Símbolos a la espera de los jueces…

diciembre 5, 2010

FARMACIA POR SI ACOS. 05/12/2010

La retirada de gran parte de la abundante simbología franquista que aún existe en calles y edificios de A Coruña está aprobada y su aplicación avanza, aunque muy lentamente. Tres descendientes de colaboradores del Golpe de 1936 o de la dictadura han denunciado ante los tribunales al Ayuntamiento coruñés por retirarles todos los honores concedidos durante el franquismo.

La familia del falangista ha recurrido la retirada de honores

Pendiente de sentencia están ahora mismo la retirada, ya efectuada, de la enorme estatua de Millán-Astray que lucía una pequeña plaza del centro de la ciudad. También un juez deberá pronunciarse sobre las dos demandas que planteó la familia de Juan Canalejo, una contra el acuerdo municipal y otra contra los expertos que asesoró al Ayuntamiento. Y los descendientes de otro militar franquista, el teniente coronel Teijeiro, también acudieron a la Justicia contra la decisión de retirar su nombre de una calle. Estos últimos ya perdieron un recurso judicial por considerar el juez que los nombres de las vías públicas es competencia municipal, no un problema de interpretación histórica.

El País.com (Galicia)


Canalejo, ¿colaborador franquista o conspirador?

diciembre 5, 2010

Documentos históricos atestiguan que el jefe coruñés de la Falange trabajó con la conjura que preparó el golpe del 36

Juan Canalejo - Falangista (Fotografía novashistoria.blogspot.com)

PAOLA OBELLEIRO – A Coruña – 05/12/2010

Está aún por escribir la biografía de Juan Canalejo (1897-1936), uno de los jefes de la Falange en Galicia más insignes y activos en los meses previos al Golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Conspirador violento para el Gobierno de la República, mártir para la dictadura franquista, el militar coruñés que dio nombre durante más de medio siglo al hospital de su ciudad natal y que fue reiteradamente honrado por su Ayuntamiento tuvo, sin embargo, un papel relevante en la preparación de la sublevación que derivó en la Guerra Civil. Así lo atestiguan documentos históricos, informes de la Falange guardados en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, informaciones de prensa y testimonios varios.

Para la comisión de expertos sobre cuyo informe se basó el Ayuntamiento coruñés para retirar a Canalejo los títulos honoríficos de hijo predilecto y concejal honorario (concedidos en 1943) así como su nombre a la calle en la que sus padres habían tenido una panadería, no hay duda: el jefe provincial de la Falange y jefe territorial de las milicias armadas “cuyo objetivo era derribar el régimen republicano” estuvo “implicado en la conjura previa a la sublevación militar”.

Juan Canalejo, según consta en la Comisión Municipal permanente de agosto de 1939, es honrado por ser “precursor del Movimiento, maestro en doctrinas nacional-sindicalista y conductor de juventudes”. El historiador Luis Lamela, uno de los expertos que asesoró al Ayuntamiento, saca a relucir un informe oficial de la Falange en el que se desgrana la acción de José Laciana, uno de los más próximos colaboradores de Canalejo. En uno de los múltiples pasos de este último por la cárcel, Laciana lo sustituyó en vísperas de la sublevación. “Durante ese tiempo, lleva personalmente la dirección y el enlace de la Falange con el Alzamiento colaborando con los mandos militares comprometidos y recibiendo instrucciones de Madrid”. Para Lamela, está claro que Canalejo sí colaboró, como dirigente de la Falange, “en la fase previa al llamado Movimiento Nacional”.

Pero su familia, encabezada por su única hija, María del Carmen, lo niega y recurrió la decisión municipal ante los tribunales. Un juez, tras admitir el caso, será el encargado de decidir si hay realmente datos históricos, cuya veracidad contestan rotundamente los descendientes de Canalejo, para aplicar en este caso, como acordó el Ayuntamiento, la ley de Memoria Histórica que obliga a retirar de calles y edificios públicos “toda exaltación” a los colaboradores del golpe de 1936, de la Guerra Civil y la dictadura.

