Reencuentro y memoria histórica

Artículo publicado el 28/01/2011 en eldecano.es

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Derechos humanos e independencia judicial

El juicio al magistrado Baltasar Garzón por su actuación frente a los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo debilita al Estado de derecho al cuestionar la supremacía de la jurisdicción universal

LYDIA VICENTE Y ALICIA MORENO 01/02/2011

 A quienes tenemos vocación por el respeto y defensa de los derechos humanos y aspiramos siempre a que se haga efectivo el derecho a la justicia, en su sentido más amplio, para todas las personas y muy especialmente para aquellas cuya dignidad ha sido ultrajada como consecuencia de atrocidades masivas, nos asombra, desconcierta y preocupa el silencio y la pasividad de los profesionales del Derecho en España ante ciertos acontecimientos de envergadura que se están produciendo en la actualidad en el ámbito judicial.

¿Por qué ahora se convierte en prevaricador? ¿Porque son normas españolas?

 Garzón ha destapado el verdadero estado de la independencia del poder judicial español

El sometimiento a juicio del magistrado juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su actuación jurisdiccional frente a los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo debilita el Estado de derecho al cuestionar, entre otras cuestiones fundamentales, la validez y supremacía del Derecho Internacional por encima de normas internas que se oponen a la vigencia de aquel. En una democracia, como España, que presume de estar a la vanguardia de la protección y garantía de los derechos humanos se castiga, sin embargo, toda interpretación jurídica acorde y respetuosa con el Derecho Internacional. Por esta razón, el caso contra Garzón constituye un rotundo desprecio de lo construido durante décadas de evolución del Derecho Internacional Penal y de los derechos humanos por parte de tribunales internacionales y nacionales y, lo que es más grave, tiene severas y negativas consecuencias para la independencia judicial, la verdadera víctima de este proceso.

 Coincidimos con el juez Garzón cuando sostiene que lo que está en juego es la independencia judicial, es decir «interpretar las normas desde la autonomía del juez», donde «no puede haber una interpretación dirigida piramidalmente desde arriba hacia abajo». La Audiencia Nacional y sobre todo el Tribunal Supremo fracasan al ignorar y desdeñar el rol que les compete a los jueces en la construcción y perfeccionamiento del Derecho para transformar realidades injustas. El modelo de juez contemporáneo, como aboga Martín Pallín, tiene que ser «consciente de que el Estado de derecho no es el Estado de las leyes», pues aquel consiste efectivamente en la ley «más los valores y los principios que contiene la Constitución y, además, nos dice claramente que tenemos que interpretarla a través de los derechos humanos». Pues bien, el Alto Tribunal español está preconizando la expresión más retrógrada y abolicionista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en pro de la defensa a ultranza de un derecho interno que a veces no incorpora y/o viola normas esenciales de aquel (relativas al derecho de acceso a la justicia y el derecho de las víctimas a obtener reparación), al tiempo que restringe el rol de los jueces limitado al ejercicio mecánico de la aplicación de las normas internas, al margen del Derecho Internacional y alejándose con ello de la experiencia mundial.

 En la experiencia del Derecho comparado, los argumentos jurídicos que ofrece un juez contra las normas nacionales que pretenden blindar mecanismos de impunidad -como lo es la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de violaciones que constituyen crímenes de Derecho Internacional- manteniendo un vacío de justicia, ni son una «teorización creativa» ni constituyen la base de una actitud prevaricadora. Los tribunales españoles (tampoco el Tribunal Supremo) cuestionaron al juez Garzón cuando hace más de 10 años sostenía lo mismo que ahora, pero entonces frente a los mecanismos de impunidad que bloqueaban las investigaciones de los crímenes de las dictaduras chilena y argentina. ¿Por qué ahora se convierte en prevaricador? ¿Es porque esta vez son las normas españolas las que están en tela de juicio? ¿O es porque el resultado afectaría poderes y privilegios del pasado aún vigentes? Sea cual fuera el móvil, el juez Garzón ha destapado el verdadero estado de la independencia del poder judicial español.

 Cuando la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo desdeñan la aplicación del Derecho Internacional están dejando claro que ignoran la función que tienen los jueces en la redefinición y expansión de principios de Derecho nacional e internacional. La interpretación judicial no es una abstracción sin sentido, sino la base misma de la función jurisdiccional. Los jueces que han permitido el avance del Derecho Internacional no son excéntricos creativos o arrogantes insumisos, sino servidores de la justicia que actúan conforme a sus facultades, en tanto que jueces que están insertos en la Comunidad Internacional, y representan no a una clase social ni a un partido, sino a toda la comunidad humana. Solo así pueden promover la rendición de cuentas por crímenes de Derecho Internacional que afectan y agravian a la sociedad en su conjunto. Y si no lo hicieran los tribunales españoles, las víctimas podrán acudir a otros tribunales de otros países, en virtud del principio de jurisdicción universal. Afortunadamente, es el caso de los tribunales de justicia argentinos que se han dirigido a España para que responda si «efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles», llevado a cabo entre 1936 y 1977.

