La Navidad de 1937, en Cáceres, “NAVIDAD FUSILADA”

diciembre 12, 2010

Las Navidades de 1937, en Cáceres, un episodio sangriento que acabó con la vida de 200 republicanos en apenas cuatro semanas fruto de fusilamientos masivos por las fuerzas franquistas bajo pretexto de un supuesto complot, para dar escarmiento a la población. Una muestra de la represión sistemática en esas tierras del 36 al 39.  

 

Presentación del documental “NAVIDAD FUSILADA” de José María Sánchez Torreño

Viernes 17 de diciembre 2010

A las 19h30

Biblioteca pública de Cáceres

C/Alfonso IX, 26


“Tardé 32 años, seis meses y siete días en hallar a mi hijo”…

diciembre 12, 2010

Familias de niños robados durante el franquismo comparten éxitos y dudas

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 12/12/2010

 

Mar Soriano saluda a Carla Artés, con las fotos de sus padres, ayer en el Ateneo de Madrid.- ÁLVARO GARCÍA

Yo he encontrado a mi hijo. Me ha costado 32 años, seis meses y siete días…”. Carmen Cruz hablaba por videoconferencia desde Tenerife para una treintena de familias reunidas en el Ateneo de Madrid en unas jornadas sobre niños robados durante el franquismo y en los primeros años de la democracia. Carmen dio a luz en Bilbao en 1978. Tenía 17 años.

Dos juzgados creen que la Audiencia Nacional debe investigar estos casos

“Tuve a mi hijo en mis brazos, pero por más que me resistí, me lo quitaron”, recordaba emocionada. “El año pasado, después de muchas pistas falsas, de desanimarme muchas veces, al fin le encontré. Le he presentado a su padre, a sus hermanos… Debería haber dejado de buscar, pero siento la obligación moral de ayudar a encontrar a otros”. Lo ha hecho. Dos madres se han reunido con sus hijos gracias a ella.

En la sala escuchaban muy atentas familias que siguen buscando a sus seres perdidos. Algunas se entrevistaron recientemente con el fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, quien les dijo que la justicia no podía ayudarles, pero el Gobierno sí: creando una oficina de atención a las víctimas que funcionara como un gran banco de ADN donde ir a buscar a madres, hermanos o hijos separados durante el franquismo. “El fiscal nos ha llamado y quiere volver a vernos”, animaba al resto de familias Mar Soriano, hermana de Beatriz, que cree que fue robada porque en la clínica donde nació en 1964 (O’Donnell, Madrid) a sus padres le dijeron que había muerto de otitis y que no podían darles el cuerpo porque ya la habían enterrado.

Mar relató su visita al médico que firmó el documento que le entregaron a sus padres y en el que se dice que Beatriz murió de “otitis”. No le dijo quién era ella. Se presentó como una persona que quería ayudar a esa familia. “Me dijo que cómo era posible que me involucrara con comunistas que solo querían dinero”.

Como padrinos de las jornadas intervinieron Carla Artés, la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de mayo argentinas, y Paco Lobatón, que en su programa Quién sabe dónde ayudó a resolver casos parecidos. Artés explicó que espera para enero la sentencia contra el hombre que le robó su identidad, hasta que, al cumplir los 10 años, su abuela, que la había buscando por todo el mundo, le dijo quien era. “Yo tenía 10 años y lo asumí. Pero para muchos hijos que han seguido viviendo con los asesinos y torturadores de sus padres, descubrir con 30 años quiénes son es muy complejo”.

Lobatón cuenta que en su programa resolvieron 1.500 casos de desaparecidos. Recuerda uno con emoción, el de Rosa Maestre. “Lo único que teníamos era una foto suya minúscula de cuando tenía tres años. ¡Y la encontramos!”.

Fernando Magán, abogado de las familias, recordó que después de que el juez Baltasar Garzón hablara en un auto del robo de hasta 30.000 niños durante el franquismo, “muchas personas tuvieron la valentía de expresar su duda: ¿soy un niño robado?”. Mañana presenta un nuevo recurso para que la justicia se encargue de este asunto. Un segundo juzgado, el de Talavera, acaba de decir que el competente para investigar estos robos es la Audiencia Nacional.

