La fosa de las fosas…

Memoria histórica. Décimo aniversario de la primera exhumación de un grupo de republicanos fusilados en la Guerra Civil efectuada con métodos forenses.

 

 

Los familiares de Emilio Silva Faba colocan su foto en el nicho del cementerio en 2000.

 

DIEGO BARCALA MADRID 17/10/2010

Octubre de 2000. España cumplía 25 años sin Franco o «de paz», como algunos prefirieron decir para citar la efeméride. En las televisiones, los documentales y reportajes ensalzaban por enésima vez el papel del rey en la recuperación de la democracia, el 23-F y demás acontecimientos de la memoria reciente. Ni una mención a que esa elogiada Transición había dejado a miles de demócratas humillados en cunetas, pozos y tapias de cementerio. Quedaron enterrados. Ni siquiera a la espera de un tiempo propicio para su recuerdo. Olvidados para siempre. Eran «los desaparecidos», como escribió el 8 de octubre de 2000 el nieto del primer republicano fusilado cuyo cuerpo fue identificado de una fosa con métodos genéticos, Emilio Silva, en La Crónica de León.

Ese calificativo utilizado para hablar de las víctimas del franquismo «desaparecidos», tan repetido en los últimos diez años, era inédito. «Pensé que me podría servir para contactar con los familiares de los enterrados junto a mi abuelo. Conscientemente utilicé el referente de los desaparecidos argentinos o chilenos», reconoce el nieto del comerciante Emilio Silva Faba, víctima de un asesinato político el 16 de octubre de 1936. La conexión mediática fue total, pero se notaría años después al hilo del debate parlamentario. Las primeras crónicas sobre las exhumaciones en los diarios estatales no aparecieron hasta 2002.

«Quedan por detectar cientos de tumbas similares», advirtió Vázquez Montalbán

Respecto al paso histórico que estaba dando Emilio Silva, tan sólo aparecieron artículos sueltos como el del escritor Manuel Vázquez Montalbán en Interviú el 11 de diciembre de 2000. «Quedan por detectar cientos de fosas similares [como la de Emilio Silva] donde están los restos de los desaparecidos acusados por el franquismo, desaparecidos para siempre de prosperar el pacto tácito establecido durante la Transición de que demócratas y franquistas no se tiraran la memoria histórica a la cabeza. Tal vez el censo de desaparecidos y el descubrimiento de estas fosas comunes convenza a los jóvenes militantes en su ignorancia histórica, cada vez que hablan del franquismo y de la Guerra Civil como si no fuera con ellos (…). Y es que Franco, mis querido cachorros, fue el padre espiritual de Pinochet, por si este dato os ayuda a situarlo éticamente».

Referencia de Chile

La referencia a Chile de Montalbán, militante antifranquista, guardaba toda la intención en ese momento. Dos años antes, también un 16 de octubre, España saltaba a la escena internacional como ejemplo de funcionamiento del Estado de derecho después de que Baltasar Garzón dictara una orden de detención contra Augusto Pinochet. «En este país no se hablaba de fosas. No existían. Ni siquiera se debatía sobre la búsqueda de Lorca. Era un asunto que no estaba en la calle», recuerda Emilio Silva. Otro 16 de octubre, esta vez en 2008, el proceso abierto por la exhumación del abuelo de Silva junto a otros 12 fusilados en Priaranza del Bierzo (León) ocho años antes desembocó en otra orden del mismo juez. El magistrado se declaró competente por primera vez en España para investigar los crímenes del franquismo.

«En 2000 recibimos muchas cartas. España era una gran fosa común», apunta Silva

«En los últimos meses de 2000 recibimos muchas cartas y llamadas de teléfono. Cientos de personas esperaban la oportunidad de poder recuperar los restos de sus familiares. En ese momento, no nos quedó la más mínima duda: España era una gran fosa común», relata Silva. Esas cartas y llamadas hablaban de crímenes similares al que llevó al abuelo de Emilio a un agujero junto a un nogal a 30 kilómetros de su pueblo.

Emilio Silva Faba nació en 1894 en Pereje (León). Con 21 años emigró a Argentina y después a Nueva York hasta que, en 1925, decidió volver a su pueblo natal para montar un negocio de ultramarinos que instaló en Villafranca del Bierzo (León). «Era un hombre autodidacta, pero ciertamente ilustrado. Había viajado y eso le suscitaría ciertas inquietudes que le llevaron a afiliarse a Izquierda Republicana en 1932, el partido de Manuel Azaña», explica su nieto.

Silva Faba, como tantos otros republicanos, creía que la educación era la asignatura pendiente en España hacia el progreso. Prueba de ello es una foto familiar de una gran manifestación en Villafranca en la que aparece uno de sus hijos, de «8 o 9 años», con una pancarta que reclama: «Queremos un grupo escolar. ¡Viva Azaña!»

«No se hablaba del tema. No existía ni siquiera la de Lorca», señala el nieto del fusilado

El compromiso de Silva Faba le llevó a tener un debate mediático en la prensa local con Antonio Carvajal y Álvarez de Toledo, uno de lo hombres más ricos y poderosos de la zona. El intercambio de artículos sobre la igualdad social en laParroquial Berciana, en 1932, fue determinante para que, pocos meses después del 18 de julio de 1936, Emilio Silva Faba acabase en la lista falangista de personas a eliminar. «El descubrimiento de la carta se convirtió en la experiencia que más cerca me ha permitido estar de mi abuelo republicano. Dicen que ese enfrentamiento fue determinante, pero su muerte era inevitable por la dinámica represiva de los sublevados», reflexiona Silva.

Los asesinos dejaron una viuda y seis huérfanos. Tres de ellos pudieron recuperar, 60 años después, los restos de su padre y enterrarlo en el cementerio. En el lugar que para él había reservado su viuda, Modesta Santín. Los tres hermanos observaban incrédulos los restos de los 13 de Priaranza. Ajenos al hecho histórico que acababan de protagonizar. Pese a que a finales de la década de 1970 e incluso en los ochenta se habían organizado exhumaciones casi clandestinas en pueblos de Navarra o La Rioja, la exhumación de su padre había puesto en la agenda social algo imparable.

