“Multaron a mi padre después de fusilarlo”

octubre 10, 2010

María de los Ángeles, hija de Blas Infante. - Laura león

Un tribunal pasó a la viuda de Blas Infante una sanción heredada de 2.000 pesetas

Á. M . 10/10/2010

Blas Infante, hoy oficialmente declarado por el Parlamento Padre de la Patria Andaluza, fue asesinado el 11 de agosto de 1936. Pero el régimen no se conformó. Uno de los rasgos de la represión económica es que no se extinguía con el exilio ni la muerte del procesado. El Tribunal de Responsabilidades Políticas dictó el 4 de mayo de 1940 una sentencia post mórtem que justificaba su fusilamiento por su actividad política andalucista. Y lo hacía, en el colmo de la aberración jurídica, apoyándose en una ley de 1939.

Infante murió en 1936 y la sentencia con la multa llegó en 1940

A su viuda, Angustias García, se le impuso una multa heredada de 2.000 pesetas. María de los Ángeles Infante tenía 6 años cuando se llevaron de su casa de Coria del Río (Sevilla) a su padre para matarlo. Y tres más cuando llegó la sanción. “¿Qué iba a hacer mi madre, la pobre? La pagó, claro”, cuenta. En contra de lo que piden miembros de su familia y partidos andalucistas y de izquierdas, no quiere que la sentencia se anule. “Que se quede ahí. Que se vean las monstruosidades de las que eran capaces. Multar a un hombre después de fusilarlo”.

La represión económica se cebó con personalidades políticas, con más saña cuanto más destacado fue su papel en la República. Largo Caballero, Casares Quiroga y Martínez Barrio, entre otros, fueron condenados a la pérdida total de los bienes. Otros, como Manuel Azaña, a multas estratosféricas de 100 millones de pesetas. La misma sanción que se le impuso a Juan Negrín, cuya familia emprendió hace años una lucha pionera por recuperar los bienes robados. Otras familias castigadas con el expolio, como la de Niceto Alcalá Zamora, han tenido la generosidad de ceder a las instituciones democráticas posesiones legítimas de las que fueron desposeídas por el régimen. Es el caso de la casa natal en Priego de Córdoba del que fuera presidente de la República, hoy sede de una fundación y un museo en su memoria.

“¿Qué iba a hacer mi madre, la pobre? Pues pagar”, cuenta María de los Ángeles

Alcaldes republicanos

Especialmente cruel fue la persecución a los alcaldes. En el caso de José Ortiz, carpintero y regidor de Benacazón (Sevilla), los jefes locales de la Iglesia, la Guardia Civil y la Falange no tuvieron que molestarse en informar sobre la conducta del acusado, ya que había sido fusilado por bando de guerra en agosto de 1936. Así que, tal y como atestigua su expediente, se limitaron al frío conteo de sus bienes: “Dos mulas, una yegua, una cerda y cinco lechones. 400 arrobas de paja. Un carro de dos ruedas, un arado, un yugo y un trillo. Una suerte de viña”.

Su viuda, Isabel Machuca, suplicó en un pliego de descargo la devolución de los bienes al tener varios hijos sin jornal y al mayor en el ejército. El tribunal dictó finalmente el sobreseimiento de la causa en 1945, pero sólo le devolvió los aperos. El resto ya había sido vendido en una subasta.

Público.es



 


La rapiña franquista queda al descubierto tras 70 años…

octubre 10, 2010

La represión económica afectó a unas 200.000 familias derrotadas. Varios estudios arrojan luz sobre la dimensión del expolio. El Estado impide la reparación del daño.

Mendigos en las calles de Madrid en plena dictadura franquista, el 15 de diciembre de 1945. - EFE / VIDA

ÁNGEL MUNÁRRIZ SEVILLA 10/10/2010 00:00

Rafael F. Vázquez, párroco de la antigua población de Guájar, en Granada, traza un semblante crudo de la acusada. “Profesa ideas avanzadas”, afirma. La suerte de Dolores Mancilla, de profesión sus labores, ya está echada. Pero la apuntala el guardia civil Miguel Aguilera: “Pésima conducta. Votó siempre que fue necesario al Frente Popular”. El Tribunal de Responsabilidades Políticas no necesita más para decretar la incautación de sus bienes: tres camas, casa y plantación de almendros. La multa es de 500 pesetas.

