León entra en el mapa de los niños robados…

enero 4, 2011

Cuando hace meses surgió la noticia de la constitución de una asociación que agrupaba a los afectados por el tráfico ilegal de adopciones durante la etapa franquista llamó la atención que León no figurara en el mapa de esta red de robo de niños. Ya había constancia previa de algún caso. Así figura en el ya célebre reportaje elaborado por la televisión pública catalana TV3, ‘Los niños perdidos del franquismo’, que por primera vez puso ante la sociedad española estos terribles hechos. Además, aquel caso leonés, aunque de un periodo anterior, la inmediata posguerra, tenía una significación especial ya que se trataba de Emilia Girón, la hermana del mítico guerrillero antifranquista berciano, Manuel Girón.

Ahora, cuando la Asociación Nacional de Afectados por Donaciones Irregulares (Anadir) está a punto de presentar una demanda colectiva ante la Fiscalía General del Estado, se descubre que entre los casi 300 casos que serán llevados a los tribunales también hay uno leonés, que ha manifestado su expreso deseo de mantenerse en el anonimato. Seguramente no será el único y es posible que en fechas sucesivas puedan aparecer más. Tal como explica el presidente de Anadir, Antonio Barroso Berrocal, en menos de un año (la asociación se constituyó en febrero de 2010) se ha conseguido la adhesión de 270 afectados que compondrán la denuncia colectiva que el próximo día 27 está previsto presentarse. Berrocal señala que a medida que los medios de comunicación están difundiendo su labor el aumento de socios es casi exponencial.
Estos terribles hechos se remontan fundamentalmente a los años 60 y 70 del pasado siglo, con derivaciones incluso a los principios de la Transición. Por lo que se conoce hasta el momento, la supuesta red operaba en todo el país y en ella intervenían curas, monjas, médicos, matronas, funcionarios públicos y hasta enterradores. A grandes rasgos, la forma de operar consistía en anunciar a unos padres el fallecimiento de un hijo durante el parto. La falsedad se ocultaba con partidas de defunción y hasta entierros ficticios para no dejar rastro del bebé que, a cambio de una cantidad económica, era cedido a otra familia.
Aquellos niños reclaman ahora el esclarecimiento de aquellas actuaciones delictivas que marcaron para siempre sus vidas. Nadie debe ni puede robarles también ese derecho

lacrónica.net:

http://www.la-cronica.net/2011/01/02/editorial/leon-entra-en-el-mapa-de-los-ninos-robados-109583.htm


La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia rinde hoy un homenaje a Miguel de Unamuno…

enero 4, 2011

SALAMANCA, 31 (EUROPA PRESS)

La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia ya ha organizado el acto de homenaje que anualmente rinde al filósofo y escritor Miguel de Unamuno junto a su nicho, en el Cementerio San Carlos Borromeo de Salamanca.Seguir leyendo el arículo

El recordatorio tendrá lugar a las 12.00 horas de hoy viernes, 31 de diciembre, fecha en la que se cumple el 74 aniversario de su fallecimiento, el 31 de diciembre de 1936 en Salamanca.

Según ha adelantado la organización a Europa Press, está prevista la intervención en el acto del presidente de Honor de la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, Luis Calvo Rengel; el nieto de Miguel de Unamuno, Pablo Unamuno; y el escritor salmantino, profesor de secundaria y autor de libros como ‘Decíamos ayer’, Francisco Blanco Prieto.

Además de este acto al que fuera también rector y alcalde de la ciudad de Salamanca durante el pasado siglo XX, la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia realiza anualmente otras actividades con el propósito de “recuperar y dignificar la memoria histórica de las víctimas de la represión franquista, especialmente en la provincia de Salamanca”.

