El Congreso condenará el golpe del 18 de julio de 1936… sí pero el 19 /07/2011

julio 16, 2011

Nota importante de La Memoria Viva : según fuentes parlmentarias el texto de la declaración está bajo la “supervisión” de José Bono y la declaración se hará el martes 19 de julio 2011 a las 17h. y no como se puede leer en el artículo aquí abajo el lunes 18.

Todos los grupos apoyan una declaración con motivo del 75º aniversario de la sublevación franquista

IÑIGO ADURIZMADRID15/07/2011 08:20

No es una reprobación explícita del franquismo, pero sí una condena unánime del acontecimiento que dio comienzo a la Guerra Civil que derivó en una dictadura que se prolongó durante 40 años. El Congreso de los Diputados conmemorará el próximo lunes, 18 de julio, el 75º aniversario del golpe de Estado franquista con una declaración institucional en contra de la sublevación militar de 1936.

Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds presentaron ayer el texto de condena ante la Junta de Portavoces extraordinaria que se celebró en la Cámara Baja tras el Pleno. Fuentes parlamentarias explicaron que ningún grupo vetó la propuesta, por lo que la declaración institucional se leerá durante la sesión del próximo lunes.

La iniciativa insiste en que, en el 75º aniversario del inicio de la Guerra Civil, “nadie puede sentirse legitimado”, como ocurrió en 1936, “para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos”. Estas prácticas, que fueron las que llevaron a los franquistas al poder, merecen según el texto “la condena y repulsa de la sociedad democrática”.

Aluden a la Constitución

A renglón seguido, el texto considera “conveniente” para la “convivencia democrática” que se mantenga “el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia”.

La redacción del texto, expli-caron desde IU, es “casi idéntica” al de la iniciativa que salió adelante en la Comisión Constitucional del Congreso en 2002 y que contó con el respaldo de todos los grupos, incluido el PP. Se trata, agregaron desde la formación que lidera Cayo Lara, de que “ningún grupo” en clara alusión a los conservadores se niegue, nueve años después, a respaldar esta nueva iniciativa.

Pero antes de la lectura del texto el próximo lunes, fuentes parlamentarias explicaron que el presidente del Congreso, José Bono, realizará “pequeñas modificaciones” en el mismo que, según apuntaron, no afectarán al principal mensaje de la propuesta, que es “denunciar la represión y el uso de la fuerza durante la dictadura”.

IU e ICV responden con su iniciativa a la petición que registró el mes pasado la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y que exigía una condena del pleno del Congreso al franquismo, así como”un acto de reparación con las víctimas de la dictadura”.

El miércoles, el presidente de la asociación, Emilio Silva, se quejaba de la falta de respuesta de la mayoría de los grupos y consideraba “incomprensible” que la Cámara Baja conmemore a las víctimas del terrorismo o a las del Holocausto nazi y no recuerde a los “cientos de miles de desaparecidos durante la dictadura”.

Víctimas “discriminadas”

Ayer recibió con escepticismo la noticia de la propuesta de IU e ICV. “Algo es algo”, dijo Emilio Silva. Pero siguió considerando que los familiares de los desaparecidos y los asesinados por el régimen de Franco están “discriminados en la institución en la que reside la soberanía del pueblo”. “Es triste que Bono abra la puerta del Congreso a muchas víctimas y se las cierre a las del franquismo”, lamentó.

La asociación vasca de víctimas del golpe de Estado, de la represión y del régimen franquista Ahaztuak 1936-1977 también ha remitido a diferentes grupos políticos con representación en diferentes ayuntamientos del País Vasco y de Navarra una propuesta de moción recordando esa fecha, “condenando el asalto armado a la legalidad democrática de la Segunda República, el genocidio desatado y la posterior dictadura”.

Para ese mismo día se han propuesto varias iniciativas concretas para que sean apoyadas desde los consistorios. Han recibido respuestas de varios ayuntamientos, como el de Urduña, en Bizkaia, que tiene previsto celebrar hoy un pleno extraordinario en recuerdo de todas las víctimas de la dictadura.

Tardá (ERC) muestra a Zapatero la foto de PUIG ANTICH Efe.

