: “Cuando baja el avión hacia Barajas y veo los tejados de Torrejón siento que vuelvo a casa. Eso en Francfort no me pasa”. Él, que nunca pensó quedarse aquí tanto tiempo.

El País.com (Madrid)


Gandia elimina su último símbolo franquista…

septiembre 4, 2010

El Ayuntamiento derruirá el grupo Cuartel de Simancas…

BEGOÑA BOLUDA – Gandia – 04/09/2010

El último símbolo franquista que queda en la ciudad de Gandia desaparecerá en las próximas semanas. Se trata de un bloque de viviendas, el conocido como Cuartel de Simancas, nombre que le fue otorgado durante la dictadura. Y es que durante el franquismo se construyeron viviendas sociales destinadas a las clases más humildes, que recibían nombres de actos heroicos de la Guerra Civil. Con el de Cuartel de Simancas se conmemoraba el asedio y asalto final donde se alojaba el regimiento de infantería de montaña Simancas, en la ciudad de Gijón. Fue uno de los hechos más notorios de la contienda en Asturias por la dureza de los combates.

El bloque de viviendas de Gandia fue construido en 1953 y ha conservado este nombre hasta la actualidad. Ahora, está a punto de desaparecer. El Ayuntamiento de Gandia quiere derruir los bloques de viviendas, dado su estado de degradación, y construir en su lugar un nuevo edificio de pisos y equipamientos municipales.

Cuando se construya el nuevo inmueble, la Comisión de Denominación de Calles de Gandia dará un nuevo nombre al edificio que lo sustituya.

Cambios de nombres

Precisamente esta comisión se creó para acabar con cualquier simbología de la Guerra Civil, especialmente, la referida a nombres de calles como plaza José Antonio, Paseo Luis Belda o plaza del Ejército Español. Curiosamente, con la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, cuatro comisiones falleras plantearon cambiar los nombres de sus fallas, sin demasiado éxito. Si las calles han cambiado el nombre, hoy en da, todavía encontramos fallas que llevan por nombre, Luis Belda, Mártires, Ejército Español, y una cuarta, la falla Plaza Prado, que sigue llevando en su estandarte el nombre de plaza José Antonio.

En cuanto al resto de símbolos franquistas, han ido desapareciendo de las fachadas, y sin demasiado alboroto, en las dos últimas legislaturas. Solo queda una sombra de duda, la denominación de la calle Abad Sol. Aunque hay muchas discusiones al respecto porque, según el presidente de la Comisión de Denominación de Calles, el concejal Fernando Mut (Plataforma de Gandia), Sol fue un abad histórico en la ciudad porque, aunque de ideología de derechas, se implicó para evitar asesinatos de republicanos.

El País.com

Viviendas del llamado grupo "Cuartel de Simancas" (procedencia de la foto: google images)



Existen dos tendencias en memoria histórica: placa y foto o verdad, justicia y reparación…

septiembre 4, 2010

El Alcalde, Miguel Castellano (PSOE), y la AGRMH están impidiendo la exhumación e identificación de las personas enterradas en la fosa de posguerra del Cementerio Municipal de Loja (Granada).

COMUNICADO DEL FORO POR LA MEMORIA DE GRANADA

El Foro por la Memoria de Granada quiere mostrar su indignación por el comunicado extractado en la edición digital de El Mundo, el lunes 30 de agosto, de Maribel Brenes, presidenta de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica. Es muy difícil para nosotros discernir si estamos más indignados por la falta de rigor de las afirmaciones que hace o por el hecho de haber adoptado el papel de parapeto de Miguel Castellano, alcalde de Loja por el PSOE, que sigue guardando silencio al respecto y eludiendo su responsabilidad.

El Foro por la Memoria de Granada colabora desde hace seis años con familiares de los guerrilleros asesinados en la comarca de Loja entre 1947-52

Esta responsabilidad es clara: favorecer la aplicación de la Ley de Memoria Histórica; facilitar los permisos para ejecutar el proyecto de exhumación e identificación aprobado por el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España y concedido a la Agrupación de Familiares de la Fosa número 1 de Loja; facilitar los permisos para ejecutar el proyecto de investigación histórica y de divulgación aprobado por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía y concedido al Foro por la Memoria de Granada. En vez de eso, el alcalde de Loja con su silencio premeditado o negligente nos impide actuar.