Europa Press via Yahoo! España Noticias

Miguel de Unamuno, a la salida del acto en el que se enfrentó a Millán Astray, en 1936, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, del que fue sacado del brazo por la esposa de Franco, Carmen Polo, que le acompañó con su guardia personal hasta su domicilio. (Fotografía del País.com)

 


Por qué es importante recuperar la memoria histórica…

enero 4, 2011

 

Vicens Navarro (Imagen de Google images)

Televisión Española ha presentado recientemente el documental “Tengo una pregunta para mí: ¿vivimos en deuda con el pasado?” que transmite un mensaje claro y conciso: hay que encontrar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil, darles sepultura y homenajearlas (cuando las familias así lo deseen) y con ello cerrar un capítulo de nuestro pasado que ha estado desatendido durante demasiado tiempo. Y cuando estén enterrados dignamente, deberíamos dejar la memoria histórica como tema de estudio de los historiadores.

Este mensaje se transmite a base de entrevistas con personajes que participaron en el desarrollo de la ley conocida como la Ley de la Memoria Histórica (como José Álvarez Junco) o que han estudiado aquellos periodos históricos (como Javier Pradera, Santos Julià y Julián Casanova). Creo que este mensaje es también el que el gobierno socialista (sucesor de los vencidos) y el del mayor partido de la oposición (sucesor de los vencedores) desean promover.

Esta postura se basa en varios argumentos, explicitados en las entrevistas, que son, sin embargo, altamente cuestionables. Uno, transmitido por Álvarez Junco, es que es posible reconocer y honrar a los muertos y desaparecidos, sin molestar a los sucesores de los que los asesinaron. En realidad, dice Álvarez Junco, la oficina de la Presidencia del Gobierno Socialista Español había instruido a los que escribían el borrador de la Ley (que no era de recuperación de la memoria histórica –aclara Álvarez Junco-, sino de reconocimiento de las víctimas de lo que él llama los dos bandos) que tal ley debiera “cerrar las heridas” de los sucesores de los dos bandos. Puesto que la gran mayoría de los muertos y desaparecidos pertenecían al bando republicano y los que hubo del lado golpista no hubieran existido si no hubiera tenido lugar el golpe militar, no entiendo la instrucción dada de que los sucesores de los dos bandos deberían estar satisfechos con tal Ley. Cualquier homenaje a los muertos y desaparecidos debe denunciar a los que los mataron y echaron en la cuneta (la mayoría de los cuales eran los vencedores), lo cual no satisfará a los sucesores de estos últimos que, como se ha mostrado (y con notables excepciones), han hecho todo lo posible para que no se les encuentre y homenajee. Pero otro argumento que utiliza José Álvarez Junco para que sean las familias y no el estado el que las reconozca y homenajee, es la supuesta dificultad en definir quién fue una víctima, y si ésta se merecía un homenaje. Y cita, como ejemplo, el maquis comunista que –según él- intentaba establecer una dictadura estalinista y no merecedora, por lo tanto, de un homenaje por parte de un estado democrático.

Esta supuesta complejidad da pie, sin embargo, a un relativismo sobre el que se ha construido esta imagen tan extendida de que todos fuimos “culpables”. Tal argumento ignora que la gran mayoría de partidos políticos (incluyendo el Partido Comunista, como bien ha documentado el Catedrático de Historia Josep Fontana) y fuerzas sociales lucharon contra el golpe militar para restablecer la República y su régimen democrático. Escudarse en complejidades es rehuir el reconocimiento de que, de los que llaman dos bandos, uno era bueno (es decir, demócrata) y el otro era malo (antidemócrata), y que un estado democrático no puede tratar a los muertos de ambos lados por igual.

