Farrés Brothers i Cia explica la importancia de la memoria histórica en La Maleta de Agustí…

marzo 24, 2011

Inspirada en la vida del periodista y fotógrafo Agustí Centelles

La Maleta de Agustí
La Maleta de Agustí
Jordi Farrés y Pep Farrés en una escena del espectáculo

Virginia Fernández – laRepúblicaCultural.es

Explicar la importancia de la memoria histórica a los niños no parece una tarea fácil. Tampoco lo es hablar de la guerra civil, ni del exilio. Quizás esta sea la magia de los títeres, su capacidad para narrar sin tabúes y desde los ojos de la inocencia, historias complejas que quizás es necesario resucitar en nuestra memoria.

La compañía catalana Farrés Brothers reconstruye de esta manera parte de la vida del periodista y fotógrafo Agustí Centelles a través de los ojos de quienes velaron por mantener a salvo un secreto, con el afán de proteger vidas. André, un niño francés descubre una maleta en el desván de sus padres, cuyo contenido le inspira desde el principio una gran curiosidad.

Se trata de las fotografías del periodista Agustí Centelles, que se autoexilió a Francia en 1939, llevando consigo los negativos de la guerra civil que consideraba más relevantes.

A través de esas fotografías, de los títeres y de los actores que dan vida a esos personajes se nos sitúa con habilidad en tres tiempos diferentes. El recuerdo de lo que fue y de lo que fuimos. La conciencia de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. La fotografía se convierte en una herramienta necesaria de denuncia de las guerras, reflejando la sinrazón y el sufrimientos de quienes las padecen.

Más allá de explicaciones históricas, la obra reivindica la reconciliación de quienes en su día pelearon. A veces es necesario dejar pasar mucho tiempo para que las heridas cicatricen. Para ello, la memoria histórica personal y general nos ayuda a entender mejor nuestro presente.

La compañía Farrés Brothers convierte el propio escenario en una maleta de recuerdos, que esconde una historia interesante a la que llegamos a través del juego, usando el lenguaje y la realidad tal y como la verían los niños. Un mundo en pequeño formato, donde la imaginación se convierte en algo primordial, a la hora de entender el mundo de los adultos.

Resulta fácil entrar en conflictos domésticos y sin embargo, no resulta nada obvio cómo llegar a un punto de reencuentro. El mundo de los niños es aquí un ensayo que nos prepara para la vida adulta, un escenario de sueños donde jugamos a que queremos ser en esta vida. La maleta de Agustí fue premiada durante la pasada feria de Teatro infantil de Gijón, FETEN.

Jordi Palet, Pep Farrés y Jordi Farrés integran la compañía y han convertido su pasión por narrar historias en su medio de vida. Su primer montaje se estrenó en el año 2002, con “operación abuelo” donde se reflexiona sobre el hecho de envejecer. Recientemente han estado actuando en el festival Teatralia con La maleta de Agustí, y continúan su viaje durante los meses siguientes por otras ciudades catalanas.

laRepúblicaCultural.es vía google noticas


Miguel Hernández era culpable…

marzo 24, 2011

23 mar 2011

RAMÓN SÁEZ

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo comunicó el mes pasado el auto por el que se niega a revisar la sentencia del Consejo de Guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, por el delito de adhesión a la rebelión. Sostienen que la sentencia ha perdido vigencia jurídica. Se frustran así las expectativas que había abierto la Ley de Memoria Histórica sobre la anulación de las sentencias de los tribunales de la represión franquista y de reparación de sus víctimas. Lo primero que sorprende es que la revisión de las resoluciones de los consejos de guerra sea competencia de una sala militar, una excepción heredada de la Transición, hoy inexplicable. Es la misma sala que ha venido denegando sistemáticamente la revisión de las condenas a muerte pronunciadas por aquellos infratribunales, con base en una falsa seguridad jurídica.