Para la hija de Canalejo, religiosa en A Coruña, los expertos e historiadores que asesoraron al Ayuntamiento se basaron en “razones falsas, inciertas y sin apoyo fático” para recomendar la retirada de honores a su padre. la Falange nunca fue ilegalizada, arguye, y su padre estaba en la cárcel cuando se produjo el Golpe de Estado.

Canalejo, teniente de Intendencia y amigo personal de José Antonio Primo de Rivera, comenzó una activa carrera política, centrada en acciones violentas para desestabilizar el Gobierno republicano tras acogerse a la ley de Azaña que permitía a mandos militares contrarios a la República retirarse con paga del Ejército. Se libró de la cárcel, gracias al chivatazo de un amigo, cuando la cúpula de la Falange fue detenida en abril de 1936. Pero fue apresado dos meses después en Madrid, junto a otros destacados dirigentes falangistas. Y en noviembre, ya iniciada la Guerra Civil, fue ejecutado sin llegar a ser juzgado en el violento suceso de Paracuellos del Jarama (Madrid).

El País.com (Galicia)


El impacto del franquismo en el Alto Palancia…

diciembre 5, 2010

El final de la guerra civil dio paso a una represión cruel contra quienes en 1936 se habían decidido por la defensa de la Constitución y la Segunda República. El periodista e historiador Ramón Marín analiza en La represión franquista en el Alto Palancia el impacto de esa violencia de Estado sobre los que perdieron la guerra y las claves de la represión: las fosas, los campos de concentración, los consejos de guerra, los fusilamientos, las cárceles, el exilio, la represión económica y el exterminio del maquis.

La obra se presentará al público el 10 de diciembre, a las 19.00, en el casino de la localidad de Segorbe.


 

El Caudillo y Dictador Francisco Franco Bahamonde, artífice de llevar a cabo el Golpe de Estado contra la II República, dirigir el bando Nacional durante la Guerra Civil y máximo responsable de la represión de su régimen (Fotografía de archivo)


La Junta aprueba las indemnizaciones para 31 mujeres vejadas…

diciembre 5, 2010

El plazo acaba el 15 de enero y ya se han presentado un centenar de solicitudes

ISABEL PEDROTE – Sevilla – 05/12/2010

Desde que el pasado día 13 de octubre entró en vigor el decreto de la Junta para indemnizar a las mujeres que fueron vejadas en la Guerra Civil y el franquismo, la Comisaría para la Recuperación de la Memoria Histórica ha recibido más de un centenar de solicitudes. La comisión de evaluación ha resuelto ya favorablemente 31 casos, que se encuentran en trámite de visado por la Consejería Gobernación (departamento al que está adscrita la comisaría) para hacer entrega a las mujeres de 1.800 euros en un solo pago, una aportación simbólica que pretende reparar el sufrimiento de estas víctimas, las grandes olvidadas hasta ahora de la memoria histórica.

Según fuentes de la comisaría, muchas peticiones, que se podrán presentar hasta el 15 de enero, se han desechado por falta de información o porque las mujeres viven fuera de Andalucía desde hace 50 o 60 años. Uno de los requisitos es precisamente la residencia en la comunidad. En algunos casos, se han reclamado datos adicionales. Al tratarse de hechos ocurridos hace entre 74 y 60 años, una buena parte de las mujeres han fallecido. Aunque inicialmente no figuraba en el decreto, posteriormente se incluyó la obligatoriedad de adjuntar una fe de vida de la afectada, a la que se unen declaraciones juradas, informes históricos y testimonios de terceros.

Es imposible aportar expedientes administrativos o judiciales porque este tipo de castigo, ideado para degradar a las mujeres republicanas en su honor y dignidad, no se hacía constar en ningún registro.

El decreto se conoce como el de las pelonas porque así se les llamaba a las mujeres que les cortaron el pelo al cero y las pasearon por las calles después de obligarles a ingerir grandes cantidades de laxante. No obstante, las mismas fuentes de la comisaría precisan que se ha tenido en cuenta cualquier tipo de vejación. Las más frecuentes fueron las violaciones.