¿Debe aceptarse la injusticia para tener paz?
Otra postura del documental, reflejada por Javier Pradera, es que la paz que tenemos requiere que se acepte la injusticia que ha supuesto olvidar a los vencidos, abandonando la exigencia de que se pidan responsabilidades por lo ocurrido. Considera Pradera que el Juez Garzón está equivocado, tanto en su supuesto de que para tener paz hay que hacer justicia, como en su intento (fallido, como consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo) de enjuiciar a los responsables de la muerte de los desaparecidos. Javier Pradera se refiere a otras guerras y conflictos civiles, como la Guerra Civil estadounidense o la Revolución Francesa, donde las sociedades estadounidense y francesa han convivido con su pasado sin mayores traumas, subrayando que nosotros debiéramos hacer lo mismo. Pero existe una gran diferencia en ambos casos con España. En la Guerra Civil estadounidense ganaron los buenos, que destruyeron el poder de los vencidos, arruinando su economía (al eliminar la esclavitud), e imponiendo sus valores de igualdad y libertad, que son los valores que se transmiten en las escuelas públicas de aquel país. Y un tanto semejante ocurrió con la Revolución Francesa en que, de nuevo, fueron los buenos los que ganaron, y forjaron una cultura democrática basada en libertad, igualdad y fraternidad, valores también transmitidos en las escuelas francesas. En España, sin embargo, no fueron los buenos (los defensores de la República) sino los malos (los golpistas que interrumpieron el proceso democrático) los que ganaron la guerra civil e impusieron durante cuarenta años su propia versión de la historia, con unos valores antidemocráticos que, algunos de ellos, persisten, reproducidos en un estado que, como reconoce Álvarez Junco, es un estado continuista de un estado dictatorial impuesto por un golpe militar. No hubo ruptura (como erróneamente se presenta incluso por algunos protagonistas de la transición) sino continuidad, lo cual explica que Álvarez Junco señale que en las instrucciones recibidas de la oficina de la Presidencia se señalaban las limitaciones que deberían respetarse en el reconocimiento a las víctimas, pues no podían anularse juicios y sentencias del régimen dictatorial anterior.

En este contexto, aceptar esta situación tal como Pradera aconseja, es aceptar, sin más, las enormes limitaciones que tiene la cultura democrática española y la versión más generalizada de lo que fue la Guerra Civil: un conflicto entre los dos bandos que comparten responsabilidades por lo acaecido. Pero no es una visión maniquea (como constantemente la definen los sucesores de los vencedores) reconocer que los vencidos eran los buenos y los vencedores eran los malos. Es cierto que los defensores de la República y de su democracia cometieron violaciones de derechos humanos que también deben denunciarse. Pero ello no elimina la definición de aquel conflicto como un conflicto entre los que defendieron un régimen democrático, y los que lo destruyeron. Y hasta que ello no se reconozca, la democracia española y los valores que se transmitan no serán los democráticos. Para que la Transición termine, el estado actual debe considerarse heredero del democrático anterior, no de la dictadura. El espectáculo bochornoso, impensable en la Europa democrática, del Tribunal Supremo respondiendo a la denuncia del partido fascista en contra del Juez Garzón, que se atrevió a intentar llevar a los tribunales a los responsables de los asesinatos de los desaparecidos, es un indicador de lo mucho que queda por hacer. La arrogancia de los vencedores, como quedó plasmada en las recientes declaraciones de Benedicto XVI asignando a la Iglesia el papel de víctima entonces y ahora, muestra que la transición no ha terminado. La propia salud del sistema democrático español requiere que la memoria de los vencidos sea la del estado democrático.