 Lamentablemente, lo que está sucediendo con el juez Garzón constituye un aviso de navegantes para aquellos que, huyendo de la sumisión y el puro formalismo en la aplicación de la ley, usan el Derecho Internacional para dar una respuesta justa a las legítimas pretensiones de los ciudadanos de un Estado democrático y resuelven en Derecho como de ellos esperamos, sin estrechez de miras. Una prueba de ese aviso es la muerte lenta a la que están siendo condenados los casos de jurisdicción universal que se siguen en la Audiencia Nacional, que, poco a poco, se van archivando sin que ningún juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad a raíz de la reforma del artículo 23.4 de la LOPJ. Observamos también con preocupación el vergonzoso silencio en el ámbito judicial sobre la actuación de la Fiscalía y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que exponen los cables de Wikileaks en relación con los procesos judiciales abiertos en los casos Couso, Guantánamo y los vuelos de la CIA. Actuaciones obstaculizadoras que provienen de quienes también postularon y/o avalaron la incompetencia del Juzgado Central de Instrucción número 5 para investigar los crímenes denunciados por los familiares de los desaparecidos. El contenido de los cables arroja sombras inquietantes sobre la independencia del poder judicial y sobre quienes deberían velar por ella y por la justicia. El colectivo jurídico merece transparencia sobre lo que se desprende de esas informaciones. Los ciudadanos merecen una explicación sobre lo que parece una sumisión de lo judicial a lo político con absoluto desprecio por las víctimas.

 Sin un poder judicial independiente resulta un sofisma hablar de Estado democrático y de derecho. El silencio al respecto es tan perturbador como el escenario al que asistimos en el seno del Tribunal Supremo, donde se juzgará como sujeto de prevaricación a quien, en su condición de juez independiente, hizo una interpretación jurídica respetuosa y coherente con el Derecho Internacional e intentó ser garante de los derechos de las víctimas.

 Las señales apuntan a que las posibilidades de condena del juez Garzón son elevadas. Siendo la controversia de este juicio estrictamente jurídica, el Tribunal Supremo se ha cerrado a todo debate sobre la experiencia y alcance del Derecho Internacional en las materias objeto de discusión, denegando a la defensa aquellas pruebas dirigidas a probar la homologación de las decisiones del juez Garzón por otros juristas que aplican el Derecho Internacional. Los activistas y abogados independientes que creemos en la justicia sin importar qué poder está al frente seguiremos levantando la voz por la dignidad de las víctimas y contra la impunidad; y apoyaremos a aquellos jueces y fiscales que preservan su independencia sin doblegarse ante las dificultades y que no pierdan la fe y la esperanza en su rol vital por una justicia más justa; porque este «modelo de juez» es el que queremos y a esta justicia «insumisa» es a la que aspiramos.

Lydia Vicente Márquez y Alicia Moreno Pérez son abogadas, miembros del Grupo de Trabajo sobre Justicia Internacional y Derechos Humanos.

 http://www.crimenesinternacionales-franquismo-casogarzon.es/

¡Por la dignidad de la víctimas y contra la impunidad del franquismo!

La Fiscalía del Estado rechaza abrir una investigación nacional por el robo de niños…

Conde-Pumpido cree que las fiscalías provinciales deben analizar caso a caso.

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 02/02/2011

Familiares de niños robados concentrados ante la Audiencia Nacional el pasado 27 de enero.- ULY MARTÍN

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no abrirá una investigación sobre los 261 casos de robo de niños durante el franquismo y los primeros años de la democracia que la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) dejó sobre su mesa la semana pasada, según fuentes de la fiscalía.

Cándido Conde-Pumpido Tourón

Considera que no hubo un plan sistemático en todo el país

Pumpido cree que el robo de niños no obedecía a un plan sistemático a nivel nacional, y que los posibles implicados no están relacionados entre sí, por lo que es partidario de que cada fiscalía territorial analice los casos denunciados provincia a provincia. La denuncia presentada la semana pasada recoge posibles robos de niños en todas las comunidades autónomas, salvo Cantabria. Madrid y Andalucía son las que tienen un mayor número de casos documentados.

El modus operandi, sin embargo, si coincidía en casi todos los robos, como los testimonios de las madres que han denunciado el robo de sus hijos y que repiten, desde distintas ciudades, que en las clínicas en las que dieron a luz les dijeron que su bebé había muerto, que ellos se encargaban de todo y que era mejor que no lo vieran porque estaba deformado o muy deteriorado.

El fiscal general del Estado no se pronunciará sobre la posible prescripción de los delitos denunciados: falsificación en documento público, suposición de parto (simular haber dado a luz a un niño vivo), secuestro y detención ilegal, y dejará en manos de los fiscales territoriales esa interpretación.

La denuncia que Anadir presentó en la Fiscalía del Estado incluía un listado de las pruebas que podría aportar a los fiscales provinciales, como partidas de nacimiento y defunción falsificadas, y los testimonios de una enfermera que trabajó en la Clínica San Ramón (Madrid) y asegura que la venta de niños era habitual allí; de un funerario de Málaga que relata cómo rellenaba los pequeños ataúdes que le llegaban vacíos de algunas maternidades; de una mujer que confiesa haber comprado una niña en un parque de Melilla en 1979 y de otra que cuenta cómo le dijeron que fingiera un embarazo antes de regalarle un bebé.