El País.com (Andalucía)

Mujeres víctimas de la represión franquista "Las rapadas"


“Nos avergonzaba matar”

diciembre 5, 2010

Eduardo Uriarte, condenado en el juicio de Burgos y amnistiado en 1977, recuerda 40 años después por qué fue clave un proceso del que la dictadura quiso hacer una causa ejemplar

LUIS R. AIZPEOLEA 05/12/2010

La decisión de matar a Melitón Manzanas se tomó en nuestro entorno. Pero nunca supimos ni quisimos saber quién había sido su autor. Nos daba vergüenza matar porque no lo teníamos asumido y porque todavía aquella organización repudiaba el asesinato”. Así se pronuncia Eduardo Uriarte a los 40 años del Proceso de Burgos, que juzgó en un tribunal militar constituido en la capital castellana a 16 militantes de ETA por el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político Social de San Sebastián, la policía política del dictador Franco, el 2 de agosto de 1968.

 

Seis de los acusados en el proceso de Burgos. Arriba, Arana, Gorostidi y Onaindia. Abajo, Abrisketa, Larena y Gesalaga.-

Para seis de ellos, incluido Uriarte, que entonces tenía 24 años, el fiscal militar pidió la pena de muerte. Los otros cinco condenados a la pena máxima fueron Francisco Javier Izko, Mario Onaindia, José María Dorronsoro, Jokin Gorostidi y Francisco Javier Larena.

El juicio se inició el 3 de diciembre de 1970 y terminó el 30 del mismo mes. Los condenados a muerte fueron indultados por el dictador. El Proceso de Burgos marcó un hito en la historia del franquismo. La dictadura quiso aprovechar el que fue el primer atentado mortal asumido por una ETA que tenía menos de 10 años de existencia para reforzar el régimen autoritario y neutralizar a las corrientes democráticas que emergían en la sociedad española.

Pero se le volvió en contra. Hubo movilizaciones inéditas contra la dictadura en las calles españolas, sobre todo en el País Vasco, donde tuvo gran seguimiento una huelga general. La Iglesia española se despegó del régimen y este recibió presiones de los países democráticos europeos que pidieron el indulto a Franco. Nunca hasta entonces la oposición a la dictadura había alcanzado aquellos niveles de protesta, que llevó a declarar el estado de excepción en el País Vasco y posteriormente en toda España.

“Si ETA hubiera abandonado la violencia en la transición, habría sido un referente del antifranquismo”

Eduardo Uriarte recuerda que aquella ETA no tenía que ver con la de ahora. De hecho, la decisión de matar al jefe de la Brigada Político Social no fue el resultado de una estrategia, sino la venganza por la muerte del líder de ETA Txabi Etxebarrieta, de 25 años, el 7 de junio de 1968 por la Guardia Civil. “Nos roían las ganas de venganza y, sobre todo, la necesidad de dar una respuesta que demostrara que ETA no estaba acabada”.

Todos los procesados en Burgos fueron detenidos en 1969, y en la etapa que pasaron en la cárcel hasta la celebración del juicio, en diciembre de 1970, la mayoría evolucionó desde el nacionalismo a posiciones de izquierdas, muy en boga tras el mayo de 1968, y alejadas del recurso al terrorismo. “Evolucionamos en la cárcel. El nacionalismo presente en ETA se había dejado seducir por el discurso marxista y antiimperialista. En nuestros discursos en la sala del juicio abogábamos por la solidaridad internacionalista y a veces nos declaramos marxistas-leninistas, lo que molestó a los nacionalistas del exterior”.

Uriarte está convencido de que el régimen de Franco trató de utilizar el incipiente uso de la violencia de aquella ETA para demonizar a la oposición democrática con un enorme despliegue propagandístico de sus acciones en los medios de comunicación, controlados por el régimen.

“Pero el resultado fue contrario a sus intereses. Logró que para mucha gente, no solo en el País Vasco, los jóvenes de ETA fuéramos unos héroes contra la dictadura cuando la realidad era que ETA en ese momento era una organización muy debilitada y dividida internamente”. También contribuyó a este resultado la estrategia de los procesados de plantear un juicio político. “Había que aprovechar la ocasión para denunciar ante el mundo la dictadura de Franco”. El Proceso de Burgos dio tal prestigio a ETA que aumentó muchísimo su afiliación, recuerda Uriarte.