No hay que confundir madurez con debilidad
Santos Julià está también en desacuerdo con que se pidan responsabilidades a los vencedores de aquel conflicto. Considera la Ley de Amnistía como un indicador de la madurez de la democracia española, perdonándonos los unos a los otros. Esta actitud, probablemente procedente de su pasado como sacerdote, es profundamente insatisfactoria desde el punto de vista democrático, pues pone en el mismo nivel a victimizadores y a víctimas, abandonando a la vez la necesaria recuperación de la memoria del pasado democrático y de las luchas que han ocurrido para recuperarlo. Por otra parte, la Ley de la Amnistía tuvo poco que ver con la supuesta madurez, sino con el desequilibrio de fuerzas entre izquierdas y derechas en el momento de la Transición, con un enorme dominio de los sucesores de los vencedores de la contienda en el proceso de Transición, un proceso claramente inmodélico que ha dado pie a una democracia muy limitada y a un estado del bienestar muy poco desarrollado. ¿Cómo explica Santos Julià que, todavía hoy, España esté a la cola del gasto público social en la UE-15? Este hecho no puede explicarse sin entender el enorme dominio que las derechas han tenido y continúan teniendo sobre el estado español. Santos Julià confunde madurez con debilidad. Si hubiera habido ruptura, como consecuencia de unas izquierdas más poderosas, tendríamos un estado más democrático, que habría sancionado a los golpistas y a sus sucesores, unas escuelas públicas que darían una visión de nuestra historia que, sin ambigüedades, reproducirían valores democráticos. Y tendríamos un estado del bienestar mucho más desarrollado que el que tenemos ahora (me permito sugerir mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias para ver la evidencia que muestra la validez de esta postura). El subdesarrollo del estado del bienestar de los países del sur de Europa se debe al enorme poder que las fuerzas conservadoras tienen en aquellos países, a diferencia de los países nórdicos, donde las izquierdas son poderosas y las derechas débiles.

La historia es mucho más de lo que hacen los historiadores
Por último, la entrevista a Julián Casanovas ((de cuyos libros sobre la Iglesia Española, que he citado con frecuencia, he aprendido mucho) contiene una tesis con la cual estoy también en desacuerdo. Su tesis es que hay que despolitizar la memoria histórica y dejar el estudio del pasado a los historiadores. Esta visión corporativista de la historia es altamente cuestionable. En primer lugar, no es ni posible ni aconsejable despolitizar la historia. Politizar quiere decir dar voz a los representantes de la población que, dividida en diferentes clases sociales, géneros y nacionalidades, tienen distintas memorias, y por lo tanto, distintas historias. En una democracia deben ser los representantes de la ciudadanía los que prioricen las preguntas que los historiadores deben responder y los métodos de investigación del proceso histórico. Decir esto no es infravalorar la labor del historiador, sino acentuar que la historia es mucho más que lo que hacen los historiadores.

Es más, los historiadores tienen su propia subjetividad, que tiene que ver con su pertenencia a los grupos sociales en los que la sociedad está dividida. Una mujer historiadora tiene, por lo general, una visión distinta a la de un hombre historiador. Y, lo mismo, un historiador de derechas tiene una visión distinta a un historiador de izquierdas. De ahí que la historia escrita suele ser la historia desde el punto de vista del que la escribe. Y la hegemonía que existe en la memoria histórica en España corresponde precisamente al enorme poder de las derechas. Y ahí está el problema, porque el que controla el pasado controla el presente. ¿Cómo se explica que, excepto en Catalunya y en el País Vasco, las instituciones que tienen mayor aceptación popular sean la Monarquía, el Ejército y la Iglesia, todas ellas profundamente conservadoras, que, junto con la Banca y con el mundo empresarial, son el pilar de las derechas? Es imposible explicar el subdesarrollo social de España sin entender las consecuencias del enorme poder de las derechas.

La historia no se reproduce sólo a través de libros de historia, sino a través de lo que mi amigo Noam Chomsky define como “los aparatos de producción del consumo ideológico dominante” Y estos aparatos están hoy sesgados discriminando a las izquierdas. De ahí que aplauda el intento de corregir este desequilibrio (que intenta la ley catalana de la memoria histórica) mediante la activa participación del estado en la recuperación de los muertos desaparecidos y de su memoria para que ésta pase a ser la memoria de un estado democrático.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
www.vnavarro.org

elplural.com vía google noticas


Memoria Histórica recuerda otro año a los fusilados del 31 de diciembre de 1936…

enero 4, 2011

El historiador Carlos Velasco reclama más Justicia para las víctimas del franquismo…

 

Miembros de "Memoria Histórica" y familiares de las víctimas al término del acto. // JS

 