La familia del poeta esgrimió dos argumentos. El primero, que Miguel Hernández era inocente, como demostrarían las notas de recomendación de cuatro justos, amigos del escritor, que se atrevieron a testimoniar que era persona buena y honrada. Es una estrategia equivocada, en la que incurre también la Sala del Supremo al señalar que la sentencia tenía un “manifiesto sesgo político e ideológico”. Al mirar de frente al horror no se le puede reconocer racionalidad jurídica alguna. Miguel Hernández era culpable de haber defendido la legalidad democrática, con la palabra, la poesía y la propaganda, frente a los criminales que se habían alzado e impuesto un orden de terror. Claro que no se había rebelado. Ni él ni tantos que fueron condenados; ni tampoco las decenas de miles de personas, hombres y mujeres, asesinadas en aplicación del bando de guerra, ejecuciones extrajudiciales de las que el Estado todavía no ha dado cuenta; véase el vergonzoso caso de las 17 Rosas de Guillena, mujeres de entre 20 y 70 años fusiladas en octubre del 36, que siguen aguardando en una fosa común de Gerena (Sevilla), ahora localizada, una subvención económica para que sus familiares puedan identificar y recoger sus restos.
Lo esencial es que aquellos consejos de guerra no eran tribunales ni sus sentencias actos de justicia, sino piquetes de verdugos y hechos de barbarie. Como dijo el Tribunal de Núremberg en la causa contra los juristas nazis, “el puñal del asesino se ocultaba bajo la toga del juez”.

También alegaron los familiares del poeta que la Ley de Memoria Histórica planteaba un hecho nuevo, al declarar la injusticia de las sentencias que dictaron los ilegítimos tribunales de la represión. Este motivo no ha sido analizado por la Sala Militar. Y parecía concluyente. Sostener que aquella sentencia carece de vigencia jurídica, como dice la exposición de motivos de la ley, es una constatación simple. El auto debió explicar qué alcance tiene la categoría vigencia, aplicada a la resolución radicalmente injusta de un tribunal ilegítimo, para impedir su anulación. La sentencia debió perder toda vigencia cuando el poeta murió en la soledad y la miseria del penal, hace ahora 69 años a causa, no lo olvidemos, de las condiciones infrahumanas del encierro que el Estado fascista impuso a los presos políticos. Hambre, frío y enfermedades, esa era la dieta para los que no fueron asesinados por las balas del pelotón de ejecución. La vigencia se refiere a la eficacia de un acto en el tiempo y en el espacio. La nulidad es la única manera de hacer justicia al condenado, expulsando la sentencia y estableciendo que nunca debió pronunciarse, como primera forma de reparación de un daño inconmensurable.

La seguridad jurídica vuelve a mencionarse a propósito de las resoluciones de los tribunales de excepción. En la sentencia que denegó la revisión del caso Grimau, fusilado en 1963, la Sala Militar dijo que “había que garantizar la seguridad jurídica que la sociedad requiere” y concluyó que “la Autoridad militar judicial, legítima a todos los efectos, la aprobó (la sentencia de muerte) por considerarla ajustada a la ley, quedando firme”. Firme sigue y sin reparar el crimen. Valga recordar que la pretensión de mantenimiento de las sentencias del terror es antijurídica, no sólo porque ahora lo diga la ley, sino porque no hay interés que tutelar salvo el honor de las instituciones de la dictadura, un Estado ilegal según el derecho internacional. Nada pinta la seguridad para analizar dicha cuestión, que es de estricta (in)justicia.

Con todo, hay que advertir que si la sentencia sólo perdió la vigencia, es porque mantiene el estatuto de acto del derecho. El problema de fondo es el de una cultura jurídico política que sigue creyendo que la Transición se hizo de la ley a la ley, como alegó el Tribunal Supremo para no tramitar la recusación contra los magistrados que juraron lealtad a la dictadura; una cultura que se resiste a admitir que la instauración de un Estado de derecho ha de representar necesariamente un corte profundo con el orden precedente del Estado policial, como reclama una verdadera cultura de la legalidad democrática.

Habrá de esperarse al pronunciamiento del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; si no se estimaran las pretensiones de las víctimas, la decencia pública requerirá de una ley, como en Alemania respecto a los tribunales nazis, que anule las sentencias del horror. El daño causado por la condena a muerte del poeta Miguel Hernández sigue sin reconocimiento ni reparación. La presencia de aquellas sentencias infames compromete nuestro presente. Porque no son sentencias, sino crímenes de Estado.

Ramón Sáez es magistrado de la Audiencia Nacional

Ilustración de Mikel Casal

Público.es


Familiares de niños robados se reúnen este jueves con el asesor nombrado por Justicia para coordinar los casos…

marzo 24, 2011

Foto de la Noticia

Foto: MINISTERIO DE JUSTICIA

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) –

La Plataforma de afectados por el robo de niños en clínicas de toda España se reunirá este jueves con Ángel Nuñez, que coordinará desde el Ministerio de Justicia los asuntos competentes con las tramas de niños que fueron robados desde los años del franquismo hasta principios de los 90, según han informado a Europa Press fuentes del departamento dirigido por Francisco Caamaño.