Un grupo de 32 investigadores de ocho universidades ha rescatado de los comités de incautación y los tribunales de responsabilidades políticas de Andalucía más de 53.000 expedientes personales como el anterior, acreditativos de la justicia militar totalitaria que el franquismo arbitró hasta el fin de la primera posguerra con curas, falangistas, guardias civiles y alcaldes como delatores. La iniciativa, financiada por la Junta, supone la primera investigación que pone negro sobre blanco la dimensión en una región española del expolio económico, aún hoy el más desconocido de los pilares sobre los que se asentó la represión franquista.

Andalucía ultima el primer informe autonómico completo

“Es el gran tema tabú. Sólo se ha hablado en voz baja”, explica Cecilio Gordillo, activista destacado del memorialismo andaluz. Tampoco lo tocó la Ley de Memoria Histórica. Llegada la democracia, los principales partidos y sindicatos sí pactaron la devolución de sus bienes. Pero los particulares pagaron otro de los peajes de olvido de la Transición.

Paqui sabe en qué consiste ese pacto. Fruto de una reclamación ante el Estado, posee un papel remitido por Hacienda que deja bien claro que España no contempla la devolución de bienes incautados a particulares. Pero también tiene otro papel, del Registro de la Propiedad, que demuestra que la casa que tenía en un pueblo de Sevilla su bisabuelo Juan era eso, su casa, o al menos lo fue hasta que le fue incautada tras su asesinato en 1936. “Un hijo suyo aún me pregunta qué pasa con la casa y no sé qué decirle”, cuenta Paqui. La mayoría de los que están en su misma situación ni se plantearon intentar recuperar los bienes. En realidad muchos ni siquiera saben que sus familias fueron expoliadas.

Sí hay en marcha una ambiciosa iniciativa colectiva, aunque sin éxito hasta la fecha: la Asociación de Perjudicados por la Incautación Franquista, que desde Catalunya ha reu-nido a 2.000 afectados, todos ellos con recibos de multas pagadas. “Hemos dialogado con los partidos, pero sin conseguir compromisos formales. Vamos a seguir hasta el final. Si hace falta, a los tribunales, en España y en Europa”, cuenta María Casals, portavoz. La asociación no se encarga de bienes, sólo de multas. María ignora cuál es el importe total de las sanciones, pero sí adelanta que pedirán al Estado cinco euros por cada peseta de la época en que se abonaron.

Las cifras de la humillación

Al margen de las dificultades para la reparación de las víctimas, les queda el consuelo parcial de que el manto de silencio está empezando a descorrerse con algunos datos. En octubre de 1941, los tribunales habían incoado casi 125.000 expedientes de incautación y quedaban unas 100.000 denuncias pendientes, según los datos recopilados por Manuel Álvaro en el libro colectivo La gran represión (2009), coordinado por Mirta Núñez, profesora de la Complutense.

Más de 200.000 familias sufrieron en España la investigación, retención o expolio de sus bienes, según los cálculos más fiables. Y eso en un país que en 1940 rondaba los 26 millones de habitantes. Fernando Martínez, coordinador del proyecto andaluz, cifra en “cerca de 60.000” las personas familias, en realidad afectadas entre 1936 y 1945.

2.000 afectados se han organizado para pedir el importe que pagaron en multas

La historiadora Ángela Cenarro, que coordina en Aragón un proyecto similar al andaluz, cifra en unos 13.000 los expedientes abiertos en la región. En Galicia el ambicioso proyecto Nomes e voces también ha abarcado la investigación de la represión económica entre 1936 y 1939. A falta de datos globales, su coordinador, Lourenzo Fernández, destaca la “clara voluntad” del régimen de cebarse con los derrotados, así como otras formas de expolio, como la expropiación de montes comunales.