El País.com


La batalla de la cuenta atrás…

diciembre 12, 2010

Un libro reconstruye los diez días de maniobras y discusiones que precedieron a la II Guerra Mundial

BRAULIO GARCÍA JAÉN MADRID 12/12/2010

Soldados alemanes derriban la barrera de la frontera con Polonia, el 1 de septiembre de 1939. 

Soldados alemanes derriban la barrera de la frontera con Polonia, el 1 de septiembre de 1939.AP

La publicación, a través deWikileaks, de los cables que las embajadas norteamericans han remitido en los últimos años a su Gobierno, desde los más distantes rincones del mundo ha sido calificada por algunos como “el sueño de todo historiador”. Sin embargo, aunque su publicación supone indudables ventajas para la transparencia y el control democráticos, su actualidad los priva de una coordenada clave para calibrar su importancia y su contexto: el paso del tiempo.

Porque si es cierto que el estudio de ese tipo de comunicaciones es una valiosa herramienta para los historiadores, también lo es que estos la aplican por definición a narrar los hechos del pasado. Eso ha hecho en parte Richard Overy, uno de los historiadores británicos más importantes sobre la II Guerra Mundial, en su estudio de los diez días que condujeron al estallido del conflicto, Al borde del abismo (Tusquets), recién traducido al español. Alrededor de una tercera parte de los documentos citados no habían sido hasta la fecha publicados.

Richard Overy traza un relato muy detallado sin olvidar el contexto

El análisis de los escritos de las oficinas diplomáticas de Francia y Gran Bretaña, así como Alemania y Polonia, nutre buena parte de su impactante relato. El 24 de agosto de 1939, el entonces primer ministro británico, Neville Chamberlain, dejó claro que si finalmente estallaba una guerra internacional no iba a ser “por el futuro político de una ciudad lejana en una tierra extranjera”. Se refería a Danzing, la ciudad a la que la Sociedad de Naciones había otorgado el estatuto de Ciudad Libre y que, aunque con mayoría de población alemana, estaba bajo la jurisdicción del estado polaco, creado también después de la I Guerra Mundial. El 1 de septiembre, de madrugada, un buque alemán, anclado precisamente frente al puerto de Danzing, abrió fuego contra una fortificación polaca, la de Westerplatte, y desencadenó la guerra. A esas alturas, muchos eran ya conscientes de que ese ataque suponía la materialización de la amenaza que Hitler había deslizado en mayo: “la cuestión es ampliar nuestro espacio vital en el este y asegurarnos el abastecimiento de víveres”, dijo en una reunión con sus jefes militares.

“Por grandes y arraigadas que fueran las fuerzas que empujaron a la guerra, hubo un momento en que los principales agentes históricos involucrados tuvieron que hacer frente a dichas fuerzas y decisiones difíciles”, escribe Overy en el prólogo. El análisis de esa toma de decisiones de los actores implicados, en diálogo permanente con las causas y principios estructurales, tiene un objetivo claro: “demostrar que en la historia nada es inevitable”.

El relato de Overy es detallado, casi minimalista. Pero sin desmarcarse nunca del contexto. Así, el lector descubre, junto a las vacilaciones del propio Hitler durante los últimos días de agosto, que llegó a ordenar el ataque y a deshacer la orden que él mismo había dado, los comentarios de un joven militar alemán: “Adolf se ha amilanado”. Y junto al deterioro del orden europeo y la crisis económica de los años treinta, los motivos más inmediatos, como la “intransigente negativa” de Polonia a cualquier tipo de concesión frente al empuje alemán, que hace meses anotó un funcionario del Foreign Office británico.

“El objetivo es demostrar que en historia nada es inevitable”, dice

El autor no omite tampoco esa comidilla que de haberse conocido entonces habría acaparado los titulares. “Llevaba tiempo esperando con mucha ilusión esta semana de caza”, confió el británico rey Jorge VI a su embajador en Egipto. “Fue francamente deplorable que ese villano de Hitler lo alterara todo”, añadió. Pero puestos en perspectiva, esos comentarios ocupan su merecido y despreciable lugar, en los márgenes de la historia y del texto.

