El Gobierno tiene pendiente decidir si demole el antiguo edificio de Loterías, donde lucen símbolos franquistas…

diciembre 26, 2010

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno tiene que tomar una decisión sobre el futuro de la antigua sede de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), sita en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, un edificio perteneciente a Patrimonio Nacional obra de Manuel Ródenas, que fue inaugurado en 1963 y en cuya fachada luce un escudo franquista.

Los orígenes de la antigua sede de Loterías, que hasta el año pasado acogió el Sorteo Especial de Navidad, se remontan a 1958, año en el que se celebró un sorteo especial cuyos beneficios fueron destinados a la construcción de la sede. Desde 1963 hasta el año 2000, el personal de LAE compartió sus instalaciones con el Servicio de Aduanas.

A mediados de 2009 la sede de Loterías y Apuestas del Estado se trasladó a una nueva sede en la calle Capitán Haya de la capital, pero el Gobierno aún no ha decidido qué hará con el histórico edificio de Guzmán el Bueno.

“AGUILUCHOS FRANQUISTAS”

Así es lo ha explicado el Ejecutivo al diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien presentó una pregunta oral interesándose por los “dos aguiluchos franquistas” que aún lucen en el edificio del número 137 de Guzmán el Bueno.

El Gobierno ha confirmado que ese símbolo preconstitucional está catalogado en el mapa que se elaboró para aplicación de la conocida como Ley de Memoria Histórica, que prevé la eliminación de la simbología franquista, pero vincula su pervivencia a la decisión que se adopte sobre el futuro de la edificación.

A este respecto, informa a Llamazares de que recientemente se ha finalizado un estudio y que, en base a su informe final, se evaluará si se construye un nuevo edificio, se acomete una rehabilitación integral del actual o se opta por otras opciones. En cualquier caso, la decisión se adoptará en coordinación con la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Europa Press via Yahoo! España Noticias


Piden aplicar en la memoria histórica española un fallo que condena a Brasil…

diciembre 26, 2010

Valencia, 23 dic (EFE).-

El Grupo valenciano para la recuperación de la memoria histórica ha pedido hoy que la justicia española tome nota, especialmente en la investigación de los crímenes del franquismo, sobre una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Brasil por graves violaciones de los derechos humanos.

En declaraciones a EFE, el coordinador de esta plataforma autonómica, Matías Alonso, se ha referido así al fallo emitido sobre el caso “Gomes Lund v. Brasil”, también conocido como ‘Guerrilha do Araguaia’, que anula la actual interpretación de la ley de amnistía en Brasil e “impone ciertas obligaciones a los Estados” del ámbito en el que actúa este tribunal.

Alonso ha aplaudido el fallo porque ratifica que los obstáculos a la investigación de graves violaciones de los derechos humanos en Brasil contenidos en la ley de amnistía de 1979 no tienen efectos jurídicos.

La sentencia dictada el 24 de noviembre, hecha pública el pasado día 15 y que el Grupo valenciano ha presentado hoy a nivel nacional, supone “un paso histórico para la Justicia” y por ello ha deseado que esta decisión judicial internacional tenga “repercusión sobre las que en España se tomen sobre la iniciativa del juez Baltasar Garzón de investigar los crímenes del franquismo”.

“Ojalá Europa siguiera un procedimiento parecido al ahora resuelto en Brasil, aunque éste ya de por sí debiera ser una obligación del Estado y la Justicia”, ha dicho, esperanzado en que en España “también se luche por restablecer la memoria histórica de muchas personas”.

Matías Alonso ha recordado que el pasado 19 de noviembre el Tribunal Supremo rechazó el recurso de queja de las asociaciones de Memoria Histórica contra el acuerdo de la Audiencia Nacional de no dejarles recurrir su decisión de declarar la incompetencia de este tribunal para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

Según ha añadido, un auto de la Sala de lo Penal del TS desestimó el recurso de queja de Carmen Negrín -nieta del último presidente del Gobierno de la II República, Juan Negrín-, de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica de Valencia y Mallorca y de los sindicatos UGT y CGT.

El 28 de noviembre de 2008, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó declarar que el juez Garzón carecía de competencia para investigar los crímenes del franquismo.

Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido que Brasil es responsable por la tortura, ejecuciones arbitrarias y desaparición forzada de 62 personas en la región de Araguaia entre 1972 y 1974.

También ordena a Brasil investigar “graves violaciones de los derechos humanos y castigar a los culpables en el caso Gomes Lund”, y en otros similares.

El fallo reivindica los “esfuerzos” de las familias de los desaparecidos, líderes de la sociedad civil y fiscales pioneros que han afirmado durante décadas que la amnistía de 1979 “no puede interpretarse como protegiendo a quienes, desde las fuerzas militares, cometieron graves abusos contra los derechos humanos”.

EFE via Yahoo! España Noticias

 


Bruselas se abstiene de juzgar la memoria histórica del Este de Europa…

diciembre 26, 2010

Seis países solicitaron a la Comisión que equiparara la negación del Holocausto con la de los crímenes cometidos por los antiguos regímenes comunistas

RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO – Bruselas – 24/12/2010

Un grupo de húngaros ondea la enseña nacional sobre un tanque soviético en Budapest en 1956.- AP

La Comisión Europea ha rechazado una petición de seis países de la Europa Central y Oriental de sancionar la negación de los crímenes cometidos por el comunismo del mismo modo que en algunos países europeos es delito negar el Holocausto. El Ejecutivo comunitario reconoce que “mantener viva la memoria de los horrores del pasado” es un deber colectivo, pero remite la papeleta a los Gobiernos de la Unión, que deberían ser quienes por unanimidad decidan incluir aquellas atrocidades en la lista de los sancionables a escala comunitaria. La imposibilidad de alcanzar semejante consenso deja las cosas como están: cada país puede adoptar para sí mismo la legislación que considere.

    Comisión Europea

    Búlgaros, húngaros, letones, lituanos, checos y rumanos firman la petición

La UE recomienda “mantener viva la memoria de los horrores”

Los ministros de Exteriores de Bulgaria, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa y Rumanía enviaron recientemente una carta a Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, en la que reclamaban una iniciativa legislativa para castigar la “aprobación pública, minusvaloración o negación de los crímenes totalitarios”.

La carta fue promovida por el jefe de la diplomacia lituana, Audronius Azubalis, quien, como muchos políticos de países antaño sometidos al dominio de la Unión Soviética, se lamenta de que los europeos estén perfectamente al tanto de las atrocidades cometidas por los nazis (Alemania, Austria, Francia y Hungría incluso han criminalizado la negación del Holocausto) e ignoren las perpetradas por los comunistas. La negación o condonación de tales delitos “debe ser sometida a los mismos estándares [que se aplican a los crímenes nazis] para evitar el resurgimiento de la ideología totalitaria”, dicen los signatarios.

Karel Schwarzenberg, ministro checo perteneciente a una familia aristocrática acosada por el comunismo, mantiene que los crímenes de los totalitarismos son perfectamente equiparables, que Hitler y Stalin fueron asesinos de masas y que quienes colaboraron con ellos fueron cómplices.

La carta era la última manifestación de un activismo de base que se encarnó en abril del año pasado en una resolución del Parlamento Europeo, jurídicamente no vinculante, en la que se dice que “Europa no estará unida hasta que sea capaz de establecer una visión común sobre su historia, reconozca el nazismo y el estalinismo y los regímenes fascistas y comunistas como un legado común”. Condenaban, además, sus euroseñorías “todos los crímenes contra la humanidad (…) perpetrados por todos los regímenes totalitarios y autoritarios” y pedían que el 23 de agosto se convirtiera en “Día Europeo conmemorativo de las víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios”.

Los propios Gobiernos de la Unión dieron a finales de 2008 dos años de plazo a la Comisión para que evaluara si hacía falta un instrumento jurídico específico para abordar la cuestión. Bruselas encargó entonces un estudio sobre cómo se trata en los Veintisiete la memoria de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios en Europa y ese trabajo de casi 500 páginas, dirigido por el politólogo español Carlos Closa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha servido ahora de base al informe de la Comisión que frustra las expectativas de los seis ministros.

Closa y sus colaboradores establecen con lujo de detalles que los distintos países emplean un amplio abanico de métodos e instrumentos para tratar con la memoria de los totalitarismos; que cada Estado ha adoptado su propia combinación de legislación y políticas para abordar la cuestión, y que el negacionismo sobre uno u otro extremo suscita diferente respuestas: once países no tienen legislación sobre el particular y solo dos (República Checa y Polonia) consideran delito negar los crímenes del comunismo.

