Garzón culpa a los represores de imponer que no se investigue el pasado…

septiembre 4, 2010

Aborda el tratamiento de los crímenes contra la humanidad en El Escorial.

El juez Baltasar Garzón ayer en El Escorial.EFE

ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID

El juez Baltasar Garzón ha sido fiel a su tradicional cita con los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, más allá de la polémica y las tres causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo una de ellas por el patrocinio de los cursos que dirigió en Nueva York. Su intervención versó sobre la justicia universal, al igual que sus últimas comparecencias y el tema al que ahora se dedica en exclusiva, como asesor de la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Introdujo el curso Derechos humanos, justicia transicional y democracia efectiva planteando las situaciones que se viven en democracias jóvenes, en las que hay quien aboga por olvidar el pasado y quien defiende la necesidad de justicia de las víctimas de la represión del régimen recién terminado.

Duda de que EEUU colabore con el juez Pedraz para aclarar la muerte de Couso

“Quienes han encabezado y ejecutado la represión van a optar porque la mirada hacia adelante sea la que se imponga, no se sabe si porque así interesa al país del que se trate o por la propia seguridad ante la certeza de que pueden ser objeto de enjuiciamiento por unas instituciones ya democráticas”, aseguró el juez.

Advirtió del riesgo que supone en esas etapas de transición que “con demasiada frecuencia” se margine a las víctimas de los crímenes contra la humanidad, y se las considere “responsables de inestabilidades”, en vez de hacerlo con los “victimarios”.

Escasa referencia a España

El curso ayer se centró en El Salvador. También abordará los casos de Colombia, Perú y Guinea Ecuatorial. Los crímenes del franquismo aparecieron de forma anecdótica. Pero fue inevitable no pensar en ellos. “Ninguna sociedad se ha roto” por investigar los crímenes de su pasado, dijo el juez, quien insistió en que la acción de la Justicia “nunca es peligrosa”, porque fortalece “la calidad democrática de un pueblo”, señala Efe.

La particular situación que vive el juez se notó en otro detalle. Detrás de los ponentes no estaba el tradicional panel del patrocinador de los cursos: este año, el Banco Santander. Por si quedan dudas, Garzón destinará su retribución a una ONG que lucha contra la drogadicción.

La única referencia clara a la actualidad española fue el caso Couso, del que dijo albergar dudas sobre que Estados Unidos colabore, porque “por norma no coopera con investigaciones que afecten a sus nacionales”, apuntó.

Público.es


Satisfacción entre las víctimas tras la decisión de la justicia argentina…

septiembre 4, 2010

La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica valora positivamente el inicio de la investigación de los crímenes del franquismo.

PATRICIA CAMPELO Madrid 04/09/2010

Alegría y expectación son los sentimientos que embargan a muchas de las víctimas de la represión franquista en estos momentos. La decisión de la justicia argentina de investigar estos crímenes, reconocidos como de ‘lesa humanidad’, ha dado un giro al proceso que empezó con la determinación de la Audiencia Nacional de declarar al juez Garzón  ‘no competente’ para investigar los delitos de la dictadura.

En el camino de esperanza que se abre hoy para las familias y Asociaciones de víctimas hay un ambiente de expectación sobre las decisiones que llegue a adoptar la justicia argentina.

“Ya se han dado medidas para reparar a los afectados, como una ley de Memoria Histórica insuficiente o la declaración parlamentaria de 2002 (sobre la condena del franquismo) que no sirvió para nada, asíque somos precavidos”, ha declarado Santiago Macías, vicepresidente de laAsociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

“España está obligada a adoptar las decisiones de la justicia argentina en base al Derecho Internacional”

Desde que el pasado 14 de abril , Macías junto con el equipo de abogados argentinos y las asociaciones de derechos humanos de ese país, presentaran la querella que solicitaba la investigación del franquismo, se han sucedido las reacciones al respecto. “José Bono llegó a decir que ‘locos los ha habido en todas partes'”, rememora Macías.

En ese sentido, recuerda cómo en aquellos momentos, los defensores de la decisión de la jueza argentina de archivar el caso apelaban al “respeto por la justicia”. “Ahora nosotros les decimos a los que se oponen a investigar los crímenes de la dictadura que “respeten las decisiones de la justicia internacional”.