Anadir aún no ha recibido notificación oficial alguna por parte de la Fiscalía. No obstante, el abogado de la asociación, Enrique Vila, asegura que si Pumpido decide enviar los casos a todas las fiscalías, «será un éxito, porque ese era precisamente nuestro objetivo, que se abrieran por toda España investigaciones como las que ya ha abierto la Fiscalía de Cádiz».

En caso de que no se abran esas investigaciones, por considerar los fiscales que los delitos han prescrito, Anadir piensa acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El País.com

Nota de la Redaccion de La Memoria Viva:

Al conocer esta noticia, nuestro amigo y colaborador Francisco González de Tena nos envía el siguiente comentario :

TIRAR PIEDRAS CONTRA EL PROPIO TEJADO PRODUCE GOTERAS

 ¡Y luego nos quejamos de la falta de eficacia de la Justicia!  Para poder adelantarse un poco a los acontecimientos no hace falta ninguna bola de cristal, basta con observar atentamente los movimientos de los estrategas.  Advertí en un artículo mío anterior que Garzón, a pesar de ser una pieza importante (por su significación jurídica y simbólica) no era ni mucho menos el objeto principal del pulso a la Justicia, y su dignidad, por parte de grupos muy bien situados de poder real, dentro y fuera de la judicatura. Y también mostraba mi preocupación por el efecto negativo que una clara división entre los grupos de víctimas por enfoques contrapuestos con la excusa ideológica y la pervivencia, o no, del llamado franquismo sociológico.

 Hoy hemos tenido la respuesta a mis preocupaciones. Conde-Pumpido ha usado con total contundencia la excusa que los entusiastas de “médicos carentes de ética, y otro personal vinculado, se limitaron a robar a título individual, sin la más mínima posible vinculación a componentes ideológicos”. En otras palabras, no existe para estos observadores –además, miembros de plataformas de afectados– ningún dato que pruebe que la impunidad de que han disfrutado (y siguen disfrutando) estos delincuentes pueda enmarcarse ni de lejos en una continuidad del franquismo sociológico. 

 Tenemos, pues, un cortafuego perfecto para impedir que esta llegada masiva de casos por la puerta falsa de la Audiencia Nacional pudiese ofrecer, siquiera de lejos, un elemento a la defensa legítima del magistrado Garzón. Blanco y en botella.

 Creo que los entusiastas de la teoría “puramente de intereses económicos” tienen muy poco de lo que enorgullecerse.

 Francisco González de Tena

1 de febrero, 2011

Memoria-Asociación de Granada condena que Ayuntamiento «premie» con una plaza al escultor del monolito a Primo de Rivera…

GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)

La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) ha manifestado su «más enérgica condena» contra la decisión del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, del PP, de «premiar» con una plaza al escultor Francisco López Burgos, creador del polémico monolito dedicado a la memoria del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Foro: Ley de Memoria Histórica

En un comunicado, la asociación ha recordado que fue la dictadura de Francisco Franco la que concedió a López Burgos el Premio Nacional de Escultura en 1954 y ha señalado que, con la decisión de poner su nombre a una plaza de la ciudad, el equipo de gobierno «está legitimando el golpe militar del 36 que acabó con las libertades democráticas», lo que demuestra, en su opinión, que el PP «está dirigido por nostálgicos del franquismo».

«En su deriva ultraderechista, el PP intentó hace tiempo colocar una escultura del alcalde franquista Gallego Burín, mientras olvida al alcalde democrático Manuel Fernández Montesinos y se niega a poner una placa en homenaje a los casi 4.000 fusilados en la tapia del cementerio de Granada, entre los que había numerosos concejales, es decir, sus propios compañeros de corporación municipal. Asimismo, pretende poner a una plaza el nombre del escultor López Burgos que colaboró con la dictadura, mientras olvida a otros artistas que fueron fusilados o tuvieron que exiliarse por defender la legalidad democrática», critica el colectivo.

La Agrmh ha incidido además en que el monolito dedicado a José Antonio Primo de Rivera hace «apología del fascismo», pues representa el saludo de los nazis en Alemania y de los fascistas en Italia, «responsables del Holocausto y de la destrucción de Europa». «José Antonio preconizaba la dialéctica de los puños y las pistolas y fue fundador de Falange Española, un partido golpista con amplio historial delictivo que colaboró en el asesinato y desaparición de miles de granadinos durante la Guerra Civil», mantiene la Agrmh.

El pleno del Ayuntamiento aprobó en el pasado pleno de 28 de enero, a pesar del rechazo de IU y la abstención del PSOE, dar el nombre de Francisco López Burgos a una plaza de la capital, al entender que la ciudad debe rendir tributo «tras años de olvido» a este escultor Premio Nacional de Escultura en 1954.