Los representantes de la asociación se entrevistarán a las 12.00 horas con Ángel Nuñez, asesor del gabinete del Secretario de Estado, que se encargará de coordinar “tanto los asuntos correspondientes a la vía jurídica como a la administrativa” en la causa de niños robados.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, recibió el pasado 16 de febrero a varios representantes de la asociación ante quienes se comprometió a crear esta figura y a facilitar el acceso a los registros para facilitar la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Asimismo, anunció la disposición del Estado a costear las pruebas de ADN que encarguen los jueces y fiscales que investiguen el robo de bebés.

PIDEN LA APERTURA URGENTE DE LOS ARCHIVOS

La Plataforma ha indicado en un comunicado que presentará ante el coordinador de Justicia un análisis sobre las tramas de niños robados y trasladará la “necesidad” de abrir los archivos a los afectados. Los familiares sospechan que “los bebés que fallecían se apuntaban en el libro de registros de fallecidos tanto los hipotéticos como los reales, ya que diferenciaban varias causas absurdas de fallecimientos”.

“Tras este apunte a los bebés que hipotéticamente fallecían se apuntaba la fecha en la que constaba como fallecidos para inmediatamente trasladar esa misma fecha al libro de registros de nacidos como si fuesen bebes nuevos, con otros nombres y otros padres”. “Cuando en realidad eran nuestros hijos y hermanos robados y los que figuran como padres son los que realmente los compraron o se apropiaron”, sostienen.

De esta forma, la asociación solicitará “con urgencia” la apertura de los archivos para conocer la identidad de sus familiares, tal y como solicitó el pasado martes 15 de marzo su coordinadora Mar Soriano en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Agencias: europapress.es


Vidas robadas…

marzo 24, 2011
Julio Antonio Vaquero. Lne.es, – 24 Marzo 2011

La represión franquista como origen de las redes de tráfico de niños

 

JULIO ANTONIO VAQUERO IGLESIAS

El espanto nos embargó el corazón cuando comenzamos a saber, tras el final de las dictadura militar argentina, cómo, con frecuencia, los militares represores se habían apropiado de los hijos de sus víctimas, los habían adoptado ilegalmente y aquéllos vivían sin saber que los que creían que eran sus padres no eran sino los asesinos y represores de sus verdaderos progenitores. Nuestro espanto continuó, cuando a partir de los noventa se profundizó en el conocimiento de la represión franquista y nos enteramos que los militares argentinos habían seguido en esa práctica ignominiosa las mismas pautas que los vencedores de la guerra civil habían tenido con los hijos de las madres encarceladas de los vencidos. Y ese espanto ha alcanzado su máximo nivel estos últimos años cuando se ha ido descubriendo que pasado el primer franquismo e incluso después del fin de la dictadura, ese tráfico de niños continuó en nuestro país sin esa finalidad represora, sino únicamente como un lucrativo y criminal negocio fundamentado en la tradición anterior.

De todo ello trata Historias robadas, del abogado Enrique J, Vila Torres, especializado en estos casos del tráfico ilegal de niños y asesor de Anadir, asociación dedicada a la defensa de los afectados por estos robos de niños. Vila Torres nos relata de forma novelada un ramillete de casos, sobre todo, referidos a la etapa en que, ya fuera de la originaria finalidad de control ideológico que tuvo en las primeras décadas del régimen franquista, el tráfico de niños se convirtió en un puro y duro negocio criminal que ha llegado hasta los años ochenta.

Victorioso el franquismo, uno de sus objetivos represores fue tratar de eliminar toda influencia de los vencidos considerándolos como una deformación de la raza española, ideología en la que tuvieron papel decisivo los planteamientos del psiquiatra del régimen Vallejo- Nágera que llegó a mantener que era necesario combatir «la propensión degenerativa de los muchachos criados en el bando republicano», aconsejando que éstos debían quedar bajo el control de la red asistencial falangista o católica como medio necesario para garantizar «una exaltación de las cualidades biopsíquicas raciales y la eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degeneración del biotopo».