Obligaciones universales

Por su parte, Rafael Escudero, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, ha explicado a Público.es que el Gobierno español tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en todos los requerimientos que ésta le solicite. De no hacerlo, “el Estado español estaría incumpliendo con las responsabilidades que adoptó al suscribir los tratados en Cooperación Judicial”, aclara.

En esa línea, Escudero recuerda que en base al principio de Justicia Universal, las autoridades españolas están obligadas a “adoptar” las decisiones que tomen los tribunales argentinos, y aunque no existan medidas coercitivas que fuercen la voluntad del Gobierno español a asumir sus compromisos internacionales, éste podría incurrir en un grave ejercicio de “iresponsabilidad”, si elude sus tareas.

Tan sólo se aplica la ley, pero no hay  investigaciones de los delitos”

“El Estado español no reconoce los delitos de ‘lesa humanidad’ que provocó el franquismo” declara Escudero, por ello, “es importante destacar cómo la justicia argentina le está recordando a la española la negación de esa situación y por ello, la falta de una investigación” que lleve a hacer justicia a las víctimas.

“No se investiga”

“Siempre hemos comunicado la aparición de restos en las exhumaciones de fosas de la dictadura, pero tan sólo en tres ocasiones se han interesado los jueces”, aclara Macías interrogado sobre la motivación de la jueza argentina que no admitió la querella aludiendo a que en España ya había en marcha una investigación. “No se hace ninguna investigación, han sido casos concretos y tan sólo en el juzgado de Benavente (Zamora), hubo intervención judicial”.

La forma de proceder, según Macías, es la de “aplicar la ley de ‘Memoria Histórica’, pero en ningún caso se puede hablar de “investigaciones oficiales”.

Por su parte, voluntarios de las asociaciones de memoria que colaboran activamente en los trabajos de exhumaciones de fosas del franquismo, tienen claro que esto es una “pequeña gran batalla”, pero que “hay que seguir luchando para que el Estado asuma sus obligaciones con las víctimas”.

En esa línea se ha expresado Carolina Aragüetes, arqueóloga que ha trabajado en varias fosas desde hace 3 años y que coordina, en la ARMH, labores de investigación de desaparecidos. “Es una cuestión de estado que el Gobierno se encargue de las víctimas”, ha añadido para terminar lamentando “que sea la justicia extranjera” la que resuelva “lo que deberían haber asumido hace tiempo las autoridades españolas”.

Público.es


“Un fallo correcto”…

septiembre 4, 2010

“La jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad es una regla reconocida internacionalmente y nuestra Constitución, en el artículo 118, tiene una norma muy generosa en materia de jurisdicción frente a crímenes internacionales o delitos contra el ‘derecho de gentes’”, destacó Pablo Parenti, profesor de derecho penal internacional. “En este sentido, el fallo de Cámara es correcto, en tanto exige analizar fehacientemente si se dan o no los presupuestos para ejercer la jurisdicción universal en el caso de los delitos del régimen franquista”, agregó. A diferencia de lo dictaminado por el fiscal Federo Delgado, el coordinador de la Unidad Especial de la Procuración General que interviene en causas por delitos durante la dictadura consideró que “realmente nada indica que España esté investigando estos hechos; por el contrario, existe un proceso para remover al juez Garzón, suspendido por pretender investigar estos delitos”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/152581-49014-2010-09-04.html



“En España hay mucho retraso”

septiembre 4, 2010

El abogado argentino Carlos Slepoy, impulsor de la causa por los crímenes del franquismo, está feliz por partida doble. La resolución de la Cámara Federal implica no sólo reconocer la competencia de la Justicia argentina para investigar delitos de lesa humanidad en España, sino también aceptar el criterio de los querellantes de extender la investigación hasta el retorno de la democracia, en 1977, con lo cual se amplía el universo de potenciales imputados que tarde o temprano perderán su impunidad.

CARLOS SLEPOY, ABOGADO IMPULSOR DEL PROCESO

Por Diego Martínez

–¿Cómo recibió la resolución?