40 años de silencio

Emilio Silva Faba se afilió en 1932 a Izquierda Republicana, el partido de Azaña

Entre las decenas de espectadores que acudieron a la excavación estaba el periodista Carlos Elordi, que acudió al Bierzo por «inquietud personal y profesional». «Apenas sabía a qué iba, pero me encontré allí con un espectáculo extraordinario. Estábamos cerca de 15 o 20 personas buscando el lugar exacto de la excavación. Hacía mucho frío y en realidad el asunto resultaba aburrido, pero me fijé en dos personas mayores que discutían sobre el lugar exacto donde fueron enterrados los restos. Recuerdo que uno de ellos decía: Tú los viste aquí cuando pasaste con la bicicleta. Me acuerdo que yo iba a por leche…’. Detallaban cada recuerdo del suceso y les pregunté cuántas veces habían hablado de ello. Me dijeron que llevaban 40 años sin comentar nada», recuerda el periodista.

El silencio impactante guardado durante cuatro décadas por los vecinos de Priaranza se rompió al remover la tierra. «Cuando hicimos aquella exhumación pensamos que podría haber una, dos o tres fosas más como mucho y que el asunto se acabaría. En ningún momento pensamos que se acabaría hablando de ello en la ONU, en el Parlamento y todo lo que ha sucedido», recuerda el médico forense de la Universidad del País Vasco Francisco Etxeberria. «La explicación pasa por la intimidad con la que las familias han vivido el dolor. Igual que esos dos vecinos llevaban décadas sin hablarlo, las familias de los fusilados tampoco lo hablaban entre ellas. Por eso no había en 2000 una conciencia de los cientos de fosas comunes que estaban todavía intactas. Los historiadores dicen que ya habían escrito de ello, pero era para su consumo interno. Vivíamos en la ignorancia», analiza este experto que en la última década ha colaborado en la recuperación de la identidad de cientos de fusilados.

La identificación de los 13 de Priaranza no saltó enseguida al debate parlamentario. «El debate empezó cuando el PP, que estaba en el poder, tomó posición y el PSOE se vio obligado a dar una respuesta. Nadie esperaba la posición en contra de las exhumaciones que tomó el PP y los socialistas tuvieron miedo», analiza Elordi. «Después, [José Luis Rodríguez] Zapatero lo incluyó en su programa electoral en un momento en el que la derecha estaba muy movilizada y el debate desembocó en una ley que al final no ha servido para nada. El PSOE no se preocupó durante 14 años en el poder de este asunto y cuando lo descubrió no supo qué hacer con él», concluye el periodista.

«Creíamos que habría una, dos o tres fosas más», señala el forense Francisco Etxeberria

Más de 1.500 cuerpos

La primera exhumación con métodos forenses dio lugar a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que fundó el propio Emilio Silva junto con un joven investigador de León que llevaba años detrás del asunto, Santiago Macías. Desde entonces han recuperado más de 1.500 cuerpos de cerca de 150 fosas comunes viviendo situaciones tensas «que cada vez son más infrecuentes», según Macías. «El último suceso desagradable lo tuvimos el pasado verano cuando el párroco de San Mamede do Río, en Portomarín (Lugo), se negó a dar los permisos para entrar en el cementerio. Parece que la Iglesia no evoluciona», ejemplifica.

El reconocimiento a la labor de esta asociación que ha contribuido a cerrar las heridas de cientos de familias no ha llegado en España. Desde un punto de vista internacional, la percepción ha sido otra. «Es el proceso más fascinante que vive actualmente la democracia en España», señala el corresponsal del Berliner Zeitung, Martin Dams, que también acudió a la fosa de Priaranza en octubre de 2000. «Recuerdo que me sorprendió mucho el asunto porque cinco años antes había entrevistado al historiador Santos Juliá, que me negó el pacto del olvido de la Transición y me aseguró que la culpa de que no se hablara de las fosas en España era de la izquierda, que no quería recordar sus crímenes, como el del trotskista Andreu Nin».

«Como alemán, percibo que España es vista ahora como un país que tiene dificultades para mirar a su pasado y ha sido la ARMH la que más ha contribuido a acabar con ese defecto. De hecho, el día que el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia sea recibido por Emilio Silva será cuando España haya cerrado sus heridas», concluye.

Público.es

Indemnizaciones a mujeres que sufrieron formas de represión de la dictadura franquista sobre su honor, intimidad y propia imagen…

Decreto 372/2010, de 21 de septiembre, por el que se establecen indemnizaciones a mujeres que sufrieron formas de represión de la dictadura franquista sobre su honor, intimidad y propia imagen (BOJA de 13 de octubre de 2010). Texto completo.

El Decreto 372/2010 tiene por objeto establecer y regular el procedimiento de concesión de las indemnizaciones a que tienen derecho las mujeres que sufrieron represión en la Guerra Civil e inmediata Posguerra, abarcando el período comprendido entre 1936 y 1950, mediante hechos que vulneraron su intimidad, honor y la propia imagen, tales como el rapado o la ingesta de aceite de ricino, y posterior exposición a la vergüenza pública.

Estas ayudas se sustancian mediante una única convocatoria.

DECRETO 372/2010, DE 21 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN INDEMNIZACIONES A MUJERES QUE SUFRIERON FORMAS DE REPRESIÓN DE LA DICTADURA FRANQUISTA SOBRE SU HONOR, INTIMIDAD Y PROPIA IMAGEN.

 

La Ley 52/2007 , de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica, reconoció y amplió derechos y estableció medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, promoviendo su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar.

Como objetivo básico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 10.3.24.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que los poderes públicos velarán por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades.

