Amnistía Internacional presentará en Argentina un informe sobre víctimas del franquismo en España…

mayo 8, 2012
Amnistía Internacional entregará a un juzgado argentino un informe que «muestra la forma en que se han venido denegando los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España».

nuevatribuna.es

La jueza federal argentina María Servini de Cubría

La jueza federal argentina María Servini de Cubría

Una delegación de Amnistía Internacional (AI) entregará en un juzgado argentino una copia de un informe sobre casos de víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y el franquismo, ha anunciado la organización no gubernamental en Madrid.

La copia del informe «Casos cerrados, heridas abiertas: el desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España«, será presentado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, que tramita la única investigación abierta sobre esos crímenes en aplicación de la jurisdicción universal.

El alto tribunal consideró la decisión de Garzón «errónea» pero no prevaricadora, pero el magistrado había sido inhabilitado como juez días antes, el 9 de febrero, en otra causa, por haber ordenado escuchas entre los acusados de una red de corrupción y sus abogados.

AI afirma que el informe que presentará el próximo miércoles en el juzgado de Buenos Aires «muestra la forma en que se han venido denegando los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España«.

Un grupo de ex presos del franquismo viajó a la capital argentina el pasado 21 de abril para testificar ante la jueza Servini en la querella abierta por genocidio o delitos de lesa humanidad cometidos durante esa etapa en España.

La querella, presentada en abril de 2010 por «delitos de genocidio y/o de lesa humanidad» cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco, abarca el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.

La causa fue abierta en Buenos Aires en virtud del principio de justicia universal, y muchas víctimas del franquismo se han ido sumando a la querella en Argentina después de que el juez Garzón fuera suspendido de sus funciones en 2010 y luego inhabilitado en febrero de este año por el caso de las escuchas.

La delegación de Amnistía Internacional estará integrada por el director de AI en España, Esteban Beltrán; la directora de la organización en Argentina, Mariela Belski, y el consejero jurídico del Secretariado Internacional de AI con sede en Londres, Hugo Relva.

http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/2012-05-07/ai-presentara-en-argentina-un-informe-sobre-victimas-del-franquismo-en-espana/2012050715553900472.html


El alcalde que busca a sus vecinos en las fosas del franquismo…

mayo 8, 2012

José Ignacio Marín, regidor de Villaviudas, lleva diez años intentando localizar y exhumar a los 27 habitantes del pueblo que fueron fusilados en la Guerra Civil.