Durante su exposición, el concejal de Relaciones Institucionales, José María Guadalupe, abogó por la necesidad de no ser «sectarios» en el mundo del arte y se mostró contrario a que se «siga demonizando» su figura a causa de una obra que «hizo por encargo», en referencia a la escultura al fundador de Falange, ubicada en la Plaza de Bibataubín.

«Paco López Burgos no tenía ninguna identidad política, no está contrastado históricamente» y «no estar de acuerdo con que tenga una plaza es una mezquindad política y cultural», justificó entonces el edil ‘popular’ ante las críticas manifiestas de los grupos municipales del PSOE e IU.

El monumento dedicado a Primo de Rivera –en el que cinco brazos saludan a la romana sostenidos por unas alas de águila–, está en manos de los tribunales, ya que la Abogacía del Estado presentó un recurso contra el acuerdo adoptado en el pleno del mes de febrero de 2009 por el que el equipo de gobierno rechazó la retirada del monolito de la plaza, propuesta conjuntamente por los grupos de la oposición, PSOE e IU.

Además, el de la Abogacía del Estado no es el único recurso planteado, ya que Agrmh ya presentó otros dos para que el juez dirima también si el citado acuerdo contraviene el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, por el que se insta a las administraciones públicas a la retirada de cuantos símbolos o insignias que hagan exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión franquista.

Fueron escritores e intelectuales granadinos los que alzaron en primer lugar su voz contra el monolito instalado en 1972 en pleno centro de Granada, entre ellos, autores como Luis García Montero, José Carlos Rosales, Álvaro Salvador, Juan Vida, Fernando Valverde, Daniel Rodríguez Moya o Javier Bozalongo, que editaron de su bolsillo el libro de poemas ‘Un árbol en lugar de una estatua’. Los promotores de la iniciativa sostienen que la estatua, lejos de ser un homenaje a una persona concreta, constituye un homenaje a una ideología.

Europa Press via Yahoo! España Noticia

 

Limpia tu ciudad de símbolos franquistas…

La nueva redacción de la Ley de la Memoria Histórica obligará a ayuntamientos, instituciones y particulares a retirar los símbolos franquistas y de exaltación de la Guerra Civil. La Ley faculta a las Administraciones Públicas a retirarles subvenciones y ayudas si no lo hacen.

Contribuye a localizar todos los símbolos que deben ser retirados de las calles, iglesias o edificios de España.

Rellena el formulario y envíanos una foto del símbolo y su ubicación.

ACCESO AL FORMULARIO DENUNCIA DE SIMBOLOGÍA FRANQUISTA:

PINCHAR SOBRE EL ENLACE

 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica quiere retrasmitir el juicio contra Garzón…

Miembros de la A.I. La Memoria Viva reivindicando en un acto en Mallorca.

ACTUALIDAD — FEBRERO 1, 2011 |

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, una autorización para poder tomar imágenes del juicio contra Baltasar Garzón por su intento de investigar los crímenes de la dictadura franquista, con el fin de poder difundir las imágenes en diferentes soportes.

En su petición, entregada por registro el pasado 27 de enero, la asociación argumenta su derecho a la retransmisión por entender: “que es un derecho de la opinión pública el acceso a los procesos judiciales, que la transparencia es un deber por parte de los poderes del Estado, que el citado proceso judicial va a despertar un amplio interés público, nacional e internacional”. De eso modo el colectivo que lleva más de diez años localizando, exhumando e identificando víctimas del franquismo argumenta su derecho a la retransmisión y añade: “…somos un colectivo compuesto fundamentalmente por familiares de afectados por las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista y tenemos una implicación directa en él; queremos solicitar la pertinente autorización para tomar imágenes del juicio y poder transmitirlo a través de nuestra página en Internet o de cualquier otro soporte”.

En el año 2005 el Tribunal Supremo falló a favor de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y la Asociación de Fotoperiodistas y Reporteros de la Comunidad Autónoma de Madrid en un recurso interpuesto por esos colectivos en su intento de tener el máximo acceso a la cobertura de los procesos judiciales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. En la sentencia 159/2005 se dice que: “contra una normativa restrictiva en el acceso a las cámaras, Pues bien, ha de entenderse que este régimen de prohibición general con reserva de autorización es incompatible con la normativa reguladora del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información”.

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Enlace: Mallorca Confidencial a través de Facebook:

Crónicas. «Los del monte»

• Crónicas reconstruye la historia del ‘maquis’ en la montaña de León
• Franco ocultó que existió una guerrilla armada dispuesta a derribarle
• Se les consideraba  forajidos y se encargó a la Guardia Civil su aniquilación
• La lucha contra el maquis fue una guerra sin cuartel que se libró en los montes
• «Los del monte» se estrena el 30 de enero a las 22:30 h en el Canal 24 horas

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Pedro Juan Méndez, ’Jalisco’, uno de los guerrilleros de la partida del mítico Manuel Girón

Francisca Nieto Blanco, enlace guerrillera; un apoyo fundamental para la pervivencia del ’maquis’. Buena parte de ellas eran mujeres