El Consejo de Gobierno, mediante el Decreto 333/2003 , de 2 de diciembre, por el que se establecen indemnizaciones a ex presos y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad por un período superior a tres meses e inferior a tres años, como consecuencia de los supuestos previstos en la Ley 46/1977 , de 15 de octubre, de Amnistía, y el Decreto 35/2006 , de 21 de febrero, modificado por el Decreto 397/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de concesión de indemnizaciones de cuantía única a las personas ex presas y represaliadas políticamente que sufrieron privación de libertad como consecuencia de los supuestos previstos en la Ley 46/1977 , de 15 de octubre, de Amnistía y que no se acogieron a las indemnizaciones reguladas en los Decretos 1/2001, de 9 de enero, y 333/2003, de 2 de diciembre, continuó el desarrollo de actuaciones tendentes al reconocimiento público y la rehabilitación moral de aquellas personas que sufrieron penas de privación de libertad durante la Dictadura por defender la libertad, la justicia y los valores democráticos.

No obstante ello, cabe señalar que la represión de la Dictadura franquista alcanzó formas de diversa configuración, entre ellas algunas relacionadas con la intimidad, el honor y la propia imagen y que especialmente recayeron en mujeres. Esta forma de represión debe ser firmemente denunciada y repudiada, rehabilitando con ello los derechos infringidos con formas de castigo que socialmente denigraban la dignidad de quienes las sufrían, con independencia de que se impusieran al margen, en muchas ocasiones, de procedimientos documentados.

El presente Decreto se dirige a aquellas mujeres que sufrieron diversas formas de represión distintas de penas privativas de libertad, con incidencia, esencialmente, en su consideración social, con el objetivo de reparar su honor, intimidad y propia imagen y reconocer su contribución a la construcción de la sociedad democrática.

Una característica de estas formas de represión reside en la dificultad, cuando no imposibilidad, de ser probadas por quienes las sufrieron sin que existan expedientes administrativos o judiciales. Para evitar que la carencia de una prueba documental de tal naturaleza pueda impedir la consecución de los objetivos de la presente norma, expresamente se habilita la prueba mediante cualesquiera medios admitidos en Derecho, siempre que las formas de represión queden suficientemente acreditadas, como se exige en el empleo de fondos públicos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación y Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.9  de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de septiembre de 2010.

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto establecer y regular el procedimiento de concesión de las indemnizaciones a que tienen derecho las mujeres que sufrieron represión en la Guerra Civil e inmediata Posguerra, abarcando el período comprendido entre 1936 y 1950, mediante hechos que vulneraron su intimidad, honor y la propia imagen, tales como el rapado o la ingesta de aceite de ricino, y posterior exposición a la vergüenza pública. Las ayudas que se arbitran a través del presente Decreto se sustancian mediante una única convocatoria.

Artículo 2. Incompatibilidades.

1. Las indemnizaciones establecidas en el presente Decreto son incompatibles con cualesquiera otras ayudas, indemnizaciones o subsidios que las interesadas hubieran percibido o tuvieran derecho a percibir por los mismos hechos que conforman el objeto de esta norma.

2. La interesada deberá efectuar en su solicitud una declaración responsable de no haber percibido alguna otra indemnización o compensación económica o, en su caso, tener en trámite otra solicitud, por los mismos hechos.

Artículo 3. Beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de estas indemnizaciones las mujeres que gozando de la condición política de andaluzas, en los términos del artículo 5.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, hubieran sufrido represión durante la Guerra Civil y la inmediata Posguerra en cualquier municipio de Andalucía, según lo dispuesto en el artículo 1.

Artículo 4. Solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto.

2. Las solicitudes se presentarán con arreglo al modelo que se incorpora como Anexo al presente Decreto, acompañadas de la documentación o cualquier otro medio de prueba, incluyendo la declaración jurada y el testimonio de terceros, en el Registro General de la Consejería de Gobernación y Justicia y en el de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, o en los lugares y por los medios indicados en el artículo 38.4  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 82  de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Igualmente, podrán presentarse las solicitudes en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través del portal http://www.juntadeandalucia.es. Para utilizar este medio de presentación, las interesadas deberán disponer de la firma electrónica avanzada en los términos del artículo 13  del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet), pudiendo igualmente utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al documento nacional de identidad.

Los modelos de solicitud se podrán obtener y cumplimentar, a través del portal de la Junta de Andalucía, http://www.juntadeandalucia.es, y en la página web de la Consejería de Gobernación y Justicia, en la dirección: http://www.cgj.junta-andalucia.es/gobernacionyjusticia/.

3. Las interesadas podrán, una vez iniciado un procedimiento bajo un concreto sistema, practicar actuaciones o trámites a través de otro distinto. En todo caso, en el momento de la aportación de documentos o datos en los Registros deberá indicarse expresamente si la iniciación del procedimiento o alguno de los trámites del mismo se ha efectuado en forma electrónica o telemática.

4. Igualmente las interesadas podrán obtener información personalizada por vía telemática del estado de tramitación del procedimiento y, en general, de los derechos reconocidos en el artículo 35  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artículos, 80, 84 y 86 de la Ley 9/2007 , de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 5. Cuantía y naturaleza de la indemnización.

1. Las beneficiarias tendrán derecho a percibir una indemnización en la cuantía fija de 1.800 euros.

2. Estas indemnizaciones consisten en un pago único que podrá percibirse por una sola vez, sin que en ningún caso puedan tener carácter periódico.

Artículo 6. Tramitación.

1. El Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica recibirá las solicitudes y requerirá, en su caso, a la solicitante para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley, por la persona titular del órgano competente para resolver.

2. A los efectos del presente Decreto, la condición de víctima de represión se podrá justificar por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho, siempre que los mismos acrediten de manera indubitada los hechos objeto de indemnización.

3. El Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, a la vista de la solicitud, documentación y medios de prueba presentados y el informe emitido por la Comisión de Estudio y Valoración, propondrá la resolución que en Derecho proceda.

Artículo 7. Comisión de Estudio y Valoración.