Uriarte tiene claro que el juicio de Burgos marcó “el principio del fin de la caída del régimen de Franco, que vivía una contradicción insalvable, entre un liberalismo económico y un régimen autoritario”. Un sector del régimen, liderado por el almirante Carrero Blanco, quiso utilizar el proceso para garantizar la continuidad del régimen tras la muerte de Franco y mostrar a Estados Unidos que España se encontraba ante una seria amenaza que requería una respuesta política autoritaria.

El régimen cometió además otro profundo error, señala Uriarte, porque no solo respondió con represión desproporcionada -las fuerzas de orden público mataron a tiros a un manifestante de 19 años, Roberto Pérez Jáuregui, e hirieron de bala a otros-, sino que recuperó el discurso más fascista de los años de posguerra. Entonces, Europa descubrió que la España de Franco era una asignatura pendiente tras la victoria aliada contra el fascismo. Europa pidió clemencia a Franco, e incluso lo hizo el presidente de Estados Unidos Richard Nixon. También se sumó a esta petición el Vaticano, y la Iglesia española, al hilo del proceso, comenzó a desmarcarse del régimen. Un sector del Ejército reconocería posteriormente que se había sentido utilizado.

Los procesados contaron con las simpatías de la izquierda española. Entre sus abogados figuraron socialistas, como Gregorio Peces-Barba y José Manuel Moreno Lombardero, y comunistas, como Josep Solé Barberá.

La otra cara de la moneda fue la puesta en marcha del mecanismo de la violencia. “Es verdad que allí se incubó el virus de los elementos perversos que posteriormente hemos conocido y sufrido. La ETA posterior al Proceso de Burgos se quedó con lo peor de nosotros al hacer de la violencia el centro de su política e ideología”. Uriarte sitúa el inicio del terrorismo de ETA en el atentado de la cafetería Rolando, en la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol de Madrid, en septiembre de 1974. Costó la vida a 14 personas e hirió a decenas.

Los condenados a muerte en el Proceso de Burgos pasaron siete años en la cárcel. Fueron amnistiados en 1977, tras la reinstauración de la democracia. De los seis, dos de ellos ya han fallecido: Onaindia, en 2003, y Gorostidi, en 2006.

Solo uno de los 16 condenados, Jesús Abrisketa, volvió a ingresar en ETA. Una mayoría se vinculó a la extinta Euskadiko Ezkerra y algunos prolongaron su travesía hasta el PSE, como Onaindia y Uriarte. Una minoría -Gorostidi, Itziar Aizpurua y Julen Kalzada- se unió a Herri Batasuna. Uriarte lo explica así: “Todo lo que nos sucedió, incluido el Proceso de Burgos, fue una catarsis para casi todos nosotros. Salimos bastante tocados por la experiencia vivida. Aunque jugamos el papel de héroes en el proceso, reflexionamos sobre la tragedia que supone la violencia”.

Cuarenta años despúes, Uriarte cree que hay que entender el proceso en el contexto de la dictadura. “No es sorprendente que en un país en efervescencia un grupo de jóvenes cayera en la dinámica de la violencia frente a una dictadura que negaba a los ciudadanos los derechos más elementales”. Y respecto a ETA, “si hubiera tenido la difícil clarividencia de haber abandonado su actividad violenta al inicio de la transición, hubiera sido una referencia de la resistencia al franquismo”. No lo hizo. “Fue más un movimiento nacionalista radical que antifranquista. Y al final ha sentido la humillación de ser rechazada por todos los demócratas a escala internacional”.