La rapiña de los sublevados comienza de forma espontánea el mismo 18 de julio del 36 y con el tiempo se va amparando en bandos, decretos y, finalmente, en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. La maquinaria funcionó a tal ritmo que en 1941 el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas advirtió de la incapacidad del Estado para contar o gestionar los bienes.

Por ello en 1942 se suavizó la ley, multiplicando los sobreseimientos. En 1945, con el franquismo intentando dulcificar su imagen, cesaron los expedientes, aunque hubo familias que pagaron plazos hasta finales de los 60. Aparte del expolio, el régimen se había hecho con un detalladofichero de rojos y había extendido por toda España una cultura indeleble de miedo y delación.

“Ha sido el gran tema tabú. Sólo se ha hablado en voz baja”

El volumen de bienes incautados y dinero recaudado por multas es difícil de precisar, más cuando hasta el régimen se confesaba incapaz de hacerlo. Pero varios datos dan una idea. En Toledo fue incautada más de la mitad de la propiedad rústica. El total de multas impuestas en Andalucía rondó los cien millones de pesetas de la época, cuando un bancal de tierra para alimentar a una familia podía costar cien pesetas y una casa obrera en un pueblo andaluz, entre 300 y 500.

No todas las multas se pagaban. En Madrid, Álvaro cifra las impuestas en 660 millones, aunque la mayoría fueron sanciones absurdamente altas, más ejemplares que prácticas, a prohombres de la República. “Las que sí se pagaban, y eran demoledoras para las clases medias y bajas, eran las de cientos o miles de pesetas. Y todo el proceso en sí, que suponía la inmovilización de los bienes, era un castigo”, cuenta Martínez. Su intención, cuando acabe el estudio, es colgarla en la Red. Que se vea todo: víctimas, delatores, sentencias. Será una pequeña parte comparada con lo mucho que sigue oculto 70 años después.

Emilio Silva: “Esa puerta nadie se atreve a abrirla”

Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, lamenta que el Estado no haya dado nunca “ninguna facilidad” para el resarcimiento. “A los partidos y los sindicatos sí. Al ciudadano, nada”, denuncia. “Esa puerta nadie se ha atrevido a abrirla. ¿Por qué siempre ese rechazo a invalidar las sentencias de responsabilidades políticas? Porque habría que anular también las multas que ordenaban”, afirma. Silva lamenta la “hipocresía” que supone que “los mismos que argumentan que eso generaría el caos son los que defienden con uñas y dientes la inviolabilidad de la propiedad privada”.

Público.es

 




225.349 descendientes de exiliados han pedido la nacionalidad española…

octubre 10, 2010

El dato ha sido aportado por el Gobierno en respuesta a la petición del portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, que formuló por escrito hace 16 meses, el 7 de mayo de 2009.

NUEVATRIBUNA.ES 06.10.2010

Un total de 225.349 hijos y nietos de españoles exiliados han presentado su solicitud para acceder a la nacionalidad española a través de la regulación que establece la Ley 52/2007 de Memoria Histórica. Esta cifra corresponde a la fecha del 7 de mayo de 2009, día en que elportavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se interesó por estos datos a través de una pregunta por escrito al Gobierno registrada en el Congreso y que el Ejecutivo ha respondido ahora, más de 16 meses después.

El Gobierno responde, además, que según los “datos consolidados, a fecha de la pregunta” de esas 225.349“se han aprobado 117.242 y se han inscrito 112.286 como nuevos ciudadanos españoles”.

En su iniciativa parlamentaria, además de por los datos ya expresados, Llamazares solicitaba información al Ejecutivo sobre “¿Qué medidas se han tomado para que los funcionarios de los registros conozcan la mencionada ley y los procedimientos relativos al reconocimiento de la nacionalidad española?” y “¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para acelerar la resolución de los expedientes y, muy especialmente, para abreviar el trámite de asentamiento de las partidas en el Registro Civil de Madrid?”