NATALIA JUNQUERA Madrid

José Ignacio Marín, alcalde socialista de Villaviudas (Palencia), tiene a 27 vecinos del pueblo repartidos por cunetas y fosas comunes. Y no lo puede soportar. Por eso, desde hace diez años intenta averiguar dónde están para exhumarlos y llevarlos «de vuelta casa», al cementerio del pueblo, donde les espera un panteón que ha hecho construir con sus nombres y apellidos.
“Ser alcalde de un pueblo significa preocuparte por las necesidades de tus vecinos, por su bienestar. Eso significa gestionar bien los presupuestos y hacer cosas como esta también. Es mi deber moral hacer todo lo posible por recuperar los cuerpos de estas personas y devolverles la dignidad. Es muy triste pensar que tu marido, tu padre, tu abuelo, está tirado en cualquier cuneta con un tiro en la cabeza, y no poder llevarle unas flores o ir a rezarle si eres católico. Un país democrático no puede permitirse tener las cunetas llenas de gente y a tantas familias con tanto dolor”.
En Villaviudas no hubo guerra, pero se pegaron muchos tiros. No hubo frente, ni trincheras, ni dos bandos enfrentándose con uniformes distintos. En Villaviudas, como en tantísimos pueblos de España, hubo verdugos y víctimas. De los 900 vecinos que tenía este pequeño municipio en 1936 los falangistas mataron a 27: chavales de 19 años, mujeres y hombres que dejaban hijos que aún no habían aprendido a hablar. Marín impulsó en 2003 la exhumación de ocho de ellos, arrojados a una fosa común en un pueblo a 59 kilómetros, Olmedillo de Roa (Burgos).
“Hicimos unas prospecciones en el lugar donde nos había indicado el investigador José María Rojas y encontramos unos huesos. Volvimos a tapar y llamamos a los arqueólogos. Los familiares vinieron a la fosa, tan ilusionados por recuperar a los suyos…pero los arqueólogos descubrieron que eran restos de animales. Fue un momento durísimo. La decepción fue enorme y lo pasamos muy mal. Pero seguimos buscando y a los dos días aparecieron”.
Allí estaban, en efecto, Isidoro Ruipérez, Marcelino Díez, Basilio y David Tolín, Justino Pastor, Pedro Sanz, Julio Fernández y Jesús Masa, ocho de los 27 vecinos que José Ignacio buscaba. Los habían asesinado el 7 de septiembre de 1936. El más joven tenía 19 años y el mayor, 55. Estaban cubiertos de cal. La fosa tenía 4,5 metros de largo y 80 centímetros de ancho. Estaban enterrados a menos de un metro del suelo, arenoso, fácil de cavar, que los asesinos habían elegido para arrojar a las víctimas.
“Ver a ocho personas tiradas unas encima de las otras y ver a sus familiares tan emocionados fue un impacto tremendo para mí. Esa mezcla de resignación, porque nunca les oí una palabra de odio o de venganza, y de alivio por recuperar al fin a los suyos….”, explica Marín. “Desde entonces, ayudo en lo que puedo en las exhumaciones. He estado en diez. Al principio preparaba un poco la tierra antes de que vinieran los arqueólogos. Ahora me han enseñado a
limpiar los huesos con brocha y pincel y ya recupero esqueletos. Cuando tengo un cráneo agujereado por una bala entre las manos siento una tristeza inmensa. Pienso en lo mal que lo debió pasar esa persona antes de morir, en lo que sufrió su familia, en el sinsentido de encontrarte algo así en una zona donde no hubo guerra, en la crueldad. Perlo luego cuando Paco descubre en los huesos alguna patología y le dice a un familiar, creo que esta es la persona que buscas, se te hace un nudo en la garganta. Yo creo que he llorado más en estos años de exhumaciones que en toda mi vida”, cuenta emocionándose de nuevo.
Uno de esos 27 vecinos que busca es su abuelo, Julián Cantera. “Era agricultor y concejal del Ayuntamiento por el Frente Popular. Era muy religioso. Los falangistas le fueron a buscar a casa de noche el 12 de agosto de 1936. Lo subieron a un camión con otros seis y lo mataron a unos 10 o 12 kilómetros. Tenía 46 años, una mujer y cinco hijos, el mayor de 14 y el más pequeño de seis. Mi abuela, como todas las mujeres que se quedaron viudas en este pueblo,
salió adelante como pudo: salía a arar con ganados, después se iba a segar a mano, luego a recoger la siembra… Los niños pasaron a ser adultos ese día. Se acabó la escuela. Tuvieron que empezar a trabajar en el campo”.
Las viudas, las madres y los hijos de los asesinados tendrían que aguantar mucho más que el dolor de no volver a ver a sus maridos, a sus hijos, a sus padres. Después de los fusilamientos, insiste José Ignacio, vino el miedo, ese miedo terrible a hablar del que faltaba, y el desprecio, los insultos de los que simpatizaban con los asesinos o incluso creían que se habían quedado cortos: “Iban por la calle y aún tenían que oír, ‘mira ahí van esos hijos de rojos. No tenían que haber dejado a ninguno”.
José Ignacio es una excepción. La mayoría de los alcaldes no sienten esa obligación de sacar de las cunetas a sus vecinos. “Algunos del PP me han dicho que no debería remover”. Para él tan importante que sus vecinos tengan un buen centro cultural, una buena asistencia sanitaria, un buen colegio, como una lápida con su nombre en el cementerio. Le preocupa que el
Gobierno de Mariano Rajoy fulmine la ley de memoria histórica. “Se quedó un poco corta, pero era una herramienta que nos estaba sirviendo para recuperar los restos de asesinados y la historia. Hay mucha gente esperando. Mucha gente muy mayor, como mi madre, que tiene 85 años y antes de morirse quiere que su padre esté enterrado dignamente. Y no es tanto dinero. Las partidas económicas no son importantes”. Hay necesidades de sus vecinos, sin embargo, que sabe que no puede satisfacer. Él no puede reescribir la palabra víctima donde ahora dice asesino. Un juez sí.“Estas personas fueron declaradas asesinos, tratadas como criminales, por pertenecer a un sindicato o a un partido de izquierdas. Garzón intentó hacerles justicia, devolverles la dignidad. Lo que le ha pasado es una injusticia».
Mientras tanto, José Ignacio sigue buscando. Ha recuperado ya a ocho vecinos en Olmedillo de Roa y a otros tres en Carcavilla. Le faltan 15, entre ellos, su abuelo. Espera poder encontrarles pronto y repetir el emocionante homenaje que les hicieron en 2003, uno de los primeros actos institucionales de apoyo a las víctimas de la represión. “Ahí aún no habíamos encontrado a mi abuelo, pero se sentía el alivio de muchas familias. Se habían quitado un enorme peso de encima”.

http://politica.elpais.com/politica/2012/03/14/actualidad/1331743816_320991.html

 


OBJECIONES DEL “COLECTIVO SIN IDENTIDAD” AL PORTAVOZ DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA…

mayo 8, 2012

Nuestro amigo Paco Tena haciendo lectura del poema que escribió para el acto de Casavieja (Ávila)

Hemos leído con atención las manifestaciones que, por parte de su portavoz Sr. Martínez Camino, han realizado en relación con los casos de robos de niños en algunos centros hospitalarios españoles a lo largo de casi cinco décadas. Como Colectivo Sin Identidad, que reúne a un considerable número de afectados de Canarias, nos vemos en la necesidad de hacer algunas puntualizaciones basadas en los datos y el conocimiento, testimonial y documental, de que disponemos y que oportunamente pondremos a disposición del ministerio público.