Recuerda la Comisión que el artículo 83 del Tratado de Lisboa fija claramente las infracciones penales y sanciones en ámbitos delictivos que pueden ser objeto de directivas (terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de mujeres y niños, tráfico de armas y drogas, blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de moneda, delincuencia informática y organizada) y hace notar que “la condonación, negación o flagrante trivialización públicas del genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra infligidos a grupos de personas identificados por su raza, color, religión, ascendencia u origen nacional o étnico no entra en esas áreas”.

El Ejecutivo comunitario pasa la pelota a los Gobiernos de los Veintisiete: “La relación de áreas [sobre la que se puede preparar una directiva] puede ser ampliada por unanimidad por el Consejo, previo consentimiento del Parlamento Europeo en función de la evolución de los delitos”. Y cierra el caso: “En estos momento las condiciones no se cumplen” para adoptar una iniciativa que satisfaga a los seis ministros.

Expuesta la argumentación jurídica, la Comisión concluye que “mantener viva la memoria de los horrores del pasado es nuestro deber colectivo como señal de tributo y respeto a todas las víctimas que han sufrido y perecido y como un modo de asegurarse de que no volverá a ocurrir”.

El País.com vía google noticias

 


Fusilado por rojo perverso…

diciembre 26, 2010

El historiador Glicerio Sánchez rescata el sumario y el archivo de la familia Villalta, de Monòver, perseguida por el franquismo…

EZEQUIEL MOLTÓ – Alicante – 24/12/2010

La familia Villalta Gisbert.-

“Con estas pruebas el tribunal solo puede acusarme de socialista y de haber sido diputado”, escribió Miguel Villalta desde la cárcel a su hermano. Pero no fue así, el régimen franquista achacó a este juez y político de Monòver todos los asesinatos cometidos en su pueblo, unas 20 personas, así como el resto de muertes de Alicante y Madrid, de donde fue gobernador civil.

El Gobierno repara la memoria de esta familia socialista

La prensa le tildó de ser un “propagandista de rojos”

La vida de Miguel Villalta y de su familia ha sido reconstruida por el historiador de la Universidad de Alicante Glicerio Sánchez, que acaba de publicar el libro La república decapitada. El caso de la familia Villalta Gisbert (Alicante 1939-1942), que se presentará el 12 de enero en el Fórum 80 Mundos de Alicante. El trabajo “refleja la aniquilación de las instituciones republicanas y la ejecución y represión de las personas que las representaron y defendieron”, explica. En Monòver tradicionalmente se atribuía el fusilamiento de Villalta a cuestiones “económicas y políticas”, pero una especie de silencio tácito planeaba sobre su figura. Villalta aprobó en 1929 las oposiciones de juez, escribió libros siguiendo “el estilo de Azorín”, según el propio Gabriel Miró, militó en el PSOE como abogado y en 1936 fue elegido diputado. Cuando finalizó la guerra logró colocar en el buque Stranbook a su mujer, sus hijos y hermano, que se exiliaron en Argelia. Él se quedó esperando El marítimo, pero en ese barco solo subió el entonces gobernador civil de Alicante, Manuel Rodríguez, y sus colaboradores se quedaron en tierra. Villalta escapó y llegó a Monòver. Allí su tía carnal, María Gisbert, “soltera y muy de derechas”, según el historiador, le dio cobijo durante casi dos años y medio, hasta que el 25 de octubre de 1941 una sirvienta descubrió al político y lo debió chivar a las autoridades. Miguel Villalta fue detenido, pasó 14 meses en la cárcel y fue fusilado. “He consultado el sumario completo, el archivo personal que ha custodiado Elisa Villalta, sobrina carnal, y la prensa de la época”, asegura Sánchez, que destaca las cualidades profesionales del reo para defenderse del franquismo e ir desmontando las acusaciones. “Es el prototipo del perseguido por el franquismo, alguien que había que aniquilar, era un rojo perverso, con más males de los que hizo”, concluye el historiador.