–Es muy importante. La resolución no sólo le ordena a la jueza iniciar la investigación, también le dice que envíe un exhorto a España a efectos de determinar si existen investigaciones y más importante aún, acepta que debe investigarse el período que propusimos, desde 1936 hasta 1977, toda la dictadura franquista, que ni siquiera consideraba el juez Garzón, que llegaba hasta 1952.

–¿Cuál era el criterio de Garzón?

–Planteó que sólo entre 1936 y 1952 se había acreditado la desaparición forzada de personas y el secuestro de niños. Nosotros planteamos que los delitos de lesa humanidad se prolongaron durante toda la dictadura. La aceptación implica que van a ser investigados los responsables de los distintos fenómenos represivos. Ante el planteo de que la mayor parte de los responsables están muertos, se abre un período amplísimo, con muchos responsables vivos. Paralelamente al exhorto que envíe la jueza vamos a pedir que se soliciten todas las pruebas que pedimos, empezando por la identificación de ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de los dirigentes de la Falange.

–La Cámara le ordenó a la jueza preguntar si efectivamente se están investigando los crímenes del franquismo. ¿Las causas siguen paralizadas o hubo avances en alguna instancia?

–Las causas están paralizadas. La prueba más evidente es que Garzón está procesado, en vías de ser inhabilitado y temporalmente suspendido por su actuación en esta causa. Cuando Garzón se inhibió envió las pruebas (que vamos a pedir que remitan a la Argentina) a cincuenta juzgados provinciales. Ninguno puso en marcha una investigación y sólo unos pocos están supervisando la identificación de fosas comunes. Todo recae en los familiares y las asociaciones para la memoria histórica, que investigan con ayuda de antropólogos forenses, incluso estuvo (Luis) Fondebrider (del Equipo Argentino de Antropología Forense). Pero no hay una causa penal en curso. Por eso queremos que en paralelo al exhorto se produzca la prueba, porque la persecución de estos crímenes no actúa de manera subsidiaria sino concurrente con las actuaciones en otros tribunales.

–Cuando Garzón impulsó la investigación sobre Argentina chocó con la resistencia de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. ¿Qué expectativa tiene sobre la respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero?

–Por los antecedentes no podemos tener ninguna confianza en que colaboren. Sin embargo, esperamos que así sea. Lamentablemente, el gobierno español, a través del fiscal general, dio instrucciones para que los fiscales paralicen los procedimientos. De todas formas, confiamos en que el gobierno sea fiel e informe la real situación de los procesos. La sensación es que van a dar informaciones confusas para tratar de dilatar.

–La Cámara destaca el derecho a conocer la verdad sobre el destino de las víctimas, planteo que en la Argentina, con leyes de impunidad vigentes, derivó en juicios por la verdad. ¿Podría darse un proceso similar si se comprobara que los imputados españoles están muertos?

–El problema no es si están vivos o muertos, aunque muchos están vivos. No olvidemos que aún se está condenando a criminales nazis. La única alternativa es conocer la verdad histórica y en España ni siquiera existe una comisión por la verdad. El retraso es enorme, patético, teniendo en cuenta que fue uno de los mayores genocidios del siglo XX. De todas formas, el proceso se aceleró en los últimos años con las asociaciones por la memoria histórica y el trabajo de los nietos. Es un trabajo subterráneo que en el último tiempo adquirió enorme potencia, incrementada con las actuaciones de Garzón. No olvidemos que mientras el proceso estuvo abierto hubo manifestaciones en toda España y llegaron a movilizarse entre sesenta y cien mil personas reclamando investigar los crímenes del franquismo.

–La causa vuelve a manos de la jueza que para querellantes y camaristas dictó una resolución infundada. ¿Puede afectar ese decisión al impulso de la causa?

–Esperemos que no. La jueza interpretó que como no había impulso del fiscal no podía llevar adelante el procedimiento, pero también dijo que no entraba a considerar las argumentaciones del fiscal. Superado ese obstáculo pensamos que actuará a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/152581-49013-2010-09-04.html


Aquí, allá y en todas partes…

septiembre 4, 2010

La Cámara Federal anuló la decisión de la jueza María Servini de Cubría, que había archivado la denuncia de familiares de víctimas del franquismo. Ordenó que se envíe un exhorto a España para que informe si allí hay alguna causa judicial abierta donde se estén investigando estos hechos.