Guerrilleros muertos

Siguiendo las pistas. Expediente de la fosa hallada en Vilavella

Crónicas. ’Los del monte’ . Álbum de viaje

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Documentos RNE – Las fosas de la memoria – 22/11/08

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Jueces e historiadores reclaman en Ponferrada que se investiguen los crímenes del franquismo

REYES RAMOS. Crónicas 26.01.2011El origen de esta historia fue una noticia aparecida en la prensa el pasado mes de agosto. La Asociación para la recuperación de la Memoria Históricahabía exhumado los restos mortales de tres guerrilleros en la localidad de Vilavella. Entonces comenzó un largo proceso, que todavía no ha terminado, para poner nombre y apellido a aquellos resistentes antifranquistas, y nació, también, la idea de este reportaje sobre la historia de la guerrilla en León.

Tres guerrilleros enterrados detrás de una iglesia

La fosa anónima estaba detrás de la Iglesia del pueblo de Vilavella, aunque lo normal, cuando las fuerzas represivas mataban a miembros de la guerrilla, era enterrarlos extramuros de los cementerios, o en la cuneta de cualquier camino.

Santiago Macías, de la ARMH dirige los trabajos de investigación. Gracias a su ayuda hemos sabido que esos tres guerrilleros podrían ser, aunque todavía no está confirmado, Félix Yáñez, Antonio Vega Guerrero y Pedro Voces Canóniga, este último miembro de una partida muy conocida en León y Galicia compuesta por varios hermanos y llamada “Los Pitaciegas”.

 

• En la fosa de Villavella

 

Siguiendo las pistas

El combate que tuvo lugar en Vilavella en 1943 entre la Guardia Civil y los guerrilleros está perfectamente documentado en un expediente que se conserva en elArchivo Militar de Ferrol. Viajamos hasta allí para saber de primera mano cómo sucedieron los hechos. Y en el laboratorio de la Asociación para la Memoria Histórica, seguimos las pistas que están aportando los trabajos forenses.

“Los del Monte”

Es el nombre que la gente del pueblo puso a los guerrilleros. Sus santuarios eran las zonas más abruptas de la montaña leonesa, en las fronteras con Lugo, Ourense o Zamora.

Un entrañable compañero de TVE, a quien seguro recordarán, José Antonio Gurriarán, es un investigador apasionado de la guerrilla. Con él fuimos hasta los montes de Casaio, un refugio del maquis que resultaba inaccesible en los años cuarenta. Allí levantaron “ La ciudad de la Selva”, donde llegó a haber hasta doscientos resistentes antifranquistas perfectamente organizados civil y militarmente. Para hacer la grabación tuvimos que subir en 4X4 con la ayuda del voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.

 

• Con José Antonio Gurriarán, en los montes de Casaio

 

Ferradillo, territorio maquis

Aunque ha estado abandonado durante muchos años, en ese pequeño pueblo se fundó la primera Federación Guerrillera de España. Fue algo importantísimo, porque se dotaron de una estructura militar y de unos fines políticos. También organizaron unos tribunales de justicia para castigar los delitos comunes. Las violaciones, y la delación, se pagaban con la vida.

Todavía resulta difícil llegar hasta allí, y sigue sin haber una carretera asfaltada. En los años que siguieron a la Guerra Civil era un lugar inexpugnable.

El apoyo popular

La Federación estructuró una red de enlaces que acabó convirtiéndose en un auténtico servicio de información republicano. A los enlaces se les llamó “ la guerrilla del llano”. Se encargaban de proporcionar casas donde refugiarse, comida, ropa de abrigo e incluso información sobre los movimientos de su enemigo: las fuerzas de represión. Muchos de aquellos enlaces fueron mujeres, viudas de republicanos represaliados en la guerra civil.

La memoria de la guerrilla

A la gente de los pueblos, no se le olvida aquella guerra entre la Guardia Civil y la guerrilla, que tanto sufrimiento arrojó sobre sus vidas durante más de una década. Combates como el que se mantuvo en Corporales, en la comarca de La Cabrera, siguen intactos en la memoria popular.

Pedro Juan Méndez, “Jalisco”, fue uno de los guerrilleros de la partida del mítico Manuel Girón. Combatió en Corporales y nos contó cómo fue la última gran batalla con las fuerzas represivas.

http://www.rtve.es/noticias/20110126/cronicas-del-monte/398179.shtml

Ricardo Limia: «Yo fui un esclavo del franquismo»

Uno de los últimos supervivientes del Canal de los Presos, recuerda la brutal represión

M. SERRANO / Á. MUNÁRRIZ SEVILLA  Actualizado: 31/01/2011 20:11

Ricardo se emociona durante su encuentro con ‘Público’ en su casa de Dos Hermanas.PÚBLICO / LAURA LEÓN

Cuando le preguntaban de dónde era, él respondía que de Salvochea, una aldea a tres kilómetros de Riotinto, en Huelva. «Cada vez que lo decía, me pegaban una paliza. Había que llamarla El Campillo, como a ellos les gustaba», recuerda ahora Ricardo Limia a sus 94 años. Esos «ellos» a los que hace referencia son los fascistas de todo pelaje que le arruinaron media vida. Y no sólo por no permitir llamar a su pueblo con el apellido del mítico revolucionario y anarquista Fermín Salvochea que le dio nombre durante los años previos al estallido de la guerra. La toponimia aquí es lo de menos. Ricardo Limia fue un esclavo del franquismo.