Público.es

 

 


‘Después de que la raparan y le dieran aceite de ricino, la callaron para siempre’

diciembre 12, 2010

Se negó a que una de sus hijas fuera la criada de un ‘señorito’…

Vídeo: Esther Lobato: Para ver pinchar en el enlace:

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/06/andalucia_sevilla/1291657756.html

Eduardo del Campo | Sevilla

Se llamaba Ana Rodríguez Bolaños. En la foto se la ve en la puerta de su casa en Zalamea la Real, en la cuenca minera de Huelva, rodeada por su marido y sus cinco hijos. Reina la República y ella aún es joven. Tiene una expresión tranquila y su pelo largo recogido en un moño al aire. Hay que imaginársela, muy poco después, en 1937, con la cabeza cubierta con un pañuelo para ocultar la infamia. Durante la represión desatada en la retaguardia franquista, se la llevaron un día de su casa para darle un escarmiento.

Como a miles de mujeres en España, le raparon el pelo y le hicieron tragar aceite de ricino para que se le descompusiera el vientre. «’Toma, que te has cagado delante de la gente’; lo que se trataba era de humillarlas». Sus nietos Juana y Manuel Ramírez Domínguez cuentan que ese episodio traumatizó a su abuela y marcó a la familia, que emigró a Sevilla, donde aún residen.

Su abuela Ana no pertenecía a ningún partido o sindicato de izquierdas, pero se rebelaba en la vida cotidiana. Como cuando fue al colegio de sus hijas y le dijo a la maestra «menos rezar y más darles de leer, que es lo que hace falta», o cuando se negó a que su hija Encarna (madre de Juana y Manuel) trabajara de criada en la casa de un «señorito» local y prefirió que se colocara con los ingenieros ingleses de las Minas de Riotinto. Bastó ese «hacerle un feo» para «señalarse».

«Después de eso, la callaron para siempre. Se quedó traumatizada para toda su vida», dice Juana. Ana sufrió depresiones hasta su muerte en 1979, con 85 u 86 años.

El decreto por el que la Junta de Andalucía indemnizará con 1.800 euros a las mujeres aún vivas que sufrieron el rapado, el ricino, el escarnio público u otro tipo de vejación, llega tarde para todas las que, como Ana Rodríguez Bolaños, ya han muerto, pero todavía a tiempo para unas pocas supervivientes.

El plazo de tres meses para reclamar acaba el 14 de enero. En las dos primeras semanas, la Consejería de Gobernación había recibido 16 solicitudes. El 14 de octubre el Parlamento aprobó a propuesta del PSOE una moción no de ley para instar a la Junta a que establezca además «una Declaración de reparación y reconocimiento personal, de carácer público, que se extienda a todas ellas y las familias de las ya fallecidas», para incluir casos como éste

El Mundo .es


Garzón y la universalidad del derecho a la verdad…

diciembre 12, 2010

Amigos y miembros de La Memoria Viv@ apoyando frente a la A. N al juez Baltasar Garzón el pasado mes de Abril

Es desconcertante que el magistrado sea juzgado por lo mismo que, de su mano, España exportó a América Latina: perseguir hasta el final a quienes habían cometido los mismos crímenes que perpetró el franquismo

LEANDRO DESPOUY 10/12/2010

Aunque previsible, resulta asombroso el impacto que ha tenido en la opinión pública internacional la suspensión y el enjuiciamiento posterior del magistrado andaluz Baltasar Garzón. Pero lo más llamativo continúan siendo las múltiples y desconcertantes acusaciones que se le formulan aunque, claro está, todas se enlazan con aquella originaria presentada por los grupos de ultraderecha, que marcó con nitidez la impronta ideológica de las sucesivas denuncias.

Wikileaks confirma que el Gobierno de Bush combatía la jurisdicción universal y a jueces como Garzón

Lo cierto es que juristas, políticos, intelectuales, numerosas víctimas y ciudadanos del mundo entero siguen con creciente inquietud las noticias procedentes de España a la espera de un veredicto que defina la situación de quien supo darnos tan buenas y alentadoras noticias como fueron el pedido de extradición de Pinochet o el impulso de las causas contra los argentinos Ricardo Cavallo, Adolfo Scilingo y otros. Además lo hizo, en todos los casos, avalado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional español que, por ejemplo, declaró competente la jurisdicción española para el juzgamiento de masacres cometidas en Guatemala hace décadas. En su coherente aplicación de la jurisdicción universal, Garzón y España aportaron al mundo valiosos precedentes en el campo de los derechos humanos y en particular en la realización del derecho a la verdad en tanto que derecho inalienable e imprescriptible cuya exigibilidad jurídica alcanza a todos los Estados.