La Agrupación de Familiares y los voluntarios del Foro por la Memoria seguiremos dando los pasos necesarios para obtener esos permisos, como es de justicia. Hemos sido engañados por el alcalde, Miguel Castellano, y tenemos las pruebas. No es nuestra costumbre precipitarnos. No vamos a modificar nuestras acciones respecto a quien tiene la potestad para decidir por unas declaraciones de alguien que, al menos hasta ahora eso pensábamos, no es responsable de tomar decisiones sobre bienes y competencias de esta corporación municipal.

El conflicto lo ha creado el alcalde de Loja al no hacer lo que prometió y hubiera sido sensato: facilitar los permisos para proceder a los trabajos de exhumación e identificación técnicamente solventes. Y una vez que se conocieran a ciencia cierta qué personas yacen en la fosa, convocar a sus familiares, porque hasta ese momento no está confirmado que lo sean, para que decidan respecto a qué hacer con los restos de sus seres queridos y en qué forma rendirles homenaje. En vez de eso, nos encontramos en un escenario en el que el alcalde ha dejado pasar el tiempo hasta ahora sin contestar como corresponde: con un escrito motivado. Y pretenden una “dignificación de los restos humanos” sin preocuparse siquiera de saber quiénes son. Porque de eso se trata: sin exhumación e identificación de los cuerpos no hay verdad posible, sólo una investigación histórica con hipótesis sin demostrar. Tampoco habrá justicia ni reparación.

Pero Maribel Brenes no sólo está haciendo las veces de portavoz municipal e intentado crear confusión. Se está atribuyendo unas facultades de evaluación técnica que corresponden al Ministerio y a la Consejería; sin conocimiento de nuestros proyectos, ni de un trabajo de investigación que llevamos seis años realizando y cuyas fuentes han sido la revisión bibliográfica, la documentación archivística y la recogida de testimonios orales. Tiene mucha razón, eso sí, en que ella no dispone de ninguna “prueba científica que indique que los restos que quieren exhumar se encuentren en el lugar que pretenden abrir”. El problema que se obvia con estas declaraciones es que estamos hablando de una represión brutal que tenía entre sus objetivos no sólo el asesinato de decenas de miles de personas, sino también la ocultación de la verdad de los hechos que ocurrieron. Buscar las fosas y exhumarlas es buscar que esta represión salga a la luz. Por muchas piedras que pongan en el camino los culpables de estas muertes en el pasado y otros responsables en el presente. ¿Acaso existía prueba científica de que Lorca y sus compañeros estaban donde algunos decían que estaban? En principio estos errores sólo demuestran la planificación y crudeza de la represión. Igual que para aquel caso, nosotros no disponemos de pruebas. Las estamos buscando. De lo que sí dispone el Foro por la Memoria de Granada es de numerosos indicios, por distintas fuentes, de la localización de esta fosa de posguerra y de las personas concretas que en ella fueron enterradas. El último de dichos indicios (después de que nosotros solicitásemos los permisos), la cata arqueológica realizada por la AGRMH en el lugar donde teníamos previsto hacerla.

Respecto a nuestro intento de realizar una cata arqueológica el sábado 28 de agosto, no ha habido ninguna improvisación. Somos completamente responsables de nuestros actos, con autorización o sin ella. Ésta tenía dos objetivos: uno histórico-técnico y otro legal. A nivel histórico-técnico, nuestra intención era hacer una cata de 1×1 metro en el lado contrario a la ya realizada, para comprobar la información de que disponemos sobre el tamaño de la fosa. Esto fue impedido por la intervención de la Guardia Civil y de la Policía Local, cuyo comportamiento fue muy correcto. El objetivo legal era desbloquear la situación y forzar a Miguel Castellano a explicar públicamente las razones de su obstaculización a la investigación histórica de 19 asesinatos. Esto ha sido suplido por el exabrupto de la presidenta de la AGRMH. Somos completamente conscientes de que Castellano preferiría autorizarnos a comenzar los trabajos antes que tener que exponer esas razones públicamente, y de ahí su silencio y las declaraciones absolutamente tendenciosas y fuera de tono de Brenes. Si su intención era intimidarnos no lo ha conseguido.