1. Se constituye una Comisión de Estudio y Valoración con la finalidad de estudiar las solicitudes presentadas, integrada por la persona titular del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, quien ocupe la Asesoría para la Memoria Histórica y hasta tres personas funcionarias que designe la persona titular de dicho órgano administrativo, entre las cuales deberá haber al menos una que sea licenciada en Derecho, que ejercerá las funciones de secretaría del órgano colegiado, respetándose lo dispuesto sobre la representación equilibrada de mujeres y hombres en el artículo 19.2  de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. El régimen jurídico de la Comisión se ajustará a las normas contenidas en el Capítulo II del Título II, de la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, y en la Sección I del Capítulo II del Título IV, de la referida Ley 9/2007 , de 22 de octubre.

3. Corresponde a la Comisión el estudio y valoración previa de las solicitudes a que se refiere el presente Decreto, que se materializará en la emisión de un informe, previo a la propuesta de resolución que corresponde elevar por el Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica a la persona titular de la Viceconsejería de Gobernación y Justicia.

4. A los efectos de cumplir su función, la Comisión de Estudio y Valoración podrá solicitar cualesquiera informes o documentación que permitan acreditar los hechos alegados por las solicitantes.

Artículo 8. Resolución.

1. Corresponde a la persona titular de la Viceconsejería de Gobernación y Justicia, a propuesta del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, dictar las resoluciones sobre las indemnizaciones a que se refiere el presente Decreto.

2. El plazo máximo para resolver y notificar dichas resoluciones será de tres meses contados desde la fecha en que las solicitudes hubieran tenido entrada en el Registro General de la Consejería de Gobernación y Justicia. Dicho plazo podrá suspenderse en los casos previstos en el artículo 42.5  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 120.4  del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las indemnizaciones podrán entenderse denegadas por silencio administrativo si transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, no se hubiera dictado y notificado resolución expresa.

4. Contra la Resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Gobernación y Justicia, las interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería, en la forma y plazos establecidos en los artículos 114  y 115  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 9. Obligaciones de las beneficiarias.

Las beneficiarias de las indemnizaciones previstas en el presente Decreto deberán cumplir con las obligaciones impuestas a las personas beneficiarias de subvenciones en la Ley 38/2003 , de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Título VII del Decreto Legislativo 1/2010 , de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en sus normas de desarrollo, cuando por su naturaleza sea aplicable a estas indemnizaciones.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo y ejecución.

Se habilita al Consejero de Gobernación y Justicia para dictar las disposiciones que sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Anexo

Omitido.

Enlace a través del Foro por la Memoria:

http://www.foroporlamemoria.info/2010/10/indemnizaciones-a-mujeres-que-sufrieron-formas-de-represion-de-la-dictadura-franquista-sobre-su-honor-intimidad-y-propia-imagen/

IUSTEL Diario de Derecho:

http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1045183

El Marrufo: desenterrar el olvido…

El Ministerio de la Presidencia aprueba el proyecto presentado por el Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar para hacer justicia · Los trabajos se encuentran en la fase de recopilación de información…

 

Imagen de archivo de la capilla de El Marrufo, que sirvió de prisión durante la Guerra Civil.

 

 

YOLANDA G. TENA / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 17.10.2010

La investigación de la mayor fosa común que dejó la Guerra Civil en la provincia de Cádiz y que se localiza en la finca El Marrufo -en el límite entre las provincias de Cádiz y Málaga-, ha dado un nuevo giro en los últimos meses. Las asociaciones por la recuperación de la Memoria Histórica como la del Campo de Gibraltar siguen en su empeño de hacer justicia y en que no sea olvidada por las administraciones.

El compromiso de la Junta de Andalucía en diciembre de 2009 de exhumar los restos humanos enterrados en El Marrufo ha quedado prácticamente congelado, sin fecha y sin confirmación tras los cambios de titulares en varias consejerías, entre ellas la de Gobernación. Pero para muchos ciudadanos, algunos familiares de los enterrados en la fosa, esta investigación ya no tiene marcha atrás. El Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, acogiéndose a la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil que realizó el Ministerio de la Presidencia el pasado 29 de marzo, presentó un proyecto que fue aprobado con la máxima puntuación de todos los presentados del el país, otorgándosele una subvención de 55.900 euros.

El tesorero del Foro de la Memoria del Campo de Gibratar, Arturo Ruiz, señala que el dinero aún no se ha ingresado, si bien los trabajos divididos en varias fases ya han comenzado. Añade que este proyecto se realiza sin menoscabo del que pueda efectuar la Junta de Andalucía, que aunque no ha iniciado el estudio que aprobó en 2008, tampoco ha negado que se vaya a desarrollar.

El plan aceptado este año por el Gobierno central pretende determinar el número real de víctimas y la identificación de las mismas, así como la localización exacta de las posibles fosas que realmente conforman el enterramiento. Además, se pretende acercar al conjunto de la población de las localidad cercanas, los trabajos de investigación sobre el Marrufo, que se inicia en la zona conocida como La Sauceda (Cortes de la Frontera), y próxima a la finca de El Marrufo, donde se localiza un amplio poblado cuyos ciudadanos procedían de municipios de Málaga, de la sierra de Cádiz y del Campo de Gibraltar.

La primera fase del proyecto, en la que se encuentra actualmente es la de recopilación de todos los trabajos, publicaciones, documentos y testimonios de ciudadanos que se puedan aportar para crear una base de datos. Con todo lo aportado se editará finalmente en un libro. El Foro del Campo de Gibraltar cuenta con el apoyo y colaboración de distintas asociaciones como Memoria Histórica Jerezana, Papeles de Historia, así como investigadores como Juan Pino Palma e historiadores como José Manuel Algarbani. «Entre todos vamos a realizar el trabajo y de todos van a ser los méritos y los reconocimientos. De otra forma, no podríamos llevar a cabo nuestros objetivos», señala Arturo Ruiz. Todos los colectivos se han reunido ya dos veces para trazar las líneas de actuación y el próximo mes de noviembre se realizará un nuevo encuentro.

