Un juicio al Tribunal Supremo

febrero 23, 2011

Villarejo en la presentación en Madrid de La solidaridad con el Juez Garzón

  TRIBUNA: CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO,23/02/2011.

Se aproxima el juicio oral contra el juez Garzón y conviene recordar que el Gobierno español está pendiente de responder al requerimiento de la justicia argentina acerca de “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. Evidentemente, la respuesta es la persecución penal del juez Garzón por el Tribunal Supremo (TS) bajo el impulso de los herederos del franquismo, precisamente por haber practicado, como estaba legalmente obligado a hacer, unas diligencias preliminares para esclarecer aquel plan y algunas de sus consecuencias, como las desapariciones forzadas y el secuestro de niños.

Este organismo ya ha errado al impedir investigar los crímenes de Franco y procesar en su lugar a Garzón

El TS deniega justicia y quebranta el derecho internacional

El TS debe saber que cuando inicie el juicio al juez Garzón, la conducta del propio TS también será sometida a juicio por los ciudadanos y la sociedad democrática. El pueblo le exigirá que obre con auténtica independencia -al margen de cualquier forma de jerarquización y corporativismo-, con imparcialidad -ya puesta en duda por uno de los jueces de propio Tribunal-, con buena fe, con fiabilidad y con acierto; porque todo ello está en duda desde que en abril de 2009 comenzó el proceso. Y de modo acorde con la Constitución y los valores democráticos, lo que en este caso representa, frente a lo que no han hecho hasta ahora, la rigurosa aplicación de los tratados internacionales respecto de los Crímenes contra la Humanidad.

El TS debe saber que estará bajo la mirada muda, doliente y desesperanzada de los familiares de las víctimas de la dictadura y de estas mismas. La mirada, entre otras, de los familiares de las 192.684 personas que, según las autoridades franquistas, murieron, la mayor parte de ellas fusiladas, en las cárceles entre 1939 y 1944; de los 1.717 fusilados en el Camp de la Bota de Barcelona entre 1939 y 1952, o de los 6.748 condenados por el Tribunal de Orden Público. Familiares y víctimas que contemplan, incrédulas, la total impunidad del pasado totalitario de España mientras desde otro país nos piden cuentas.

Y todos los ciudadanos que van a observar y valorar al TS durante el juicio al juez Garzón no olvidan que, objetivamente, el juez Varela y el TS han tomado posiciones, manifiestamente erróneas, para impedir la persecución del genocidio franquista y justificar así la persecución del juez Garzón.

Así lo acredita el reiterado rechazo a la perseguibilidad de dicho genocidio, consecuencia de la oposición por el TS a admitir los conceptos básicos que sustentan el Derecho Penal Internacional y justifican la persecución de dichos crímenes. Conceptos yaexistentes en la Cláusula Martens de la Convención de La Haya de 1907 y que, tras la derrota del nazismo, estuvieron presentes en el Estatuto del Tribunal de Núremberg, en el Convenio de Roma de 1950 y en los Pactos de Nueva York de 1966, que obligan a su persecución si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.

La dictadura franquista, intentando aproximarse a la comunidad internacional, asumió algunos de estos Principios incumpliéndolos reiteradamente. El dictador, en 1952, ratificó los Convenios de Ginebra de 1948 sobre la protección de prisioneros y civiles durante los conflictos armados, nacionales e internacionales, que prohibían “las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio por un tribunal regularmente constituido y dotado de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados” (BOE de 26/8, 2/9 y 5/9 de 1952).

El juicio popular al TS tiene diversos fundamentos. Primero y principal, la decisión de admitir a trámite la querella de la organización ultraderechista Manos Limpias, que atribuía al juez Garzón la comisión de un delito de prevaricación, resolución que, según un organismo del Memorial Democratic de Catalunya, expresaba que aún pervivían en el TS “decisiones marcadas por un sesgo ideológico franquista” y “generaba una duda razonable sobre la imparcialidad del alto tribunal”.

Y porque el TS ha quebrantado el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas, ha reforzado la impunidad de dichas conductas y ha incumplido el deber de todo tribunal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada a la gravedad de los delitos que se cometieron contra ellas y sus familiares.

El proceso penal contra el juez Garzón expresa, asimismo, la quiebra del principio de la independencia judicial y la criminalización de la libre interpretación de las leyes, además, de un preocupante posicionamiento del Poder Judicial dentro de la “lógica de los Estados”, “la lógica hobbesiana del poder” frente a la “lógica de las víctimas”, abriendo una gran brecha en la confianza de los ciudadanos en los jueces que deberían tutelar y amparar sus derechos.

El transcurso del tiempo ha acrecentado la gravedad del problema que motivó las denuncias a finales de 2006. A finales de 2008, las cifras de desaparecidos ya llegaban a los 152.237. Y, según el informe más reciente de la Oficina para la Atención de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, del Ministerio de Justicia, actualmente existen 1.097 fosas pendientes de actuación.

Ante esta terrible realidad, las “Asociaciones (denunciantes) para la Recuperación de la Memoria Histórica no pretenden solo identificar a los abuelos asesinados por el franquismo y darles una sepultura digna. De paso, quiéranlo o no, están haciendo un juicio político al franquismo, a la transición y a la democracia que, sucesivamente, ocultó, se desinteresó o tardó en entender el alcance de la responsabilidad en una democracia” (Reyes Mate). Y es por ello que el proceso contra el juez Garzón debe ser analizado como un juicio político al TS, que emprendió la persecución del único juez que se ha atrevido a calificar como criminales a quienes inspiraron y ejecutaron el golpe militar de 1936 y la subsiguiente política de exterminio, así definida por ellos mismos.