Como relator especial de la ONU tuve a mi cargo, en 2006, la redacción del informe en el que el derecho a la verdad fue formalmente reconocido (E/CN.4/2006/52). Dos párrafos de ese informe (30 y 34) destacan con interés la situación de España. Todavía recuerdo el entusiasmo con que muchos diplomáticos en Ginebra, entre ellos algunos españoles, celebraron su aprobación en la Comisión de Derechos Humanos -hoy Consejo- de las Naciones Unidas.

Un nuevo clima se vivía en el mundo. Teníamos la sensación de haber hecho retroceder las murallas de la impunidad hasta lograr el derrumbe del negacionismo. La verdad comenzaba a recorrer los mismos senderos de exigibilidad que el derecho a la justicia, y la memoria se transformaba en uno de los motores más genuinos de la reconstrucción histórica.

Cuando se aprobó mi informe, en España se había encomendado a la entonces vicepresidenta de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la tarea de articular la comisión encargada de restablecer la memoria sobre los crímenes del franquismo. No obstante los importantes avances producidos, ese loable propósito valorado por las víctimas ha ido encontrando graves dificultades, crecientes obstáculos sembrados para silenciarlo. En este contexto, las acciones contra Garzón representan, para muchos, una suerte de contragolpe de la historia y la valiente trayectoria del magistrado agiganta aún más los enigmas que envuelven su enjuiciamiento.

Injusta, sorprendente e ingrata paradoja del destino. España construyó prestigio en el campo de los derechos humanos enarbolando los principios de la jurisdicción universal de los que Baltasar Garzón es un noble exponente, pero al obrar de esta manera se presenta ante el mundo como todo lo opuesto, olvidando que uno de los relatos míticos que más la identifica pondera la hazaña de quien ganó una batalla decisiva solo con su leyenda. Hoy, más que los valores de El Cid, lo que muestra ese relato es que las causas trascienden a los hombres y que de poco sirve aniquilarlos física o moralmente porque quienes han hecho historia perduran en ella.

Si la ONU reconoció en 1985 el terrible Genocidio de los armenios entre 1915 y 1923 a pesar de la tenaz oposición de la diplomacia de Turquía, y más recientemente la Comisión Europea (2007) y el Parlamento Europeo (2010) condenaron la subsistencia del artículo 301 del Código Penal turco que castiga su mención y por el que centenares de intelectuales -tal el caso del premio Nobel Orham Pamuk- son reprimidos en ese país, ¿cómo no considerar válida y legítima la reconstrucción histórica de los crímenes del franquismo en un país europeo y democrático como España?

Es un tanto sugestivo y desconcertante que Garzón sea juzgado por lo mismo que, de su mano, España exportó a nuestra América Latina no hace tanto tiempo: el noble servicio de perseguir hasta el final a quienes habían cometido los mismos crímenes que perpetró el franquismo. Ironías aparte, parece un revival de la historia, en el que los espejitos de colores solo se pueden vender en las colonias, pero se prohíben y castigan severamente en la metrópoli.

Resulta llamativa esta férrea resistencia a incursionar en la memoria desde el mundo del derecho. ¿Abarca la negativa al conjunto del pueblo español o se ha incrustado en un sector retrógrado de la sociedad? ¿Teme la justicia española el impacto moral de reconocer la aberración jurídica propia de hechos que muchos califican de genocidio? ¿O acaso teme que se desvele que aquella sangrienta contienda fue, más que una guerra civil, una auténtica cacería que se prolongó por décadas? Cada día resulta más difícil imaginar que una sociedad pueda considerarse madura si desconoce aspectos trascendentales de su propia historia. El carácter inexorable del conocimiento de la verdad nos permite afirmar, desde una perspectiva histórica, que verdad, justicia y reparación son componentes inescindibles de una sociedad democrática, y que, lejos de debilitarla, la nutren y la consolidan.

