La dictadura terrorista y totalitaria

junio 9, 2011

Ilustración de Mikel Jaso

VICENÇ NAVARRO

A la vuelta de un largo exilio, uno de los hechos que más me sorprendieron de la vida política española fue la percepción –ampliamente aceptada por el establishment político, y promovida por los medios de mayor difusión– de que la Transición de la dictadura a la democracia había sido modélica, creando una democracia que era homologable a las existentes en la Europa occidental. La realidad, sin embargo, mostraba con toda su crudeza una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente, realidad que continúa hoy, 33 años después.

España continúa teniendo el gasto público social (que financia al Estado del bienestar) per cápita más bajo de la UE-15. Y políticamente acabamos de ver cómo las fuerzas conservadoras han intentado prohibir la participación en el proceso democrático de un partido político, Bildu, debido a su origen, enraizado en una fuerza terrorista, ETA, y ello a pesar de que tal partido se ha distanciado de la violencia y ha aceptado las reglas del proceso democrático. Pero esto parece no ser suficiente para el Partido Popular, que desea que este partido condene tal pasado terrorista, intentando llevar a la cárcel a todos aquellos que todavía hoy defienden a ETA.

Este comportamiento sancionador del terrorismo contrasta, sin embargo, con el comportamiento del propio Partido Popular, que nunca ha condenado explícitamente y por su nombre a la mayor fuerza terrorista que existió en España durante el siglo XX, responsable del mayor número de asesinatos políticos que haya ocurrido en la historia del país. Ningún otro régimen ha asesinado a tantos españoles como la dictadura iniciada por un golpe militar, liderado por el general Franco, en contra de un sistema democrático, la II República. Fue un régimen basado en el terror, con asesinatos políticos (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000), torturas (sistemáticamente realizadas en sus cárceles), campos de concentración y exilio. Aquel golpe fue realizado por los que falsamente se autodefinieron como los nacionales (la mayoría de sus tropas de ataque eran mercenarios y extranjeros, y su victoria se debió única y exclusivamente al apoyo extranjero de Hitler y Mussolini) que estaban en una “cruzada” (cuyas tropas de choque, paradójicamente, eran musulmanas) y que supuestamente defendían a la patria (imprimiendo un enorme retraso económico, político, cultural y social al país). En realidad, era una minoría en contra de la mayoría de las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España, lo cual requería el terror para su propia supervivencia. El terror fue sustancial en la existencia de aquel régimen hasta su último día.

Sin pretender establecer categorías, el número de víctimas de aquel terror (asesinatos políticos) fue de casi 200.000, una cifra mucho mayor que la realizada por ETA (839). Las víctimas de aquel régimen terrorista continúan ignoradas durante el periodo democrático, sin que el Estado las haya homenajeado como se merecen. El contraste entre el comportamiento del Estado hacia las víctimas de ETA y las víctimas de la dictadura es vergonzoso e ilustra no sólo la diferente vara de medir el terrorismo, sino la baja calidad del estado democrático, cuyo Tribunal Supremo, por cierto, está enjuiciando al único juez que ha intentado en España que el Estado se responsabilizara de encontrar a los desaparecidos en aquella dictadura y de enjuiciar a los responsables de tanto dolor y terror.

La entrada dedicada a Franco del Diccionario Biográfico Español –publicado por la Real Academia de la Historia, e iniciado y financiado por el Gobierno del PP dirigido por José María Aznar– es una alabanza y una apología del responsable del mayor terror que haya existido en España. A pesar de ello, un dirigente del PP alabó la biografía de tal terrorista, presentándola como obra ejemplar. Utilizando el mismo criterio que tal partido aplica a ETA, el autor de tal biografía debiera estar en la cárcel y la Real Academia de la Historia tendría que haberse cerrado. Y, al propio portavoz del PP que hizo tal alabanza, se le hubiera tenido que llevar a los tribunales.

El hecho de que todo esto no ocurra muestra el enorme poder de las fuerzas conservadoras que hegemonizaron el proceso de la Transición y el periodo democrático. ¿Cómo, si no, puede explicarse que incluso hoy, en los libros de texto de la asignatura obligatoria de cultura cívica se sostengan posturas dignas de la ultraderecha del Tea Party de EEUU, tales como definir al feto como ser humano, considerar el aborto voluntario como un asesinato, o definir al darwinismo como una doctrina sospechosa? ¿Y, cómo, si no, pueden explicarse la visión tan sesgada y negativa que se da de la II República y el silencio sobre el terror del régimen que la derrocó que están presentes en los libros de texto de las escuelas públicas?