Sobre estos u otros parecidos fundamentos racistas represores se fundamentó la base legal que condujo al tráfico de niños que se desarrolló durante la primera etapa del franquismo. La orden del Ministerio de Justicia del 30 de marzo de 1940 estableció que las presas tendrían el derecho de amamantar a sus hijos y tenerlos con ellas en las prisiones hasta que cumpliesen los tres años. Lo que parecía un acto humanitario se convirtió, sin embargo, en la base para las deportaciones infantiles hacia las instituciones asistenciales franquistas que llegaron a alcanzar alrededor de los 10.000 niños. Y a partir de esas instituciones se desarrolló con el beneplácito del Estado un intenso tráfico de los hijos de las presas del franquismo que eran entregados sin el conocimiento y el permiso de sus padres en adopción a familias partidarias del régimen que solían realizar una profunda labor de adoctrinamiento de los niños contra la ideología que profesaban sus padres biológicos. Lo que dio lugar frecuentemente, como ocurrió en uno de los casos que nos relata el autor, al rechazo explícito por parte de los niños de sus verdaderos padres.

Sin embargo, cuando pasados los años de posguerra esa política represora del régimen fue abandonada, el tráfico de niños no desapareció, sino que continuó como un negocio ilegal y muy lucrativo, aprovechando las redes y la experiencia de la etapa anterior. No estamos hablando de algunos casos puntuales, sino que el número de las víctimas de ese criminal comercio puede ascender alrededor de las 200.000, como calcula el autor extrapolando los casos de su experiencia forense. Ni fueron actuaciones aisladas, sino el resultado de una trama articulada formada por médicos, enfermeras, funcionarios y religiosas que lograron sustanciosos beneficios ( la venta de uno de esos niños podía costar a los falsos padres varios cientos de miles de pesetas) con su comercio de carne humana a través del engaño a las familias sobre los cuerpos de los presuntos niños fallecidos y falsificando los datos de los registros institucionales y civiles y amparándose para todo ello en el Código Civil español en el que prevalecía el derecho de los padres a mantener el anonimato de las adopciones.

Las averiguaciones de sus familias y de ellos mismos favorecidas por la modificación del Código Civil que reconoce ahora el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes biológicos, han ido multiplicando el número de casos conocidos o sospechosos, dejando ver la enorme dimensión de un problema que la sociedad ya no puede ignorar ni la Justicia dejar de intervenir. De hecho, la presión de las asociaciones que representan a las víctimas de este tráfico ilegal ha logrado que la Comisión de Justicia del Congreso haya tomado cartas en el asunto. Los representantes de todos partidos han apoyado la investigación y búsqueda de esos niños robados y que se tomen las medidas legislativas oportunas que favorezcan las indagaciones documentales de los afectados y el peso de la ley caiga sin contemplaciones sobre los autores de esa trata de seres humanos, que, como ha mantenido incluso el diputado del PNV en la comisión, debe ser considerada como un crimen contra la humanidad y como tal que esos delitos no estén sujetos a prescripción. Ésa sería, sin duda, la medida necesaria para que, de verdad, los autores y responsables de esos hechos que todavía hoy vivan puedan pagar por su horrendo crimen.

http://www.lne.es/cultura/2011/03/24/vidas-robadas/1050579.html


Ferrol hace memoria histórica con debates y cine…

marzo 24, 2011

L. BUSTABAD – Ferrol – 24/03/2011

Un mes para que Ferrol recupere su memoria con “naturalidad, rigor histórico y sin estridencias”. El Ayuntamiento ferrolano se ha aliado con Fuco Buxán y Memoria Histórica Democrática, dos asociaciones comprometidas en la recuperación de las voces olvidadas en el franquismo, para poner en marcha un ciclo de conferencias, cine, teatro y música con la proclamación de la II República, la Guerra Civil y la dictadura como telón de fondo.

A verdade nunha man pechada, un verso del poeta ferrolano Ernesto Guerra da Cal, da nombre al extenso programa de actos que ha diseñado el Gobierno local socialista para las próximas semanas (del 29 de marzo al 27 de abril), coincidiendo con el 80º aniversario de la proclamación de la II República, que Ferrol recordará el 14 de abril con una sencilla ofrenda floral en el cementerio de Serantes, donde murieron fusilados centenares de vecinos.

La mujer es la protagonista de un ciclo que repasará los avances del feminismo entre 1931 y 1936 -sufragio, divorcio o boda civil- y su “brutal retroceso” durante 40 años de dictadura. Arranca el próximo martes con la proyección de documental de Patricia Ferreira Señora de que dará paso, al día siguiente, a la mesa redonda Mujer y memoria, que estudiará la presencia femenina en las guerrillas.