El Ejecutivo responde que “en cuanto a las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la norma citada, hay que destacar que el Ministro de Justicia presentó recientemente al Consejo de Ministros un plan de choque para reducir los tiempos de espera en el Registro Civil Central, que permitirá la puesta en marcha de varias medidas destinadas a agilizar la obtención de certificados, inscripciones y otras solicitudes, cuya demora afecta a los derechos de los ciudadanos”.

“Entre las medidas a corto plazo se señala la impartición de cursos de formación para favorecer la especialización y el rendimiento del personal, que se realizará por medio de un sistema de tutorías impartidas por funcionarios con experiencia, que serán los encargados de formar a funcionarios de nuevo ingreso”.

El Ejecutivo señala también que “asimismo, entre las medidas a corto plazo para agilizar el Registro Central destacan el refuerzo temporal de las plantillas, la ampliación de la jornada de trabajo, la habilitación de un correo electrónico específico para la solicitud y expedición de certificaciones, y la reestructuración de los servicios de atención al ciudadano”.

Nueva Tribuna.es


España, el único país de Europa con más sentencias de muerte sin anular…

octubre 10, 2010

Un total de 190.000, según reconoció el propio régimen franquista en 1950. En el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, el colectivo memorialista recuerda todos aquellos “asesinatos judiciales” perpetrados por la Dictadura para exigir no sólo su anulación sino también el enjuiciamiento de las autoridades responsables de aquellos crímenes.

NUEVATRIBUNA.ES 09.10.2010

Este domingo, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, una práctica que sigue vigente en muchos países y que en España fue definitivamente abolida de la legislación militar por Ley Orgánica en 1995. El colectivo memorialista contempla esta fecha con la vista puesta en todas aquellas personas asesinadas por el régimen franquista cuyos familiares siguen pidiendo justicia.

Desde la red social facebook, el profesor de Derecho Penal Internacional, Miguel Ángel Rodríguez Arias, reclama que se procese a los jueces y autoridades franquistas y los piquetes de ejecución, responsables de las 190.000 penas de muertes reconocidas por el régimen en 1950. Sentencias que no han sido anuladas por la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 que a lo sumo las tacha de “ilegítimas”.

Rodríguez Arias viene sosteniendo desde hace tiempo en estas mismas páginas que las llamadas “sentencias” dictadas por los tribunales franquistas son “crímenes de guerra” según el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que define expresamente como “crimen de guerra” (y por tanto imprescriptible e inamnistiable) “las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.

Pero Rodríguez Arias va mucho más allá al calificar dichas “sentencias” como “asesinatos judiciales”. Así lo expone en un artículo publicado en nuevatribuna.es bajo el título No tan sólo hay que anular las sentencias de Franco con motivo, el pasado 27 de septiembre, del 35º aniversario de las últimas ejecuciones habidas en España. En él expone como obligación ineludible del Estado con las víctimas de la Dictadura el procesamiento de los jueces franquistas –también los que pasaron por el Tribunal de Orden Público (TOP)-, de los miembros de los denominados “consejos de guerra”, de las autoridades responsables de los fusilamientos; y de los tiradores de los piquetes de ejecución de igual forma que fueron juzgados y condenados tras la caída del muro de Berlín, en 1989, los tiradores cuyas órdenes eran disparar a matar a todos los que intentasen huir de la antigua RDA; o los procesos de Nuremberg contra los jueces nazis.

Para buena parte del colectivo memorialista, la ley impulsada por el Gobierno Zapatero no ha hecho más que acrecentar la impunidad de aquellos crímenes: 190.000 ejecuciones sumarísimas, 150.000 desaparecidos, dos mil fosas comunes, 30.000 niños robados. El Estado sigue sin resarcir a las víctimas y desde distintas instancias se pone freno a intentos como el del juez Baltasar Garzón de abrir una investigación penal de aquellos sucesos. Algunos familiares han empezado a actuar por su cuenta. El pasado mes de junio, varios colectivos pusieron una demanda en Estrasburgo ante la negativa de las instituciones españolas a investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, solicitando una “tramitación de urgencia” dada la avanzada edad de las personas afectadas (familiares de las víctimas) y “un evidente riesgo de daño irreparable (su muerte inminente)”. La demanda añadía asimismo la petición de que se suspendiese la causa contra Garzón mientras se resolviese la demanda interpuesta.

