El PP propone completar el texto del Mur de la Memòria del cementerio

marzo 23, 2013

El gobierno municipal de Cort intenta llegar a un acuerdo con la oposición

A. Mateos | Palma | 20/03/2013

El grupo municipal del PP propondrá al PSOE y a Més per Palma consensuar un texto que complemente el Mur de la Memòria que se instaló la pasada legislatura en el cementerio, en honor a las víctimas de la Guerra Civil.

El teniente de alcalde de Cultura, Fernando Gilet, explica que han desistido de la idea inicial de realizar un nuevo Mur de la Memòria consensuado ante las críticas que han recibido por parte de la oposición y de Memòria de Mallorca. Además, tras publicar este periódico las intenciones del gobierno municipal, familiares de las víctimas pidieron que se quitasen sus nombres si no estaban los textos de Llorenç y Margalida Capellà.

Gilet argumenta que el objetivo del gobierno de Mateo Isern es alcanzar un acuerdo en este asunto y asegura que harán todo lo posible para lograrlo. Por ello, sostiene que no tienen ninguna idea preconcebida del texto que se debe añadir al ya existente de Llorenç Capellà; texto hacia el que expresa su respeto. No obstante, recuerda que el gobierno de Aina Calvo decidió poner el Mur de la Memòria en el cementerio de Palma sin haberlo consensuado con el PP, que entonces estaba en la oposición y tenía más votos que el equipo de gobierno.

Gilet considera necesario que haya un lugar para recordar a las víctimas de la Guerra Civil, pero entiende que es necesario que esté consensuado entre todas las fuerzas políticas y que sea aprobado por el pleno del Ajuntament de Palma. Además, añade que se intentará consensuar con la sociedad civil y con asociaciones como Memòria de Mallorca.

El titular de Cultura reitera que el objetivo del gobierno municipal es que el Mur de la Memòria se pueda incluir en el recorrido institucional que realizan las autoridades por el cementerio de Palma el día de Tots Sants. Como se recordará, el año pasado el alcalde se negó a ir cuando una ciudadana se lo pidió.

PALMA. CEMENTERIOS.  MUR DE LA MEMORIA  HISTORICA EN EL CEMENTERIO DE PALMA.¶

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/propone-completar-texto-del-mur-memoria-del-cementerio.html


TV-3 busca republicanos en el Valle de los Caídos

marzo 23, 2013

Los familiares luchan por sacar sus restos del monumento del dictador

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Martes, 19 de marzo del 2013

SONIA GARCÍA GARCÍA. BARCELONA

A finales de los años 50, las carreteras de España se llenaron de camiones que circulaban cargados con unas cajas misteriosas. El destino era Cuelgamuros, un paraje a 60 kilómetros de Madrid, y la tétrica carga estaba compuesta por los restos de miles de soldados y civiles víctimas de la guerra civil española. Este es el punto de partida del documental Avi, et trauré d’aquí!, producción de Montserrat Armengou y Ricard Belis que hoy estrena el programa de Televisió de Catalunya Sense ficció.

Los cuerpos se llevaron sin el conocimiento ni el consentimiento de sus familiares», explica Armengou (galardonada, junto con Belis, con el Premi Nacional de Periodisme del 2002 por el trabajo de investigación Els nens perduts del franquisme). Y esta paradoja es en la que incide la periodista: «que muchos republicanos hayan ido a dar con sus huesos, y nunca mejor dicho, a un lugar construido por Franco».

«Avi, et trauré d’aquí! aborda la lucha de los hijos y de los nietos por recuperar el cuerpo de sus deudos», explica Armengou. Este es el caso de Joan Pinyol, nieto de un republicano que fue exhumado y trasladado «al monumento a un dictador». Durante años, la familia le estuvo llevando flores al cementerio de Lleida, pero gracias a una investigación de la historiadora Queralt Solé supo que «el abuelo estaba enterrado junto a su verdugo».

EL TESTIMONIO DE GARZÓN // La periodista remarca que Avi, et trauré d’aquí! es una investigación histórica, pero que refleja muy bien el presente y el futuro, «porque todo ese dolor, ese sufrimiento con los deudos, no se ha reparado». Y añade que las víctimas están en situación de desamparo, ya que España es un país donde no ha habido políticas institucionales de recuperación de la memoria. «Y muchas veces la reparación que pueden tener las víctimas les viene de una cosa tan simple como aparecer en un documental que se haga eco de lo que pasó», añade.

Armengou y Belis entrevistaron a afectados, políticos y expertos, como el exjuez Baltazar Garzón, cuya orden de exhumación de las tumbas, según los autores, «fue un elemento definitivo para que su caso terminara donde terminó». En el documental, Garzón afirma que tocar el Valle de los Caídos, y exigir que se abrieran las urnas para que los familiares pudieran tener acceso «despertó todas las alarmas y se produjo un toque a arrebato importante».