Pero la represión de aquel régimen fue también psicológica e ideológica, precisamente debido al carácter totalitario del mismo. La ideología que imponía era el nacionalcatolicismo, mezcla de un nacionalismo españolista extremo e imperialista, con características racistas (el día nacional se llamaba el Día de la Raza, y la película que realizó el dictador se llamó Raza) y de un catolicismo reaccionario en extremo que, junto con su caudillismo, un machismo muy acentuado y una hostilidad al mundo obrero y sindical, constituyó una ideología totalizante, pues quería cambiar “al hombre”, penetrando en las áreas más íntimas de las personas, desde el sexo hasta la lengua, todo ello normatizado. Tal régimen tuvo pleno control de los medios y de las instituciones. Considerar aquel régimen como meramente autoritario es ignorar la asfixia intelectual, política, económica y cultural que la mayoría de las clases populares sufrieron para mantener la “placidez” de aquellos que se beneficiaron de tal terror.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso


Ciudadanos de Granada denunciarán por genocidio a la Real Academia de la Historia

junio 9, 2011

Amina NasserGranada 09/06/2011 19:47

Profesores y profesionales de Granada han constituido una plataforma para denunciar a los máximos responsables de la Real Academia de la Historia ante la Fiscalía Superior de Andalucía por un supuesto posible delito de genocidio y por vulnerar la Ley de Memoria Histórica en algunas de las entradas del Diccionario Biográfico Español. Según el portavoz del colectivo, el profesor de la Universidad de Granada Emilio García Wiedemann, la denuncia se fundamenta en lo establecido en el artículo 607.2 del Código Penal, que tipifica como delito la justificación o argumentación de los delitos de genocidio, en este caso, de los crímenes cometidos durante el franquismo.

El artículo en cuestión señala que “la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos de genocidio, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigarán con la pena de prisión de uno a dos años”. “No se puede invocar la libertad de expresión o de cátedra para ensalzar, encubrir o dulcificar lo que fue un genocidio”, señaló el profesor Wiedemann.

Según el portavoz del grupo, a la Real Academia de la Historia, además, puede imputársele el delito recogido en el artículo 510 del Código Penal, relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, y se le puede aplicar el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que señala que las Administraciones públicas podrán retirar las subvenciones o ayudas concedidas a las instituciones que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura.

Al colectivo ciudadano se ha unido la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, que se sumará a la denuncia y promoverá que la suscriban familiares de víctimas de la represión franquista. La presidenta de la asociación, Maribel Brenes, señaló que están en contacto con familias de víctimas de Almendralejo (Badajoz), donde se llevó a cabo el fusilamiento de más de mil personas tras la entrada de las tropas franquistas. Esa brutal represión, es calificada en el Diccionario Biográfico como un episodio de “normalización democrática”, recordó Wiedemann.

Representantes del colectivo se reunieron este miércoles con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quien les anticipó que admitiría a trámite la denuncia y la trasladaría a la Fiscalía General del Estado. El portavoz del colectivo precisó que en la denuncia, suscrita ya por 350 personas, solicitarán al Ministerio Público que investigue si se ha producido alguno de los delitos de apología del genocidio especificados en los artículos 510 y 607 del Código Penal.

La denuncia estará dirigida contra el director de la Real Academia de la Historia, los directores científico y técnico del Diccionario, los autores de las biografías de Francisco Franco, José María Escrivá de Balaguer y Carlos Asensio Cabanillas y los responsables de la edición e impresión de la obra.  Según el representante del colectivo, la RAH ha vulnerado el contrato con el que se ha financiado la publicación con fondos públicos al incumplir el plazo establecido para la publicación y manipular los contenidos.

Por ello, al margen de las acciones legales, el grupo exige la devolución inmediata de los 6,4 millones de euros que la RAH obtuvo como subvención pública para la redacción de la obra, y, “dado que se encuentran en tela de juicio muchas de sus entradas”, que el diccionario sea retirado de manera “cautelar”, mientras se depuran las responsabilidades jurídicas si las hubiera”, para que puedan ser cotejadas con los archivos de Salamanca y Alcalá de Henares  “aquellas biografías que son claramente tendenciosas”.

Los promotores de la denuncia se mostraron dispuestos a llegar al Tribunal de Estrasburgo para defender la “tutela efectiva de los derechos” de las víctimas del franquismo y solicitaron un pronunciamiento público de la Casa Real, puesto que la RAH tiene a la reina como académica de honor, y del PP, de quien partió el encargo de la realización de la obra. “Los autores del diccionario han llevado a cabo con sus trabajos una glorificación de crímenes contra la humanidad”, insistió Wiedemann.

A su vez, la presidenta de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Maribel Brenes, ha pedido al resto de asociaciones de España que se unan para ayudar a las víctimas que quieran sumarse a la denuncia ante una “tergiversación de la historia tan brutal”.

http://www.publico.es/espana/381079/ciudadanos-de-granada-denunciaran-por-genocidio-a-la-real-academia-de-la-historia