También este año, el pasado 7 de mayo, Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, condenado a muerte por el último Consejo de Guerra de la dictadura y fusilado junto a otros cuatro procesados el 27 de septiembre de 1975, presentó una demanda en Buenos Aires (Argentina) para pedir responsabilidades. Ella misma sufrió torturas, con 21 años y estando embarazada, después de ser detenida por la Guardia Civil en Badajoz. “Siempre he querido que se anulasen esos juicios que habían sido ilegales y que no tuvieron las mínimas garantías de defensa ni de respeto a los derechos humanos”, denunció Carretero en cuya demanda también incluye a los responsables de sus torturas.

 

 

En un día como este 10 de octubre resulta oportuno recordar que todas esas personas asesinadas bajo la “legalidad” del régimen franquista lucharon por defender la República, una república que en 1932 abolía la pena de muerte pero que después fue incorporada por Franco en 1938. En el día internacional contra la pena de muerte sería deseable no silenciar que las heridas siguen abiertas en la sociedad española, primero por la no anulación de unos crímenes reconocidos todavía como “sentencias” y la imposibilidad de que los responsables aún vivos respondan ante la Justicia.

Nueva Tribuna.es


El Centro Documental de la Memoria Histórica, a la espera de sus dependencias en la Plaza de los Bandos en Salamanca…

octubre 10, 2010

SALAMANCA, 9 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España decidió a inicios de la pasada legislatura mejorar y ampliar las instalaciones del Centro Documental de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca. Para ello, además de la actual sede en la calle Expolio y del futuro depósito de documentos en el barrio Tejares, anunció que se construirían unas nuevas dependencias en el antiguo edificio del Instituto de la Seguridad Social en la Plaza de los Bandos.Seguir leyendo el arículo

A día de hoy, según señaló el portavoz del equipo de Gobierno de la ciudad, Fernando Rodríguez, durante el balance de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, “las obras no han empezado y la última fecha dada por el Gobierno para rehabilitar el edificio de la Plaza de los Bandos es 2012”.

El representante municipal y también edil de Economía añadió que la consignación estatal en 2011 para este propósito es de 492.000 euros de los 14 millones de euros que costará este proyecto, lo que “ratifica que este centro continuará un año más paralizado”.

Desde que el Gobierno anunciase la intención el proyecto de ampliación de lo que antes fue el Archivo General de la Guerra Civil, el 8 de junio de 2005, el Ejecutivo ha barajado tres opciones de ubicación para el centro cultural.

La entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, “arropada” distintos representantes del PSOE, prometió una inversión de 12 millones de euros, 50 trabajadores más y la expropiación del Palacio de Orellana, recordó el portavoz del Ayuntamiento.

Dos años después, el 1 de junio de 2007, Jesús Caldera apuntó a que el Centro Documental de la Memoria Histórica se ubicaría en el Palacio de Justicia, en la Gran Vía, un espacio que finalmente se desestimó.

A continuación, el 14 de diciembre de 2007, el Gobierno expuso que las antiguas dependencias del Instituto Nacional de Seguridad Social, en la Plaza de los Bandos, eran las elegidas para ser la sede de este proyecto.

Más allá de los cambios en la ubicación del Centro y de que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, afirmase en octubre de 2009, que el proyecto era “prioritario” para el Gobierno, Fernando Rodríguez indició en que “tendría que estar listo, por ley, el 17 de noviembre de 2006” y que no es así.

CENTRO DE LA MEMORIA

Actualmente, según señala el Centro Documental de la Memoria en su información oficial, está formado por fondos provenientes de los Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de la época franquista.