Lo cierto es que Brenes llama una “pésima gestión” a: 1. Obtener la financiación y el visto bueno de los proyectos a nivel técnico y económico de la administraciones competentes. 2. No obtener la autorización del Ayuntamiento, necesaria por estar la fosa en terreno municipal. No nos cabe duda de que Brenes sí sabe obtener los permisos como ha demostrado en diversos lugares de la provincia. Suponemos que a la AGRMH no le hacen esperar más de 1 año para dar respuesta a sus solicitudes.

“Pésima gestión”. “Improvisación”. La cata arqueológica que intentamos realizar, con o sin permiso, porque por desgracia no está en nuestra mano, es una actividad de la que fueron informadas a principios de julio todas las posibles familias que hemos podido localizar hasta el momento. Cosa nada sencilla con trabajo exclusivamente voluntario y sin financiación, como hemos hablado con Brenes alguna vez. También fue informada la familia a la que ustedes le preguntaron “in situ” si continuaban o no con la exhumación. Por cierto, ¿a eso no se le puede llamar “improvisación”? ¿están o no están los cuerpos en el lugar que nosotros indicamos? ¿o es que sólo aparecerán si excavan arqueólogos de una determinada asociación en una decisión tomada sobre la marcha, “in situ”?

No ha sido nunca nuestra intención hablar públicamente del apoyo o no de las familias. Nosotros defendemos el interés legítimo de la Agrupación y de otros familiares que han mostrado su apoyo antes y después.

En definitiva, no hemos entrado nunca en cruces de declaraciones. Pero tenemos la obligación de defendernos de las acusaciones falsas. No podemos saber quién usa a quién. Si el Ayuntamiento de Loja a la AGRMH o a la inversa. Quien tiene la responsabilidad de solucionar el conflicto es el Alcalde de Loja, porque es quien lo ha creado, con sus cambios de posición y su arbitrariedad.

Y sí, son el Alcalde de Loja y la AGRMH quienes han puesto a la Agrupación de Familiares en la tesitura de devolver la subvención concedida para la recuperación de los restos de sus familiares antes del fin del plazo de ejecución de ésta. Cosa que parecen desear. Maribel Brenes parece hablar de secretos inconfesables cuando introduce la cuestión económica: las cuantías de las subvenciones concedidas pueden consultarse en los boletines oficiales del estado y de la comunidad autónoma. No tenemos ningún problema a la hora de hablar de dinero. ¿Alguien se sorprende de que unas personas que llevan sesenta años esperando poder recuperar a sus seres queridos hagan lo posible por luchar contra su buena gestión de los permisos? ¿Alguien se sorprende de que unas personas que llevamos investigando y sufriendo la burocracia con los familiares seis años hagamos lo posible por hacer aquello por lo que tanto hemos trabajado?

El pasado 20 de julio organizamos junto con la AGRMH y la Unidad Cívica Andaluza por la República un acto de homenaje a los fusilados en la tapia del cementerio. Nuestra línea de trabajo intentaba ser eso: apoyo y trabajo conjunto. Las declaraciones aparecidas el martes suponen una ruptura en este entendimiento. Es más, si la AGRMH o cualquier otra entidad o institución tiene pruebas científicas de que nos equivocamos estaremos encantados de que nos las proporcionen. Han tenido tiempo para hacerlo. Sin embargo, queremos recordar a todos que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y que la mayor prueba científica, histórica y legal se encuentra, mientras el Ayuntamiento de Loja lo siga permitiendo, bajo tierra, en su Cementerio Municipal.

Ésta es la primera y la última polémica que vamos a mantener con la AGRMH. En nuestro pensamiento está la posibilidad de trabajar conjuntamente en el futuro, porque así lo quieren las personas que anhelan verdad, justicia y reparación. No queremos empeorar más la situación y no vamos a caer en la confusión que pretende crear su presidenta. Desde este momento, y hasta rectificación suficiente y pública de Maribel Brenes u otros portavoces de su asociación, el Foro por la Memoria de Granada considera rotas las relaciones.