Acabada la guerra, el régimen naciente aprovechó la mano de obra esclava para la construcción de una ambiciosa infraestructura destinada a poner en riego más de 50.000 hectáreas en Sevilla y Cádiz. El resultado es lo que aún hoy es el Canal del Bajo Guadalquivir, conocido como el Canal de los Presos. Salidos de campos de concentración como el de Los Merinales, allí trabajaron miles de personas en condiciones extremas de 1940 a 1962, en uno de los mayores empeños represores franquistas. «Cuando la CGT hizo la primera investigación sobre el canal, encontramos a unos 30 supervivientes. Que nos conste, Ricardo es el último que queda vivo, al menos en Sevilla. He dado charlas por todo el país y no he encontrado a más. Desde luego ninguno ha contactado con nosotros», afirma el activista de la CGT Cecilio Godillo,defensor de la dignificación del campo de Los Merinales.

La faraónica obra requirió mano de obra forzosa durante 22 años

Ricardo recibe a Público en Dos Hermanas (Sevilla), donde vive junto a su hijo, José Luis, en una casa próxima a Los Merinales. «Tras estallar la guerra, me escondí un año por la sierra de Huelva, junto a otros milicianos. De allí salió un destacamento de mineros de Huelva a la Pañoleta para luchar en el frente. Fue un engaño. Los mataron a todos. Yo me salvé porque iba detrás en una moto», cuenta Ricardo, que a veces vacila y otras se emociona durante el relato. «Todas las noches dormía escondido detrás de un árbol con un ojo abierto. La gente era mucho más mala que ahora», repasa. Tras ser reclutado a la fuerza y descubierto su plan para pasar a la zona republicana, fue condenado a cadena perpetua en 1937, pena conmutada luego por trabajos forzados. A sus 21 años y habiendo sido secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas de
Riotinto, era carne de canal.

Huidas y fusilamientos

«Los presos morían de hambre, enfermedades, palizas… No lo podéis imaginar. Como te desviaras una mijita, te castigaban. Más tarde o más temprano, caían sobre ti», recuerda Ricardo. Él era encargado de llevar la contabilidad de la construcción y controlar los carburantes. «Me salvó todo lo que aprendí en Salvochea. Como era una colonia minera controlada por los ingleses, sabía leer y escribir, porque ellos obligaban a aprender a todos los niños», recuerda sabiéndose casi un afortunado. «No tuve que cargar piedras. Si no, no hubiera llegado a los 94 años», reflexiona. «Pero en el campo era uno más. Dormíamos todos en los barracones, en el suelo. Me podían mirar mejor o peor según el día, pero era un preso. Era un esclavo, como todos», recalca.

«Los presos en Los Merinales morían de hambre y de palizas»

Ricardi asegura que durante su estancia en el campo se libró por los pelos de una condena a muerte por ayudar a unos presos a escapar. Esquivó el paredón gracias, asegura, a la intercesión de uno de sus jefes, Tomás Valiente. Durante años, cuenta su hijo, se despertó llorando de miedo y de confusión tras unas pesadillas que le recordaban cómo, tras aquel episodio, los guardias lo sacaban por la noche para fusilarlo y luego lo devolvían entre risas al barracón.

Ricardo, que ha sido homenajeado por la Asociación Memoria Histórica y Justicia, tiene ahora ante sí, enmarcada, la declaración del Ministerio de Justicia que declara que fue perseguido por razones políticas. «Cuando la recibí, me emocioné. Pero es tarde. Muchos inocentes que ya no están han tenido que vivir toda la vida siendo tachados de delincuentes», dice.

El único buen recuerdo del campo para Ricardo es que allí conoció a Margarita, que iba a llevar ropa a su hermano. Se casaron tras abandonarlo en 1942 y regresar a Riotinto, donde sacó plaza de jefe de estación. «Me declaré culpable de los robos en los vagones. La gente lo hacía por hambre», recuerda. Lo echaron y se marchó a Sevilla. «Debía presentarme cada día en el cuartel. Un día llegué tarde. Me dieron una paliza», cuenta. Estuvo vigilado hasta 1963. Luego montó una panadería. Y llegó a ser uno de los líderes de este gremio en Dos Hermanas

Memoria Pública (Público.es)

«Las manos sucias de la justicia española»

Aunque ningún cable revelado por WikiLeaks hace referencia a la investigación de los crímenes franquistas que abrió Baltasar Garzón en 2008 y a pesar de las declaraciones del propio juez sobre la independencia de la justicia española frente a las presiones de la embajada estadounidense, esta claro que había una conspiración entre el gobierno de Estados Unidos y altos cargos de la justicia española para evitar la libertad de acción de Garzón en asuntos que tuvieran que ver con crímenes contra la humanidad y la aplicación del concepto de justicia universal.