Además, se suman otros documentos incorporados con posterioridad a 1979. Entre ellos, en los últimos años se han incorporado piezas tan representativas como la bandera que cubrió el féretro de Manuel Azaña, que entregó al Centro la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en octubre de 2009.

También se recogen reproducciones de los archivos propiedad de Cruz Roja Internacional o “una de las mejores colecciones de carteles de la guerra civil existentes en el mundo” con más de 2.200 piezas distintas.

Europa Press via Yahoo! España Noticias

 


22 Concentración en Sol…Y ya van veintidós

octubre 10, 2010

Pues van ya 22 jueves de exiigir justicia para los nuestros. La afluencia de personas se mantiene. Hoy novedades de actos que he puesto al pie de las fotos. El horario cambia… a partir del primer jueves de Noviembre y  se adelanta una hora la concentración. Empezaremos a las 19.00h y habrá novedades que ya iremos contando. Lo importante es que los jueves se mantienen y consolidan. Que la Memoria no pare… ¡Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas del franquismo!

Fotografías y texto de Fuen Benavente

Corrección editorial: Editor de La Memoria Viv@




Un paso más hacia la justicia histórica…

octubre 10, 2010
09/10 ·  Domínguez Saucedo

El Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar ha dado esta semana un paso más en su lucha por hacer justicia a la memoria de centenares de personas, muchas de ellas anónimas, que fueron ajusticiadas en la finca de El Marrufo, en el término municipal de Jerez y en los límites de la comarca, con motivo del inicio de la Guerra Civil.

Miembros de la Junta Directiva de esta asociación y miembros del movimiento memorialista de la provincia de Cádiz, investigadores e historiadores relacionados con la fosa común del Marrufo se reunieron el pasado miércoles para dar los primeros pasos en la localización y exhumación de los restos enterrados en las proximidades de dicha finca.

El objetivo de dicha reunión fue el de coordinar y organizar los trabajos encaminados a desarrollar el proyecto Investigación y Localización de la Fosa del Marrufo, que el Foro presentó al Ministerio de Presidencia, y que fue seleccionado, contando con la máxima puntuación de todos los proyectos presentados en toda España. La selección del proyecto fue el premio al esfuerzo desarrollado por el Foro, que durante los últimos años ha dedicado mucho trabajo a reivindicar la necesidad de exhumar los restos civiles de fusilados durante la Guerra, para restablecer el daño causado a sus familiares, y poder poner un punto y final a muchas tragedias anónimas que siguen aflorando en multitud de hogares de la comarca y de la provincia. La primera de las conclusiones que se ha acordado ha sido la de seguir una dinámica de recopilación de trabajo en torno a la localización de la fosa.

Para poner en común todos los trabajos de investigación, se decidió crear una cuenta de correo electrónico (fosamarrufo@gmail.com.) para que todos y en el plazo de un mes y medio puedan enviar los trabajos, documentos, archivos y publicaciones relacionadas con Marrufo para crear un base de datos. El objetivo trazado por el grupo de trabajo es el de dar cabida a la participación de todos aquellos que puedan aportar algo a esta investigación. Por ello, se decidió que esta cuenta también estaría abierta a todos aquellos ciudadanos que quieran aportar o solicitar cualquier información relacionada con El Marrufo.

Los investigadores reunidos en torno a esta misión mantendrá una nueva reunión en el próximo mes de noviembre para revisar todo lo aportado y definir las líneas de trabajo que se estimen oportunas de cara a crear el documento de investigación, que quedará plasmado en un libro. A propuesta del investigador Juan Pino, se planteó que el trabajo de investigación incluya como elemento histórico todo lo relacionado con la zona del Valle de la Sauceda en aquellos años, previos y durante la guerra, en lo geográfico, etnográfico, político de aquellos años, actividades laborales, relaciones entre los pueblos aledaños, etc…, de manera que todo esto enriquezca el trabajo de investigación y el documento final haciendo más entendible para los ciudadanos la historia de esta zona y los hechos acontecidos.