El País.com Domingo


José Cabañas: ´Los jueces que eluden investigar el franquismo incurren en prevaricación´

diciembre 5, 2010

“El Gobierno ha dado un trato justo a las víctimas del terrorismo pero poco ha hecho por los represaliados” . “Los políticos se mueven por la presión del movimiento de la memoria”

Hasta el momento, ninguno de los seis juzgados gallegos en los que el juez Baltasar Garzón delegó las investigaciones del franquismo -Aranga, Mondoñedo, Portomarín, Baiona, O Porriño y San Andrés de Xeve- han acatado el requerimiento del magistrado. Para el historiador José Cabañas, que mañana presentará ‘La Bañeza 1936. La vorágine de julio’ en la Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña, los jueces que no investigan los ‘paseos’ del régimen de Franco pueden incurrir en “prevaricación”

R. PRIETO A CORUÑA

¿Cómo surgió el libro La Bañeza 1936. La vorágine de julio?

-Siendo descendiente, nieto y sobrino, de dos de las 17 víctimas del franquismo habidas en mi pueblo. Jiménez de Jamuz, desde el interés particular y familiar en saber de lo sucedido a los tuyos vas entrando en el interés colectivo, pasando de la memoria particular a la pública. Vas conociendo la falsificación histórica perpetrada y el silencio, el desconocimiento y el olvido de lo sucedido y empiezas a sentir la necesidad de contar lo que vas descubriendo. Como por ejemplo que entre los muchos represaliados con prisión de aquella tierra estaba un coruñés de Arzúa, Manuel Saavedra Carril, de 44 años, casado, médico de Villamontán de la Valduerna. Es un intento de restaurar en lo posible la verdad y poner en su merecido y justo lugar la bonhomía de las víctimas y la desfachatez de los verdugos.

-La ley de memoria histórica aprobada hace ya tres años, ¿ha sido suficiente?

-Ha sido y sigue siendo insuficiente, aunque ha supuesto un paso en el camino. Insuficiente también desde el punto de vista comparativo con el trato dado a las otras víctimas, a las de la violencia republicana, y de la equidad entre unas y otras víctimas. Y también con el justo y adecuado tratamiento dado a las actuales víctimas del terrorismo y lo poco que se ha hecho hasta la fecha por las víctimas del terrorismo de Estado que sin duda fue la violencia del franquismo. Hay deficiencias estruendosas, como que todavía queden tantos asesinados en las cunetas y tantas injustas e ilegítimas sentencias de la justicia al revés del franquismo sin anular.

-De no haber sido por la investigación de los historiadores y colectivos de la memoria histórica, ¿habría habido esta ley?

La ley y las actuaciones de los políticos han ido siempre a remolque y movidas por la presión y las reivindicaciones del movimiento de memoria.

-¿El Gobierno debería asumir la exhumación de las fosas?

-Desde luego. Y no solo por que el franquismo recuperó y honró a sus víctimas con medios y dinero público en un escenario de atroces penurias en los años de la posguerra sino también por las de la legislación internacional en derechos humanos y de las víctimas de sus incumplimientos.

-Para los que no están de acuerdo con la apertura de fosas, investigar el pasado solo abre heridas.

-De ningún modo. Quienes venimos participando desde hace años en exhumaciones de víctimas del franquismo solo encontramos en los familiares de tales víctimas sentimientos de perdón a los victimarios, de piedad, sentimientos de humanitarismo como es el de enterrar dignamente a los muertos, y sensaciones de serenidad y de sosiego personal y familiar después de cerrar con ellas una etapa dolorosa y un duelo por sus deudos suspendido e irrealizado por tantos años. Nunca hemos visto en nadie el más leve sentimiento de revancha, ni siquiera de resentimiento. Las exhumaciones no abren heridas, sino que vienen a cerrar las sangrantes que por mucho tiempo han permanecido y permanecen en tantas familias de represaliados del franquismo.

-¿Cuándo darán por cerrado este capítulo de la historia de España?

Cuando se puedan dar por cumplidas, al menos en un grado suficiente, las exigencias que la legislación internacional en derechos humanos señala para situaciones históricas como las que se dieron en nuestro país: las de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Es decir, cuando de modo suficiente se de a conocer la verdad de lo sucedido; las sentencias de la injusticia del franquismo sean anuladas, y no quede ni un solo asesinado en nuestros montes y cunetas.

-Los juzgados territoriales de Galicia en los que Garzón ha delegado la investigación de las desapariciones del franquismo han dado carpetazo a los asuntos. ¿Qué le parece que ningún juzgado gallego haya abierto investigación por estos hechos?