En la presentación del documental, al que asistieron algunos de los protagonistas, la historiadora Queralt Solé y Tàrio Rubio -el único trabajador del cementerio por aquellos años-, sus autores explicaron que hubo también autoridades que se negaron a hablar. Por último, la producción plantea si se debe dejar el mausoleo tal y como fue concebido o si debe convertirse en un memorial para las víctimas.

El trabajo recupera material inédito de personas que, a finales de la década de los 70, exhumaron, por su cuenta y riesgo, a sus familiares. Los reporteros agradecieron a Televisió de Catalunya ser la única cadena que ha hecho una apuesta fuerte y decidida por la recuperación de la memoria histórica «de manera continuada».

http://www.elperiodico.com/es/noticias/tele/tv-3-busca-republicanos-valle-los-caidos-2344200


El proceso contra el franquismo se reactiva en Argentina…

marzo 23, 2013

Víctimas piden la extradición de tres ministros del régimen, dos jueces y cuatro policías.

 Buenos Aires 22 MAR 2013 –

Adriana Fernández y Darío Rivas, familiares de víctimas del franquismo que se han querellado. /ALEJANDRO REBOSSIO

Más de 150 familiares de víctimas del franquismo han pedido a la juez argentina que investiga sus casos que solicite a España la extradición de nueve presuntos responsables de detenciones ilegales, torturas y fusilamientos sumarios, según informaron ayer los abogados de los querellantes. Entre los acusados figuran Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en 1976, el que lo fuera de Vivienda y ex secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, y el de Trabajo, Fernando Suárez González.

La causa en Argentina comenzó en 2010 ante la falta de progresos judiciales en España y bajo el criterio de justicia universal, el mismo con el que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investigó los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990). Los querellantes quieren que la juez María Romilda Servini de Cubría también pida a España la extradición a Argentina de los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez Chaparro, así como de los policías, y presuntos torturadores del régimen, José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.

La juez decidirá tras tomar declaración por teleconferencia a 12 víctimas que viven en España

La juez se ha reunido con los abogados querellantes y les ha prometido que decidirá si solicita o no la extradición de los nueve acusados tras tomar testimonio por teleconferencia a 12 víctimas del franquismo que viven en España. Servini había dicho hace un año que cruzaría el Atlántico para recoger declaraciones de las víctimas, pero finalmente no lo hizo. Por eso, a finales de 2012, los querellantes propusieron las teleconferencias y su abogado en Argentina, Máximo Castex, dijo ayer en una rueda de prensa en Buenos Aires que espera que se concreten entre finales de abril y principios de mayo. Ana Messuti, abogada argentina que apoya la querella, contó que unas 100 personas querían ir a denunciar los crímenes del franquismo ante los consulados de Argentina en España, pero debieron seleccionar 12 testimonios. Para ello eligieron aquellos que habían sido víctimas directas, no familiares, y cuyos torturadores siguieran vivos.

Uno de los abogados de las víctimas, el argentino Carlos Slepoy, admitió que la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy acepte la extradición de los nueve acusados “parece lejana, pero habrá una enorme presión para que sean detenidos”, dijo en referencia a la que ejerzan organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Slepoy recordó que parecía una utopía que Garzón pidiera la extradición de los criminales de Argentina porque los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) la negaban, pero en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner la aceptó e impulsó la reapertura de los juicios en su propio país.

La causa afecta a los políticos Martín Villa, Utrera Molina y Fernando Suárez

A Martín Villa, de 78 años, se le acusa de que siendo ministro de Relaciones Sindicales en 1976 ordenó una represión policial que acabó en Vitoria con cinco trabajadores asesinados y más de 100 heridos por armas de fuego. En aquel momento, el ya fallecido Manuel Fraga era ministro de Gobernación. La querella quiere que se impute también a Utrera Molina, de 86 años, porque como secretario general del Movimiento firmó en 1974 la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich, militante anarquista.

Por su parte, Fernando Suárez González, de 80 años, está acusado porque como ministro de Trabajo y vicepresidente tercero del régimen ordenó en 1975 los últimos fusilamientos del franquismo, contra José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui, de ETA.

La acusación contra el exjuez Gómez Chaparro, de 89 años, se basa en que tomó declaración a detenidos por el régimen franquista, pero desoyó sus denuncias de torturas y los mantuvo encerrados en la cárcel. A Cejas Mohedano, de 66 años, se le acusa de condenar a muerte en 1975 a tres militantes del FRAP, José Humberto Baena Alonso, finalmente fusilado, Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar, cuyas penas fueron conmutadas. González Pacheco, más conocido como Billy El Niño, de 66 años, integraba la Brigada Político Social (BPS, policía política del régimen). Sus palizas son ampliamente descritas en los testimonios dados por sus víctimas. Giralte González y Galván Abascal también pertenecían a la BPS, mientras que Muñecas Aguilar era guardia civil

http://elpais.com/politica/2013/03/22/actualidad/1363986587_915674.html