Más información en:

La falta de autorización por parte del Ayuntamiento de Loja (Granada) hace que se suspenda la cata en la fosa de posguerra:http://www.foroporlamemoria.info/2010/08/la-falta-de-autorizacion-por-parte-del-ayuntamiento-de-loja-granada-hace-que-se-suspenda-la-cata-de-una-fosa/ Declaraciones de Maribel Brenes, presidenta de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica: http://www.foroporlamemoria.info/2010/09/represaliados-en-el-cementerio-de-loja/

http://www.foroporlamemoria.info/2010/09/comunicado-del-foro

Enlace al artículo extraído de  google noticias y publicado en el blog de Kaos en la Red:

Existen dos tendencias en memoria histórica: placa y foto o verdad  kaosenlared.net


Loja levantará en el cementerio un monumento a la Memoria Histórica…

septiembre 4, 2010

Las obras se realizarán a cargo del Plan de Empleo Rural (PER) que dará a trabajo a 800 personas del campo, en su mayoría mujeres.

El Plan de Empleo Rural (PER), que gestiona el Ayuntamiento de Loja, construirá un monumento en homenaje a la Memoria Histórica en el cementerio municipal. Esta iniciativa que promueve el Ayuntamiento de la localidad y la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica homenajeará a todas las víctimas y represaliados durante el régimen franquista.

Representantes municipales en el cementerio lojeño. :: CHAPA

El inicio del nuevo PER permitirá a más de 800 trabajadores del campo, la mayoría de ellas mujeres completar sus peonadas.

Cuenta con una inversión de 1.170.000 euros de los que el 75% va destinado a mano de obra.

Además del monumento a las víctimas del régimen franquista, el PER destinará parte de sus fondos a otras actuaciones en varios viales como el último tramo de la calle Antequera con una previsión de 146.000 euros o la urbanización y construcción de una plaza junto a la residencia de mayores -con 92.000 euros de presupuesto- y en los núcleos rurales como los acerados de la calle principal de Riofrío por valor de 66.000 euros, el inicio del edificio multiusos de Venta del Rayo o las obras de urbanización del entorno del nuevo pabellón del Ventorros de San José con 143.000 euros de inversión.

El alcalde de Loja, Miguel Castellano explicó que «este es uno de los planes con mayor número de obras».

Más obras

Con las aportaciones del INEM -que hace frente a la mayor parte de la cofinanciación-, la Junta, la Diputación y, en menor medida, el Ayuntamiento, el antiguo PER vuelve a caracterizarse por la dispersión de las obras que acometerá y por centrar su atención en las infraestructuras del medio rural.

Se realizarán obras en prácticamente todos los núcleos de población del municipio para lo que se destina una cifra de 670.000 euros, superior a la que se empleará en las actuaciones previstas en la ciudad, que alcanzan el medio millón de euros.

Por partidas, el núcleo rural donde más invertirá el PFEA 2010 es Ventorros de San José que con 143.000 euros verá acondicionado el entorno del nuevo pabellón de deportes y actualizará la pintura del colegio. Le sigue Fuente Camacho con 81.525 euros para mejora de caminos y calles como camino del Trabuco o el Cerro de la Mina, y Riofrío con casi 67.000 euros para crear nuevos acerados en las zonas más transitadas de la localidad. Por último, destacan desde el Ayuntamiento la creación de espacios públicos como la nueva plaza prevista en Cuesta de la Palma.

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Loja, Juan Cobos, ha explicado ante el lugar donde se levantará el monumento para recordar los nombres de los fusilados por el régimen franquista que el «Foro por la Memoria no ha querido sumarse a este homenaje» y ha añadido que «la exhumación de restos es un tema es muy sensible» en referencia a la intención de realizar una cata el pasado fin de semana sin autorización municipal. «No todas las personas están de acuerdo en que se exhumen los restos de sus familiares».

Ideal Digital.es (Granada) vía google noticias