No cabe duda que Washington estaba preocupada sobre todo por su investigación de torturas en la base militar de Guantánamo y que les importó un bledo los 114,000 desaparecidos españolesexterminados por el régimen de Franco, aunque si empiezas a excavar rápidamente aparecen los restos de responsabilidad estadounidense por facilitar el genocidio de «los rojos».

¿Pero qué puedes esperar de un super país? Se trata de una Real politik que no debe extrañar a nadie que conozca lo más mínimo la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, el comportamiento de fiscales y jueces como Cándido Conde-Pumpido y Javier Zaragoza nos debería asustar tanto como para hacer una revisión de la suspensión de Garzón y su juicio pendiente en el Tribunal Supremo.

La única manera de mostrar la integridad y honradez de la justicia española es castigar a sus traidores

Si fue difícil creer en su momento que Falange, responsable de la ejecución sistemática de miles de personas durante el golpe de estado de 1936, puede ejercer tanto poder en el marco jurídico actual, junto a un «sindicato» ultraderechista que tiene el mal gusto de llamarse Manos Limpias, ahora se entienden mejor los múltiples autos de Javier Zaragoza en contra de la investigación del franquismo desde su primer momento.

La presión metida a Garzón por abrir su investigación histórica era extraordinaria, totalmente incoherente con la previa aplicación de la justicia universal por el magistrado y otros jueces de la Audiencia Nacional y, al final, acabó resultando un aborto de la justicia a tan sólo un mes después de abrirse la investigación. Todos sabemos que pasó a continuación. Animado por los argumentos utilizados por Zaragoza y la votación en contra de la investigación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Falange y Manos Limpias denunciaron a Garzón por prevaricación.

Si la increíble revelación de que el propio juez Luciano Varela ayudó a los querellantes a elaborar sus denuncias contra Garzón no fue suficiente para archivar el caso, la revelación de WikiLeaks en la que se ven claramente determinadas «manos sucias» de la justicia española debería ser motivo no solo para la anulación de la suspensión de Garzón, sino también la inmediata dimisión de Zaragoza y Conde-Pumpido. Mientras haya un claro consenso de los expertos de la justicia internacional en que Garzón no fue culpable de prevaricar, sería más que injusto que ellos siguieran en sus cargos después de haber puesto los intereses de Estados Unidos por encima de la independencia de la justicia española y la libertad de Garzón.

Aunque no sabemos si la denuncia y la suspensión de Garzón forma parte de la conspiración en su contra llevada a cabo por los diplomáticos estadounidenses y determinados fiscales y jueces españoles, ahora la única manera de mostrar la integridad y honradez de la justicia española es castigar a sus traidores y restaurar en su cargo al ejemplar defensor mundial de los derechos humanos.

Scott Boehm es investigador en The Spanish Civil War Memory Project de la Universidad de California-San Diego.

Memoria Pública (Público.es)

Guerra, Carrillo, Fraga y Blas Piñar, unidos en el 30 aniversario del golpe…

José Bono reunirá a los diputados que estuvieron presentes en el Congreso el 23-F

EP Madrid 01/02/2011

Tejero, en el Congreso. REUTERS

El presidente del Congreso, José Bono, cursará una invitación a los diputados que ocupaban los escaños del hemiciclo el 23 de febrero de 1981 para que asistan al acto institucional que está organizando con motivo del 30 aniversario de la intentona golpista que protagonizó el ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero.

Según avanzó a sus compañeros de la Mesa del Congreso, el acto se celebrará al margen de la sesión plenaria y, por tanto, fuera del hemiciclo, que el próximo miércoles 23 de febrero acogerá la habitual sesión de control al Gobierno, informaron en fuentes parlamentarias.

La celebración de este acontecimiento había sido esbozada por Bono hace dos semanas, momento en el que desveló que ya había hablado de la convocatoria con el que fuera presidente del Congreso en el 23-F, Landelino Lavilla, de la extinta UCD; con el entonces jefe de la oposición, el socialista Felipe González, y con el líder comunista Santiago Carrillo.

Votación de investidura

Bono no ha detallado a la Mesa en qué consistirá este acto, el primero que se celebra en el Congreso con motivo de un aniversario de la intentona golpista ocurrida durante la votación de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como jefe del Ejecutivo (en el 25 aniversario todo se limitó a la lectura de una declaración institucional). Sí ha avanzado que su objetivo es reunir a buena parte de los diputados que vivieron aquel momento.

Algunos de ellos siguen en activo, como el propio Bono, entonces miembro de la Mesa de la Cámara Baja; el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves; los diputados Alfonso Guerra, José María Benegas y Juan Barranco, del PSOE, y Soledad Becerril, ahora en el PP; los actuales eurodiputados del PP Jaime Mayor Oreja y Luis De Grandes; y el hoy senador y presidente fundador del PP, Manuel Fraga, entonces al frente de Alianza Popular.