JULIO SANTOS PENA – MARÍN

Un centenar de personas rindieron homenaje el pasado día 31 de diciembre, fecha de infausto recuerdo para muchos marinenses, porque hace 74 años fueron asesinados seis convecinos, entre los que se encontraba el alcalde Banco Solla, por el fuego de las armas fascistas que segó sus vidas como tantas otras de gallegos y españoles en general durante la irracional represión franquista.
Era un grupo de personas convocadas como todos los años por la asociación de la Memoria Histórica entre los que sobresalieron, como es habitual, miembros del Bloque con la candidata a alcaldesa Pilar Blanco a la cabeza y el diputado Bieito Lobeira, tras una pancarta y luciendo sus banderas de la estrella en un intento de distinguirse de los demás anónimos asistentes a muchos de los cuales no les gustó la imagen diferenciadora de los nacionalistas, según se comentaba en el transcurso del acto.

Ley insuficiente

Carlos Velasco, historiador que este año fue el encargado de pronunciar la charla ante el monolito a los fusilados destacó la insuficiencia de la Ley deMemoria Histórica en relación con la justicia que se merecen los que fueron asesinados por las fuerzas fascistas y comparó el tratamiento a su recuerdo con el que se les presta a los asesinos de la ETA.
Intervinieron también el pintor y poeta Antón Sobral y el alcalde de Marín Fran Veiga y tras sus discursos con el himno gallego interpretado por “Os Chaneiros” se procedió a depositar flores ante el monolito de recuerdo.

Faro de Vigo vía google noticias


Piden que se investiguen desapariciones de la Guerra Civil por la entrada en vigor de una convención de la ONU…

enero 4, 2011

MADRID/TOLEDO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) –

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo) ha vuelto a solicitar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que investigue las desapariciones que se produjeron en 1936 en el Cortijo El Marrufo, en Jerez de la Frontera (Cádiz), al considerar que el tribunal es competente para abrir un procedimiento por estos hechos debido a la entrada en vigor de una convención de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas.

El colectivo ha presentado este lunes un escrito ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que defiende su competencia para abrir un procedimiento judicial sobre estos hechos –tal y como hizo su antecesor, Baltasar Garzón, que por esta actuación será juzgado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación–, y recurre en reforma su decisión de inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Jerez de la Frontera.

El recurso, elaborado por el abogado Fernando Magán, recuerda que el pasado 23 de diciembre entró en vigor en España la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que recoge que “la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad” al tratarse de “un delito imprescriptible, inamnistiable y no susceptible de ser considerado delito político”.

Tras recordar que los hechos del Cortijo El Marrufo “no han sido esclarecidos judicialmente”, la asociación señala que el artículo 20 de la Convención establece que el Estado Parte garantizará a los allegados de la persona privada de libertad “el derecho a un recurso judicial rápido y efectivo para obtener sin demora las informaciones previstas en esa disposición”. “Ese derecho a un recurso no podrá ser suspendido o limitado bajo ninguna circunstancia”, añade.

“PLAN PRECONCEBIDO”

A su entender, esta disposición impone a la Audiencia Nacional “la obligación de continuar practicando diligencias” para esclarecer estos hechos, que la asociación enmarca en “un plan único, preconcebido y sistemático” llevado a cabo por el general Franco y los sublevados para “destruir las instituciones del Estado y ocasionar el exterminio radical de una parte importante de la población nacional española, como solución final a la democracia entonces vigente”.

Según la asociación, los hechos del Cortijo El Marrufo constituyeron “una bárbara masacre” contra hombres, mujeres y niños que intentaban alcanzar una zona segura en la provincia de Málaga y fueron interceptados por tropas mercenarias que cruzaron el Estrecho y se adentraban en el territorio peninsular. Según las cifras manejadas por este colectivo, estos hechos tendrían conexión con las desapariciones que se produjeron en toda España durante la Guerra Civil, que se elevarían a un total de 156.232.

Europapress vía google noticias