En paralelo, y a medida que se da a conocer la investigación en los diferentes pueblos afectados, se presentan denuncias de familiares -actualmente medio centenar-, que son remitidas al Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, de la Consejería de Gobernación, para que no quede en el olvido. En ellas, se solicita la exhumación de la fosa común.

El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar está convencido que en los próximos meses seguirá saliendo documentación, que a su vez dará lugar a más testimonios de familiares y abrirá nuevas vías de información. La asociación Papeles de Historia aportarán en los próximos meses la información que recabe en el Archivo Militar de Sevilla.

El siguiente paso será un estudio topográfico de las fosas de la finca y las catas arqueológicas. Esta fase de los trabajos están prevista que se realice en el verano de 2011. El colectivo cuenta con recursos humanos -arqueólogos, topógrafos, historiadores -, y técnicos -material audivisual, maquinaria, alojamiento-, donde irá a parar la mayor parte de la ayuda estatal. Las posibles exhumaciones tendrán que realizarlas posteriormente la Junta, a la que finalmente se le aportará toda la documentación, así como la insistencia de los colectivos.

«Estamos convencidos de que cuánto más se vea la dimensión real de esta fosa común, las distintas administraciones tendrán que implicarse para dignificar a estas personas», señalan los responsables del Foro del Campo de Gibraltar, quienes consideran que la sociedad tiene una doble deuda con las víctimas de Guerra Civil, primero murieron por defender unas ideas políticas y años después la sociedad las vuelve a castigar con el olvido.

Europasur.es

Eduardo Mendoza: «Me interesaba la trastienda, cómo se generó la guerra civil»

CARLES GELI | Barcelona 16/10/2010

«Me gusta mucho el género del espionaje, lo de los agentes y las intrigas y las corrientes subterráneas de las cosas y, sin duda, los meses previos a la guerra civil propiamente dicha son un buen escenario para ello». Ahí justifica Eduardo Mendoza la ubicación y la temática de su última novela, Riñas de gatos. Madrid, 1936, con la que hace apenas 12 horas obtuvo el 59º premio Planeta .

Feliz y mucho más tranquilo -«parece mentira, pero estaba nervioso, el Planeta tiene su ritual, con esa cantidad de gente notable y notoria»-, articula un discurso sobre su primera visita, ni que sea tangencial, al conflicto bélico de 1936. «Me interesaba la trastienda, el inicio, cómo se genera un hecho así», apunta (ver vídeo). El título ya da pistas de cómo analiza el autor de La verdad sobre el caso Savolta el conflicto civil. «Me gustan los títulos incómodos, dobles, como éste; lo de la riña me sugiere una imagen fuerte: los gatos sacan unas uñas que dan miedo, gritan, generalmente en un callejón oscuro por la noche y su lucha es breve y violenta».

El joven experto en arte inglés que tendrá la desdicha de venir a tasar un supuesto Velázquez en la primavera de 1936 («es un personaje típico mío: gente que está fuera y, de repente, se encuentra metida en un mundo del que desconoce muchas cosas, pero no todas, y con las pocas que conoce, se adapta y tira adelante», dice el autor), se cruzará en la novela (que aparecerá en las librerías el próximo 5 de noviembre) con la figura de José Antonio Primo de Rivera, «interesantísimo, aunque un perfecto memo», con «una bibliografía escasa fuera de la hagiografía del momento». Las peripecias de ambos acabarán creando una trama de suspense pero, a la vez, conformando las grandes líneas de una guerra civil a la que, según el escritor, «hay que empezarle a buscar un sitio entre el olvido y la presencia constante que se empeñan algunos en mantener».

La valenciana Carmen Amoraga se toma su posición de finalista tras Mendoza como una recompensa más del premio. Su El tiempo, mientras tanto es, afirma, «una novela sobre las segundas oportunidades en la vida, sobre lo fácil que es dejarse llevar por los errores y lo fácil que es rectificar». ¿Está segura de lo segundo? «No soy socióloga y por lo tanto mis verdades no son universales sino literarias, pero creo que lo importante en la vida es la voluntad de cambiar y de dar el primer paso en esa dirección; la tragedia de una de las protagonistas de la obra [una madre repasa las tormentosas relaciones con su hija, en coma tras un accidente] no es que se esté muriendo sino que no ha vivido bien la vida hasta entonces». Sí, quizá es más grave.

«Tenemos que asumir la Guerra Civil entre todos»

«La Guerra Civil ha de ir ya al trastero»

El País.com

 

Una sepultura para Franco en Mingorrubio…

El traslado de sus restos resolvería la polémica sobre el Valle de los Caídos…

Cementerio de Mingorrubio.- L. SEVILLANO / B. PÉREZ

RAFAEL FRAGUAS – Madrid – 16/10/2010

El enterramiento del dictador Francisco Franco en la iglesia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, a 58 kilómetros al noroeste de Madrid, se encuentra en el origen de las controversias que envuelven desde hace meses a este conjunto monumental, donde se hallan sepultadas más de 40.000 víctimas de la Guerra Civil, entre 1936 y 1939. Consta de hospedería, centro de estudios, abadía benedictina y basílica, que alberga las fosas y osarios con los restos. A diferencia del líder de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, igualmente enterrado allí, que sí podría ser considerado caído de guerra por su fusilamiento en Alicante el 20 de noviembre de 1936, Francisco Franco no pereció en la contienda bélica, cuyo alzamiento militar él desencadenó, sino que murió de muerte natural, como jefe de Estado, el 20 de noviembre de 1975, en el hospital de La Paz de Madrid.

Su sepultura en la basílica del valle alteró la significación del monumento, ornamentado en claves del bando vencedor. Dio pie a las impugnaciones que desde distintos ámbitos -laicos, republicanos, de izquierda y vinculados a la defensa de la memoria histórica- reclaman la transformación del monumento en un centro de interpretación histórica apartidista, dedicado a la reflexión sobre la contienda civil desde una perspectiva plural. En esta dirección se orienta la legislación sobre Memoria Histórica y su hasta ahora aplazada -y presumiblemente muy compleja- aplicación en el valle de Cuelgamuros. Hasta 20.000 presos políticos intervinieron en la edificación del conjunto monumental entre 1940 y 1958, año en que culminó su construcción.