Los crímenes del franquismo no quedarán impunes. Aun si todos los funcionarios, militares y dirigentes de la Falange estuvieran muertos, los familiares de las miles de víctimas podrán ejercer el derecho a conocer el destino final de sus seres queridos. Si no lo investiga la Justicia de España, lo hará la Justicia argentina. La decisión, un hito en la historia de la aplicación de la jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, la tomaron ayer los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, al declarar la nulidad de la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría que, a instancias del fiscal Federico Delgado, había rechazado un pedido de investigar presentado por descendientes de víctimas y por organismos de derechos humanos de la Argentina.

El intento de investigar los crímenes del dictador Francisco Franco entre 1936 y 1952 le costó al juez Baltasar Garzón una acusación por prevaricato, la suspensión temporaria en el cargo y un proceso que podría concluir con su inhabilitación. La actuación del magistrado que en los ’90 impulsó la investigación de los crímenes en Sudamérica, sin embargo, fortaleció el reclamo de los descendientes de las víctimas, que comenzaron a organizarse hace quince años, y derivó en movilizaciones masivas en toda España.

Ante la parálisis del proceso y la persecución al juez, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados y organismos de derechos humanos, presentaron en Argentina, el 14 de abril, una denuncia para terminar con más de setenta años de impunidad. La primera negativa corrió por cuenta de Delgado, quien no rechazó el principio de jurisdicción universal, pero consideró que la investigación de Garzón no estaba cerrada, sino “a la espera de que el Tribunal Supremo se expida sobre el punto”. El 7 de mayo, en base al dictamen fiscal, Servini de Cubría sostuvo que no podía investigar de oficio y rechazó el pedido.

Cattani e Irurzun, miembros de la Sala II de la Cámara Federal, consideraron que la resolución de Servini de Cubría “carece de fundamentación y sustento” y cuestionaron la decisión por no controlar la legalidad del dictamen fiscal que la jueza consideró vinculante. También la criticaron (e indirectamente al fiscal) por “no haber evaluado si la información en la que el fiscal basó su postura desestimatoria –obtenida en Internet– representa sustento suficiente” para rechazar la apertura de la investigación.

Además de declarar la nulidad de la resolución, los camaristas le ordenaron a Servini librar exhorto al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que informe “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.

El detalle de las fechas no es menor: Garzón extendió su investigación hasta 1952, cuando terminaron las mayores matanzas del régimen; los abogados encabezados por el argentino Carlos Slepoy pidieron que la investigación alcanzara hasta el fin del régimen en 1977. Extender la indagación un cuarto de siglo implica ampliar el universo de imputados. Mientras España se tome su tiempo para responder, los querellantes le pedirán a la jueza que solicite todas las medidas de pruebas requeridas, comenzando por la identificación de todos los ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y dirigentes de la Falange.

La segunda buena nueva de la Cámara fue su aceptación de un criterio amplio en materia de legitimación para querellar. Servini había aceptado en el rol a Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei, pero había rechazado a Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca. Los jueces destacaron que debe aplicarse el principio general por el cual toda persona ofendida por un delito de acción pública tiene derecho a constituirse como querellante, más allá del grado de parentesco, y recordaron que todos tienen idéntico derecho a la verdad, que es parte de un más amplio derecho a la Justicia.

“Esperemos que la jueza esté a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa”, se esperanzó Slepoy. El abogado recordó especialmente que, igual que las Madres de Plaza de Mayo, entre doscientas y trescientas personas caminan en ronda, todos los jueves, en la Puerta del Sol, en Madrid, con pancartas de sus seres queridos asesinados. “El proceso está naciendo con enorme fuerza. Lo que pueda hacer la Justicia argentina va a ser de enorme trascendencia.”

Página 12

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/index.html


La memoria de la Transición…

septiembre 4, 2010

El decano de los corresponsales, en activo desde 1969, recibe un homenaje.