No nos cabe duda de que la Iglesia, como institución y en especial su jerarquía, colaborará con la Justicia en el esclarecimiento de aquellos extremos en los que sea requerida para ello; lo contrario sería impensable además de constituir, en sí mismo, un nuevo delito. Pero por lo que a nosotros nos afecta tenemos que afirmar, con toda franqueza, que hasta ahora no hemos encontrado el más mínimo apoyo y acceso a fuentes que son esenciales en la documentación básica para demostrar la existencia (o inexistencia, lo que aún es más lamentable) de indicios racionales de delitos muy graves. Nos estamos refiriendo al acceso a los Archivos Eclesiásticos, y más concretamente los que se refieren a las Aguas de Socorro en los centros clínicos y administrados por los respectivos capellanes. Aún más sospechoso es que esos Registros, esenciales para completar documentaciones sin las que los órganos judiciales de primera instancia se limitan a archivar las denuncias por falta de pruebas, no suelen estar donde debieran. Esta ha sido, hasta ahora, una constante obstruccionista sospechosa por parte de la Iglesia; máxime cuando nos estamos refiriendo a datos supuestamente públicos y que, en último extremo, pertenecen legalmente a sus titulares o herederos.

No descubrimos ningún secreto cuando afirmamos, con todo el respeto que la situación exige pero también con toda rotundidad, que la Iglesia Católica y en especial su jerarquía ha sido durante muchos años una aliada perfecta de la dictadura, a la que prestó (y sigue prestando en su comportamiento) una lealtad fuera de toda duda. Nosotros no queremos pre enjuiciar en su conjunto comportamientos, presuntamente delictivos, de personas e instituciones concretas. No vamos a juzgar quienes se han comportado con ética y quien ha carecido de la misma y se ha aprovechado de la vulnerabilidad de muchas madres, la Orden de las Hermanas de la Caridad ideológicamente se prestaron al Servicio Social, ganando adeptos para su causa e ideología,  ello no puede servir de coartada generalizada para sustraer a la acción de la Justicia actos reiterados a lo largo del tiempo –según nos consta documentalmente y por múltiples testimonios que se acreditarán en su momento– que constituyen delitos contra los Derechos Humanos, como son el rapto, la alteración dolosa de la identidad (nuestro objetivo número uno), la consideración de los neonatos como simples objetos de transacción o regalo, e incluso de exportación al extranjero como en su momento intentaremos demostrar. Uno de los casos más escandalosos, de entre nuestros asociados, es el de una adolescente raptada por una monja de esta Congregación de Caridad y trasladada sin conocimiento (ni por supuesto aprobación) de su familia biológica existente y conocida, hecho este denunciado públicamente por la Ex Hija de la Caridad Mercedes Sánchez además del traslado y sustracción de niños.

No es este el momento ni el medio para entrar en una casuística que se sustanciará en el ámbito legal correspondiente, algunas de cuyas diligencias ya han sido iniciadas a nuestra instancia. Pero de una cosa sí queremos dejar constancia y que debe ser considerada como un principio al que, como ciudadanos, no vamos a renunciar: los valores y la ética cívica, en este caso y en lugar preeminente la Justicia, están por encima de los respetables valores morales que rigen las creencias religiosas. Y este es un principio que parece, por lo detectado en la jerarquía de la Iglesia, que es justamente considerado al revés. Bajo la apariencia de un ejercicio de caridad cristiana tenemos evidencias que apuntan a que han existido sacerdotes y religiosas que han apuntado en una dirección mucho más prosaica y, en todo caso, alterando de forma inadmisible los vínculos biológicos materno-filiales.

No hace falta que se nos digan que el contexto en el que estos hechos ocurrían eran social y económicamente muy distintos del actual; algunas de las personas que firman este texto son expertos en la contextualización de hechos muy lejanos en el tiempo, pero no por ello impunes a la Justicia Universal. En este aspecto sí nos gustaría que el concepto de Catolicidad (que hace referencia explícita a ese ámbito universal) no fuese alterado para justificar actuaciones injustificables en el plano Humano y Divino. El silencio, legítimo desde un punto de vista procesal, casa muy mal con la necesaria y declarada colaboración con la Justicia y, sobre todo, le hace un flaco favor al propio concepto de Caridad Cristiana para con personas que arrastran un dolor casi imposible de mitigar a estas alturas. La Iglesia Católica, como ya hemos afirmado en otros textos, tiene una estructura fuertemente jerarquizada y piramidal; en ese orden institucional es casi imposible que se den actuaciones irregulares (por aplicar un concepto leve) que escapen al conocimiento, y por tanto responsabilidad, de los superiores jerárquicos. En ese sentido tratar de desviar la responsabilidad hacia el plano personal, cuando se está actuando en el ámbito de una congregación con sus propios controles éticos y morales (y sobre todo cuando no son hechos puntuales, sino continuados en el tiempo y en espacios de un especial riesgo para los menores confiados a su custodia), permítasenos al menos el beneficio de la duda razonable sobre la implicación institucional.

COLECTIVO SIN IDENTIDAD, 2 de Mayo, 2012.