-Cuando en Galicia y en cualquier otro lugar se exhuma una fosa común y aparecen unos restos humanos con signos de violencia, la justicia viene habitualmente, y salvo contadas excepciones, incumpliendo la obligación de intervenir con una investigación sobre los hechos que dieron pie a la existencia allí de dichos restos que señala la ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto sí que pudiera suponer prevaricación por parte de quienes desde los juzgados competentes omiten tales actuaciones. Por el contrario, la Justicia de nuestro país ha encausado por prevaricación al único juez que tímidamente y con mesura pretendió abrir un proceso por la represión franquista.

-¿La Audiencia Nacional debería investigar estos hechos o se trata de un delito que ya prescribió?

La Audiencia Nacional o la Instancia que corresponda de la Justicia española debería de hacerse cargo de la investigación de unos hechos delictivos que serían imprescriptibles y no amnistiables, por serlo de genocidio y de lesa humanidad. Tal es la tesis que han mantenido y mantienen muchos y muy reconocidos juristas como Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo; Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, o Jiménez Villarejo, ex fiscal general.

La Opinión de Coruña.es


La Junta aportará 18.000 euros para digitalizar la documentación de tribunales militares en la Guerra Civil…

diciembre 5, 2010

MÉRIDA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) –

La Junta de Extremadura firmará un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura y con el Ministerio de Defensa para la organización, descripción y digitalización de la documentación judicial de las provincias de Cáceres y Badajoz, generadas por los tribunales militares durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Este convenio ha sido autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que aportará 18.000 euros, según informa en nota de prensa.

Esta actuación se enmarca en el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, el Gobierno regional ha diseñado un programa de investigación en archivos, tanto locales como provinciales y nacionales para documentar el periodo histórico comprendido entre 1930-1975 en Extremadura.

Así, explica que en el Archivo General Militar de Ávila se custodian los legajos provenientes de los tribunales militares de las provincias de Cáceres y Badajoz, un material necesario y fundamental para la investigación y estudio del periodo de referencia.

Este periodo y las distintas fases represivas ocurridas en la región forman parte fundamental del citado proyecto de investigación, apoyado en el convenio firmado por las diputaciones de Cáceres y de Badajoz, la Universidad y la Junta de Extremadura.

http://www.europapress.es/extremadura/noticia-junta-aportara-18000-euros-digitalizar-documentacion-tribunales-militares-guerra-civil-20101203120229.html


La exposición ‘Tierra y libertad’ cerrará sus puertas el miércoles, tras recibir más de 40.000 visitantes…

diciembre 5, 2010

ZARAGOZA, 5 (EUROPA PRESS)

La exposición ‘Tierra y Libertad. Cien años de anarquismo en España’ cerrará sus puertas este miércoles, día 8 de diciembre, en el Palacio de Sástago de la capital aragonesa tras recibir más de 40.000 visitantes desde su inauguración, el 6 de octubre.

La muestra recorre la historia del anarcosindicalismo en el último siglo, propiciando un ejercicio de memoria histórica, al exponer la contribución del movimiento anarquista a la cultura, educación y lucha por la libertad, más allá de la visión tópica, aunque real de la violencia del anarquismo.

La exposición sigue cinco hilos conductores. En primer lugar, se analiza la ‘violencia’, un tópico y una realidad del anarquismo, recuperando episodios como el asesinato de Canalejas en 1912 en la puerta de una librería, que se recrea en el Palacio de Sástago.

También se analiza su repercusión en el mundo de la cultura y se reflexiona sobre el sindicalismo. Además, la exposición habla del Gobierno, dado que cuatro anarquistas se convirtieron en ministros, algo que generó tensiones y se consideró una traición desde movimientos anarquistas de otros países.

Por último, ofrece un resumen de su repercusión general, su legado en la vida del país, que también se recoge en el catálogo editado con motivo de esta exposición y en un libro-CD publicado bajo el mismo título.