CHARO NOGUEIRA – Madrid – 04/09/2010

El corresponsal de prensa Walter Haubrich en su despacho.- BERNARDO PÉREZ

No pensaba quedarse tanto tiempo, pero aquí sigue. Y tomando nota. Walter Haubrich (Renania, Alemania, 1935) está considerado como el decano de los corresponsales extranjeros en España. Un oficio en el que debutó en 1969, cuando se afincó en Madrid “en pleno estado de excepción

[una medida tomada por Franco para restringir aún más las libertades]”. A los pocos días, en la Dirección General de Seguridad amenazaron con expulsarle. Nunca se fue. La suya es una memoria de la Transición, ahora a punto de recibir un homenaje.

“No estoy nervioso, pero se hace raro que haya personas que solo hablen bien de ti”, dice el periodista del Frankfurter Allgemeine Zeitung. En la fiesta que reconocerá su mérito, el próximo día 8 bajo los auspicios del Instituto Goethe, le acompañarán muchos de sus amigos -colegas, políticos y artistas, sobre todo-. Entre ellos, el ex presidente Felipe González, a quien Haubrich conoció cuando vivía en Sevilla y el ex presidente utilizaba el alias de Isidoro para moverse en la clandestinidad. Luego en Madrid, el corresponsal le organizó una puesta de largo ante otros colegas en 1974. “Fue en el restaurante Jai Alai”, apunta, uno de los establecimientos donde la oposición era bienvenida y el dueño avisaba si llegaba la policía.

“No quiero decir nada bueno de la dictadura, pero como escuela de periodismo no estaba mal”, ironiza el corresponsal. “Había que ir en persona a todo y moverse mucho porque no se podía utilizar el teléfono para recibir información…”. Y a menudo, los colegas españoles le suministraban las noticias que ellos no podían publicar. “Los corresponsales teníamos presiones, pero no censura”, relata Haubrich. Cuando sus artículos disgustaban al régimen, le llamaban del Ministerio de Información y Turismo para reñirle. “Fraga era el peor, pero por lo menos leía y sabía distinguir. Sánchez Bella [Alfredo, su sucesor en el ministerio] era un bruto y siempre decía: ‘Sois gentuza pagada por el oro de Moscú. Seguís las consignas de Praga’. Me amenazaron con expulsarme por lo menos 10 veces”. Nunca lo cumplieron. “Todo cambió con Pío Cabanillas. Metió a gente con la que se podía discutir. La peor amenaza era cuando decían: ‘Se ha enfadado el almirante [Carrero Blanco, presidente del Gobierno]’. Y yo contestaba: ‘Lo siento, pero no escribo para el almirante, sino para el millón de lectores de mi periódico”.

En aquel ministerio también había algún cómplice encubierto. “En un homenaje a La Pasionaria o a Rafael Alberti me encontré a un tipo que era censor en el Ministerio de Información. Le pregunté que qué hacía allí. ‘Estoy donde tengo que estar. ¿Quién crees que te enviaba los documentos sobre la censura artística?’, me dijo. Era un comunista que había logrado pasar desapercibido, un funcionario que me había hecho llegar sobres sin remite con papeles con el sello ‘muy confidencial”.

La Transición atrapó a Haubrich. “Me gustaron tanto los esfuerzos para que llegara la democracia que rechacé cambiar de destino”. Cuando en 1976 le mandaron por unos meses a París, “volvía los fines de semana a Madrid para no perderme los primeros contactos de Suárez

[Adolfo, presidente del Gobierno] con la oposición”. Esa pasión la compa-tibilizó con otra, Latinoamérica. Allí el periodista alemán cubrió golpes de Estado (Chile, Perú, Bolivia), la revolución sandinista… Y se libró de la muerte al cambiar de planes a última hora: dejó su sitio a un colega en el avión en el que viajaba el político boliviano Jaime Paz Zamora, que sufrió un accidente sin esclarecer.

Imposible desengancharse cuando se ha estado en primera fila. “La Junta Democrática se proclamó en este despacho”, afirma Haubrich en su sala de trabajo, cuajada de libros y periódicos en equilibrio inestable. “En París se iba a anunciar a una hora concreta que en Madrid se había creado esa unión de fuerzas de la oposición [encabezada por el PCE]. Cuando llegamos al sitio donde se iba a hacer, las Cuevas de Sésamo, estaba la policía en la esquina. El reloj corría y no podía ser que se anunciara en París lo que en realidad no había ocurrido todavía en Madrid, así que ofrecí mi casa”. Corría 1974 y Franco vivo.

