SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) –
El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha asegurado que el decreto de indemnización a mujeres represaliadas durante la postguerra civil y la dictadura tiene por objetivo «reparar el daño que han sufrido y agradecer también su fortaleza y su valentía, porque han jugado un papel muy importante en la construcción de la actual sociedad democrática».
En respuesta a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento por el PSOE-A, Pizarro ha asegurado que se trata de una medida que pretende ofrecer una «reparación moral» a las humillaciones y vejaciones que sufrieron, muchas por ser simplemente parientes, madres, hermanas o esposas de perseguidos por el franquismo. En este sentido, ha reiterado que el decreto se ha abordado con el único fin de «cerrar heridas», por tanto, «sin resentimiento ni revancha».
El titular de Gobernación y Justicia ha señalado que la Junta de Andalucía ha aprobado la indemnización a estas mujeres «en un momento de madurez democrática, tanto de las instituciones como de la sociedad andaluza» para «saldar una deuda y hacer justicia con nuestro pasado más cercano».
Así, esta medida está dirigida a aquellas mujeres que entre 1936 y 1950 fueron represaliadas, viendo menoscabados su intimidad y su honor con acciones vejatorias como el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escarnio público. Percibirán una cantidad «simbólica» como indemnización, 1.800 euros, la misma cuantía que aquellos que sufrieron penas de cárcel.
Estas mujeres contarán con un plazo de tres meses para solicitar la indemnización y presentar la documentación. Ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la mayoría de estos casos, las solicitantes podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas.
Las pruebas serán revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que formarán parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.