En la Argentina se juzgó a los principales responsables del plan de exterminio organizado por el terrorismo de Estado en el célebre e inédito juicio a las tres primeras juntas militares que ocuparon el poder entre 1976 y 1983, y aunque más tarde se establecieron límites a la persecución penal con las leyes de “punto final” y de “obediencia debida” y el presidente Carlos Menem indultó a todos los que habían sido condenados o estaban por serlo, nada impidió que 30 años más tarde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la nulidad de esas medidas legales y reencauzara el juzgamiento de esos crímenes. Incluso bajo la vigencia de los decretos de indulto y amnistía, los jueces siguieron adelante con los famosos “juicios de la verdad”, que permitieron profundizar las investigaciones aun cuando el Estado había renunciado transitoriamente a la pretensión punitiva. Jamás, en democracia, un juez fue acusado de prevaricar cuando reclamaba esta apertura o declaraba la inaplicabilidad de las leyes, o exigía que la investigación sobre la suerte de los desaparecidos siguiera su curso. Tampoco se le imputó tamaño improperio a la Corte Suprema de Justicia que reabrió las causas y posibilitó el castigo irrestricto de todos los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

España por la aplicación progresiva de la jurisdicción universal y Argentina por el reconocimiento absoluto del derecho a la verdad conforman los principales precedentes internacionales y nacionales, respectivamente, de un juzgamiento ejemplar de los crímenes contra la humanidad. Recientemente, a partir de una querella de las víctimas, la justicia argentina ha formulado un requerimiento para juzgar los crímenes del franquismo en aplicación de la jurisdicción universal. ¿Cómo responderá España? ¿Va a investigar a pesar de la amnistía de 1977 o dirá que esta última le impide hacerlo y, de esa manera -en un acto de involuntaria reciprocidad- abrirá los cauces de la jurisdicción argentina?

Inspirada en la aplicación de una doctrina universal, España ha sido el país que con mayor fuerza y coherencia ha solicitado a otros Estados el esclarecimiento de la suerte corrida por los españoles víctimas de estos crímenes fuera de sus fronteras. Cada año, en Argentina, la Embajada de España recibe la cálida y conmovedora visita de los familiares de españoles allí desaparecidos. La pregunta es si seguirá haciéndolo. ¿Tendrá España la autoridad moral y la misma fuerza que ahora para reclamar ante los gobiernos? ¿Serán sus reclamos tan eficaces e imperativos como lo han sido hasta el presente?

El impúdico strip tease informático con que Wikileaks desnuda las frivolidades de la diplomacia internacional, confirma con crudeza que las lacerantes comprobaciones que realizáramos cinco expertos de la ONU (E/CN.4/2006/120 ) sobre la situación de los detenidos en la Bahía de Guantánamo eran el resultado de una planificación estatal que comprometía y compromete a individuos determinados como responsables de violaciones gravísimas de los derechos humanos susceptibles de ser calificadas de “crímenes contra la humanidad”. Ello explica las encarnizadas batallas de la diplomacia estadounidense contra la aplicación de la jurisdicción universal y la lucha de Garzón. Más aún, los cables confirman que en este combate los enemigos nacionales cuentan con poderosos aliados en el nivel internacional. Léase Bush, Rumsfeld y compañía

Los jueces españoles tienen el deber moral de evaluar las previsibles consecuencias que tendrá en el mundo tamaño retroceso, no solo en el campo de los derechos humanos, sino también en la imagen y credibilidad del país. Nadie entiende el espanto que despierta en algunos sectores del pueblo español revisar hechos mucho más lejanos que los nuestros, sobre todo, luego de haber estimulado y acompañado con éxito una experiencia como la argentina, donde el esclarecimiento del pasado fecundó y fortaleció nuestra transición democrática.

En cualquier caso, es legítimo preguntarse cuántos años más podrá la cultura española continuar cerrando las ventanas a su propia historia. Tal vez una década o dos. Mientras tanto, es importante para todos que en esta larga y postergada toma de conciencia no perdamos, por necedad o ingratitud, a nuestros principales baluartes.

Leandro Despouy es auditor general de la República Argentina y fue relator especial de la ONU sobre la independencia de la justicia. Premio Justicia en el Mundo 2008.

El País.com

 

El juez Baltasar Garzón en uno de sus últimos actos en la Casa de América de Madrid antes de abandonar la A.N

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