ERC critica la desmemoria selectiva

“Las víctimas de la Transición hoy serán olvidadas, como otras. Hoy no se reconocen las víctimas del terrorismo de Estado, de los grupos fascistas en la Transición, igual que no han reconocido en la Ley de la Memoria otras víctimas de años anteriores, como Salvador Puig Antich. Y es una vergüenza”. El diputado de ERC Joan Tardà reivindicó ayer la memoria de las víctimas del posfranquismo, desamparadas por la Ley de Víctimas que aprobó ayer el Congreso con el único voto en contra de UPyD. Tardà subió sus nombres uno a uno, hasta sumar un centenar, a la tribuna del hemiciclo y desplegó ante Rodríguez Zapatero una fotografía -“el retrato del olvido”- de Puig Antich, asesinado por la dictadura en 1974, para ilustrar esta desmemoria selectiva. “¿Se imaginan que pierdan las elecciones y vuelva la derecha?”, preguntó a la bancada del PSOE despertando la protesta del PP. “Pueden estar ocho años. ¿Vamos a plantearnos la injusticia del olvido en 2020?”, clamó el diputado republicano. “En nombre de la fraternidad y el fortalecimiento de los valores democráticos les pedimos, compañeros de la izquierda, que rectifiquen”, concluyó en vano Tardà para defender varias enmiendas -que no apoyó el PSOE- de ERC a la Ley de Víctimas que piden que se reconozca como tales a otras víctimas, las de los crímenes políticos de la Transición.  // M. Á. MARFULL

http://www.publico.es/espana/387146/el-congreso-condenara-el-golpe-del-18-de-julio


España responde a Argentina que SÍ investiga los crímenes franquistas

julio 16, 2011

de el País sobre libro de Paul Preston, El holocausto español

El Gobierno cita el sumario que abrió Garzón, por el que será juzgado por prevaricación, para evitar que otro país instruya una causa por genocidio

DIEGO  BARCALA MADRID15/07/2011 08:20

El Gobierno español ha enviado tres informes a la Justicia argentina para frenar que sus tribunales inicien una investigación de los crímenes del franquismo bajo el paraguas del principio de jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo alude a la causa abierta en octubre de 2008 por el juez Baltasar Garzón  todavía abierta pese a la suspensión del magistrado  para evitar que la jueza argentina María Servini de Cubría empiece una investigación en relación con las 113.000 desapariciones forzadas que ya empezó el propio Garzón a documentar.

El Gobierno ha respondido vía diplomática ocho meses después  del requerimiento del Juzgado Federal en Buenos Aires equivalente a la Audien-cia Nacional que exigía una comprobación sobre si existía una investigación en curso que impidiera la apertura del caso en Argentina. Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron ayer que el Gobierno había enviado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores documentación que básicamente consiste en un informe de la Fiscalía con una relación de los juzgados con causas abiertas derivadas de la investigación abierta en 2008 por Garzón, informa Ángeles Vázquez.

El Gobierno español envió en junio tres informes a la Justicia argentina

Los denunciantes consideran a la espera de poder leer detenidamente los informes a los que tendrán acceso hoy  que esos juzgados que han investigado alguna de las fosas comunes citadas en el sumario de Garzón no han realizado una investigación penal. Por tanto, es demostrable que el país donde se cometió el supuesto genocidio no está investigando la responsabilidad de los crímenes.

El principio de jurisdicción universal exige dos condiciones para abrir un caso. Primero: que el delito denunciado sea de lesa humanidad. Y segundo: que el país donde se produjeron los crímenes se oponga a abrir una investigación. El objetivo es que las víctimas puedan encontrar el amparo de la justicia más allá de sus fronteras, en el caso de que los criminales gocen de impunidad. El juez Baltasar Garzón se acogió a este principio para solicitar la detencióninternacional del dictador Augusto Pinochet en Londres, gracias a una denuncia recibida en la Audiencia Nacional.

Los tres informes enviados a Buenos Aires en junio están elaborados por la Fiscalía General del Estado, el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional del que era titular Garzón antes de ser suspendido precisamente por instruir el caso y por el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada. El documento enviado desde Andalucía corresponde a la investigación del asesinato en la fosa donde se cree fue enterrado Federico García Lorca junto con tres represaliados en 1936.