Habrá debates sobre la recuperación de la memoria desde la perspectiva de jueces, catedráticos e historiadores, dos representaciones en el Jofre -Memoria de Helena y María y Santa Perpétua (8 abril), tres películas -La vieja memoria, L’espoir y Canciones para después de una guerra- y dos conciertos con músicas populares de la guerra.

El País.com (Edición Galicia)



Miguel Hernández y las sentencias vitalicias…

marzo 24, 2011

17 feb 2011

El consejo de guerra al que fue sometido Miguel Hernández incluyó medio año de angustia hasta que se le conmutó la pena de muerte por 30 años de reclusión. El Tribunal Supremo ha negado ahora a la familia de Miguel Hernández la posibilidad de presentar un recurso de revisión para anular esa primera sentencia. Con ello, dicho tribunal se atiene a lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, evitando que ese caso pueda servir de precedente al de otros miles de sentenciados que sufrieron la misma pena.

Leo que fue especialmente cruel el comportamiento como fiscal de Arias Navarro, “El carnicerito de Málaga”, a quien le bastaba la delación de un adicto al régimen o la de un cura para que un grupo de veinte o treinta personas detenidas un viernes fueran condenadas un lunes sin posibilidad alguna de defensa. Tras unos días en prisión, eran fusiladas en las tapias del cementerio de San Rafael, el mismo lugar donde fueron halladas hasta 18 fosas con más de 250 cadáveres en alguna de ellas.

La justicia en España tiene una deuda con esos miles de víctimas del franquismo y ha perdido dignidad al llevar a los tribunales al juez Baltasar Garzón por tratar de investigar esos crímenes. Aparte de los asesinados sin ningún trámite, más de 4000 personas fueron fusiladas en la provincia de Málaga tras la celebración de juicios/farsa equivalentes al que condenó al poeta de Orihuela.

Hace algo más de un año firmé en Público un artículo (Miguel Hernández y Franco) en el que señalaba la gran paradoja de que Franco y Miguel Hernández, verdugo y víctima, compartieran el título de hijos predilectos de Alicante, pues una moción del PSOE para que se le retirara tal honor al extinto caudillo fue rechazada por el Partido Popular. Alegó el PP que un nombramiento así era vitalicio y no caducaba.

Lo mismo ocurre con las sentencias y condenas dictadas por razones políticas e ideológicas que la Ley de Memoria Histórica considera ilegítimas, pero no las anula. Sirva la voz de dos de nuestros mejores poetas víctimas de esa barbarie (García Lorca y Miguel Hernández) como mayor testimonio de tal ignominia.

Público.es


La violencia de los años 30 y el vacío de nuestra memoria

marzo 24, 2011

Es habitual escuchar que ya hay demasiadas películas de la guerra española de 1936-1939. La sensación de saturación es legítima, pero la afirmación se muestra equívoca. Es verdad que el listado de obras de cine ambientadas en la guerra es grande, pero en realidad son muy pocas las que versan sobre el conflicto de los años 30, es decir, en las que se dramatiza la toma de partido ante el golpe del 18 de Julio y cuyos protagonistas recrean encrucijadas de violencia masiva ejercida por civiles, entre civiles o sobre civiles.

Prácticamente inexistentes son a su vez las que sitúan su acción en la época anterior, la II República, pero no suelen escucharse quejas al respecto. ¿A qué se debe que la única otra experiencia democrática del siglo XX no haya, desde la muerte de Franco, apenas llamado la atención de los realizadores de cine?

Ya sólo por ese vacío destaca Casas Viejas, el grito del sur, de Basilio Martín Patino. Esta obra aborda un conflicto cuya represión influyó decisivamente en la caída del primer gobierno de Manuel Azaña en 1933. Ahora que la televisión pública ha decidido ofrecer una serie sobre la II República, cobra actualidad el pionero tratamiento que hace Martín Patino de ese mismo contexto; pero tal vez más importante es que el enfoque de su película sirve de término de comparación con Balada triste de trompeta de Alex de la Iglesia, pues ambas se atreven a hacer algo que es en realidad inhabitual en el cine español: mostrar a un público posfranquista la violencia a muerte entre españoles de antes de la dictadura.

Casas Viejas no entra a primera vista en la categoría de obra de ficción: en apariencia es un documental sobre memoria histórica, aunque se hizo hace ya más de quince años, antes de que se pudiera siquiera prever la actual ola de producciones sobre memoria, y en pleno “apagón” mediático del tema de la guerra civil. El comienzo puede resultar en principio típico: testimonios de quienes aún recuerdan parte de los episodios, y opiniones autorizadas de historiadores y expertos.