Haubrich hace inventario de los acontecimientos que más le han impactado en cuatro décadas de oficio: el proceso de Burgos (en 1970, contra militantes de ETA), la revolución portuguesa (1974), las últimas ejecuciones franquistas en Hoyo de Manzanares (1975), las primeras elecciones democráticas (1977), la primera aparición pública de Santiago Carrillo con peluca… “Fue en un piso de la calle de Santa Catalina, 4”, recuerda Haubrich. Aquella fue una mañana movida de 1976, con citas secretas y muchas vueltas a la manzana para despistar.

Ahora, 7.500 artículos después y con una decena de libros publicados -el último,Spanien, inédito en España-, Haubrich está oficialmente jubilado, pero mata el gusanillo escribiendo crónicas para un diario en alemán de Baleares y devora periódicos en papel al ritmo habitual. “Los medios de comunicación españoles están más politizados que la gente. Los veo irritados y algo sensacionalistas”, observa. Le enfada “la impunidad” en torno a la corrupción.

Ahora, tantos años después, Walter Haubricht, dice: “Cuando baja el avión hacia Barajas y veo los tejados de Torrejón siento que vuelvo a casa. Eso en Francfort no me pasa”. Él, que nunca pensó quedarse aquí tanto tiempo.

El País.com (Madrid)


Gandia elimina su último símbolo franquista…

septiembre 4, 2010

El Ayuntamiento derruirá el grupo Cuartel de Simancas…

BEGOÑA BOLUDA – Gandia – 04/09/2010

El último símbolo franquista que queda en la ciudad de Gandia desaparecerá en las próximas semanas. Se trata de un bloque de viviendas, el conocido como Cuartel de Simancas, nombre que le fue otorgado durante la dictadura. Y es que durante el franquismo se construyeron viviendas sociales destinadas a las clases más humildes, que recibían nombres de actos heroicos de la Guerra Civil. Con el de Cuartel de Simancas se conmemoraba el asedio y asalto final donde se alojaba el regimiento de infantería de montaña Simancas, en la ciudad de Gijón. Fue uno de los hechos más notorios de la contienda en Asturias por la dureza de los combates.

El bloque de viviendas de Gandia fue construido en 1953 y ha conservado este nombre hasta la actualidad. Ahora, está a punto de desaparecer. El Ayuntamiento de Gandia quiere derruir los bloques de viviendas, dado su estado de degradación, y construir en su lugar un nuevo edificio de pisos y equipamientos municipales.

Cuando se construya el nuevo inmueble, la Comisión de Denominación de Calles de Gandia dará un nuevo nombre al edificio que lo sustituya.

Cambios de nombres

Precisamente esta comisión se creó para acabar con cualquier simbología de la Guerra Civil, especialmente, la referida a nombres de calles como plaza José Antonio, Paseo Luis Belda o plaza del Ejército Español. Curiosamente, con la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, cuatro comisiones falleras plantearon cambiar los nombres de sus fallas, sin demasiado éxito. Si las calles han cambiado el nombre, hoy en da, todavía encontramos fallas que llevan por nombre, Luis Belda, Mártires, Ejército Español, y una cuarta, la falla Plaza Prado, que sigue llevando en su estandarte el nombre de plaza José Antonio.

En cuanto al resto de símbolos franquistas, han ido desapareciendo de las fachadas, y sin demasiado alboroto, en las dos últimas legislaturas. Solo queda una sombra de duda, la denominación de la calle Abad Sol. Aunque hay muchas discusiones al respecto porque, según el presidente de la Comisión de Denominación de Calles, el concejal Fernando Mut (Plataforma de Gandia), Sol fue un abad histórico en la ciudad porque, aunque de ideología de derechas, se implicó para evitar asesinatos de republicanos.

El País.com

Viviendas del llamado grupo "Cuartel de Simancas" (procedencia de la foto: google images)