Otros invitados de renombre, actualmente fuera de la primera línea de confrontación política, son los entonces centristas Alberto Oliart y Manuel Núñez, hoy al frente de RTVE y del Tribunal de Cuentas, respectivamente; el comisario europeo Joaquín Almunia; el ex defensor del Pueblo Enrique Múgica y el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Retirados de la vida política se encuentran el líder del PCE en la Transición, Santiago Carrillo; el sindicalista Nicolás Redondo (UGT); los nacionalistas Miquel Roca (CiU) y Marcos Vizcaya (PNV); el andalucista Alejandro Rojas Marcos; los centristas Rafael Arias Salgado y Rodolfo Martín Villa, que ahora están en la empresa privada, y los entonces socialistas Miguel Boyer, Carlos Solchaga, Javier Moscoso, Gregorio Peces Barba y Manuel Marín (estos dos últimos presidieron la Cámara años después).

Eso sí, en la lista de diputados de aquella primera legislatura también figuran Blas Piñar, el histórico líder de la ultraderechista Fuerza Nueva; el nacionalista Macià Alavedra, entonces diputado de CiU y ahora imputado en el caso Pretoria; y el socialista navarro Gabriel Urralburu, condenado en su día por malversación de fondos públicos en la trama navarra del caso Roldán.

80 aniversario de la II República

Esquerra Republicana (ERC) e Izquierda Unida ya adelantaron su conformidad con la celebración de dicho aniversario, ya que con el mismo se pretende recordar a las nuevas generaciones «el oprobio y la vergüenza de la Cámara», en palabras Gaspar Llamazares.

Eso sí, ambas formaciones también quisieron dejar claro que esperan de Bono «la misma sensibilidad» para cuando se cumpla el 80 aniversario de la II República, cuyo homenaje propondrá IU en la Mesa del Congreso.

Más crítico se mostró el senador del PNV Iñaki Anasagasti, quien auguró que el acto que prepara el presidente del Congreso será «vacío e hipócrita». «El mejor homenaje sería aclarar todo lo sucedido y, si no, correr un tupido velo», llegó a decir.

Público.es

 

Víctimas del franquismo piden que el juicio a Garzón sea público…

La ARMH ha solicitado en un escrito dirigido al presidente del Supremo que se garantice la publicidad y transparencia de las sesiones

PATRICIA CAMPELO Madrid 01/02/2011

La Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo llenó de velas la Puerta del Sol en junio de 2010 en homenaje a los desaparecidos por la dictadura./PÚBLICO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado «publicidad» y «transparencia» en el inminente juicio que se seguirá contra Baltasar Garzón por haberse declarado competente en investigar los crímenes del franquismo. El magistrado,suspendido en funciones desde mayo del año pasado, fue acusado de prevaricación por el sindicato de ultraderecha Manos Limpias, denuncia a la que se unió posteriormente Falange Española.

El Supremo aún no ha fijado la fecha del juicio en el que declararán como testigos algunos de los familiares y asociaciones de víctimas que presentaron la denuncia ante Garzón para que investigara estos delitos. Aún así, la ARMH ha solicitado en un escrito dirigido a Carlos Dívar, presidente del Supremo, la retransmisión del juicio «para conocer» las intenciones del Alto Tribunal, según ha explicado Emilio Silva, el presidente de la asociación que lleva diez años localizando, exhumando e identificando víctimas del franquismo.

Una sentencia del Supremo de 2005 falló a favor de la publicidad de las sesiones

El colectivo que preside Silva tiene la intención de emitir el juicio a través de su web u «otros soportes», y se ampara en que «es un derecho de la opinión pública acceder a las sesiones». Argumenta que la transparencia de los procesos «es un deber por parte de los poderes del Estado» y que, en el caso del juicio a Garzón, habrá un amplio interés público «nacional e internacional».

Información veraz

En la misiva, registrada el pasado 27 de enero y de la que Silva espera contestación, la ARMH añade: «Somos un colectivo compuesto en su mayoría por familiares de afectados por las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista y tenemos una implicación directa en este juicio».

Como antecedente jurídico, recuerdan que, en 2005, el Tribunal Constitucional falló a favor de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y de la Asociación de Fotoperiodistas y Reporteros de la Comunidad de Madrid en un recurso interpuesto por esos colectivos para dar mayor cobertura a los procesos judiciales.

La sentencia 159/2005 establece que el régimen general que prohíbe —con algunas reservas— el acceso de cámaras a los procedimientos judiciales, es incompatible con las normas que regulan el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de información.

Recusados

El Tribunal Supremo paralizó el pasado 14 de enero la causa abierta contra Garzón hasta que se resuelvan las recusaciones que presentó el magistrado contra cinco de los siete  jueces del Alto Tribunal que se encargarán de juzgarle, un paso que ha contado con el respaldo de la Fiscalía.

Además del proceso por los crímenes del franquismo, Garzón se encuentra imputado en el Tribunal Supremo en otros dos procedimientos: por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del caso Gürtel y sus abogados y por no abstenerse en una querella contra los responsables del Banco Santander, a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.

Memoria pública (Público.es)