En consecuencia, como dijeron tres magistrados de la Audiencia Nacional, “la investigación a la que tienen derecho las víctimas según el derecho internacional, ha sido clausurada”.

Ello se ha traducido en una constante denegación de justicia, y de vulneración por el TS de los derechos constitucionales de las víctimas a la jurisdicción, a un proceso debido y a la tutela judicial. No ha habido víctimas más maltratadas, más olvidadas, más “invisibilizadas”.

Así lo expresa el rechazo del TS a las pretensiones procesales de dichas asociaciones, rechazo que tiene su máxima expresión cuando les reprocha de forma ofensiva “un manifiesto abuso de derecho”, exigiéndoles que se “abstengan de perturbar la jurisdicción del Tribunal Supremo”. ¡Qué muestra de arrogancia, que contrasta con la magnanimidad y benevolencia que han mostrado hacia la representación de la extrema derecha en dicho proceso!

Ante esta dramática situación, esperamos, pese a todo, que la sentencia respecto del juez Garzón sea la constatación de que, como dijo el jurista Ferrajoli, es verdad que: “¡Hay jueces en Berlín!”, en el sentido de que “debe haber un juez independiente que intervenga para reparar las injusticias sufridas y para tutelar los derechos de un individuo”, en este caso de dicho juez. Y que la sociedad pueda emitir al fin y al cabo un veredicto favorable al TS.

Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal de Anticorrupción


El ex-fiscal Jimenez Villarejo presentó en la capital francesa su libro « Solidaridad con Garzón »

febrero 23, 2011

Jiménez Villarejo se ratifica en sus declaraciones sobre los Jueces del TS:

“Son la actual expresión del fascismo español

 El sábado 22 de enero tuvo lugar en París un acto de apoyo al Juez Baltasar Garzón que reunió a 150 personas, ciudadanos españoles familiares de víctimas de los crímenes franquistas e invitados franceses.

Carmen Negrin Carlos Jimenez Villarejo

La celebración del Acto fue apoyada por numerosas organizaciones francesas e internacionales tales como Amnistía Internacional, el Sindicato de la Magistratura Francesa, el Presidente de la Liga Francesa de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados de París, el Sindicato de Abogados de Francia así como numerosos universitarios franceses como Jean Ortiz.

mesa Conc Jaroslawski.J Rojas C Negrin C. Jimenez y Matias Alonso

En el acto intervinieron profesionales del derecho ejercientes en Francia y personalidades como Carmen Negrín, nieta del último Presidente del Gobierno de la 2da República y Carlos Jimenez Villarejo, ex-fiscal anti-corrupción y ex-miembro del Grupo de Expertos encargado de buscar las fosas comunes en España.

El coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica en la Comunidad Valenciana, Matías Alonso, resaltó la importancia de la movilización ciudadana en España en apoyo al Juez Garzón y que pide a gritos que sigan las investigaciones sobre los desaparecidos de la posguerra civil. Destacó que la movilización actual de la Plataforma “París con Garzón” pone en evidencia que la sociedad española está llamando a las puertas de la conciencia de todos los países de la Unión Europea.

Matías Alonso anunció futuros actos en Europa, empezando por Berlín dentro de unos días.

Por su parte, Carmen Negrín expresó su indignación por el encausamiento del Juez Garzón al señalar que es curioso que “En España se puede hablar de la época franquista en películas y otros ámbitos culturales pero no se deja estudiar esa época en términos educativos y además se pretende sancionar al único Juez español que ha intentado ayudar a las familias de desaparecidos.”

Baltasar Garzón, tal y como recordó la nieta del Presidente del Gobierno republicano, llevó a cabo el mismo tipo de investigaciones sobre desaparecidos en Argentina y en Chile. Carmen Negrín recordó la impresionante trayectoria del Juez actualmente suspendido de su cargo en la Audiencia Nacional y sus actuaciones en temas tan sensibles como el caso Gurtel y la lucha contra la organización terrorista Eta.

El autor del libro presentado en el acto, Carlos Jiménez Villarejo recordó sus palabras pronunciadas en abril de 2010, avaladas oficialmente este 20 de enero de 2011 por la Audiencia Nacional como ejercicio de la libertad de expresión propio de cualquier persona en un Estado democrático.

El ex-Fiscal Jefe Anticorrupción volvió a afirmar en París que la actuación de algunos jueces del Tribunal Supremo se puede considerar como “un golpe brutal a la democracia española” y “un instrumento de la actual expresión del fascismo español”.

Desde un punto de vista técnico, resaltó que los Pactos Internacionales aplicables en España a los Crímenes contra la Humanidad fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado antes que la Ley de Amnistía de 1977. Por ese motivo y aplicando una actuación común de los Tribunales en crímenes contra la Humanidad, siguiendo la del Tribunal de Nuremberg, dicha Ley de Amnistía no puede, en ningún caso, impedir las investigaciones necesarias sobre los planes de exterminio sistemático de los oponentes políticos al franquismo en la posguerra. Se trata de hacer justicia a cerca de 122 000 fusilados ilegalmente en esos años.

Familiares de victimas, residentes en Francia