Uno de ellos es una relación de los juzgados a los que Garzón envió la causa

La denuncia presentada el 14 de abril de 2010 por familiares de víctimas del franquismo en los juzgados federales de Argentina tiene su origen en el portazo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a petición del Fiscal Javier Zaragoza, dio al intento de Garzón de abrir una investigación. Ante la falta de una respuesta en España, decidieron acudir a un país que reconociera el principio de jurisdicción universal.

Ese muro terminó de consolidarse cuando el juez que abrió la causa, el propio Garzón, fue imputado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación. Según los denunciantes, el sindicato ultra-derechista Manos Limpias y Falange Española -este último acabó siendo expulsado del caso-, el magistrado había decidido investigar a sabiendas de que era una decisión injus-ta puesto que la Ley de Amnistía de 1977 impide, a su juicio, investigar las responsabilidades del pasado franquista.

El juzgado de Garzón se inhibió en favor de 46 tribunales territoriales donde se cometieron los crímenes denunciados por las asociaciones de familiares de víctimas. Veintiséis de estos juzgados archivaron la causa basándose en tres consideraciones básicas: los delitos habían prescrito al no ser considerados de lesa humanidad; la ley de amnistía impide la investigación; y la ley de la memoria histórica es suficiente para atender a los denunciados.

Sólo una jueza en Zamora continuó con la investigación de la Audiencia

Sólo una juez fue a la fosa

Apenas tres jueces decidieron continuar la investigación de alguna manera. La jueza de Zamora, Tania Chico, fue la única que acudió a una fosa común en Benavente, pero se limitó a cumplir la ley de Enjuiciamiento Criminal que exige al juez acudir al lugar del crimen. Los magistrados de San Lorenzo de El Escorial donde llegó la denuncia sobre los muertos del Valle de los Caídos y de Granada devolvieron la causa a la Audiencia Nacional al estar de acuerdo con la tesis inicial de Garzón que aseguraba que la competencia era de su tribunal.

La decisión de estos dos jueces suscitó una cuestión de competencia que todavía está por decidirse en el Tribunal Supremo. Este tribunal señaló que no resolvería hasta que Garzón no fuese juzgado por el supuesto delito de prevaricación. El hecho de que uno de los informes enviados a Argentina provenga de Granada hace que los denunciantes crean que España se escudará en esa cuestión de competencia sin resolver para decir que está investigando.

Los denunciantes en Argentina llegaron a solicitar un listado de posibles culpables vivos. Desde ministros del franquismo hasta dirigentes militares o policiales. Los delitos de la denuncia presentada en Argentina llegaban hasta los fusilamientos de septiembre de 1975. El senador Manuel Fraga debería formar parte del listado de personas que serían interrogadas en el caso de que España obedeciera a lo solicitado en octubre por la jueza argentina.

La carrera contra la impunidad del franquismo

14 de diciembre de 2006

Las asociaciones de víctimas registran en la Audiencia Nacional denuncias por detención ilegal.

16 de octubre de 2008

El juzgado de Baltasar Garzón admite la competencia de los hechos denunciados.

18 de noviembre de 2008

Garzón se inhibe en favor de los juzgados territoriales tras la oposición del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

24 de mayo de 2009

El Tribunal Supremo admite una querella por prevaricación contra Garzón por abrir una investigación al franquismo.

14 de abril de 2010

Las víctimas presentan una querella en Argentina ante los impedimentos de la Justicia española de investigar los crímenes.

14 de mayo de 2010

Garzón abandona su despacho de la Audiencia Nacional con tres denuncias pendientes en el Tribunal Supremo.

14 de octubre de 2010

La jueza argentina pide la información al Estado española que fue enviada el pasado junio por vía diplomática.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/387149/espana-responde-a-argentina-que-si-investiga-los-crimenes-franquistas

Nota de La Memoria Viva:añadimos aquí un comentario que compartimos de nuestro amigo Fausto:

La respuesta del gobierno  de España a la jueza argentina de que SÍ investiga los crímenes del franquismo, es la mayor mentira y muestra de cinismo que pueda encontrarse en todo el mundo mundial.

¡ ´Cómo se va va a estar investigando , cuando el único juez que lo ha intentado está apartado de sus funciones y procesado para ser juzgado por el TS, por haber iniciado la investigación de los crímenes del franquismo !.Dicha investigación se ha cortado de raiz y por tanto , los crímenes del franquismo ,NO se están investigando.
¡¡ INAUDITA Y LAMENTABLE !!, la respuesta del gobierno de España.