¿A qué se debe que la única otra experiencia democrática del siglo XX no haya apenas llamado la atención de los realizadores de cine?

Entre éstos últimos, no obstante, Martín Patino hace figurar a uno -Ricardo Muñoz Suay, promotor de las famosas Conversaciones de Salamanca de 1955 en las que Martín Patino comenzó su andadura como cineasta- que cuenta una rocambolesca historia: unos combatientes de la División Azul, en su retirada desde el frente soviético, atravesaron al parecer una localidad ucraniana donde por casualidad hallaron unos enigmáticos rollos de película con el nombre en cirílico de la localidad gaditana de Casas Viejas; decidieron llevárselos, custodiándolos durante décadas. Una vez visionados, se nos dice, resultaron ser parte de un extenso reportaje hecho por camarógrafos y reporteros enviados por Stalin a la península para filmar los conflictos de la época. El resto del “documental” consiste en la exhibición de esa supuesta cinta que da cuenta detallada del levantamiento popular de Casas Viejas y su represión.

Este quiebro hacia la ficción dentro de lo que en principio parecía un documental -hay de hecho otra versión de la obra que se adecua al estándar de documental- permite a Martín Patino sortear el vacío de información visual sobre el tema. Pues no tenemos filmaciones de lo que pudo haber sido el asalto popular en nombre del “comunismo libertario” a un ayuntamiento de una zona empobrecida por el latifundismo; tampoco hay imágenes de cómo fue la secuencia de hechos que adoptó la cruenta represión: lo único que queda son fotografías de los restos de la matanza, relatos oficiales y algunos testimonios.

A partir de esa escasa, fragmentaria y, en principio, sesgada documentación, Martín Patino hace algo que va bastante más allá del esfuerzo de imaginar con verosimilitud un episodio de protesta social extrema y de violencia institucional indiscriminada, arbitraria y cruel: experimenta con la estética de las filmaciones de época, logrando una original aportación al cine mudo de protagonista colectivo; eso sí, con todas sus consecuencias, incluido el acartonamiento de los personajes y la discontinuidad entre diálogos e imágenes, lo cual seguramente la aleja de la popularidad. Pero la obra tiene importantes valores para un público exigente.

Frente al aséptico, y por ende irreal, realismo costumbrista habitual en el cine histórico español que nos presenta un pasado fácil de digerir plagado de convenciones actuales, la imaginaria reconstrucción en Casas Viejas de un mundo perdido después de la guerra nos coloca ante la enorme distancia que nos separa de unos sujetos con valores que no eran los nuestros, y de unas prácticas de violencia que tampoco son las mismas que las que hoy nos rodean. Al mismo tiempo, sin embargo, nos acerca al hecho de que también en democracia se producen matanzas, permitiéndonos recordar que la nuestra tampoco está libre de esa eventualidad.

De alguna manera esta película no nos viene sólo a sugerir la manera en que se perpetró una masacre de civiles en los duros años treinta, sino también a señalar el tipo de imaginación social sobre la violencia que deberíamos haber heredado de episodios dramáticos del pasado.

Para quienes pensamos que lo mejor del cine español está en la superación del falso realismo, y lo peor en su reducción a puro entretenimiento narrativo, obras como ésta son importantes, en fin, porque ayudan a construir una memoria sobre una violencia no tan lejana y nunca del todo digerida, algo de lo que aún carecemos. Y no sólo por causa de la dictadura, pues poco es lo que la democracia ha aportado en esa dirección, ni siquiera en productos recientes como Balada triste de trompeta, al margen de otros valores que pueda tener. El tratamiento visual de la violencia que ofrece la película de Álex de la Iglesia está tan descontextualizado histórica y moralmente que el espectador lo tiene realmente fácil para percibirla como algo superficial e irrelevante.

El problema no es que haya tantas películas de la guerra de 1936, sino que los profesionales del cine en general se nieguen a tratar la violencia del pasado y sus condiciones con la sensibilidad y el compromiso cívico con que en cambio se esmeran por denunciar, en sus obras y en la calle, los abusos e injusticias del presente.

Pablo Sánchez León es investigador en la Universidad del País Vasco y miembro de la Asociación Contratiempo (Historia y memoria). Es co-autor con Jesús Izquierdo de La Guerra que nos han contado. 1936 y nosotros (Alianza Editorial, 1996).