Además, la entidad Papeles de Historia aportará los trabajos que tengan relación con El Marrufo y puedan salir del proyecto que van a ejecutar de una base de datos del archivo militar de Sevilla. Para finalizar se acordó que, aunque sea el Foro por la Memoria quien recibe los fondos para este proyecto, los méritos y los reconocimientos por el trabajo desarrollado recaigan sobre todas las instituciones implicadas en el proceso.

Así, en la reunión, celebrada en la Venta de Puerto Galis, participaron Fernando Sigler por Papeles de Historia; Manuel Ramírez y José Ignacio Gómez Palomeque por Memoria Histórica Jerezana; María José Ruiz Piñero por Jerez Recuerda; el investigador Juan Pino Palma y el historiador José Manuel Algarbani, además de los miembros del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. “Entendemos que de otra forma no podríamos llevar a cabo nuestros objetivos, por lo que se va a continuar apostando por la coordinación como eje fundamental del programa, incluyendo en el mismo también a las administraciones interesadas sin olvidar a particulares , propietarios de fincas y familiares de las víctimas”, señalaron desde el Foro.

Esta reunión técnica es el inicio del programa de actuación que el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar realizará en relación a la fosa y que deberá culminar con el estudio topográfico y la localización de las presumibles fosas que se encuentran en el cortijo. En la misma línea, y al objeto de recabar mas apoyo logístico y humano, representantes del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar asistirán a la Asamblea de la Federación Estatal de Foros por la Memoria que se desarrollan los días 9 y 10 de octubre en Huelva y donde se analizarán tanto el protocolo de exhumaciones como la situación jurídica y planes de actuación de las distintas fosas donde el Foro por la Memoria pretende actuar, incluyendo El Marrufo.

La reunión del pasado miércoles es un paso más hacia la reconciliación con la historia de muchas tragedias humanas, es un logro más en el camino que el Foro por la Memoria Histórica se ha trazado para romper numerosos silencios, y para poner nombre y dignidad a muchas personas que fueron ajusticiadas en los contornos de Jimena de la Frontera durante la Guerra Civil. La mano tendida por la Administración y los pasos burocráticos alcanzados ya por los colectivos implicados en la investigación, ha abierto una puerta a la esperanza de los familiares para que, dentro de poco, puedan localizarse los restos de sus seres queridos.

La mayor fosa de la provincia

La aldea de La Sauceda y el cortijo de El Marrufo fueron tomados por tropas de Falange, Guardia Civil y Ejército, al mando del teniente del Instituto Armado José Robles, quien había salido de Ubrique, camino de la aldea, a primeros de noviembre de 1936.

En esta entrada, las milicias fueron tomando prisioneros a los que se relacionaba con el bando republicano, en muchos casos campesinos que habían huido a refugiarse en esta zona. Camiones cargados de muebles, comestibles, ganados de todas clases y personas llegaban al prado, procedentes de la aldea de La Sauceda, que literalmente había sido exterminada. Desde allí. fueron conducidos prisioneros las mujeres y niños en camiones, mientras los hombres eran trasladados a pie hasta el cortijo de El Marrufo. En su capilla, que aún hoy se conserva, se encerraron a las mujeres y los niños.Allí mismo, muy cerca de la capilla, tras unas naves que aún hoy se conservan, existe una pequeña pendiente.

En dicha pendiente, en tiempos pasados presidida por una cruz de hierro, se encuentra la fosa donde estas personas fueron enterradas. Allí, aún hoy, están los restos de aquellas mujeres y de sus hijos.La decisión de la Junta de Andalucía de exhumar las fosas ha creado mucha expectación entre los familiares de las víctimas, que esperan ver así reparado el daño histórico que se les produjo. La de El Marrufo está considerada como la mayor fosa común de la provincia, ya que se contempla la existencia de alrededor de 300 víctimas enterradas. En el cuartel situado cerca de la actual venta de Gáliz se encontraría la fosa donde fueron enterrados los hombres conducidos hasta allí.

Andalucía Informació vía google noticias