Los constantes quebraderos de cabeza que acarrea al Estado español la continuidad de los restos de Francisco Franco en la basílica admiten una vía de solución a tener en cuenta: el traslado de sus despojos a la cripta familiar del cementerio de Mingorrubio, en las afueras de El Pardo, municipio entonces autónomo y desde los años sesenta adscrito al distrito capitalino de Fuencarral. En su palacio, Franco residió desde marzo de 1940 hasta su muerte. En el sótano de la capilla del cementerio madrileño reposan los restos de Carmen Polo y Martínez-Valdés, esposa de Franco, fallecida en 1988, 13 años después de la muerte del dictador.

El abad dice que no se opondría a la exhumación si los Franco lo aceptan.

Según la hija del dictador, su padre no dijo dónde quería ser enterrado.

Arias Navarro, ante la tumba del bisnieto de Franco.-

La cripta donde permanece enterrada la Señora de Meirás, título que le fue concedido por el Rey a la muerte de Franco, ocupa toda la planta, abovedada con una cúpula de Santiago Padrós; su superficie es de seis metros de longitud por seis de anchura, con capacidad para, al menos, ocho o nueve sepulturas más.

La cripta fue adjudicada por concesión administrativa municipal a la familia Franco por mediación del alcalde Carlos Arias Navarro, amigo de la familia y señaladamente de la señora de Meirás. «Demasiado lujosa». Así describió Carmen Polo de Franco a su esposo la estancia funeraria, según confirma Rufo Gamazo, de 87 años, asesor y amigo personal de Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno en 1975. Gamazo asegura al respecto: «Semanas antes de la muerte de Franco, el presidente Carlos Arias preguntó a la hija del jefe del Estado, Carmen Franco Polo, si la familia tenía alguna previsión sobre el lugar de enterramiento de su padre: «Ninguna», respondió Carmen Franco Polo». A juicio de Gamazo, «la decisión de enterrar a Franco en el Valle de los Caídos no fue suya, ni de su familia». Y añade: «Probablemente fue decisión del Rey».

No lejos de la cripta donde fuera sepultada Carmen Polo yacen los restos de Luis Carrero Blanco, Vicepresidente del Gobierno asesinado por ETA en 1973. Junto a él, Pedro Nieto Antúnez, ministro de Marina y amigo personal de los Franco. También algún socialdemócrata, como Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Exteriores con Felipe González.

Anselmo Álvarez Navarrete, abad del Valle de los Caídos, ha permanecido en el centro de las más recientes polémicas por su oposición al cierre temporal, desde la pasada primavera, de la basílica. El Patrimonio Nacional decidió el cierre para restaurar un grupo escultórico de grandes dimensiones, La Piedad, de Juan de Ávalos, cuya piedra sufrió desprendimientos de fragmentos de considerable tamaño. El abad respondió semanas atrás a una pregunta de este diario que «si la familia de Francisco Franco se aviniera al traslado de los restos del anterior jefe del Estado hacia el cementerio de El Pardo, la comunidad benedictina no se opondría a la decisión familiar».

A otra pregunta sobre el porqué Franco, que no cayó en la guerra, fue enterrado en el Valle de los Caídos, el abad señala: «Existe una tradición que otorga a los constructores de los templos la facultad de enterrarse en los que ellos mismos promovieran». Pero agregó: «No obstante, si la familia acepta el traslado la comunidad nada tiene que objetar».

Entonces, cabría al Gobierno negociar con la familia Franco para que la iniciativa del traslado pudiera ser una realidad. De esta manera, el Estado podría aplicar al recinto la ley de memoria histórica, que impide la apología de la dictadura. El monumento, una cruz de 150 metros de altura y 46 metros de brazos, se considera máxima expresión apologética mientras Franco permanezca en él enterrado.

Otros aspectos relacionados con la medicina legal o forense, y con la justicia, por albergar la basílica fosas donde fueron enterrados sin consentimiento familiar miles personas, de las 40.000 personas allí sepultadas (hubo algunas inhumaciones hasta 1985), mantiene abiertos nuevos flecos de la polémica. En teoría, la demanda familiar de cada uno de los enterrados sin autorización podría desencadenar procesos legales de exhumación.

Además, la significación religiosa del conjunto monumental en clave estrictamente católica, dada la aconfesionalidad del Estado proclamada por la Constitución, añade complejidad a todo cuanto rodea al Valle de los Caídos, cuya inserción legal en la esfera de Patrimonio Nacional, es ciertamente muy lábil y se rige por una disposición adicional de un decreto.

El País.com

Asociación de La Palma pide una reunión con el alcalde para agilizar la apertura de la fosa…

Proponen una modificación de la Ley para que las CCAA puedan obligar a los ayuntamientos a autorizar las exhumaciones de fosas.

HUELVA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) –

El vicepresidente de la Asociación de la Memoria Histórica de La Palma del Condado (Huelva), Ignacio Ávila, ha asegurado este domingo que solicitará formalmente una reunión con el alcalde de la localidad, Juan Carlos Lagares (PP), para intentar conseguir del regidor un acercamiento de posturas y agilizar los trámites para la apertura de la fosa ubicada en la localidad.

En declaraciones a Europa Press, Ávila ha incidido en la importancia de la colaboración del ente local, el cual debe autorizar la apertura de la fosa, que se encuentra convertida en un parque «sin que el Ayuntamiento haga nada».

Asimismo, ha aclarado que el consistorio «sólo tendría que otorgar la autorización» y ha insistido en que la Asociación «se encargaría de buscar todas las subvenciones necesarias» para llevar a cabo los trabajos. «Estas subvenciones las concede la Junta de Andalucía y del Gobierno central», ha añadido.