La exposición se completaba con un sexto ámbito dedicado a la mujer, ‘Libertarias’, que pudo visitarse hasta el 28 de noviembre en el Palacio de Montemuzo, donde se mostraron más de 50 piezas, documentos y uniformes sobre la lucha de las mujeres en el anarcosindicalismo.

La exposición y el libro-CD, así como un congreso que se celebró en Huesca sobre esta misma materia, se incluyen en el proyecto ‘Amarga memoria’ del Gobierno de Aragón y han sido organizados, además de por el Ejecutivo aragonés, por las diputaciones provinciales de Zaragoza y Huesca y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Europa Press via Yahoo! España Noticias

 

 


La Comisión pola Memoria Histórica rechaza que la Xunta pague la apertura del pazo…

diciembre 5, 2010

REDACCIÓN | SADA

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña quiso felicitar ayer al Ayuntamiento de Sada por su decisión de recuperar el pazo de Meirás y su finca para el patrimonio público. Considera que se trata de una “buena noticia” y rechaza que sea la Xunta y por tanto todos los gallegos quienes paguen los gastos derivados de la apertura al público del inmueble durante cuatro días al mes, tal y como obliga la ley para los edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

“Independientemente de los aspectos jurídicos, este pazo es del pueblo porque fue adquirido a través de una especie de impuesto revolucionario semejante al que aplican organizaciones terroristas como ETA”, destaca la comisión. También considera que las declaraciones en las que Alberto Núñez Feijóo manifestaba que la Xunta estaba haciendo “absolutamente todo” para la apertura del pazo “no tienen la mínima credibilidad”. “Desde su declaración como BIC, la Xunta no ha hecho más que defender los intereses particulares de la familia Franco”, concluye.

La Opinión A Coruña vía google noticias

 

Pazo de Meirás (Fotografía del archivo de La Memoria Viv@)


Zafra entrega Premio José González 2010 al director Antonio Gallego…

diciembre 5, 2010

Zafra (Badajoz), 4 dic (EFE).-

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Zafra ha concedido el galardón “José González Barrero 2010” a Antonio Gallego Orellana, natural de Zafra, exiliado y residente desde hace sesenta y cinco años en México, donde ha desarrollado su carrera cinematográfica como director, guionista y actor.

El premio se entregara el próximo 17 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal de la localidad, en un acto en el que se estrenará el cortometraje “Una historia sin palabras”, del zafrense José Carrasco.

El corto está relacionado con la memoria histórica y es el último en el que intervino como actor el cantautor y político José Antonio Labordeta, recientemente fallecido.

Según ha explicado la presidenta de la asociación, Libertad González, Antonio Gallego Orellana es un exponente del exilio cultural español provocado por la dictadura franquista.

Su relevancia cinematográfica en Latinoamérica y su peripecia personal le convierten “en un ilustre personaje zafrense y extremeño lejos de su patria”.

Ésas son las razones para que la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Zafra le haya considerado merecedor del galardón “José González Barrero” en su edición de 2010.

Antonio Gallego Orellana nació en Zafra y pasó su infancia y juventud entre esta localidad, Burguillos del Cerro y Badajoz, donde estaba cuando comenzó la Guerra Civil.

Detenido por la policía portuguesa, estuvo encarcelado en el país vecino por sus ideas políticas hasta noviembre de 1945, en que fue liberado y viajó a América.

Afincado en México, su carrera cinematográfica la integran más de 200 películas en las que ha participado como guionista, director y productor, y a sus 87 años, sigue escribiendo.

Este galardón ha sido entregado en ediciones anteriores a la Plataforma Pro Hospital de Zafra (2001), la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui (2002), al historiador Justo Vila Izquierdo (2003), Amnistía Internacional (2004), Rafael Caraballo Cumplido (2005), Asociación Cultural Morrimer de Llerena y Palmira Gordillo Giraldo (2006), Juan Carlos Rodríguez Ibarra (2007), Luis Pla Ortiz de Urbina (2008) y Francisco Espinosa

ABC.es vía google noticias

José González Barrero alcalde de Zafra desde 1931 hasta 1936 y cuyos galardones llevan si nombre. (Fotografía: Pardo de Val vía google images)