El diario Información se hizo eco de la detención de un “destacado propagandista de rojos” y cuestionaba su carrera política, en “la que encontró ancho campo para codicias e inmoralidades”. Ahora, el Gobierno en octubre de 2009 comunicó a los familiares la “reparación y reconocimiento” personal a la figura de Miguel Villalta, víctima de unas sentencias “injustas e ilegítimas”. Ahora con este libro su memoria y su testimonio no caen en el olvido.

El País.com (Edición Valencia)

 


“No puede prescribir un crimen que se sigue cometiendo”

diciembre 26, 2010

La ARMH espera que el Gobierno cumpla la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas que entró en vigor el pasado 23 de diciembre

PATRICIA CAMPELO Madrid 25/12/2010

Desaparecidos durante la represion de la dictadura.EFE

Desaparecidos durante la represion de la dictadura.EFE

La Convención Internacional de protección contra las desapariciones forzadas, en vigor desde el pasado 23 de diciembre, es un instrumento más que obliga a los Estados que la han ratificado a cumplir sus responsabilidades en materia de justicia universal. Los preceptos establecidos en esta Convención son de obligado cumplimiento y están por encima del ordenamiento jurídico de los Estados parte que la han suscrito y, por ello, esta norma debería acuciar a las autoridades judiciales españolas a esclarecer los casos de desapariciones forzadas durante el franquismo.

En esa línea se ha expresado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha celebrado la entrada en vigor de este tratado por constituir “un nuevo marco legislativodesde el que el Estado español está obligado a tomar medidas sobre las desapariciones forzadas, planificadas y ejecutadas por los autores del golpe militar de 1936”.

La Convención Internacional fue suscrita por el Gobierno español en septiembre de 2009 y su entrada en vigor se produce después de que los últimos países la hayan ratificado.

Crimen de lesa humanidad

Los delitos de desaparición “continúan” y por ello “superan la Ley de Amnistía”

La ARMH subraya que el artículo 5 de la Convención califica los delitos de desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad” resultados de una práctica “generalizada y sistemática” y que en España el número de desaparecidos documentados asciende a 113.000, la mayoría de ellos, entre el 18 de julio y el 30 de octubre de 1936, “lo que demuestra la existencia de una operación orquestada en la que alguien dio la orden de comenzar y alguien dio la orden de parar”, indican.

Respecto a la imprescriptibilidad de los delitos, desde la entidad apuntan al artículo 8 de la Convención, que establece el momento a partir del cual se inicia el cómputo de tiempo para saber si los hechos han prescrito: “A partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de ese delito”. La ARMH considera que los delitos de desaparición “continúan cometiéndose”, por lo que “superan la Ley de Amnistía de 1977” y los plazos marcados por ella.

La Convención Internacional también prevé las denuncias de estas desapariciones ante las autoridades competentes para que procedan “sin demora a realizar una investigaciónexhaustiva e imparcial”, según reza el artículo 12. En cambio, lamentan desde la asociación los antecedentes que se han dado en España, donde Baltasar Garzón, el único juez que ha intentado investigar los delitos de desapariciones forzadas durante la dictadura, “ha pagado con ello su expulsión parcial del juzgado del que era titular en la Audiencia Nacional”.

Derechos de las víctimas

La ARMH recuerda que la Convención dicta el derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas y la responsabilidad de los Estados a que se haga efectivo. El texto de la norma internacional lo refleja de este modo: “Cada víctima tiene el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada”. “Cada Estado parte adoptará todas las medidas apropiadas y en caso de fallecimiento para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos”.

En cambio, la Ley 52/2007 conocida como de Memoria Histórica, contempla un “deber de facilitar la búsqueda a las víctimas”, es decir, traslada la tarea de recuperar los cuerpos de los desaparecidos a los propios familiares, algo que desde la ARMH les lleva a concluir que “el Estadoelude sus obligaciones y determina -a través de esa ley- que quienes han padecido el daño, son los que deben repararlo”.

Por último, la asociación espera “que el los tres poderes del Estado se pongan en marcha para aplicar la Convención” y, de este modo, “garantizar los derechos de las miles de familias de los 113.000 hombres y mujeres secuestrados y asesinados y cuyos cadáveres fueron ocultos como consecuencia de la estrategia golpista”.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/353359/prescribir/crimen/sigue/cometiendo/memoria/historica/desaparecidos