En esta mismo sentido, Ávila ha propuesto que dentro de la Ley de Memoria Histórica se añada un apartado al objeto de que «las Comunidades Autónomas puedan obligar a los ayuntamientos a autorizar la apertura de fosas», en especial de las ubicadas fuera de los cementerios, como es el caso de la de La Palma del Condado.

«Las que están dentro de los cementerios están más cuidadas pero la de La Palma está cubierta de césped y sin cuidar», ha matizado.

Del mismo modo, ha remarcado que «la única esperanza» de la Asociación es que en las próximas elecciones cambie el Gobierno municipal, por lo que se mostró convencido de que un cambio de postura del Ayuntamiento de La Palma será «muy difícil».

Además, Ávila ha recordado que la fosa se encuentra señalizada para que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de la misma, a la par que ha incidido en la relevancia del sistema, –promovido por la Diputación–, que permite la consulta por Internet del archivo digitalizado de los consejos de guerra instruidos a onubenses entre 1936 y 1943, ya que gracias a estos archivos, se demuestra «la ubicación de la fosa, así como se conocen los nombres y apellidos de los que fueron fusilados y enterrados en este lugar en 1937».

La Asociación de la Memoria Histórica de La Palma del Condado era antes conocida como la Asociación de la Memoria Histórica del Condado y Campiña pero ahora se ha constituido una nueva asociación, aunque «en colaboración con todas las de la provincia».

Europa Press vía google noticias

El Vicepresidente de la Asociación por la Memoria Histórica del Condado-Campiña, D. Ignacio Ávila Pinto...(fotografía de Haciendo Memoria:http://nachoavila.blogspot.com/)

NECROLÓGICAS: Muere la menor de «Las 13 rosas»

Mari Carmen Cuesta, superviviente de la represión franquista, tenía 87 años y vivía en Valencia…

J. L. GARCÍA VALENCIA
Mari Carmen Cuesta, superviviente de uno de los sucesos más trágicos de la represión franquista, conocido como el de «Las 13 rosas», fallecía ayer en Valencia a los 87 años. Este mediodía será incinerada a las 13 horas en el crematorio de Valencia. Mari Carmen, de Madrid, fue detenida por la Policía franquista y encarcelada en 1939 junto a un grupo de militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en la cárcel de Ventas. Tenía 16 años.
El 5 de agosto el grueso del grupo, trece jóvenes mujeres -había 7 menores de edad-, fueron fusiladas por pertenecer a esta organización en el paredón del Cementerio del Este. Su ejecución pasó a la historia como el de «Las Trece rosas». En realidad fueron catorce, porque Antonia Torres, que se libró por un errata en su expediente, corrió la misma suerte meses después, en febrero de 1940. Su historia fue reconstruida hace unos años en la novela de Carlos Fonseca, adaptada más tarde al cine.
Carmen, al que el grupo de mujeres conocía como la «peque» por ser la menor de todas ellas, fue condenada a 12 años y desterrada a 350 kilómetros de Madrid al recobrar la libertad. Entonces comenzó su nueva vida en Valencia. Aquí había venido su hermana Angelita, que también había sido detenida junto a su hermana, aunque fue liberada por no pertenecer a las JSU.
El drama de estas hermanas fue más allá de su reclusión en la cárcel de Madrid. Al padre lo fusilaron junto a otros 17 presos, y otro de los hermanos, piloto de la República, también fue encarcelado. Precisamente su hermana Angelita, de 91 años, sigue luchando por encontrar los restos de su padre.
La muerte de Mari Carmen ayer en Valencia, uno de los últimos testigos de los primeros episodios de represión, conmocionó a los partidos de izquierda. Rosalía Sénder, histórica militante comunista, lamentó la pérdida de una mujer «fiel a sus ideales hasta el final, muy combativa y valiente».
Matías Alonso, responsable del grupo de memoria histórica de la fundación Societat i Progrés, señalaba el compromiso de Carmen con la democracia y Valencia, porque «contribuyó desde aquí a que los valencianos consiguiéramos las libertades».
También desde Esquerra Unida y el Partit Comunista del País Valencià (PCPV) mostraron sus condolencias. Estos últimos la despidieron con una cita de Bertolt Brecht: «Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay mujeres que luchan muchos días y son muy buenas. Hay mujeres que luchan toda su vida. Y esas son imprescindibles».

«Pertenecía a una generación irrepetible»
Tina, hija de Mari Carmen Cuesta, destacaba ayer como gran valor de su madre la precocidad de su toma de conciencia política, desde las huelgas de 1934 en Asturias, de donde procedía parte de su familia. «Formaba parte de una generación irrepetible que asumió un compromiso contra el fascismo desde muy jóvenes», aseveró.
«Si algo caracterizó este proceso es que fueron muchas mujeres las que se sumaron; unas mujeres que han mantenido su militancia y su coherencia, luchando por un mundo más justo, la paz y la igualdad de las mujeres. Ha luchado de manera increíble hasta su muerte», señalaba ayer su hija Tina. Mari Carmen Cuesta, la más joven de «Las 13 rosas», será despedida hoy a las 13 horas. Sus restos serán incinerados en el Crematorio de Valencia.

levante emv.com vía faceboock

 

Mª Carmen Cuesta - Una rosa inmarchita D.E.P.

 

 

Alcaldía y PSOE enfrentados por aplicar la Ley de Memoria Histórica en Los Corrales…

Toribio considera prioritario realizar mejoras en las calles del casco urbano mientras que los socialistas apelan al cumplimiento de acuerdos plenarios…

 

Urbanización de La Condesa, una de las más grandes de Los Corrales de Buelna. :: CAVIA

 

17.10.10 –

NACHO CAVIA | LOS CORRALES DE BUELNA

 

¿Qué es prioritario para los ciudadanos de Los Corrales de Buelna, solucionar el problema del grave deterioro de las aceras en la urbanización La Condesa o dar vía a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica?. Esa es la cuestión en torno a la que giran los últimos enfrentamientos entre el equipo de gobierno municipal que preside Mercedes Toribio Ruiz (PP), y el Grupo Municipal Socialista, encabezado por su portavoz, Óscar del Val. Éste último apela al cumplimiento de un acuerdo plenario que no acaba de formalizarse, especialmente en el cambio de nombre de una decena de calles sobre el que había un principio de acuerdo, o al menos una aproximación de posturas.

Mercedes Toribio mantiene lo que viene diciendo desde el inicio del debate sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica: que no es prioritaria o al menos que no lo es frente a lo que considera necesidades acuciantes de los ciudadanos.

Y ahí vuelven a enfrentarse los dos portavoces. Porque Mercedes Toribio apela a que es más urgente el arreglo de las aceras de la urbanización La Condesa, una de las zonas más populosas y desde luego la más céntrica de Los Corrales de Buelna, diseñada por el concejal y también arquitecto Óscar del Val. En la actualidad, según la alcaldesa de Los Corrales, el mal estado de estas aceras está costando mucho dinero a las arcas municipales en concepto del pago de indemnizaciones a las personas que sufren daños personales.

Con cierta ironía, el portavoz socialista y arquitecto contesta que él dibujó rectas las aceras y que quizás el problema reside en que en los últimos dieciséis años el Ayuntamiento de Los Corrales no ha hecho nada por arreglar zonas públicas como es el caso de esas calles.

Para Mercedes Toribio sería conveniente conocer qué es más importante para los ciudadanos, mientras que para Óscar del Val la cuestión es que con ese debate se intenta desviar la atención consiguiendo retrasar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, ocultando así una mala gestión del gobierno popular.

Medio millón de euros

La alcaldesa de Los Corrales señala una cifra: medio millón de euros que el Ayuntamiento necesita para solucionar el deterioro de las aceras de La Condesa. Óscar del Val aporta un hecho: ni se aplica la ley, ni se mejoran las aceras, ni se convoca ninguna de las comisiones donde tratar alguno de esos dos temas.

Eso sí, la alcaldesa ha señalado que se convocará la Comisión Especial de Aplicación de la Ley de Memoria Histórica cuando llegue el momento. Todo hay que decirlo, sin coste para las arcas municipales, porque los concejales renunciaron a cobrar por asistencia a esa comisión especial.

El Diario Montañés vía google noticas

LAS LEYES ESTÁN PARA CUMPLIRSE…

Una vez más aparece la controversia de la adecuación o no sobre la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Por desgracia y en los tiempos que corren, puede parecer  para aquellos que sufren de amnesia histórica o no tienen familiares afectados por la represión franquista, o si los tienen les importa un comino, una frivolidad el utilizar recursos públicos en la aplicación de susodicha ley.

Para que no queden dudas al respecto, me gustaría enumerar una serie de circunstancias y de factores que argumentan el por qué es conveniente que la Ley de la Memoria Histórica (sin entrar en más disquisiciones de si es o no una ley apropiada) se aplique en su totalidad y en todo el Estado.

Si nos atenemos al derecho y la justicia sobran argumentos, pero el principal sería que las leyes están precisamente para ser cumplidas y no discutidas y puestas en entredicho continuamente dependiendo de a quiénes o no favorecen. Y en el caso de que no se consideren adecuadas, hay mecanismos legislativos y jurídicos para poder modificar o derogar las mismas. Pero mientras no sea así, éstas deben ser cumplidas sin excepción y excusas, sino se está cometiendo una falta o delito premeditado, además de poner en riesgo todo el sistema de libertades, derecho y justicia.

Claro está que todo tiene un origen, y las leyes no van a ser menos, por eso cuando se legisla y se aprueba una ley, ésta debe ir acompañada de los medios necesarios para que su aplicación sea factible y real con el fin de no hacer inoperante la misma, es decir, debe contar con las herramientas necesarias para su práctica y uso, tanto humanas como materiales y económicas, si no es así, es que algo falla en el sistema.

Un país que se pretende moderno, democrático y sobre todo aspirante a ser una potencia europea y mundial en muchos aspectos, no puede ni debe obviar su historia, el derecho y los acuerdos internacionales que tiene firmados y ratificados con los diversos entes jurídicos y legislativos mundiales, saltándose todas las recomendaciones y leyes que a éste efecto se le han hecho desde los diversos estamentos y que van en contra del Constitucionalismo Internacional. Y cuanto menos, no puede moralmente exigir a otros países el cumplimiento internacional de leyes si él mismo es incapaz de aplicarse el cuento.

Como colofón final, no me gustaría pasar por alto lo que a mi modo de entender es más importante que los puntos anteriores, y que no es más que el derecho de las víctimas y sus familiares a ser reconocidos, a que sea condenado y por tanto reparado el mal causado por el régimen absolutista, dictatorial y criminal de Franco, el cual aplicó el concepto de limpieza ideológica premeditado, planificado y sistemático después de haberse alzado ilegalmente contra un gobierno electo y legitimado por el sufragio universal y haber sido precursor y provocador de una Guerra Civil. Debería ser el propio Estado el valedor y encargado de proteger a las víctimas, así como el promotor de trabajar para recuperar la memoria histórica del país en su totalidad, creando los espacios, museos, archivos y políticas educativas que mantengan vivo el recuerdo de un pasado que no debería repetirse nunca. Y para ello hay que recordar y divulgar la propia historia, no como un modo de venganza y escarnio de lo acontecido, sino con el sentido pedagógico y educativo que requiere un acontecimiento tan importante en los anales de nuestra historia. ¿Se imaginan a una Alemania anclada en el olvido del nazismo y la II Guerra Mundial?

España tiene una importante deuda histórica, jurídica y moral con ella misma, y un país que arrastra un lastre pretérito tan pesado  es muy difícil que avance hacia un futuro con buen ritmo y paso, sobre todo, cuando es incapaz tan siquiera de hacer cumplir sus propias leyes. Lo dicho controversias a parte, las leyes están para cumplirse.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I. La Memoria Viv@